Eduardo M. Basualdo*

* Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y del Área de Economía y Tecnología de la Flacso. El autor agradece los valiosos comentarios y aportes de Enrique Arceo y Nicolás Arceo. Argentina.

Correo-e: basu@flacso.org.ar

Introducción

Durante los últimos meses se desplegó en la Argentina un prolongado conflicto entre el agro pampeano y el actual Gobierno, elegido en octubre de 2007, a raíz del régimen de retenciones móviles¹ instaurado en marzo de 2008 y anulado recientemente tras su rechazo en el Senado de la nación.

Se trata de un enfrentamiento inédito, tanto por su duración como por la cohesión alcanzada por todas las organizaciones representativas del agro pampeano y los métodos utilizados durante su desarrollo (cortes masivos de rutas, desabastecimiento de alimentos a los centros urbanos, alianzas con los transportistas, cacerolazos, etc.). No obstante, lo más peculiar de esta confrontación es que se desarrolla en una etapa en que todos los productores, sean pequeños, medianos o grandes, obtienen una elevada rentabilidad originada tanto en la mayor devaluación del tipo de cambio real en la historia argentina llevada a cabo en 2002, como en el notable incremento de los precios internacionales a principios de 2008. Ambos factores impulsaron un incremento acentuado de la rentabilidad sectorial aun con la aplicación de este nuevo sistema de retenciones móviles. De acuerdo con las estimaciones disponibles, la rentabilidad por hectárea de soja con posterioridad a la vigencia del nuevo régimen alcanzó, en pesos constantes de 2007, a 1.223$ por hectárea, mientras que el promedio de 2007, medido en la misma forma y para idéntico cultivo, había sido de 846$ por hectárea. Es decir, que a pesar de la aplicación de las nuevas retenciones, el ingreso por hectárea de los productores se incrementó en un 45 por ciento.²

En general, los análisis realizados durante el desarrollo de este conmocionante conflicto se han movido en el terreno político o han destacado el significado económico de las retenciones, pero cuando se abordaron las problemáticas más estructurales o referentes al comportamiento del agro pampeano, los diagnósticos discreparon fuertemente y, salvo excepciones,³ no estuvieron respaldados por evidencias empíricas.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, en este trabajo se intenta indagar las continuidades y transformaciones más relevantes del agro pampeano durante las últimas décadas para identificar los factores que, con las múltiples mediaciones del caso, parecen impulsar este inusual veto de los distintos tipos de productores a la política gubernamental. Constituye una crucial instancia analítica porque se trata de un conflicto irresuelto, ya que en el año 2001 se agotó el patrón de acumulación de capital basado en la valorización financiera, puesto en marcha por la dictadura militar en 1976,⁴ y se inició una fase de transición donde se están desplegando nuevas alianzas y contradicciones sociales que responden en última instancia a importantes modificaciones estructurales que se originaron en décadas anteriores y persisten en la actualidad.

En la primera parte de este trabajo se realiza un somero recuento de la evolución de la producción sectorial, las vías de incorporación de nueva tecnología y las formas de trabajo durante las últimas décadas, para luego identificar el sujeto social que encabezó ese proceso, con especial referencia a la incidencia actual de los pools de siembra, los fondos de inversión agrícola y los fideicomisos, los cuales han sido señalados en repetidas ocasiones como una forma de producción controlada por agentes económicos extrasectoriales, causantes de desequilibrios en el funcionamiento productivo y social del agro pampeano.

Evolución sectorial durante las últimas décadas

La interrupción de la sustitución de importaciones por parte de la dictadura militar que se inició en 1976 dio lugar a la fase de liquidación de ganado vacuno más prolongada y profunda de la historia argentina, al menos desde que hay estadísticas sobre faena y stock ganadero. Sobre la base de la información oficial, se constata una inédita reducción del stock entre 1977 y 1988: de 61,1 millones de cabezas a sólo 47,1 millones en el último de los años mencionados. Si bien en el primer quinquenio de los años noventa el stock volvió a incrementarse, siempre se mantuvo claramente por debajo de los registros alcanzados en los años setenta, ya que en 1994 llegó a 53,2 millones de cabezas.

Parece poco discutible que la declinación de la producción ganadera estuvo asociada tanto a las transformaciones que se produjeron en la economía local como a las modificaciones acontecidas durante esos años en los mercados externos. En el plano local, la agricultura pampeana registró profundas modificaciones tecnológicas y productivas que dieron lugar a un aumento en su rentabilidad con respecto a la ganadería, a través de una reducción de los costos de producción por unidad de producto. El cambio tecnológico en los insumos demandados por la producción agrícola (herbicidas, fertilizantes, semillas híbridas, etc.) produjo un notorio abaratamiento de los mismos, la combinación de la producción de trigo-soja en un mismo ciclo de producción impulsó un aumento de la producción, y al mismo tiempo se arraigó una nueva forma de trabajo que permite un uso más intensivo de los bienes de capital: los contratistas (empresas con maquinarias y equipos agrícolas que se dedican a realizar la siembra o cosecha a cambio de un porcentaje sobre la producción obtenida o de un pago en efectivo).

Por otra parte, el cierre paulatino de los mercados de exportación de carne vacuna a mediados de los años setenta provocó una reducción significativa en el volumen exportado, quedando la producción ganadera supeditada al comportamiento de la declinante demanda doméstica. Asimismo, tras la abrupta contracción que sufrieron los precios agrícolas como resultado de la crisis del petróleo, se asistió a una recuperación en los precios de los mismos en el mercado mundial, proceso que fue reforzado por la acentuada reducción de las retenciones a las exportaciones que aplicó la dictadura militar.

