Bu Wong, Ángel¹ Rego Sánchez, Idanis²

¹ Ingeniero Economista (Universidad de Halle, Alemania); Investigador-Jefe del Departamento de Economía Agroalimentaria del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE) adscrito al Ministerio de Economía y Planificación de la República de Cuba. Profesor Auxiliar de la Universidad de La Habana. Dirección postal: Calle 82, número 313 entre Tercera A y Quinta Avenidas, Miramar, Playa. Código postal 11.300, Zona postal 13. Ciudad de La Habana, Cuba. Teléfono: +00-53-2091294; e-mail: bu@inie.cu

² Licenciada en Economía y Especialista en Ciencias Empresariales (Universidad de La Habana); Master en Ciencias (Universidad de Auvergne, Clermont-Ferrand, Francia); Investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE), adscrito al Ministerio de Economía y Planificación de la República de Cuba. Especialista en investigaciones vinculadas con la agricultura y la alimentación. Dirección postal: Calle 82 número 313 entre Tercera A y Quinta Avenidas, Miramar, Playa. Código postal 11.300, Zona postal 13. Ciudad de La Habana, Cuba. Teléfono: +00-54-2091294; e-mail: idanis@inie.cu

Resumen

Una de las problemáticas más complejas de la economía cubana lo constituye la alimentación, debido a las características propias del sector agroalimentario nacional, que dificultan el análisis con miras a la implementación de políticas y al mejoramiento organizacional y de la gestión empresarial de todo el conjunto e incluso de cualquier parte integrante del sistema agroalimentario. En el trabajo se utilizó el enfoque metodológico de las cadenas, mediante el cual se logró, además de una caracterización de todo el sistema agroalimentario, resaltar los problemas existentes a todo lo largo de la cadena, que limitan el pleno desempeño de los actores involucrados, así como la vulnerabilidad desde el punto de vista financiero, del sistema encargado de proveer de alimentos a la población.

Palabras clave: sistema agroalimentario, comercialización, agricultura, industria alimenticia, Cuba

Abstract

Food is one of the most complex problems of the Cuban economy due to the particular characteristics of the agro-food sector.  Therefore, analysis for the implementation of policies and the improvement of organizational or business management of the entire group as well as any part of the entire agro-food system is difficult.  In this work, a chain methodological approach was used.  It not only obtained the characterization of the entire Cuban agro-food system but highlighted the existing problems of the entire system that limit full performance of all the actors involved as well as the vulnerability from the financial point, of view of the system in charge of providing food for the population.

Key words: agro-food system, commercialization, agriculture, food industry, Cuba

L’alimentation constitue l’un de problèmes le plus complexes de l’économie cubaine. En même temps, l’étude des caractéristiques du système agro-alimentaire est essentielle afin  d’identifier de politiques destinées à améliorer l’organisation et la gestion du secteur. Dans ce contexte, les objectifs de ce travail sont les suivants : 1) caractériser le système agro-alimentaire cubain; 2) diagnostiquer les principaux problèmes qu’éprouvent les acteurs qu’y participent; et, 3) analyser la vulnérabilité financière influant sur l’approvisionnement d’aliments au pays. Pour mener la recherche, les auteurs emploient les principes méthodologiques de l’approche des chaînes alimentaires.

Mots-clé : système agro-alimentaire, commercialisation, agriculture, élevage, Cuba

Recibido: 20-06-2007 Revisado: 15-10-2007 Aceptado: 29-10-2007

1. Introducción

La producción, la transformación y la comercialización de productos agropecuarios representan las distintas fases concatenadas de una cadena. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), define este último término como «las sucesivas transformaciones diversas de que son objeto los alimentos desde el momento en que el agricultor siembra la semilla hasta la última etapa en que se vende al consumidor final» (FAO, 1997).

El enfoque de los sistemas tiene sus antecedentes en la década de 1950, cuando Perroux (Graziano, 1994) difundió el concepto de los complejos, insertado en las teorías del desarrollo económico, atendiendo al papel que juegan los distintos agrupamientos de actividades económicas interrelacionadas. El propio desarrollo económico indujo a ampliar el concepto de la agricultura, no sólo como un sector primario destinado a aportar productos de cierta manera directa al consumidor final, sino también como aportadora de insumos para una industria transformadora, encargada de procesar los alimentos para obtener productos finales destinados a los consumidores.

A finales de la década de 1950, Davis y Goldberg en Boston le otorgaron una especial importancia a los vínculos de la agricultura y comienzan a definir un nuevo concepto, el «agro negocio», como la suma de todas las operaciones implicadas en el procesamiento y distribución de los insumos agropecuarios, las actividades productivas en la explotación y el almacenamiento, procesamiento y distribución de los productos agrarios y sus derivados. Esto es, como un agregado de actividades agroindustriales y de servicios a ellas subordinadas (Graciano, 1994), dándole a este sistema un perfil y una identidad propia.

Otros autores, como el francés Louis Malassis, definen a este conjunto de operaciones como sistema agroalimentario, atendiendo a la evolución histórica que ha alcanzado la agricultura y su industrialización, proveniente del progreso científico técnico que ha tenido la industria como tal y su impacto al sector primario, que ha permitido una elevación creciente de la productividad, perfilándose dos grandes agregados: el de la producción agroindustrial propiamente, que incluye la producción de los bienes agrícolas y su transformación y la otra relacionada con la distribución, que abarca la comercialización y la distribución en sí, derivado de la división internacional del trabajo (Malassis, 1996).

En la actualidad, el término de la cadena agroalimentaria abarca el flujo de interrelaciones que se gestan en el marco del sistema y no sólo contempla aquellas de índole material y sus sucesivas transformaciones, sino también refleja las cuestiones organizativas, los mecanismos de regulación, las operaciones financieras, la acción propia de las leyes del mercado, entre otras.

2. Marco conceptual y  metodológico

Las cadenas agrícolas pueden adoptar en general tres formas:

• Los agricultores, de modo individual o asociado, tratan de preparar los productos para su consumo en el propio seno familiar, o para llevarlos por su propia cuenta a los mercados principales, este es un caso de cadena simple.

• Los agentes agroindustriales, agroexportadores e intermediarios acopiadores, estrechamente vinculados a los mercados se internan en los centros de producción para abastecerse de rubros agrícolas y venderlos posteriormente.

• La tercera modalidad combina elementos de las dos primeras: los agricultores preparan los productos en forma individual o asociada y los transfieren a intermediarios, que, a su vez, los trasladan a los mercados tanto internos como externos. Las dos últimas variantes traspasan los límites de una agricultura de carácter familiar y pasan a jugar un mayor rol social. Se conceptualizan como cadenas complejas, donde intervienen insumos nacionales y del exterior para la obtención de los productos primarios que, a su vez, pasan por varias etapas de transformación y elaboración hasta su distribución y comercialización en redes mayoristas y minoristas.

El grado de complejidad que tienen las cadenas está estrechamente vinculado con el nivel de desarrollo económico que tenga la sociedad, ya que eso presupone la presencia de cadenas más desarrolladas, más especializadas, debido en lo fundamental a que la demanda de los consumidores es más especializada y se produce una tendencia a la personalización de la ingesta, con una influencia en la cadena en cuanto a estructuración y eslabonamiento.

Se configuran así las cadenas agroindustriales y agrocomerciales, cuyos eslabones están constituidos por la sucesión de funciones que van desde la producción primaria hasta la comercialización y el consumo. Dentro de la comercialización cabe agrupar el acopio, la preparación de los rubros para el consumo, la distribución y la venta. La preparación para el consumo comprende los distintos procesos a los que son sometidos los rubros agrícolas, desde aquellos que no modifican su naturaleza (como son los procesos de beneficio, selección, clasificación, embalaje y almacenamiento), hasta aquellos que sí la modifican (entre ellos, los procesos de transformación industrial).

La propia Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 1993) define las cadenas agroindustriales, como el conjunto de tres fases fundamentales que pueden diferenciarse y/o variar en dependencia del producto sujeto de análisis. Estas fases incluyen el procesamiento agrícola, el industrial y la comercialización. Esta división resulta más completa e ilustrativa y establece diferencias entre las actividades.

Como puede deducirse del concepto, el agronegocio es visto como una cadena productiva que envuelve desde la fabricación de insumos y su producción en sí, hasta su transformación y consumo (Gráfico 1). Esta cadena incorpora todos los servicios de apoyo, entiéndase investigación y asistencia técnica, procesamiento, transporte, comercialización, crédito, exportación, servicios portuarios, dealers, bolsas, industrialización y consumidor final.

