Conceptualización de las Políticas públicas

De acuerdo con lo planteado por ^{Wilson (2019}), las Políticas públicas son acciones que ejecuta el Estado desde sus diversos ámbitos de actuación, pretendiendo la resolución de problemas o reclamos específicos de la sociedad. De esta manera, ^{Ruiz & Cadenas (2016}) afirman que las Políticas públicas inciden sobre la organización social, en tanto conducen al cumplimiento de las agendas del Estado. Por esta razón, implica el conjunto de acciones y la toma de decisiones que el gobierno de una nación asume para regular la convivencia ciudadana, establecer programas y proyectos de interés social, así como satisfacer las necesidades colectivas. En este orden de ideas, contemplan una serie de características, que incluyen la revisión de las demandas colectivas, el diagnóstico previo, la toma de decisiones, la evaluación y la implementación por parte del Estado, mediante la ejecución de leyes que le otorguen legalidad, legitimidad y efectividad. Su desarrollo obedece a un proceso político complejo, a la vez dinámico, donde se desenvuelven los intereses individuales y colectivos, que muchas veces no son llevados de forma secuencial, sino de forma imprevisible. Por ello, más que un producto controlado, responden a las dinámicas de la sociedad.

Las Políticas públicas pretenden que los intereses de la mayoría predominen, impulsando el ordenamiento democrático y la construcción de alianzas estratégicas entre los sectores públicos y sociales de la sociedad, de manera que cada uno pueda aportar a las propuestas de mejora. Concebido así, son una serie de instrumentos útiles y disponibles para atender las necesidades sociales, con la intencionalidad de alcanzar objetivos comunes, involucrando la toma de decisiones, la operación de la ley y la comunicación pública. Por su parte, ^{Roth (2019}) indica que las Políticas públicas son instrumentos que han sido desarrollados por los Estados modernos como instrumentos para la transformación social. En esencia, determinan la movilización del Estado, mediante la ley y el poder económico, asegurando la participación ciudadana y la acción colaborativa entre el Estado y los actores de la sociedad civil.

Por tanto, se concibe que la política pública surge antes que la ley; es decir, es el instrumento que brinda la posibilidad de utilizar de forma legítima la ley y los recursos públicos para la administración política. En este nuevo siglo, tiene el deber de hacer frente a las nuevas propuestas de gestión, que apuestan por el adelgazamiento del Estado, la privatización y la racionalización del poder, a la par de otras perspectivas que se sitúan en la equidad y responsabilidad del Estado frente a los ciudadanos, impulsando Políticas públicas de interés social.

Por este motivo, según ^{López (2021}), lo público lleva inmerso la población, su crecimiento y desarrollo, lo que implica un proceso de gestión, orientada al beneficio del entorno social. Son acciones gubernamentales, cuyo ejercicio es atribuido al poder ejecutivo, que es el titular de la administración pública. Este poder no ha de ser centralizado ni fetichizado, sino que se ha de distribuir de acuerdo a principios normativos, constitucionales y judiciales, para que cada uno de los integrantes de la sociedad pueda hacer ejercicio del mismo. Por ello, las Políticas públicas representan el fundamento para la transformación de la sociedad, para la preservación de la democracia, para administrar en nombre del pueblo, pretendiendo el alcance del bien común.

El papel de la gestión pública

En línea general, la gestión pública hace alusión al tipo de gestión cuyo carácter deriva del de las acciones públicas desarrolladas. Se define como una práctica articulada a otras disciplinas, como la economía, la política, la sociología, teniendo una serie de cualidades peculiares que son definidas por su papel dentro de los asuntos del Estado; sin embargo, esto no puede confundirse con el tamaño del Estado, lo privado o aspectos conducentes a la regulación económica. Por el contrario, la gestión se sirve de una serie de instrumentos y de herramientas para fortalecer el carácter público de las instituciones, así como para señalar sus debilidades, procurando enfoques organizativos que lleven a la resolución de conflictos de orden social, donde es esencial la participación ciudadana, como mecanismo para impulsar el pluralismo político, la democracia y la consolidación de los intereses de la comunidad política, como la generación de bienes públicos y la rendición de cuentas (^{Díaz, 2017}).

En efecto, la gestión pública concibe la intervención ciudadana como la redistribución de poder, que permite acceder a los beneficios sociales, lo que implica involucrar a los ciudadanos en una democracia amplía y participativa, mediante la inclusión, la formulación de políticas públicas, otorgando una voz directa a las comunidades y a las minorías (^{Montecinos & Contreras, 2019}). Lo anterior ha de ir vinculado a modelos de gestión pública de calidad, que incluya la provisión de bienes y servicios de manera efectiva y eficiente, con la finalidad de mejorar el crecimiento económico de la región.

