La información obtenida por tecnologías espaciales ante el derecho internacional

 1 Doctora en Derecho y Ciencias Sociales. Master of Laws. Diplôme de Spécialisation. Investigadora Superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (Conicet, Argentina). Su trabajo doctoral titulado: La integración de los Estados en Sistemas Internacionales de Telecomunicaciones por Satélites, fue publicado bajo el título Telecomunicaciones por Satélites, Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Autora de tres libros y coautora de varios libros Argentina, Reino Unido, Alemania, España y Brasil, en temas de Derecho y Relaciones Internacionales, Derecho Ambiental y Derecho Espacial, y más de 200 artículos en revistas especializadas. Premio Nacional “Bernardo Houssay” a la trayectoria en la investigación científica 2003. Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, República Argentina. Presidente de la Comisión Internacional de Derecho Espacial de la International Law Association. Miembro titular del Consejo Ejecutivo de la International Law Association (Sede Central, Londres), del Royal Institute of International Affairs, Londres; del Institut International de Droit de l’Espace, París; del Consejo Directivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y del Espacio, Madrid. Correo electrónico: maureenw777@yahoo.co.uk  y swilliams@derecho.uba.ar

El trabajo avanza sobre investigaciones recientes dirigidas por la autora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina (Conicet) así como, en el ámbito internacional, en la International Law Association, en el marco del proyecto Legal Aspects of the Privatisation and Commercialisation of Space Activities: Remote Sensing, National Space Legislation and Registration, Considerada como una investigación de alcance internacional. Uno de los temas centrales se fundamenta en los aspectos jurídicos y conexos de la utilización de satélites de observación de la tierra, sus aplicaciones y dilemas, y la validez de los principios de las Naciones Unidas sobre Teleobservación de la tierra (1986) en el escenario internacional de hoy. Los avances se desarrollan sobre el análisis del nuevo escenario internacional comparándose posiciones –y fundamentos– que proponen un marco más preciso para los principios de 1986, reemplazándolos por un instrumento internacional vinculante. Se advierte la comercialización creciente de la actividad espacial en estos tiempos y consecuente atenuación de la rigidez de reclamos de soberanía que ceden espacio al aspecto comercial de la actividad. En este contexto, los principios se van transformando en normas de la costumbre y se pone acento en un problema de actualidad: la validez ante los tribunales, como medio de prueba, de la información obtenida por tecnologías espaciales.

En la era de la información las nuevas tecnologías espaciales están cambiando la faz de la tierra e introduciendo cambios profundos en el campo del derecho y las relaciones internacionales. Es sabido que no hay peor enemigo que la desinformación o la información desactualizada y que más importa la celeridad con que se recibe la información que la cantidad de lo que se recibe. En suma, quien tiene la tecnología tendrá la información y quien tenga ésta tendrá el poder. Intentaremos entonces movernos dentro de estas nuevas realidades en los distintos escenarios regionales y ndiales.

Lejos están los días en que las palomas mensajeras eran, por excelencia, las portadoras de noticias. Así, ocurrió, por ejemplo, al anunciarse el resultado de la batalla de Waterloo, en la que el duque de Wellington derrotara a las fuerzas napoleónicas el 18 de junio de 1815. Hoy día la misión de dichas aves ha cambiado de manera singular.

En efecto, dada su especial habilidad para detectar el color anaranjado, las palomas mensajeras constituyen actualmente un aliado de importancia en las operaciones de salvataje en el mar.

En esos tiempos quizás esa respuesta hubiera sido correcta. Fácil es percibir la confusión que existía entonces con respecto a la altura hasta la cual se extendía la soberanía de los Estados en sus espacios aéreos suprayacentes. Tanto la convención de París de 1919 sobre Aviación Civil Internacional como la de Chicago de 1944 hablaban de soberanía completa y exclusiva de los Estados en ese ámbito, disposición cuyo rigor fuera atemperado por los Acuerdos de Tránsito y de Transporte de Chicago, de ese mismo año, reconociendo los derechos de los Estados al paso inocente por el espacio aéreo de un tercer estado y de escala técnica que permitía aterrizar en terceros Estados para fines no comerciales. En la actualidad, y de conformidad con el derecho internacional vigente, vale decir el Tratado del Espacio de 19673, no sería ilícito, en principio, que un Estado detectara desde el espacio ultraterrestre los recursos de otro ni que recabara información de esta naturaleza. Por el contrario, si dicha detección fuera hecha desde una aeronave sobre el espacio aéreo de un tercer Estado, éste podría válidamente oponerse.

Como se expresara, ese mundo de fantasía que se estaba creando en los albores de la era espacial en torno a los satélites de observación de la tierra fue rápidamente reemplazado por una realidad cotidiana. Sus aplicaciones en los escenarios regionales y mundiales son múltiples y crecen rápidamente.

