Eduardo Gálvez**

* Aquí presentamos algunos de los resultados de la tesis doctoral «Crisis, economía y hegemonía en Argentina, 1999-2003», realizada en cotutela entre la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), 2009, bajo la dirección de Juan Carlos Garavaglia y Enrique Arceo. Esta investigación contó con el financiamiento del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Ténicas (Conicet).

** Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Buenos Aires. Correo-e: eduardo.n.galvez@gmail.com

Resumen

En este artículo se analizan las graves crisis económicas, sociales y políticas que ocurrieron en Argentina entre 1989-1991 (del gobierno de Raúl Alfonsín al de Carlos Menem) y 2001-2002 (de Fernando de la Rúa a Eduardo Duhalde), mediante el estudio de la intervención en las mismas de los grandes propietarios agropecuarios, uno de los sectores históricamente más influyentes del país, representados por la tradicional Sociedad Rural Argentina (SRA). Se enfocan las preferencias de política económica de los representantes del sector y sus alianzas y conflictos con otros sectores de la élite empresaria al intentar incidir en la dirección de las políticas económicas estatales. El periodo estudiado cubre el momento de auge y decadencia del modelo económico de valorización financiera que en Argentina tomó la especial forma de «la convertibilidad».

Palabras clave Hegemonía / Crisis económica / Elite económica argentina

Abstract

This article analyses the severe economic, social and political crises in Argentina between 1989-1991 (from Raúl Alfonsín’s government to Carlos Menem’s) and 2001-2002 (from Fernando de la Rua’s to Eduardo Duhalde’s), through the study of the intervention of major farming representatives. This sector, historically one of the most influential in the country, is represented by the traditional Sociedad Rural Argentina (SRA). The study focuses on the economic policy preferences of representatives of the sector, and on their alliances and conflicts with others business elite sectors in trying to have an effect in the direction of government economic policies. The period studied covers the peak and decadence of the economic model of financial development that took the special form of «Convertibility» in Argentina.

Key words Hegemony / Economic crisis / Argentinean economic elite

Introducción

Nuestro problema de investigación son las crisis económicas en Argentina de 1989-1991 y 2001-2002, las cuales abordaremos desde el punto de vista de la sociología económica. En particular, en este artículo nos ocuparemos del análisis de la actuación de los más grandes propietarios agropecuarios en relación con la definición de las políticas económicas. Para ello haremos un estudio de las preferencias económicas sostenidas durante esos años por los representantes de este sector enrolados en la tradicional Sociedad Rural Argentina (SRA). Hemos decidido estudiar las posiciones económicas asumidas por los representantes de la SRA porque entre las entidades patronales agropecuarias esta institución es la que ha tenido históricamente más alto grado de influencia en las políticas gubernamentales, incluyendo, por supuesto, los periodos que abordaremos. Por cierto, el alcance de la proyección de esta entidad es también político, ideológico y cultural. Una de las razones de esta gran influencia proviene de su rol principal en el desarrollo inicial del capitalismo local y en el tipo de integración al mercado mundial (Arceo, 2003; Basualdo, 2004; Sábato, 1988:24, 40-45; Schvarzer, 1991); así como de su lugar prominente en la formación del Estado mismo (Botana, 1986; Díaz, 1975; Halperin Donghi, 2005, 2008; Fradkin, 2008; Hora, 2008; Oszlak, 2011).

Es importante remarcar que la primera crisis que mencionamos, la cual se inicia en 1989, se cierra definitivamente con la instauración en abril de 1991 del modelo económico de la convertibilidad; y que, por el contrario, diez años después, la segunda estalla justamente con el catastrófico desmoronamiento de ese modelo.

En una segunda instancia nos proponemos sacar algunas conclusiones más generales de la modalidad de actuación histórica de este sector a la hora de intentar incidir en la definición de las políticas del Gobierno, dado el histórico y vasto alcance de su influencia.

En definitiva, en los periodos tratados, la SRA es una de las entidades empresarias que interviene con más fuerza en las disputas en torno al tipo de política económica a llevar adelante. Y a la vez, esta entidad también es una de las más influyentes en la formación de los consensos que necesita cualquier gobierno para la instrumentación efectiva de una política económica. En este sentido, nuestras referencias teóricas para abordar la relación entre los grandes terratenientes y el Estado parten de entender que: 1) no se puede pensar el funcionamiento del Estado sin salir de las dicotomías Estado/sociedad civil o público/privado; y si bien esto no significa desconocer que el Estado tiene formas institucionales autónomas, que a su vez tienen efectos sobre lo social, 2) el Estado no puede verdaderamente pensarse por fuera de las interacciones sociales que lo hacen nacer, lo moldean y lo condicionan en su funcionamiento cotidiano. Este marco teórico orienta las investigaciones del MASCIPO (Unité Mixte de Recherche Mondes Américains, Sociétés, Circulations, Pouvoirs -XVe-XXIe siècle, París). Algunos ejemplos de este encuadre pueden observarse en J.C. Garavaglia (2003, 2007) y Gálvez (2009).

