Economía política y política económica
para la Venezuela del siglo XXI: “El Estado Fofo”

Mata Mollejas, Luis*

Resumen

Las transformaciones políticas venezolanas en el siglo XX han estado asociadas a la dinámica de la industria petrolera y a las mutaciones monetarias y financieras en el ámbito internacional y nacional. En el comportamiento interno reciente, la especulación financiera en la actividad bancaria, como resultado de la ocurrencia sostenida de déficit Fiscal y su consecuencia en la economía real como “trampa depresiva” se encuentran en el centro de un mecanismo explicativo, que permite evaluar la relación deseable entre Estado y Sociedad Civil (Social choice). El artículo también enfoca los retos presentados a la política macroeconómica (Public choice) para inducir un nivel más alto de bienestar colectivo, asociado a un mayor nivel de empleo al considerar la situación presente de “burbuja petrolera”, “trampa depresiva” y “gobernabilidad restringida”.

Palabras clave: Estado fofo, burbuja petrolera, trampa depresiva, gobernabilidad restringida y siglo XXI.

Political economy and economic policy for twenty-first century Venezuela:  “The   Flabby State”

Abstract

Political transformations in twenty-first century Venezuela have been associated with the dynamic of the petroleum industry and monetary and financial mutations in international and national spheres.  In recent internal behavior, financial speculation in banking activity resulting from the sustained incidence of a fiscal deficit and its consequence on the real economy in the form of a “depressive trap” are at the center of an explicative mechanism that allows for evaluating the desirable relationship between the state and civil society (social choice).  The article also focuses on the challenges made to macroeconomic policies (public choice) to induce a higher level of collective well-being, associated with a higher employment level, when considering the current situation of the “oil bubble,” a “depressive trap” and “restricted govern ability.”

Recibido: 06-06-22 · Aceptado: 06-09-19

Introducción:

 El Fin del Estado Opulento

A partir de 1936, Venezuela transcurrió dentro de un orden económico basado en un Estado cuyas acciones se apoyan en una renta petrolera (Estado “rico”) y una Sociedad Civil en donde el empleo dependía en gran parte de la dinámica de trasvase de los recursos fiscales (Sociedad “pobre”), la “Oil and Civic Republic”, dentro de una estrategia económica conocida inicialmente como “siembra del petróleo” (1). Y entendida como “economía mixta” dentro de la opción del Welfare State. Pero el retroceso sostenido en los niveles de bienestar en las últimas tres décadas hace necesario replantearse una nueva estrategia.

En efecto, la nación venezolana no ha entrado en el siglo XXI con buen pie. Las tres últimas décadas muestran una increíble historia de endeudamiento fiscal que, al traducirse en inversión especulativa bancaria para asistir al Fisco es posible asociarla a la caída del ingreso per cápita, a un desempleo por tres veces la tasa “natural” y una sub ocupación e inflación de dos dígitos (Véase Tabla I) (2). Estas circunstancias además, parecen inmunes a las practicas de la ortodoxia económica o de “derecha”, incluidas las variantes del llamado “Consenso de Washington” (3), y las relativas al control económico o de “izquierda” del gobierno instaurado en 1999; contentivas de controles de los precios relativos y de un incremento de los impuestos “no petroleros”, fundamentalmente indirectos o regresivos que arrojan montos superiores a los subsidios mas o menos masivos y a las inversiones en infraestructura.

Ello quiere decir qué durante las tres últimas décadas la gestión del public choice no ha podido satisfacer las necesidades económicas y sociales del colectivo nacional, ni ha proporcionado bases sólidas para el desarrollo ulterior (4).

Así la economía venezolana se encuentra, en el momento actual en una situación de generación insuficiente de empleos, de filtraciones de capitales, a pesar del control de divisas, de inversión reproductiva insuficiente, e inflación sostenida, conjunto de circunstancias que llamamos “trampa depresiva”; acompañado todo lo anterior de un crecimiento del consumo de bienes importados, en su mayor parte, con lo cual las cifras macroeconómicas de los años recientes reflejan un crecimiento que denominaremos “burbuja”.

1. La especulación: Eje de la explicación

En nuestra opinión el centro de la explicación de las anteriores circunstancias se encuentra en la complejidad de las interacciones (vinculación) entre las variables fiscales y monetarias que inducen a la especulación (trampa depresiva); en lugar de la inversión productiva.

En efecto, en una primera fase se presentan ajustes en precios y cantidades a partir de la información a bajo costo (a veces nulo) en los mercados de títulos créditos y divisas. En una segunda fase las variables de ajuste son las cantidades demandadas y en menor medida los precios (viscosos o nocionales). Los saldos últimos se realizan en el mercado monetario (dinero endógeno).

Los elementos de tensión aparecen cuando el crédito para fines productivos se reduce por el financiamiento de la actividad especulativa, lo cual obliga ulteriormente, a liquidaciones de activos reales para cancelar pasivos financieros. Ello se visualiza con la desvalorización súbita o paulatina de la moneda pública.

Un elemento clave es el proceso crónico de endeudamiento público para gasto no productivo, que puede venir acompañado de una apariencia de crecimiento (burbujas) cuando el gasto final conduce a consumos crecientes de bienes importados. Lo dicho se ilustra con los diagramas de Venn-Euler que se presentan como Grafico 1. En dicho gráfico la esfera del tráfico internacional (ISYS) relacionado con el Banco Central y las esferas relativas a la banca privada, al gobierno y al sistema productivo privado se superponen (interrelacionan) por pares, tríos y cuartetos, reflejando (cada una de las interrelaciones) variables dependientes.