De acuerdo al modus operandi tradicional del agro pampeano, cuando disminuye el stock de animales vacunos se incrementa el área ocupada por la producción agrícola, sobre la base de las tierras que son aptas para ambos tipos de producciones y que quedaron libres de ganado. Sin embargo, este comportamiento tan central en la producción agropecuaria no se cumplió, ya que mientras estaba en marcha la mayor liquidación de cabezas de la historia argentina, el área sembrada real durante diecisiete años nunca alcanzó la superficie trabajada en la campaña 1976/1977 (v. gráfico 1). Cabe señalar que la superficie sembrada consignada fue la que realmente se utilizó en cada uno de los años que abarca el período considerado (eliminando la duplicación de la producción de trigo-soja en el mismo ciclo), y que su reducción se registra a pesar de que ella comprende las nuevas tierras que se incorporaron con fines agrícolas durante esos años y que, por cierto, fueron cuantiosas.

En consecuencia, las pruebas disponibles indican de una manera contundente que durante el período analizado se expresaron alteraciones de tal magnitud en la producción agropecuaria pampeana que permiten aseverar que se diluyó el funcionamiento típico del mismo basado en el ciclo ganadero. Sin embargo, esta disolución no estuvo relacionada, en esa época, con una especialización sectorial en la producción de granos, ya que la superficie sembrada disminuyó en forma ostensible a lo largo de todo el lapso. En realidad se trató de un prolongado período en que el sector agropecuario pampeano expulsó recursos hacia el resto de la economía (el valor de la liquidación ganadera) e incluso dejó una ingente superficie de tierra sin utilizar con fines productivos, lo cual indica que parte del excedente agrícola tampoco se reinvirtió en la actividad y migró fuera de ella.

La cuestión entonces radica en identificar las causas que determinaron esa modificación, y para ello es decisivo tener en cuenta que toda la teoría del ciclo ganadero supone que la alternancia entre la producción agrícola y la ganadera se define sobre la base de sus rentabilidades relativas. Desde este punto de vista, lo que están indicando las evidencias analizadas es que desde la interrupción de la sustitución de importaciones en 1976 dichas rentabilidades ya no fueron las únicas que rigieron el rumbo sectorial. De allí que el sector en su conjunto haya expulsado recursos hacia el resto de la economía de una manera tan acentuada que no sólo se registró una matanza ganadera inédita, sino que se dejó una parte considerable de la tierra agrícola sin uso productivo. En consecuencia, hay que buscar fuera de la actividad el factor desequilibrante que generó esta alteración en el comportamiento sectorial del resto de la economía, que fue, en principio, hacia donde se dirigió el excedente generado en esta actividad.

Si bien el análisis de la economía argentina en su conjunto supera largamente los alcances de este trabajo, hay una serie de elementos que permiten arribar a explicaciones plausibles y relevantes. Basta indicar, entonces, que uno de los elementos decisivos de la política económica dictatorial para reestructurar la economía argentina consistió en la aplicación de políticas monetaristas, para lo cual fue fundamental la reforma financiera implementada a mediados de 1977. Una de las consecuencias centrales de la misma fue eliminar la posibilidad de que el sector estatal se financie mediante la emisión de dinero por parte del Banco Central (BCRA), obligándolo a endeudarse con el sistema financiero. Como el sector público es el mayor tomador de crédito de la economía argentina, esta medida determinó que las elevadas tasas de interés de aquellos años fueran el precio relativo predominante de la economía argentina. Posteriormente, a partir de la transferencia de la deuda interna privada al sector público y la consiguiente desmonetización de la economía, continuó la misma situación, ya que el predominio de la tasa de interés promedio, resultante de las múltiples colaciones financieras posibles, continuó prevaleciendo como precio relativo en el conjunto de la economía nacional.

Si, como todos los indicios parecen indicar, la ganancia financiera derivada de la elevada tasa de interés superó sistemáticamente la rentabilidad de las principales producciones pampeanas (granos y carne), se tiene la explicación de los motivos que determinaron la disolución del ciclo ganadero a lo largo del período analizado. Es decir, la producción pampeana dejó de regirse por dos rentabilidades (agrícola y ganadera), para pasar a definir el destino del excedente sectorial por tres rentabilidades: la financiera, la agrícola y la ganadera.⁵ De esta manera, el agro pampeano se incorporó al patrón de acumulación de capital sustentado en la valorización del capital que regía la evolución de la economía argentina en su conjunto.

A partir de mediados de la década de los noventa comienza un inédita expansión de la producción agrícola, sustentada no solamente en un incremento de la productividad, sino también en un crecimiento de la superficie sembrada y en una alteración en la composición de la producción, ya que la soja será la que lidere esta nueva fase.

De esta manera, tal como se verifica en el gráfico 2, la producción de granos se eleva de 40 a 93 millones de toneladas entre 1994 y 2007, mientras que el área cultivada alcanza a 31 millones de hectáreas en el último año mencionado, cuando trece años antes llegaba a 20 millones de hectáreas. Al mismo tiempo, la información disponible sobre el stock ganadero indica que este sigue descendiendo, pero a un ritmo más moderado.

La convergencia de las nuevas innovaciones tecnológicas con la consolidación de las transformaciones registradas en la etapa anterior impulsó este inédito crecimiento de la producción agrícola. Indudablemente, la introducción de la soja transgénica fue un factor relevante para incrementar la producción y la productividad, debido a la aptitud de la misma para ser cultivada en zonas que hasta ese momento no eran aptas para producir granos. Por otra parte, al mismo tiempo que se consolida la presencia del «contratista», se desarrolla la maquinaria y se difunde rápidamente la siembra directa que, al no exigir la roturación de la tierra, disminuye el costo y la erosión del terreno.

