Pilar Calveiro

Doctora en Ciencias Políticas, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene diferentes publicaciones, entre las que destacan los libros Poder y Desaparición (Colihue, 1998), Política y/o Violencia (Norma Editorial, 2005) y Familia y poder (Libros de la Araucaria, 2005). pilarcal2008@gmail.com

Resumen

El presente artículo explora los usos estatales de la violencia como parte de las replicaciones y reorganizaciones del poder político en América Latina. Si la reorganización estatal del mundo tiende a "normalizar" y extender el Estado de Excepción, se plantea que sus rasgos fueron implantados previamente en los países latinoamericanos. En los años 70 esto se expresó a través de golpes militares, dictaduras y gobiernos fraudulentos; en la actualidad, sin renunciar por completo a esos recursos, opera principalmente por los mecanismos "sordos" de exclusión radical que implican formas igualmente violentas. Por ello, frente al discurso legalista pero excluyente del Estado, que sin embargo transgrede una y otra vez el propio derecho en contra de los excluidos, se propone establecer el debate en torno a la legitimidad, esto es, sobre el sustento verdaderamente participativo de la democracia.

Palabras clave: tortura, violencia, Estado de Excepción, gobiernos latinoamericanos.

The “truth” about torture in democracies 

Abstract 

The present article explores the use of violence by the State as part of the replications and reorganizations of the political power in Latin America. It is argue that the State world reorganization tends to "normalize" and extend the State of Exception, features that were implemented previously in Latin-American countries history. In the 70, it was expressed through military coups, dictatorships and fraudulent governments; currently, without resigning completely these assets, it operates principally by the "deaf” mechanisms of radical exclusion implying similar violent methods. Thus, it is proposed to establish a debate on legitimacy, that is, the actual participative bases of democracy, confronting the legalistic but exclusive government discourse that however violated constantly the owned right of disagreement of the excluded ones. 

Keywords: Torture, Violence, State of Exception, Latin American governments. 

¿Qué es la tortura? Según la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, consiste en “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.¹

 Así pues la tortura, desde su propia definición, no se cataloga como una conducta irracional o una suerte de aberración “perversa” de ciertos sujetos disfuncionales sino como una política estatal (ya que es ejecutada, instigada o consentida por funcionarios públicos) y orientada a la obtención de información, al castigo, a la intimidación o a la discriminación de determinados grupos o personas. Es decir, la práctica de la tortura comporta una decisión política que es asumida desde el Estado como parte de sus mecanismos represivos institucionales.

 En principio, parecería que la decisión política de torturar sería exclusiva de Estados autoritarios y resultaría incompatible con el Estado de Derecho democrático, cuya legislación la prohíbe explícitamente. Sin embargo, la historia reciente y el estado actual de los derechos humanos en el mundo desmienten esta hipótesis. La expansión de las democracias globalizadas no ha desalentado la decisión política de torturar sino todo lo contrario y nos enfrentamos hoy incluso a la exposición mediática y desvergonzada de dichas prácticas, frente a la tolerancia y complicidad de las más “orgullosas” democracias. Por su parte, se puede constatar también que los llamados procesos de “tránsito a la democracia” después de las dictaduras del siglo xx, han mantenido una alta tolerancia hacia la práctica de la tortura, ya sea dentro o fuera de sus fronteras nacionales. Es en este marco que me referiré al caso argentino, no como un fenómeno acotado a las coordenadas geográficas y temporales del terrorismo de Estado y sus secuelas, sino por sus reverberaciones en el contexto actual, que consideramos democrático. 

El caso Argentino

Cuando se piensa la tortura para el caso argentino, hay una referencia inmediata a las dictaduras militares y, en particular, a la última, ocurrida entre 1976 y 1983. Sin embargo considero relevante señalar que el fenómeno es muy anterior, como lo muestra una interesante investigación de Ricardo Rodríguez Molas (1985), a la que ya he hecho referencia en otros trabajos.

Hasta el siglo xix, es decir, durante todo el periodo de la colonización española, la tortura estaba legislada en los códigos y se aplicaba normalmente. Cuenta Rodríguez Molas que en “todas las ciudades de América española (…) los primeros fundadores instalan en la plaza mayor el rollo que representa la justicia real, figura que alude a la soberanía de la Corona y al derecho de ésta o de sus representantes a imponer los castigos (…) con penas diferenciadas que imponen multas a los españoles y castigos corporales a los grupos denominados ‘gente de baja esfera” (Rodríguez Molas, 37). Así, “indios castrados, desorejados, destalonados, quemados vivos” (Rodríguez Molas, 33), fueron la represalia de la Corona por algunas revueltas, como el alzamiento calchaquí de 1630. Asimismo, la práctica de marcar con hierro incandescente en el rostro a los esclavos negros era una forma de marcar, literalmente y sobre su cuerpo su “verdadera” condición, de acuerdo con un dominio despótico; práctica ésta que no puede dejar de considerarse como una forma de tortura, tendente a la sumisión más absoluta del otro. No se trataba pues de crueldades inútiles sino de tratamientos perfectamente funcionales a los objetivos, en ese caso, del dominio colonial.

Aunque, según el jurista Carlos Castresana, “la prohibición absoluta de la tortura ha sido un principio básico e indiscutible desde hace al menos sesenta años” (Castresana, 73), refiriéndose sin duda a la proclamación de la Declaración de Derechos Humanos de 1948 como derecho positivo internacional no derogable, en el caso de la República Argentina dicha prohibición se estableció mucho antes, en el año 1813, inmediatamente después de la Independencia de la Corona española. Desde entonces se prohibió legalmente todo tipo de tortura, pero ésta se siguió aplicando, en particular, a los delincuentes y sobre todo en el interior del país. También se registra, a lo largo del siglo xix, la utilización de terribles castigos físicos en los cuarteles e incluso del recurso “pedagógico” del dolor en las escuelas. De hecho, en la segunda mitad del siglo xix se libró un amplio debate en el poder legislativo sobre la persistencia de las penas físicas en las instituciones militares a pesar de su ilegalidad, y existe claro registro de la aplicación de latigazos, cepo y estaqueamiento como formas de sanción frecuente contra los soldados rasos. Asimismo, consta la aplicación de castigos físicos a los enfermos mentales en las instituciones públicas.

Ya en el siglo xx, se ha documentado con absoluta precisión el uso de la tortura en los más diversos gobiernos: radicales y sobre todo conservadores en la primera mitad del siglo, peronistas y sobre todo antiperonistas en la segunda, pero en ningún momento se detuvo su aplicación contra los oponentes políticos, contra los delincuentes comunes, contra los soldados dentro de las instituciones armadas. Así, pues, gobiernos civiles y militares de los más distintos signos recurrieron a ella (Rodríguez Molas, 1985). Es decir que no se ha tratado de la práctica de uno u otro en particular sino de un mecanismo directamente estatal, utilizado generalizadamente. No obstante, es justo señalar que cada uno de los golpes militares que existieron en la país (1930, 1955, 1966 y 1976) representaron momentos de incremento exponencial y ascendente de la violencia estatal en general y del uso de la tortura en particular.

