La crisis del ciclo neoliberal en los países de la región andina

Fermín T., Eudis F. *

* Licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Rafael Urdaneta (Venezuela). Sociólogo, egresado de la Universidad del Zulia. Investigador. Asesor en organizaciones públicas. E-mail: eudisfermin@cantv.net

Resumen

En el artículo se estudia la crisis del ciclo neoliberal en los países de la Región Andina en el contexto de los cambios políticos latinoamericanos. Es una investigación documental-analítica, fundamentada en una revisión bibliográfica y en la clasificación del material para el procesamiento de los datos recolectados, la interpretación de esos datos parte de la categoría crisis del ciclo neoliberal. El neoliberalismo reduce las funciones de los Estados andinos a las áreas medulares: educación, salud y seguridad ciudadana, privatiza las empresas estatales y los servicios públicos, donde la “razón del mercado” priva la relación Sociedad-Estado, con consecuencias nefastas para la población, originando en el tiempo el surgimiento democrático de gobiernos anti-neoliberales. Se concluye que en los albores del siglo XXI el neoliberalismo entra en crisis, cuando el mercado manifiesta su incapacidad de contrarrestar los altos índices de pobreza y el deterioro de las condiciones vida de los “pueblos”, los gobiernos andinos de izquierda introducen cambios en los sistemas políticos, redimensionando las políticas de ajuste macro-económico y rechazan los acuerdos bilaterales y multilaterales promotores de libre mercado en el seno del sistema institucional de integración andina.

Palabras clave: Estado, neoliberalismo, integración, pueblo.

Crisis of the Neoliberal Cycle in Countries of the Andean Region

Abstract

This article studies the crisis of the neoliberal cycle in countries of the Andean Region in the context of Latin American political changes. It is a documentary-analytical study, based on a bibliographic review and the classification of material for processing the collected data; interpretation of that data is based on the category crisis of the neoliberal cycle. Neo-liberalism reduces the functions of the Andean states to central areas: education, health and citizen safety; privatizes state businesses and public services, where “market reason” takes precedent over the society-State relationship, with nefarious consequences for the population, originating in the time of the democratic rise of anti-neoliberal governments. Conclusions are that at the dawn of the twenty-first century, neo-liberalism enters in crisis when the market manifests its incapacity to counteract high poverty indexes and the deterioration of living conditions for the “people.” The leftist Andean governments introduce changes in the political systems, re-dimensioning the macro-economic adjustment policies and rejecting bilateral and multilateral agreements that promote free markets in the heart of the institutional system of Andean integration.

Recibido: 09-01-25 · Aceptado: 09-11-12

Introducción

Los burócratas, políticos y empresarios andinos optaron por la liberalización comercial, al principio entre los países de la sub-región y luego, con terceros países. Con estas acciones derribaron las bases desarrollistas de los aparatos estatales, incrementando la privatización de las empresas públicas y reduciendo el gastos social de los gobiernos, favoreciendo así la economía de libre mercado y otorgando al ciudadano el calificativo de cliente, usuario o consumidor, no asociado al ámbito estatal de protección social, sino al mercado. Por esto, los discursos y las prácticas neoliberales, experimentadas en los países andinos, durante las dos últimas décadas del siglo XX, revelaron que este proceso fue impactando sustancialmente la estructura de las relaciones comerciales/industriales, la constitución de nuevos sistemas de gobierno, las formas de representación de intereses y los grupos sociales más vulnerable de la población, demostrando la incapacidad del mercado para responder a los problemas socio-económicos de las sociedades andinas.

Desde esta perspectiva, en el artículo se estudia la crisis del ciclo neoliberal en los países de la Región Andina en el contexto de los cambios políticos latinoamericanos. Es una investigación documental-analítica, fundamentada en una revisión bibliográfica y en la clasificación del material para el procesamiento de los datos recolectados, la interpretación de esos datos parte de la categoría crisis del ciclo neoliberal, entendida ésta como una modificación radical de los patrones de comportamiento y pensamiento económico de libre mercado en algunos sistemas políticos andinos, acelerado con la llegada de la nueva izquierda al poder, opera en el interior de los Estados andinos, generando acciones gubernamentales con las cuales se inicia el proceso de ruptura de las políticas neoliberales institucionalizadas en las estructuradas estatales nacionales y de la Comunidad Andina de Nación, cambios y transformaciones que introducen estos gobiernos desplaza la razón del mercado del ámbito socio-económico, restituyendo en él la razón del Estado.

