Beatriz Fernández Cabrera*

* Investigadora del Área de Desarrollo Urbano-Regional del Centro de Estudios del Desarrollo, Cendes, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. Correo-e: fernandezbeatrice@gmail.com

Resumen

El proceso de construcción del hábitat popular está lleno de esfuerzos y resistencias, y la defensa del lugar de vida es pieza clave en la movilización colectiva por la igualdad social. En los últimos diez años, en Venezuela este fenómeno deja de ser un enfrentamiento desarticulado, puntual y esporádico de pobladores en asentamientos ilegales y comienza a convertirse en un movimiento de base que demanda el hábitat como derecho y la titularidad de la tierra habitada. El análisis de los Comités de Tierras Urbanas muestra un avance hacia un manejo sociopolítico del problema que logra el giro del marco legal y la concreción de beneficios. Se percibe el despliegue de una territorialidad vital (defensa de la tierra ocupada) y el desarrollo de una territorialidad política que busca legitimar los derechos e indica la formación de nuevas resistencias.

Palabras clave Movimiento socioterritorial / Sectores populares urbanos / Sujeto popular / Territorialidad popular

Abstract

In the urban mass settlements the process of building means plenty of effort and resistance, and the defense of the living space is a key factor in collective mobilization for social equality. In the last ten years, in Venezuela this phenomenon went from an uncoordinated, pinpointed, and sporadic confrontation by dwellers in squatter settlements to the beginning of a grassroots movement that demands the right of occupancy and legal ownership of the occupied land. Analysis of Urban Land Committees shows a move towards a sociopolitical management of the matter that accomplished a turn of the legal framework and got concrete benefits. It shows the deployment of a vital territoriality (defense of the occupied land), and the development of a policy that seeks to legitimize territorial rights and points to the formation of new resistances.

Key words Socioterritorial movement / Urban poor sectors / Political subject / Territoriality

América Latina no quiere ni tiene por qué ser un alfil sin albedrío, ni tiene nada de quimérico

que sus designios de independencia y originalidad se conviertan en una aspiración occidental [...]

¿Por qué la originalidad que se nos admite sin reservas en la literatura se nos niega

con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difíciles de cambio social?

¿Por qué pensar que la justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer

en sus países no puede ser también un objetivo latinoamericano con métodos

distintos en condiciones diferentes?

Gabriel García Márquez

«La soledad de América Latina»

Introducción

Ya en las postrimerías del siglo XX, la vivencia del malestar se expandió en el cuerpo de la sociedad, en la vida cotidiana, y se hicieron notorias las respuestas multitudinarias de los sectores populares. El repertorio de sus acciones colectivas mostró un claro núcleo de defensa de sus lugares de vida. Así fuimos y somos testigos, entre otras, de las permanentes luchas contra el desalojo de las villas, los barrios y favelas latinoamericanas;¹ de las bajadas desde El Alto en Bolivia; del «caracazo» en Venezuela; de las ocupa­ciones del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra en Brasil; de los caracoles de los zapatistas mexicanos y los piqueteros de Argentina.

La ocupación de «la tierra», o la construcción social del espacio (Lefebvre, 1974), genera conflictualidad, y en esa tensión ella recupera su significado no solo como valor de uso –que es de por sí importante–, sino también en su dimensión sociocultural de «lugar», como pedazos de vida. Esta valoración del territorio impulsa y sustancializa de manera importante la movilización de los sectores populares urbanos hacia la conciencia colectiva de sus derechos y la conquista de espacios de bienestar.

En Venezuela, la lucha por la tierra urbana ha producido organización social. Esta lucha, al ampliar su base social de apoyo articulando distintos grupos vinculados a la problemática del hábitat, desdibuja su carácter local e inmediatista, y su horizonte estratégico apunta a la constitución de un movimiento social orgánico, nutrido por los logros y dificultades ante los cambios políticos e institucionales ocurridos en los dos periodos de gobierno de Hugo Chávez.

El surgimiento de un nuevo marco jurídico no es un evento más de un transcurrir lineal e inocuo; el giro del marco legal producido por el Estado para pautar la ocupación de los asentamientos populares está acompañado y es presionado por un conjunto de acciones colectivas de los habitantes de esos predios. En este proceso se apreciará un esperado antagonismo entre el contenido de las demandas de los pobladores y los intereses económicos y políticos de los propietarios de las tierras. Adicionalmente, se percibe una tensión entre la visión convencional del proceso de regularización de tierras urbanas sostenida por funcionarios del Estado y la concepción avanzada de propiedad colectiva producida por el proceso de debate en las bases sociales.

En ese sentido, la inclusión de la vivienda como derecho en la Constitución de 1999 (art. 82) y la formulación del decreto 1666 en el 2002 marcan el inicio de un ciclo de movilizaciones de los pobladores de los asentamientos populares que conducen a la promulgación de la Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos Populares del 2006 (RBV, 2006), la cual requirió reformas hasta llegar a la Ley Especial de Secularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos o Periurbanos del 2011 (RBV, 2011b). Este marco crea e impulsa la figura de los «Comités de Tierras Urbanas» (CTU),² y este hecho, que formalmente institucionaliza esa figura, informalmente significa el despliegue de una organización y una plataforma social participativa que trasciende el accionar tradicional de los sectores populares en este tema, presionando perseverantemente no solo por conquistar la formulación de la Ley, sino también por la concreción y ejecución de los beneficios otorgados por ella; siendo esto último un móvil para su crecimiento político-organizativo.

Por tanto, el análisis de la acción de los CTU constituye un caso emblemático en el estudio de la organización de los sectores populares, y nos permite afirmar que ellos ocupan un significativo lugar para comprender el anclaje territorial del proceso de cambio político que sucede hoy en Venezuela: su raíz popular urbana.

En síntesis, a través del análisis de la actividad de los CTU, este artículo procura reflexionar sobre el avance desde una territorialidad tradicional vital (expresada en la disputa por el derecho a la tierra que ocupan) hacia una territorialidad desplegada en espacios políticos y simbólicos culturales, y que emerge de la lucha por legitimar su posicionamiento como sujeto dentro del orden societal.

Precisiones iniciales: en torno a la territorialidad popular…

En el caso de la producción de ciudad, lo conflictual se hace presente en el antagonismo entre los sectores populares que defienden el lugar que habitan, y los propietarios y/o empresarios inmobiliarios que defienden las tierras como patrimonio o capital. Notorias son estas lógicas diferenciales: la de los pobres responde a su sobrevivencia, al querer tener o mantener un espacio para poder vivir; de allí que posea un carácter defensivo, justificado por los procesos de desplazamiento y desalojos vividos. En contraposición, la lógica de actuación de los propietarios y/o empresarios inmobiliarios es la de acumulación de capital, la cual es portadora de la legalidad otorgada por el derecho de propiedad; de allí que posea un carácter socialmente hegemónico.

Evidencias de la hegemonía del sector inmobiliario urbano se plasman en el patrón de ocupación y uso del territorio; y ella se expresa en la expulsión de más del 50 por ciento de los pobladores de las ciudades latinoamericanas a los intersticios, a los pedazos de ciudades más vulnerables e insuficientemente atendidos.

En torno a la naturaleza de este conflicto de lógicas en la apropiación del territorio, el geógrafo brasileño Mançano Fernandes (s.f./b:3-4) resalta el antagonismo presente como enfrentamiento de modos de vida y choque de modelos de reproducción y desarrollo de social; al respecto apunta:

Las relaciones y clases sociales producen diferentes territorios y espacios que se reproducen en permanente conflictualidad. [...] Lo que está en disputa es desde un pedazo de tierra, donde la persona vive, en la comunidad, en el barrio, hasta las formas de organización espacial y territorial de los campos, ciudades y bosques, que constituyen los países. […] Las disputas territoriales son, por tanto, de significación, de las relaciones sociales y del control de los diferentes tipos de territorios por las clases sociales.