Dentro de esta línea analítica, es preciso mencionar otros tres procesos que se conjugan durante esta etapa. El primero de ellos se refiere al dinamismo que adquiere, y las consecuencias que desencadena, la expansión sojera. La información disponible indica que se trata del cultivo de mayor crecimiento, tanto en términos de superficie sembrada como de producción física (v. cuadro 1). No obstante, es necesario apuntar que la mayoría de los principales cultivos registran un aumento apreciable en el área sembrada y especialmente en la producción, siendo el girasol la única excepción en ambos aspectos, aunque el resto de los cultivos (alpiste, sorgo, avena, cebada, etc.) sí exhiben una reducción significativa en ambas variables. Es decir, que el crecimiento de la soja no implica el desplazamiento masivo de los otros cultivos relevantes en el agro pampeano, sino una expansión diferencial, salvo en el caso del girasol. Estrechamente vinculado con lo anterior cabe remarcar que en todos los principales cultivos, y la misma excepción, se registra un notable crecimiento de la productividad, que en este caso es encabezado por el maíz.

El segundo proceso que se despliega durante esta etapa está relacionado con la evolución del precio internacional. Como se verifica en el mismo cuadro 1, hasta el año 2007 el precio internacional permanece estancado o desciende en todos los principales cultivos pampeanos. Por lo tanto, el incremento del valor de la producción y de las exportaciones resulta del aumento del área sembrada y de la productividad, situación que se altera drásticamente a partir de 2008, ya que durante el primer trimestre del corriente año se registran alzas inusitadas en los mismos. Es indiscutible que esta alteración fue la que motivó la vigencia de la Resolución 125 del Ministerio de Economía (retenciones móviles) y la consiguiente reacción de los productores agropecuarios.

El tercer proceso que se registra durante esta etapa alude a la evolución diferencial de los costos de acuerdo con la superficie explotada, debido a la intensificación de las economías de escala en la región pampeana.⁶ Al respecto, es insoslayable mencionar, por su importancia, que tanto las principales transformaciones del proceso de trabajo como las innovaciones tecnológicas y algunos de los grandes cambios estructurales de la década de los noventa –como la privatización de las empresas públicas– potencian las economías de escala, ensanchado la brecha entre la rentabilidad de los grandes productores versus la de los pequeños y medianos. Así, considerando únicamente el impacto de la privatización de las empresas públicas, se constata que la transferencia de la producción petrolera y los ferrocarriles las acentúan significativamente. Cuando Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) pasa a manos de los sectores oligopólicos privados, la nueva empresa vende el gasoil demandado por los terratenientes a lo largo del año mediante el pago en cuotas y con una bonificación significativa (alrededor del 20 por ciento), con la posibilidad de que el comprador lo retire, de acuerdo a sus necesidades, de las estaciones de servicio de su zona. En el mismo sentido, pero con características diferentes, opera la privatización del transporte ferroviario de carga, porque los operadores de este servicio les otorgan cupos a los demandantes que aseguren elevados volúmenes de carga a transportar, que son, obviamente, los exportadores y los terratenientes dentro de los productores agropecuarios.

Fracciones de la burguesía agraria que son centrales en el comportamiento del agro pampeano

El estudio de la importancia diferencial que asumen las fracciones del capital agrario en la región pampeana enfrenta la dificultad de la inexistencia de información básica al respecto. No ocurre lo mismo con la provincia de Buenos Aires, que constituye el núcleo central de esa región al ser la de mayor productividad y concentrar el 41 por ciento de la superficie implantada y el 49 por ciento del stock ganadero, lo cual permite realizar una aproximación relevante a esta problemática.

Se puede asumir que durante la Convertibilidad permanece la situación imperante a fines de la década anterior, donde los propietarios explotan, directa o indirectamente, 25 millones de hectáreas (el 92 por ciento de la superficie agropecuaria provincial), ya que las violentas modificaciones que se verifican en la propiedad del capital en la economía argentina en la década de los noventa no se expresan en el sector agropecuario pampeano y específicamente en el agro bonaerense, aunque sí lo hacen con alguna intensidad en la región extrapampeana. Los estudios realizados al respecto indican que las transferencias netas de tierras vinculadas a los grandes propietarios bonaerenses son relativamente reducidas, al menos hasta mediados de la década pasada,⁷ debido a que la concentración de la propiedad de la tierra ya era sumamente elevada durante ese decenio.

No es sorprendente, entonces, que la superficie que controlan los grandes propietarios permanezca más o menos estable entre fines de los años ochenta y mediados de los noventa. Las evidencias empíricas sobre la concentración de la propiedad rural entre 1989 y 1996 confirman la primera suposición (cuadro 2). Los grandes propietarios siguen controlando el 32 por ciento de la superficie provincial y en su composición sólo se observan pequeñas alteraciones que dan como resultado un leve acentuamiento en la relevancia de los propietarios con mayor superficie de tierra.

Ante esta situación, tampoco puede llamar la atención que la incidencia del capital extranjero no se incremente durante el período analizado. Por cierto, la estabilidad de la participación extranjera significa que sigue siendo tan poco relevante como hasta ese momento, lo cual determina que la situación sectorial en esta materia presente un marcado contraste con lo que ocurre en otras producciones primarias que generan renta (petróleo, gas, minería en general), en las actividades financieras, en la prestación de servicios públicos, en la producción industrial, etc., donde la incidencia del capital extranjero alcanza niveles extraordinariamente elevados en términos históricos.