]]> 2. Las vinculaciones especulativas en Venezuela: La trampa depresiva

En el caso de Venezuela vemos que el déficit público persistente, su financiamiento crediticio, la inflación resultante y su validación desde el lado monetario (la depreciación sostenida del tipo de cambio) ha limitado al bolívar en su función de “reserva de valor” (5) al interactuar con el deterioro de la intermediación financiera con propósitos productivos, en favor de actividades especulativas; incluida la adquisición de bono públicos y la fuga de capitales (refugio en las divisas extranjeras). En otras palabras se ha establecido una “irracional exhuberancia Fiscal” (6), sostenida por un incremento de la deuda pública interna, que presiona el alza la tasa de interés y un crecimiento del endeudamiento externo que, a la larga, atenta contra la estabilidad del tipo de cambio (7). Ambos elementos encarecen la inversión productiva e incrementan los precios.

Cabe entonces resaltar los factores relevantes del mecanismo explicativo que han conducido a la “trampa depresiva”.

El primero de ellos se encuentra en el hecho de que, desde a mediados del siglo XX se hizo evidente un cambio en la naturaleza del dinero; pues el valor intrínseco de la moneda metálica o “moneda mercancía” se torno innecesario, sustituyéndose por las llamadas condiciones morales y financieras de las instituciones y agentes económicos, cuando cumplen funciones financieras. Es decir, cuando sus activos y pasivos financieros son susceptibles de circular, con aceptación general, según las condiciones de intereses y de plazo de redención. Tales instrumentos operan como el antiguo dinero mercancía mientras están en circulación; pero una vez retornados a su origen (cancelados) desaparecen (Lavoie, 1987).

Por ello, la credibilidad y estabilidad del moderno sistema monetario-financiero, reposa en la oportuna cancelación de las obligaciones “privadas” y en la acción complementaria de un prestamista de última instancia; pero un endeudamiento público creciente nunca se cancela (la deuda eterna) (8). Las acciones del FMI en las crisis de finales del siglo XX para cancelar las acreencias de la banca internacional privada contra algunas deudas públicas son un fuerte indicio de esta afirmación.

En segundo lugar, entre los factores institucionales (estructurales) que en Venezuela refuerzan la presencia de la “trampa depresiva” puede apuntarse el hecho de que la Administración Pública, desde la segunda mitad del siglo XX, monopolizó los sectores de mayor potencial de crecimiento (las llamadas industrias básicas) (9) y dejó al sector privado las actividades más cercanas al consumo final (visión dicotómica) con menor potencial multiplicativo a más de haber reducido sensiblemente el componente de inversión en el gasto público desde 1980 (ver Tabla I). El balance final es que el desempeño público presenta niveles altísimos de ineficiencia (observables en los déficit recurrentes de las empresas públicas). También cabe señalar que, según los cronistas contemporáneos, el aspecto de la actuación pública más visible, la infraestructura física del país, se “cae a pedazos” (10), y que no es desconocido que, desde hace años, la pobreza, y la inseguridad de las personas han traspasado los limites atribuibles a coyunturas petroleras desfavorables, mientras individuos de las elites pública y privada percibieron recursos de origen público que establecieron diferencias crecientes con los más pobres de la Sociedad Civil (11).

Así, como tercer factor o agravante, la frontera entre los negocios públicos y los privados en Venezuela se habría evaporado, con la aquiescencia y complicidad de altos funcionarios de los poderes públicos (corrupción) en diversas administraciones a lo largo del siglo XX, para beneficios privados de unos pocos y malestar (pobreza) para la mayor parte de la población.

Como cuarto factor debe resaltarse que la política fiscal descrita (que devino en inflación persistente) obtuvo su validación en el lado monetario (la depreciación sostenida del bolívar, cuando mermó la renta petrolera) a través de la actuación nociva del Banco Central (alzas de las tasas de interés) para mitigar la fuga de capitales. Ello estimuló a la banca privada a disminuir la función crediticia y sustituirla por inversión en títulos públicos en pos de pingues ganancias, en el corto plazo, atentando contra la estabilidad del sistema financiero y por ende contra la confianza del público general (12). Al respecto la Tabla I, muestra que la proporción de créditos con relación a los depósitos ha descendido desde 1980, lo cual refleja la mencionada actuación especulativa de la banca, en pos de los beneficios de corto plazo que el endeudamiento del Fisco le ofrece /Véase en la Tabla I, el rubro de endeudamiento interno).

Se comprueba así que la racionalidad del corto plazo en la banca venezolana, atenta contra la racionalidad del largo plazo, pues en general, con las excepciones del caso, margina la obtención de utilidades de la intermediación. Una consecuencia gravísima es que la banca venezolana estaría inmersa en una cadena especulativa de Ponzi, contando con que el Fisco siempre proporcionará ganancias altas. Esto implica que los gerentes en ejercicio, en su más alto nivel y en buena parte venidos del exterior, no han asimilado la experiencia del colapso bancario de 1994-1995 (13).

Como quinto factor depresivo deben apuntarse las “filtraciones”: asociadas primero a las fugas de capital, por falta de oportunidades de inversión relacionada con la instauración de monopolios públicos (visión dicotómica) y a la experiencia de devaluación que limitan el cumplimiento de la función de reserva de valor del bolívar, y segundo, a las crecientes importaciones de bienes de consumo, como resultado del relajamiento por presiones comerciales del control de cambios instaurado para combatir las fugas de capital (14).

3. La economía política y la política económica

En la llamada cultura occidental, durante el siglo XIX comienza a generalizarse la organización política denominada “democracia representativa” basada sobre torneos electorales entre los ciudadanos o Sociedad Civil para elegir a los integrantes del Estado encargados de regir el orden social, en sustitución del “príncipe” o monarca autoritario y totalitario (absolutista) que imperaba sobre vasallos, desde la formación de los Estados Nacionales (Siglo XIII).