1. Neoliberalismo y Consenso de Washington en América Latina

En América Latina los modelos de integración surgieron como alternativas estratégicas de desarrollo, en vista del estancamiento económico que se originó en la región durante las décadas de los años 50 y 60 del siglo XX, se aplicaron las políticas económicas “estructuralistas”, la tesis de la industrialización de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL); se convirtió también en una estrategia con tres rostros: i) la neutralización de la inestabilidad socio-política en la región; ii) una opción diametralmente opuesta a la revolución cubana, que avanzaba agarrada de la mano de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS), en pleno contexto de la guerra fría; y, iii) el motor de desarrollo económico y social, un actor directo de la producción de bienes y servicios, permitiendo impulsar y subsidiar la iniciativa privada. Las dos primeras concepciones predominaron fuertemente hasta 1974 cuando estalla la crisis petrolera internacional (Frambes-Buxeda, 1994) y la otra, a principios de los 80 con llamada crisis de la deuda externa (Aranda, 1999).

El modelo desarrollista, donde el Estado había sustituido parcialmente al mercado, logró mantenerse en ciertos países latinoamericanos hasta mediado de los años 80, cuando comienza la implementación de las políticas de ajuste estructural y estabilización económica para frenar los efectos de la crisis de la deuda externa, configurarían las primeras condiciones para la instauración del proyecto ideológico neoliberal. Para los gobernantes y políticos de derecha, hasta de la izquierda tradicional, el neoliberalismo era la única opción para superar la crisis o evitarla. Los funcionalistas de la Escuela de Chicago se encargaron de crear esta matriz de opinión en los círculos de poder político, gubernamental, empresarial y académico, reafirmada con las directrices establecidas en el Consenso de Washington para la formulación de políticas socio-económicas equilibradas. Es decir, con el pensamiento político neo-conservador (1) se pone en marcha en América Latina grandes transformaciones económicas y un reordenamiento de las áreas de integración e influencia económica, privilegiando al mercado y a los actores transnacionales.

La situación política y económica exigía a los políticos y gobernantes de los países de la Región Andina, una respuesta inmediata, respuesta que fueron postergando en el tiempo (Mayorga, 1993; Echeverría, 1993; Cotler, 1993; Murillo y Sánchez, 1993; Kornblith, 1993). Así, los sectores económicos nacionales e internacionales, previo acuerdo con las tecno-burocracias y los políticos, fueron creando esas condiciones en los países de la región para poner en práctica la nueva estrategia de desarrollo, inscribiéndola en la ideología de la globalización económica, el neoliberalismo. Además, en la Región Andina el fin de las dictaduras comunistas de la antigua URSS y en la Europa del Este, permitió, con mayor fuerza, la adopción del neoliberalismo como ideología económica de la globalización (González, 2006), rompiendo el esquema imperativo de alineación ideológica de los Estados con algunas de las superpotencias predominantes en la época de la guerra fría, contribuyendo al redimensionamiento operativo de la direccionalidad de la dictadura ideológica hacia el capitalismo global (Dupas, 2005).