Sobre la base de esta primera aproximación a la propiedad, el análisis de la distribución del valor de producción generado por los grandes propietarios según las distintas formas de propiedad⁸ permite diferenciar, a grosso modo, la conducta adoptada por los estratos sociales que conviven dentro de la cúpula de los terratenientes bonaerenses. Al respecto, cabe recordar que la superficie adoptada tradicionalmente para delimitar los grandes propietarios rurales bonaerenses (2.500 o más hectáreas) congrega al menos dos de los estratos sociales que forman parte de la estructura social agraria bonaerense: parcialmente a los propietarios mediano-grandes, y a la mayoría de la oligarquía pampeana. En términos generales, el primero de ellos se expresa con intensidad en las personas físicas y jurídicas, que son las que tienen el promedio de hectáreas por propietario más reducido de la cúpula. Por el contrario, los grupos de sociedades captan el núcleo central de la oligarquía pampeana, convergiendo allí los integrantes más consolidados tanto de la fracción de la oligarquía diversificada (grupos económicos) como de la eminentemente agropecuaria (grupos agropecuarios insertos en múltiples actividades y especialmente las industriales).⁹ Finalmente, la naturaleza de las dos formas de propiedad restantes (condominios y formas mixtas) indica que allí confluyen tanto integrantes del estrato mediano-grande como de la oligarquía tradicional eminentemente agropecuaria. Todo parece indicar que, mientras en los condominios predominan los propietarios mediano-grandes, en las formas mixtas, por el contrario, los integrantes de la oligarquía agropecuaria ejercen una influencia relativa más intensa.

La composición del valor bruto de producción de los propietarios rurales bonaerenses con 2.500 o más hectáreas indica un claro predominio de los productos agrícolas sobre los ganaderos. Así, la agricultura, que representa el 26,7 por ciento de la superficie de la cúpula de los grandes propietarios, concentra el 58,9 por ciento del valor bruto de producción, mientras que la ganadería, que ocupa el 69,9 por ciento de la superficie, representa el 41,1 por ciento del valor de producción generado por los grandes propietarios en sus 8,3 millones de hectáreas. Por lo tanto, ahora en términos del valor de producción éstos son principalmente agrícolas debido a los precios relativos vigentes en el agro pampeano a mediados de los años noventa.

Analizando este fenómeno desde el punto de vista de las fracciones del capital agrario, resulta evidente que los propietarios mediano-grandes (personas físicas y jurídicas) son los más ganaderos de la cúpula, mientras que la oligarquía pampeana (grupos de sociedades) es la relativamente más agrícola. En consecuencia, la situación de la oligarquía pampeana en 1996 discrepa fuertemente de la visión que la caracterizaba como una «oligarquía vacuna», ya que, considerando el valor de producción, no solo predomina la agricultura –rasgo que comparte con el resto de los grandes propietarios–, sino que, además, es la más asentada en la producción agrícola de toda la cúpula.

Aproximación específica a los grandes propietarios y sus transformaciones recientes

El examen de los propietarios con veinte mil hectáreas o más en el distrito bonaerense permite precisar la idiosincrasia de los grandes terratenientes en la actualidad. En el cuadro 4 se constata que los 53 propietarios que cumplen esa condición controlan el 8,7 por ciento de la superficie agropecuaria provincial (2,4 millones de hectáreas, versus 27,2 millones de hectáreas totales de acuerdo al Censo Agropecuario de 1988).

Tan o más importante es que estos grandes propietarios, que también expresan las características que exhiben los que se ubican en los estratos de tamaño menores a esta extensión, continúan siendo en la actualidad las tradicionales familias propietarias de tierras que conformaban la oligarquía agropecuaria durante el modelo agroexportador y fueron fundadoras del Estado moderno en la Argentina. Obviamente, median diferencias con esa época que consisten no sólo en la extensión de la superficie que controlan, porque en reiteradas oportunidades se separan las propiedades de ramas familiares que tienen un mismo origen,¹⁰ sino también en la manera en que controlan sus propiedades. En efecto, en la actualidad las familias terratenientes controlan sus tierras mediante el grupo de sociedades, aunque ocasionalmente también recurren a una única sociedad o al condominio. El grupo de sociedades es la forma de propiedad más efectiva para reguardar la unidad de tierra y por esa razón es la más difundida no sólo en la oligarquía diversificada (grupos económicos), que no tiene otra alternativa por estar insertos en múltiples actividades económicas, sino también en aquella que es eminentemente agropecuaria (grupos agropecuarios). No obstante, cabe señalar que los grandes terratenientes bonaerenses mantienen una característica relevante, que consiste en que son una parte significativa de los grandes propietarios a nivel nacional debido a que tienen campos en múltiples provincias.

En este contexto, es ineludible mencionar que las transformaciones estructurales que se desplegaron durante la década de los noventa modificaron la conformación de los mayores terratenientes de la cúpula agropecuaria bonaerense. En los primeros años de esa década ocurrió la primer transformación estructural, que consistió en la privatización de empresas públicas, la cual trajo aparejada un notable fortalecimiento económico de los principales grupos económicos locales (la mayoría de los cuales eran, a su vez, grandes terratenientes), en tanto participaron como accionistas de los consorcios privados que a partir de ese momento pasaron a prestar los servicios públicos. Cuando hacia mediados de la década pasada culminaba el grueso de la privatización de las empresas estatales, se inició otra modificación estructural relevante que dio lugar a la «extranjerización» de la economía argentina, ya que los grupos económicos locales le vendieron al capital extranjero gran parte de sus principales empresas industriales y su participación en los consorcios que prestan servicios públicos. Esta modificación tiene una singular importancia porque los grupos económicos constituyen la fracción oligárquica que condujo al conjunto de la clase a partir de la industrialización del país, siendo un interlocutor privilegiado del Estado por su incidencia en el sector manufacturero y además en el agropecuario.