Territorialidad popular urbana

Precisemos: cuando nos referimos a la territorialidad popular hablamos no solo de la defensa de la vivienda, sino también la defensa del lugar como espacio vital. Ahora bien, en el proceso fundacional de las comunidades populares existen elementos que crean historia cotidiana, generan lazos y conflictos, y que de una u otra forma modelan una identidad que influye en los contenidos de las acciones colectivas. Entre ellos destacamos el proceso de ocupación del suelo, el mecanismo de autoconstrucción del hábitat popular y las filiaciones originarias de los grupos ocupantes (familiares, étnicas, laborales). Así:

El primer elemento fundacional, la ocupación de las parcelas, nos refiere a un proceso difícil y complejo de instalación de los inmigrantes que llegan individualmente (como familias) a una ciudad en la cual la posibilidad de acceder a un lote de suelo urbano depende –en la mayoría de los casos– de las condiciones de un mercado irregular. De manera usual, ocurren tomas colectivas directas de terrenos públicos o privados sin ocupación urbana previa, cuyo parcelamiento es realizado por las mismas familias que los ocuparán, o compras en mercados informales clandestinos en donde hay venta irregular del derecho de ocupación.⁵ Estas alternativas de «ocupación» son el mecanismo predominante desarrollado por los sectores populares frente al mercado formal de la vivienda, al cual no tienen acceso.

En Venezuela, aunque hay registros de estas ocupaciones desde principios del siglo XX, será fundamentalmente desde 1958 cuando, tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se producen invasiones en los principales centros urbanos, que luego se multiplicarán en el periodo democrático. Señala Alberto Lovera (1995:91), citando a Hernández, que las ocupaciones urbanas directas en los barrios recuperan una práctica tradicional del ámbito rural venezolano de utilizar la tierra cuando se necesita, con consentimiento o no de los propietarios. Vale la pena destacar que dicha práctica de ocupación es trasladada al ambiente urbano, y que también habrá una intervención del Estado a favor de los propietarios, ejecutando desalojos, con base en un marco jurídico heredado de la colonización española. Para ilustrar lo anterior el autor cita a Pérez Perdomo e indica: «en los barrios populares presentan formas jurídicas informales, escrituras que valorizan la posesión de la vivienda y por ende del terreno, una especie de traspaso, forma no reconocida legalmente. Lo que sí existe en muchos casos es el titulo supletorio de las vivienda, notariado, hecho que ampara tanto la parcela como las bienhechurías allí construidas por los posesionarios» (ibíd.). Este primer elemento fundacional asignará a los pobladores de las zonas populares una condición de ilegalidad que «los condena» a una batalla por recuperar su lugar en la ciudad y su posición en la sociedad. En este proceso de lucha se darán eventos, prácticas y acciones colectivas que permitirán la socialización de necesidades, y crearán las condiciones para la conformación de una identidad colectiva.

El tercer elemento fundacional es la mixtura de grupos de origen que intervienen en la configuración del sentido de comunidad. Los territorios populares se forman al calor de complejos procesos migratorios que alimentan el poblamiento urbano de esa periferia. Desde la perspectiva antropológica, la incertidumbre de la incorporación a la ciudad, unida al carácter gregario que acompaña a toda emigración masiva, se traduce en una cadena humana de ayuda mutua en la que cada nueva familia asentada llama a sus parientes y paisanos para vivir, para ser vecinos: casa tras casa, se da una reproducción de la comunidad de origen, recomponiendo los lazos humanos y de solidaridad dentro del hostil espacio social urbano (Andreatta, 2002). El proceso de integración de los diferentes grupos con costumbres y habitus⁶ diferenciales se hará con tensiones en muchas ocasiones superadas con eventos como la lucha contra el desalojo, el proceso de gestión de los servicios o la participación en celebraciones colectivas.

Estos tres elementos confluyen, entonces, en la configuración del barrio como territorio popular, en el cual la producción de la identidad de los pobladores emerge de la conciencia de participación en la construcción del territorio en donde se habita (Andrade, 1994:214; cit. en Bustos Ávila, 2009). De una u otra manera se confirma lo planteado por Haesbaert (2004), la idea de apropiación de territorio no solo desde el punto de vista material, sino también desde el simbólico. Y es en este orden simbólico que Lefebvre (1974) resalta la diferencia entre los conceptos de espacio apropiado y espacio dominado. Para este autor, la dominación sería consecuencia de las prácticas sociales y de la técnica, mientras que la apropiación sería la modificación de un espacio para servir a las necesidades y a las posibilidades de un grupo social.

En ese orden de ideas, la conformación de los barrios será la apropiación por parte de los sectores populares de fragmentos del territorio urbano. Así, el traslado de la residencia de los campesinos hacia la ciudad es una experiencia espacio-temporal que significa la desterritorialización de su dinámica rural; no obstante, llena a los migrantes de nuevos sentidos y significados de las localidades receptoras. De una u otra forma, el barrio da anclaje territorial en la ciudad a esa ruralidad movilizada.

El barrio es una entidad urbana no solo espacial-funcional, sino también simbólica y afectiva para sus ocupantes. Es un lugar generador de actitudes, estilos, oficios, muy ligados todos ellos a la cotidianidad del comportamiento de las personas que lo habitan. La conciencia de ser de un barrio ofrece a la urbe una textura de modos de vida diferenciados: ser de Catia no es lo mismo que ser de Petare. La vecindad se vive como conciencia de paisanaje, dándole potencia al hecho comunitario; de aquí que también el barrio haya sido y sea hoy una base de lanzamiento de movimientos sociopolíticos urbanos, dado que sus habitantes, además de reclamar dotaciones infraestructurales y servicios concretos, postulan la integración del barrio en la ciudad. Al ser la tierra y la vivienda donde se habita elementos que le dan seguridad a los sectores populares, y viviendo en una lógica de la sobrevivencia similar a la del cazador (como señala Denis Merklen, 2004), tener vivienda y mejorarla se convierte en el proyecto familiar de los sectores populares, constituye una forma de protegerse a futuro, y genera un mecanismo de autoprotección.

Por esa razón, frente al proceso de empobrecimiento y de desafiliación masivo de la década de los ochenta y noventa, señala Merklen (ibíd.), estos sectores emprenderán expresiones colectivas más orgánicas en torno al hábitat y defenderán el barrio como refugio, un lugar tanto de repliegue de sus luchas, como de inscripción colectiva. El repliegue hacia el barrio de las acciones colectivas de los sectores populares se explicará por el vacío dejado por los canales asociativos tradicionales (partidos y sindicatos), hecho que incidirá en el desarrollo de un conjunto de solidaridades primarias y locales (vecinazgo, estructuras familiares, grupos religiosos, etc.) que dan lugar a un fortalecimiento de la organización comunitaria a través de organizaciones barriales. Fenómeno que le suministrará al territorio urbano resonancia social, ya que al combinar la inscripción territorial y la acción colectiva hace del barrio un bastión de resistencia (ibíd.).

Conformación de la topografía de la diferencia social en Caracas

Caracas es una ciudad donde las diferencias están a la vista: la mayoría de los barrios bordean la ciudad o se incrustan en las orillas de las quebradas, «coexistiendo trozos urbanos cuyos procesos topogenéticos han sido disímiles y contrastantes entre ellos» (Martín Rodríguez, 2008). Las características topográficas del valle de Caracas, bordeado al norte por el Parque Nacional El Ávila y al oeste, sur y sur-este por el Parque Nacional Macarao y la Zona Protectora de Área Metropolitana de Caracas, hacen que exista un limitado número de hectáreas planas, determinando que la expansión urbana tenga fronteras físicas, constituidas por los cerros y colinas.