Del mismo modo que el comercio electrónico ha llevado a cambios drásticos en la esfera del derecho, particularmente en la forma de manifestar el consentimiento en obligarse, en el momento actual la actividad de teleobservación, uno de los ejemplos más llamativos de “actividad comercial en el espacio”, está originando importantes modi ficaciones en las instituciones jurídicas tradicionales.

Bien se afirma que esta nueva tecnología, como tal, es simplemente neutra. Sus beneficios dependen de la utilización que se haga de ella. Así, la posibilidad de detectar desde el espacio el estado de cosechas, la salud del ganado, la alteración en los niveles de la capa de ozono en distintos momentos del año y lugares de la estratósfera permitiendo dar cifras precisas sobre el debilitamiento de este recurso natural, o de anticipar desastres naturales (tornados, erupciones volcánicas, inundaciones, etc.) es indudablemente un progreso que ayuda al bienestar general. Así, en estos últimos ejemplos permitiría, a las poblaciones cercanas, tomar las medidas necesarias con suficienteanticipación.

Las tecnologías de observación de la tierra originan, naturalmente, nuevos dilemas. Uno de los más cruciales es la manera en que el flujo de información habrá de utilizarse para evitar ventajas económicas basadas en la especulación y cómo habrán de controlarse los experimentos tendientes a alterar las condiciones de la atmósfera. Por cierto, que estas actividades no estarían reñidas con los principios generales del Tratado del Espacio de 1967 sobre libertad de exploración y utilización. Desde luego, si se causa un daño a consecuencia de esta actividad, si bien legítima, la necesidad de reparación surge inmediatamente. De todos modos, sería deseable una mayor claridad al respecto.

Supongamos que la información obtenida por satélites de observación de la tierra concierne al estado de las cosechas  de trigo de una determinada región, y es obtenida por un Estado o pequeño grupo de Estados poseedores de la tecnología. Ello les permitiría manejar el mercado y los precios mundiales del producto en detrimento del Estado “observado” y terceros países. Indudablemente esta situación entraría en conflicto con el principio de igualdad establecido por el artículo I del Tratado del Espacio de 1967 y atentaría contra el equilibrio de los intereses en juego.

Analicemos otra posibilidad. Consideremos la invocación del principio de soberanía por parte de un Estado para impedir la teleobservación de sus recursos naturales desde el espacio por parte de otro Estado y que esta actitud fuera contraria a los intereses de la comunidad internacional. Un ejemplo sería la detección desde el espacio de aguas subterráneas en épocas de seria sequía general. Es cierto que el Estado en cuestión tiene soberanía sobre sus recursos pero no es menos cierto que un interés individual tampoco puede prevalecer sobre un interés general de la comunidad internacional o regional. Actualmente podría invocarse un “estado de necesidad ambiental o ecológica”, para utilizar los términos de una de las partes en la controversia entre Hungría y Eslovaquia en torno al río Danubio (caso Gabcikovo-Nagymaros), decidida por la Corte Internacional de Justicia el 23 de setiembre de 1997. Este concepto, empero, enfrenta dificultades para abrirse paso en el escenario mundial del presente.

Volviendo al ejemplo anterior, en caso de controversia el derecho internacional indica un sistema de consultas entre los afectados por la fuerte sequía, por una parte y, por otra, el Estado que invoca su soberanía. Naturalmente, ello se vincula de forma estrecha con la obligación de negociar en buena fe, principio de fuerte raigambre en el derecho internacional de todos los tiempos. En tal sentido, se presenta una breve recapitulación de los momentos históricos más destacados que signaran el desarrollo de la nueva tecnología y su tratamiento jurídico.

El Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, vigente desde 1967, constituyó, en los comienzos, el único instrumento internacional aplicable a partir del cual podría comenzar a discutirse ese régimen de libertad ilimitada aplicable a la teleobservación5. Es éste el origen de una larga polémica que dividió a países industrializados y en desarrollo, duramente enfrentados en torno al problema de la libertad de información y de distribución de la información obtenida sobre el territorio de los Estados observados.

En esta etapa pasó a primer plano el debate en torno al principio de libertad de exploración y utilización del espacio ultraterrestre establecido en el Tratado del Espacio en su primer artículo y el principio de jurisdicción exclusiva del artículo 2 (7) de la Carta de las Naciones Unidas. En términos más simples, era válido afirmar que la actividad resultaba consistente con el derecho internacional cuando implicaba simplemente tomar fotografías de alta precisión de la tierra desde el espacio ultraterrestre. Distinto era el caso cuando esa fotografía –o colección de datos, según el caso– se ponía en el comercio, lo cual entraría en abierto conflicto con el derecho internacional. Según la postura de los países en desarrollo durante esos primeros años.