Notas acerca de la centralidad de los propietarios y los pools de siembra en la producción pampeana

Como se mencionó anteriormente, a mediados de la década de los noventa, con la conjunción de los precios internacionales y la consolidación de las nuevas tecnologías que elevan la productividad en el agro pampeano (soja transgénica y siembra directa), la rentabilidad agrícola supera la derivada de las colocaciones financieras y se inicia la etapa actual, caracterizada por una acentuada expansión de la producción. En esas circunstancias, surge una nueva forma de producción de naturaleza financiera (los pools de siembra y los fondos de inversión agrícola) porque se trata de empresas que les aseguran un rendimiento determinado a los inversores y arriendan tierras para producir. Sin embargo, su presencia fue minoritaria¹¹ y declinó sensiblemente a partir de la crisis final de la convertibilidad que comenzó en 1998 y culminó en el 2002.

En la actualidad, durante el enfrentamiento que se despliega alrededor del régimen de retenciones móviles impulsado por el Poder Ejecutivo, las diferentes fracciones del capital agrario, e incluso por momentos el propio Gobierno, coincidieron en afirmar que los pools de siembra eran los actores centrales en la producción agrícola y generaban el desplazamiento de los pequeños y medianos productores mediante el arrendamiento de sus tierras.

Esta caracterización de la situación en el agro pampeano implica postular que el liderazgo de esta nueva forma de producción desplazó la figura del propietario como el principal protagonista productivo y que, tan importante como esto, produjo la disolución de la oligarquía pampeana o, al menos, que la misma ya no participa de las producciones sectoriales más rentables. Es indudable que esta caracterización impulsa la alianza política entre todas las fracciones del capital agrario contra un enemigo común, ajeno al sector, como es el capital financiero que se expresaría en los pools de siembra. Más aún, desde esta visión los nuevos actores serían los favorecidos por el Gobierno, al aplicarles el mismo nivel de retenciones a ellos y a los verdaderos productores, que tienen costos mucho más elevados. Sin embargo, más allá de las razones políticas, es indispensable indagar la veracidad de esos argumentos. La investigación de este aspecto tan trascendente es posible, ya que el último Censo Nacional Agropecuario se realizó en plena expansión de la producción agrícola y las primeras evidencias que provee a este respecto constan en el cuadro 5.

La primera comprobación es que durante la acelerada expansión actual el propietario rural sigue siendo el protagonista decisivo de la producción pampeana. En efecto, los propietarios trabajaban el 90 por ciento de la superficie agropecuaria en 1988 y el 86 por ciento de la misma en 2002, lo cual indica la posición privilegiada que tienen en ambos relevamientos censales respecto a las restantes formas de tenencia.

No obstante esta significativa estabilidad, es preciso reparar en una serie de alteraciones que refuerzan el protagonismo que tradicionalmente ejercieron los propietarios, pero que al mismo tiempo introducen nuevas facetas. En este sentido, es revelador observar que la superficie trabajada por aquellos que sólo explotan sus tierras descendió muy acentuadamente (9,5 millones de hectáreas), mientras que la de los propietarios que, además de explotar sus tierras, trabajan otras, se incrementó en forma ostensible (prácticamente en 5 millones de hectáreas). La importancia de estos últimos se pone de manifiesto cuando se constata que son los «tomadores de tierras» más relevantes de la región pampeana, superando ampliamente a quienes son «arrendatarios puros», entre los que se encuentran los pools de siembra pertenecientes al sector financiero. En efecto, al confrontar la superficie tomada en arrendamiento por los propietarios y por quienes no lo son, se constata una notable superioridad de los primeros (17,3 versus 5,5 millones de hectáreas de acuerdo con el cuadro 5). Más aún, considerando el incremento de la superficie entre 1988 y 2002 de cada uno de ellos, el aumento de las tierras arrendadas por los propietarios supera al de los «arrendatarios puros» en un 160 por ciento (5,8 contra 1,9 millones de hectáreas).

Pese a lo contundente de estas evidencias para indicar la trascendencia del propietario, cabe la posibilidad de que, pese a la escasa incidencia que alcanzan los «arrendatarios puros» en términos de superficie (el 8,0 por ciento de la total), la misma se concentre en el arrendamiento de grandes extensiones. Ciertamente, si esto fuera así no se revertirían los resultados globales, pero sería un signo inequívoco de la presencia de los pools de siembra conformados por el capital financiero. Sin embargo, las estadísticas censales que reproduce el gráfico 3 establecen que ocurre todo lo contrario, ya que, a medida que se incrementa la superficie arrendada, la significación de los propietarios que la toman, y no de los arrendatarios sin tierra propia, aumenta notoriamente.

Por otra parte, es muy relevante que la mitad de la superficie arrendada por propietarios de campos se concentre en predios de hasta 1.500 hectáreas (8,6 millones de hectáreas sobre un total 17,3 millones de hectáreas arrendadas por propietarios) porque presumiblemente en esos tamaños predominan la toma de tierras por parte de los pequeños y medianos propietarios pampeanos.

En consecuencia, la información censal permite inferir que la nueva forma de producción agrícola que constituyen los pools de siembra está vinculada primordialmente a los propios propietarios pampeanos cualquiera sea su tamaño y, por lo tanto, los que fueron organizados por el sector financiero tienen escasa significación. Conclusión que, por otra parte, es plausible, ya que en una etapa donde rige una elevada rentabilidad que se incrementa substancialmente a medida que lo hace la superficie trabajada por el descenso de los costos de producción (economías de escala), es esperable que tanto los pequeños y medianos propietarios como los grandes terratenientes arrienden tierra para trabajarla, buscando reducir el costo por hectárea y de esa manera elevar substancialmente su rentabilidad.