La explosión del crecimiento urbano del valle central, que se había saturado ya a mediados del siglo pasado, coincide con el auge de la modernización petrolera y de la democracia liberal, contexto que dinamizará el aprovechamiento rentístico del suelo urbano e introducirá deformaciones espaciales que incidirán hasta la actualidad en la configuración del modelo de crecimiento fragmentado y excluyente. Hacia los años sesenta, José Agustín Silva Michelena (1970:20-21) ilustraba en términos sociopolíticos los inicios del proceso de urbanización en Venezuela, de la forma siguiente:

]]> La nueva dinámica y tipo de crecimiento económico petrolero ha cambiado las condiciones de existencia para muchos venezolanos de los sectores medios, obreros y campesinos, ubicándose en los sitios más visibles, pero menos adecuados para vivir, de las ciudades. La movilidad residencial de los grupos sociales rurales hacia las ciudades a partir de la década de los veinte produjo la inversión de la tasa rural-urbana, lo cual no estuvo aparejado con un crecimiento industrial. […] Así pues, al contrario de lo que ocurrió en la formación de los países capitalistas, donde las ciudades crecieron siguiendo el crecimiento de las industrias, el crecimiento de las ciudades venezolanas tuvo lugar antes y con mayor rapidez que el crecimiento industrial. En el caso venezolano esto se agrava por la baja capacidad de generar empleo que tiene el sector exportador, pese a su alta productividad. […] Pero estaba visto que los integrantes de la nueva elite de poder no podían cambiar demasiado el país, no solo porque no tenían el propósito de hacerlo, sino también porque la burguesía venezolana era incapaz, económica y culturalmente, de impulsar la industrialización del país… Por esa razón, la explotación del petróleo se hizo casi sin control nacional de ninguna especie; por el contrario, se hizo con toda la libertad que podían ofrecer un equipo gobernante ligado por sus cimientos a una estructura económica de base agraria y dependiente y una burguesía consular que veía en la especulación de tierras urbanas y en las operaciones financieras que recién se iniciaban ilimitadas posibilidades de obtener grandes ganancias sin riesgo alguno. (Silva Michelena, 1970:20-21)⁷

En el hecho de destacar el proceso de acumulación de diversos grupos económicos, vía la transferencia de los recursos fiscales proveniente de la explotación industrial del petróleo, Silva Michelena coincide con Elena Machado de Acedo, quien en un excelente trabajo titulado Estado y grupos económicos en Venezuela (Machado de Acedo y otros, 1981) demuestra el rol central del Estado en la acumulación de capitales privados, al orientar el gasto público hacia obras de infraestructura que privilegian el negocio urbano y la industria de la construcción. La autora destaca los vínculos entre los directivos de las compañías constructoras, el gobierno y los propietarios de las tierras y urbanizadores; todos los cuales conforman parte de la elite dominante de la Venezuela del siglo pasado. Y afirma que: «El conjunto de decisiones de política urbana en un período de creciente urbanización, incide en un proceso especulativo que tiende a beneficiar a propietarios de tierras y a urbanizadores. […] La explosión demográfica que marca una conveniente escasez de tierras y la creciente necesidad habitacional es aprovechada para urbanizar zonas hasta ese momento fuera del mercado de tierras» (ibíd.:186).⁸

Puntualizando, en el mercado de tierras destacan los siguientes elementos:

–    Un crecimiento urbano íntimamente vinculado a grandes inversiones en infraestructura y servicios, llevadas a cabo por el Estado.

–    Un carácter espontáneo y explosivo de la construcción urbana –al margen de toda planificación y organización del espacio– que llevará a que en 1951 se formule un Plan Regulador de Caracas.

–    El alza de los precios de los terrenos urbanizables y la ausencia de controles efectivos en los movimientos de los precios.

–    El alto índice de concentración de tierras. Se desata el negocio de comprar grandes lotes de tierra de las haciendas que constituían los mejores terrenos por ubicación y por topografía. Una sola compañía acapara el 30.4 por ciento de las urbanizaciones (su junta directiva tiene grandes vínculos con el gobierno de Pérez Jiménez). La tenencia de los terrenos con menores restricciones físicas, concentrada en pocas familias propietarias, hace incrementar los costos de dichas tierras, en contraste con las áreas que presentan mayores restricciones. Este mecanismo de concentración y acaparamiento de las mejores tierras urbanizables constituye una de las principales vías de realización de los capitales urbanos (ibíd.:187).

–    Los propietarios de grandes haciendas también se convierten en urbanizadores (en el 50 por ciento de los casos, los propietarios coinciden con el urbanizador).

Martín Frechilla (1994) da cuenta de este proceso puntualizando que quizás por omisión o por la imposición empírica de la praxis urbanística se fue modelando un tejido urbano limitado por la estructura de tenencia de tierra urbana concentrada en pocas familias y una base urbana poblacional cada vez más creciente y más ancha sin acceso a un buen emplazamiento urbano, debido al acaparamiento de los buenos terrenos; los propietarios de terrenos y urbanizadores incidieron según sus intereses en la modelación de la morfología urbana y la dirección del crecimiento de la ciudad.

Así que la recepción y ubicación en la ciudad de los trabajadores rurales migrados ocurrirá en terrenos obtenidos no por la compra en el mercado inmobiliario, sino por la vía de ocupaciones colectivas «ilegales», denominadas comúnmente «invasiones»⁹ por suceder en la mayoría de los casos en terrenos de propiedad pública o en terrenos privados. La población, considerada como al margen de la sociedad, se ve en la necesidad de desarrollar un proceso de autoproducción y consumo de viviendas, generando un sistema inmobiliario popular. En la actualidad estos fragmentos urbanos coexisten, se entremezclan, con otros trozos de ciudad, albergando a más del 56,26 por ciento de la población del área metropolitana de Caracas, sobre una superficie aproximada de 4500 hectáreas.¹⁰ De esta manera, el crecimiento urbano de Caracas es un clásico proceso de segregación social del consumo del espacio residencial.

Obedeciendo a esta separación física elemental de la población, se crea en el imaginario urbano de Caracas una separación simbólica, la cual ha servido de elemento de polarización de la sociedad hasta nuestros días: «la ciudad de los ricos al este y la de los pobres al oeste». De alguna manera se genera una topografía de la diferencia social.

¿La territorialidad vital se transforma en territorialidad política?¹¹

La interpretación del repertorio de acciones de los CTU (2002-2012) nos indica un cambio en la noción de la territorialidad: de la visión inicial referida a la defensa del lugar de vida –en ese sentido denominada «territorialidad vital»–, la cual apenas cuestionaba su estatus de ilegal y aceptaba la diferencia social, hasta la visión colectiva consciente que mantienen los CTU hoy día, que no solo pelea políticamente por la materialización de derechos territoriales de los pobladores de los asentamientos urbanos segregados de la ciudad y la sociedad, sino que, además, al reclamar la legitimidad de sus demandas, presiona al Estado por una mayor participación en la formulación de políticas. Esto último transciende lo barrial y abre otros horizontes de referencia en el campo de la lucha social, y ello nos permite hablar de una «territorialidad política», por cuanto existe una lucha por conquistar espacios o terrenos de participación anteriormente negados.

De hecho, los planteamientos de los CTU sobre la democratización del suelo urbano y la ciudad nos advierten de la ocurrencia de un escenario de tensiones y antagonismo social, tal como lo señala Sack (1986:5; cit. por Del Cueto, 2007): «La territorialidad no existe a menos que haya un intento por parte de los individuos o grupos de afectar las interacciones con otros». Es decir, la satisfacción del derecho de hábitat y de habitar de los sectores populares necesariamente exige la potencia del accionar colectivo popular, y lógicamente activa el antagonismo de los otros sectores sociales que históricamente han dominado las localizaciones en la ciudad. En ese enfrentamiento se vehiculiza la profundización de la construcción identitaria de los sectores populares politizados, puesto que la diferencia social emerge y cabe esperar el desarrollo de prácticas que estructuran una resistencia política.