El análisis de cada una de las fases conlleva a la evolución de opciones de políticas con vistas al fortalecimiento de la cadena (Haddad, 1998).

2.1. Esquema metodológico para el análisis

Si bien el concepto de cadenas productivas es aplicado a rubros en específico como el cacao o el café y también es frecuente verlo asociado a grupos de productos con determinada homogeneidad, en opinión de los autores se consideró pertinente trazarse el análisis del sistema agroalimentario cubano de forma similar; o sea, a partir del estudio de las fases anteriormente mencionadas y de cómo se concatenan hasta llegar al consumidor final. Dentro de los enfoques consultados se pueden remarcar fundamentalmente dos: uno de tipo contextual (Haddad, 1998) y otro de tipo funcional.

El enfoque contextual, como su nombre lo indica, centra su análisis en los aspectos externos del sistema como los sociales y ambientales, entre otros. Por otra parte, el enfoque funcional se basa en el análisis interno, más bien desde el punto de vista de su estructura y funcionamiento.

A la hora de implementar uno u otro enfoque se puede discriminar o no uno u otro, ya que entre ellos se plantean objetivos diferentes; si bien puede destacarse que la metodología contextual está contenida en la funcional, cuando se hace referencia en esta última al análisis del contexto en que se mueven las cadenas.

2.2. Políticas e instituciones

El análisis del sistema agroalimentario bajo la óptica de su funcionamiento no sería completo sin considerar el efecto derivado de la implementación de las políticas macroeconómicas, ya que estas conforman el contenido implícito de la política agraria y pueden por lo tanto favorecer o afectar el desempeño del sector primario.

Para analizar el caso cubano se adopta el enfoque funcional, atendiendo a que se le atribuye al funcionamiento mismo del sistema agroalimentario, una buena parte de las deficiencias que presenta para materializar una mayor disponibilidad de alimentos de origen agropecuario. Desde inicios de la década de 1990, se realizaron una serie de transformaciones económicas, tanto en el propio sector como en el resto de la economía nacional, en virtud de lograr salir de las difíciles condiciones por las que atravesaba el país. De hecho también se transformó el modelo agrícola prevaleciente hasta ese entonces, hacia una agricultura menos intensiva en insumos. Estos cambios implicaban una adecuación diametral de todo el sistema generador de alimentos en el país, que no ha logrado a pesar de ciertos indicios de recuperación productiva, cuajar del todo. Por esa razón, el examen en este caso permite analizar esta situación bajo un enfoque sistémico e integral de la actividad, o más bien del conjunto de actividades que intervienen en este proceso. Es decir, se trataría de ver la acción conjunta de las políticas macroeconómicas y sectoriales sobre los distintos actores integrantes del sistema agroalimentario en el marco de la relaciones de producción establecidas y en qué medida se limita el desarrollo de las fuerzas productivas en función de mejorar el abasto alimentario de la población.

3. Panorámica de la evolución del sistema agroalimentario en Cuba

Para comprender mejor el papel de las actividades agroindustriales en el actual escenario económico de Cuba es imprescindible dar un recorrido por sus antecedentes históricos, pues sólo así se estará en condiciones de dar una respuesta más objetiva a determinados rasgos estructurales que aún en la actualidad, cuando un nuevo siglo recién comienza, siguen presentes en la economía cubana y continúan influyendo de manera determinante en sus resultados globales.

Con la llegada de los colonizadores a la Isla se definió de por sí el perfil de las actividades económicas que se iban a desarrollar. Al carecer el subsuelo cubano de grandes riquezas minerales, la opción recaía sobre las actividades agropecuarias y de reparación de buques, renglones que se favorecían por la envidiable posición geográfica de la isla, punto de escala obligado de la flota española en sus travesías.

Alrededor del año 1550 la ganadería pasó a ser la actividad económica fundamental de este período, pues era la producción que mejor se avenía simultáneamente con las necesidades internas y las del comercio exterior. La abundancia de tierras y el hecho de que los cueros no se deterioraban en las grandes travesías marítimas y que el tasajo³ constituía un alimento ideal, determinaron el auge de la ganadería vacuna dentro de la economía colonial de exportación en Cuba (Le Riverand, 1981).

Posteriormente, en el siglo XVII, comenzó a difundirse por parte de los españoles el cultivo del tabaco; surgen las primeras plantaciones de caña y los primeros ingenios, cuya producción se destinó originalmente al consumo de la población y posteriormente a la exportación. Las primeras exportaciones de azúcar se reportaban ya en el siglo XVII, no sólo hacia la metrópoli, sino inclusive hacia Ámsterdam donde, según registros de la época, se enviaban ocasionalmente varios miles de libras del producto. El tabaco, por su parte, se constituyó en el principal renglón de exportación de la Isla en esos primeros siglos de la colonia, adquiriendo buen precio y renombre en los mercados europeos.

Los sucesos acaecidos con la Revolución Haitiana tuvieron su impacto en Cuba, convirtiéndola en poco tiempo en un importante productor y exportador a nivel mundial de azúcar y café.

De esta forma las ramas agroindustriales ganadera, tabacalera y azucarera, en orden cronológico, y en menor medida el café, fueron conformando los cimientos estructurales de la economía nacional que después jugarían un rol decisivo en el ingreso y el empleo del país hasta el presente. Hoy, sobre todo el tabaco y el azúcar, continúan ocupando una posición determinante en los ingresos externos de la Isla.

En la etapa de la seudorepública se mantuvieron, en la práctica, las mismas cadenas agroproductivas heredadas de la época colonial, salvo algunas capacidades que fueron instaladas en renglones no tradicionales hasta ese entonces como el de bebidas (con capital estadounidense); cervezas y ron (capital cubano y de origen español); conservas de frutas y vegetales, la industria cárnica y láctea. Estas capacidades instaladas presentaban en general poco desarrollo, con tecnologías atrasadas y eminentemente artesanales, con la excepción de las contadas empresas de bebidas y las que operaban con capital estadounidense o de otro país. Ya desde finales del siglo XIX se hacían sentir los intereses del capital financiero estadounidense en la producción azucarera.

Se promovió en la agricultura la búsqueda de fuentes de alimentos en un corto plazo, como la producción de huevos y el impulso a la producción de arroz y viandas. Las transformaciones más radicales se efectuaron en la ganadería vacuna a favor de la producción lechera basado en tres pilares básicos: la genética, la alimentación y el desarrollo de la infraestructura (Pérez, 1998).

Posteriormente las expectativas en torno a la demanda de azúcar por parte de los países socialistas conllevaron a un relanzamiento de este rubro como principal actividad económica del país y como línea de especialización en esa área de integración económica. Con la incorporación de Cuba, en 1972, como miembro efectivo al sistema de integración económica de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y los países socialistas, conocido por Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), se abrieron nuevas posibilidades en relación con la obtención de insumos agrícolas y equipamiento. Producto del relanzamiento del azúcar como actividad fundamental del país, esta producción fue también objeto de cuantiosas inversiones.

Evolución de las inversiones en Cuba en la agroindustria azucarera (en millones de pesos a precios corrientes)

Derivado de este esfuerzo inversionista y de los recursos destinados a esta actividad:

• La industria aumentó sus capacidades en unos 11 millones de @/día, equivalentes a 17 nuevos centrales (el símbolo @ significa arroba, medida de masa muy usual en Cuba, que equivale a 11,5 Kg).

• La preparación de las tierras se mecanizó al 100%.

• El corte se mecanizó totalmente al 75%, el 25% restante se cortaba a mano y se alzaba con máquinas.

• Se modernizaron más de 80 centrales y se construyeron 7 nuevos.

• La tecnología de producción alcanzó la media mundial.

• La preparación de las tierras se mecanizó al 100%.

Como resultado de la tecnificación en todo el sector se alcanzaron indicadores de densidad en cuanto a la utilización de recursos superiores a los de los países del área, e inclusive comparables con los países más desarrollados.

Para la industria procesadora, por su parte, la inserción al CAME -unido a algunos créditos capitalistas- posibilitó una expansión acelerada de la actividad, con notables transformaciones tecnológicas y organizativas. Ocurrió sobre todo en la década que va de 1976 a 1986, en la que se construyeron nuevas capacidades, se ampliaron otras y se generaron nuevas formas empresariales.

En la industria láctea las capacidades se han más que quintuplicado, con respecto a las existentes en 1959. En la industria cárnica, por su parte, se elevaron las capacidades fundamentalmente en sacrificio y en la producción de carnes en conservas. Esto permitió duplicar las capacidades en comparación con las disponibles al triunfo de la Revolución. Importantes inversiones se realizaron en la rama de Bebidas y Licores, sobre todo con la puesta en explotación de nuevas fábricas de cervezas y de ron (Abreu, 1994).

