Pensamiento moderno y opinión pública
en Maracaibo (siglos XVIII-XIX)

Cabrera, Giovanni*
Berbesí, Ligia**

Resumen

La provincia de Maracaibo se insertó tardíamente al proceso independentista liderado por los mantuanos caraqueños. En enero de 1821, tras años de iniciada la guerra de independencia, el cabildo maracaibero en representación de sus vecinos, reconociendo sus atribuciones soberanas declara su adhesión al proyecto republicano, y se incorpora a la Gran Colombia, proclamada oficialmente por la Constitución de Cúcuta. Esta nueva forma de organización política forma parte de un proceso de transformación que se devela en la palabra pública y privada a través de pasquines, periódicos, folletos, proclamas, representaciones, tertulias, clubes entre otros. Esta proliferación de escritos y asociaciones generan cambios que definen el tránsito hacia la modernidad y a la conformación de una opinión pública. Desde estas consideraciones la opinión pública en Maracaibo respondió a un trabajo de pedagogía política por parte de quienes se consideraban republicanos, y difundieron progresivamente los ideales de la ilustración. Esta opinión pública fue encaminada primero hacia los ideales de la soberanía y la autonomía política durante la guerra de independencia, y más tarde hacia la conformación de un ideal nacional, tras consolidarse la República de Venezuela en 1830. En la conformación de esta opinión pública en Maracaibo desempeñaron un papel decisivo los nuevos espacios públicos como las diferentes sociedades económicas y de arte, que permitieron la difusión de las nuevas ideas y coadyuvaron a sentar las bases del nuevo ideal nacional.

Palabras clave: Ilustración, opinión pública, pensamiento moderno, Maracaibo.

Modern Thought and Public Opinion in Maracaibo (XVIIIth to XIXth Centuries) ]]> Abstract

The province of Maracaibo was late in entering the pro-independence process led by members of the ruling class from Caracas. In January, 1821, years after the war for independence had begun, Maracaibo’s town council, representing its neighbors and recognizing its sovereign powers, declared its adhesion to the republican project and joined Grand Colombia, proclaimed officially by the Constitution of Cúcuta. This new method of political organization formed part of a transformative process revealed in both private and public words through lampoons, newspapers, pamphlets, proclamations, performances, gatherings and clubs, among others. This proliferation of writings and associations generated changes that defined the passage toward modernity and the construction of public opinion. From this time forward, public opinion in Maracaibo responded to the political teaching work of those considered republicans, and progressively disseminated Enlightenment ideals. This public opinion was directed first toward the ideals of sovereignty and political autonomy during the war for independence, and later, toward the formation of a national ideal, after the Republic of Venezuela was consolidated in 1830. In the formation of this public opinion in Maracaibo, new public spaces such as the diverse economic and artistic societies played a decisive role and permitted the diffusion of new ideas, contributing to the establishment of the bases of the new national ideal.

Key words:  Enlightenment, public opinion, modern thought.

Recibido: 05-09-29 · Aceptado: 06-06-22

Introducción

El tránsito del Estado monárquico de antiguo régimen al republicano de corte liberal, se concreta en la coyuntura política de las últimas décadas del siglo XVIII y primeras del siglo XIX, en la cual se organizan y definen, para toda Iberoamérica, posturas políticas en el marco de tensiones y acuerdos mediados por solidaridades, fidelidades y lealtades que buscaban legitimar y validar, por una parte, el naciente proceso de representación política y la soberanía de los pueblos y, por la otra, la progresiva desintegración política de la monarquía española (1).

En estos tiempos de cambios es importante tomar en cuenta la presencia de una ideología y un imaginario monárquico, que devela actitudes, comportamientos, discursos y prácticas políticas lealistas. Sin embargo, progresivamente y con desigual intensidad, el ideal liberal/republicano, bandera de lucha de los llamados insurgentes, se difunde por todas partes. Efectivamente, pasquines, folletos, proclamas, libros, manifiestos públicos o clandestinos hablan de libertad, igualdad, soberanía y representación. Con la opinión que se muestra en esta multitud de escritos se fortalece la adopción de principios e ideales liberales y, en consecuencia, se inicia el camino sin retorno hacia la modernidad e independencia política.

Ya en las primeras décadas del siglo XIX una nueva concepción del Estado, la nación, la soberanía y las instituciones, define las luchas entre un imaginario de corte antiguo y unos referentes modernos, que encuentran asidero en la palabra pública y privada. Para Guerra (1992: 148), este es el momento de la fractura de la unidad moral de la monarquía; y en consecuencia, allí se gesta el surgimiento de las futuras naciones por una parte; y por la otra, de la futura opinión pública de los nuevos Estados.

Se coincide en que el surgimiento de las repúblicas iberoamericanas a principios del siglo XIX se fundamentó en el concepto moderno de la opinión pública, entendida ésta como la expresión de la soberanía de los pueblos. En consecuencia, se asume como “la opinión popular, la de la «multitud», la del populacho o pueblo, la cual es múltiple, versátil y está impregnada de juicios y pasiones” (Conde, 2000:105; Lomné, 1998:323, 324). En el caso de Maracaibo, las redes de relaciones –redes de poder– tejidas en torno al cabildo local, permiten inferir que el ideal republicano fue influenciando poco a poco la toma de decisiones políticas, en resguardo de sus intereses particulares. Con este norte las tendencias políticas que auspiciaban la independencia (2), logran imponerse y, en consecuencia, nuevas formas de organización, representación y opinión.