Dentro de ese régimen, para considerar la interacción entre aspectos económicos, políticos (15) a partir de la segunda mitad del siglo XX, el pensamiento anglosajón enfatizará el uso de dos conceptos: El de “politics” referido a la visión estratégica que tomará especificidad en la literatura de la Economía Política como “social choice”, evocando en el ámbito político a los electores; y el concepto referido a las acciones tácticas del Estado o “policy” que en la literatura de la Política Económica tomará especificidad como “public choice”; lo cual nos permitirá evocar a las “decisiones políticas” del Estado, referidos a un contexto de “ técnica o cálculo económico”, que en términos generales se centra en las políticas fiscal y monetaria por su incidencia sobre el comportamiento de los precios, y, que en el caso de Venezuela incluye de modo particular a la política petrolera por su influencia sobre aquellas (16).

Manteniéndose dentro del concepto de la “democracia representativa”, Manin (1996) identifica cuatro principios que le servirían de fundamento para soslayar, mediante consideraciones institucionales, las limitaciones teóricas encontradas por Arrow (1951) y Baumol (1965) en la búsqueda del “social choice”, como relación estratégica que vincula al Estado con la Sociedad Civil.

Estos principios son: a) Los gobernantes se designan por elecciones en intervalos regulares de tiempo; b) Los gobernantes conservan una cierta independencia en sus decisiones frente a la voluntad de los electores; c) Los gobernados pueden expresar sus opiniones y voluntad política sin que sean controlados por los gobernantes; y d) Las decisiones gubernamentales se someten a la prueba de la discusión pública.

Comentando estos principios, Hollard (2004) señala que pueden considerarse como dispositivos institucionales que permitirían rendir cuenta del funcionamiento práctico de la democracia. Al respecto de nuestro trabajo puntualizamos que el primer principio se relaciona directamente en nuestra opinión, al “social choice” o “politics” y que interpretaremos como los “pactos sociales de gobernabilidad”. Al principio segundo corresponde, de forma equivalente, el “public choice” o “policy” y ello tendrá que ver con las incidencias de las decisiones en materia de petróleo, de los cambios en la moneda y de su reflejo en el ámbito fiscal. El tercer y cuarto principios responden en nuestra opinión, al enlace ínter temporal (juego político) para el cumplimiento del primero.

4. Condicionantes recientes del juego político en Venezuela

Expulsadas del poder político las elites del Pacto de Punto Fijo (17), creadoras de la Oil and Civic Republic habida cuenta del empobrecimiento general percibido por la Sociedad civil (régimen agotado) en la oportunidad de las elecciones de 1998, toman el control del aparato del Estado los elementos marginados del juego político en 1958: la minoría izquierdista y los militares opositores al régimen de democracia representativa. Su ascenso al poder incluyo (como había sido declarado) un cambio constitucional (social choice).

La nueva Constitución aprobada en 1999 relaja un tanto el carácter “civil” de la república. El orden militar, sometido antes a la supervisión del Poder Legislativo se deja bajo la potestad del Poder Ejecutivo. Lo mismo ocurre con la organización del gobierno que se rige ahora por “decretos” del Ejecutivo y no por leyes. La circunstancia de que la Presidencia de la República sea ejercida por un miembro de las Fuerzas Armadas hace que, en la práctica, haya un cierto “empowerment” militarista (18); pues es bien conocido que la organización militar, de estricto orden piramidal o vertical, no favorece la discusión.

Así, en Venezuela se habrían restringido las prácticas políticas relacionadas con el tercer y cuarto principio de Manin; por lo cual las circunstancias asociadas al debilitamiento de la participación efectiva de la Sociedad Civil en el juego político dificultan las correcciones necesarias en la esfera de la politics o public choice… pero, ¿cuáles serían estas? Y ¿Cuáles las opciones para el social choice? Veamos esto último en primer lugar.

5. Aspectos económicos del social choice: Modelo subyacente

Admitiendo que lo ideal desde el ángulo económico es que el nivel de vida o bienestar de la sociedad sea creciente con el paso del tiempo, como en promedio lo muestra la historia del planeta, resulta evidente que el aumento sostenido del binomio “producción-ingreso” requiere del aumento constante de los llamados bienes de capital, del empleo y de la relación denominada “productividad” como equivalente del ahorro de esfuerzos de trabajo (castigo divino y valor social).

Este aumento de productividad, indicador por excelencia de la eficiencia de la vida en comunidad, se asocia directamente con el mejoramiento del “saber” y del “hacer” o progreso científico tecnológico. El incremento del bienestar, en la visión de la llamada civilización occidental, como vimos (epígrafe 3º), está asociado al establecimiento de un orden social, conformado por dos grandes (actores) el Estado y la Sociedad Civil y regido por un cuerpo normativo o legal (imperium) dentro del ámbito político (19).

Dicho cuerpo normativo interactúa con los procesos económicos referidos a conceptos tan complejos como los de: mercado, oferta, demanda, inversiones productivas (acumulación), inversiones financieras (especulativas) exigiendo condiciones de operatividad. Ellas incluyen al régimen de propiedad de los bienes del capital, al contrato de trabajo y a la emisión monetaria, como las instituciones fundamentales que permiten la acumulación de bienes de capital en el largo plazo (sistema capitalista), mediante la libre iniciativa (concurrencia), sacrificios menores en el consumo inmediato y la cancelación de los saldos de todas las transacciones por medios monetarios.

El Gráfico 2, elaborado sobre la base de la representación de Venn-Euler, y que considera las actividades de producción, financiamiento, distribución y de gobierno o políticas, como círculos, ilustra la codeterminación de los precios relativos, de la acumulación y del empleo (20), como superposiciones de los círculos mencionados.