Aunque ya desde el golpe de Estado de 1966 la aplicación de tormentos se convirtió en una práctica no sólo generalizada sino estándar en el tratamiento de los presos comunes y políticos, sin duda el golpe de Estado de 1976 implicó el inicio de una nueva fase. Hasta ese momento, la tortura estaba limitada en el tiempo y en las formas: debía aplicarse durante el periodo de incomunicación del detenido y no podía provocar lesiones irreversibles que pudieran ser demostradas ante un juez. Pero a partir de 1976, cuando se instaura como modalidad represiva la desaparición de personas, desaparece también toda limitante del poder estatal y se inicia una nueva fase: la tortura irrestricta. En efecto, es la figura de la desaparición de personas la que permite la aplicación de las formas más atroces (por ilimitadas) del castigo y la destrucción física.

Creo que es importante hacer estas distinciones porque, en la práctica, se han producido dos “desplazamientos”: por una parte, el drama de la desaparición desdibuja el tormento sufrido por los presos reconocidos legalmente y, por otra, la figura de la desaparición, por su desenlace radical –generalmente la muerte de la persona– “absorbe” o diluye el tema de la tortura como tal, presuponiéndola pero no necesariamente abordándola como problema específico.

En efecto, hablar de desaparición es hablar de tortura y casi sin excepción de tortura física directa. Prácticamente todo desaparecido fue sometido a ella, en sus modalidades más crudas: shocks eléctricos, ahogamiento (lo que los norteamericanos llaman ahora waterboarding pretendiendo que no constituye tortura), violaciones y vejaciones de todo tipo, golpes, latigazos, patadas y toda la gama de dolores estrictamente físicos. ¿Por qué? Porque la tortura tiene una primera finalidad: obtener información. El aparato desaparecedor argentino se montó para eliminar a los oponentes políticos, en particular las organizaciones armadas y sus entornos, y para hacerlo debía obtener, de cada secuestrado, información “verdadera” que le permitiera llegar a los demás.

Esta afirmación no invalida lo planteado en algunas de las causas abiertas recientemente contra los militares responsables (por ejemplo, en la causa 14.216703, caratulada “Suárez Mason Carlos y otros sobre privación ilegal de la libertad”), en el sentido de que la condición misma del secuestro al que se somete a las personas en el régimen de desaparición constituye una forma de tormento. En efecto, el documento menciona la deprivación sensorial (tabicamiento), la supresión de la identidad (identificación de los prisioneros por números), el engrillamiento de los prisioneros, las condiciones precarias de alojamiento, el aislamiento, las permanentes amenazas de tortura o asesinato, la escasa alimentación, la falta de higiene, la desnudez y demás padecimientos de connotación sexual como formas de tortura. En ese contexto general incluye las imposiciones de tormentos físicos como un elemento más. Remite así a una testigo, Elsa Lombardo, quien explica que la vida en el centro de detención era una tortura física y moral permanente. Sin embargo, ella señala, en esa misma declaración, que los detenidos se arrastraban sin poder caminar como consecuencia de los golpes a los cuales eran sometidos (Cfr. Actas Mecanografiadas del Legajo núm. 20 y Legajo núm. 119), es decir, enfatiza la importancia de lo que llamo “tortura física directa”.

De alguna manera, a partir de una argumentación válida –que la permanencia misma en el centro clandestino de detención comprende formas de tortura– se desdibuja, entre otros muchos rasgos, el peso de la tortura estrictamente física en el proceso desaparecedor. Se afirma adecuadamente que todos los desaparecidos “fueron objeto de tormentos en sentido jurídico penal, más allá de si se les infligieron o no tormentos físicos”, pero para afirmar que éstos “fueron una de las once caras con las que se reveló, de modo sistemático y generalizado, esta aberrante práctica”. A partir de allí, se llega a afirmar que la tortura psicológica “pasó a ser la preferida por los torturadores, ya que pese a ser tan coactiva como la física, no deja huellas que faciliten su comprobación” (cfr. Reinaldi, Víctor Félix, “Un derecho absoluto: el de no ser torturado”, La Ley, año LXIX, núm 176, 9-9-2005, pp. 1-4), lo cual comprende una relativización del papel de la tortura física directa en el proceso de desaparición de personas, que considero del todo inadecuada para el caso argentino (y presumo que para casi cualquier otro).

Llama la atención la argumentación según la cual la tortura física estaría “superada” por la eficacia de la psicológica, así como la de su ineficiencia como método para obtener información “verdadera”, confiable, sostenida por algunos juristas (Castresana, 75). Basta analizar los testimonios presentados en el Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Nunca más) o los del Juicio a las Juntas para observar que la tortura física directa fue el mecanismo sistemático de tratamiento de los secuestrados. Asimismo, algunas investigaciones sobre el caso argentino aseveran que “la tortura fue una modalidad efectiva y atroz en la tarea de desmantelar rápidamente la estructura de las organizaciones armadas” (Longoni, 121), y, según numerosos testimonios de sobrevivientes, fue el elemento clave que permitió alimentar el dispositivo desaparecedor mediante el ciclo secuestro-tortura-delación-secuestro (Gasparini, Gras, Orazi, Calveiro). Según esto, ambas ideas resultarían desmentidas para el caso argentino y, como trataré de mostrar más adelante, también para el caso de los actuales centros clandestinos de detención y desaparición de personas, en el contexto de la llamada guerra antiterrorista.

En consecuencia, puede haber tortura sin desaparición, como lo muestran la mayoría de los sistemas penales, pero no hay desaparición sin tortura, y casi invariablemente ésta ocurre en su dimensión estrictamente física y directa. Debe existir como práctica sobre los cuerpos para someterlos y crear terror. El tormento físico directo e ilimitado no es sólo una de las tantas caras de la desaparición de personas sino su núcleo medular porque es lo que permite diseminar el terror dentro y fuera del campo, a la vez que alimenta el dispositivo desaparecedor. Aunque en algún caso no se hayan efectivizado de esta manera, aun en ese caso, el terror y la mayor parte del padecimiento psíquico del prisionero en la situación de desaparecido provienen precisamente del hecho de que puede ser objeto de cualquier cosa en cualquier momento, es decir, del hecho efectivo y la posibilidad permanente de la tortura ilimitada y la muerte como consecuencia.