Cuadro 1

Entre 1962 y 1990 se invirtieron en la industria alimentaria más de 900 millones de pesos; los mayores montos se realizaron en el período de 1971 a 1990, cuando el promedio anual se ubicó alrededor de 45 millones de pesos.

Como hecho significativo cabe destacar en este período el lanzamiento de una nueva cadena agroproductiva: la de los cítricos que anteriormente se producían en pequeña escala para su consumo como fruta fresca en el territorio nacional y para consumo doméstico. Esta cadena, que incluía plantaciones especializadas de estas frutas, su beneficio, clasificación, envasado y procesamiento industrial en jugos y otros productos, abrió en el marco del CAME una nueva línea de especialización e intercambio comercial.

Finalmente se destacan también las inversiones realizadas en las actividades de apoyo, entre las que se resaltan las fábricas de fertilizantes nitrogenados, las plantas de fertilizantes mezclados, las de formulación de medios químicos fitosanitarios, la planta de medicamentos veterinarios, las fábricas de piensos, las de implementos y maquinarias agrícolas, las de combinadas cañeras, entre otras, que denotan claramente que el impulso dado a la producción agroindustrial no constituía un hecho aislado, sino integrado de forma armónica con otras actividades de la economía nacional. De considerarse el conjunto de las inversiones agroindustriales y de las actividades asociadas, su participación en el fondo de inversiones total del país se elevó a cerca de un 40% en todo el período revolucionario (González et al., 2000).

4. Caracterización del sistema alimentario cubano

4.1. Fase de producción agrícola

En la década de 1980 se vislumbraba un agotamiento del modelo agrícola prevaleciente hasta entonces. Su evidencia estaba dada en la inelasticidad de la respuesta productiva ante un uso cada vez más intensivo de los insumos productivos, lo que unido posteriormente a la caída del campo socialista -principal suministrador de insumos agrícolas- provocó un drástico descenso de los niveles de producción. Esta situación originada hacía impostergable el objetivo de reanimar el sector y dar un vuelco a la situación de estancamiento de las fuerzas productivas, por lo que a finales del año 1993 se dio la entrada de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) como un nuevo sujeto económico en el panorama productivo de la agricultura cubana (Figueroa, 1997). Este hecho implicó cambios en cuanto a la tenencia de la tierra y ya en la actualidad la mayor parte de las mismas está en manos de tenedores no estatales (Gráfico 3), contrariamente a lo que ocurría a principios de la década de 1960 cuando el 40% de la tierra pertenecía al Estado.

El sector no estatal abarca UBPC, CPA, CCS y los productores (campesinos) privados dispersos.

• Cooperativas de Producción Agropecuarias (CPA): constituyen una forma colectiva de propiedad social y se crearon a partir de la decisión de los campesinos de unir sus tierras y demás medios de producción fundamentales.

• Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS): son organizaciones primarias de carácter colectivo que posibilitan el uso común del riego, de algunas instalaciones, servicios y otros medios, así como el trámite global de sus créditos; sin embargo, la propiedad de cada finca, sus equipos y la producción resultante siguen siendo privadas.

Por su parte la estructura productiva de los distintos cultivos se ilustra de manera fehaciente en la estructura de utilización de la superficie agrícola (Gráfico 4).

Estructura de utilización de la tierra por cultivos en Cuba, 1998

El desarrollo de las producciones de alimentos por entidades no especializadas y por la población adquirió un mayor dinamismo a partir de las iniciativas desplegadas como alternativas para atenuar las insuficiencias en la oferta alimentaria en el período especial. En forma gradual y progresiva dicho movimiento fue cobrando importancia y organización a partir de 1995.

La agricultura urbana, los patios, las parcelas, las fincas de autoconsumo, los huertos y otras producciones destinadas en lo fundamental al autoabastecimiento alimentario constituyen las principales modalidades que participan en este tipo de producciones. Abarcan una amplia gama de rubros, desde los renglones agrícolas básicos como el arroz, los frijoles, tubérculos y hortalizas, hasta producciones pecuarias cuya magnitud creciente rebasa en algunos casos los volúmenes de las producciones especializadas (Bu y Fernández, 2000).

La crisis económica que tuvo su clímax en la primera mitad de la década de 1990, causó un impacto mayor en el sector agropecuario, ya que mientras el Producto Interno Bruto decayó un tercio respecto a 1989, la producción agropecuaria por su parte descendió en un 50% entre esos años; aún hasta la fecha no ha logrado su total recuperación (González et al., 2000). Es de destacar que se aprecian en la actualidad volúmenes de producción en algunos rubros que sobrepasan los obtenidos anteriormente, exceptuando las producciones ganaderas, donde predominaban tecnologías de elevada densidad de insumos y se ven por lo tanto más limitadas a una reconversión hacia formas más sostenibles.

A partir de esta comparación resulta ilustrativo un rezago de Cuba respecto a la media mundial, inclusive en cultivos de tradición en el país, salvo el caso de la papa. Obviamente en ello incide la presencia de factores como la calidad de los suelos y el clima, entre otros. En el caso de Cuba hay que añadir que la intensidad en el uso de recursos sostenía básicamente los rendimientos obtenidos en etapas anteriores, situación que se ha modificado en los últimos años al desarticularse la base técnico-material de la agricultura. Bastaría con mencionar que la aplicación de fertilizantes se redujo en más de 80%; el uso de medios fitosanitarios en un 60%; el de portadores energéticos en la mitad; los piensos y las mieles para la alimentación animal en dos terceras partes; mientras la adquisición de equipos e implementos se limitó a menos de un tercio de los niveles históricos.

4.2. Fase de procesamiento industrial

La industria alimentaria en Cuba, en lo fundamental está integrada por la industria cárnica, láctea, de conservas de frutas y vegetal, de aceite, molinera, confitera, cervecera y de bebidas y licores. La industria azucarera aunque de por sí es una industria alimentaria, atendiendo a su importancia y características se clasifica como una actividad independiente.

Igualmente, la crisis económica tuvo su impacto en la industria alimentaria más aún si se tiene en cuenta que el sector primario prácticamente colapsó. Ya a partir de 1994 comienza una etapa de recuperación de los niveles de actividad, fruto de medidas de reconversión y asociaciones con capital foráneo. Pero los niveles productivos en algunos casos siguen estando por debajo de los presentados en 1989, donde se alcanzaron los mejores niveles históricos en general por esta industria. Las producciones cárnicas, de leche y aceite distan en la actualidad de las cifras alcanzadas, no así en bebidas, donde las inversiones realizadas y el financiamiento han favorecido el desarrollo de estas producciones, sobre todo en los refrescos (gaseosas).

Esta actividad cuenta con una elevada dispersión productiva⁴ que no está dado sólo por el hecho de la atomización institucional, sino que ha generado una multiplicidad de capacidades que responden a objetivos muy específicos y no generales del país, no obstante es el Ministerio de la Industria Alimenticia quien procesa el grueso de los productos. Esto origina, entre otros fenómenos, un detrimento de la racionalidad colectiva al crearse capacidades cuando otras están ociosas; dificultades con la integración horizontal, incluso entre entidades con perfiles tecnológicos similares y también con el eslabonamiento con otras fases de la cadena, al generarse canales paralelos de verticalización; y, además, se pierden oportunidades que pueden ser mejor aprovechadas. Ocurre también un efecto pernicioso sobre la competitividad, dado por la escasa integración productiva y por la segmentación de la distribución y comercialización en canales propios.

La industria alimentaria nacional no sólo tiene ante sí el reto derivado de las tendencias apreciadas en el consumo, sino también superar las debilidades del aparato productivo heredadas de épocas anteriores, como el sobredimensionamiento de las capacidades; el adecua-miento a las estructuras actuales de organización y de vínculos con el resto de la economía nacional, a los problemas financieros de las limitaciones en la liquidez y a la dualidad monetaria imperante; así como elevar su nivel de competitividad para abastecer el mercado interno y para la exportación. Para ello cuenta con un potencial en capacidades, como se enunció anteriormente, donde se ha logrado con ingentes esfuerzos revertir el proceso de descapitalización de la década pasada (Cruz y Benítez, 2001).