No obstante, otros autores, como García Guadilla (2007) y Rebotier (2010), relativizan el alcance de la acción política del movimiento de los CTU en términos de la autonomía frente al Estado, y señalan que:

Los CTU se consideran autónomos por sus demandas y visiones alternativas de sociedad más que por la relación que mantienen con el Estado. Demandan la valoración de la titularidad de la tenencia de la tierra, que está asociada a la protección de los individuos y de las comunidades contra el desalojo y no tan solo al valor mercantil de la misma; también demandan el derecho a su cultura y modo de vida y la democratización del suelo, que consideran «un requisito fundamental no solo para hacer viable una política de vivienda de alcance masivo, sino que es un instrumento esencial para lograr el equilibrio territorial». (Propuesta de los CTU a la Misión Vivienda, 2004, p. 7; cit. por García Guadilla, 2007:63).

… la multiplicación de las formas institucionales participativas, así como la politización de las desigualdades sociales, favorecen la visibilidad y el protagonismo de sectores anteriormente marginalizados, dominados sino olvidados. Sin embargo, constantemente se plantea la cuestión de la autonomía de las movilizaciones vs. la amenaza de colonización y manipulación por la autoridad pública. (Rebotier, 2010:10).

El aumento de la cantidad de población que vive en asentamientos no regulados y la imposibilidad de proporcionarle un hábitat adecuado conducen a la formulación de políticas públicas tendientes a paliar la situación urbana de estos hábitats informales y/o «mejorar» la situación de tenencia irregular de los mismos, no a su transformación. Hecho que se corresponde con lo que Andrés Antillano (2010) denomina «una exclusión dialécticamente funcional»,¹² la cual segrega social y espacialmente a los sectores populares, a la vez que los necesita como electores y como mano de obra. Vale la pena destacar que la autoconstrucción de viviendas de los sectores populares desresponsabiliza a los gobiernos de turno de la búsqueda de una solución para estas zonas y su población, permitiendo la ocupación incontrolada y espontánea, con lo cual se agrava y se complejiza la intervención.

Ante esta situación, desde las alcaldías y gobernaciones, propietarias de parte de estos predios, no se promueven los ajustes legales o las iniciativas para lograr algún mecanismo de regularización de la propiedad de los mismos, ni se generan planes de desarrollo ordenado mediante actuación conjunta entre Estado y pobladores; por el contrario, se genera un mercado clientelista de tierra urbana.

Con la adopción de ideas de regularización de las tierras de los asentamientos populares, influidas por el neoliberalismo, se resignificará la integración de los barrios a la ciudad, la cual pasará por la integración al mercado inmobiliario, cayendo inevitablemente en la exacerbación del concepto de propiedad. En esta concepción de regularización importan las tierras de los barrios, no sus pobladores, por cuanto significa su entrada al negocio urbano.

En América Latina, en la década de los ochenta se inician múltiples tipos de programas y proyectos de legalización del dominio del suelo y regularización de la tierra urbana. Nora Clichevsky (2009) plantea como factores que influyeron en esta iniciativa los siguientes:

1. La II Conferencia de Hábitat-UN 1996, que define la tenencia segura como uno de los dos objetivos fundamentales de las acciones que deben proseguir los gobiernos a nivel mundial.

2. El papel de los organismos internacionales de financiamiento, principalmente el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Desde los años noventa especialmente, los organismos internacionales y bilaterales de crédito financian no ya políticas de vivienda, como lo habían hecho tradicionalmente, sino lotes con servicios.

3. Las ideas del economista peruano Hernando de Soto, para el cual la tierra ilegalmente ocupada es un capital que hay que movilizar; una vez legalizada podrá pagar impuestos (lo que se relaciona con el ajuste fiscal, con las reformas del Estado en los países latinoamericanos, en particular la descentralización) y ser objeto de crédito en el sector financiero formal.

La propuesta de regularización de la tenencia de la tierra urbana prende en el contexto venezolano¹³ con una concepción distinta a la de otros países. En su adopción no se produjo –como el caso de Perú– una reducción de la integración social a planteamientos de integración al mercado inmobiliario urbano. Dadas las condiciones particulares del momento político, el Ejecutivo captura y procesa las demandas populares de regularización de tierra urbana¹⁴ y el presidente Hugo Chávez, en febrero del 2002, promulgará el decreto 1666, con el cual se da inicio al proceso de regularización de la tenencia de la tierra en asentamientos urbanos populares, promoverá la rehabilitación integral de los asentamientos y someterá a discusión pública un proyecto de ley con el fin de dotar dicho proceso de una base legal más sólida. Para la ejecución de esta estrategia se impulsa una consulta legislativa cuya figura estratégica son los Comités de Tierras Urbanas (CTU), también creados por este decreto.

Esta figura representará la formalización legal que facilitará a la asamblea de vecinos de una comunidad participar en la definición de las poligonales urbanas, el levantamiento catastral, decidir sobre planes y proyectos, validar la posesión, entre otras cosas, derivando en el reconocimiento de las comunidades ya existentes y su derecho a regularizar la tenencia de la tierra que habitan; además de avanzar en experiencias de participación para el autogobierno y democratización de la ciudad. Cada CTU tendrá una adscripción territorial específica que no deberá superar las doscientas familias, reflejando una unidad no solo espacial, sino también social y comunitaria.

Un ejercicio de interpretación¹⁶

Del análisis cualitativo de apuntes, testimonios y documentos recogidos durante nuestras observaciones en campo en las reuniones, asambleas y movilizaciones de los CTU en el periodo 2006-2012, se pueden destacar los datos que presentamos a continuación.

Planteamientos

El decreto de regularización de la tierra urbana catalizó un proceso organizativo de los pobladores de los asentamientos que derivó en la multiplicación de espacios de discusión y deliberación abierta, colectivizando el planteamiento sobre la tenencia del suelo urbano y permitiendo superar el espontaneismo y la atomización tradicional de las acciones contra los desalojos. Por otra parte, al formularse la demanda como derecho constitucional, esta adquiere un carácter sociopolítico, trascendiendo el acceso privado de cada familia al suelo urbano, para socializar la lucha con el argumento de la necesidad de la democratización del mismo, con lo cual quedará en evidencia el grado de comprensión política, como grupo, del problema. La práctica deliberativa de los CTU les permite activar un proceso continuo de formulación de propuestas al Estado, las cuales se generan de sus encuentros periódicos a diferentes escalas: en el nivel comunitario, por entidad federal o estado (en el caso de Caracas, se da semanalmente la asamblea metropolitana¹⁷) y a nivel nacional.¹⁸ En un ejercicio de hacer síntesis del avance de los planteamientos de los CTU entre los años 2002-2006,¹⁹ desprendemos el cuadro siguiente:

Como se puede observar, el avance de la discusión conduce a los CTU a producir propuestas como la de la creación de la figura organizativa de los «Centros de Participación en la Transformación del Hábitat» (CPTH), evidenciando el manejo de una concepción integral de hábitat –ya no solo de la regularización de la tierra, sino además discutiendo sobre el tema del reconocimiento de la relación de las comunidades populares con la ciudad: «el derecho a la ciudad»– reclamando su democratización. Con ello, en las asambleas de los CTU se habla del barrio no como márgenes excluidos de la planificación, sino como territorios autoproducidos por sus habitantes, y esta condición posibilitará la solicitud del derecho a participar en los planes, proyectos y políticas que se propongan para ellos. En este sentido se plantearán luchar y trabajar por una propuesta participativa de las comunidades en los procesos de autogestión y cogestión para la transformación integral del hábitat, planteándose una escala de planificación comunitaria conformada por las «Unidades de Transformación del Hábitat» (UTH). Estas serán definidas por la misma comunidad, atendiendo tanto a factores urbanos y geográficos como al sentido de pertenencia e identidad.