Esto indica que el proceso de adopción del modelo económico neoliberal en la Región Andina se desarrolló en dos fases en el contexto de los cambios y transformaciones latinoamericanas. La primera fase, la de reducción funcional del Estado en la economía, se inicia en la década de 1980, como consecuencia de la crisis de la deuda externa, la gran mayoría de los gobiernos y políticos, de corte conservador, fueron aceptando la estrategia de desarrollo (Brito, 2003), en sustitución del modelo desarrollista y en negación de la propuesta neo-estructural de la CEPAL, centrada en el papel del Estado como catalizador de las energías sociales (Osorio, 2003); se extiende e incorpora progresivamente en el Grupo Andino con la aprobación de nuevas normas y procedimientos aduaneros y comerciales. En este espacio los defensores de la tesis neoliberal fueron ganando terreno, desde las esferas estatales, reconocieron al mercado como la única opción para mejorar el comportamiento de las variables macro-económicas y sus implicaciones en el desarrollo social, estableciendo así las condiciones de gobernabilidad económica, convirtiendo al mercado en el organizador de la vida ciudadana y el principal solicitante de la mediación del Estado en los conflictos sociales.

Los países andinos incorporaron las primeras medidas de ajuste estructural en la década de 1980. En Bolivia “las reformas se inician en el marco de una crisis casi terminal del Estado y su legitimidad, con una hiperinflación incontrolable, con un sistema de partidos y sindical en descomposición, y con una sociedad civil menos sólida y estructurada” (De Sierra, 1994: 12); comienza la ejecución de esas medidas en el gobierno de Paz Estensoro, cuando implementa el Plan de Ajuste, conocido históricamente como la Nueva Política Económica (Ibáñez, 1993). En esta misma línea de tiempo, en Ecuador, una economía primaria-exportadora y semi-industrial, sus variables macro-económicas sufren fuertes variaciones negativas (Schuldt, 1994), producto del efecto de la crisis financiera generada en América Latina, profundizándose a partir de 1992, cuando los principales indicadores socioeconómicos revelan un grave deterioro y el Estado ve fuertemente reducida su capacidad de acción sobre la sociedad, gestando ante tal situación la crisis del modelo democrático, la salida propuesta fue la Reforma del Estado, que incluía las políticas de ajuste estructural y estabilización económica (Martín-Mayoral, 2009).

En los sistemas políticos democráticos de Colombia y Perú, afectados también por la crisis de la deuda externa, el neoliberalismo caminaba apresuradamente en los sectores empresariales tradicionales, estructurados en las clases sociales dominantes; cuando los gobiernos de turno deciden aceptar las medidas de ajuste, ya las condiciones institucionales estaban dadas, por lo que asumió sin traumas y dificultadas relevantes, modificando así los patrones de los modelos de política económica y social imperante, reduce progresivamente el gasto público, el Estado inicia su retiro de la economía y reorienta en menor proporción los recursos públicos hacia el gasto social. En el caso de Venezuela, el ajuste estructural de la economía toca sus puertas en 1983, después de la crisis del llamado Viernes Negro, el gobierno de turno implementa acciones para corregir las distorsiones de la economía, logrando resultados a coto plazo, que obligarían, antes del cierre de la década de 1980, adoptar completamente el modelo neoliberal en el marco de la Reforma del Estado (González, 2001), con consecuencias sociales nefastas.

La segunda fase de reducción funcional de los Estados latinoamericos, comienza cuando los gobiernos, bajo presión interna, redimensionan sus políticas económicas, al cumplir las normas crediticias impuestas por los organismos financieros multilaterales: Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM), incorporan obligatoriamente a los países de la región al proceso de globalización económica mundial, admitiendo éstos las nuevas reglas de productividad y competitividad que impone el mercado; con las normas crediticias, el desmantelamiento del Estado de Bienestar Social, se lograría, según los tecno-burócratas, un individuo más autónomo y libre; estos obviaron el encuentro de un paralelismo con los postulados de la democracia representativa, que apuntaba hacia los principios de igualdad, libertad, equidad y justicia social. Las normas crediticias legitimaban en el interior de los mercados andinos, las cuatro “ies” de la economía mundial (industria, inversión, individuo e información), fluyendo con rapidez y facilidad por las fronteras nacionales de la integración andina.