Ya en aquel entonces la International Law Association –institución sobre la que se volverá más adelante– vislumbraba el problema a través de su Comisión de Derecho Espacial; lo examinó detenidamente durante su 57ª Conferencia, realizada en Madrid en 1976. En esa ocasión se sugirió como primer paso la elaboración de principios rectores que contemplaran la información relativa al ambiente y los recursos terrestres. Asimismo, la resolución final de la conferencia agregó que, al desarrollar dichos principios rectores, las actividades de observación de la tierra deberían realizarse en beneficio e interés de toda la humanidad.

En aquellos días, dominados por la preocupación de posibles violaciones a la soberanía de los países en desarrollo, los aspectos comerciales de la actividad espacial no resultaban demasiado preocupantes.

En el ámbito académico el tema de la comercialización de estas actividades ya preocupaba a los especialistas argentinos al comienzo de los años ochenta. El Consejo de Estudios Internacionales Avanzados (Fundación de la Casa de la Cultura de Córdoba) convoca en 1981, bajo el título “Encuadre Jurídico de la Actividad Económica en el Espacio”, a expertos en derecho y economía para debatir los nuevos temas.

Una de las principales conclusiones de esta reunión, establecía que la actividad privada en el espacio había sido convenientemente reconocida como lícita tanto en el Tratado del Espacio de 1967 como en el Acuerdo de la Luna de 1979 y que ningún texto positivo de derecho internacional del espacio ni principio jurídico alguno se había mostrado contrario a este tipo de actividad6. En la mencionada oportunidad Manuel Augusto Ferrer (h) abordó, entre otros aspectos, el relativo a los contratos de transporte espacial que consideró como una realidad muy próxima. Observó, con agudeza, que los contratos de lanzamiento eran, desde la óptica jurídica y económica, verdaderos contratos de transporte7. De esta manera se anticipa Ferrer a una realidad en el mundo actual.

En efecto, los servicios de lanzamiento, al igual que las telecomunicaciones y el control del tránsito en el espacio ultraterrestre, constituyen hoy una posibilidad tangible de actividad privada en el espacio ultraterrestre; y ya en esos días, anteriores en casi diez años a los principios de Naciones Unidas sobre teleobservación, las disposiciones del Tratado del Espacio de 1967, y sobre todo el artículo VI, eran herramienta suficiente.

En efecto, esta disposición reconoce expresamente la posibilidad de actividades comerciales al hablar de la obligación de los Estados de autorizar y fiscalizar las actividades espaciales de “organismos no gubernamentales” bajo su jurisdicción. Según este artículo, los Estados serían internacionalmente responsables por los daños causados en estas circunstancias.

Al adoptar estos principios, las Naciones Unidas retomaron el método del consenso; que luego, de una larga tradición de trabajo en el marco de Copuos, había sido abandonado en 1982 al adoptarse, esta vez por mayoría, los principios que deben regir la utilización por los Estados de Satélites Artificiales de la Tierra para las Transmisiones Internacionales Directas por Televisión9.

Se suele afirmar, aún hoy día, que los principios de 1986 no estuvieron a la altura de las expectativas.Se adoptaron en una época en que aún era difícil considerar en toda su extensión los aspectos comerciales de esta actividad. Ello se refleja con claridad en el principio I que describe al objetivo de la teleobservación como el “mejoramiento de la ordenación de los recursos naturales, de utilización de tierras y de protección del ambiente”. Sin duda, este enfoque arrastra la impronta del pensamiento predominante en la década anterior. Quienes así se expresaban olvidaban quizás que el artículo VI del Tratado del Espacio resolvía las cuestiones planteadas, como quedara expresado, de manera mucho más ágil y clara que los principios de las Naciones Unidas.

Dicho esto, justo es también reconocer que los principios arrojaron luz sobre ciertas reglas no escritas del derecho internacional y que, en cierta medida, ayudaron a aclarar el significado de algunos de los principios generales consagrados en el Tratado del Espacio de 1967. Quizás en el futuro mediato constituyan un punto de partida útil para la elaboración de un instrumento internacional actualizado.

Hacia fines de la década de los ochenta, se percibe que las cuestiones de soberanía relacionadas con la teleobservación estaban perdiendo cierta intensidad como resultado de la creciente participación de entidades privadas en actividades espaciales. Los países en desarrollo, aunque cautelosos de no renunciar a los principios de soberanía en el nuevo ámbito, comenzaron a tener una accesibilidad cada vez mayor a la moderna tecnolo-gía. Los aspectos técnicos de la teleobservación y las cláusulas específicas incluidas en acuerdos de cooperación con alcance bilateral y regional parecían adquirir más importancia los asuntos que, en los primeros días de esta actividad, eran particularmente conflictivas. En muchos aspectos, dichos acuerdos de cooperación estaban llenando los claros dejados por los principios de 1986 y, de ese modo, brindaron una clara ilustración de desarrollo progresivo del derecho y asimismo de algunos dilemas en cuanto a la distribución de la información obtenida por la nueva tecnología y su puesta en el comercio.