Síntesis y conclusiones

Durante el cuarto de siglo que media entre los años 1976 y 2001 se desplegó en la Argentina un patrón de acumulación de capital específico, con una entidad comparable al modelo agroexportador de principios de siglo o a la posterior industrialización basada en la sustitución de importaciones, que en este caso estaba sustentado en la valorización financiera del capital. Si bien el mismo implicó una «revancha clasista» sin precedentes llevada a cabo por los sectores dominantes en detrimento del trabajo, también trajo aparejada una redefinición de la propia esfera del capital, incluso del gran capital oligopólico.

A partir de 2002, se inició una fase de transición, ya que a partir del 2001 no se plasmó un nuevo patrón de acumulación de capital sino que se despliega una disputa entre los diferentes sectores sociales por imponer uno determinado y diferente al propuesto por los demás. Durante esa fase, la progresiva y acentuada expansión de la economía real desplaza la centralidad que tuvo anteriormente la valorización financiera, e incluso dentro de ella la producción primaria, la industrial y la construcción ganan terreno en términos de las rentabilidades relativas respecto a los servicios públicos, que desde la privatización de las empresas estatales había predominado en la economía argentina, compitiendo favorablemente con la tasa de interés.

Por supuesto, no es posible analizar aquí el conjunto de esas transformaciones y sus diferentes repercusiones en las diferentes clases sociales y fracciones sociales, pero sí mencionar una que constituye el contexto del conflicto actual que se despliega entre el Gobierno y los productores del agro pampeano. Se trata de la nueva situación de la relación entre el capital y el trabajo, que se expresa en los límites que enfrentan los trabajadores para mejorar su situación en términos de la distribución de ingreso. Sobre esta temática, cabe recordar que durante la acentuada reactivación de la economía argentina desde 2002 en adelante, la participación de los asalariados en el ingreso avanzó, principalmente, a través del aumento de la ocupación, provocando una disminución significativa del «ejército industrial de reserva», luego que en 2006/2007 comenzara una creciente reivindicación de incrementos salariales e incluso de políticas estatales encaminadas a recomponer el mercado de trabajo.¹² Sin embargo, en ese momento comienzan crecientes presiones inflacionarias que las neutralizan a pesar de que el costo salarial evolucionaba muy por debajo del salario real, impidiendo que la participación de los asalariados alcanzara los guarismos que había registrado en el año 2001, los cuales, por otra parte, se ubicaban entre los más bajos de las últimas décadas.¹³

En estas circunstancias, se inicia en marzo de 2008 la confrontación analizada, que indica la intención del agro pampeano de terciar en la disputa por la distribución del ingreso y, al mismo tiempo, subordinar a los asalariados y a la producción industrial a su propio proceso de acumulación de capital. En efecto, no se trata de una reacción sectorial ante un impuesto confiscatorio, ya que, como fue señalado, el nuevo régimen de retenciones le reconocía a los productores un incremento del 45 por ciento en su rentabilidad, sino de incrementar sus beneficios y ocupar el centro de la escena política y económica definiendo un patrón de acumulación de capital en donde tanto los asalariados como la producción industrial operen de allí en más en función de sus propios requerimientos de expansión.

Habiendo esclarecido, o al menos planteado, una hipótesis de trabajo acerca de la relación que mantiene este conflicto con el movimiento general de las fracciones más relevantes del capital durante la etapa actual, es insoslayable extraer conclusiones sobre los elementos políticos que intervienen y los factores estructurales específicos del agro pampeano que habilitan la conformación de alianzas sociales inéditas dentro y fuera del sector, las cuales les permiten a los terratenientes pampeanos encabezar en la actualidad las reivindicaciones de los sectores dominantes.

Respecto a los elementos políticos que se expresaron en la disputa, cabe referir al menos dos de ellos. Luego del triunfo en las elecciones presidenciales de octubre de 2007, el Gobierno actual privilegió una construcción política sustentada en el Partido Justicialista, asumiendo en consecuencia el ex presidente Néstor Kirchner la presidencia del mismo. El principal argumento para hacerlo radicaba en que, si el oficialismo no ocupaba ese espacio, lo haría la oposición. Sin embargo, adoptar esa estrategia implicó una severa derrota, porque a lo largo de la valorización financiera (1976-2001) ese partido fue cooptado por los sectores dominantes mediante el «transformismo», perdiendo su capacidad de convocar a los sectores populares.¹⁴ De hecho, el conflicto político a raíz del régimen de retenciones móviles se entabló entre un aparato estatal con una escasa capacidad de convocatoria y movilización social y un frente social conformado por diversas fracciones del agro pampeano, sectores medios, el oligopolio que controla los medios de comunicación y las fuerzas políticas opositoras. De esta manera, en una situación que se caracteriza por una creciente activación de la derecha política y una desmovilización popular, a lo largo de la confrontación el Gobierno perdió, primero la batalla por el «sentido común» en la sociedad, luego la disputa de la movilización social en las calles, y finalmente el litigio parlamentario.