Por otra parte, el papel del Estado no puede perderse de vista; funge como organismo que regula la economía y la política de una sociedad, que tiene derechos coactivos y responsabilidades para con sus habitantes, lo que le otorga un carácter legítimo, refrendado por los procesos electorales. De esta manera, el Estado tiene la potestad de la administración de los recursos, afectando la economía a nivel macro y microsocial, estableciendo relaciones entre diversos actores que, de acuerdo a los intereses profesados, podría tratarse de relaciones centralizadas de poder o descentralizadas, procurando el beneficio de las comunidades.

Por esta razón, la gestión pública es compleja; sus actividades diversas, difíciles de sectorizar, dado que comprenden la administración central de un Estado, como la administración institucional, la seguridad social, la educación, la administración territorial, la vigilancia de las comunidades y la supervisión de la actividad empresarial, de los organismos comerciales y autónomos que realizan actividades, de acuerdo con las normativas impuestas por el Estado. Si bien se ha considerado la existencia de tensiones entre el aparato público del Estado y la empresa privada, es la gestión pública la encargada de velar por la transparencia, equidad, justicia y accionar destinado al progreso social y el bien común, que representan el fin último de la política y de la economía (^{Ortún, 1993}).

Esta realidad no significa que lo privado no pueda coexistir con lo público; por el contrario, la gestión privada ha servido en numerosas ocasiones como soporte o como conductora de las actividades del sector público, ofreciendo una gestión externa, ayudando a garantizar el acceso a servicios de calidad que, pese a las precarias condiciones económicas de la región latinoamericana, la industria privada ha velado por que la radiodifusión, el turismo, la estética y otra serie de actividades se mantengan vivas.

Por otra parte, la participación ciudadana es un encuentro con la democracia, con modelos de gestión pensados para afianzar y sustentar la democracia, siendo un enfoque que conduce al consenso, a la legitimación del Estado y a la construcción de relaciones estables. En los últimos tiempos, la revisión teórica de la gestión pública ha cobrado importancia, insistiendo en la urgencia de la modernización de la administración, de las reformas de carácter público, indicando el interés porque la participación ciudadana sea cada vez más notoria, permitiendo así establecer claras diferenciaciones entre lo público y lo privado, distorsión que ha sido fundamental para fortalecer la corrupción en los sistemas políticos globales y latinoamericanos (^{Obando et al., 2021}). En la perspectiva de ^{Saavedra & Huaacha (2024}), la corrupción presenta una carga social, económica, cultural, ética y política de notable presencia en América Latina, por lo que tiene la capacidad de mutar y transformarse, representando una amenaza para el Estado y para la sociedad.

Esta visión sobre la Gestión pública es coincidente con la denominada Nueva Gestión Pública, que tuvo su etapa de surgimiento y de evolución desde la década de los años setenta hasta los noventa en América Latina. Radica en una serie de principios de administración pública que cuestionan los modelos burocráticos tradicionales, orientados en la centralidad del poder, pretendiendo un nuevo accionar competitivo, eficiente, descentralizado, expresado por medio de la diversificación de los recursos y bienes financieros de la nación. Ahora bien, a esto se añade la lucha por la formación en valores compartidos, como la transparencia, sin que eso llegara a solventar completamente las problemáticas sociales del siglo XX (^{Roth, 2019}).

Gestión de políticas públicas en América Latina

En el caso de América Latina, la gestión de políticas públicas ha sido un proceso adaptable a las transformaciones económicas, políticas y culturales derivadas de diferentes períodos históricos, específicamente los coincidentes con la década de los años ochenta del siglo XX, cuando se redefinieron los procesos y prácticas de gestión, a partir de nuevos enfoques internacionales, cuya percepción se orientaba hacia la reducción del Estado obeso y a constituir una nueva forma de entender la gestión asociada a la interacción con el sector privado. Con ello se buscaba la eficiencia en los procesos administrativos, agilizar los trámites públicos, sin perder de vista la modernización, digitalización y democratización de los procesos, donde la ciudadanía tiene un papel fundamental al ser parte activa de la toma de decisiones, al participar libremente en los procesos democráticos, interactuando con los escenarios complejos del ámbito político (^{Palumbro et al., 2022}).

La gestión de las políticas públicas presenta una serie de desafíos en el contexto latinoamericano, entre lo que destacan la superación de la violencia, la corrupción desmedida, la distorsión entre lo público y lo privado, las migraciones masivas, aunado a las diferentes falencias del Estado a la hora de garantizar el bienestar colectivo de los ciudadanos. Desde esta perspectiva, el núcleo de actuación está dirigido hacia el progreso social, hacia la creación de políticas para dignificar la vida ciudadana, lo que ha de ser acompañado por la gestión eficiente, de calidad y destinada a la protección social.