Los años noventa se caracterizaron por un marcado movimiento hacia la comercialización de las actividades en el espacio. La participación de empresas abría paso a un panorama más complejo pero, al mismo tiempo, más claro desde el punto de vista jurídico y político. Una de las consecuencias más positivas fue la simplificación de los procedimientos de solución de posibles controversias sobre la interpretación y aplicación de los Tratados del Espacio, como resultado del debilitamiento del principio de inmunidad soberana de los Estados. Ello, sin duda, allanaba el camino para la celebración de futuros acuerdos que, en décadas pasadas, se habían visto dificultados por el riesgo de que una de las partes, actuando de jure imperii, invo-case la cláusula de inmunidad soberana durante la ejecución del acuerdo.

Los acuerdos celebrados en esta década eran mayormente técnicos e incluían cláusulas legales muy concretas y detalladas –complementando, nuevamente, a los principios de 1986– lo que permitió el desarrollo de la tecnología y brindó un marco más apropiado para fortalecer la cooperación internacional. Sin embargo, el contexto político de los años noventa no parecía propicio para la revisión de los principios de 1986, y menos aún para la elaboración de un instrumento vinculante.

El tema se debatió exhaustivamente en los foros internacionales dedicados al espacio ultraterrestre. En primer lugar, la Conferencia Unispace IIII, realizada en Viena en julio de 1999 que, por primera vez, asignó un lugar importante a la industria espacial y a las actividades comerciales en el espacio. En el marco de este evento de particular importancia, el taller de trabajo Space Law for the Twenty-first Century10, organizado por el International Institute of Space Law y la Oficina del Espacio Ultraterrestre de la ONU, dedicó una de sus sesiones al análisis del tema.

En esta ocasión, signada por múltiples presentaciones seguidas de estimulantes debates y elaboradas propuestas, la vieja confrontación entre países industrializados y en desarrollo seguía latente. No obstante, ello se percibió con claridad un cambio: los asuntos atinentes a la soberanía  estaban gradualmente cediendo lugar a los temas comerciales.

Por carriles diferentes se encaminaba la práctica de los Estados. Los acuerdos sobre teleobservación se sucedían –en particular relacionados con la agricultura, el agua y otros recursos, y la protección del ambiente– incluyendo actores tanto de países desarrollados como de países en desarrollo11. Estos acuerdos debieron cubrir varios aspectos no considerados por los principios de 1986 y, por ende, interpretaron y dieron forma al derecho aplicable en esos momentos. Una investigación de indudables implicaciones internacionales fue emprendida en el campo privado con la puesta en marcha del Project 2001, que tuvimos el privilegio de integrar. Se  trató de un detallado estudio titulado Legal Framework for the Commercial Uses of Outer Space, bajo la dirección del Prof. Karl-Heinz Böckstiegel, catedrático de la Universidad de Köln. La investigación comenzó hacia fines de los años noventa y fue dirigida desde esa Universidad, con la colaboración de especialistas de todo el mundo12. El grupo de trabajo sobre sensores remotos consideró que los principios de las Naciones Unidas permitían, de manera irrestricta, la comercialización de la información obtenida mediante tecnologías satelitales13.

En consecuencia, este razonamiento implicaba que, exceptuando el artículo VI del Tratado del Espacio de 196714, la única protección acordada al Estado observado era el principio IV, según el cual las actividades deben realizarse sobre la base del respeto del principio de la soberanía plena y permanente de todos los Estados y pueblos sobre su propia riqueza y sus propios recursos naturales y sin perjudicar los legítimos derechos e intereses del Estado observado15. El principio IV contempla; asimismo, la posibilidad de que los países en desarrollo que sean al mismo tiempo, Estados observados, participen en los beneficios mutuos resultantes de dicha actividad.

Curiosamente, el grupo de trabajo sobre sensores remotos que investigaba en el marco del Project 2001, a pesar de haber recomendado la elaboración de  directrices para la puesta en práctica de los principios de 1986, no pudo lograr un acuerdo sobre la necesidad de revisar dichos principios ni sobre la necesidad de contar con un instrumento internacional obligatorio sobre el tema16.

En consecuencia, durante la década pasada, el amplio margen de interpretación de los mencionados principios fue tema de preocupación recurrente para los  países en desarrollo, que sostenían la necesidad de precisar su significado mediante un instrumento internacional vinculante o, al menos, someter a revisión esos principios, en particular los más polémicos, como el derecho de accesibilidad a la información recabada sobre sus territorios. Paralelamente, la fuerza de los aspectos comerciales de la actividad espacial atenuaba, paulatinamente, la rigidez de los reclamos de soberanía.

En esta etapa comenzó a ganar fuerza la idea de un nuevo debate sobre los puntos más polémicos en los principios, principalmente con respecto a la tele observación y distribución de información, como paso previo a embarcarse en posibles cambios o en la redacción de un instrumento internacional vinculante. En otras palabras, las posiciones encontradas de los años ochenta estaban dando espacio a una postura de mayor cautela.