Las pautas de ajuste estructural que se venían aplicando desde principio de los 80 en la Región Andina y en América Latina en general, en 1990 adquieren un rango de “norma institucional”. Se reúne en los Estados Unidos una Comisión Especial (conocida como el Consenso de Washington), la cual delineó la institucionalización de las directrices del neoliberalismo económico a las multilaterales, anunciando a los gobiernos latinoamericanos el nuevo código económico a seguir para sustentar y reproducir la estabilidad económica de la lógica global del capital, introducir modificaciones en las políticas de crecimiento para reducir el déficit fiscal y la brecha externa, planteándose así como objetivo lograr los máximos estadios de la gobernabilidad democrática, estadios definidos desde el mercado, en los cuales los ciudadanos eran considerados como un cliente. Los miembros de la Comisión Especial se encargaron de la institucionalización del poder del mercado en la estructura decisional norteamericana y en las organizaciones financieras multilaterales, operacionalizadas por éstos dos actores en las recetas crediticias impuestas a los Estados latinoamericanos como única salida a la crisis fiscal.

En los escenarios políticos y económicos andinos, el neoliberalismo reconoció al Estado su papel estructurador de la agenda de los procesos de integración, cuando los tecno-burócratas y empresarios incorporan progresivamente los lineamientos estratégicos de la economía de mercado a la CAN. En este mismo sentido, los gobiernos andinos participaron simultáneamente en varios procesos de integración económica, que tienen diferentes patrones de comercio y desarrollo, operacionalizaban en ellos las pautas del libre mercado, ya que sus países estaban en un constante flujo comercial, laboral, industrial, monetario, cambiario, financiero y fiscal, igualmente, en los efectos en el ámbito social, cultural y político de los pueblos andinos sobre los demás pueblos de la región. Para la economía de libre mercado, los Estados compiten por recursos financieros y tecnológicos, por lo cual establecen políticas atractivas para los inversionistas internacionales sobre la base de la relación entre las exigencias del inversor y las necesidades del ciudadano-consumidor.

Ahora bien, los gobiernos andinos en la década de 1990 fueron incorporando algunos preceptos del libre mercado en las normas y procedimientos del sistema andino de integración, con repercusiones negativas en los movimientos indígenas, sindicales, estudiantiles y pequeños empresarios, que se profundizaron cuando éstos -los gobiernos andinos- expresaron públicamente su respaldo a la propuesta norteamericana presentada en la I Cumbre de las América en diciembre de 1994: Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y a los Tratados de Libre Comercio (TLC), sin embargo, en el caso venezolano, el gobierno de la época observó con escepticismo el proceso del ALCA (2). Pero al final de la década (1999), se instala un gobierno que la rechazaría categóricamente, es el de la revolución bolivariana de Hugo Chávez. Cabe destacar que el presidente Chávez ha sido uno de los primeros gobernantes latinoamericanos que ha señalado, desde los foros internacionales, al neoliberalismo como una de las principales causas de la miseria de los pueblos, declarándose ante el mundo como anti-neoliberal, exhortando a los movimientos sociales anti-neoliberales y a la nueva izquierda a seguir la lucha contra el capitalismo salvaje.

Las nuevas condiciones del sistema político democrático se convirtieron en una de las causas para que se fueran generalizando a principios del siglo XXI, en la política andina, un consenso entorno al rechazo del neoliberalismo. En este escenario surgen los liderazgos neo-izquierdistas que cuestionaron y frenaron las reivindicaciones de la democracia liberal como la mejor forma de gobierno, rechazaron la democracia como formalismo instrumentalista de la derecha, exigiendo o promoviendo el redimensionamiento institucional e ideológico de la democracia representativa y de la economía de mercado; redimensionamiento que se convierte en una realidad en Venezuela con el avance de la democracia participativa y la economía social impulsada por el gobierno venezolano de Hugo Chávez desde 1999, y en proceso de construcción político-institucional iniciado con la revolución indigenista de Evo Morales en Bolivia (2006) y la revolución ciudadana de Rafael Correa en Ecuador (2007). No obstante, en Perú y Colombia el mercado sigue conservando los mismos signos del código económico neoliberal, con insignificantes variaciones en el gasto social.