1830 define el pacto social de lo que será la República de Venezuela y para ello las élites se trazaron como meta la promoción del ideal integracionista. En esta búsqueda se promocionan oficialmente espectáculos públicos forjadores de opinión, y de representación política legitimadora del recién aspirado y creado orden.

1. La transición hacia el pensamiento moderno: El origen de la Opinión Pública en Iberoamérica

De acuerdo con Lynn Hunt (3) fue en el siglo XVII cuando comenzó a afinarse en Europa el concepto de “lo público”, diferenciándose de “lo privado”, que en las épocas pasadas se habían confundido. Por lo “público” se llegó a entender todo aquello en lo que el Estado tenía injerencia, en tanto lo “privado” llega a entenderse como todo aquello que escapaba del control del Estado. En la sociedad hispanoamericana, sin embargo, esto no llega a ocurrir sino después de la ruptura con la monarquía española, cuando comienza un proceso de reestructuración de los espacios políticos y de opinión necesarios para dotar de legitimidad a la nueva situación política y social.

Roger Chartier (1995:29) plantea que el espacio público aparece en el siglo XVIII, cuando la intelectualidad europea apela a la razón (sin restricciones de ninguna naturaleza) para el análisis crítico, deslastrado de la antigua autoridad. Es así como en Francia comienzan a aparecer salones, cafés, academias y periódicos en los que se discute y se hace crítica literaria y artística. La dinámica de la esfera pública lleva implícita, según Chartier, la idea de igualdad entre los individuos que la integran (4). Las ideas pueden diferir, pero en modo alguno una postura se asumirá como dogma por encima de las otras, sino que sólo se atiende a la mayor o menor validez de los argumentos presentados por cada parte.

Se sustituye, pues, el orden jerárquico del Antiguo Régimen, así como la autoridad estatal como rectora del pensamiento. Si bien las primeras manifestaciones del juicio crítico frente al status quo imperante ya habían surgido en el campo religioso durante la Reforma Protestante en el siglo XVI, no es sino hasta el siglo XVIII cuando el régimen monárquico es sometido a la crítica y se cuestionan sus fundamentos. En este ámbito, los espacios públicos surgen y actúan sustraídos de las imposiciones del Estado, discurriendo en nuevas ideas y conceptos, que incluyen precisamente los cuestionamientos y los replanteamientos sobre las relaciones sociales y el concepto de Estado.

Jürgen Habermas (1994:124) hace una aproximación al origen de la opinión pública. Afirma, por un lado, que el término “opinión”, derivado del latín opinio, implica en sí mismo a la masa, al colectivo, por lo cual insistir en el carácter social de la opinión resulta un pleonasmo inútil. Para Habermas, el surgimiento de la opinión pública como fenómeno sociopolítico ha de buscarse precisamente en la transición del Antiguo Régimen hacia la modernidad. La opinión pública o general, ya no como una mera inclinación, sino más bien como una postura reflexiva, razonada y discutida abiertamente sobre los asuntos públicos, surge en occidente como consecuencia de las transformaciones políticas y sociales a finales del siglo XVIII. En esta nueva concepción de la política, la soberanía es estimada ya no como un asunto delegado a las autoridades en desconexión con el pueblo gobernado, sino como la materialización de la voluntad general, es decir, la constitución del Estado sobre la base de la anuencia y la participación del público al cual tal Estado representa. En otras palabras, el público se hace soberano.

Ya en la Europa del siglo XVIII Immanuel Kant había propuesto una diferencia básica entre lo que debe entenderse por lo “público” y lo “privado”. A su entender, el uso público de la razón es el que “alguien hace de ella, como erudito, y ante la totalidad del público del mundo de lectores”. En cambio, entiende el uso privado como el “empleo de la razón que se le permite al hombre dentro de un puesto civil o de una función que se le confía” (5). Para Kant, el ideal de espacio público sin restricciones ni exclusiones podía y debía expandirse libremente.

Al igual que el resto de los filósofos ilustrados, Kant propone que este uso público de la razón debía confiarse al Gelehrter, el hombre erudito, docto, ilustrado, quien habla a la nación. Este uso público de la razón “siempre debe ser libre, y es el único que puede producir la ilustración de los hombres. El uso privado, en cambio, ha de ser con frecuencia severamente limitado, sin que se obstaculice de un modo particular el progreso de la ilustración” (6).

La diferencia entre el uso público y el uso privado de la razón queda determinada por el ámbito en el cual se transmiten las ideas. Por ejemplo, un ministro que predica ante su feligresía está haciendo uso privado de su razón, pues se trata sólo de una reunión familiar, por amplia que ésta sea. En cambio si, como estudioso, el ministro se dirige por escrito al público –es decir, al mundo–, ya puede hablarse de un uso público de la razón (7).