Tal, por ejemplo, la propuesta del proyecto de investigación dirigido por la presente autora en la Universidad de Buenos Aires sobre las actividades comerciales en el espacio y el valor, como medio de prueba ante tribunales nacionales e internacionales, de la información obtenida mediante satélites de observación de la Tierra17, problemática que abordaremos en un capítulo posterior. Asimismo, el Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y del Espacio (Madrid) volvió a incluir el tema en su Conferencia de Lima (Perú), en octubre de 200418 y la International Law Association continúa con el tema a estudio  en las Conferencias de Berlín (2004) y Toronto (2006) luego de haberlo planteado en su 72ª Conferencia Internacional (Nueva Delhi 2002)19.

A esta altura es oportuno señalar que, si bien la tecnología está avanzando aceleradamente en el nuevo milenio, al igual que las actividades comerciales en el espacio, se detecta un pequeño retroceso percibido últimamente en los Estados Unidos de América, como ahora veremos.

Según lo informa la directora del National Remote Sensing Center de la Universidad de Mississippi, Joanne Gabrynowicz, los sistemas comerciales en ese país han disminuido de tres a dos y están empezando a depender de organismos gubernamentales como sus más valiosos clientes. Por otra parte, el sistema Landsat –cuyos objetivos originarios fueran netamente comerciales– se encuentra ahora bajo el ejido de la NASA y del Departamento del Interior.

Las actividades de la Comisión incluyen, asimismo cooperación con diferentes organizaciones internacionales, públicas y privadas, tales como la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de las Naciones Unidas, el Centre Européen de Droit Spatial (París) y el Institut International de Drot de l’Espace de l’Académie Internationale d’Astronautique (sede en París), el Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y del Espacio (Madrid) y varias universidades y Centros de investigación en diferentes países, tales como la Universidad de Köln, la Universidad de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Jurídicas y Técnicas (Conicet) de la Argentina. Preside la Comisión de Derecho Espacial quien suscribe estas líneas y su relator general es el Profesor Stephan Hobe de la Universidad de Köln.

A lo largo de su medio siglo de vida, la Comisión de Derecho Espacial de la ILA ha presentado un buen número de propuestas, proyectos de principios y códigos de conducta e instrumentos internacionales sobre la disciplina, cuyos textos, avances y resultados finales se informan anualmente a las Subcomisiones de Copuos. En tal sentido, se mencionan entre las colaboraciones más recientes, el Instrumento Internacional de Buenos Aires sobre la Protección de la Atmósfera por Daños Causados por Residuos Espaciales, mencionado en el acápite anterior, adoptado en 1994 por la 66ª Conferencia Bienal de la ILA y el Convenio sobre Solución de Controversias relativas a Actividades Espaciales adoptado por la 68ª Conferencia en 1998.

Es importante destacar, desde el inicio, que los informes especiales para la Conferencia de Berlín sobre cuya base quien suscribe estas líneas presentara el informe final, fueron elaborados por representantes de dos grupos diferentes: Niklas Hedman (Suecia) y José Monserrat Filho (Brasil). Ambos, en impecable estilo, presentaron sus posiciones a la Comisión para la Conferencia de Berlín en agosto 2004.

Este Informe preliminar consiste en un minucioso estudio de los aspectos jurídicos y políticos de la teleobservación de la tierra en el escenario actual y de la distribución de la información obtenida.El tema central es, sin duda, la validez de los principios de 1986 en el mundo de hoy con acento en los debates en las Naciones Unidas (Subcomisión de Asuntos Jurídicos-Copuos) y otras instituciones vinculadas al tema. El Informe destaca la creciente aplicación de las tecnologías satelitales en los últimos años, desde la posibilidad de solucionar diversos problemas ambientales y de desarrollo hasta el control del cumplimiento de tratados.

La complejidad de las cuestiones involucradas es consecuencia de la “larga cadena de eslabones” que comprende dicha actividad, desde los primeros pasos de obtención de la información hasta los últimos de procesamiento y distribución de los datos. El autor examina brevemente el valor de la información recabada por satélites en litigios internacionales. Asimismo hace, referencia a la Cumbre de Johanesburgo de 2002 durante la cual se analizaron las diversas aplicaciones de la teleobservación.

Igualmente, se menciona que el British Institute of International & Comparative Law (BIICL), conjuntamente con la Comisión Europea, ha designado un equipo de especialistas con el objetivo de trabajar en un proyecto coordinado sobre estos temas concretos. Otras instituciones académicas han seguido dicha iniciativa,  entre las que mencionaremos a la Universidad de Buenos Aires, en el marco de los Programas de Investigación Ubacyt23, y al Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y Espacial (Madrid) que, en su carácter de organismo consultivo de la ONU, estudia recomendaciones para reuniones próximas. Otras experiencias actuales, como EOPOLE y APERTURE en Europa; tienen asimismo, un incuestionable valor en este campo.