Articulación del movimiento de pobladores

La organización de los CTU recibirá un impulso inicial por «la conciencia de sujetos de derecho» que se instaló en los sectores populares, derivada del artículo 82²⁰ de la Constitución de 1999, y del decreto 1666. Este impulso inicial crecerá con la articulación con otros grupos nacionales y movimientos internacionales de pobladores. Todo ello contribuirá a la conformación de una fuerza popular organizada, relevante a nivel nacional. Desde este espacio de participación y trabajo se configurarán cambios cualitativos en el modelo de gestión de las comunidades, superando la idea de gestión reivindicativa en su relación con el Estado y reforzando su identidad como movimiento popular. Así, expondrán:

]]> Queremos aclarar que somos organizaciones de base, nuestra legitimidad depende de una asamblea de ciudadanos y ciudadanas de una comunidad, ocupamos un territorio. O sea, somos organizaciones territoriales comunales, nuestra estructura organizativa son asambleas que se articulan territorialmente, tenemos comisiones de formación jurídico-legal y relaciones internacionales y el liderazgo comunal se traduce en vocerías locales, regionales y nacionales. En estos años hemos construido una identidad como movimiento social, la defensa de esa identidad ante la contra-revolución y proyectos políticos individuales es lo que llamamos autonomía. En Venezuela los pobladores humildes han construido 7 veces más viviendas que el Estado y el sector privado juntos, sin planificación, sin apoyo económico, sin seguridad jurídica, de allí nacen los barrios, esa capacidad de construir es lo que llamamos autogestión. Nuestra identidad, la que nace en el territorio, la que da sentido de pertenencia, la que caracteriza nuestras luchas, es lo que llamamos «Sentido de Patria», para nosotros la Patria Nacional nace en los barrios, en los caseríos, en los pueblos, en las aldeas, en las comunidades indígenas. La capacidad de hacer de los barrios, la autogestión es el motor de las misiones, es el pueblo movilizado para forjar «El Estado Revolucionario». Hoy entendimos que de «Sujetos de Derecho» podemos ser «Sujetos Políticos». (CTU, 2008).

Los éxitos alcanzados con la promulgación del decreto 1666 del 2002, y la aprobación de la Ley de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos Populares del 2006, estimulan la ampliación de los objetivos de la lucha. Se apreciará, entonces, una dinámica generativa y multiplicadora de la plataforma de participación al agregarse otros grupos afectados por el problema de la vivienda: los conserjes y los inquilinos. Por otra parte, también se suman a la organización las familias que carecen de vivienda, denominados «pioneros».²¹

Parafraseando sus palabras, explican que esta articulación de grupos da paso al movimiento de pobladores, que si bien contempla tres ejes temáticos alrededor de los inquilinos, los conserjes y los pioneros, tiene como eje transversal la construcción del socialismo (Madera, 2010).

Uno de los ejes agregado a los CTU, el movimiento de inquilinos, monta una red en todo el país y participa en la elaboración de una ordenanza antidesalojos forzosos presentada al alcalde de Caracas, la cual será aceptada y aprobada en la Gaceta Municipal n° 3119-2 de marzo del 2009. Posteriormente, su esfuerzo será recompensado –en el 2011– con la aprobación de la Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, bajo el decreto nº 8.190 de la Gaceta Oficial 39.668.

El eje del movimiento de los conserjes lo conforman empleados de condominios organizados para defender sus derechos como habitantes y trabajadores. La mayoría son mujeres dedicadas a las labores de conserjería que pertenecen a la tercera edad, y que al perder el empleo, pierden también la vivienda. Manifiestan lo siguiente: «la organización de nuestro movimiento ha dado un paso al respecto, proponiendo en la reforma a la Ley del Trabajo un capítulo o propuesta al respecto, para cambiar esta situación; sabemos que la problemática no es jurídica, es política, por lo tanto, la lucha la damos en todos los espacios, buscando la articulación con el movimiento de pobladores» (ibíd.). Sus movilizaciones y presión pública lograrán que se dicte la Ley Especial para la Dignificación de Trabajadoras y Trabajadores Residenciales, contenida en la Gaceta Oficial 39.668 de mayo de 2011 bajo el decreto nº 8.197. La vocera del movimiento «Conserjes Unidos por Venezuela», Nélida Cordero, explica:

La Ley dignifica y humaniza la labor que por años realizan los trabajadores residenciales, anteriormente denominados conserjes; [...] la misma denominación de conserjes, a este trabajador se le concebía como un esclavo que debía asumir la responsabilidad del edificio, sin límites de horarios, a cambio de una residencia. […] en la época del golpe de estado del 2002 y el paro petrolero liderizado por sectores de la ultraderecha venezolana, a los trabajadores residenciales se les acusó de ser pagados para vigilar las acciones que hacían los vecinos de las zonas de estratos sociales altos donde trabajan. De allí, los trabajadores residenciales comenzaron a prepararse académicamente en las diferentes misiones y a asesorarse con estudiantes y profesores de estudios jurídicos para crear una propuesta de ley que dignificara la labor que ejercían durante años.²²

El tercer eje es el movimiento de pioneros, compuesto por familias carentes de vivienda; se organiza para la obtención de tres objetivos: «a- Recuperación de terrenos ociosos, baldíos, edificios abandonados para edificar sus viviendas y, así, edificar nuevas comunidades o pueblos. b.- Formación y capacitación del movimiento. c.- Elaboración de propuestas y pasantías con otras organizaciones y con la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda Popular (SeLVIP)» (ibíd., 235).

Las siguientes imágenes recogen uno de los múltiples proyectos desarrollados:

Cabe destacar que el esfuerzo de trabajo colectivo devendrá en la configuración de una metodología de sistematización de la discusión denominada «registro abierto», con base en la cual realizan autodiagnósticos y planificación participativa de las comunidades para ir cumpliendo los tres objetivos generales: 1) la democratización del suelo; 2) la transformación integral de barrios y las urbanizaciones populares; y 3) la creación de nuevos asentamientos, organizando tareas y actividades de acuerdo con los siguientes objetivos específicos:

•    Organizar capacidades autogestionarias.

•    Autodiagnosticar problemática hábitat.

•    Planificar y formular planes, programas y proyectos.

•    Formar y capacitar para fortalecer participación en la transformación del hábitat.

•    Gestionar y canalizar la realización de planes mediante la coordinación comunidad-instituciones.

•    Apoyar contraloría en procesos autogestión.

•    Fomentar las capacidades productivas de las comunidades en los procesos constructivos.

De la misma manera, realizarán evaluaciones colectivas de la participación, pudiendo emitir criterios para definir los deberes y derechos del colectivo. Para ello llevarán a cabo talleres para capacitación ideológica, fomentando el apoyo mutuo. En los papeles de trabajo del encuentro nacional de CTU en Maracaibo, 2008, precisan:

El proceso de formación debería trascender a la construcción de una Escuela de Formación Integral del Poder Popular, no visto como estructura, sino como los espacios de encuentro para la discusión, diagnóstico de necesidades y programación a partir del intercambio de experiencias y el apoyo mutuo, a nivel local, estadal y nacional. […] Asumimos como tarea de formación dentro de nuestro movimiento desarrollar los siguientes temarios: lo técnico, lo legal, organización comunitaria, ciudadanía y medio ambiente, contraloría, autoconstrucción. Que contemple elementos técnicos (cómo realizar proyectos, cómo hacer contraloría, etc.) y también aspectos políticos ideológicos que nos permitan construir colectivamente. (Movimiento de pobladores, 2008:17).