Por supuesto que como en toda institución de representación existen luchas internas dentro de la SRA (Heredia, 2003:90-91, 101-102), entre otras cosas, ligadas a los intereses diversificados de sus representantes. De hecho, toda institución de representación, incluyendo las patronales, realiza un permanente esfuerzo real y simbólico por reunir en torno a posiciones comunes a los integrantes dispersos de su base económico-social. En este sentido, la transformación de un sector económico social en un actor político institucional de peso nacional es el resultado de un esforzado trabajo de articulación desde la dirección, en donde, no obstante, las diferencias también se expresan (Boltanski, 1999; Bourdieu, 1980, 1989; Offerlé, 2009). De hecho, en las ocasiones en que estas internas alcanzan una intensidad mayor, estas cámaras patronales corren el riesgo de fracturarse y/o tiene lugar la emergencia de nuevas cámaras. Esto no sucedió con la SRA, pero sí fue el caso de otras instituciones, como la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) que después de la crisis de 2001 se fragmentó, con la refundación por parte de los bancos privados de capital local de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba). También fue el caso de los grandes supermercados con la fractura de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) en 2003. Por lo tanto, sin desconocer las diferencias internas existentes en la SRA, tomaremos las posiciones asumidas por sus representantes institucionales (en nuestros registros casi siempre sus presidentes) como indicador de la inclinación económica predominante de este sector económico social.

Por todo lo antedicho entendemos que el estudio desde la sociología económica de este actor es de significativa importancia para la comprensión de la gestación, la dinámica y la resolución de estas crisis.

Marco histórico de fin de siglo

En principio es importante enmarcar históricamente los posicionamientos de los representantes que analizaremos. El periodo que abarcaremos comprende desde el año 1989 hasta el 2002. Una de sus características más salientes es la total hegemonía del pensamiento económico neoliberal. Tal hegemonía está directamente ligada al desmembramiento del poder soviético que se corona con la caída del muro de Berlín. Este acontecimiento político se transformaría en el símbolo de la pujanza de la nueva forma de capitalismo centrado en la acumulación financiera (Chesnais, 1998:240-247, 289-296), que aquellas corrientes de pensamiento promovieran con tanto ahínco. Por el contrario, este periodo se cierra con la caída estrepitosa, en medio de una crisis económica extraordinaria, de un modelo económico que buscó por todas las vías integrarse radicalmente en ese nuevo capitalismo. Y esto fue así a tal punto que el eje vertebral del modelo, es decir el tipo de cambio fijo de la convertibilidad (que le daba nombre al modelo mismo), era la pieza clave que permitía el movimiento aceitado de los flujos financieros internacionales. De hecho, la convertibilidad era un mecanismo que garantizaba por ley la paridad cambiaria fija entre el peso y el dólar, transformándose por esa vía en un seguro de cambio para todo inversor financiero. A la vez que no fijaba limitaciones en la movilidad de los flujos financieros ni en cantidades, ni en tiempos. Es interesante remarcar que el mecanismo de la convertibilidad fija fue una adaptación local particular a los mecanismos financieros globales, ya que la misma no figuraba entre las proposiciones promovidas teóricamente por la ortodoxia neoliberal, ni por los organismos internacionales de crédito (Aronskind, 2009:49-50; Beltrán, 2005:40-41). Pero como la convertibilidad había demostrado un éxito inicial en controlar la inflación y además aseguraba la movilidad de los flujos financieros, finalmente fue aceptada por quienes promovían esas políticas. Sin embargo, en el mediano plazo este modelo produciría una dinámica de desequilibrio fenomenal en la balanza comercial y de pagos que llevaría finalmente a una catástrofe económica (Schvarzer, 2002:64-65).

Las siguientes son las palabras de Juan Vital Sourrouille, ministro de Economía de Alfonsín, en una entrevista que le realizamos en el año 2002, con respecto a la capacidad de presión que tuvieron los acreedores externos hacia el final de su mandato, apenas unos meses antes de que asumiera Menem:

Los acontecimientos del año 88 son muy duros, muy novedosos en ese sentido y terminaron por generar una situación en la cual el particular punto de vista de los acreedores a título de una revancha integral de sus principios, lo pudieron establecer para esa altura a fines de año. No solo lo pudieron establecer, sino que lo pudieron hacer por primera vez, nunca habían logrado hacerlo desde el año 83.

Por lo tanto, los momentos de crisis que abordaremos se inscriben en el marco de la propagación mundial de un tipo de capitalismo con predominio de las inversiones financieras. En ese contexto, podemos resaltar algunas particularidades de las crisis argentinas.

En principio, en el ámbito de la economía, en ambas crisis se registró un alza descomunal en la cotización del dólar, que luego fue seguida de aumentos igualmente exorbitantes en los precios. En la de 1989-1991, esto condujo a la hiperinflación; en la de 2001-2002, solamente se registró alta inflación, en parte por los tres años de arrastre de recesión, el altísimo desempleo y las restricciones en el retiro de los depósitos bancarios.

