Pérez, A. y Díaz, M. (2008). Caracas: Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello. Instituto Pedagógico de Caracas. Universidad Pedagógica Experimental Libertador; 169 páginas

En dos ocasiones hemos tenido la oportunidad de leer este trabajo de las profesoras Anneris de Pérez y María Elena Díaz. En cada una de ellas el interés por su contenido se relacionó con aspectos diferentes. La primera vez se discutía, con mucha vehemencia por parte de los involucrados en el tema y en las decisiones, acerca de la conveniencia o no de la supresión de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) como principal requisito de ingreso a las universidades públicas del país. En la segunda ocasión, ya eliminada la prueba, nuestras reflexiones apuntan a la responsabilidad del estado venezolano a la hora de ofrecer una educación de calidad, que garantice a los bachilleres la prosecución de sus estudios a nivel superior. Entremos en materia.

La PAA –según se desprende de la lectura del libro- surge como una vía para resolver el problema del cupo en las instituciones de educación superior en Venezuela. Cuando la oferta resultó menor que la demanda fue necesario crear un mecanismo para restringir el ingreso a las universidades públicas y ese parecía un sistema viable. Visto así, desde su origen, el propósito de esta no se hallaba directamente vinculado a la vocación ni a las aptitudes de los aspirantes para alcanzar el éxito académico. Por tal razón Pérez y

Díaz afirman: "La Prueba que hasta 2007 venía administrando la Oficina de Planificación del Sector Universitario (…) no determina aptitudes hacia un área específica, sino que (…) sus resultados son utilizados para la selección de los estudiantes que podrán ingresar a las Instituciones de Educación Superior." (p.91). En tal sentido la califican como "un mecanismo de exclusión". La aplicación de la prueba encubría el hecho de que no existen cupos suficientes para quienes obtienen anualmente el título de bachilleres y para la población flotante que año tras año va quedando sin posibilidades de continuar sus estudios en las universidades públicas.

Otro aspecto de interés, entre muchos que contempla el libro comentado, tiene que ver con la Subprueba de Comprensión de Lectura que forma parte de la Prueba de Aptitud Académica. A juicio de las autoras, dicha prueba "se fundamenta (…) en lo que idealmente debe ser el estatus de un individuo que pretende ingresar a una universidad, y no (…) en lo que realmente el bachiller venezolano ha adquirido." (p. 92). Aunque ellas opinan que este instrumento se apoya en las concepciones más recientes sobre la lectura señalan que deben revisarse y analizarse las competencias que se evalúan a fin de determinar si "se ajustan a un adecuado proceso técnico de selección de los textos y de elaboración de los ítemes" (p.93). Todo esto, más allá de los acuerdos o desacuerdos sobre la eliminación de la prueba, es prioritario cuando se habla de la formación académica del venezolano y ha de constituirse en reflexión obligada para quienes nos desempeñamos como docentes de lengua. Asimismo resulta interesante para la reflexión sugerida, revisar los anexos 6, 7 y 8 del trabajo de Pérez y Díaz, que contienen entrevistas realizadas a tres estudiantes de bachillerato que presentaron la PAA, porque se complementarían nuestras apreciaciones acerca del tema. Estos jóvenes expresan sus puntos

de vista acerca de la PAA en general y sobre la subprueba de lectura en particular, además de aportar sus pareceres en cuanto a la formación recibida en sus liceos, su desempeño en las pruebas y el modo en que debía realizarse el ingreso a las universidades.

Lo anteriormente expuesto nos conduce a la reflexión que suscitó la mayor cantidad de inquietudes en nuestra segunda lectura: ¿acaso no es responsabilidad del estado venezolano la formación de bachilleres aptos para desempeñarse exitosamente en sus estudios de educación superior? ¿por qué luego de once años de escolaridad en las áreas de lengua y matemática no se tienen las competencias mínimas requeridas para proseguir los estudios universitarios? Anneris de Pérez y María Elena Díaz insistentemente hablan de equidad y justicia para exigir un sistema de ingreso a las universidades. Citan la Declaración Mundial de la UNESCO sobre la Educación Superior en el siglo XXI, y esta reza que el acceso a la educación superior debería estar abierto "a toda persona que haya finalizado satisfactoriamente la enseñanza secundaria u otros estudios equivalentes o que reúna las condiciones necesarias…sin ninguna discriminación" (UNESCO, 1998. Citado por Pérez y Díaz, 2008. p.891).27 La lectura de esta cita nos devuelve a las preguntas que encabezan este párrafo: y nos lleva a plantearnos otra que las complementa: ¿acaso la educación recibida por nuestros bachilleres les permite culminar satisfactoriamente sus estudios secundarios?

del libro- que el énfasis debe estar en exigir una educación de calidad en todos los niveles. De ese modo se garantizaría eso que la Declaración de la UNESCO expresa: finalizar satisfactoriamente la enseñanza secundaria. No se puede continuar con una política de paños calientes que busque resolver el problema al momento de tener a los bachilleres a las puertas de la universidad. Se ha hablado de cursos remediales, propedéuticos de un año de duración que les aporten los conocimientos requeridos para cada una de las carreras a las cuales aspiren, pero estos también podrían convertirse en un mecanismo encubridor de la ausencia de cupos. Lo primero, creemos, debe ser exigirle al estado una educación de calidad, pues la ausencia de esta es la causa principal del problema. Requerimos docentes capacitados y con salarios dignos, instituciones bien dotadas, planes de estudio actualizados y congruentes con la realidad nacional. De no ser así, se continuará dejando para después la solución del problema.

1 Las negritas son nuestras.