Las opciones extremas para el marco regulatorio en el ambiente político, dentro del régimen económico capitalista, oscilan entre la propiedad colectiva de los medios de producción, con gestión ordinaria bajo la tutela del Estado (Capitalismo de Estado) y la propiedad privada de dichos medios (Capitalismo liberal) con gerencia bajo libre iniciativa.

Se justifica la primera opción por el supuesto de que la propiedad privada sería, en última instancia, producto de “un robo” -según la conocidísima afirmación de Proudhon- y para garantizar la igualdad; ya que la propiedad privada sería sinónimo u origen de graves inequidades. Este extremo, y los sistemas mixtos que dan prioridad a dichos criterios se denominan de izquierda o socialista. Su inconveniencia es que la gestión pública limita la libertad de iniciativas o concurrencia y el usufructo privado de los beneficios derivados de la innovación técnica y por ende se reduce el estimulo para innovar (Aglietta, 2000 y Screpanti, 2006).

El sistema opuesto, que privilegia la libre iniciativa y la propiedad privada como garantes de la eficiencia social – en virtud del supuesto de que el egoísmo individual y la concurrencia, conduce a la “armonía social” (la “mano invisible” de Adam Smith), se califica de derecha o liberal. Su inconveniente es que llega a tener gradientes importantes de desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza, a partir de la limitación del consumo y del ingreso salarial.

Estas circunstancias resultan condicionadas por las vinculaciones con las acciones fiscales (la mano visible del Estado) potencialmente especulativas, como vimos en el segundo epígrafe; lo cual puede acentuar la dinámica volátil asociada a las incertidumbres resultantes de la presencia del dinero privado (deudas). Es decir, la ruta del progreso (equilibrio de intereses) es inestable.

De ello se desprende que el mantenimiento dentro de una ruta de progreso social dependa de la cooperación consciente, o reglas del juego, entre la “mano invisible” de la actuación privada y la “mano visible “del Estado (Social and public choices).

6. Las concreciones históricas del social y del public choice

A comienzos del siglo XX, la postura liberal inglesa y estadounidense convino, ante el avance del capitalismo de Estado o “socialismo real” en Europa -1917- en garantizar un mínimo de igualdad, y ello se denominó welfare-state; con matices dependientes de la diversidad de partidos y de las características culturales y de las tradiciones políticas en cada sociedad.

En los países europeos, impregnados de tradición “cameralista” o del rol activo del Estado los partidos que se alinean en la social democracia han defendido la propiedad de un volumen significativo al capital en manos del Estado y se han definido a sí mismo como centro izquierda. La democracia cristiana ha propugnado la generalización de la pequeña propiedad o todos propietarios, presumiéndose que se trata de una opción de centro derecha. Y en fin, en los últimos años, desde Inglaterra, se ha divulgado una alternativa (Giddens, 1994) la llamada tercera vía, calificada jocosamente por los opositores de izquierda como el tatcherismo sonriente; con lo cual se hace alusión a un deslizamiento hacia la derecha de una postura originalmente del tipo centroizquierda para garantizar el avance tecnológico en las empresas antes estatizadas, por el “laborismo”.

La experiencia de los Estados Unidos de Norte América, constituye la expresión histórica por excellence del capitalismo y de la “democracia liberal” (22), y este modelo, tan exitoso según los indicadores macroeconómicos habituales: ingreso per cápita, por ejemplo, permite desigualdades sociales que se atemperan con programas de “ayuda asistencial o social” liderados de tiempo en tiempo, por el partido Demócrata y desmontados, ocasionalmente, por el partido Republicano, según una casi aleatoria alternativa en el poder (23).

En los países latinoamericanos, muy poco eficientes económicamente referidos: entre un cuarto y un tercio del nivel de bienestar alcanzado por los indicadores europeos y estadounidenses, con una mayor desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza, con una tradición política cercana a los autoritarismos, se debate entre las políticas liberales preconizadas por las instituciones multinacionales (FMI-BM ubicadas en Washington) y las preocupaciones de los políticos e intelectuales sensibilizados por la discusión europea en lo social para disminuir los niveles de pobreza y el alto riesgo implícito para el stableshiment político cuando existe la democracia representativa.

Por ello, “la tercera vía” en Latinoamérica adquiere tonalidades que la diferencian de la visión europea (Lagos, dixit), al hacer énfasis en la oferta pública de capacitación para el trabajo de los más desposeídos; es decir, fomentando un Estado activo en las áreas de educación y salud para eliminar las inequidades de base, que impiden la inserción social, sin que ello deba ocurrir a expensas de la libertad en el ámbito económico y político. En otras palabras, sin mengua de la propiedad privada (24) en el contexto de los regimenes de economía mixta o de welfare-state, aunque con diferencias en el grado de institucionalidad y de respeto a las leyes, en la búsqueda de la mayor participación de la población en la actividad productiva y en los procesos distributivos sobre la base del contrato de trabajo asalariado. Esto incluye el respeto al individuo social, que se distingue de los demás por sus diferencias (25).

Por ello, una vez obtenido un nivel aceptable de empleo, el rol esencial de la Administración Publica estriba en establecer condiciones para minimizar las volatilidades de los precios relativos básicos, asociada dicha volatilidad a la incertidumbre propia de los ajustes de los mercados mediante el dinero y sus vinculaciones fiscales. Esta capacidad de armonizar la actuación de la “mano invisible” con la “visible” es lo que denominaremos “gobernabilidad”; la cual se manifestará según la opción seleccionada de public choice.