En segundo lugar, en el ámbito político, en ambas crisis se produjo la entrega anticipada del gobierno. En los dos casos se trató de gobiernos constitucionales que entregaron el mando prematuramente a gobiernos del mismo tipo, sin que mediase ninguna intervención militar, como fue habitual en Argentina a lo largo del siglo XX hasta 1976. También en ambas se pasó de un gobierno dirigido por la Unión Cívica Radical a otro dirigido por el Partido Justicialista. En la primera, del gobierno de Raúl Alfonsín al de Carlos Menem; y en la segunda, del de Fernando de la Rúa al de (luego de pocas semanas y varios presidentes interinos) Eduardo Duhalde. Además en las dos crisis, ante la incapacidad de mantener la gobernabilidad de la población, se decretó el estado de sitio.

Y, por último, en el ámbito social, en ambas oportunidades se produjeron saqueos generalizados a supermercados y violentas represiones policiales. La suma de estos acontecimientos produjo durante la primera crisis 16 muertos (todos entre mayo y julio de 1989) y durante la segunda 37 muertos (todos en las vísperas de los días 19 y 20 de diciembre y en esos días mismos). Para completar resaltemos que los profundos cambios económicos realizados tras la salida de la primera crisis habían llevando a enormes aumentos de la pobreza, la indigencia y el desempleo. Mientras que en 1991 la tasa de desempleo era del 6,0 por ciento, esta fue ascendiendo con algunas oscilaciones hasta llegar en 1999 al 13,8 por ciento, en 2000 el 14,7 por ciento y en 2001 al 18,3 por ciento. Por su parte, la población pobre pasó del 21,5 por ciento en 1991 al 26,7 por ciento en 1999, al 28,9 por ciento en 2000 y finalmente al 35,4 por ciento en 2001; y la población indigente ascendió del 3,0 por ciento en 1991 al 6,7 por ciento en 1999, al 7,7 por ciento en 2000 y al 12,2 por ciento en 2001 (Basualdo, 2006: 390-391). En tanto que en la crisis de 1989-1991 la intervención de una población desesperada se limitó principalmente a muestras de protesta y a los saqueos, en la que se inicia en 2001, la población además llevó a cabo manifestaciones contra los bancos, identificados como protagonistas de la debacle económica, y frente a la casa de gobierno, a pesar de la vigencia del estado de sitio, para exigir la renuncia del ministro de Economía, Domingo Cavallo, y del presidente, Fernando de la Rúa. En esta segunda crisis, frente a un Estado vaciado de sus funciones sociales, se desplegaron iniciativas como la recuperación de fábricas en quiebra por cooperativas de trabajadores, los clubes de trueque y las asambleas barriales. En este marco, en las manifestaciones de protesta se cuestionaba de manera agónica y ambigua la legitimidad del sistema político (aunque sin inclinaciones favorables a salidas autoritarias) a través del uso de la consigna popular «¡Que se vayan todos!». En definitiva, estas crisis que comienzan como económicas, desbordan este nivel y se transforman a su vez en crisis políticas y sociales.

Las divisiones de los grandes empresarios en ambas crisis

Los sectores del gran empresariado que tuvieron protagonismo en los conflictos económicos que recorren la crisis de 1989-1991, y que dieron como resultado la instauración del modelo de valorización financiera de la convertibilidad, se dividieron en dos alineamientos. En uno de ellos encontramos a los que favorecían un capitalismo de predominio financiero y globalizado, que luego se estructuraría con base en la convertibilidad. Y en el otro se ubicaron aquellos que estaban en oposición a estos cambios y a favor de la conservación de los diferentes subsidios y regímenes preferenciales existentes, que protegían fundamentalmente a grandes grupos económicos locales. Con relación a esto último, resaltemos que a pesar de la extensión progresiva de la acumulación financiera a partir de 1976, desde esa fecha hasta 1989 sobrevivieron algunas políticas de protección especial, que en realidad el gobierno de Alfonsín intentó reforzar, lo cual le valió durísimas críticas de los acreedores externos. En concreto, desde abril de 1988 el gobierno argentino había suspendido de hecho el pago de los intereses de la deuda externa. Y según las posiciones asumidas por el primer alineamiento, esta suspensión era el resultado del desequilibrio fiscal existente, el cual era, a su vez, producto de los subsidios que recibían los integrantes de la alianza que resistía la profundización de las políticas neoliberales. De hecho, entre 1981 y 1989 los acreedores externos obtuvieron en concepto del pago de los intereses de la deuda externa un equivalente al 4,3 por ciento del PBI global de la Argentina de ese período, en tanto que los grupos económicos locales y algunas empresas transnacionales el equivalente al 9,7 por ciento, a través de la promoción industrial, los subsidios al capital financiero, la prefinanciación de importaciones y exportaciones y la absorción por parte del Estado de la deuda externa privada (Azpiazu y Basualdo, 1990:184). Por supuesto, tras las reformas de 1989 la inmensa mayoría de estas protecciones desapareció, con algunas excepciones como en el caso de la industria automotriz.