A su vez, durante el tratamiento parlamentario se puso de manifiesto un debate de singular importancia que seguramente formará parte de la nueva agenda política que instaló este conflicto. Contrariando todas las previsiones oficiales, el escollo insalvable durante el tratamiento parlamentario de las retenciones móviles no estuvo en la Cámara de Diputados sino en la de Senadores, donde supuestamente la representación del oficialismo era claramente superior a la que ostentaban las fuerzas opositoras. Institucionalmente, el rasgo distintivo de los senadores es que representan los intereses provinciales, y todo parece indicar que allí estuvo uno de los factores que, junto al carácter del peronismo mencionado previamente, determinó la derrota del proyecto oficial, pues los representantes de las provincias expresaron no sólo la presión social imperante en sus jurisdicciones –sumamente intensa especialmente en las pampeanas–, sino su reclamo a participar en los ingresos derivados de la renta agropecuaria y, más aún, en un replanteo de la manera en que se distribuyen los ingresos fiscales entre el Gobierno nacional y los provinciales (coparticipación federal). De esta manera se expresa y procesa en el país una problemática que está presente en América Latina y que consiste en la autonomía de las regiones; situación que tiene a Bolivia como punto neurálgico, pero que también se despliega en otros países, como es el caso del Ecuador.

El abordaje de la situación estructural del agro pampeano exige recordar que la articulación de los nuevos insumos agrícolas (fertilizantes, herbicidas, etc.) con las nuevas formas de trabajo (contratismo), la siembra directa y las privatizaciones dio como resultado la potenciación de las economías de escala en ese sector. A su vez, ese proceso de transformación productiva que permite la gran expansión agrícola liderada por la producción de soja desde 1995 en adelante acentúa las diferencias tradicionales entre los grandes terratenientes y los pequeños y medianos productores pampeanos.

La exacerbación de las economías de escala deviene en un hecho trascendente, porque la gran propiedad sigue detentando un papel central en el agro pampeano. En efecto, tal como se analizó previamente, los grandes terratenientes bonaerenses (aquellos con 2.500 o más hectáreas) son propietarios de una parte significativa de la superficie agropecuaria provincial (alrededor de 8,8 millones de hectáreas que representan el 32 por ciento de la extensión total), y controlan sus tierras mediante diversas formas de propiedad, siendo los grupos de sociedades decisivos en los mayores propietarios porque les permite conservar la unidad de tierra, neutralizando de esta manera los efectos disgregadores que tiene la sucesión hereditaria. Las evidencias empíricas también indican que, cuando se inicia a mediados de la década de los noventa la gran expansión productiva actual, los grandes propietarios son principalmente productores agrícolas, rasgo que se acentúa notoriamente a medida que aumenta la superficie que controlan.

A pesar de la importancia que adquieren la incidencia en la propiedad de la tierra y el predominio agrícola en la producción como rasgos distintivos de los terratenientes, son insuficientes para aprehender su naturaleza, porque tan importante como ellos es que los mayores propietarios de tierras son la continuidad de la oligarquía agropecuaria pampeana que conformó el Estado moderno en el país. Más todavía, en la actualidad están presentes en la cúpula agropecuaria las dos fracciones que se sucedieron a lo largo del tiempo en la conducción de la clase en su conjunto. La eminentemente agropecuaria, que fue hegemónica durante el modelo agroexportador de principios de siglo, y aquella que, además de ser terrateniente, está inserta en otras actividades económicas, y fue la conductora de la clase a partir de la consolidación de la industrialización en el país.

De por sí, esta característica de los grandes terratenientes pampeanos es relevante, pero en la actualidad lo es más porque una de las modificaciones trascendentes del segundo quinquenio de la década de los noventa fue la extranjerización de la industria local, principalmente por la venta de una parte significativa de sus empresas industriales realizada por esa fracción diversificada de la oligarquía que terminó fugando esos recursos al exterior. Es indudable que esa fracción diversificada de la oligarquía, al ser principalmente financiera (inversiones de ese tipo en el exterior) y agropecuaria, no sólo pierde capacidad de interlocución e influencia sobre el Estado, especialmente en una etapa crítica donde la expansión industrial es indispensable, sino que modifica su estrategia de acumulación, que ahora se centra en la producción agropecuaria sobre la base de las transformaciones antes mencionadas, las cuales se ven reforzadas a partir del notable incremento de los precios internacionales de esos productos en 2008. Esta fracción de la oligarquía no intenta recuperar sus posiciones en la producción industrial disputándole al capital extranjero su predominio en esa actividad, sino que intenta restringir el crecimiento y definir la composición de la misma a través de la expansión del agro pampeano.

Tanto las condiciones estructurales del agro pampeano como la evolución de los acontecimientos indican que los terratenientes pampeanos son centrales en el proceso actual. No obstante, el desarrollo del conflicto indica que la participación de una parte significativa de los pequeños y medianos productores ha sido muy activa y vital para la derrota parlamentaria y social del proyecto oficial sobre las retenciones móviles. La gran novedad no ha sido la alianza entre la oligarquía pampeana y los pequeños y medianos productores representados por la Federación Agraria Argentina, porque este ha sido el modus operandi sectorial desde al menos la segunda etapa de sustitución de importaciones, sino que la inédita subordinación de dicha entidad a los dictámenes estratégicos de los terratenientes arrastró a las fracciones del capital agrario más débiles a desechar durante el conflicto una neta victoria de sus intereses económicos. La importancia del tema amerita investigar con cierto detalle la fracción específica que estableció esa alianza y en qué consistió esa derrota.