7. La gobernabilidad en Venezuela para el siglo XXI

De los elementos explicativos (acápites 2 y 6) se infiere que los requisitos para pasar a una fase expansiva de la economía son: 1º crear una atmósfera que minimice la especulación financiera, para que el desenvolvimiento de la iniciativa privada aproveche las oportunidades de inversión y de empleo y por ende disminuya las restricciones para potenciar la expansión de la oferta nacional de bienes; 2º eliminar las restricciones a la libre iniciativa, introducidas a mediados del siglo XX por el capitalismo de Estado (economía dual); 3º aliviar la imposición indirecta y la devaluación sostenida – con propósitos fiscales para frenar el proceso inflacionario y 4º reconocer la trascendencia de los procesos de integración (para encontrar oportunidades de inversión) y de la necesaria coordinación de las políticas fiscales, monetarias y cambiarias para estabilizar en el tiempo (mantener) dicha” integración”.

En el caso Venezuela las consideraciones precedentes conducen a hacer particular énfasis en el ámbito de las políticas petrolera, fiscal y monetaria, como variables centrales en la formación de precios de la economía frente a terceros y de la ocupación de cara a la Sociedad Civil.

Estos componentes de public choice son los que desarrollaremos a continuación; en el entendido de que una decisión trascendente dentro del social choice es abandonar la opción del Capitalismo de Estado, para erradicar la problemática asociada a la visión dicotómica de la economía. Por supuesto debe quedar claro que no se trata de abandonar la selección de economía “mixta” asociada al welfare state. Se trata justamente de adoptarla, haciendo énfasis en la generación de empleo. Un objetivo ulterior será el anclaje de los precios… lo cual es lo opuesto a la práctica realizada desde la séptima década del siglo XX.

7.1. Retos en relación a la política Fiscal

Un principio básico generalmente aceptado para la actuación fiscal es que los recursos puestos a disposición del Fisco deben retornar a la población; esto es, sin negar los beneficios que se derivan de la existencia del Estado en el orden publico, la actividad fiscal debe traducirse en potenciar el equilibrio en el mercado de empleo. El enlace con el punto de vista tradicional, referido al equilibrio entre gastos e ingresos tributarios, reside en que el financiamiento sostenido, recurrente, de situaciones de déficit, presiona al alza la tasa de interés y del tipo de cambio, limitando el crecimiento del empleo nacional.

Ahora bien las anteriores condiciones tienen un corolario relevante: y es que también deben producirse equilibrios funcionales, según fuentes y destinos, lo cual trasciende el equilibrio clásico entre ingresos y gastos fiscales totales; privilegiado por la teoría económica estándar y conocido en forma dinámica como “Sostenibilidad ínter temporal”; debiendo recordarse que el financiamiento con instrumentos distintos de los impuestos, a saber: la creación de deuda y el acudir a la devaluación y a la liquidación de las reservas internacionales acelera los procesos inflacionarios y la volatilidad del tipo de cambio (Fisher, 1990).

Así en el caso de Venezuela cabe señalar que el nivel de los ingresos petroleros debería igualar al monto de la inversión pública; lo cual no es lo que ocurre, según los registros de la Tabla I.

Finalmente sin entrar en detalles que se tratan en el anexo Nº 1, resulta evidente que el destino del gasto público resulta esencial y no accesorio como querría el keynesianismo simple o de corto plazo.

7.2. Retos en relación a la política monetaria y cambiaria

A partir de la flotación del dólar (1971), el uso creciente del dinero privado y la profundización bursátil que lo acompaña, son condicionantes de carácter general y universal que tornan ineficaces, para los propósitos del desarrollo, la defensa de la moneda nacional con medidas como el control de cambios y la elevación de las tasas de interés. En efecto el primero dificulta las transacciones internacionales de bienes y capitales y la segunda alimenta los factores depresivos. Por ello son, escasamente, tres países en el planeta los que se encuentra en tan delicada situación: Corea del Norte, Cuba y Venezuela.

Por contraste, a partir de ese momento, gran parte de los países del planeta transitan procesos de integración continental; por lo cual los instrumentos financieros y monetarios son manejados dentro de acuerdos internacionales cada día más explícitos (Dornbush, 2001; Mundell, 1997). Ello sin mengua de reconocer que las negociaciones (27) no son fáciles, pues las decisiones involucran la relación entre tasa de desempleo y tipo de cambio.

El corolario político es que ante la influencia de los mercados internacionales (globalización) la actuación de las autoridades nacionales (monetarias y fiscales) debe coordinar su actuación con sus “parternaires” o socios comerciales. Desde el punto de vista académico la teoría del “preajuste financiero” (Mata, 2006) explica exhaustivamente esta afirmación y su versión monetaria: un mercado una moneda, en lugar del precepto tradicional un país una moneda.

El caso de Venezuela, no es una excepción, debiendo resaltarse que la eficacia de la política monetaria (para la obtención de empleos) estará entonces asociada a la marcha de los procesos de integración hemisférica. En el ínterin, el reconocimiento de la fragilidad del bolívar como moneda de reserva, aun para los venezolanos más pobres, dada la insuficiencia de las reservas internacionales (RIN) para compensar, simultáneamente, el saldo de deuda externa y la emisión monetaria de las autoridades, en medio de una atmósfera internacional caracterizada por la existencia de gigantescos volúmenes de capitales flotantes, obliga a minimizar el atractivo de la especulación cambiaria, admitiendo la circulación, para fines financieros, de las divisas internacionales mediante el ajuste del mercado cambiario a través del manejo de los encaje y del crédito en divisas (matching-rules; García ,1995) con el fin de repotenciar la alicaída eficiencia del Banco Central.