En la América española se inicia progresivamente la conformación de una opinión pública signada por la conjugación de las viejas estructuras de la organización colonial y del nuevo ordenamiento político sentado en los primeros intentos de constitucionalidad. La misma surge gracias a las enardecidas discusiones políticas que pretendían solucionar el problema de la soberanía y la representación debido a la ausencia del rey. Más adelante, una vez establecidas las elites republicanas en el gobierno, se buscará la conformación de una opinión pública en correspondencia con el orden recién establecido. Esta opinión pública es orientada a través de tres medios: la prensa, la escuela y las ceremonias, en los valores de la ciudadanía, la representación política y las libertades individuales. A partir de allí comienza un claro deslinde entre lo público y lo privado (Guerra y Lempérière, 1998:19).

2. Los inicios del pensamiento moderno en Venezuela

Para Frédérique Langue (2000:140) la transición hacia el pensamiento moderno comenzó a gestarse en Venezuela a finales del siglo XVIII, cuando la elite criolla, dueña del poder económico y político, empezó a plantearse la necesidad de difundir las ideas modernas. Estas primeras manifestaciones de preocupación por las nuevas corrientes de pensamiento y de cuestionamientos al orden tradicional a finales del siglo XVIII fueron advertidas por Alejandro de Humboldt en su viaje por Venezuela en 1799. En noviembre de ese año, estando de paso por El Guayabo, Humboldt logró presenciar una discusión entre caraqueños sobre las ideas de independencia y las tensiones sociales del momento. En mayo de ese mismo año se había dado muerte a José María España, y el hecho había provocado diversas matrices de opinión entre los pobladores. “Me sorprendió la agitación que reinaba en los ánimos”, refiere el sabio, “la acritud con que se discutían cuestiones sobre las que hombres de aquel mismo país no debían diferir de opiniones” (Humboldt, 1998:93).

Humboldt señala los dos tipos de opiniones que estaban entonces en pugna: unos que preferían mantenerse fieles al antiguo régimen, y otros, la mayoría, quienes querían el cambio. (1998:96-97). La ciudad vivía en tal estado de agitación existente que el capitán general Manuel Guevara Vasconcelos se vio obligado a recurrir a una táctica política destinada a mantener el orden institucional colonial. Esta política, consistente en ofrecer banquetes todas las noches a personajes claves de la vida caraqueña, perseguía el doble propósito de, por un lado, obtener información sobre posibles conatos insurreccionales y, por otro, conquistar la fidelidad de la población al rey (Lovera, 1998:54).

Ya entrado el siglo XIX nuevos espacios públicos se convierten en escenario fundamental para la discusión y el debate en torno a lo que se consideraba pudiera ser la propuesta de Nación, en el marco de la modernidad política. A raíz del experimento político en que se aventuró buena parte de las provincias venezolanas al proclamarse república en 1810, comenzaron a aparecer nuevos elementos en nuestro escenario histórico, lo que implicó el surgimiento de progresivas transformaciones en los ámbitos político, social, económico y cultural. Un nuevo orden se levantaba abanderando los ideales del progreso y la modernidad. Así, nuevos espacios y nuevos actores comienzan a plantearse la necesidad de la conformación de una nacionalidad venezolana.

Estos nuevos protagonistas no permanecen ajenos a estas formas de organización, sino todo lo contrario; representan y tienen intereses en el florecimiento de sociedades, asociaciones o instituciones en consonancia con la difusión de los principios ilustrados de “utilidad pública y bien común”.

En este sentido, nuevos lugares, tanto públicos como privados, en los que se promueve el igualitarismo y se busca el bien común, tales como logias, sociedades de lectura y tertulias, se construyen como espacios de sociabilidad colectiva. El fin de estas sociedades era la confrontación de las ideas y la promoción del pensamiento liberal ilustrado. Ejemplo de estas nuevas formas de sociabilidad lo constituyó la Sociedad Patriótica, primer centro de difusión y discusión de las ideas filosóficas modernas en el país. De marcada influencia masónica y afinidad con el Club de los Jacobinos, esta tertulia surgió en julio de 1810 y agrupó no sólo a los más connotados miembros de la aristocracia criolla, sino además a miembros de todos los estratos sociales, como los mulatos Ibarra, Obando y Camacho y hasta mujeres, también de los diversos estratos (8).

Fue en la Sociedad Patriótica donde se discutió el tema de la independencia de Venezuela. El órgano oficial de la Sociedad, llamado El Patriota de Venezuela, tenía como finalidad “... disipar la ignorancia de los pueblos; elevar las ideas de los ciudadanos a la alta dignidad de un hombre libre; constituir el Estado; manifestar que en Venezuela no debía haber otro rey que el que crió el Universo, ni otro gobierno que el que ella se constituya; y hacer palpable la falsedad de los derechos que la preocupación podía atribuir aún a Fernando de Borbón” (9).