2. La descomposición del modelo neoliberal desde las esferas estatales y societales

Existen dos corrientes que explican la crisis neoliberal de los Estados latinoamericanos, más en términos políticos que económicos realmente, interpretada por los políticos como una necesidad de reorientar al Estado desde el mercado hacia la sociedad. En una se sostiene que esas políticas y medidas no lograron alcanzar grados de eficacia favorables a la población, sino a los sectores económicos productores e industriales, desatando una ola de protesta, es decir, no lograron “corregir las brechas de desigualdad y marginalización en América Latina, por el contrario, aumentaron los niveles de pobreza, exclusión, concentración de la riqueza, precarización del empleo e inseguridad social” (Contreras, 2003: 47). Y la otra, con la llegada de la nueva izquierda al poder estatal, en un contexto de baja participación del Estado en la economía y un elevado gasto público en áreas no-sociales, decide la suspensión gubernamental del formato de las políticas neoliberales, aplicando medidas estatistas, por ejemplo, para rescatar las empresas públicas y atender las demandas de los pobres y excluidos sociales.

La otra corriente se operacionaliza en Venezuela (1999), Bolivia (2006) y Ecuador (2007) cuando la nueva izquierda llega al poder estatal, activa en el comportamiento y pensamiento institucional del Estado la acción de descomposición del modelo de desarrollo neoliberal, siendo así realidad el discurso utilizado en la campaña electoral para contrarrestar el avance de los políticos neoconservadores; siendo sus principales aliados, generadores de legitimidad social al nuevo Estado, los movimientos sociales, que en Colombia y Perú ejercen una resistencia al neoliberalismo, aún más cuando los gobiernos y empresarios de ambos países buscan en el Congreso de Estados Unidos la aprobación del TLC, propósito que sigue en marcha con la reafirmación de la derecha en éstos países desde el 2002 y 2001 respectivamente, acelerado con la finalización del Tratado de Preferencias Arancelarias, que favorecía la exportación de productos hacia el mercado norteamericano, con restricciones que obedecen a los intereses de la política interna de éste último país (Bonilla y Páez, 2006), reconociendo el libre comercio no como unas relaciones económicas asimétricas, sino como una forma de ampliar la inserción internacional de los productos nacionales en otros mercados de mayor tamaño y competitividad.

Entre los puntos sensibles de Colombia y Perú en las negociaciones con Estados Unidos de un acuerdo comercial de gran envergadura para la promoción del comercio y la integración, esta el agrícola, laboral, migratorio, los derechos de propiedad intelectual y las normas de origen, definiéndose así unas posibles relaciones comerciales como dependiente y competitividad desigual, en la medida en que las políticas proteccionistas norteamericanas se apliquen a ciertos productos peruanos y colombianos que se exporten. Siguen utilizando bajo el segundo período de gobierno de Álvaro Uribe (2006-2010), como parte de los juegos de negociación, el cabildeo de pasillo para convencer a los legisladores norteamericanos en la autorización de la firma del tratado, en esa persuasión los colombianos exponen a la opinión nacional e internacional las bondades y virtudes del libre comercio para el mercado domestico y norteamericano en el contexto de América Latina.

La aceleración por parte de Colombia y Perú a principios del 2006 de lograr que los TLC sean aprobados en el Congreso de Estados Unidos, afectaron y sigue afectando en la actualidad (octubre de 2009) la institucionalidad supranacional del sistema andino de integración. La CAN posee normas y procedimientos en las instancias y mecanismos respectivos para que los Estados miembros traten los asuntos comerciales, laborales e industriales multilaterales y efectos de otros acuerdos en éstos. El incumplimiento de estas normas y procedimientos fueron aumentando con la llegada de gobiernos anti-neoliberales, la nueva izquierda en el poder estatal (Petras, 2008; Borón, 2009), modificando las “tradicionales reglas democráticas” de las relaciones políticas, se pasó de relaciones relativamente de cooperación o de consenso a relaciones de conflicto o disenso continuo. Esta situación se trasladó progresivamente a las relaciones entre los Estados miembros, de manera que en los discursos y procedimientos de la política exterior, el disenso continuo fue caracterizando las relaciones diplomáticas de varios países andinos durante el período 1999-2009, al punto de suspenderlas o limitarlas.