Detrás de cada presión, se asientan intereses tan consistentes y dinámicos como los que responden a una negociación fluida con la banca acreedora o los que se ubican en los despachos de los más grandes y poderosos grupos locales, en donde se asegura que cuanto más dinero se desvíe para cumplir con los acuerdos realizados por la deuda externa, menos recursos ingresarán en las arcas de esas empresas, en su mayoría, proveedoras del Estado. (Broda y Asociados, 1988:4).

Para sintetizar, en el primer alineamiento se encuentran los bancos acreedores externos, la mayor parte de las empresas transnacionales, los grupos económicos locales menos dependientes de las políticas prebendarias (que, en general, fueron los más ligados a la agroindustria) y, por último, los grandes propietarios agropecuarios (Rubinzal, 2010:495; Schorr y Wainer, 2005). En términos institucionales las entidades patronales que estuvieron más involucradas en favorecer esta dirección económica fueron la Asociación de Bancos de la República Argentina (ABRA), la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Sociedad Rural Argentina (SRA), el Consejo Empresario Argentino (CEA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) (Viguera, 2000). Por su parte, en el segundo alineamiento hallamos a los grupos económicos locales que combinan los mecanismos de protección preferencial y cierta integración a los de valorización financiera, los grupos económicos en extremo dependientes de los primeros mecanismos y una minoría de empresas transnacionales. En términos institucionales este grupo es mucho más débil, con lo cual solo hemos podido identificar en representación activa del mismo a una fracción por ese entonces minoritaria de la Unión Industrial Argentina (UIA) (Beltrán, 1999; Gálvez, 2002, 2004).

Por último, es importante mencionar que el espacio de aglutinamiento informal de los más grandes grupos económicos locales, denominado «Capitanes de la Industria», también se dividió en relación con el tipo de dirección económica (Ostiguy, 1990). Aunque la pertenencia a este grupo le permitió a la mayoría de los empresarios que lo conformaban, y que inicialmente resistieron los cambios económicos, integrarse en el nuevo modelo a través de su participación en las privatizaciones de empresas de servicios públicos en asociación con capitales extranjeros.

En el caso de la crisis de 2001-2002, los sectores del gran empresariado se dividieron también en dos alineamientos. En este caso, en primer lugar en uno que promovía la profundización de las líneas centrales del modelo y que, por ende, propugnaba una mayor internacionalización y un mayor asentamiento en la valorización financiera. Estos sectores empresarios eran los siguientes: los acreedores externos, los bancos extranjeros con filiales en Argentina, los inversores institucionales extranjeros y locales, las empresas privatizadas durante la década de los noventa, la mayoría de las grandes cadenas de supermercado (mayormente extranjeras), una parte de las empresas industriales trasnacionales, los bancos privados locales y los grandes propietarios agropecuarios. La principal institución patronal que representaba a este grupo era la Asociación de Bancos Argentinos (ABA) y la otra era la Sociedad Rural Argentina (SRA), aunque esta última con posiciones contradictorias (Heredia, 2003). Dado el tipo de posiciones que expresa este alineamiento, lo hemos denominado «radicalizado». (Gálvez, 2011a).

Por su parte, el otro alineamiento estaba compuesto por la mayoría de los grupos económicos locales y una parte minoritaria de las empresas trasnacionales, excluyendo las privatizadas durante la década de los noventa (Arceo, 2005; Basualdo, 2011:96-101; Schorr, 2001). Para explicar el comportamiento mayoritario de los grupos económicos locales es importante señalar que desde la convertibilidad la cúpula económica sufrió una fuerte extranjerización (Azpiazu, 2011; Azpiazu y Schorr, 2010; Castellani y Gaggero, 2011:278, 284-286). El núcleo duro de este otro alineamiento se agrupó en lo que se llamó «Grupo Productivo», que estuvo conformado por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Esta autodenominación de «productivo» surge con la clara intención de diferenciarse de «lo financiero», de «los especuladores», a quienes acusaban de ser los beneficiarios excluyentes de las políticas predominantes en la década de los noventa y los responsables principales de la crisis. Es importante subrayar que la SRA se negó a participar del Grupo Productivo a pesar de las negociaciones que se hicieron para que se integrara al mismo y de la presencia de una institución patronal agropecuaria muy próxima, como es el caso de la CRA. Como este segundo alineamiento mantiene posiciones que apuntan a una moderación de los mecanismos de valorización financiera y a la recuperación parcial de cierto desarrollo industrial, lo hemos denominado «moderado» (Gálvez, 2011b).

Conflictos entre grandes empresarios y alineamientos rivales

Es entonces primordial destacar que en las crisis que tratamos se produjeron grandes cambios en la dirección de las políticas económicas. En el caso de la primera crisis se produce un claro giro a favor de políticas de tendencia económica liberal, con apertura mercantil y financiera hacia el mercado mundial y un retiro de determinados roles de intervención económica hasta ese entonces asumidos por el Estado, mediante una política de privatizaciones en gran escala. En cambio, en la segunda se toma la dirección contraria, en un sentido «un poco» keynesiano, rehabilitándose varios mecanismos de regulación estatal. En primer lugar, tanto con relación a la fijación del tipo de cambio, como en la regulación de los flujos comerciales y financieros. Y en segundo lugar, en lo que hace a la reestatización de varias empresas privatizadas en la década de los noventa.