¿Por qué razón cierta argumentación jurídica tiende a atenuar la centralidad de la tortura física directa, en el sistema represivo en general y en el concentracionario en particular? Volveremos sobre esta pregunta. En primera instancia, creo que la suposición de su ineficiencia, a mi manera de ver, proviene de una posición bienintencionada pero algo ingenua, ya que tiende a argumentar en el sentido de: ¿para qué usarla si ni siquiera es útil? Y, dado que no lo es, resultaría desechada sin más discusión. Creo que cualquier “interrogador” de los servicios de inteligencia (porque así se consideran a sí mismos los torturadores) se reiría de este supuesto. Como bien señala el propio Castresana “la tortura es como la explotación de una mina de oro.

Hay que extraer y procesar toneladas de mineral antes de conseguir un gramo del precioso metal”. Es decir hay que torturar a un montón de personas que no darán ninguna información útil –porque no la tienen o porque resisten a la tortura–, hasta llegar a una que sí lo haga. El problema es que en los regímenes de terrorismo estatal, y muchas veces también dentro de formatos pretendidamente democráticos, no hay preocupación alguna por la violencia innecesariamente aplicada ni por los costos que ésta tenga. Todos los posibles implicados, en cualquier grado de responsabilidad, se consideran igualmente desechables y la maquinaria represiva cuenta con enormes recursos para someter a este tratamiento a cuantos sea necesario.

Por otra parte, la argumentación en el sentido de que el tormento físico es sólo uno más de los padecimientos creo que se vincula con una escasa atención a lo que ofrece el material testimonial y procede de una simplificación del hecho de que, efectivamente, la tortura no se reduce a su modalidad física directa. Pero, si bien esto es cierto, de allí no se deriva que sea sólo una modalidad entre otras. Por el contrario, ha sido el corazón mismo de la coacción y del procesamiento de los sujetos dentro del universo concentracionario, la causante directa de las formas más radicales de humillación y deshumanización, el elemento más destructor de la subjetividad. No en vano el abuso sobre el cuerpo en la tortura física directa es la ceremonia inicial en el universo carcelario y, sobre todo, en el concentracionario, no sólo para el caso de Argentina (Actis et al., 69). Jean Améry ya había afirmado con respecto al mundo nazi: “Estoy firmemente convencido de que la tortura no era el accidente, sino la esencia del nacionalsocialismo” (Améry en Kertesz, 79). Creo que lo mismo se podría afirmar para cualquier modelo concentracionario y desaparecedor posterior, ya sea en Argentina o en los distintos lugares en los que se ha seguido desarrollando.

Tortura y democracia

Argentina es, probablemente, una de las sociedades en las que se ha hecho un proceso más completo de recuperación de la memoria social, llegando recientemente a la meta de conseguir juicio y, dado el caso, castigo a los culpables del terrorismo de Estado. Ya en 1985, a sólo dos años de asunción del gobierno democrático, se realizó el juicio oral y público contra las tres Juntas Militares, como máximos representantes del Estado durante los años de la dictadura militar y, por lo tanto, como responsables de la política estatal de desaparición de personas. Una medida semejante, de enjuiciamiento de las cabezas mismas del llamado Proceso de Reorganización Nacional, sólo fue posible por la decisión política del gobierno radical, desde las instituciones estatales mismas, ahora bajo un gobierno democrático.

Creo que el impacto del juicio, llamado entonces el Juicio del Siglo, fue extraordinario no sólo para permitir el procesamiento social de lo ocurrido en los años inmediatamente anteriores sino también para lo que sería el futuro en la lucha por los derechos humanos y contra la impunidad. La difusión pública de lo actuado por la dictadura militar, donde se ventiló abiertamente la práctica de la tortura como parte de la política de desaparición de personas, cortó de tajo toda posibilidad de negacionismo social. La condena de los responsables, en el contexto de un proceso legal, fijó desde el derecho, como máxima expresión de “verdad” socialmente aceptada, la figura del terrorismo de Estado para designar lo ocurrido y estableció la invalidez jurídica de tales prácticas. Asimismo, las condenas incluyeron el cargo de aplicación de tormentos que se consideró probado en los casos de los tres miembros de la primera Junta Militar y en dos de la segunda³. Además, fijó un precedente para las instituciones armadas: que no existe la obligación de obediencia ante órdenes ilegales, limitando así la soberanía del poder de los mandos dentro de las instituciones castrenses. Por otra parte, la condena de los máximos responsables, si bien dejaba impunes a una gran cantidad de culpables, permitía hacer “justicia” en los términos en que puede hacerlo el derecho: se le daba validez jurídica a las denuncias, lo que las constituía en “verdad” social; legitimaba los testimonios, hasta entonces en un espacio difuso que podía poner en duda su credibilidad; las víctimas de los abusos, entre ellos la tortura, pasaban a ser acusadoras, demostraban los abusos y recibían el reconocimiento social imprescindible. Es decir, constituía un acto de reparación social hacia las víctimas, reconociéndolas como tales. Como si esto fuera poco, exhibía a los comandantes y a sus subordinados en su pequeñez, es decir, no sólo como crueles sino también como corruptos, ladrones de poca monta, apropiadores de niños, avariciosos e hipócritas. Este aspecto fue clave para la pérdida definitiva de hegemonía del poder militar en Argentina. En síntesis, la decisión política de llevar a cabo el juicio a las Juntas permitió ventilar la práctica de la desaparición de personas y la tortura como núcleo medular de la misma, condenarlas y reconocer a las víctimas como tales, iniciando un proceso de reparación individual y colectiva.