En sentido general, continúan gravitando sobre esta industria las dificultades con el abastecimiento de las materias primas de origen nacional e importadas; en relación con los insumos provenientes del exterior, la insuficiencia puede atribuirse a las limitaciones financieras para su adquisición, pero no ocurre así con los productos nacionales, salvo en los productos cárnicos y lácteos cuyas producciones continúan deprimidas, en otras como por ejemplo, en frutas y vegetales, sus niveles agrícolas de producción superan en los últimos años los alcanzados en 1989, por lo que no se explica el bajo aprovechamiento de las capacidades de procesamiento industrial instaladas. Las causas habría que encontrarlas en otro contexto, en el de los mecanismos contractuales establecidos, en el sistema de precios y en la insuficiente articulación del engranaje necesario de la actividad agroindustrial.

Desde el triunfo del Gobierno Revolucionario en la década de 1960, el Estado pasa gradualmente a asumir el protagonismo en todas las funciones de la cadena alimentaria, papel que se refuerza a partir de 1962 con el establecimiento del consumo normado para los productos alimenticios y por ende asume también la comercialización. Mediante el consumo normado se establece un racionamiento de algunos alimentos y con esta medida trascendental se perseguía la finalidad de una distribución equitativa de los alimentos a la población, atendiendo a que podían surgir dificultades con el abastecimiento, producto del inusitado crecimiento del consumo, derivado del mejoramiento del nivel de vida de la población. También se trataba de evitar acaparamientos por parte de la burguesía nacional en un momento de fuertes confrontaciones.

El propio desarrollo social, sobre todo en la educación, la salud pública, la masificación de los comedores obreros en los centros laborales, trajo consigo un crecimiento vertiginoso del consumo social en cuanto a alimentación se refiere. De este modo, durante muchos años los principales canales de acceso a los alimentos los constituían el consumo normado, el consumo social y en menor medida la gastronomía y el autoconsumo, preferentemente entre los campesinos individuales.

En la década de 1980 se abrió un nuevo espacio en la comercialización de alimentos para la población con la venta en paralelo a precios diferenciados de algunos productos comestibles con una variada oferta y surtido, tanto de productos nacionales como importados, en su mayor parte industrializados. Adicionalmente se realizó la apertura del denominado Mercado Campesino, con productos agropecuarios frescos provenientes de los campesinos individuales, donde los precios de realización se rigen mediante la acción de la ley de oferta y demanda.

Con la caída del campo socialista y el empeoramiento de las condiciones económicas del país y su drástico impacto en el comercio exterior y en la producción agrícola, se hizo insostenible mantener el sistema paralelo de ventas de productos alimenticios, priorizándose mantener la canasta básica del consumo normado y el consumo social. Con la agudización de la crisis económica del país cobró auge la comercialización de productos alimenticios en el mercado subterráneo; aunque éste estaba ya presente anteriormente, alcanzó en esta oportunidad una dimensión considerablemente mayor.

A partir de las transformaciones iniciadas en 1993 con la creación de las UBPC y con el objetivo de la reanimación de la producción agropecuaria, se decidió al año siguiente -cuando ya existía un buen número de estos nuevos actores productivos-, abrir un espacio denominado Mercado Agropecuario, donde la compra y venta se concertaran por la vía de la libre concurrencia. En esta oportunidad podían concurrir prácticamente todos los actores productivos, incluso los estatales, previo cumplimiento del requisito de concurrencia, que establecía la posibilidad de concurrir al mercado como oferente, una vez cumplidos sus compromisos contractuales de ventas al Estado. Esta medida perseguía como objetivo que no se vieran afectadas las entregas al Estado con destino al consumo normado y social⁵, pero a su vez lo convirtió en un mercado residual. Por otra parte, se establecían restricciones de acceso a determinados productos de la ganadería vacuna, a productos exportables como el café y el tabaco, así como a algunos sujetos productivos como las entidades especializadas. Además se estableció el cobro de diversos servicios, como el de la tarima, entre otros, y un sistema impositivo a partir de la declaración previa del volumen de la mercancía a ofertar y su precio de realización.

Otra de las medidas trascendentales de la década de 1990 y que tuvo su impacto en el sector alimentario, lo constituyó la despenalización de la divisa. Esto trajo consiguientemente la apertura de una red de tiendas recaudadoras de divisas (TRD) donde se comercializan también productos alimenticios, en lo fundamental industrializados, pero con el inconveniente de que la adquisición sólo se efectúa en moneda convertible. Con el fin de facilitar el acceso a la divisa, se establecieron casas de cambio (CADECA) a una tasa de cambio fluctuante, pero la cuantía de esa tasa resulta ligeramente elevada para un sector de la población.

En los últimos años, desde finales de la década de 1990, con la venta a precios diferenciados se diversificaron aún más los canales de comercialización, en moneda nacional de productos alimenticios, a precios menores que los vigentes en los Mercados Agropecuarios y de algunos BCAI presentes en las tiendas en divisas, pero que también resultan más económicos, si se tiene en cuenta la tasa vigente en CADECA. Unido a esto se difunden con celeridad nuevos mercados agrícolas de dimensiones pequeñas pertenecientes al sistema del Ministerio de Agricultura (MINAG), que a diferencia de los Mercados Agropecuarios del sistema del Ministerio de Comercio Interior, en estos se establecen precios topes para los productos, que son por lo general más bajos que los del otro mercado (ANEC, 2000).

De manera reciente también se han expandido en las ciudades los quioscos o puntos de venta de las distintas cooperativas, que llevan directamente sus productos a esos locales sin intermediación alguna. Eso se traduce en menores precios de oferta, pero su alcance es local y muy reducido. Otro tanto ocurre a partir del fomento de la agricultura urbana, donde comercializan in situ la producción que generan. El año anterior, el MINAG realizó la apertura de nuevos mercados en Ciudad de la Habana, con dimensiones mayores a los de precios topados, con mayor y más variada oferta, más organizados y una mejor gestión de venta y de acopio, con el fin de competir con los Mercados Agropecuarios del MINCIN, no sólo en precios, sino en calidad de los servicios.

5. Funcionamiento y articulación de los eslabones integrantes del sistema agroalimentario

Fuente: Elaboración propia.

Los agentes se enfrentan a diferentes mercados según su posición en la cadena. Los agricultores enfrentan por un lado el mercado de insumos y por otro al de la realización de la producción para colocar sus productos. De igual modo, una empresa de procesamiento agroindustrial tiene por un lado los mercados para abastecerse de la materia prima fundamental, objeto de transformación y el de los insumos complementarios; y, por otro lado, también tiene que enfrentar los mercados para colocar sus producciones. Los circuladores y distribuidores compran por un  lado a los productores y venden al comercio minorista. Por último está el mercado conformado entre el comercio minorista y el consumidor final (Ladrix, 1995).

La articulación que se gesta en la cadena se concentra en dos fases con el fin de facilitar su análisis y comprensión: la de producción y acopio; y la que se origina en la distribución y el consumo. En el primer caso, las modalidades más usuales son las de:

• Integración vertical, donde se fusiona toda la actividad desde la base agrícola bajo una misma empresa; este es el caso en Cuba de los complejos agroindustriales.

• Coordinación vertical mediante contratos; esta es la variante más común en el país, a través de las contrataciones de insumos, de servicios, de producción y de comercialización.

• Vinculación por medio de un mercado, donde las transacciones se realizan en un mercado, donde concurren los interesados.

• Integración horizontal, para acceder de forma conjunta a servicios, financiamientos, o para concurrir de forma mancomunada en el mercado, etc.

Hasta la fecha, el sistema de abastecimiento técnico material  vigente en la agricultura ha estado caracterizado por una alta centralización, tanto en lo concerniente a su planificación como a su circulación, dejando muy poco espacio para que los actores económicos puedan acceder a sus demandas en forma autónoma y directa. Este mecanismo, predominantemente administrativo, se basaba en otra época en los balances materiales y en las relaciones comerciales existentes.

Actualmente, no obstante las profundas transformaciones introducidas en el marco de las relaciones de propiedad en la agricultura, todavía subsisten las concepciones centralizadas en materia de suministros.

Los cambios introducidos en las UBPC y en sentido general en todo el sistema agroproductor, debieron conllevar a un cambio en la mentalidad de los productores, ahora dueños de la producción, así como a una mayor preocupación por los rendimientos y por el uso de los recursos materiales a su disposición. Sin embargo, la forma de acceder a los insumos productivos no ha sufrido variaciones apreciables. De esta manera se contrapone el predominio actual existente de formas de producción cooperativa; donde la autonomía de gestión constituye una condición de primer orden, con la asignación centralizada de los recursos y la prestación de servicios a través de empresas estatales (Bu et al., 1996).