Sobre lo anterior hay experiencia más que satisfactoria en los casos de Perú y Bolivia, a pesar de las restricciones sociales que afectan a esos países. Esta opción evita, por lo demás, la experiencia negativa de la “caja de conversión” en Argentina y de los dudosos resultados de la “dolarización” en el Ecuador para combatir la especulación asociada al descontrol fiscal (28).

7.3. Retos en el Régimen Laboral

La teoría estándar en los países desarrollados para tratar la problemática del empleo, vista como coyuntural, recomienda una estrategia llamada de “aterrizaje suave”; la cual privilegia la lucha contra la “inflación” desde los bancos centrales, con restricción monetaria aún a costa del empleo; haciendo referencia a un hipotético nivel “critico” de desempleo, cuya eliminación llevaría a la inflación. Se trata del conocido NAIRU “non accelerating inflation rate of unemployment” que se ubicaría contemporáneamente, en los países industrializados, alrededor del 6%. Las circunstancias de la “exclusión laboral” y la experiencia en EUA bajo Bill Clinton (Stiglitz, 2003) hacen más que dudosa la hipótesis aceptadas por la teoría estándar (“curva de Phillips”). Ello permite, como medida específica en la lucha contra el desempleo, emprender modificaciones institucionales, como la reducción de la jornada laboral; tal como proponen hoy la teoría y la política en el ámbito europeo.

Debe resaltarse que además de la visión dual del capitalismo de Estado existe otra visión dicotómica que pretende separar la pobreza del desempleo; por lo cual habría soluciones “sociales” clasificables en asistenciales, compensatorias, focalizadas (pobreza extrema), en general “transitorias”.

A mediados del siglo XX ello se asocio a la “ruralizacion de las urbes” y se estimaba que tales acciones y el crecimiento de los “servicios” suplirían, provisionalmente, la falta de demanda del sector industrial. Hoy está claro que la “exclusión laboral” afecta al mundo urbano, agravando los problemas de vivienda, salud y educación. También debería estar claro que sin empleos productivos (generación de ingresos suficientes), sin generación de oportunidades de inversión, no hay ni habrá nunca presupuesto “social” o “asistencial” suficiente. Por ello en Venezuela el mayor obstáculo al crecimiento del empleo reside en el capitalismo de Estado, generador de déficit fiscal y de especulación financiera.

7.4. Retos en el Régimen Petrolero

El régimen liberal (Constituciones de 1914 y 1925) que permite la iniciación de la industria petrolera en Venezuela se irá transformando paulatinamente en otro de “Capitalismo de Estado” (Constituciones de 1936, 1947, 1953, 1961 y 2000); bajo la apariencia de “Economía de Mercados Libres Regulados”; pues aunque se conserva el derecho de propiedad privada y la producción bajo contrato de trabajo, se introducen conceptos como los de “utilidad pública y función social de la propiedad” y el uso de instrumentos como la planificación indicativa, el control de los procesos monetarios y financieros, el ejercicio de la seguridad social y la reserva de ciertas actividades de la producción industrial pesada a las empresas del Estado (petróleo, hierro, aluminio e hidroelectricidad), regulando, a voluntad del Ejecutivo Nacional , el ejercicio de las “garantías económicas”. Para los sectores dejados a la actividad privada (visión dicotómica).

En el caso de la explotación internacionalizada de los recursos petroleros se fue montando un “régimen de reparto” de los beneficios: ley de hidrocarburos de 1943, ley de ISLR del mismo año, y modificaciones en 1948 y en 1958 que llevaron la participación fiscal entre el 50% y el 60% y mas, de los beneficios de la actividad, sin que la nación tuviese que invertir en la industria (29).

Ese régimen fue desmontado en 1974 con la estatización de la industria debiendo el Estado hacerse responsable por la continuidad de la explotación y por ello de las inversiones correspondientes y rentabilidad, creando una empresa PDVSA con autonomía financiera y de gestión. Ello redujo la percepción de los valores retornados petroleros al fisco y obligaba a estudiar las estrategias y tácticas para obtenerlo. Una limitante para ese desempeño estribaba en las obligaciones derivadas de la participación en la OPEP y en la autonomía gestionaría y financiera de PDVSA.

Antes de transcurrir una década, a raíz de la constatación de la insuficiencia de la renta petrolera para atender las necesidades de re-inversión en la industria y obtener fondos para otros propósitos (30), después de ensayar diversas estrategias internacionalización o adquisición de refinerías en el exterior (1982), contratos de servicio para producción (1989), se retorna a la idea de atraer la inversión extranjera empleado un “régimen mixto” con el capital extranjero” apertura (1994-1998) y empresas mixtas (2006) en áreas de reservas probadas. Con ello se cierra el ciclo de “no más concesiones que indujo al nacimiento de la OPEP. Pero quedan por resolver cuestiones básicas referidas al alcance del negocio petrolero que se desea abarcar. En efecto el asunto más trascendente al respecto es sustituir una política centrada en la concepción de la industria como productora de renta fiscal, que relega a las políticas fiscal y monetaria a un rol subsidiario y referido al sector no estatal (visión dicotómica), por otra que considere a la economía nacional como una unidad a los efectos del empleo en el largo plazo (vinculaciones de la industria con el sector productivo no petrolero), considerando las circunstancias de la globalización.

Con relación a ello debe quedar claro: a) que el diseño de la política petrolera va mucho más allá de visiones simplistas, como las asociadas a los fondos compensatorios para regular el flujo de renta destinado al fisco y b) que la estrategia de desarrollo nacional no puede someterse impunemente a los fluctuantes intereses de la OPEP (31); puesto que en más de una oportunidad dicha organización ha respondido primero a las conveniencias de parcialidades y terceros en particular a la comunidad árabe y a su vinculación con los EAU como el sistema “Price-Band” (Véase Al-Shereidah, 2006). Debe entonces decidirse: 1º) sobre la permanencia en el seno de la OPEP, considerando la dinámica de mercados, las reservas probadas y el tipo de petróleo, los costos unitarios de producción (32) la industrialización “aguas abajo” y las opciones de inversión; habida cuenta de que los oferentes concurrenciales, incluidas las fuentes de energía alternativas, dependen del precio del mercado y 2º) sobre la forma de control sobre PDVSA, que según Mendoza Pottella (2006) sigue siendo una “caja negra”.