Sobre este último aspecto, uno de los casos emblemáticos lo representa el retiro de Venezuela de la CAN en abril de 2006 (3), por los resultados de las negociaciones de Colombia y Perú con Estado Unidos para la celebración del TLC. Es importante resaltar que ante esta situación los gobiernos de Bolivia (Evo Morales), Ecuador (Alfredo Fajardo), Perú (Alan Gracia), Colombia (Avaro Uribe) y Venezuela (Hugo Chávez), tenían posiciones divergentes para el relanzamiento de la CAN, unos defendían la tesis neoconservadora y otros, la propuesta de una reforma profunda del sistema de integración andino, ajustar el andamiaje institucional a las nuevas realidades políticas y económicas anti-neoliberales. La tesis neoconservadora se oxigenó paradójicamente con el estancamiento del ALCA en la V Cumbre de las Américas (2005), cuando Estados Unidos acelera las negociaciones bilaterales para la implementación del libre comercio en los países andinos, privilegiando a los que tienen acceso al mercado norteamericano a través de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (Bonilla y Páez, 2006), reproduciendo así diferencias notorias con los partidarios de la reforma profunda para el relanzamiento de la CAN en el siglo XXI.

3. Las diferencias políticas entre los socios gubernamentales de economías asimétricas

Los cambios y transformaciones originadas en el interior de los sistemas políticos democráticos crean ciertas condicionantes que definen el dilema que enfrentan los gobiernos miembros del régimen andino de integración: fortalecimiento o debilitamiento de la articulación institucional inter-estatal. El interés Colombia y Perú en celebrar el TLC con los Estados Unidos representa la continuidad de las medidas económicas neoliberales, que debilita la estructura institucional de la CAN, al punto de que el sistema experimenta una parálisis fácil en el período 2006-2009, con posibilidades de extenderse en el tiempo. El primer tratado neoliberal comercial que se celebró en el continente americano fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, conocido también por NAFTA, siglas en inglés), el acuerdo fue firmado entre Estados Unidos, Canadá y México en noviembre de 1993 y entra en vigencia en enero de 1994, con el cual se dio inicio a un proceso de apertura de los mercados de esos países para que circulara con mayor fluidez las relaciones comerciales (Molina, 2005). Por esto, la celebración del TLC en estos países pretende operacionalizar ciertas directrices del ALCA, alegando sus promotores una ventaja comparativa (Ferrari, 2005).

En un primer momento (1994-1999), para los países andinos el ALCA y TLC, como acuerdo preferencial, involucraba y sigue involucrando un cambio de origen de las importaciones, más que un aumento de las mismas, de manera equilibrada y justa en el sistema comercial americano, esto significa que el intercambio comercial entre los países andinos y Estados Unidos sería hecho bajo restricciones arancelarias o esquemas preferenciales: el sector agrícola y el derecho de propiedad intelectual, siendo el mayor beneficiario el país con mayor capacidad y habilidad comercial, este es el punto central del cuestionamiento y rechazo por parte de políticos y movimientos sociales anti-neoliberales. Este comportamiento se convirtió en uno de los ejes políticos y sociales en el que resurge la nueva izquierda en la Región Andina y se inicia el desmantelamiento burocrático del neoliberalismo en la estructura de los Estados.

Los promotores y defensores del TLC, Colombia y Perú, desarrollan una matriz de opinión sustentada en la idea de que la celebración del acuerdo con los Estados Unidos beneficia el desarrollo de las relaciones comerciales de sus países, contando sus productos con nuevos o amplios mercados, en cuanto a la generación de empleo y producción, con menores precios, mayor calidad y más variedad en los productos y servicios que reciben, contribuyendo con la inserción de estos países en un mercado competitivo globalizado. Los gobiernos de estos países están seguro de que el neoliberalismo sigue siendo la opción para superar los problemas macro-económicos, en causar el desarrollo en el contexto de la globalización económica; se niegan a aceptar que el modelo neoliberal fracasó en América Latina en general y en la Región Andina en particular, siguen insistiendo, mediante lobby, en convencer al Congreso de Estados Unidos que apruebe los tratados de libre comercio. En este sentido, en algunos de los países de la CAN se experimenta una disolución del esquema económico dominante como reflejo generalizado de América Latina, la subordinación del mercado al Estado.