Rápidamente comenzaron distintos tipos de presión, levantamientos castrenses y la amenaza de un nuevo golpe de Estado. La democracia, esa democracia, no resistió a los mismos, de manera que sobrevinieron las leyes de obediencia debida y punto final, que cancelaron la posibilidad de ampliar los juicios hacia los demás responsables. Más tarde, ya durante la presidencia peronista de Carlos Menem, llegó el indulto para los comandantes condenados en los juicios de 1985. Era la reinstalación de la impunidad, sin embargo, como dice un refrán mexicano “palo dado ni quien lo quite”. Lo que se había hecho público, en la información y en la argumentación sobre la inaceptabilidad de los hechos, no podía borrarse por decreto. El tema no sólo no se cerró sino que los organismos de derechos humanos mantuvieron una labor incansable de reconstrucción de la memoria junto a la demanda invariable de juicio y castigo a los culpables, que logró “colocarse” mayoritariamente en la población. Durante este período, el Estado también democrático, pero ahora en manos del peronismo, adoptó una política de equiparación de la responsabilidad militar con la de las organizaciones armadas de los años 70, y procedió al indulto de ambos grupos, pretendiendo cerrar el asunto en términos legales y sociales. Sin embargo, aun así, no pudo desconocer la calidad de víctimas que los sobrevivientes del terrorismo Estado y los familiares de los desaparecidos habían alcanzado en los juicios de 1985. Procedió entonces a la reparación económica de los afectados: los familiares de los muertos recibieron una indemnización económica por la pérdida, los presos recibieron una indemnización que se fijó según la cantidad de días que habían transcurrido entre su detención y el retorno de la democracia; por su parte, los secuestrados recibieron una indemnización fijada sólo por la cantidad de días que habían estado “desaparecidos”. Se establecía así el delito de pérdida de la libertad y, centralmente, el de desaparición, fijada en días, sin referencia a lesiones o posibles secuelas de la tortura, por ejemplo, ciertamente difíciles de probar en algunos casos pero no así en otros en los que quedaban secuelas visibles y demostrables. Las indemnizaciones económicas fueron muy discutidas en el seno del movimiento de derechos humanos. Desde mi punto de vista, es cierto que pretendían legitimar el cierre de los casos y clausurar el pasado, pero también representaron la materialización de una reparación pública. Si los juicios fijaron la condición de víctima de los afectados, las indemnizaciones fijaron la responsabilidad del Estado de reparar el daño infringido, en uno de los términos en los que puede hacerlo y en el entendido de que, en tales casos, cualquier reparación material resulta insuficiente.

¿Qué otra reparación podía ofrecer el Estado democrático? Podía abrir los juicios y castigar a los culpables como forma de romper la impunidad. El juicio a las Juntas, que en un primer momento alcanzó este objetivo aunque fuera parcialmente, a partir del indulto había quedado constreñido al ámbito simbólico, lo que no es irrelevante pero tampoco suficiente. Se podría decir que toda reparación del derecho es principalmente simbólica. Levy decía, con respecto a los juicios de Núremberg, que se: “había sentido íntimamente satisfecho con la (simbólica, incompleta, parcial) sagrada representación de Núremberg” (Levy, 144), señalando la satisfacción pero también la insuficiencia.

Por fin, con otro gobierno peronista, el de Néstor Kirchner, se derogaron todas las leyes de impunidad y se reabrieron los juicios orales y públicos contra los culpables, sin restricción alguna en cuanto a grados dentro de la jerarquía militar. Organizados en tres megacausas, que nuclean las acusaciones según las jurisdicciones militares⁴, se juzga a todos los acusados de crímenes de lesa humanidad. En septiembre de 2007, había 341 procesados, de los cuales 121 pertenecían al Ejército, 99 a las policías, 39 a la Armada y los demás al resto de las fuerzas represivas. Alrededor de 20 por ciento de los procesados son oficiales de alto rango. Una vez más, la tortura aparece en las declaraciones de los testigos de cargo.

Como se puede apreciar, eso que llamamos democracia da para todo o casi todo: en su seno pueden desarrollarse políticas de juicio y castigo abiertas, puede haber otras de carácter restringido y también políticas de conservación de la impunidad. En otras palabras, la democracia, en su funcionamiento ordinario, no necesariamente comprende prácticas consecuentes con la defensa de los derechos humanos y, en particular, de condena de la tortura.

En todo este proceso, los sobrevivientes de desaparición y, por consiguiente, de tortura han sido una pieza clave para la incriminación y condena de los comandantes en el Juicio a las Juntas primero; para la reconstrucción de la memoria sobre los dispositivos desaparecedores y sus técnicas después, y más recientemente, para la acusación y eventual condena de los acusados en las tres megacausas. El Estado los ha convocado invariablemente a testimoniar y su palabra ha sido validada como “verdadera” en los procesos jurídicos para “reconstruir la trama de nombres, fechas, lugares” (Vezzeti: 187), pero no así en otros ámbitos, como el académico, donde curiosamente hay quienes insisten cada vez más enfáticamente en aceptar la importancia jurídica del testimonio y, a la vez, subrayar las limitaciones del potencial comprensivo y explicativo de la memoria. Para ellos, es como si la razón de ser del sobreviviente no fuera otra que el hecho de testimoniar en los juicios y punto. O bien ofrecer un relato “en bruto” que la academia u otros ámbitos especializados se encargarían luego de utilizar, interpretar y, finalmente, validar, para construir una “verdad más verdadera”, que supedite la memoria a la historia, como relato, este último, estructurado y “verdaderamente” comprensivo. Al decir de Kertész: “Al sobreviviente se le instruye sobre cómo debe pensar aquello que vivió, con independencia de si tal pensamiento coincide con sus experiencias reales; el testigo auténtico pronto se convierte en escollo” Y es que “la experiencia no hace más que perturbar a ese intelectual teórico porque es aquello que siempre se le escapa de las manos” (Kertész, 89, 115).

No obstante, la justicia sigue y sigue reclamando los testimonios como palabra de verdad necesaria a la hora de establecer los hechos. Una y otra vez los sobrevivientes rememoran el secuestro y la tortura, con los consiguientes costos personales. La desaparición de Julio López, testigo privilegiado de la causa contra el comisario Etchecolatz, implicó para él la muerte, y reabrió la amenaza y el miedo a testimoniar, incrementada recientemente con el asesinato de uno de los acusados, el mayor Febres. La palabra de la víctima, que se le reclama casi como un deber, simultáneamente se pone en entredicho o se recorta en otros ámbitos que reclaman más bien su silencio prudente. En especial lo referido a la tortura parece ser una temática particularmente recortada, incómoda e incluso de mal gusto. En la medida en que se la entiende como una experiencia individual, que pertenece al mundo psíquico de quien la ha vivido, aparece como parte de una intimidad cuya apertura sería fronteriza de la autoconmisceración. El contacto con ese sufrimiento se elude, incomoda. De eso no se habla, a veces ni siquiera con los más próximos como la familia o la pareja, que aducen no soportarlo por identificación con el dolor del otro, dejándolo así como experiencia sólo compartible con quienes la vivieron y, de esta manera, como básicamente no comunicable en términos sociales.

La figura con que se ha identificado a las víctimas ha sido la del “desaparecido”, que por lo general se inscribe en los registros de héroe o mártir, ambos fuertemente asociados con la tortura. De ellos, unos pocos han reaparecido; son los “sobrevivientes”, que no se ubican en esos parámetros. Se asume la tortura de todos ellos como parte del “paquete” de la desaparición de que han sido objeto aunque, como ya se señaló, rara vez se trata este asunto de manera separada. La tortura, como problema en sí, toma un lugar en el momento del testimonio legal (porque es una forma de incriminación) y luego se convierte en un asunto privado, donde cada una de las víctimas sobrevivientes se arregla con ella según sus propios recursos. Hay una suerte de “borraje” o, más bien, de puesta entre paréntesis, de encapsulamiento de la tortura, que sólo emerge en determinadas circunstancias aunque siempre se sabe que está alli.