8. Síntesis, conclusiones y comentarios finales

Ello nos lleva a que la mayor parte de la población por tener menos ingresos, maneja pocos instrumentos bancarios, por lo cual hacen reposar su confianza en las instituciones privadas y públicas que operan y regulan las operaciones principales; las crediticias y su relación con los bancos centrales. Por ello, solo la exhuberancia especulativa de los más ricos, no materializada en retornos, desestabilizara al sistema financiero-económico.

En el caso de Venezuela, la característica de “especulación no materializada en retornos” o “trampa Depresiva” aparece como vinculación entre el Fisco y la banca privada al financiar recurrentemente déficit fiscal, habida cuenta del deterioro relativo de la “renta petrolera” y de los escasos logros económicos y sociales. En efecto como indicador síntesis del “no retorno” encontramos la paradoja de una economía “rentista” que en las tres últimas décadas no capitaliza ni social (desempleo) ni económicamente (deterioro creciente de la infraestructura física y déficit en las empresas públicas).

De manera general, los bancos centrales son responsables de la política monetaria interna; esto es, de regular la emisión monetaria, de atender las necesidades de crédito a tasas satisfactorias de interés y de vigilar la marcha de la inflación (o capacidad adquisitiva del dinero) al tiempo que deben asegurar la capacidad de pago del país ante las obligaciones internacionales; así resultan responsables del manejo de las reservas internacionales y del tipo de cambio.

En el caso Venezuela, la especulación se manifiesta de manera sensible en el deterioro sostenido del tipo de cambio, como muestra inequívoca de la insuficiencia de las reservas internacionales (RIN) al comparar su volumen con la sumatoria del saldo de la deuda externa y de la emisión monetaria de las autoridades (véase Tabla I).

Los condicionantes señalados obligan, en consecuencia, a enfrentar los retos definidos en los ámbitos fiscales, monetario, cambiario y petrolero, como prerrequisitos macroeconómicos (public choice) para solventar las situaciones de desempleo y de sub ocupación persistente, resultantes de los cinco factores depresivos que sintetizamos en la expresión “trampa depresiva” (ver Gráfico 3). Observamos, además, que la sumatoria de empleo y subocupación refleja el deterioro creciente del bienestar colectivo, en la segunda mitad del siglo XX y en los pocos años transcurridos del siglo XXI (Véase Tabla I).

A partir del Gráfico 3, los elementos de solución propuestos para salir de la trampa depresiva (parágrafo 7) se reflejan en el Gráfico 4.

Desde el ángulo político”strictu sensu” cabe resaltar que el fracaso evidente de las opciones de social y public choice seleccionadas en el siglo XX y la terca persistencia en dicha selección por la Administración en ejercicio, muestra que la “mano visible” del Estado no solo ha sido incapaz de corregir las desviaciones de la “mano invisible” sino que ha incitado su comportamiento. De allí que, pese al “autoritarismo” que se desprendería de considerar las actuaciones de “democracia plesbicitaria”, que surgiría de la sola observación del juego político desde 2000, estaríamos ante una situación de gobernabilidad restringida que calificamos de “Estado Fofo”.

Finalmente resaltamos que guardando las distancias de la comparación histórica, encontramos como antecedente aleccionador del fracaso de las situaciones de “Gobernabilidad restringida” la trayectoria de la extinta URSS, a pesar de las evidentes ventajas que aquella organización política tenía sobre la existente en Venezuela.

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Notas

1. En la política la estrategia se visualizó como “convivencia y alianza de los distintos grupos de interés, debiendo el Estado promover los “estrados medios” y utilizar como medio de entendimiento y negociación las reglas de la democracia representativa”. Las formalidades se concretan en el “Pacto de Punto Fijo” (1958) y en la Constitución de 1961.

2. Los indicadores se han construido en valores “per cápita” para considerar la interacción demográfica en el desenvolvimiento histórico de la política. Así, el criterio normativo para el juicio conclusivo es que los “activos” deberían ser crecientes y los “pasivos” decrecientes para alcanzar un proceso positivo de acumulación de capital. La expresión en “dólares corrientes” facilita la eventual comparación internacional, a más de ser un valor “Proxy” de los correspondientes a “bolívares constantes”.

3. Práctica política, diseñada de manera conjunta entre el FMI y el Banco Mundial, que enfatiza la privatización de empresas públicas, la liberalización del comercio y el equilibrio fiscal global, para acceder a al estabilidad macroeconómica. Este diseño ha sido criticado entre otros por J. Stiglitz (2003) en el sentido de que la instrumentación señalada se convirtió en propósito en si mismo ante que como medio.

4. Además resulta que un indicador global como el ingreso per capita en el período considerado 1970-1999 muestra que otros países latinoamericanos lo han multiplicado varias veces mientras en Venezuela presenta altibajos alrededor de una media (Véase Del Bufalo, 2002: 173).

5. La fuga de divisas se puede considerar como una “dolarización de Facto”, realizada por la Sociedad Civil”.

6. Con el debido reconocimiento a la expresión original de Alan Greenspan, (1996[2003]).

7. Una ecuación simple del financiamiento del déficit fiscal muestra una compensación; pero si el proceso es persistente los pagos de intereses en divisas presionan a las reservas internacionales y las filtraciones por importaciones (asociadas en alguna medida a los bonos públicos) también, por ello se establece una presión devaluacionista, que llega a mega devaluaciones, al producirse trastornos en las exportaciones.