La autonomía y la autogestión como búsqueda

Como se quiera, la conformación y el desarrollo de los CTU es un proceso de aprendizaje colectivo que buscará superar la idea de gestoría social ante el Estado, aspirando al desmontaje de la participación tutelada y la consolidación del Poder Popular como un espacio político de actuación y decisión. Los CTU expresan claramente la posición en el debate del tema de la autogestión, de la manera siguiente:

Un proceso organizativo que garantiza la más amplia participación, quiere decir que es un proceso formativo liberador, fundamental en la construcción de autonomía, de construir el poder popular. […] supone el desarrollo de tres capacidades del movimiento popular: la capacidad de lucha; la capacidad de construir propuesta y la capacidad de gestionar y relacionarse con el Estado. […] También hemos aprendido que la autogestión contempla cuatro ámbitos: la cohesión del colectivo; el aporte de material concreto; la generación de calificación; ser un campo de generación potencial de trabajo. (SeLVIP, 2010).

Sin duda el debate sobre la autonomía del movimiento es un proceso de aprender, de asimilar, de comprender a partir de los resultados la búsqueda de la autogestión. Y desde estas lecciones aprendidas concebirán la autonomía no como ruptura con el Estado –al que apoyan–, sino como la ruptura de la supeditación del movimiento a los funcionarios del Estado; siendo este objetivo estratégico para su legitimación como sujeto político popular. Los CTU apuestan por la construcción de una forma distinta de relacionarse con el Estado, en función de transformarlo en su relación con el Poder Popular en la medida en que se dé el control social del mismo por parte de la organización popular (ello será posible en correspondencia con el reconocimiento de las propuestas formuladas por estos sectores).

Con tal propósito, desde la plataforma de participativa estructurada por los CTU se desmonta la dinámica de planificación socioterritorial urbana clásica del Estado, que legitima la exclusión protegiendo el monopolio de la tierra y el negocio urbano, como también limitaba la participación de las comunidades. Al respecto elaboran una comparación cuestionadora de los límites de los modelos de intervención del Estado en los barrios: un programa denominado «Consolidación de Barrios», creado por el Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi) en 1986 y dirigido al mejoramiento progresivo de las condiciones habitacionales de los asentamientos «estables no controlados», y el programa «Habilitación Física de Barrios», contenido en los planes del Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi) entre 1999-2003 y en el Proyecto Cameba (Caracas Mejoramiento de Barrios) (Fundacomun-Banco Mundial). 

En contraste con los sucesivos programas de intervención realizados por el Estado, referidos anteriormente, en la propuesta de «Transformación integral de los asentamientos populares» formulada por los CTU observamos que se destaca como elemento diferenciador el grado de participación en los procesos de planificación y ejecución de la construcción del hábitat popular, así como se critica la acción pública por no reconocer las capacidades de los colectivos y comunidades en ese proceso. Idea esta que es confirmada y potenciada en la práctica desde las experiencias de transformación integral²⁴ y del intercambio de procesos formativos compartidos con colectivos internacionales tales como el Programa SeLVIP, UNMP (União Nacional de Moradia Popular) de Brasil, MOI (Movimiento de Ocupantes e Inquilinos) de Argentina y Fucvam (Federación Unificadora de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua) del Uruguay. Todas estas experiencias convergen en la lucha por el modelo autogestionario, de propiedad colectiva y de ayuda mutua en cuanto alternativa de política y acción para el acceso a la vivienda.

La autonomía frente al Estado, entonces, es mantenida a través de la generación de prácticas propositivas (como la de transformación integral del hábitat) ideadas en las deliberaciones de las asambleas y encuentros del movimiento. Por otra parte, los reclamos de los CTU frente a la burocratización de algunas de instancias de gobierno también dan pista de su posición crítica frente a las instituciones del Estado, aludiendo generalmente a la lentitud en los trámites, que retrasa el proceso de titulación. Por ejemplo, respecto del proceso catastral que antecede el otorgamiento del título, manifiestan lo siguiente:

Nos hemos planteado el Catastro Comunitario y Popular, aplicando toda la rigurosidad catastral, ya que los barrios no existimos en la lógica catastral gubernamental tradicional de la Cuarta Republica. El catastro en nuestro país es responsabilidad de Cartografía Nacional, quien delega la responsabilidad en las alcaldías y a quien la ley faculta para realizar catastro [...] pero todavía las alcaldías no reconocen el catastro comunitario hecho por las comunidades, aunque existen contadas excepciones que lo aceptan. (Madera, 2010).

Siendo así, podemos señalar que en la organización está presente un apoyo crítico al gobierno y al Estado, cuestión en torno a la cual se delibera permanentemente en los distintos espacios de reflexión de los CTU. Esta dinámica les permitirá hacer aportes al llamado gubernamental desde su posición autónoma como movimiento social; es el caso de la participación de los CTU en la Misión Vivienda y las contribuciones en el trabajo con las familias damnificadas por los deslaves.

Logros

Valga mencionar, resumiendo al respecto, los múltiples documentos producidos en estos diez años, en los que quedará expresada una concepción diferente a la que maneja el Estado en materia de hábitat, la cual es detectable en las iniciativas que movilizan a los CTU. Resalta en la dinámica de maduración enunciada anteriormente que la articulación con otras organizaciones de base y con los movimientos internacionales posicionará a los CTU como una organización social de pobladores, lo cual no es una plataforma estática, sino una condición social en movimiento en cuanto engranaje de un camino estratégico: es una energía y una práctica con un rumbo político transformador.

Los CTU conciben la política habitacional como un hecho social, colectivo; y como un hecho social involucrará un proceso de producción de viviendas participativo, y en el cual incluso se pueda manejar la titularidad de la propiedad de tierra colectiva. Al respecto se destaca la experiencia del barrio León Droz Blanco, cuyos habitantes acogieron la idea de la titularización colectiva, para así evitar el desmembramiento del barrio por futuras ventas individuales.

La lógica reflexiva autónoma del movimiento le ha permitido lograr el avance en su legitimación en términos jurídicos. Entre los años que han transcurrido desde su creación hasta el 2006, los CTU se han movilizado para reclamar al Ejecutivo nacional la aprobación de la Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de Los Asentamientos Urbanos Populares, la cual dejó vacíos tales como lo enrevesado del mecanismo de entrega de títulos de propiedad a asentamientos urbanos populares desarrollados en tierras privadas. Al respecto dirá el movimiento:

… una de las dificultades que se han presentado, es la entrega de los títulos de adjudicación en terrenos privados, debido a que para reconocer la adquisición por usucapión, es menester cumplir con lo preceptuado en el Código Civil y el procedimiento previsto en el Código de Procedimiento Civil, lo cual comporta para cada uno de los solicitantes una serie de trámites jurídicos, además de la necesidad de estar representado por un profesional del Derecho, que aunado a los requisitos que se deben cumplir, tales como publicaciones en prensa de carteles de citación, entre otros, resultan muy costosos para la mayoría de la población. Esta situación, en muchos casos aunados [sic] a otros factores ha impedido alcanzar el objeto de la Ley, por tal motivo se comenzó a trabajar para lograr la reforma de la misma, con la finalidad de producir un instrumento que recogiese todas las experiencias de trabajo que durante los últimos tres años han tenido […] las instituciones involucradas, que pudieron constatar sus limitaciones técnicas y legales; así como los impedimentos con los cuales se ha enfrentado la organización popular. Sobre este particular, los Comité de Tierra Urbana, recogieron en diversas asambleas locales y nacionales una propuesta inicial, consignada la cual fue sustancialmente mejorada con el trabajo mancomunado entre los Comité de Tierra Urbana, instituciones del Estado y especialistas en la materia y que fue finalmente consignada a la Comisión de Desarrollo Social Integral el 06 de agosto del 2009.²⁶

Finalmente, en agosto del 2009 se aprueba la reforma de la ley en la Asamblea Nacional y el 6 de mayo del 2011 se decreta en la Gaceta Oficial 39.668 la Ley Especial de Regulación Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos o Periurbanos (decreto 8.198).

