Luego de llevar a cabo un amplio trabajo con la Oficina de Asesoría Jurídica de la UCV, nace un instructivo para la contratación a terceros, enmarcados en los lineamientos de la Ley Orgánica del Trabajo y la reglamentación interna. En el mencionado instructivo, de acatamiento obligatorio, limita las contrataciones de personal bajo la figura de un contrato de servicios, exclusivo para profesionales quedando fuera la contratación de recurso humano auxiliar como chóferes, secretarias e inclusive técnicos.

El otro factor referente a la contratación de los profesionales, era su costo. Cada individuo tenía que ser contratado por dos años máximo, con un salario mayor a los tres salarios mínimos, más las incidencias laborales que corresponden por Ley y añadir el costo del impuesto del valor agregado lo que en términos reales corresponde aproximadamente a tres veces el salario de un Profesor Instructor a dedicación exclusiva (primer escalafón universitario).

Dada esta realidad, muchos de los Proyectos LOCTI tuvieron que ser vueltos a evaluar y nuevamente presupuestados (con su respectiva autorización) sacrificando partidas en las cuales se apoyaba la infraestructura tecnológica del mismo.

Hay que destacar que se llevaba a cabo en muchos casos la formación de talento humano por parte de la universidad, pero la inserción de este personal en las filas de la UCV de manera definitiva fue prácticamente imposible debido al salto salarial. Si bien algunos de los investigadores jefes de proyectos, contrataban servicios puntuales a expertos con una alta pericia técnica, también en el marco de los proyectos se entrenó a un alto número de profesionales sin experiencia que en algún momento se visualizaron como futuros investigadores de la universidad, dada la descapitalización en recursos humanos que ha sufrido la institución en la última década.

La Ley de Contrataciones Públicas promulgada el 28 de marzo de 2008 y reformulada en el año 2009, tiene que analizarse como un capítulo aparte dado el impacto que tuvo en el desarrollo de los Proyectos LOCTI y en la misma universidad.

La Ley en sí, la cual prácticamente apareció en la misma época de la LOCTI, trajo como consecuencia la reestructuración administrativa de toda la UCV en materia de compras y requisición de servicios. En el pasado, cada dependencia (departamentos, direcciones de escuela) ejecutaba sus compras de manera descentralizada dependiendo inclusive del tamaño de las facultades e institutos, ellas poseían un registro de identificación fiscal (RIF) de tipo jurídico. Luego de algunos señalamientos en materia fiscal por parte del Gobierno Venezolano, la UCV migra a un RIF único identificado con la sigla "G" el cual indica que es parte del Estado, lo que significa que todos los procedimientos de compras y contratación de servicios deben ser centralizados para dar cumplimiento a la Ley.

Dentro de la reestructuración administrativa, se logra que cada Facultad o Instituto pueda de manera limitada realizar sus compras de acuerdo con sus requerimientos siempre y cuando dentro de su estructura administrativa cuente con los Departamentos de Administración, Personal, Contaduría, Presupuesto, Asesoría Jurídica y Compras. Adicionalmente se tuvo que conformar el Comité de Compras el cual tiene como función recibir, revisar y dar el aval del procedimiento que se lleva a cabo.

Otra de las dificultades observadas de la aplicación de esta Ley fue el caso de las responsabilidades administrativas que tienen por la Ley de Universidades las autoridades universitarias, que trajo como consecuencia la publicación de la Circular No. 5 por parte del Consejo Universitario en la cual delega las adquisiciones de bienes y servicios para la autoridad máxima de una Facultad hasta 2.500 Unidades Tributarias y para la remodelación y obras hasta 10.000 U.T. Por encima de este monto de acuerdo con la modalidad de compra (consulta de precios, concurso cerrado o concurso abierto) debe solicitarse una autorización al Consejo Universitario para el inicio del trámite, luego de realizarse los pasos de compras de acuerdo con el articulado de la ley en las facultades, debe ser enviado a la Oficina de Consultoría Jurídica de la UCV para su revisión y emisión de su aval, y finalmente debe ser colocado en minuta del Consejo Universitario para su aprobación. En consecuencia si tomamos como ejemplo una consulta de precios por encima de 2500 UT, el trámite puede tener una duración aproximada de quince días hábiles en el mejor de los casos. La consecuencia directa de este procedimiento conlleva un nerviosismo por parte de los proveedores dado el continuo incremento de los precios que actualmente se vive en el país.

Por otra parte, los proveedores tienen la obligatoriedad de estar inscritos en el Registro Nacional de Contratistas para poder vender al Estado. En este punto en particular algunas de las casas especializadas de material científico no tienen este registro lo cual imposibilita muchas de las adquisiciones propuestas, pues en algunos casos el proveedor no contempla realizar este registro o sencillamente se encuentran en situación de suspensión del mismo dada la dificultad actual de realizar el trámite ante el Servicio Nacional de Contrataciones. La dificultad mayor se presentó en que algunas de las empresas tienen la exclusividad de las marcas de los equipos científicos y por ende la adquisición del bien se convierte en algo prácticamente imposible de concretar.