Durante el desarrollo de estas crisis hemos comprobado la existencia de intensos conflictos entre los distintos sectores del gran empresariado, que cruzan acusaciones muy subidas de tono con respecto a las responsabilidades mutuas en las crisis. La evidencia recolectada indica que estos enfrentamientos estuvieron directamente relacionados con las medidas económicas contradictorias entre sí que estos diferentes sectores pretendían que el Estado instrumentase. Es elemental tener esto en cuenta porque las posiciones de los representantes de los grandes propietarios agropecuarios que estudiaremos se inscriben en el marco de esas disputas.

Y se enfrentan entonces diversos sectores, públicos y privados, empresarios y laborales, de la industria, del comercio, de los servicios, de la agroindustria, y agropecuarios. Es una lucha que dejando la sensación de tener por propósito el «sálvese quien pueda», no se desarrolla comúnmente a campo abierto sino en el espacio de los despachos y la estrechez de los pasillos oficiales, o en el aislamiento de residencias particulares, que hacen del diálogo un secreto para el país. (Vaquer, 1989:4).

Y, desde otro lugar, en 2001 otro representante empresario, en este caso del sector industrial, también describe estos conflictos. Se trata de Osvaldo Rial, quien llegara ser presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) entre 1999 y 2001:

Hubo […] empresarios que apoyaron el proceso militar creyendo que este los favorecía para imponer sus ideas o reprimir reclamos sindicales, y para aprovecharse del Estado para realizar negocios. Empresarios desentendidos de la realidad social, cuyas únicas propuestas son siempre las de recortarles los ingresos a la gente para transferirlos a sus actividades. Son los mensajeros del ajuste permanente, que han hecho de la flexibilización laboral, la rebaja de salarios, el recorte de jubilaciones, el arancelamiento de la universidad y el recorte de fondos a las provincias su modelo económico. Son los que tantas veces se fotografían con el poder de turno, pero que nada le aportan al país. Son muchos de los que conspiraron para generar la caída del doctor Alfonsín. Más allá de los errores cometidos, también es cierto que desde algunos sectores del poder se enfrentó a ese gobierno por no ceder a presiones del establishment financiero. Mi convicción es que su caída fue provocada o al menos acelerada por sectores del poder económico. (Rial, 2001:205-206).

Pero estas disputas en torno a los apoyos o las críticas a la dirección de la política económica exceden el marco de los grandes empresarios locales y se extienden a las pujas existentes entre los distintos acreedores externos, que sostenían posiciones distintas con respecto a la economía argentina (Basualdo, 2011:71-72, 76-78). Así nos describía estas disputas en una entrevista realizada en 2002 Adolfo Canitrot, viceministro de Economía del ya citado ministro Sourrouille:

[N]osotros ya en abril de 88 le habíamos informado al Secretario del Tesoro norteamericano [James Baker] que no podíamos pagar, que no teníamos dólares para pagar [los vencimientos de la deuda externa] [...] Hicimos el plan Primavera en una situación extraña porque había un enfrentamiento entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario. El Fondo Monetario que nos quería imponer una disciplina fiscal muy rígida [...] Y el Banco Mundial que por instancias del Secretario de Estado [EE.UU.] nos apoyaba. Elegimos el Banco Mundial porque no nos quedaba otro remedio, aunque sabíamos que no era la entidad más apropiada para darnos un apoyo de corto plazo. Y eso originó un montón de líos en los Estados Unidos. Entre otras cosas, que las autoridades del Fondo no se hablaban con las del Banco. Cuando eligieron a Bush padre, Baker pasó del cargo que tenía en el Tesoro a ser el secretario de Estado. En esa pelea entre el Banco Mundial y el Fondo, los amigos nuestros del Tesoro [EE.UU.], desaparecieron todos, se fueron con Bush. Y se quedaron nada más que David Mulford [subsecretario del Tesoro] que era flor de enemigo y Camdessus.

[...]

]]> Usted sabe que dejaron de hablarse el presidente y el director gerente del FMI y del Banco. Y hay en el Fondo, en el sótano, un túnel, que uno pasa del Fondo directamente al Banco Mundial [...] Bueno, ese túnel se cerró. Era un enfrentamiento muy duro.

Las posiciones económicas de la SRA en la crisis de 1989-1991

Podemos resaltar que en el periodo 1989-1991 los representantes de la SRA, luego de un primer periodo de indefinición, asumieron posiciones económicas claras y terminantes, colocándose decididamente entre los sectores que promovieron con éxito un cambio en la dirección económica vigente hasta ese momento. Estos sectores, sustentados en la hegemonía mundial del llamado «neoliberalismo», lograron forzar el fin de un modelo económico que aun mantenía ciertas características regulatorias que impedían el desarrollo de la nueva forma del capitalismo aperturista con predominio financiero.