9. Siderurgia, petroquímica y generación de energía eléctrica.

10. “Venezuela Colapsa”: Portada y artículos varios de la revista “ Z”, 12 agosto 2005.

11. Véase A. Uslar Pietri: prologo del trabajo de O. García Mendoza (1995).relativo a la crisis bancaria de 1994-95.

12. A. Uslar Pietri; ibidem.

13. Debe señalarse que los bancos “extranjeros” tienden a capitalizar un 50% menos que los existentes en manos nacionales, que las tasas de las DPN oscilan entre el 80 y el 90 por ciento de las activas al sector privado y que los interese devengados son excluidos del ISLR y que los bonos sirven para obtener liquidez del BCV. De allí el retorno (5%) en el primer semestre del 2002 duplique al obtenido por la banca estadounidense en dicho país (F. Faraco, 2002).

14. Caso del CADIVI actual (desde febrero 2002) o de la corrupción en el RECADI de lapso 1983-1989.

15. Un supuesto básico desde condorat (1794) es la identidad entre el homo economicus y el homo políticus, lo cual permite el transito entre mercados y juego electoral.

16. En el contexto teórico, los trabajos más antiguos responden a hipótesis de “conocimiento de las preferencias individuales” y los más recientes a hipótesis de “incertidumbre sobre las preferencias individuales” (ver Crozet, Y. y L., Guihéry, 2001. “La responsabilité públique en amont des choices collectifs: les economistes sur la piste du politique”. Politiques et Management Public. Septiembre, 19 (3): 37–54).

17. Coalición de los partidos Acción Democrática, Copey y Unión Republicana Democrática para conformar un gobierno de democracia representativa a raíz del derrocamiento en enero de 1958 del gobierno militar de Marcos Pérez Jiménez (1948-1958).

19. Tal como señala Toynbee (1978:592) el progreso humano ha descansado en el desarrollo tecnológico y en la creación de instituciones impersonales para la distribución de los logros comunes. La virtud de la institucionalidad es que ella permite la cooperación entre las individualidades sin restringirlas a las circunstancias de simpatía o de conexiones familiares. El abandono de la institucionalidad conlleva a la coerción como fuente de la organización. El autoritarismo corresponde a la fase más primitiva del orden social.

20. En Mata M. (2006) se explica que el “equilibrio es dinámico” (por fases) y que la inicial es financiera. Se parte de los teoremas de Allais (1989) y de la hipótesis de Hicks (1939) de que la tasa de interés considera el paso del tiempo.

21. La emisión pública que no circula (que no se demanda) no es dinero.

22.Alexis de Tocqueville escribió que “la gran ventaja del americano reside en que ha arribado a un estado de democracia sin haber tenido que soportar una revolución democrática y que nace libre sin tener que haber tenido que obtener su liberta” de allí que el estadounidense tome el liberalismo como un presupuesto de la vida (Shelesinger, 1967:87).

23. La redefinición del liberalismo a la estadounidense fue llevada a cabo por Theodore Roosevelt (Nuevo Nacionalismo) Woodrow Wilson (Nueva Libertad) y Franklin d. Roosevelt (Nuevo Trato) lo cual constituyó la base de la concepción de un estado de bienestar en el cual el gobierno tenía que comprometerse con mantener altos niveles de empleo, supervisar los niveles promedio de vida, regular los métodos de competencia mercantil y establecer esquemas comprensivos de seguridad social. Esta concepción liberal fue aceptada en 1952 por el Partido Republicano como componentes permanentes del sistema (ver a. Schelesinger, 1967).

24. La primera propiedad privada es el cuerpo biológico del individuo. Se añaden los bienes que el mismo, con su trabajo, extrae de la naturaleza. Termina con la acumulación de bienes que forman el capital.

25. El concepto de individuo social difiere del de ciudadano en que este último concepto hace énfasis en las características comunes. El ciudadano lleva el concepto de mayoría; el de individuo al de minorías.

26. Corrientemente la literatura fiscal estándar hace caso omiso del principio de equidad y lo trata como “consideraciones de segunda orden “ que se pueden “obviar” (Rolph, 1958: 12-29).

27. Este aspecto de relevante interés no es abordado en esta oportunidad por considerar que los resultados de los estudios previos (Mata, 1999) no han perdido vigencia. En todo caso ellos atribuyen la mayor importancia a la CAN sobre MERCOSUR, en el caso de Venezuela.

29. En 1943 se unifico el régimen de regalías al 16, 2/3 y se estableció la obligación del ISLR. En compensación las concesiones se prolongaron por 40 años. En 1948 se crea el impuesto “adicional” para obligar el reparto de utilidades entre el Fisco y las empresas en partes iguales o “fifty- fifty”. En 1958 el impuesto adicional obliga al reparto 60%-40%.

30. Una empresa estatal semejante en producción y calidad de productos como PEMEX, dejó el Fisco mexicano el doble de valor retornado por PDVSA en el año 2000 (Bone, 2002: 275).

31. En 1999, a Baptista afirmó que “la renta del petróleo no es el futuro del país, pero sin la renta del petróleo no fuéramos futuro”.

32. Espinasa (2006) señala que los costos unitarios se estarían incrementando con la reducción de los volúmenes al tiempo que la inversión gubernamental se reduce incidiendo en la reducción de los volúmenes.

33. No obstante en Venezuela también ha habido abusos en el sector privado, permitido por una laxa supervisión bancaria. Véase Krivoy, 2002.

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