En la actualidad los CTU han logrado concretar experiencias tales como la aprobación por parte del gobierno nacional de la ocupación temporal de un terreno ocioso de 9.300 metros cuadrados, ubicado en Antímano, Caracas, y la aprobación de 39,4 millones de bolívares fuertes para la construcción de viviendas autogestionadas por parte del Campamento de Pioneros Nuevas Comunidades Socialistas de Luchadores Amatina, que agrupa a 131 familias organizadas; 100 de ellas damnificadas. El vocero de dicha organización, Renny Paruta, indica: «Nosotros de una vez buscamos las soluciones, no somos parte solamente del problema, nosotros buscamos la solución de esa problemática, ya que un grupo organizado es aquel que en verdad se organiza».²⁷

Y el movimiento de pobladores, a través de los campamentos de pioneros, ha conseguido el otorgamiento de 210 millones de bolívares fuertes para ejecutar proyectos que beneficiarán a 1.100 familias. Se construirán 11 nuevos desarrollos habitacionales de comunidades socialistas: 9 en Caracas y 2 en los estados Anzoátegui y Lara.²⁸

Sistematizando, se puede sintetizar que los CTU, como núcleo inicial del movimiento de pobladores de Venezuela, han logrado tener efectos en:

1.   La formulación y reforma estatales en el tema de la tenencia y regularización de la tierra en los asentamientos populares.

]]> 2.   La concepción colectiva de:

     – la necesidad de vivienda,

     – las acciones reivindicativas,

     – las proposiciones producidas,

     – las soluciones demandadas,

     – la propiedad de la tierra.

3.   La ampliación de la plataforma participativa nacional e internacional en el tema del hábitat.

4.   La formulación de enfoques novedosos para la integración de los barrios en el proceso urbano.

5.   La toma de decisión y supervisión de proyectos de manera participativa.

6.   La formación y capacitación para los procesos de construcción autogestionarios de vivienda.

]]> 7.   La búsqueda de autonomía en la relación con el sector público.

A manera de conclusión

La ciudad latinoamericana, en cuanto fenómeno socioespacial resultante de la aglomeración requerida y animada por la utopía moderna capitalista, no se corresponde con un proyecto colectivo único. Todo lo contrario, engendra fragmentos de diferenciación social del territorio: por una parte, un tipo de área, digamos, formalmente aceptada y cuya articulación a la lógica urbana estaba dada o era fácilmente previsible, y por otra parte otro tipo de área constituida por fragmentos de espacios no regulados y cuya inserción o acceso a la ciudad no estaba previsto ni planificado. Este modelo de crecimiento fragmentado, segregador y excluyente se vincula simbólicamente con el desdibujamiento de esa utopía universal de progreso, transformándose en múltiples utopías privadas y grupales producidas y reproducidas diferencialmente al calor de los antagonismos. Germinan culturas subalternas con expresividades propias.

En Venezuela, los barrios populares representan una muestra de ese modelo de crecimiento urbano, el cual genera al barrio como territorio social en cuya cotidianidad produce actores que se movilizan en contra de la segregación y la desigualdad; catalizando, en esa medida, la formación de un sujeto político popular con identidad sociocultural y anclaje territorial.

Será esta condición uno de los rasgos más peculiares de nuestras sociedades. Rasgo que hará hablar al filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría de «ethos barroco»²⁹ al referirse a las raíces de la modernidad propias del ideario popular latinoamericano. Y esta raíz, presente en el movimiento de pobladores de Venezuela, permite conectarlo a los movimientos sociales actuales descritos y analizados por autores como Svampa (2007), Oslender (s/f), Merklen (2004), Mançano Fernandes (2008), Zibechi (2008), García Linera (2009) y Mazzeo (2007), entre muchos otros. Quedando la duda de pensarlos como realmente nuevos, por cuanto son desarrollados por actores sociales históricos (indígenas, pobres urbanos).

Sea como sea que se concluya, la novedad será la notoriedad de los alcances de sus planteamientos antagónicos y el despliegue de espacios articuladores que les suministran una fuerza inédita hasta ahora al interior de las lógicas conflictivas, en el terreno de las luchas en el campo de los grupos subalternos. Y ello acelerando creativamente nuevas formas de acción, de organización y de identidad.

En el caso que hemos analizado, se le pudiera dar relevancia a su capacidad de resistencia confrontacional a la lógica abstracta y cuantitativa del valor impuesta por la cultura capitalista. Y es que, entre otras cosas, han logrado articular una práctica y un discurso político incorporando las tradiciones comunitaristas de los pobladores de los barrios, elaborando, por lo demás, un manifiesto cuestionador del orden urbano y proponiendo alternativas para su materialización como sujetos sociales portadores de iniciativas en torno a la cuestión urbana. Estructuran la resistencia política a la exclusión con base en argumentos emergentes de la visualización de «una contraciudad que nace del barrio». Ello envuelve una crítica radical a la forma de materialización de la ciudad latinoamericana; ello también constituye un reconocimiento y una valoración del barrio como institución socializadora de un conjunto de prácticas y representaciones, lo cual hace su identidad en relación a otras identidades: 

… el barrio no es caos, no es desorden, no es crecimiento descontrolado, responde a un proyecto. […] En el barrio hay una construcción política del espacio que habla de valores, valores que pueden ser entendidos como distintos a los valores que definen la ciudad. Y esa es una lectura que para nosotros es fundamental entenderla, porque tiene que ver con la forma de intervención del Estado en los barrios […], existe una tesis, de algún modo liberal, que se ha planteado sobre los barrios, en cuanto a su remodelación física. Se trata de una especie de cascada de planes para incorporar los barrios a la ciudad, por medio de los cuales se les quiere imponer una serie de criterios citadinos que para nosotros no son otra cosa que la incorporación de los barrios al mercado inmobiliario. […] Contrariamente, para nosotros el plan del barrio y su relación con la ciudad debe construirse desde el barrio, asumiendo sus nociones y valores característicos, porque en los barrios existen valores que son indeclinables. (Antillano, 2010:1).

Notas:

² Cada CTU resulta de la organización de una poligonal en la que viven de 150 a 300 familias. Para el año 2012 habría aproximadamente 7.800 CTU constituidos a nivel nacional.

³ Cf. Aceves González, 1997; Ceceña y otros, 2007; Mançano Fernandes, 2008; Haesbaert, 2004; Harvey, 2006.

⁴ Este concepto hace referencia a la lucha por la tierra y Bustos Ávila (2009:2) precisa: «El concepto de territorio ha sido muy utilizado por la geografía, particularmente por aquella geografía política de cuño ratzeliano; sin embargo, el empleo de este concepto es más amplio, puesto que también se utiliza por los movimientos sociales. Este es un concepto, entonces, que va más allá del uso académico y remite a una praxis política. Para los movimientos indígenas, por ejemplo, el término ‘territorio’ tiene una dimensión sociopolítica y cosmológica más amplia que el término ‘tierra’, considerada a veces solo como medio de producción […] De todas formas, la lucha por el territorio también es una lucha por la tierra, ya que se le toma como medio de producción, no solo material, sino simbólico de la vida y del significado de la existencia».