La legitimación del nuevo orden se hizo posible a través del ordenamiento legal, representado en la Constitución Federal de los Estados de Venezuela, sancionada el 21 de diciembre de 1811. Esta primera Constitución era clara al definir hacia quiénes estaban dirigidos los privilegios políticos. El carácter clasista del nuevo régimen civil se manifiesta cuando los derechos políticos se dirigen sólo a los poseedores de bienes materiales (10), medida que permitía a los criollos el control de la nueva situación política y social (Carrera, 1986:69).

La fabricación de la opinión pública en Venezuela correspondió al Congreso de 1811. Véronique Hébrard señala que durante las sesiones del Congreso privó el interés general de la república sobre los intereses provinciales. En otras palabras, los diputados, en calidad de representantes, tuvieron como objetivo la conformación de una identidad nacional en detrimento de las identidades regionales de las provincias que representaban (Hébrard, 1998:204). Entre los diputados de este primer Congreso prevaleció el temor de que en lugar de la legitimidad del Congreso para legislar triunfara la comprobación de la inexistencia de una voluntad general venezolana. Este temor se fundamentaba en el hecho de que la consulta individual de cada pueblo podría no demostrar el apoyo general al proyecto nacional. De tal manera que se asumió el concepto de la representación absoluta, según el cual cada diputado, en virtud de su elección como representante de su provincia, era el depositario de la voluntad general de su pueblo. A partir de este momento se asume la opinión pública como unanimidad y no como la suma de las opiniones particulares. Esto se debe a que “…las opiniones individuales y las de los pueblos difícilmente pueden conciliarse con la aspiración a la elaboración de una opinión y de una voluntad general unánime de la nación en ciernes” (Hébrard, 1998:219).

Única, absoluta e incuestionable, la opinión pública debía estar dirigida hacia la homogeneidad del cuerpo social. Toda opinión particular que pretendiese usurpar la soberanía popular es tomada como violación al derecho y, por tanto, penada por la ley, según la Constitución de 1811 (11). A pesar de esta limitación, el concepto de opinión pública no queda perjudicado, en tanto su fabricación no procede de una reflexión elaborada en privado por parte de los diputados, sino de los debates públicos que se efectuaron en el Congreso, debates a los cuales tenían acceso los ciudadanos (Hébrard, 1998:218).

Años más tarde, la Constitución de 1819 sería aún más específica en su carácter excluyente, al clasificar a los ciudadanos en dos categorías bien diferenciadas: ciudadanos activos y ciudadanos pasivos. Entre los primeros estaban comprendidos aquellos ciudadanos que podían disfrutar del derecho al voto, a los cuales se exigía la posesión de propiedades, o una profesión, o un grado militar, o un empleo con renta anual significativa, en tanto que los segundos, eran “ciudadanos” sin derecho a disfrutar de derechos políticos por su carácter de desposeídos (12).

Hacia 1829, el movimiento separatista en Venezuela había logrado consolidarse. Con el fin de conseguir el apoyo que se necesitaba para solucionar los graves problemas que para los momentos afrontaba el país, Páez convoca a la sociedad caraqueña. “Invito y convoco a la casa de mi morada”, a aquellos venezolanos de “buena conducta, con oficio y ejercicio decente y conocido” (Pino, 1998:15). Los mencionados señores de buena conducta, con oficio y ejercicio conocido no son otros que los notables del país (Pino, 1998:16).

Se plantea la necesidad de la reorganización del país, con un basamento legal sólido que garantizara a los protagonistas el control de la sociedad. Es así como se aprueba la Constitución de 1830. Esta Constitución exige el total apoyo del pueblo al nuevo orden, exhortando a sostenerlo con contribuciones, a someterse a las autoridades, a sacrificar los bienes y a entregar la vida por la patria si fuera necesario (13). De este modo quedó asentado el propósito de la elite gobernante de perpetuar la nueva situación de la república. Nuevamente, se especifica quiénes detentarían el poder político: aquellos que fueran dueños de “…una propiedad raíz cuya renta anual sea cincuenta pesos, o tener una profesión, oficio, ó industria útil que produzca cien pesos anuales… o gozar de un sueldo anual de ciento cincuenta pesos” (14). Desde entonces, actitudes y comportamientos develados en proclamas, pronunciamientos, y espectáculos públicos y privados, expresan el deseo de libertad, soberanía y autonomía.

De ese modo, se impone el trato “entre iguales”, en el marco de la diversidad de opiniones. Muchas veces se aceptan criterios oficiales, pero también se impulsan iniciativas desde la esfera particular. Sin embargo, el país que encuentra la nueva elite dirigente está sumido en una difícil situación tanto social como económica. La ausencia de recursos humanos preparados para el ideal de nación culta que demandaba la república soberana, liberal y democrática ponía en riesgo al nuevo orden. La Venezuela de 1830 era un territorio deshabitado y devastado por la guerra de independencia más larga que se había librado en el continente, y sin capital para reactivar la economía. Una población de unas 830.000 almas, que representaban una densidad de apenas 2,9 habitantes por milla cuadrada, cifra inferior aún a la del desierto de Trípoli, que para el mismo año era de 3,2 habitantes por milla cuadrada, demuestra la crítica situación demográfica que se vivía (Brito, 1979:261-262).