Es en función de demostrar esa inconfundible posición de los grandes propietarios agropecuarios en favor de la dirección económica que finalmente se consolidaría con el llamado modelo de la convertibilidad, que presentamos los siguientes registros provenientes del por entonces presidente de la SRA, Guillermo Alchouron:

Y fue en esa emergencia cuando el Poder Ejecutivo… tomó la histórica decisión de dejar de lado de una vez por todas las fantasías de la alquimia económica y liberar definitivamente los mercados monetarios, cambiarios y de precios… Celebremos haber sido testigos de las primeras grandes privatizaciones argentinas. Nuestro país se hubiera convertido en inviable si continuaba o continúa manteniendo empresa públicas retrógradas e inservibles, incapaces de prestar servicios, que arrastraban a la quiebra del Estado. Toda empresa pública cuyos servicios puedan ser prestados por el sector privado debe volver a él. De esta manera se allegarán recursos al Estado, se eliminarán las perdidas e inclusive, cuando ello sea apropiado, será posible reducir la deuda externa y recuperar el crédito internacional, factor indispensable para el desarrollo.¹

En resumen, la nueva dirección económica que los grandes propietarios agropecuarios apoyaron fue llevada adelante a partir de julio de 1989 con la aprobación de dos leyes muy importantes, como fueron la Ley de Reforma del Estado (23.696) y la Ley de Emergencia Económica (23.697), por medio de las cuales se autorizaba la privatización de las empresas públicas con capitalización de bonos de la deuda externa y se limitaba severamente el gasto fiscal mediante, entre otras cosas, la eliminación de la mayor parte de los subsidios a grandes empresas proveedoras del Estado. Además, a estas leyes se sumaba el proceso de aceleración de la apertura comercial externa (Gerchunoff y Torre, 1996). Como hemos visto, este tipo de medidas había sido propulsado abiertamente por los representantes de los grandes propietarios agropecuarios. Finalmente el nombramiento de los representantes del conservador grupo económico Bunge y Born al frente del Ministerio de Economía era un indicador claro del predominio de las posiciones económicas del tipo de las sostenidas por los representantes agropecuarios (Sidicaro, 2003:170-172).

Pero el avance de la aplicación de medidas favorecidas por la SRA continuaría. Este alcanzaría su punto máximo en 1991 con la supresión de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, algo por lo que esta organización siempre luchó y que festejaría eufóricamente. Observemos las palabras de otro presidente de la SRA, Eduardo Zavalía:

Y es por eso que estamos dando un amplio apoyo al actual plan económico. Porque pensamos que abre la auténtica posibilidad de un país estable y ordenado, que supere para siempre el cáncer de la hiperinflación. Creo que es este el momento señor Presidente, para agradecerle públicamente el poder inaugurar esta Exposición de Palermo sin retenciones a las exportaciones y con un mercado único de cambios.²

Pese a la trascendencia de este hecho, no puede ocultarse a nadie que las circunstancias en que debió instaurarse la convertibilidad nos han llevado a un esquema de precios relativos desfavorable para los sectores exportadores y para el agro en particular. Comprendemos la dificultad de su corrección por la vía cambiaria, toda vez que tenemos conciencia [de] que ello es imposible dentro del tipo camino elegido. Pero este tema debe ser tenido muy presente al definir las políticas que afectan al sector.³

De algún modo, esta preocupación del presidente de la SRA anticipaba las ambivalentes posiciones que esta entidad mantendría diez años después durante el ocaso del modelo basado en el régimen cambiario de la convertibilidad.

Las posiciones económicas de la SRA en la crisis de 2001-2002

En el periodo correspondiente a la crisis de 2001-2002 la actuación de los representantes de la SRA fue muy distinta a la de la anterior. En principio, esto se debió a que en la primera crisis la política económica gira hacia la derecha, llevándose adelante políticas de tendencia neoliberal. Mientras que en la segunda, esta política se inclina hacia la izquierda, basándose para ello en ciertos principios keynesianos.