La nota recurrente del Informe Hedman es la necesidad de aclarar el significado de algunas disposiciones de los Principios de las Naciones Unidas de 1986. Veamos algunos puntos clave mencionados en ese texto y algunos comentarios al respecto.

• En primer lugar, el controvertido tema de la validez de los principios. Según Hedman, considerando los principios en su conjunto, existe un equilibrio de intereses entre la soberanía del Estado observado y el interés del Estado que realiza actividades de teleobservación. Señala, asimismo, que en aquellos días (1986) la idea subyacente a los principios era más bien el “servicio público” y no objetivos comerciales privados.

Esta autora considera que, conforme la postura de los países en desarrollo, este equilibrio dista de ser tal.

Desde luego, como ya se mencionara, se prevé según criterios de la autora que buena parte de esos Principios estarían reflejando el derecho internacional consuetudinario, lo que les ha permitido sobrevivir al paso del tiempo. O, puesto a la inversa, que la práctica de los Estados demuestra que, en general, los Principios se están observando.No obstante, hay aspectos controvertidos. Así, las definiciones, la jurisdicción, la accesibilidad a la información, su distribución y posterior comercialización, la cláusula que habla de las necesidades e intereses de los países en desarrollo y la responsabilidad internacional.

• En opinión de Hedman, el principio I, que define el objetivo de la teleobservación como el mejoramiento de la gestión de los recursos naturales, de la administración del territorio y la protección del medio ambiente, está claramente desactualizado.

En nuestros días y, a pesar de la amplitud de esta definición de 1986, creemos que las actividades de teleobservación van mucho más allá de aquellos objetivos iniciales. Por ejemplo, continúa sin resolverse la cuestión relativa a la utilización de la información ya procesada, obtenida por tecnologías espaciales.

• Señala Hedman que los aspectos precedentes se vinculan, a su vez, con el Principio XIV sobre responsabilidad de los Estados, claramente relacionado con el Artículo VI24 del Tratado del Espacio. De este modo, los Estados que operan satélites de observación equipados con sensores remotos son internacionalmente responsables por sus “actividades”. Hedman manifiesta sus dudas sobre el significado de este término y se pregunta si se refiere a las actividades de teleobservación en el sentido de los principios o, más bien, a las actividades espaciales latu sensu, conforme lo estipulado en el Artículo VI del Tratado de 1967. Observa, asimismo, que el uso de información satelital por terceros Estados parece estar excluido.

Sobre este punto quien suscribe se remite a la postura de Bin Cheng25 con la cual concuerda. El distinguido profesor –ahora emérito– de la Universidad de Londres considera que el Estado observado estaría protegido en forma más efectiva por el Artículo VI26 del Tratado del Espacio, que establece la responsabilidad internacional de los Estados por las actividades nacionales en el espacio ultraterrestre. De manera más restringida, el Principio XIV limita el alcance de dicho Artículo a “los Estados que utilicen satélites de teleobservación”. Y, desde luego, esta postura tiene más fuerza puesto que el Tratado del Espacio es un instrumento internacional vinculante para cerca de un centenar de Estados.

Al respecto, Hedman recuerda los debates en la Subcomisión de Asuntos Jurídicos de Copuos en 2003 referentes a un documento de trabajo presentado por Brasil27 según el cual los países en desarrollo no estarían tan preocupados por la obtención, almacenamiento, procesamiento y distribución de los datos procesados sino, más bien, por el uso que se haga de la información analizada.

Ello indica que el Principio XIV debería leerse juntamente con el Principio IV que estipula que las actividades de teleobservación no deben realizarse en forma perjudicial a los legítimos derechos e intereses del Estado observado.

• Veamos ahora los Principios XII y XIII28. El primero se refiere la accesibilidad de los datos obtenidos por parte del Estado observado y, a primera vista, no reconoce ningún tratamiento especial para el Estado observado en lo atinente a la distribución de la información29. Este Principio debe leerse juntamente con el Principio XIII que contempla la celebración de consultas entre el Estado que realiza las actividades de teleobservación y el Estado observado, cuando este último lo solicite, con miras a obtener oportunidades de participación, y efectúa un llamado a la cooperación internacional, con especial referencia a las necesidades de los países en desarrollo.

En opinión del jurista sueco, la primera dificultad se relaciona con la interpretación de los términos “territorio bajo su jurisdicción” con respecto a la accesibilidad de la información en el principio XII, y “territorio” en el principio XIII, que limita la posibilidad de celebrar consultas al “Estado cuyo territorio esté observando”.

Por último, Hedman llama la atención sobre la importancia de la teleobservación en la ejecución de la recomendación de Unispace III –conocida como Unispace III plus 5– y el valor del trabajo de los Equipos de Acción establecidos por Copuos con dicho objetivo30.