La mayor parte del conjunto social existente estaba conformado por pobladores analfabetas, supersticiosos y faltos de luces. Es por ello que se justificaba la creación de las nuevas sociedades que se encargaran de la difusión de la cultura y las ideas. La Sociedad de Amigos, integrada por los propietarios y notables, ofrece su apoyo al nuevo proyecto nacional que dirige Páez. Los notables ofrecen no sólo su ilustración, sino además su empeño por llevar al progreso a la comarca donde tiene asentados sus intereses.

Onetti Cazzato concuerda con Pino Iturrieta al afirmar que: “…cada espacio histórico de poder en Venezuela adoptó y adaptó los procesos de transformación que se generaron, por una parte, a partir del influjo iluminista, y por otro, a la transición socio-económica de un capitalismo mercantil hacia un capitalismo liberal” (Cazzato, 1998:28).

3. La transición hacia el pensamiento moderno en Maracaibo

En la mentalidad moderna los valores tradicionales como el honor, la lealtad y la obediencia dieron paso a nuevas actitudes, nuevos valores como la igualdad, los derechos ciudadanos y la participación. Éstos fueron enarbolados como las divisas de una sociedad que se enrumbaba hacia la modernidad, el liberalismo y la vida en democracia. Las primeras manifestaciones de esta nueva sociabilidad en Maracaibo pueden ubicarse en los primeros años del siglo XIX.

Para 1808 se produjo la publicación del “Pasquín de la Casa de Correos”, libelo que incitaba a la población maracaibera a levantarse en armas contra la monarquía, e iba firmado por “Los hijos de Maracaibo”. La inmediata reacción de las autoridades locales impidió que tal incitación surtiera efecto, al ofrecerse una recompensa de 500 pesos a quien descubriera o denunciara a los autores del libelo (Berbesí, 2000:83).

Más tarde, a principios de 1812, se organizó la primera sociedad política secreta de que se tenga noticias en Maracaibo, conocida como “La Escuela de Cristo”, cuyo objetivo era la organización del movimiento insurreccional que lograría la destitución de las autoridades coloniales y la declaración de la independencia. Tras el antifaz de una cofradía religiosa, esta sociedad se reunía en la capilla de Santa Ana. Entre sus miembros estaban el Dr. Dionisio Torres (presidente), don Juan Crisóstomo Villasmil, el Dr. León Campos, Joaquín Vale, el sargento Nicolás Leiva, Juan Evangelista González y Marcelino Vale. A esta sociedad se le acusa de haber planificado la insurrección para el día 26 de marzo de 1812, que pretendía desconocer las autoridades monárquicas y apoyar el proyecto republicano iniciado en Caracas. Sin embargo, este plan fue delatado y la ola de persecución que se desató contra los miembros de la Escuela de Cristo, anuló toda actividad de esta sociedad y logró desintegrarla (15).

1812 marca definitivamente este cambio de actitud en las elites locales, cuando la dinámica de los acontecimientos deslinda intereses y afloran los partidarios de una ruptura definitiva con la corona. “El análisis de las fuentes demuestra que las posturas separatistas se concretizan en Maracaibo a partir de 1812, lideradas, entre otros, por algunos partidarios de la monarquía en 1810” (Berbesí, 2002:206). Esta inclinación hacia los conceptos del pensamiento moderno puede apreciarse en los principales actores sociales y políticos en la Maracaibo de principios del siglo XIX. Entre los miembros del movimiento de “La Escuela de Cristo” destacan, entre otros, Diego de Melo y Pinto, Lucas Baralt, José Antonio Almarza y José Domingo Briceño, americanos y europeos, dedicados a diferentes actividades.

Es de destacar el caso de Diego de Melo y Pinto, quien durante años había ejercido diferentes cargos en la localidad y la provincia, y en reiteradas oportunidades se había manifestado en favor de la corona contra las pretensiones de los caraqueños, siendo recompensado con diferentes cargos y condecoraciones por su “amor y fiel vasallaje” (Berbesí, 2002:215). A pesar de todo esto, tan pronto como llega el año 1812, Diego de Melo abandonó su postura promonárquica y se pasó al bando opuesto, llegando a formar parte de la Escuela de Cristo, aún cuando siguió ejerciendo el cargo de diputado consular.

Otros casos semejantes pueden citarse para ilustrar los cambios de la antigua mentalidad hacia la mentalidad moderna, como José Ignacio Baralt Sánchez, regidor del cabildo, y don José Hipólito Monsant, vicario juez eclesiástico. Ambos, al igual que Diego de Melo, habían ofrecido su apoyo irrestricto a Miyares cuando la estabilidad del régimen se había visto amenazada, pero en 1812 pactaron con los conjurados de la Escuela de Cristo (Barboza, 1990:12). No faltaron los esfuerzos de las autoridades monárquicas por represar la corriente emancipadora en la región. En 1812 el diputado consular ante las cortes de Cádiz, José Domingo Rus, gestionó y logró para la ciudad de Maracaibo el honorífico título de Muy Noble y Leal. Sin embargo, “...este hecho simbolizaba la necesidad de legitimar la continuidad de un sistema de gobierno que comenzaba a dar muestras de desintegración” (16).