Por lo tanto, en el periodo 2001-2002, la primera y más importante constatación que se puede hacer es que las posiciones asumidas por los representantes de la SRA, en claro contraste con las que hemos observado entre 1988-1991, fueron confusas y ambivalentes. En primera instancia, nuestros registros estarían indicando que este posicionamiento errático se debió a las dificultades que tuvo este sector para alinearse con otros sectores empresarios a la hora de formar consensos para apoyar algún tipo de política económica. En efecto, la posición de los representantes del SRA en esta crisis era muy difícil, porque los grandes cambios económicos producidos en el pasaje hacia el modelo de valorización financiera habían producido un reacomodamiento general en las posiciones económicas de los integrantes de toda la elite económica. Y esta fracción era la más afectada. En primer lugar, porque a contrapelo de su tradición sus intereses se hallaban más cerca de lo que sus miembros estaban acostumbrados de las posiciones de los representantes del gran empresariado, más favorables a la recuperación de cierta regulación estatal del tipo keynesiano. Sobre todo en lo referido a la modificación del tipo de cambio fijo de la convertibilidad y su consecuente devaluación, que era uno de los ejes principales del conflicto. Esto perturbaba a sus representantes, ya que no podían servirse de sus referencias históricas para hallar una ubicación en el escenario de las disputas que tenían lugar en relación con la política económica a aplicar. A la sobrevaluación del peso, se le sumaba una pronunciada caída en los precios internacionales de las materias primas agrícolas (incluidas por lo tanto soja, trigo y maíz) desde 1997, que solo comenzaría a recuperarse en 2002⁴ tras la salida de la convertibilidad. A estos datos se agregaba el temor a una vuelta de las retenciones agropecuarias en el caso de que se produjera una devaluación, algo que al poco tiempo se confirmó.

Con el objetivo de poner en evidencia la ambivalencia del comportamiento de la SRA, presentamos las opiniones esgrimidas por tres de sus presidentes durante el periodo 2001-2002. Se trata de Hugo Biolcati, Enrique Crotto y Luciano Miguens. En primer lugar presentamos las acusaciones que se lanzan contra los principales sostenedores de las políticas del modelo de predominio financiero de la década de los noventa; es decir, los bancos privados y las empresas privatizadas de servicios públicos y de petróleo:

Pagamos las comunicaciones y los peajes más caros del mundo; nuestro gasoil, libre de impuestos es más caro que en los países europeos importadores del fluido.⁵

]]> Tenemos la sensación de transitar un modelo donde se privilegia al sector financiero por encima de los otros […] El país rural […] no quiere un sistema bancario que cobre las tasas más altas del mundo.⁶

Luego podemos observar las críticas que la SRA reparte por igual a quienes promovieron la salida del modelo de valorización financiera, haciendo clara alusión a los grandes empresarios reunidos en el Grupo Productivo:

[L]a estabilidad lograda con tanto esfuerzo se dilapidó de golpe e irresponsablemente merced al influjo de camarillas integradas por quienes se autocalificaban de productivos, que provocaron una devaluación de funestas consecuencias.⁷

En el siguiente registro se acusa por igual a los dos alineamientos que propusieron la aplicación de políticas muy distintas:

La falta de solvencia fiscal y la pérdida de competitividad son factores que nos impulsan al default […] No podemos pensar en devaluaciones que nos retornarían a la hiperinflación, ni en dolarizaciones que la inmensa mayoría no quiere [...] El camino es bajar el gasto público y lograr el equilibrio fiscal.⁸

Y, por último, también se ataca las nuevas políticas aplicadas tras el derrumbe de la convertibilidad. E incluso se critica la devaluación del peso que tanto favoreció a los sectores exportadores, con los grandes productores agropecuarios a la cabeza:

La profunda y prolongada crisis que atraviesa nuestro país corresponde, entre otros factores, a un desmedido gasto público y a la ineficiente asignación de recursos por parte de los diversos estamentos del Estado […] se ha señalado insistentemente que el sector agropecuario se ha beneficiado con la devaluación y en realidad, el gran beneficiario es el Estado, que evitó una verdadera reforma estructural y administrativa para reducir el asfixiante gasto público.⁹

A modo de hipótesis creemos que esta posición de los grandes propietarios agropecuarios parece haber sido el resultado de una «acto reflejo» basado en su tradicional ideario económico-político, de una gestualidad tradicional establecida o, si se quiere, de una inercia histórica. Y de allí sus contradicciones y su ambivalencia. En efecto, los registros parecen indicar cierta perplejidad entre los representantes de ese sector en el particular escenario histórico que se les presentó durante la crisis del modelo de la convertibilidad. Para describir el dilema al que se enfrentaron, presentamos los dichos de Alberto Álvarez Gaiani en una entrevista que le realizamos en 2003, mientras presidía la Unión Industrial Argentina (UIA). No está de más resaltar que Álvarez Gaiani proviene de un sector empresario también de tradición económica liberal y, por lo tanto, cercano a la SRA, como es la agroindustria:         

Yo creo que había división de posición con respecto a si Argentina tenía que ir urgente a una devaluación o no. El sector financiero quizás era el que estaba totalmente en contra de la salida de la convertibilidad, el sector industrial estaba dividido y el sector agropecuario sí estaba pidiendo, quizás en su gran mayoría, una salida de la convertibilidad. […] A los productores agropecuarios indudablemente los salvó, los sacó de una situación de quiebra prácticamente total en que estaban. Aparte que se dio después una ventaja de una suba muy importante de los commodities, como por ejemplo la soja, que pasó a ser la primera producción argentina. Esa suba increíble de la soja más la devaluación que hubo, es la primera vez que ni chista el sector agropecuario porque le ponen un 20 por ciento de retención; igual tenía resto por largo tiempo […] Digo [el sector agropecuario] en su gran mayoría porque a lo mejor ideológicamente alguno no podía pensarla; pero yo diría en su mayoría, no; en su totalidad, casi. Al sector agropecuario lo sacó de una quiebra absoluta y total la salida de la convertibilidad. […]

– Estos sectores que «no podían pensar la salida de la convertibilidad», ¿eran los más grandes productores agropecuarios?