El tránsito de un sistema de planificación material a uno de tipo financiero, evidenciado en la generalización del mecanismo presupuestario como soporte del Plan de la Economía Nacional, comporta un cierto grado de descentralización en el acceso a las fuentes de financiamiento dentro de determinados rangos y restricciones, induciendo al mismo tiempo un cierto grado de libertad en la concepción logística. Sin embargo, los métodos y fórmulas vigentes poco han cambiado los procedimientos tradicionales, donde los productores se limitaban a recibir pasivamente los recursos que les eran asignados por las instancias superiores, sin que en muchos casos dichos recursos respondieran realmente a sus verdaderas necesidades.

Los cambios ocurridos que tuvieron su impacto en el sector -que de forma abrupta comenzó a enfrentar escasez en los insumos necesarios- obligaron a reforzar los mecanismos de asignación centralizada, pasando de un  esquema de asignación con holgura a uno con restricciones. Esto hizo aún más engorroso este mecanismo, al requerirse de previas coordinaciones a distintas instancias donde el productor directo no ejerce casi ninguna influencia.

Este quehacer todavía presente es causa de ineficiencias, de débil respuesta productiva y de pérdidas económicas, a la vez que enajena responsabilidades materiales sobre los resultados productivos y no contribuye a estimular los distintos sujetos económicos para la consecución de mayores niveles de actividad, sustentados en mecanismos de gestión autónomos y eficientes (Bu et al., 1996).

Adicionalmente, el mecanismo actual se ha vuelto más complejo con la presencia de numerosas instituciones involucradas y, por consiguiente, con un sinnúmero de coordinaciones; sobre todo por la generalización de la dolarización de la logística, asociado con el esquema de financiamiento adoptado para el sistema del MINAG. O sea, esto significa que además de las rigideces que representa el mecanismo administrativo de asignación, se le adiciona el sesgo que se introduce con el financiamiento en divisas, con su mecanismo paralelo de gestión y organización, amén de las dificultades obvias de la falta de liquidez.

La usanza en el plano internacional vincula los contratos de la producción, en muchas ocasiones, con la prestación de asistencia técnica y financiera, el suministro de insumos y de maquinarias. Esto se realiza con el propósito, por parte de los agentes extraproductivos, de tener un mayor control de la producción, de supervisar el cumplimiento de determinadas exigencias tecnológicas y para garantizar un abasto estable de la producción agrícola. De esta forma se compromete al productor agropecuario mediante el contrato (Ladrix, 1995). En el país no existen otros nexos que no sean vía contrato, a no ser en los productos que generan divisas que están integrados vertical e institucionalmente. Si esta alternativa de integración tiende al incumplimiento, ya de hecho en los mismos inicios de la cadena, se produce un conflicto que repercute en lo sucesivo, ya que se traduce en pobres rendimientos y limitada disponibilidad de producción.

A fin de soslayar el equilibrio lógico entre los insumos y otros apoyos materiales con la entrega equivalente de la producción, se divorcian los contratos de insumos con los de la producción, que responden a instituciones diferentes pero pertenecientes al sistema del MINAG; de modo tal que se produce un shock para el productor agrícola -que ve el incumplimiento de las obligaciones de una entidad estatal del MINAG en cuanto a la entrega de insumos- y la presión de otra entidad del MINAG por hacer valer el cumplimiento del agricultor del contrato de una parte significativa de la producción a precios por debajo de los vigentes en los mercados liberados (Bu et al.,1999).

La articulación entre el acopio y los productores puede verse en dos planos: uno desde la base agrícola, y otro a partir de las entidades de acopio, tanto para los productos generales, como para los especializados.

El vínculo proveniente desde los productores resulta minoritario, ya que se realiza sobre la base del excedente liberado fuera de las contrataciones y son distribuidos y comercializados por lo general de forma individual hacia los distintos centros de venta de forma directa o a través de alguna intermediación o representante. El grueso de las transacciones se realiza a través de las contrataciones con la una o las entidades especializadas.

Estas contrataciones se realizan sobre la base de balances a nivel territorial, donde se determinan los requerimientos de productos agrícolas del consumo normado y social. Esas necesidades son desagregadas, otorgándosele un compromiso para los distintos productores, a partir de su potencial productivo y del estimado de producción, y se realizan sobre la base de precios fijos establecidos en el listado oficial, los cuales por su rezago respecto a los precios de los mercados liberados, en la actualidad, no resultan motivantes para los productores. Adicionalmente se contrata, en menor cuantía, una parte de la producción sobre otra base de precios, donde estos se concertan por mutuo acuerdo entre los gestores de acopio y los productores; el destino de la contratación por mutuo acuerdo lo constituye los diferentes mercados liberados, la gastronomía, entre otros (Bu et al., 1999).

La contratación, lejos de actuar como un instrumento de motivación a los productores, constituye de cierto modo una camisa de fuerza para lograr mayor rentabilidad e ingresos por concepto de ventas. Esto dificulta cada vez más su implementación, máxime si se tiene en cuenta los incumplimientos y las insuficiencias en relación con los insumos. En los últimos años se ha logrado incrementar los niveles de contratación sobre la base de elevar la participación de las transacciones por mutuo acuerdo (Cuadro 4).

Cuadro 4

Cabe señalar que el comportamiento de los diversos actores productivos frente a las contrataciones no resulta homogéneo, ya que mientras las granjas estatales y las UBPC tienen un mayor grado de compromisos, no ocurre así con las CPA, las CCS y los campesinos individuales. La razón de esta diferenciación es del orden subjetivo, que está dada por vínculos con el territorio y con la empresa que no se rompieron con las transformaciones realizadas en la década anterior en las relaciones de producción. Esta situación gravita sobre la obtención de ingresos y de ganancias precisamente de las UBPC y las granjas estatales, que se encuentran por tales motivos en desventaja respecto a los otros actores productivos y actúa en detrimento del incentivo de los trabajadores de estas entidades.

Algo similar sucede con los distintos tipos de cultivo, ya que las contrataciones alcanzan casi la totalidad de la producción en la papa, que tiene restricción para ofertarse en los mercados liberados y constituye un rubro de protección mediante la canasta de productos normados a la población. Fuera de la papa, el peso de las contrataciones recae en el plátano, las viandas y hortalizas, que conforman básicamente los productos dirigidos al consumo normado. El resto de las producciones o bien no constituyen la producción fundamental de las entidades productivas, o bien el mayor peso de su producción se genera en las unidades que no son precisamente UBPC, ni granjas estatales.

La disparidad en el posicionamiento de los agentes respecto a las contrataciones, según opinión de los autores del presente estudio, influye sobremanera en la dinámica de la obtención de ganancias y en el comportamiento sucesivo dentro de la cadena (Cuadro 5).

Entiéndase por el término rentabilidad como el indicador económico que refleja si la empresa tiene ganancias, o sea, si sus ingresos superan sus costos de producción. En Cuba no existe la quiebra y cuando las empresas sufren pérdidas económicas son absorbidas esas pérdidas por el presupuesto, en algunos casos mediante programas de  ayuda económica o quedan en deuda con el banco. En relación con el comportamiento de la rentabilidad y según la actividad fundamental que ejercen los productores se destaca que, en su mayor parte, entre las que no alcanzan la condición de rentabilidad -o sea, aquellas que no obtienen ganancias-, están los productores ganaderos vacunos y los de cultivos varios. En el primer caso los agentes están sometidos a una serie de restricciones adicionales, que conspiran contra su quehacer productivo; en el segundo incide lo expuesto de las contrataciones, ya que en las CPA no sucede lo mismo.

Una reflexión necesaria en torno a las contrataciones, sobre todo las que se realizan a los precios del listado oficial, está dada en el hecho de que las producciones remanentes e incluso las que se efectúan mediante precios por acuerdo con Acopio, se realizan sobre una base de precios muy por encima de los contemplados en el listado oficial, atendiendo a que los productores buscan un precio de equilibrio entre ambos sistemas de precios que satisfaga sus expectativas como productores. Esto se refleja en el elevado nivel de precios que exhiben los mercados diferenciados, en detrimento de los consumidores. La estructura actual, como está conformada, a favor de la parte de la producción que está contratada, no estimula incrementos productivos, ya que los productores correrían el riesgo de que le eleven las contrataciones, por lo que tendrían que tener saltos significativos para poder incrementar sus ingresos a partir de un excedente minoritario. En resumen, el camino de una disminución de los precios en los mercados liberados sobre la base de lograr incrementos productivos no se vislumbra con claridad, ya que alcanzar esa meta no significa necesariamente incrementar los ingresos de una manera directamente proporcional para los productores.