En 1821, el propio gobernador de la provincia, Francisco Delgado, así como todos los miembros del cabildo maracaibero, de ser fieles realistas y promonárquicos, se rebelaron contra la corona y apoyaron desde entonces las posturas republicanas (Romero, 1982:225-226). Este cambio de mentalidad fue el resultado del trabajo de propagación de las ideas modernas entre la población maracaibera realizado secretamente por Juan Evangelista González y Rafael Urdaneta (17). Las nuevas ideas, propagadas a través de panfletos y contactos personales, despertaron el interés por la causa independentista, como en los hermanos Luis y Lucas Baralt.

Cuando, en 1821 Rafael Urdaneta puso en acción su plan para la toma de Maracaibo, se sorprendió por la facilidad y rapidez con que se desarrollaron los hechos, así como por el amplio apoyo popular a la causa independentista. Dando relación de los hechos al Libertador Simón Bolívar, Urdaneta explica: “…la [revolución] de Maracaibo puede citarse como ejemplo de filantropía, pues no sólo no se ha vertido una gota de sangre, sino que no pasan de diez las personas que han debido asegurarse por su opinión contraria… por ahora sólo me limito a felicitar a V.E. por este feliz acontecimiento de cuya organización tuvo V.E. la bondad de encargarme y que he podido lograr aun antes de lo que se esperaba” (18).

Esta amplia aceptación de las nuevas ideas en la población maracaibera habla del éxito de la actividad proselitista desplegada por los patriotas. “El hecho no fue fortuito; no fue circunstancial; ello se debió a la fermentación de los ánimos que ya venían preparándose y madurándose desde hacía tiempo” (Gómez, 1981:80). Al respecto Belín Vásquez refiere que: “…en el sector dirigente marabino comienzan a deslindarse dos facciones: una, legitimadora de la realeza hispánica y defensora de los derechos políticos y administrativos frente a Caracas; la otra se declara a favor de la separación y hace causa común con la decisión caraqueña” (Vásquez, 1991:162, 163). A la postre, la clase dirigente maracaibera termina decidiéndose por la opción que mejor garantizaba la estabilidad de sus intereses asentados en la provincia: la causa patriota. Vásquez resalta la influencia masónica como factor catalizador de estos cambios en las mentalidades de la elite dirigente de Maracaibo, lo que permitió finalmente el pronunciamiento independentista (Vásquez, 1991:164).

Las nuevas ideas difundidas en Maracaibo son inequívocamente iluministas. El pensamiento ilustrado entiende la sumisión de un pueblo a un rey sólo por convención y conveniencia. Según esta idea, el pueblo entrega su libertad natural a cambio de que el rey a quien confiere el poder le garantice su subsistencia a través de la organización del Estado. Es lo que constituye el “contrato social” rousseauniano. Esta pérdida de la libertad constituye de suyo un acto antinatural, pero se justifica por los beneficios que el pueblo obtendrá de un contrato tal. No obstante, cuando la naturaleza de ese Estado resultante se pervierte y degenera en opresión, estamos ante una aberración del derecho y una violación al pacto establecido entre los súbditos y el rey.

Reflexiona Rousseau: “Un rey, lejos de proveer a la subsistencia de sus súbditos, saca de ellos la suya, y según Rabelais, un rey no se contenta con poco. ¿Los súbditos dan, pues, su propia persona a condición de que les tomen también su hacienda? No veo qué es lo que les queda por conservar” (Rousseau, 1981:10). Tal perversión hace al pacto nulo. Y al hacerse éste nulo, se rompe, y la libertad vuelve al pueblo. En consecuencia de esto, quien tiene la soberanía es el pueblo y no aquél a quien el pueblo había transmitido el poder. “Afirmo, pues, que la soberanía, no siendo más que el ejercicio de la voluntad general, no puede nunca ser enajenada, y que el soberano, no siendo más que un ser colectivo, no puede estar representado más que por sí mismo: el poder puede transmitirse, pero no la voluntad” (Rousseau, 1981:27).

Estos dos principios modernos, tanto el de la soberanía originaria del pueblo como el de su reasunción en caso de la anulación del pacto social, están presentes en el acta de independencia de Maracaibo, del 28 de enero de 1821. A las seis de la mañana de ese día se iniciaron los fuegos artificiales y los repiques de campanas, y el gobernador Francisco Delgado leyó el acta ante el público que se había congregado en la plaza Mayor. El documento explicaba, por un lado, la justicia de aquel proceder por el estado de opresión en que vivía entonces Maracaibo debido al “anonadamiento y degradación política en que el Gobierno de España mantiene a los pueblos de América que restan bajo su ominosa dominación, sólo por el sistema opresivo de sus mandatarios”.

Por otro lado, el acta planteaba la reasunción de la soberanía, hecha en virtud de la imposibilidad por parte de España de garantizar el orden político, social y económico en sus posesiones. De modo que se declara “al pueblo de Maracaibo, libre e independiente del Gobierno español, cualesquiera sean sus formas desde este momento en adelante; y en virtud de su soberana libertad se constituye en República democrática y se une en los vínculos del pacto social a todos los pueblos vecinos y continentales que bajo la denominación de República de Colombia, defienden su libertad e independencia según las leyes imprescriptibles de la naturaleza” (Ortega, 1991:20).