En este sentido, vale la pena detenernos en el tratamiento que han tenido estos sobrevivientes torturados, esos desaparecidos aparecidos, en la literatura argentina reciente, como ámbito de representación simbólica. En otros términos, ver cómo “aparecen” los desaparecidos y, con ellos, la tortura. En un interesante trabajo, publicado en 2007, Ana Longoni estudia el tratamiento que reciben los sobrevivientes y sus testimonios, en tres novelas muy leídas en Argentina⁵. Si bien no se podría suponer que estas obras reflejen el imaginario de toda la sociedad, sin embargo expresan algo más que la opinión de sus autores y se podrían considerar relativamente representativas de ciertas construcciones en torno a los sobrevivientes y a su condición de víctimas de tortura.

Longoni muestra con toda claridad, en las novelas que analiza, la reivindicación del derrotado y del muerto pero no la del sobreviviente. Por el contrario, existe una asociación entre el sobreviviente y el traidor; es más, parecería ser que la sobrevivencia misma mancha a la persona con la sospecha de la traición. “De acuerdo a estas versiones, salir vivo del campo, más que una hazaña o una burla al sistema concentracionario (...) convierte automáticamente al sobreviviente en traidor” (Longoni, 88), en donde, para colmo, “el traidor es más vil que el represor” (Longoni, 95). Esta asociación entre el sobreviviente y el traidor ya había sido señalada anteriormente, por ejemplo por Tununa Mercado quien relata que, incluso durante el exilio, algunos miembros de las organizaciones de derechos humanos se rehusaron a la publicación de los primeros testimonios de sobrevivientes, aduciendo que, en realidad, dichos testimonios habían sido montados por los servicios de inteligencia (Mercado, 208).

¿En qué sentido se dice que el sobreviviente es sospechoso de traición?  En primer lugar, es traidor a los mandatos de vencer o morir “por la causa” y de no dejarse atrapar vivo, que había formulado la militancia de los años 70; el solo incumplimiento de esos mandamientos ya lo convierte en traidor. Pero principalmente es sospechoso de delación, de haber dado información durante la tortura para conservar la vida a costa de otras vidas, aunque existen sobradas pruebas de que esa sospecha es infundada. “Delatar o resistir la tortura no definió la vida o la muerte de los detenidos”, dice la misma Longoni, apoyándose en numerosos testimonios (Longoni, 121). Pero lo que nos interesa aquí, más que esa discusión, es cómo se entiende a la tortura y al torturado y cómo se trata socialmente a quien es sobreviviente de ella.

Desde ya, se asume que la tortura fue el tratamiento de rigor, dándola por un hecho. Frente a ello se asume que debe y puede ser soportada, de manera irrestricta, por quien la padece; acto seguido se la “borra” del análisis como un dato presupuesto pero prácticamente irrelevante o, en todo caso, intratable. Se reconoce no sólo que los sobrevivientes fueron torturados sino que incluso, según Jaime Dri, “los colaboracionistas fueron todos militantes ablandados por largas sesiones de tortura que a veces se prolongaban durante meses” (Dri en Longoni, 115). Sin embargo el propio Dri exhibe sus nombres públicamente y los sanciona como traidores, aun estando muertos. Obsérvese incluso el término colaboracionista, cuando colaboración implica un acto voluntario que jamás puede asumirse como producto de la tortura. Como bien señala Longoni, en todos estos análisis hay un culto a la resistencia a la tortura, aunque ésta sea ilimitada, que no es más que una forma de desconocerla como tecnología eficiente de los poderes estatales, en particular los desaparecedores. Luis Mattini relata que un especialista de los servicios de seguridad habría afirmado: “el que tiene lengua habla, es cuestión de tiempo y de método” (Mattini en Longoni, 125). No creo que se pueda hacer una afirmación tan categórica y general, pero sin duda tiempo y método son elementos que tampoco se pueden desconocer con respecto a las llamadas técnicas de interrogatorio. Por eso es tan importante, en los sistemas legales, restringir los periodos de incomunicación de los prisioneros y registrar la posible existencia de lesiones, como prueba de los “métodos”.

Mattini también señala que el culto al héroe que soporta la tortura constituye “el mayor contrabando ideológico” del imaginario militar, retomado luego por los movimientos revolucionarios. Entender la tortura como una lucha que se puede ganar o perder, según la fortaleza ideológica del prisionero, puede ser una forma de convalidar sus términos, de darle la victoria ideológica y, por consiguiente política, al torturador, de legitimar al que gana en este desigual enfrentamiento entre un prisionero desnudo, maniatado y encapuchado y un aparato estatal desbocado e impune.

Entender la resistencia frente al tormento como prueba de verdad moral es también una forma de validarlo. Si se supone que el “verdadero” ser humano lo resiste como sea y quien no lo hace traiciona esa condición, entonces el intento del victimario de arrancar una “verdad” que persigue a costa de la propia humanidad de la víctima se realiza, se verifica, se consuma a posteriori por el juicio social.

El torturador intenta arrancar una verdad que alimenta el dispositivo desaparecedor (la información) y producir una verdad que lo confirma (la culpabilidad y la consecuente peligrosidad de la víctima). Por su parte, la víctima resiste con todas las armas políticas, ideológicas, morales, físicas y psíquicas con las que cuenta recurriendo al ocultamiento, al subterfugio, al disimulo, para proteger “su” verdad, sus convicciones, sus lealtades, su humanidad, su vida. El resultado de esta lucha dramática no es irrelevante ni trágico. Puede haber distintos desenlaces que, sin duda, marcan a la persona y pueden tener consecuencias gravísimas para otros. Entendiendo esto, se podría decir que la mentira de la víctima es verdad y su verdad es mentira. En realidad, ¿qué clase de verdad y qué clase de mentira se juega en la tortura? La “verdad” última que ella intenta producir, la deshumanización del sujeto, es por completo falsa; las mentiras que allí se juegan son, de muchas maneras “verdaderas”. En todo caso, parece claro que no se puede considerar a la tortura como el “momento de la verdad” última, una especie de Juicio Final que separa justos de pecadores, héroes de traidores, según un tribunal de dudosas credenciales.

Entiendo que considerar así el problema nos introduce en un terreno difícil y ciertamente ambiguo, pero el hecho eludir esta dificultad lleva a una lógica binaria y simple, según la cual termina siendo preferible el desaparecido que el reaparecido, el muerto que el “sospechoso” de “algo”; es mejor un héroe (construido a la medida) o un mártir (que ya no tiene palabra para convalidar o desmentir) que un sobreviviente de cuya “verdad” nunca se tiene total certeza. Todo esto da una medida de cómo la sociedad democrática trata, o más bien no trata, a quienes reconoce como víctimas de tortura. Como concluye Longoni: “Lo sorprendente es percibir hasta qué punto la cadena de culpabilización persiste y es eficaz tres décadas más tarde... al grado de que incluso aquellos que nunca estuvieron sometidos a la tortura ni arrasados por las vejaciones del campo se sientan autorizados a intervenir en el juicio moral hacia los que atravesaron ese límite inescrutable” (Longoni, 133).