Finalmente, la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas en la cual definitivamente se demuestra la transparencia de un procedimiento de compras, tiene como contrapartida una desaceleración en la ejecución de los Proyectos.

El procedimiento instaurado para la adquisición de bienes en el exterior, ha estado enmarcado dentro de la Ley de Contrataciones Públicas. Inicialmente se tienen que invitar a empresas locales de acuerdo con la modalidad de compra y se tiene que verificar que el producto solicitado no se produzca ni se comercialice en el país. Se emite un acta en la cual el procedimiento de compras queda desierto y se procede a solicitar ante el Consejo Universitario el inicio del trámite de adquisición internacional.

Ahora bien, la UCV dispone de la Oficina de Tramitación de divisas, la cual es responsable de solicitarlas para las diferentes actividades que tiene planteada toda la institución. En el caso de los Proyectos, el obstáculo se presentó por la lentitud del trámite dadas las diferentes autorizaciones que se deben solicitar al Estado que en un momento dado eran competencia exclusiva de la Vicepresidencia de la Republica y hoy en día dependen tanto de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) como del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior (MPPPEU). En términos operativos el tiempo de espera fue y es aproximadamente de año y medio (tres meses en las diferentes dependencias de la UCV y el resto del tiempo en entes externos gubernamentales) para luego comenzar el proceso de compra por parte de las entidades financieras receptoras de la autorización y la espera de la buena pro. Adicionalmente hay que sumar al procedimiento el tiempo de entrega, la nacionalización y la instalación en el caso de equipos científicos.

Uno de los casos que se ha identificado repetidamente como obstáculo en el desarrollo de los Proyectos es la consecución de obras civiles en el campus universitario. La Universidad Central de Venezuela en su condición de Patrimonio Mundial de la Humanidad tiene una política estricta en las mejoras de su infraestructura para poder mantener esta condición mundial. Muchos de los investigadores proponentes de los Proyectos desconocían y desestimaron el alcance de la declaratoria antes citada, a la hora de la formulación de los mismos, como consecuencia, algunos Proyectos LOCTI han tenido que ser vueltos a evaluar y plantear para poder hacer frente a esta normativa lo cual trae como consecuencia un retraso importante en alguno de ellos.

Todos los aspectos antes citados, han demostrado que la implementación de la LOCTI en la UCV trajo como consecuencia un gran movimiento por parte de toda la comunidad universitaria en pro del desarrollo de los Proyectos mancomunados con el sector productivo de la Nación. En las diversos foros y reuniones realizadas durante la época de la convocatoria LOCTI, el conjunto de los profesores, investigadores y autoridades coincidían que la oportunidad que se presentaba en ese momento (años 2007 y 2008) era estratégica, para mejorar la infraestructura de la investigación nacional y poder desarrollar junto a las empresas, productos de alto nivel tecnológico que pudieran competir con los productos importados al país e inclusive se pensaba en algunos casos discutir acerca de la exportación de productos no tradicionales.

Si bien en el inicio se evidencia una serie de obstáculos tanto internos como externos en la implementación de la Ley en términos de la ejecución de los Proyectos de Investigación y Desarrollo, todos los factores involucrados se movilizaron para crear una infraestructura para la consecución de los proyectos minimizando y superando los impedimentos antes descritos.

En el año 2011 se publica en Gaceta Oficial una modificación de la reglamentación de la LOCTI, en donde los aportes de las grandes empresas deberán realizarse exclusivamente en el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), desestimando la posibilidad de realizar aportes directos a las universidades. Esta medida trajo como consecuencia un decrecimiento importante en la inversión en ciencia y tecnología que se estaba realizando bajo este esquema. Si bien es cierto que el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), presentó una nueva política enmarcada para el financiamiento de Proyectos de Investigación e Infraestructura, ésta no ha sido lo suficientemente eficaz dado el tamaño de la demanda nacional y los montos otorgados en dichas convocatorias.

A manera de ejemplo, la Facultad de Ingeniería de la UCV en el periodo 2007-2008, recibió en aportes LOCTI para su infraestructura de investigación la cantidad de 29.000.000,00 Bs y hoy en día a la fecha las inversiones después de la reglamentación, están alrededor de los 8.000.000,00 Bs.

Por otra parte, se tenía una alta interacción con las grandes empresas ya que en su mayoría estaban involucradas en el desarrollo de los proyectos, y hoy en día dada la centralización propuesta en la reglamentación produce este comportamiento.

Finalmente, no hay que dejar de tomar en cuenta la desmoralización sufrida por algunos investigadores dado el inmenso tiempo invertido para poder llevar a cabo la implementación de esta Ley dentro de la UCV, y que hoy en día este gran esfuerzo ha sido dejado de lado por el nuevo mecanismo implantado.

CONCLUSIONES