Se trataba entonces de un acta de independencia producto del pensamiento ilustrado. Esto no podía hacerse sino sobre la base de un cambio en las actitudes, en las mentalidades. La formación de esta nueva mentalidad respondió a un proceso de pedagogía política en la sociedad maracaibera durante las primeras dos décadas del siglo XIX, en el cual tanto Rafael Urdaneta como Juan Evangelista González tuvieron una especial responsabilidad (Barboza, 1990:17).

Después de proclamar su independencia Maracaibo presenciará la aparición de nuevas sociedades que marcarán la vida intelectual de la ciudad. Estas sociedades buscan la adecuación de la región a los requerimientos de prosperidad e ilustración que demandaba la naciente República de Venezuela, en el marco del racionalismo moderno. Nacen oficialmente, a partir de 1830, la Sociedad Económica Amigos del País, la Sociedad Filarmónica, la Junta Empresaria de Navegación de Motatán, la Sociedad Dramática del Teatro y la Sociedad de la Unión. De éstas, la Sociedad Económica Amigos del País representó “...una tribuna pública destinada a conciliar los diversos intereses voluntarios de los grupos de poder; también en ella se mostraban los adelantos científicos y se exhibían los progresos en las áreas de Botánica, entre otras...” (Cazzato, 1998:40). Tuvo como propósito esta sociedad “...edificar un ámbito propio, una esfera pública política que le permitiera legitimar el reconocimiento social de sus prácticas de cambio a través de una nueva forma de publicidad”.

La Sociedad de la Unión era, como su nombre lo indicaba, una asociación que perseguía la promoción del ideario nacional en la región maracaibera, para acabar con las disputas que habían surgido entre los partidos de los Tembleques y los Campesinos, y finalmente alcanzar el “... progreso intelectual de la juventud maracaibera y los verdaderos intereses de la Patria y de nuestra provincia en particular” (20).

Con todo y esto, prevaleció el sentido de lo local frente a lo nacional. Ningún concepto de nación ni sentido de pertenencia a una nacionalidad venezolana se había construido. Rutilio Ortega explica que la Constitución de 1811 reconoció estas diferencias identitarias entre las provincias al definir a Venezuela como una “confederación de Estados” (Ortega, 1991:19-20). Según Ortega, la postura que asumieron Maracaibo, Guayana y Coro ante los sucesos del 19 de abril demuestra que para ese momento estas provincias se desentendían de cualquier proyecto nacional dirigido por Caracas.

Nuevamente en 1830 la provincia de Maracaibo se adhiere al pacto social de la República de Venezuela. En el preámbulo de la Constitución Centro-federal de 1830 se legitimaba “la más perfecta unión” de la república. A pesar de los desacuerdos el objetivo fundamental de los llamados a construir la nueva república, se centra en el logro de esa unión. De ahí, que en Maracaibo, al igual que en resto de las localidades y regiones se impone una nueva forma de hacer política, pues el fin último era la formación de una opinión pública que garantizará la permanencia y el control de esa nueva realidad en el marco de la construcción de una identidad nacional.

Reflexiones finales

La incorporación tardía de la provincia de Maracaibo a las nuevas corrientes de pensamiento no ha de interpretarse como reluctancia. Las fuentes consultadas revelan que las inquietudes por las nuevas maneras de pensar y de actuar ya habían calado entre los maracaiberos desde mucho antes del año 1821. No obstante, los intereses económicos de la elite criolla maracaibera los llevó a preferir no arriesgar sus intereses en una aventura política que no ofrecía mayores garantías que las que ofrecía el régimen monárquico. Este temor llegará a ser ratificado con el descalabro de las Primera y Segunda Repúblicas. Sólo cuando las condiciones estuvieron a tono con los intereses de los particulares maracaiberos, fue general el apoyo al paso definitivo que marcaría su ruptura con el Antiguo Régimen y la adhesión de la provincia al proyecto republicano.

La aceptación casi unánime de la proclama de Maracaibo de adhesión a la unidad colombiana la mañana del 28 de enero de 1821, demuestra que en el ánimo de la mayoría de los pobladores de la provincia ya anidaba el deseo de romper con la Corona y asumir la soberanía, según los principios del pensamiento moderno. Este cambio operado en el ánimo de los maracaiberos obedeció a un trabajo de pedagogía política dirigido de manera clandestina por los dirigentes de la revolución.

Tras consolidarse la independencia y la autonomía de la República de Venezuela en 1830, en Maracaibo comenzaron a aparecer nuevos espacios públicos en los que se promueven la participación ciudadana, la difusión del saber y el desarrollo de las artes y los oficios. En esta nueva sociabilidad, el público es asumido como la razón de ser del nuevo Estado, un estado fundamentado precisamente en la opinión de la mayoría, si bien esta “mayoría” adolecía de las contradicciones que imperaban en todas las repúblicas emergentes que entre los siglos XVIII y XIX se abanderaron con los ideales de la libertad, la igualdad y la confraternidad.