La tortura aparece así avalada como prueba de verdad desde los más diversos ángulos: el del torturador que busca la confesión, el de la militancia que sanciona a partir de ella las fortalezas o debilidades ideológicas de su gente, el de la sociedad que determina entre todas sus víctimas los distintos estatutos de héroe, mártir o traidor. Pero falta aquí la palabra de los únicos que han vivido la experiencia directa. Al respecto es interesante el intercambio que realizan cinco sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada en su libro Este infierno.

Dos de ellas, Elisa Tokar y Liliana Gardella, afirman que durante años negaron haber sido torturadas durante su secuestro, por considerar “menores” las afrentas recibidas (Actis, 69), entre ellas golpes, patadas o shocks eléctricos, además de las ya mencionadas condiciones de vida torturantes y humillantes de por sí. Una tercera, Miriam, alude al recuerdo del miedo, y dice: “Después de la picana [shocks eléctricos] en la vagina, en el vientre, en los ojos, en las encías, una de las cosas de las que tengo más vívido recuerdo es del miedo que tenía de que volvieran a torturarme” (Actis, 72). Sin embargo es como si ese dolor, que se sabe que se ha padecido, del que se recuerda el miedo que provoca, no se pudiera evocar de manera directa, Munú lo expresa así: “Hasta el día de hoy sigo viéndome atada en esa cama de metal, pero no puedo vivenciar el dolor físico” (Actis, 74). Liliana, por su parte, dice: “reproduzco absolutamente todas las sensaciones (...) pero tengo un recuerdo muy atenuado del dolor físico. A lo mejor, entre tanta cosa que pasaba el dolor físico quedaba archivado (Actis, 74) (...) Yo no sé si es que uno minimiza o no recuerda el dolor físico de la tortura”. Sin embargo, inmediatamente pasa a recordar que en 1987, ocho años después de su liberación, cuando iban a operarla “enloqueció” –dice–; los médicos no podían acercársele, no dejaba que le pusieran la anestesia peridural; cuando salió del quirófano se tiró de la camilla y no pudieron colocarle ningún tipo de inyección. En el mismo tenor, Munú cuenta: “Yo me descontrolo cuando tengo que poner el cuerpo para que otros actúen sobre él (...) la cara se me desencaja, emito sonidos guturales, cierro los ojos porque se me van para cualquier lado (...) Aunque no puedo vivenciar el dolor de la tortura, evidentemente tengo el registro y cualquier situación similar me remite a ese momento. La tortura fue una vez, pero dura toda la vida” (Actis, 71), afirmación parecida a la de Jean Améry, cuando dice: “Quien ha sido torturado, lo sigue estando” (Améry, en Levi, 22).

Así, en estos relatos, la tortura se puede negar inicialmente, se puede olvidar el dolor que provoca pero permanece como memoria del cuerpo, que se reabre desde el mismo cuerpo, como terror. Señala un terror inscrito de manera indeleble, que retorna ante acontecimientos que “tocan” el cuerpo, aunque sea en un sentido muy diferente e incluso opuesto, como el cuidado médico.

Si la tortura, como intento señalar, no es un acontecimiento individual sino el producto de una decisión política estatal, es decir, una práctica socialmente conocida y re-conocida por amplios sectores, y practicada sobre grupos enteros de la población, sus efectos trascienden también la esfera de lo individual. Lo que sus víctimas experimentan es parte de una experiencia compartida de distintas maneras por el conjunto. Se podría decir que la tortura practicada sobre los desaparecidos, y que narran los sobrevivientes, es una experiencia en muchos sentidos colectiva. Todo el cuerpo social comparte, de alguna manera, ese miedo a la repetición y probablemente actúa de una forma parecida a como lo hacen las víctimas directas: niega, no recuerda, hace caso omiso de la experiencia pero cuanto más se sumerge el recuerdo más abruptamente aparece, de contrabando, mutado en otra cosa, pero siempre como miedo inscrito en el cuerpo, en este caso social.

Pareciera ser que la tortura es, tanto en lo personal como en lo social, algo de difícil rememoración, de difícil colocación, que no se trata de un evento individual sino de una experiencia que debe ser procesada, rechazada y reparada socialmente. En este sentido, el hecho de ventilar la práctica de la tortura y condenarla, en juicios legales, como se ha hecho en el Juicio a las Juntas y se está haciendo en los procesos recientemente abiertos tiene una serie de efectos benéficos: reconocer su existencia dándole “realidad social”, condenarla socialmente con una sanción jurídica que es, en sí misma, la mayor reparación colectiva que se puede realizar en relación con las víctimas.

¿Transiciones?

Hasta aquí me he centrado en la tortura como núcleo de la política de desa-parición de personas en los años setenta, y me he referido en particular al caso argentino. He hecho mención de algunas de sus expresiones previas, en particular el uso de la tortura en las dominaciones coloniales pero también en las llamadas democracias del siglo xx. Por fin, he tratado de exponer las dificultades que se presentan en el tratamiento de la tortura durante y después de las transiciones. Sin embargo, dejarlo así supondría pensar que nos enfrentamos simplemente con las secuelas de lo ocurrido en los años 70 e inicios de los 80, lo que sería, finalmente, un problema menor.

También nosotros, pretendiendo centrarnos en este núcleo doloroso que por lo regular se evade, podríamos estar haciendo lo mismo que intentamos criticar: mirar al costado y no de frente. Porque ¿cuál es la realidad que enfrentamos hoy, en medio de las llamadas democracias, en relación con la tortura y la desaparición de personas como su modalidad más radical?

La pregunta viene al caso porque el problema de la desaparición y con ella las formas más atroces de la tortura, se plantea por lo regular en pasado, como lo hacemos ahora con respecto a los años setenta, en un tiempo efectivamente superado, lo que permite su enunciación. Hay en cambio una oclusión de la enunciación en el momento en el que transcurren los hechos. Y allí está parte de la trampa. Es honorable, es decente y es aceptable hablar de las desapariciones pasadas pero no de las presentes, siempre puestas en duda, siempre sospechosas de escasa objetividad, de insuficiente sustento de las denuncias. Y eso es así y no podría ser de otra manera porque, precisamente en el momento en el que ocurren, todo el aparato del poder está puesto al servicio de la desaparición, del borraje, de la sustracción de las pruebas.