Este informe refleja las posiciones de los países en desarrollo, sólidamente fundamentadas por el autor en su informe, sobre la necesidad de adoptar un instrumento vinculante, objetivo por el cual el profesor Monserrat ha luchado durante años, tanto en el ámbito privado como intergubernamental. Cabe señalar, que posterior a la conferencia de Berlín de 2004, se comenta que este autor atemperó un tanto su posición apoyando, como primer paso, la posibilidad de revisión de los principios en las Naciones Unidas (Copuos) para establecer si eran consistentes aún con los nuevos escenarios.

En este sentido, para sostener la necesidad de un convenio sobre el tema, Monserrat se basa en dos pilares; los cuales se señalan:

• la comercialización de los servicios de teleobservación y

• la preservación del derecho a la accesibilidad de la información sin discriminación.

De acuerdo a lo expuesto, el punto de partida es el enfrentamiento de principios tradicionales que, citando a la presente autora31, Monserrat describe de la siguiente forma:

• Libertad de exploración y utilización del espacio ultraterrestre (Artículo I del Tratado del Espacio de 1967) por un lado, y, por otro, el principio de soberanía que, aplicado a este campo, puede interpretarse como el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados o principio de jurisdicción exclusiva, consagrado en el Artículo 2.7 de la carta de las Naciones Unidas.

• Libertad de información relacionada a los datos obtenidos, por un lado y, por otro, el previo consentimiento del Estado observado que surge del principio de soberanía de los Estados sobre los recursos  naturales, proclamado en reiteradas oportunidades por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Basándose en las fuentes mencionadas, a las que agrega argumentos propios, Monserrat (2007), sostiene con firmeza que en el escenario actual los Principios de las Naciones Unidas de 1986 no constituyen una regulación eficaz. Nada dicen, por ejemplo, sobre el papel del sector privado en cuanto al cumplimiento de los principios. En otras palabras, mientras las tecnologías satelitales han evolucionado con rapidez, el derecho ha permanecido a la zaga de dicho avance. Las empresas comerciales que ofrecen servicios de teleobservación operan hoy en un mercado global desprovisto de regulación específica y ello constituye, en su opinión, un aspecto sumamente preocupante. En consecuencia, Monserrat (2007), presenta las siguientes recomendaciones:

1. Las actividades de teleobservación deben ser reguladas por un acuerdo específico y completo elaborado por la Subcomisión de Asuntos Jurídicos de Copuos, sobre la base de los Principios de las Naciones Unidas.

2 El acuerdo debería aclarar, detallar y desarrollar los actuales principios y elaborar nuevos, si fuera necesario, a fin de crear un instrumento jurídico actual y eficaz que regule la utilización internacional de las tecnologías satelitales más avanzadas en beneficio de todos los países y, de este modo, logre un equilibrio entre los legítimos derechos e intereses de los países que realizan actividades de teleobservación y los de los países observados.

3. El acuerdo debería alentar una cooperación sólida y efectiva entre los intereses estatales y comerciales vinculados a las actividades de teleobservación, que deberían organizarse como un servicio público.

4. Debe mantenerse la libertad de observación mediante satélites y garantizarse en términos inequívocos el derecho a la accesibilidad, por parte del Estado observado, a la información relativa a su territorio y recursos naturales. Esto significa, inter alia, precisar el significado de la frase “accesibilidad a la información sin discriminación y a un costo razonable”.

A continuación, en versión al español del original inglés33, las observaciones y sugerencias de la presente autora presentadas a la conferencia de Berlín de 2004 en su carácter de titular de la Comisión de Derecho Espacial. Se refleja en ellas, a manera de denominadores comunes, la posición predominante en el momento. Este texto fue debatido y aprobado por los miembros en la sesión de trabajo de Berlín34. Seguirán luego los avances más recientes registrados en la conferencia de Toronto (2006).

1. Los Principios de las Naciones Unidas sobre Teleobservación de la tierra (1986) constituyen, en el plano internacional, el único instrumento que contiene normas y criterios específicos sobre el tema. Varios de ellos son hoy declarativos de una costumbre internacional y, por ende, obligatorios.

3. Las definiciones incluidas en el Principio I no bastan en el presente contexto internacional. Guardan silencio sobre aspectos significativos de la teleobservación de la Tierra, como ser la distribución, diseminación y comercialización de la información obtenido por tecnologías espaciales, y subsiguientemente procesada.

4. Los principios no mencionan el alcance de ciertos términos utilizados en ese contexto, como ser, el “accesibilidad de la información por parte de los países observados”, “necesidades e intereses de países en desarrollo”, “costo razonable”, “consultas”, “responsabilidad internacional de los Estados”.

5. No se pudo lograr consenso, ni dentro de la comisión de Derecho Espacial de la ILA ni tampoco en doctrina en general, sobre la necesidad de contar con un instrumento internacional vinculante para regir estas actividades.

6. La opinión predominante, particularmente en los niveles intergubernamentales, es evitar soluciones prematuras, dado que no se han registrado reclamos hasta el momento.