Si se profundiza en los mecanismos establecidos, habría que concluir que la protección que se realiza a los consumidores a través del subsidio a los productos del consumo normado y social, en realidad resulta asumida por los productores mediante las contrataciones que se efectúan a los precios oficiales. Esta transferencia del valor por el costo de oportunidad perdido, se compensa en parte por los altos precios de realización en los mercados diferenciados y por los distintos programas de ayuda financiera que presta el Estado a los productores. Obviamente en este marco de relaciones, hay agentes que han logrado sacar mejor partido obteniendo jugosas ganancias.

Por su parte los consumidores se ven beneficiados en un sentido, con el consumo normado y social, pero en otro se ven obligados a desembolsar altas sumas de dinero para satisfacer algunos productos complementarios. El consumidor asume por lo tanto el precio de equilibrio impuesto para satisfacer sus requerimientos nutritivos. Como el subsidio se realiza al producto y no distingue a los consumidores, aquellos de más altos ingresos se ven más beneficiados.

Del mismo modo, se ven afectadas las entregas a la industria debido a las rigideces de los precios y lo poco estimulante que esto resulta. Como consecuencia, se produce un bajo aprovechamiento de la capacidad de procesamiento y transformación no acordes con el nivel de producción agrícola.

Una modalidad de articulación en el seno de una cadena -aunque muy en boga en el plano internacional, pero que en el país aún es limitada- lo representa la integración vertical de la agroindustria, que abarca desde la integración individual, la asociada, hasta la que va de las empresas industriales hacia la fase agrícola. La experiencia en este sentido es escasa pero exitosa, tal es el caso de los cítricos y del tabaco en Cuba, al igual que ocurre en otras latitudes con modelos exitosos agroexportadores. Estas actividades están articuladas no sólo de forma productiva, sino también administrativamente bajo una misma institución ministerial y empresarial. Hay que señalar que por ser exportables, estos rubros requieren de una dinámica a tono con las exigencias del mercado internacional y reciben por lo tanto beneficios por ese concepto, que comparten los diferentes agentes que integran estas cadenas específicas. En todo caso, habría que sopesar la conveniencia de integrar la agroindustria bajo una misma estructura económica-empresarial o adquirir simplemente los productos primarios necesarios vía mercado, con el consiguiente ahorro en inversiones y asistencia técnica en el sector agrícola, pero con el riesgo de tener intermitencia de un abastecimiento estable, oportuno, de buen precio y calidad requerida.

Otra de las transacciones, la vinculación a través del mercado, es casi inexistente, ya que en ese marco sólo concurren los actores productivos mediante intermediarios y representantes conjuntamente con los consumidores finales. De reformularse el funcionamiento actual del sistema en aras de su perfeccionamiento, habría que tener en cuenta esta modalidad por su potencial aún no explorado y por ser una vía alternativa de complementariedad de los esquemas de integración, al no requerir de un despliegue en el orden organizativo y empresarial.

Las articulaciones en la fase de distribución y consumo, han tenido una dinámica innovadora extraordinaria, atendiendo precisamente a los cambios generados en los mercados y en el consumo internacional.

Esta modalidad de mercadeo ha evolucionado hacia nuevas formas de distribución, como una etapa más avanzada basada en esquemas a mayor escala y con nuevas formas de organización y de articulación empresarial (Ladrix, 1995), pero requiere que la logística y la gestión comercial marchen a la par para que redunde en menores costos de operación y de comercialización y consecuentemente se logre una oferta a más bajo precio (Ghezán, 1995).

Sin embargo en el país se ha evolucionado hacia una dispersión y atomización de los mercados, dificultándose no sólo la distribución, sino también el acceso por parte del consumidor, obligado a acudir a varios mercados para satisfacer sus requerimientos, o a gastar más en un solo mercado.

En las tiendas en divisas se aprecia una organización por cadenas y la aparición de establecimientos de magnitudes y dimensiones mayores a los habituales a semejanza de los supermercados; pero que adolecen, en su mayoría, de productos frescos del agro, salvo la escasa presencia de fruta fresca y algunos productos congelados de importación. Resultan notorios, sin embargo, los vínculos directos de las cadenas de tiendas con las empresas de transformación y procesamiento industrial. Esto ha permitido elevar las ventas de estos rubros, pero no existe ese nexo con las empresas agrícolas, por lo cual ese espacio no resulta aprovechado.

En el turismo se aprecian avances, dado la dinámica y las características de este sector y por la rápida expansión que ha tenido en el país, lo que ha obligado a una adecuación de los distintos eslabones de la cadena para cubrir esos nichos de mercado y elevar sus disponibilidades en divisas. El turismo posee un sistema especializado de distribución y suministro, que contacta a su vez con las distintas empresas nacionales. Llama la atención que el MINAG, por ejemplo, ha creado una entidad para la atención prioritaria al turismo, con estaciones de monitoreo territorial y ha expandido en todo el país las llamadas casas de cultivo para reducir el efecto de los factores climáticos y la estacionalidad. Ya en la actualidad ese es un resultado palpable y se han incluido rubros no tradicionales en la agricultura cubana. En este sentido aún queda un largo trecho por recorrer, ya que aún hay que perfeccionar estos nexos, atendiendo a las características y dinámica del turismo, que contrastan con los relativos largos ciclos biológicos y productivos de la agricultura, además de la incidencia en esta última de los factores climáticos y de estacionalidad que no necesariamente tienen que coincidir con los ciclos de estacionalidad presentes en el turismo (Rego, 2002).

La experiencia internacional resulta pródiga en ejemplos ilustrativos de cómo hoy se realizan los vínculos agroindustriales para incentivar a todos los actores involucrados, que comparten no sólo los ingresos, sino también los riesgos. En esta revolución del tipo organizativo tienen cabida, incluso, hasta las pequeñas propiedades familiares (Wilkinson, 1995).

En materia de agronegocios surgen innumerables y disímiles fórmulas de articulación, que habría que estudiar para su aplicación en Cuba o para su adecuación a las condiciones actuales del país.

Los cambios que han tenido lugar en las relaciones de producción, han visto reducido su efecto en los resultados productivos debido -en lo esencial- a que los nexos y las articulaciones, así como el entorno productivo en su esencia, no han variado sustancialmente. Por el contrario, se han hecho más complejas, dificultando el accionar de las fuerzas productivas del sector alimentario. No sería suficiente reformar el modus operandis actual bajo la óptica de los esquemas imperantes, sino que habría que reformular las articulaciones y el engranaje, atendiendo a las tendencias apreciadas y acordes con las transformaciones introducidas.

6. Financiamiento y sostenibilidad del sistema agroalimentario

Tal como se refirió con anterioridad, la economía cubana tiene una base agroindustrial que se conformó hace cinco siglos, siendo aún en el presente un componente fundamental en la estructura económica del país.

La compleja situación operacional de la economía, que viene enfrentándose desde comienzos de la pasada década a partir de la desaparición del campo socialista europeo, obligó a un fuerte ajuste externo con severos impactos al interior del complejo agroindustrial, que de una posición superavitaria en divisas, pasó a ser deficitaria. En tales circunstancias fue necesario introducir un conjunto de medidas estructurales, a la vez que implementar mecanismos de financiamiento caracterizados por una creciente descentralización de las fuentes y un nivel de compromiso directo de los organismos ramales con la solución de sus requerimientos financieros.

Bajo estas concepciones se decidió que los Ministerios de Agricultura y de la Pesca pasaran a un régimen de autofinanciamiento en divisas, en tanto el de la Industria Alimenticia asumiera parte del financiamiento de sus recursos. El Ministerio de la Industria Azucarera quedaría operando bajo el mecanismo tradicional de financiamiento a partir, fundamentalmente, de las asignaciones del presupuesto de la nación.

En este contexto, la situación alimentaria se vio severamente afectada por la caída de la producción nacional, lo que indujo a un incremento progresivo de las importaciones, cuyo monto ha ido en aumento en los últimos años. Ello desembocó en una compleja situación financiera que ha venido condicionando el desenvolvimiento del complejo agroindustrial alimentario, sin que en la actualidad pueda vislumbrarse una solución efectiva y sostenible para su autofinanciamiento en el corto plazo. Es la consecuencia de que las tres principales fuentes de ingresos, constituidas por las exportaciones azucareras, tabacaleras y pesqueras, estén enfrentando descensos de precios en los mercados internacionales y en la demanda.

6.1. Financiamiento en la fase agrícola

La balanza comercial agrícola de Cuba, pese al sostenido auge exportador de las actividades de tabaco y cítricos desde los primeros años de recuperación de la crisis,  manifestó un singular deterioro. En esto se combinaron la falta de eficiencia y de capacidad competitiva de la esfera -en particular del azúcar- según las pautas del nuevo contexto de funcionamiento y la sobrevaloración de la canasta de importaciones de alimentos.