Hoy por hoy es necesario señalar las violaciones directas que cometen una serie de países dentro de su propio territorio nacional, tal como lo señala el Informe 2007 de Amnistía Internacional. Entre ellos menciona, por supuesto, a Estados Unidos de Norteamérica, donde existen “malos tratos a detenidos en las cárceles y bajo custodia policial, relativos al uso de dispositivos restrictivos y armas de electrochoque. [En ese contexto] más de 70 personas murieron tras recibir descargas de armas lanzadardos de electrochoque, con lo que el número de muertes causadas por estas armas desde 2001 se elevó a más de 230. [Asimismo] miles de presos continuaron recluidos en régimen de aislamiento durante largos períodos en instalaciones de máxima seguridad en condiciones que en algunos casos equivalían a trato cruel, inhumano o degradante” (AI, Informe 2007). También se menciona el uso de torturas en Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Paraguay y Venezuela, resaltando en especial el caso de México. Con respecto a Europa, se menciona la utilización de estos métodos en Alemania, que “no respetó la prohibición de la tortura y otros malos tratos en relación con presuntos terroristas”; España, donde “siguió habiendo informes de tortura y malos tratos infligidos, en muchos casos con impunidad, por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”; el Reino Unido, donde “el gobierno continuó menoscabando derechos humanos fundamentales (...) perseverando en sus intentos de socavar la prohibición de la tortura dentro y fuera del país e intentando promulgar leyes que contravenían los derechos humanos fundamentales” (AI, Informe 2007). Por supuesto, están mencionadas las violaciones en este mismo sentido en otros países como Turquía, la Federación Rusa, China y Corea del Norte, entre otros. Es decir, prácticamente todas las potencias recurren hoy por hoy al uso de la tortura, pero he elegido detenerme en aquellos países que se suponen democracias y que se exhiben como tales, precisamente para señalar la connivencia entre tales sistemas políticos y el recurso a la tortura.

Más allá del ámbito interno de cada nación, el Informe 2007 de Amnistía Internacional señala también que: “Salieron a la luz más indicios de abusos sistemáticos y reiterados por parte de Estados Unidos y sus aliados (todos supuestamente democráticos) en el contexto de la «guerra contra el terror», como detenciones secretas, desapariciones forzadas, reclusión arbitraria y prolongada en régimen de incomunicación y torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Al finalizar 2006, miles de personas seguían privadas de libertad bajo custodia estadounidense, sin cargos ni juicio, en Irak, Afganistán y Guantánamo” (AI: Informe 2007).

Además de estos lugares, está consistentemente documentada la existencia de una superposición de circuitos legales e ilegales que operan en la desa-parición de personas a nivel global, en el contexto de la guerra antiterrorista.

Guantánamo es el punto más visible, pero en realidad se trata de una vasta red que comprende una serie de lugares de detención, totalmente clandestinos, conocidos como “sitios negros” operados por la CIA. Estos centros están repartidos en varios países y se presume que muchos de ellos se encuentran en instalaciones militares norteamericanas. En distintos lugares funcionan “centros de interrogatorio [es decir, de tortura] secretos en los cuales se trataría duramente a los detenidos, fuera de toda restricción legal” (Hersh, 38). Las personas alojadas ya sea en Guatánamo, ya sea en los llamados sitios negros o bien los “detenidos fantasma” de las prisiones militares, de quienes se desconoce la identidad y quienes están fuera de toda asistencia y protección legal, son desaparecidos, en el más estricto sentido. “Sólo unos pocos funcionarios y parte del personal de inteligencia norteamericano y de los países involucrados conocen la existencia de esta red represiva, concentracionaria, desaparecedora que, siendo ilegal, opera sin embargo desde las estructuras legales, jerárquicas, autorizadas, de los aparatos de seguridad estatales (...) la red represiva legal/ilegal se exceptúa a sí misma del cumplimiento de convenciones y acuerdos, en particular los referidos a la protección de los derechos humanos y a la proscripción de la tortura” (Calveiro, 33). Se menciona la existencia de estos centros en Polonia, Rumania, Kosovo, Pakistán, Afganistán, Singapur, Tailandia y otros Estados de Europa Oriental. Pero es a través de las democracias de Europa Occidental que las personas detenidas ilegalmente son transferidas a los sitios negros en “aviones prisión”. Amnistía Internacional denunció que se realizaron unos 800 vuelos hacia y desde el espacio aéreo de por lo menos ocho países europeos (Alemania, Bosnia, España, Herzegovina, Italia, Macedonia, Reino Unido y Suecia), para el traslado secreto de secuestrados, a los que la CIA llama “rendiciones” (AI, 2006).

“Los centros de reclusión de personas para la obtención de información mediante la tortura parecen instalarse preferentemente en países periféricos con larga tradición en la violación de derechos, una suerte de extraterritorialidad artificial puesto que todos los sobrevivientes resaltan el hecho de haber sido interrogados por personal de inteligencia norteamericano” (Calveiro, 37). Relatan asimismo que fueron sometidos a golpes, estrangulamiento, asfixia, violación y toda clase de abusos sexuales, quemaduras, descargas eléctricas, ataques de perros, es decir, lo habitual en los casos de desaparición de personas. También refieren algunas técnicas relativamente novedosas como el aislamiento absoluto durante meses, la deprivación sensorial (vista, oído, tacto), la privación de sueño, la exposición a ruido blanco, el mantenimiento de posiciones estresantes, todas orientadas principalmente al desquiciamiento psíquico de la persona, que darían cuenta de nuevas formas de representación del poder, que analizo en otro texto.

Estas prácticas no son desconocidas para nadie y, sin embargo, tampoco son cuestionadas de manera consistente por ninguna de las grandes potencias, sean o no democráticas, las que, en su mayoría, las practican, las toleran y las silencian. ¿Cómo entender entonces esta persistencia de la práctica de la tortura en las democracias? ¿Cómo vincular su presencia constante con la dificultad de abordarla como realidad y como problema específico, que comprende una decisión y unas tecnologías políticas determinadas, excluyéndola del ámbito de las experiencias personales traumáticas? ¿Qué relación tiene todo esto con la persistencia de una lógica según la cual la tortura sigue siendo el argumento de prueba para alguna suerte de verdad?