Notas

2. Información amplia sobre este tema ofrecen Belín Vázquez “El proceso político de Maracaibo en una época de transición. 1799-1830”. Cuaderno de Historia Nº 16, universidad del Zulia, ediciones de la Facultad de Humanidades y Educación, Maracaibo, Venezuela, 1989; Ligia Berbesí “Independencia y conflictos locales en las provincias venezolanas, 1808-1812. Estudio de caso”, ponencia presentada en el XII Congreso “Los procesos de modernización en América Latina y el Caribe”. Roma, 27-30 de septiembre de 2005.

3. Cit. por Berbesí, 2000:26.

4. Para Chartier, la conformación de este nuevo espacio público implicó una contradictoria ambivalencia conceptual, pues proclamando llevar “a todas las personas” las nuevas inquietudes y los nuevos temas de discusión, tenía en el fondo una carga de exclusión, en tanto la mayoría quedaba ajena al capital cultural que se relegaba a los ilustrados. El pueblo ignorante debía conformarse con estar representado por aquellos individuos con vocación de ser sus “tutores o portavoces de las opiniones que por sí mismo no podía enunciar” (Chartier, 1995:32).

5. Kant, Immanuel (1784), Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (“Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?”), en http://www.gutenberg2000. de/kant/aufklae/aufkl001.htm. “Ich verstehe aber unter dem öffentlichen Gebrauch seiner eigenen Vernunft denjenigen, den jemand als Gelehrter von ihr vor dem ganzen Publikum der Leserwelt macht. Den Privatgebrauch nenne ich denjenigen, den er in einem gewissen ihm anvertrauten bürgerlichen Posten oder Amte von seiner Vernunft machen darf”. (Traducción libre).

6. Idem. “...der öffentliche Gebrauch seiner Vernunft muß jederzeit frei sein, und der allein kann Aufklärung unter Menschen zustande bringen; der Privatgebrauch derselben aber darf öfters sehr enge eingeschränkt sein, ohne doch darum den Fortschritt der Aufklärung sonderlich zu hindern”. (Traducción libre).

7. Idem.

8. Véase Fundación Polar (1997), Diccionario de Historia de Venezuela, tomo 3, Segunda edición, Caracas, p. 1.164.

9. Idem.

10. Constitución Federal de Venezuela, 1811, Cap. II, Sección II, arts. 26 y 28, en Asociación para la Enseñanza Asistida por Computadora (APEAC), Historia Multimedia de las Constituciones de Venezuela y los países Bolivarianos, [CD ROM], Caracas, 2000.

12. Véase Constitución de la República de Venezuela, 1819, Título 3°, Sección 1ª, arts. 1°-4°, en Asociación para la Enseñanza Asistida por Computadora (APEAC).

13. Constitución del Estado de Venezuela, 1830, Título IV, art. 12, en Asociación para la Enseñanza Asistida por Computadora (APEAC), Historia Multimedia de las Constituciones de Venezuela y los países Bolivarianos, [CD ROM], Caracas, 2000.

14. Ibíd., Título 5, art. 14.

15. Cfr. Belín Vázquez, “El proceso político de Maracaibo en una época de transición. 1799-1830”. Cuaderno de Historia Nº 16, La Universidad del Zulia, ediciones de la Facultad de Humanidades y Educación, Maracaibo, Venezuela, 1989; Ligia Berbesí, “Independencia y conflictos locales en las provincias venezolanas, 1808-1812. Estudio de caso”, ponencia presentada en el XII Congreso “Los procesos de modernización en América Latina y el Caribe”. Roma, 27-30 de septiembre de 2005.

16. Este aspecto es ampliamente tratado por Ligia Berbesí en Los lazos del Poder en el gobierno local. Maracaibo, 1787-1812. Trabajo de ascenso para optar a la categoría de Titular (inédito), La Universidad del Zulia, facultad de Humanidades y Educación. Maracaibo, 2003.

17. Al respecto, consúltese a Ligia Berbesí de Salazar, “Redes sociales y poder local en Maracaibo en tiempos de la independencia”, ponencia presentada en el I Congreso Sudamericano de Historia, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, agosto 2003.

18. Carta del general Rafael Urdaneta al Libertador Simón Bolívar, (Rosario, febrero 1 de 1821), en Romero Luengo, Adolfo (comp.), Bolívar y Urdaneta. Correspondencia, pp. 250, 251.

19. Carta del gobernador Francisco Delgado al general Rafael Urdaneta, (Maracaibo, 29 de enero de 1821). Citada por Nava Urribarrí, et. al. (1988), “Vivencias trascendentales del Gral. Rafael Urdaneta (El Brillante) en su tierra zuliana”, en Sociedad Bolivariana de Venezuela, Memoria de la XXVIII Asamblea Nacional (1988), Maracaibo, p. 181.

21. Acta del Cabildo de Maracaibo de 28 de Enero de 1821 en Juan Bessón, Historia del Zulia, tomo 2, ediciones de la gobernación del Estado Zulia, 1993.

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