En el caso del MINAG, la tendencia que viene manifestándose a partir de 1998 es la de una insuficiencia creciente en las fuentes financieras propias que deben generar las producciones exportables del Ministerio con las consiguientes secuelas en materia de endeudamiento, cuya dinámica refleja una elasticidad no deseada en relación con la producción.

Como resultado de esta tendencia se origina un incremento significativo de la deuda acumulada en divisas entre los ingresos propios generados por las exportaciones y ventas en fronteras, respecto a los gastos del sistema en su conjunto.

1. Un subsistema de exportación donde se agrupan las actividades generadoras de fondos exportables (tabaco, cítricos, apicultura, café, cacao, etc.) dentro de las cuales se considera como ingresos en divisas tanto las exportaciones como las ventas en fronteras.

2. Un subsistema con el resto de las actividades donde, se incluyen las vinculadas a la producción de alimentos (arroz, cultivos varios y ganaderas) la producción forestal y las restantes actividades de apoyo industriales, constructivas, de transporte, suministros y otras.

Este segundo subsistema representa cerca del 85% del total de la producción del MINAG, el cual no tiene retorno en divisas, con algunas escasas excepciones, dado que su principal destino está dirigido a la población en moneda nacional; en tanto la producción de exportación sólo participa en cerca del 15% dentro del valor total del Ministerio (Bu y Fernández, 2001).

Cuadro 7

Obviamente los gastos en divisas no se alcanzan a cubrir con los ingresos provenientes fundamentalmente del subsistema exportador. La solución a este déficit implica la búsqueda de otras fuentes de financiamiento exógenas, principalmente créditos.

Como consecuencia de lo anterior se ha comenzado a manifestar una brecha externa en el sistema financiero del organismo, que refleja de manera tangible la incapacidad  para respaldar con las propias fuentes los requerimientos financieros, comprometiendo en forma onerosa la gestión económica del MINAG. Tanto la toma de créditos entre las fuentes, como el pago de deudas dentro de los destinos, acusan una dinámica superior a la de la producción.

En la práctica, el comportamiento reflejado por el sistema de financiamiento aprobado para el MINAG evidencia un alto grado de vulnerabilidad, ya que su principal soporte lo constituye la actividad tabacalera. La misma está sometida a una fuerte competencia externa, a las oscilaciones de los mercados demandantes y a las limitaciones internas para expandir la producción en el corto plazo.

De ahí que deban encaminarse las soluciones financieras en otras direcciones complementarias tales como: la potenciación de las ventas en fronteras, la sustitución de importaciones, la diversificación exportadora y la aplicación de mecanismos financieros monetarios más acordes  con las peculiaridades estructurales de la producción de MINAG, donde la mayor parte de sus actividades tienen como destino el consumo interno, sin retorno en divisas, lo que constituye la misión principal de la organización.

Antes del triunfo revolucionario se estima que alrededor de un 35% del consumo de alimentos del país se garantizaba por vía de la importación. Con posterioridad, dicha dependencia externa fue en aumento, llegando a alcanzar niveles del 50%, magnitud que aún prevalece. En tanto la contribución del MINAG a la dieta nacional no ha rebasado el 30% de la energía y de la proteína consumida por la población desde mediados de la década de 1960.

Esta insuficiencia crónica en la oferta nacional ha hecho en extremo vulnerable el sistema de seguridad alimentaria del país, a la vez de gravar onerosamente la balanza de pagos con las importaciones de alimentos. De éstas, una parte significativa puede sustituirse total o parcialmente con la producción nacional.

Tanto el problema del financiamiento como el de la producción de alimentos constituyen los dos aspectos fundamentales que debe enfrentar el sistema del MINAG en los próximos años. Ambos son aristas estrechamente interrelacionadas de una misma problemática, cuyas soluciones reclaman de inmediato numerosas acciones en el ámbito organizativo, tecnológico, productivo y económico.

Las posibilidades de incrementar la producción de alimentos está fuertemente condicionada a la disponibilidad de recursos financieros, pero a su vez, los incrementos en los renglones alimenticios imponen una mayor tensión en cuanto al reclamo de divisas, en donde el sistema del MINAG evidencia una capacidad de respuesta endógena limitada

6.2. Financiamiento de la fase industrial

El aspecto restrictivo más relevante presente en la economía actualmente y en la perspectiva inmediata viene dado por la escasez de recursos financieros externos, limitante que afecta el desenvolvimiento pleno de la industria. Adicionalmente, en el caso de estas actividades influye sobremanera la discreta recuperación de las entregas nacionales de insumos agropecuarios, como la carne y la leche y, consiguientemente, se reducen en el mediano plazo las posibilidades de una mayor expansión productiva.

En particular los ingresos en divisas generados por el MINAL, conjuntamente con los créditos adquiridos mediante el mecanismo del Presupuesto de Ingresos y Gastos en Divisas, no llegan a cubrir los gastos totales en divisas de esa industria. Por esta razón el déficit tiene que ser financiado por el gobierno, mediante asignación centralizada.

Es de señalar que el MINAG viene realizando desde 1994 un esfuerzo creciente por incrementar anualmente el autofinanciamiento, mediante el aumento de las ventas en divisas y una racionalidad mayor de los gastos en esa moneda. Sin embargo, los resultados obtenidos aún no satisfacen los niveles requeridos.

En ese sentido, el mayor reto de la fase industrial al igual que en la agrícola reside en que destina más del 80% de su producción total al consumo normado y social en moneda nacional. De manera que el porcentaje restante tendría que ser capaz de generar los medios para su propio financiamiento y, simultáneamente, constituir el principal soporte financiero de las actividades dirigidas al referido consumo. Esto debe ocurrir hasta que se obtenga una integración mayor de la economía y una mayor perfección en los mecanismos que conduzcan a una convertibilidad interna (que hoy no existe), que posibilite a las producciones destinadas al consumo normado y social, lograr una reproducción autónoma de sus recursos productivos.

Todo esto tiene una relevancia adicional si se consideran otros aspectos de carácter macroeconómico, como los precios de los alimentos -actualmente considerablemente altos- teniendo en cuenta todos los mercados de consumo existentes y el tema del empleo, toda vez que en los cuatro organismos involucrados se emplean 1,8 millones de personas; es decir, algo más de la cuarta parte de la población económicamente activa del país- y abarcan más de 7 mil sujetos económicos, entre empresas y cooperativas y decenas de miles de productores campesinos e individuales.

De todo lo anterior puede colegirse la importancia que las cadenas agroindustriales tienen para la economía nacional, por su impacto en los ingresos externos, en el consumo, en el empleo y en los activos del país.

Por tanto, la recuperación de niveles de actividad, la elevación de su eficiencia, el perfeccionamiento de las relaciones de producción al interior de cada una y del proceso de integración económica y tecnológica, así como la incorporación acelerada del progreso técnico, devienen en metas estratégicas para la consecución de un mejor desempeño global de la economía, lo cual representa, sin dudas, uno de los desafíos más fuertes que debe enfrentar la política económica en el presente.

7. Consideraciones sobre el estado nutricional en Cuba

La alimentación en Cuba ha sido un elemento permanente y de gran importancia en la política social. Aún a pesar de ser menos conocida que otras áreas como la salud y la educación, ya desde los inicios del gobierno revolucionario el Estado asumió la responsabilidad de garantizar el acceso a todos los ciudadanos del país, mediante la distribución racionada y equitativa de los alimentos básicos. Por la vía del racionamiento se reciben los alimentos de forma subsidiada, al igual que a través de la alimentación escolar, los centros asistenciales de salud y los comedores de trabajadores, entre otros.

Esto ha permitido niveles de ingesta adecuados de la población en estos años, cubriéndose los requerimientos nutricionales de ésta.

Cuadro 8

Con anterioridad, en los inicios de la década de 1990, el consumo se vio deteriorado a niveles por debajo de las recomendaciones. Tal situación fue producto de la crisis económica, que incidió de manera drástica en la producción nacional y en la capacidad de pago para importar los alimentos requeridos.

Mientras que a mediados de la década de 1980 las importaciones de alimentos no sobrepasaban el 15% del total, ya con la crisis de la década de 1990 esta proporción fue incrementándose, hasta alcanzar su máximo valor en 1993 con un 25% aproximadamente. Actualmente cerca del 20% de las importaciones totales de bienes corresponde a alimentos y junto con los combustibles constituyen los rubros de mayor significación.