La tortura es un mal muy antiguo como política represiva del Estado pero, como ya dijimos, alcanza su máxima expresión en la desaparición forzada. El fenómeno desaparecedor puede remontarse al nazismo y, aunque existe una continuidad histórica entre éste y las prácticas previas de la Europa colonial y liberal del siglo xix (Traversa, 167-172), Auschwitz es un verdadero parteaguas. Auschwitz es, sin duda, el modelo paradigmático de desaparición de los Otros, haciéndolos literalmente humo, dentro del cual la tortura, en todas sus formas, fue un elemento clave. Y fue paradigmático porque desapareció a millones –pero no sólo por el número de afectados–, sino porque quiso desaparecer a pueblos enteros –como los judíos y los gitanos–, pero no sólo a los diferentes étnicamente, sino también a los diferentes sexualmente, o sanitariamente o políticamente; la maquinaria desaparecedora de Auschwitz, al querer borrar toda diversidad, puede entenderse como un intento de desaparición de la humanidad misma.

Posteriormente, en el contexto de la Guerra Fría, muchos Estados de América Latina retomaron ese imaginario desaparecedor, ahora con los disidentes políticos y, en algunos casos, como Guatemala, también con un fuerte componente étnico. Adoptaron así, como política represiva estatal, el uso de la desa-parición forzada y la tortura ilimitada, que les resultó muy eficiente en el aniquilamiento de cualquier opción política alternativa a los planes norteamericanos para la región. El éxito de esta política, aplicada primero que nada en nuestros países, parece haber sido decisivo para su extensión a nivel planetario. Hoy asistimos a su ampliación en el contexto de la llamada guerra global. La guerra, ya sea global, imperial o interna, parece ser altamente funcional a la desaparición de grupos enormes de la población y al uso indiscriminado del tormento, y lo relativamente novedoso es que ésta puede coexistir con las democracias e incluso plantearse como estrategia de defensa de las mismas.

Se configura así un nuevo orden, en el que cada vez aparece más claramente no la cancelación del Estado de Derecho, como se suele afirmar, sino la superposición de éste con un Estado de Excepción. El Estado de Derecho democrático, respetuoso de las garantías individuales rige para unos, entre los que estamos nosotros, los “bienpensantes”, a los que se nos ampara incluso el derecho al disenso; a la vez, ese mismo Estado democrático ampara la excepcionalidad, se erige como Estado de Excepción asesino y torturador con respecto a otros, sean éstos “terroristas”, “delincuentes” o sencillamente mujeres pobres y mestizas, como ocurre con el incremento de los feminicidios. Es un Estado de doble cara, reversible, que aparece y desaparece el derecho según el rostro de su contraparte.

En una cultura que ha hecho de la desaparición una forma de ejercicio del poder, no puede extrañar esta aparición y desaparición “mágica” del derecho. A ello se corresponde un juego semejante con el uso del tormento. Los gobiernos niegan su utilización y fingen sorpresa ante las denuncias, en una maniobra de sustracción de la realidad de la tortura a la mirada pública. Pero al mismo tiempo que hacen esto exhiben el uso de la tortura de mil maneras. Mencionaré sólo tres, como ejemplos clarísimos de los mecanismos de visibilización y aceptabilidad del tormento en nuestras sociedades democráticas: 1) las fotos de Abu Ghraib, que recorrieron el mundo sin dejar duda del carácter de la llamada guerra antiterrorista pero sin provocar reacciones sustantivas por parte de las llamadas democracias, como muestra de la impunidad estatal; 2) la exhibición aterrorizante de las formas más atroces de tortura por parte las redes criminales, obviamente protegidas por los Estados corporativos con formato democrático, 3) la machaconería con que el cine, la televisión e incluso la música introducen y naturalizan la tortura por parte de militares, policías y criminales, que se confunden tanto en la pantalla como en la realidad.

Esta tortura negada pero que aparece por todos lados es parte del juego desaparecedor. Para que la desaparición tenga su efecto aterrador es necesario mostrar y negar su existencia señalar la mano que la realiza pero no asumir la responsabilidad. Cuando el Estado opta por la desaparición de personas y su tormento ilimitado, presenta este abuso como una batalla por la “verdad”. La defiende como forma de arrancarle información relevante a un supuesto enemigo y así desenmascararlo, penetrar en su verdad. Como ya señalé, también en ciertos ámbitos políticos y sociales se entiende la tortura como una especie de tribunal de alguna “verdad” ideológica, política o moral, que termina validándola.

Toda verdad es incierta y parcial: la que produce la tortura, la que revela el testimonio, la que construye la historia; toda verdad, como una linterna, al iluminar un espacio deja otros en la sombra. Pero la supuesta “verdad” de la tortura, es una linterna empuñada por el torturador y su lógica.

Si por un instante la invertimos y apuntamos hacia el rostro de los perpetradores, del Estado, la práctica de la tortura en las actuales democracias ilumina otra verdad que ha permanecido en la penumbra. Esa verdad es que con tal de mantener el control del Estado, las actuales democracias parecen dispuestas a conservar todas las prerrogativas del poder, toda su fuerza y toda su impunidad, en una cercanía inquietante con el absolutismo y con el totalitarismo del que alguna vez quisieron separarse. Así pues, el testimonio de la tortura desnuda la impunidad, la arbitrariedad, la corrupción, pero sobre todo la doble cara del poder, que se autolimita frente a unos para desatarse por completo frente al Otro. También pone al descubierto la irrelevancia del reclamo heroico –que no ético–, incapaz de abordar el asunto como lo que es: una tecnología de poder, de alta eficiencia, aunque, por supuesto ni infalible ni todopoderosa. Cubriendo y descubriendo, iluminando y dejando en las sombras, más que prueba de verdad última, la tortura parece ser una prueba de falsedad; falsedad principalmente de la índole del poder que la aplica y de los argumentos que la justifican, directa o indirectamente.

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Notas

1 Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, 26 de junio de 1987, www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_cat39_sp.htm (los subrayados son míos).

2 Llamaré tortura física directa a la que consiste en métodos de interrogatorio, y también de castigo, que recurren a la violencia directa aplicada sobre el cuerpo para producir dolor, lo más intenso posible y tratando de que sea insoportable, para vencer la resistencia del torturado y obtener de él información u otras formas de “colaboración”, por supuesto involuntaria. Esta precisión no pretende que otros procedimientos como la deprivación sensorial, el aislamiento, la falta de alimentación y la amenaza permanente sobre la integridad física y la vida no constituyan también formas de tortura.

3 Las condenas del teniente general Jorge Rafael Videla, del almirante Emilio Eduardo Massera, del brigadier general Orlando Ramón Agosti, del teniente general Roberto Eduardo Viola y del almirante Armando Lambruschini, incluyeron el cargo de aplicación de tormentos (Diario del Juicio, 29, 526 y 527).

4 Las tres megacausas que nuclean las acusaciones son las referidas a I Cuerpo de Ejército, II Cuerpo de Ejército y Escuela de Mecánica de la Armada.

5 Se trata de Recuerdo de la muerte de Miguel Bonasso, Los compañeros de Rolo Diez y El fin de la historia de Liliana Heker.