– Exacto. Pero económicamente los benefició tremendamente.

Conclusiones

Hemos visto que el sector de los grandes empresarios representado en la SRA actúa de maneras diferentes en las dos crisis tratadas. En la de 1989-1991, con base en su tradicional ideario económico liberal, asume posiciones económicas que favorecen la instauración de un nuevo modelo económico aperturista y mundializado con predominio de las inversiones financieras, de las cuales participaba desde 1977 (Arceo y Basualdo, 2009). Ese modelo se organizará definitivamente a partir de abril de 1991 con la Ley de Convertibilidad, que será su eje vertebral y de donde tomará su nombre. A pesar de la claridad de estas posturas, hemos también observado una cuota de preocupación temprana de la parte de estos representantes en relación con la fijación del tipo de cambio propio de la convertibilidad, lo cual anticipó de algún modo la ambivalencia de las posiciones económicas que exhibirían durante la siguiente crisis. En la crisis de 2001-2001, las actuaciones de la SRA son erráticas y contradictorias a punto tal que resulta dificultoso identificar una línea clara que permita concluyentemente señalar que tipo de dirección preferían estos representantes que tomara la política económica. Sin embargo, como para salir del modelo de valorización financiera de la convertibilidad se necesitaba construir una alianza que sostuviera una nueva línea económica, y como la SRA no participó de la misma, puede decirse que su posición intermedia no favoreció el cambio de modelo. Recordemos que esta entidad rechazó participar del Grupo Productivo, manteniendo una postura de cierto aislamiento con relación al resto de los sectores del gran empresariado. Es probable que esta posición tenga que ver con una coyuntura especial en la cual la SRA se vería beneficiada por una devaluación que ella misma no reclamaba explícitamente, y que, sin embargo, era exigida por sus tradicionales adversarios dentro del empresariado, es decir, aquellos con tendencias a reclamar regulaciones estatales diversas. Y a todo esto se sumaba al fervoroso apoyo que la SRA había dado desde sus inicios a las políticas económicas llevadas adelante durante toda la década de los noventa. Es entonces la suma de estas circunstancias lo que habría llevado a que la SRA asumiera posiciones ambivalentes.

Para terminar, en tren de sacar algunas conclusiones generales más, podemos decir que parecería que los grandes propietarios agropecuarios, a pesar del paso de los años, no se resignan a entregar del todo aquella hegemonía de la que supieron gozar durante el predominio del modelo agroexportador hasta la década de los treinta del siglo XX. Están como atados a la nostalgia de aquel mítico paraíso perdido, como esperando la restauración de algún modo de aquellos tiempos dorados, y esta fijación les dificulta pensar el presente y las condiciones cambiantes. Esto se puso en evidencia sobre todo en 2001. Y, aunque aquí no podemos extendernos, algo similar ocurrió en 2008 en su duro enfrentamiento con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por la instauración de retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias, en un contexto de alza descomunal de los precios internacionales de los productos agrícolas. Es en parte debido a esta «añoranza» que en 2001 la SRA no pudo tejer nuevas alianzas o encontrar un lugar en las mismas. Durante el desarrollo de la crisis de aquel año, aferrada a esta posición y aislada, acusaba a todo el sistema político y por igual, a diestra y siniestra, a todos los sectores empresarios, como partícipes responsables de la crisis en curso.

NOTAS:

² Discurso del presidente de la SRA, Dr. Eduardo A.C. de Zavalía, en el acto inaugural de la Exposición de Palermo el día 10 de agosto de 1991. Cfr. Anales de la Sociedad Rural Argentina, Suplemento, vol. CXXV, p. 236, 1991.

³ Ibíd.

⁴ Cfr. www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=indice-de-materias-primas-agricolas&meses=180. Fuente: Fondo Monetario Internacional.

⁵ Hugo Bolcati en discurso pronunciado el 5 de agosto de 2000, citado por Félix Sammartino en «Palermo: el día en que el sector rural se preguntó quién era», La Nación, www.lanacion.com.ar/197184.

⁶ Conferencia de prensa de fin de año pronunciada por Enrique Crotto, presidente de la SRA, el 19 de diciembre de 2001. Cfr. Anales de la Sociedad Rural Argentina, Suplemento, vol. CXXXVI, pp. 47-49, 2002.

⁷ Discurso del presidente de la SRA, E. Crotto, pronunciado el 3 de agosto de 2002. Ibíd., p. 70.

⁸ Véase nota 6.

⁹ Conferencia de prensa de fin de año pronunciada por Luciano Miguens, presidente de la SRA, el 17 diciembre de 2002. Cfr. Anales de la Sociedad Rural Argentina, Suplemento, vol. CXXXVII, pp. 49-50, 2003.

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