Dentro de los alimentos el peso fundamental recae sobre los cereales con más de un 40%, en especial trigo y arroz; le siguen en importancia los productos lácteos (fundamentalmente leche en polvo).

Se advierte asimismo la participación, determinante por mayoritaria, de las importaciones de alimentos dentro de los orígenes de un grupo numeroso de los comestibles. El consumo subsidiado a la población en este grupo supera más del 60% del suministro de energía alimentaria distribuida por habitante (Gráfico 5).

Gráfico 5

En cuanto a los macronutrientes, en proteínas y grasas más del 40% de sus fuentes provienen de la importación, mientras que en energía supera el 30% (Cuadro 9).

La dependencia externa de las importaciones de alimentos constituye un elemento de vulnerabilidad, a fin de alcanzar el propósito de garantizar a la población los alimentos necesarios. Por esa razón se hace impostergable resolver aquellas cuestiones que limitan el sistema agroalimentario cubano, a fin de lograr a través del aumento de la producción nacional una mayor autosuficiencia alimentaria.

8. Conclusiones

• El tema de los sistemas y las cadenas agroalimentarias tiene hoy en día una connotación capital, atendiendo a su estrecha vinculación con una de las problemáticas más agravantes de la humanidad en la actualidad: la seguridad alimentaria. Esto se fundamenta en el hecho de que constituye una herramienta socorrida para actuar de forma directa en elevar y garantizar la disponibilidad de alimentos; para detectar los llamados «cuellos de botella», las limitaciones en el flujo de interrelaciones, las contradicciones en la orquestación de intereses; todo ello en aras de lograr el objetivo común prevaleciente en todas las partes integrantes del sistema agroalimentario.

• En el presente estudio se adoptó un enfoque funcional, atendiendo a que una buena parte de las deficiencias que presenta el sistema agroalimentario cubano para materializar una mayor disponibilidad de alimentos de origen agropecuario se atribuyen al funcionamiento mismo.  Desde inicios de la década de 1990 se realizaron una serie de transformaciones económicas, tanto en el propio sector como en el resto de la economía nacional, en virtud de lograr salir de las difíciles condiciones por las que atravesaba el país; de hecho también se transformó el modelo agrícola prevaleciente hasta ese entonces, que avanzó hacia una agricultura menos intensiva en insumos. Estos cambios implicaban una adecuación diametral de todo el sistema generador de alimentos en el país que no ha logrado, a pesar de ciertos indicios de recuperación productiva, cuajar del todo.

• Por esa razón, el examen en este caso, permite analizar esta situación bajo un enfoque sistémico e integral de la actividad, o más bien del conjunto de actividades que intervienen en este proceso, o sea, se trataría de ver la acción conjunta de las políticas macroeconómicas y sectoriales, sobre los distintos actores integrantes del sistema agroalimentario en el marco de la relaciones de producción establecidas y en que medida se limita el desarrollo de las fuerzas productivas en función de mejorar el abastecimiento alimentario de la población.

• Hasta la fecha el sistema de abastecimiento técnico material vigente en la agricultura ha estado caracterizado por una alta centralización, tanto en lo concerniente a su planificación como a su circulación, dejando muy poco espacio para que los actores económicos puedan acceder a sus demandas en forma autónoma y directa. El efecto de la dolarización de la logística ha conllevado a reforzar los mecanismos de asignación centralizada, pasando de un esquema de asignación con holgura a uno con restricciones, lo que hizo aún más engorroso este mecanismo. Este quehacer, todavía presente, es causa de ineficiencias, de la débil respuesta productiva y de pérdidas económicas, a la vez que enajena responsabilidades materiales sobre los resultados productivos y no contribuye a estimular a los distintos sujetos económicos para la consecución de mayores niveles de actividad, sustentados en mecanismos de gestión autónomos y eficientes. En la práctica se ha hecho usual el incumplimiento de los contratos de los insumos para los productores, salvo en los productos protegidos como la papa y los que generan ingresos en divisas, que tienen sus propios sistemas integrados de suministros de insumos.

• La articulación entre el acopio y los productores se realiza a través de las contrataciones sobre la base de precios fijos establecidos en el listado oficial, los cuales por su rezago respecto a los precios de los mercados liberados no resultan motivantes para los productores en la actualidad. Adicionalmente se contrata en menor cuantía una parte de la producción sobre otra base de precios, donde éstos se concertan por mutuo acuerdo entre los gestores de acopio y los productores. El destino de la contratación por mutuo acuerdo lo constituyen los diferentes mercados liberados, entre otros la gastronomía. La contratación, lejos de actuar como un instrumento de motivación a los productores, constituye de cierto modo una camisa de fuerza para lograr mayor rentabilidad e ingresos por concepto de ventas. Esto dificulta cada vez más su implementación, máxime si se tienen en cuenta los incumplimientos y las insuficiencias en relación con los insumos.

• Con el fin de soslayar el equilibrio lógico entre los insumos y otros apoyos materiales, con la entrega equivalente de la producción, se divorcian los contratos de insumos con los de la producción, que responden a instituciones diferentes pero pertenecientes al sistema del MINAG; de modo tal que se produce un shock para el productor agrícola, que ve el incumplimiento de las obligaciones de una entidad estatal del MINAG en cuanto a la  entrega de insumos, así como la presión de otra entidad del MINAG por hacer valer el cumplimiento del contrato por parte del agricultor, de una parte significativa de la producción a precios por debajo de los vigentes en los mercados liberados.

• Si se profundiza en los mecanismos establecidos habría que concluir que la protección que se realiza a los consumidores a través del subsidio a los productos del consumo normado y social, en realidad resulta asumida por los productores mediante las contrataciones que se efectúan a los precios oficiales. Esta transferencia del valor por el costo de oportunidad perdido se compensa, en parte, por los altos precios de realización en los mercados diferenciados y por los distintos programas de ayuda financiera que presta el Estado a los productores. Obviamente, en este marco de relaciones hay agentes que han logrado sacar mejor partido obteniendo jugosas ganancias.

• Las articulaciones en todo el sistema se realizan, preponderantemente a través de los contratos, a diferencia de otras latitudes donde están presentes modalidades  más exitosas y actualizadas, acorde con la dinámica que impone el sector alimentario (como las de integración, las transacciones vía mercado, entre otras). Si de hecho el contrato representa la articulación prevaleciente, con sus limitaciones y rigideces -que son a su vez incumplidas en muchas ocasiones y en otras originan resistencia para asumirlas-, queda en evidencia la vulnerabilidad de los nexos en todo el sistema. Otra modalidad como la de integración aún incipiente en el país, muestra resultados elocuentes como el caso del tabaco y el cítrico, cuyos perfiles respectivos son la exportación y tienen por ende una mayor holgura financiera.

• La compleja situación operacional de la economía, que viene enfrentándose desde comienzos de la pasada década, obligó a un fuerte ajuste externo con severos impactos al interior del complejo agroindustrial, que de una posición superavitaria en divisas pasó a una situación deficitaria. En tales circunstancias fue necesario introducir un conjunto de medidas estructurales, a la vez que debieron implementarse mecanismos de financiamiento caracterizados por una creciente descentralización de las fuentes y un nivel de compromiso directo de los organismos ramales con la solución de sus requerimientos financieros.

• En este contexto, la situación alimentaria se vio severamente afectada por la caída de la producción nacional, lo que indujo a un incremento progresivo de las importaciones, cuya cuantía se ha ido en aumento en los últimos años. Ello desembocó en una compleja situación financiera que ha venido condicionando el desenvolvimiento del complejo agroindustrial alimentario, sin que en la actualidad pueda vislumbrarse una solución efectiva y sostenible para su autofinanciamiento en el corto plazo. La razón es que las tres principales fuentes de ingresos (constituidas por las exportaciones azucareras, tabacaleras y pesqueras), vienen enfrentando descensos de precios en los mercados internacionales y en la demanda, aunado al hecho estructural de los destinos de la producción, que preponderante se destinan al consumo nacional (lo que implica que no tienen retorno financiero en divisas). Todo ello hace insostenible, desde el punto de vista financiero, el sistema agroalimentario nacional.

Notas

³ Carne preferentemente vacuna, salada y secada al sol para evitar su descomposición

⁴ Los bienes de consumo alimenticios industrializados son producidos por diferentes sectores: Ministerio de la Agricultura, de la Industria Azucarera, de las Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior.

⁵ Los productores agropecuarios tienen compromisos de entrega de alimentos al consumo racionado que distribuye el Estado Cubano a través de la red minorista y para el consumo social para los centros asistenciales de salud, las escuelas, círculos infantiles, etc.

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