7. En consecuencia, la arena política no sería propicia para avanzar hacia normas vinculantes.

8. Un camino razonable entonces parece ser la adopción de legislación nacional sobre el tema unido a un análisis por entidades gubernamentales y privadas de los aspectos más controvertidos e incompletos de los Principios.

9. Las legislaciones nacionales deberían contemplar, en un comienzo, los asuntos relativos a la protección y distribución de la información; así como también, mecanismos de otorgamiento de licencias, para dar así una mayor transparencia a las actividades de teleobservación.

10. Tanto los países industrializados como en vías de desarrollo ofrecen hoy ejemplos de legislación nacional sobre actividades espaciales, así como de acuerdos bilaterales y regionales que cubren algunos temas no tratados por los principios.

11. En relación a la protección de la información obtenida por estas tecnologías, sería razonable que la legislación espacial de los Estados, de conformidad con el artículo VI del Tratado del Espacio de 196735, contenga disposiciones relativas a la autorización y fiscalización de la actividad privada en el espacio de empresas bajo su jurisdicción.

13. La cooperación internacional tiene una misión significativa en el campo de la teleobservación de la Tierra, en especial para superar diferencias entre países industrializados y en desarrollo.

14. En el marco de la actividad espacial comercial y sus varias aplicaciones, parece apropiado comenzar el estudio de sugerencias y líneas rectoras relativas al valor como medio de prueba de la información obtenida por los satélites de observación de la Tierra en litigios nacionales e internacionales.

NOTA: Los comentarios detallados del Informe de Berlín, y las opiniones y sugerencias de los miembros de la comisión aparecen, en su versión completa, en el libro de la 71ª Conferencia de la ILA36.

Dos años más tarde, en la conferencia de Toronto, se revisan los aspectos más polémicos sobre la utilización de satélites de observación de la tierra para establecer su consistencia en el contexto de 2006. En esta oportunidad, se destacó la importancia y fuerte conexión de la utilización de dichos satélites con el registro de los vehículos espaciales –regido actualmente por la convención de las Naciones Unidas sobre el registro de objetos lanzados al Espacio Ultraterretre de 1975– hoy en vigor.

Sin embargo, en este momento dicho instrumento cuenta con sólo 49 ratificaciones. El objetivo en Toronto, como más adelante se verá, era obvio: sacar a este instrumento jurídico de su estancamiento y lograr un apoyo más fuerte para tan importante asunto, sea por la introducción de ajustes en el texto original o por medio de un instrumento separado que actualizara y diera mayor precisión a los requisitos exigidos para inscribir a los vehículos espaciales en los registros nacionales y en el de las Naciones Unidas.

En este sentido, la doctrina internacional continuó avanzando en esta conferencia en la cual, se expusieron los resultados de nuevos estudios y doctrinas, examinándose asimismo temas pendientes cuyo debate había comenzado en Berlín. Los resultados del debate fueron plasmados tanto en el informe de la comisión de la ILA, como en la sesión de trabajo de la conferencia en Toronto, tomando en consideración los escenarios políticos del momento.

El mandato para Toronto incluyó la teleobservación de la tierra, la adopción de legislación nacional espacial y temas relativos al registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, tema éste fuertemente ligado a los dos primeros37. Desde esta perspectiva, en lo relacionado a la teleobservación de la tierra hubo un acuerdo general sobre la necesidad de continuar la revisión de los principios de las Naciones Unidas y su consistencia con los escenarios regionales e internacionales del momento signados por el avance tecnológico. De igual modo, se evaluó la posibilidad de preparar algunas directrices o criterios de interpretación para ciertos términos y expresiones incorporadas a estos principios.

De igual forma, se discutió la validez de los principios, es decir, si podían verse como parte integrante de la costumbre internacional o, para plantearlo a la inversa, si la práctica de los Estados demostraba que los principios de las Naciones Unidas estaban siendo observados. Las respuestas fueron en su mayor parte afirmativas, con alguna excepción.

En lo relacionado a la teleobservación y registro de los objetos lanzados al espacio ultraterrestre, como antes se dijera, se advirtió –no sin cierta alarma– el escaso número de ratificaciones que la convención de las Naciones Unidas de 1975 había logrado hasta el momento. Cuarenta y nueve ratificaciones importan apenas un cuarto de los miembros de la comunidad internacional.

El problema fue planteado, por la autora, en su informe a la conferencia de la ILA de Nueva Delhi39, basándose en la experiencia del British Instituteof International & Comparative Law (BIICL, Londres) que convocara a un grupo de juristas y especialistas en interpretación de información y mapas satelitales a fin de compartir sus conocimientos y experiencias en este nuevo campo. Dicho grupo elaboró un informe sobre el tema que posteriormente presentó a la conferencia anual del BIICL, el 22 de junio de 2001, ocasión en la que se debatió exhaustivamente su contenido40.