4. A modo de conclusiones: los países de la región andina entre el desarrollo social de los pueblos y el debilitamiento institucional de la CAN

Esta crisis no fija limitaciones a la democracia y a la economía, impulsa la transformación del Estado democrático-representativo por un Estado democrático-participativo, y una economía de mercado por una economía con rostro humano y social, como una de las fases del cierre del ciclo neoliberal en la Región Andina; Venezuela, Bolivia y Ecuador exigen su reconocimiento e incorporación en las normas y procedimientos de la CAN, de lograrse, significaría esto, la re-construcción de la CAN en el siglo XXI, apropiándose de los signos del nuevo tiempo político, o, de no ser así estaría frente a la desintegración andina, al demostrar el predominio de la ortodoxia en el sistema institucional andino. Lo que si tiene claro los gobiernos andinos de la nueva izquierda es que no se puede gobernar el presente con reglas políticas y económicas pertenecientes al pasado, según ellos, resistir al cambio de época que están imprimiendo la “carga histórica” en los escenarios sub-regionales, regionales y hemisféricos del sistema-mundo, significa estar a espalda del pueblo.

Notas

1. En este trabajo se intenta abordar las políticas como procesos adaptativos, en los que las metas se redefinen, reajustan o reinventan, de modo que los procesos de ejecución, evaluación permanente, sean resaltado de la confrontación de intereses entre los distintos actores sociales, así como de las limitaciones de información y a otras dificultades propias de la actividad política.

2. En resumen, la descentralización se plantea como respuesta a los cuestionamientos fundamentales que derivan del siglo XV se profundizan a finales del siglo XVII, y permanece en el siglo XXI, como son: 1) centralización del poder, 2) sumisión al poder político y 3) necesidad de sociabilizar por los ciudadanos y 4) satisfacer necesidades en una vida comunitaria. De ello se desprende que el verdadero poder de un gobierno es responder al desarrollo inherente a su pueblo. En un sentido muy general, todo gobierno se basa en el consentimiento común. Asimilando la tesis de Rousseau, la soberanía pertenece solo al pueblo como cuerpo, en tanto que el gobierno es un mero órgano que tiene poderes delegados que le pueden retirar o modificar según lo quiera la voluntad del pueblo. La filosofía social de Rousseau acentúa la importancia del grupo (comunidad), y de la satisfacción derivada de la participación. De ello infiere, que la descentralización del poder, la participación del ciudadano en la vida comunitaria y en el gobierno, deviene del consentimiento común de satisfacer las necesidades vitales en una relación debidamente organizada por los órganos constituidos.

3. La noción de Estado social y democrático de derecho, como señala Parejo Alfonso citado por Gonzáles S. (1994), se fundamenta en diversas ideas rectoras de la organización política la de la conquista histórica del Estado por el Derecho, la de la soberanía popular y de la responsabilidad del Estado en orden a las condiciones de vida comunitaria, que se sintetiza en la exigencia a la organización política de una intervención social dirigida a la corrección de las desigualdades.

4. CLAD (2007) información Bibliográfica sobre Estado, Administración y Sociedad (SIARE). Página Web. http://www.clad.org.ve

5. El programa de redemocratización de los años ochenta insistía, en la democratización de los recursos y el poder decisorio, así como en la descentralización de casi todos los sectores del sistema nacional de protección social, proyectando una densa agenda reformista para el área social.

6. Descentralización con una nueva organización territorial. En 1990 el país convoca a una Asamblea Constituyente con el propósito de lograr la superación de los conflictos y recuperar la legitimidad. La nueva Constitución le confiere una nueva Constitución el carácter de República unitaria descentralizada y amplia el número de entidades territoriales con autonomía regulada (Vargas y Sarmiento, 1997).

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