Es indudable que la profundización de las economías de escala en el agro pampeano provocó una elevación importante de los arrendamientos de tierra, que alcanzaron al 50,5 por ciento de la superficie pampeana entre 1988 y 2002, comprometiendo en este último año prácticamente 23 millones de hectáreas que representan alrededor del 34 por ciento de la superficie agropecuaria del área. Esta expansión es la que le permitió a los representantes del agro señalar reiteradamente que los pools de siembra y los Fondos de Inversión Agrícolas organizados por agentes financieros desplazaban a los verdaderos productores y se apoderaban de la renta agropecuaria. Las evidencias censales de 2002 desmienten esta caracterización de la situación, porque indican que los principales arrendatarios son los propietarios de tierras (un 76 por ciento de la superficie arrendada en la zona pampeana) y la incidencia de los mismos aumenta ostensiblemente a medida que aumenta la superficie arrendada. En consecuencia, todas las evidencias disponibles indican que mayoritariamente los pools de siembra y los Fondos de Inversión Agrícola no pertenecen a fracciones del capital extrasectoriales, sino a los propietarios, los cuales detentan un significativo manejo financiero que adquirieron, tal como se analizó previamente, durante la vigencia de la valorización financiera.

Teniendo en cuenta las características que asumen los arrendamientos, parece oportuno preguntarse cuáles son los propietarios que ceden tierra y los que la toman mediante el arrendamiento de tierras. El primer aspecto a tener en cuenta es que generalmente las economías de escala no implican una disminución permanente del costo por hectárea, ya que a partir de determinada superficie se registra el movimiento inverso porque comienza a operar, por distintos motivos, un proceso inverso: las deseconomías de escala.

A pesar de la escueta explicación, este marco conceptual permite comprender que tanto a los pequeños y medianos como a los grandes propietarios cuyas extensiones son inferiores a la del costo medio mínimo les conviene aumentar la superficie trabajada tomando tierra mediante el arrendamiento a otros propietarios, siempre que su precio sea inferior al descenso de su costo medio. Asimismo, ese mismo marco conceptual permite comprobar que a los grandes propietarios cuyas extensiones de tierra superan aquella donde se registra ese costo mínimo, y tienen deseconomías de escala, les conviene ceder tierras en el caso en que la combinación de la rentabilidad total supere la percibida por trabajar toda su extensión.

Más allá de todas las posibles alternativas en que se puede combinar la propiedad y el arrendamiento, lo relevante de aprehender es que las nuevas condiciones que presenta el agro pampeano indican que los pequeños y medianos propietarios que toman tierra mediante el arrendamiento son a quienes principalmente expresa la Federación Agraria Argentina e integran la alianza que conduce la oligarquía pampeana. De esta manera, se pone de manifiesto, pese a las reiteradas manifestaciones en contrario, un giro copernicano en la naturaleza de esta organización, la cual nació en 1912 a partir de un enfrentamiento con la oligarquía pampeana debido a la explotación que los pequeños y medianos productores sufrían como arrendatarios,¹⁵ con el agravante de que ahora gran parte de los que ceden tierra son también pequeños y medianos propietarios.

También influyó en la conformación de esta alianza la propia acción del Gobierno, en tanto su política no discriminó entre las diferentes fracciones del capital agrario ni vinculó el nuevo régimen con acciones contra las grandes exportadoras de cereales ni el oligopolio industrial demandante de insumos agrícolas. Políticas discriminadas que hubieran sido importantes sabiendo que históricamente el sector agrario siempre se unificó bajo la conducción de los terratenientes cuando pugnaba por mayores ingresos. Igualmente importante parece haber sido no desactivar y, peor aún, en ciertos momentos haber alentado la caracterización de que todos los productores enfrentaban un enemigo común que eran los pools de siembra pertenecientes a capitales financieros.

Bajo este mismo marco conceptual de las economías de escala, se puede dilucidar la situación en que quedan los integrantes de la alianza social pampeana luego de su victoria social y parlamentaria en el conflicto de las retenciones. Resulta poco discutible que los grandes terratenientes fueron los beneficiarios principales de ese proceso en tanto las retenciones volvieron al nivel vigente antes del notable incremento de precios internacionales y además, por la extensión de sus tierras, exhiben las mayores economías de escala, es decir los costos por hectárea más reducidos. También se benefician, pero en menor medida, los propietarios rentistas que ceden y no trabajan sus tierras, ya que el valor del arrendamiento se incrementa en función de la rentabilidad sectorial, que dadas las circunstancias mencionadas aumentó ostensiblemente respecto a 2007.

Diferente es la situación de los propietarios pequeños y medianos que toman tierras porque su posición competitiva –no sólo para incrementar la superficie arrendada, sino para poder conservar la que ya trabajan– empeora significativamente respecto de los que tienen mayores economías de escala, sean latifundistas o propietarios medianos grandes. Obviamente, también perjudicó a los pequeños propietarios que ceden tierra, ya que los mismos, con el proyecto de diputados, podrían haber mejorado aún más su rentabilidad. Desde esta perspectiva, la fracción del capital agrario que se subordinó a los grandes terratenientes en la alianza política que llevó a cabo el enfrentamiento contra las retenciones móviles logró una victoria pírrica, porque participó activamente de un triunfo político ajeno y fue derrotada en términos de sus intereses particulares.

Más aún, por su subordinación a los intereses de la oligarquía agropecuaria esta fracción del capital agrario dejó pasar un triunfo que tenía al alcance de la mano. El proyecto del Poder Ejecutivo para la ratificación en el Congreso Nacional fue modificado por la Cámara de Diputados, introduciéndole la denominada segmentación de las retenciones (una alícuota menor para los pequeños y medianos productores) y reconociendo una compensación por distancia (subsidio) para aquellos que producían a más de 400 km de la zona portuaria. A pesar de que esa propuesta, que fue aprobada por dicha Cámara y remitida a la de senadores, conllevaba una victoria política y económica de esta fracción del capital agrario, la Federación Agraria se opuso férreamente a la misma, acatando la conducción real ejercida por los intereses de los grandes terratenientes, que sí resultaban afectados por dicho proyecto en ambos aspectos.¹⁶

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Notas