⁵ Los agentes son múltiples: el propietario original del suelo rural y urbano; los loteadores clandestinos; las cooperativas y precooperativas de vivienda y agrícolas; las ONG de diferente tipo; las asociaciones de vecinos. Algunas figuras, como la del «promotor», asumen en el mercado informal ciertas particularidades ligadas al clientelismo y al poder político que puedan tener (Clichevsky, 2009).

⁶  El concepto de habitus se emplea en los términos de Bourdieu (1988) y refiere a los esquemas de socialización de los sectores sociales, los cuales modelan determinadas maneras de percibir, sentir y actuar.

⁷ Este libro, titulado Crisis de la democracia, fue producto de un exhaustivo estudio de la desigualdad social y el sistema político venezolano, realizado en la década de los sesenta por un equipo de investigación del Cendes, dirigido por José Agustín Silva Michelena, contando con el apoyo técnico y financiero del Centro de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

⁸ Entre 1944 al 1959, de las 44 urbanizaciones que se fundan en ese periodo 14 están en el Distrito Federal y 30 en el distrito Sucre. Esto indica el crecimiento hacia el este de la ciudad. Y de las 14 que se fundan en el Distrito Federal, 9 tienen un mismo propietario y urbanizador, es el caso de Juan Bernardo Arismendi, propietario y urbanizador de Las Palmas, La Campiña, Las Delicias, Los Cedros, Las Acacias, Mata de Coco y Gran Colombia. En el distrito Sucre los grupos Rodríguez, Rodríguez Azpurua, Sosa Rodríguez se destacan como propietarios y urbanizadores, indicando un índice relativamente alto de concentración de la tierra en un pequeño grupo de familias.

⁹ Esta denominación será cuestionada por los CTU señalando que no son invasores, sino habitantes de asentamientos populares no regulados.

¹⁰ El dato de las hectáreas proviene de cálculos realizados por RIEF Consultores, citado por Martín Rodríguez, 2008:21-43.

¹² Paradójicamente, esta actitud desconocedora del problema conduce a demandas que pueden ser politizadas. Nancy Fraser (1991) las conceptualiza como «demandas fugitivas».

¹³ En palabras de Andrés Antillano, líder nacional de los Comités de Tierras Urbanas: «Las luchas reinvindicativas se politizan a finales de los años ochenta y comienzo de los noventa. Se da un ascenso de la politización que tiene su punto más notable el 27 de febrero de 1989. Para ese momento, las luchas eran dispersas, inorgánicas, incapaz [sic] de articular un programa alternativo para enfrentar el programa neoliberal. Producto del encuentro promovido por el programa de rehabilitación de los barrios como parte de la agenda internacional del hábitat expuesta en Estambul, se realizan mesas con los pobladores, viene gente de todo el continente, gente de los barrios de México. A partir de allí los que participamos comenzamos a buscar otra gente y se produce ese espacio de la Asamblea de barrios de Caracas en 1991, que agrupaba 300 barrios. Se convierte en un espacio importante de lucha y articulación que da lugar a las mesas técnicas de agua, a la demanda de la regularización de tierras» (entrevista con F. Baggia, Caracas, octubre de 2009).

¹⁴ Además del decreto, la nueva Constitución de 1999 establece el derecho a la vivienda, el derecho a la participación, aunado a la formulación de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, de la cual se deriva la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, que precisa como objetivo (art. 2): «la satisfacción progresiva del derecho humano a la vivienda, que privilegie el acceso y seguridad de la tenencia de la tierra, adquisición, construcción, autoconstrucción, liberación de hipoteca, sustitución, restitución, reparación, remodelación y ampliación de la vivienda, servicios básicos esenciales, urbanismo, habitabilidad, y los medios que permitan la propiedad de una vivienda digna para la población, dando prioridad a las familias de escasos recursos, en correspondencia con la cultura de las comunidades». Igualmente, «garantiza la participación activa, protagónica, deliberante y autogestionaria de los ciudadanos y, en especial, de las comunidades organizadas con la finalidad de asegurar medios que les permitan cumplir con el deber constitucional de contribuir en forma corresponsable con el Estado, en la satisfacción progresiva del derecho a la vivienda y hábitat dignos» (art. 9).

¹⁵ Esta Oficina es la encargada de trazar las pautas y políticas requeridas para lograr los objetivos propuestos. La misma apunta a la definición de un programa de transformación y democratización de la ciudad (Ministerio de Comunicación e Información, 2004:3).

¹⁶ El análisis de las observaciones y los documentos siguió elementos metodológicos proporcionados por autores como Glaser y Strauss (1967). Consistió en derivar –de la desgravación de las conversaciones, discusiones y entrevistas– un conjunto de nociones reiteradamente presentes; luego ordenarlas y clasificarlas dentro de las categorías que fueron emergiendo por saturación, con base en las cuales se agrupan en los siguientes elementos: a) planteamientos; b) articulación del movimiento pobladores: c) organización para la lucha política y la formación para el trabajo autogestionario; d) la autonomía y la autogestión como búsqueda; e) logros.

¹⁷ La Asamblea Metropolitana ha realizado un encuentro semanal durante diez años.

¹⁸ Los encuentros nacionales hasta ahora se han realizados cada dos años: Caracas en 2005; Los Altos Mirandinos, 2006; Zulia, 2008; y Carora, 2010.

¹⁹ El año 2002 fue el de creación de los CTU por decreto y 2006 el año de promulgación de la Ley.

²⁰ «Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales, que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos» (RBV, 1999).

²² Ver declaraciones en www.avn.info.ve/contenido/vocera-popular-nueva-ley-dignifica-labor-del-trabajador-residencial, y en «Presidente aprobará decreto ley de seguridad social para los conserjes», AVN, 3/4/2011.

²³ Se han constituido cincuenta y siete cooperativas de levantamiento catastral.

²⁴ Se manejan veintidós experiencias de transformación integral de barrios.

²⁵ Véase también http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00103439/en/.

²⁶ Observaciones de la Comisión de los Enlaces Nacionales de los CTU al Informe que presenta la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Reforma de la Ley Especial para la Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares a los efectos de su segunda discusión 26/8/2009.

²⁷ Ver www.patriagrande.com.ve/temas/venezuela/gobierno-nacional-aprobo-ocupacion-temporal-de-terrenos-en-antimano/.

²⁸ De acuerdo con información de Radio Nacional de Venezuela (en línea), «el Movimiento de Pobladores» será el beneficiado de este programa de recursos, trazado con el objeto de impulsar políticas que permitan al pueblo organizado participar de manera directa.

²⁹ «El hombre moderno está desgarrado, obedece a dos lógicas totalmente contrapuestas, una más poderosa que la otra: la lógica cualitativa del mundo de la vida y la lógica abstracta y cuantitativa del valor. El ethos barroco es un modo de comportamiento que permite al ser humano neutralizar esa contradicción capitalista. Implica en cierta medida un momento de resistencia, pues defiende el aspecto cualitativo, o la forma natural de la vida, incluso dentro de los procesos mismos en que ella está siendo atacada por la barbarie del capitalismo. Siguiendo a Benjamin, el ethos barroco sería una ‘cultura’ que al mismo tiempo es barbarie, porque lo que hace es reafirmar la validez o la vigencia de la forma natural de la vida en medio de su destrucción. […] El ethos barroco la reconoce, pero se inventa mundos imaginarios para afirmar el ‘valor de uso’ en medio del reino del ‘valor de cambio’. En ese sentido, un proceso revolucionario que pudiera darse en América Latina tendría un poco la marca de este antecedente, es decir, de sociedades que han aprendido de alguna manera a defender el valor de uso, que tienen una tradición de defensa de la forma natural. El ethos barroco dice: el mundo puede ser completamente diferente, puede ser rico cualitativamente, y esa riqueza la podemos rescatar incluso de la basura a la que nos ha condenado el capitalismo» (Echeverría, 2007:1).

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