Los elementos expuestos, se presentan como un todo organizado, con puntos de convergencia que hagan factible el avance hacia la seguridad social, la descentralización, la transparencia, la recuperación económica, el manejo efectivo de los espacios gubernamentales, lo que aproxima a la sociedad hacia el bien común, a la complementariedad de factores, a formas de gobiernos pensados para el interés del colectivo. Entendido esto, la inversión en educación, en salud, en seguridad social, en tecnologías para hacer eficiente el acceso a la información, eleva las posibilidades de fortalecer la democracia en América Latina, a la vez que se dan pasos hacia la justicia distributiva, pensada para un uso racional y eficiente de la economía de las naciones.

Empero, la gestión de las Políticas públicas en América Latina ha estado pensada para el desenvolvimiento nacional, careciendo de criterios mancomunados y de interacción entre homólogos. Aunque existen organismos pensados para esto, se considera que su efectividad y trascendencia aún es cuestionable, sobre todo a la hora de brindar información oportuna sobre los logros alcanzados, sobre sus gastos y sobre su intervención positiva sobre la región. Por ello, la gestión pública adolece de una adecuada interacción de principios, lo que posibilita consolidar resultados y aplicar experiencias para alcanzar el progreso.

No busca la centralización del poder, sino del intercambio de experiencias, de la interpelación mutua, acompañados de la sociedad civil, del sector corporativo, de órganos internacionales, que validan los logros, la toma de decisiones y las formas de ejercer la gestión pública en los espacios del Sur global. Estas premisas refieren a la posibilidad de evaluar, de democratizar y promover la participación ciudadana, de desarrollar competencias y maximizar resultados.

La Gestión de políticas públicas es sumamente compleja, puesto que involucra la seguridad social de los individuos y la garantía de condiciones óptimas de vida, generando impacto positivo en la colectividad, siendo una Gestión pública que siempre tuvo en miras la eficacia, la racionalidad, la resolución de conflictos y la toma de decisiones oportunas. En términos generales, plantea la descentralización del Estado y el tratamiento integral de los problemas sociales, lo que humaniza el enfoque de gestión, conectándose con los valores ciudadanos, en tanto posibilita una serie de acciones concretas y resultados precisos en beneficio de la comunidad.

La poca o nula inversión en los municipios, la repartición burocrática en cuotas de poder conduce a la ampliación de las brechas sociales dentro de los espacios comunitarios, al quiebre de las empresas privadas, de los sectores productivos, a trámites para los procedimientos ciudadanos cotidianos y, a mayor escala, en la estanflación. Por tal motivo, la gestión de las políticas públicas ha de ser descentralizada, autónoma, con objetivos definidos, con un monitoreo permanente y un enfoque inclusivo, que integre la participación de la comunidad y del sector privado, priorizando el capital humano, impulsando las relaciones de convivencia, sin perder de vista la relevancia del talento humano. En síntesis, estimula la descentralización y la heterogeneidad, como aspectos fundamentales el progreso y los cambios sustanciales en la administración y aplicación de Políticas públicas.

En este orden de ideas, resulta esencial que la gestión de políticas públicas impulse la transparencia de sus procesos, en la rendición de cuentas y en el combate contra la corrupción. Al respecto, la ley de transparencia iniciada en algunos sectores de América Latina, como México, plantea una economía política estable, que evalúe ampliamente las condonaciones y la discrecionalidad, el financiamiento público a los partidos políticos, el gasto desviado, lo que genera la multiplicación de la corrupción a todos los niveles. Se trata de mantener la confianza ciudadana, a través de un escrutinio continuo de las decisiones gubernamentales.

Para ^{Guerra (2019}), la transparencia es un asunto de alcance nacional, lo que se ha posibilitado gracias al acceso a las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), además del derecho permanente de las personas a la información pública. De esta manera, permite una actualización y perfeccionamiento permanente de los sistemas de Gestión pública, eliminando los intermediarios y, por ende, trámites burocráticos existentes detrás de la centralización del poder del Estado. El fin de la transparencia es aproximar a los ciudadanos a una experiencia libre de corrupción, lo que ha supuesto grandes esfuerzos, como la ruptura con mecanismos viciados de la administración pública, elevar la conciencia crítica de los individuos ante el derecho de poder exigir libremente la información. No obstante, presentan una serie de obstáculos como el poco acceso de conectividad en regiones periféricas, lo que ha significado un trabajo arduo para subsanar las brechas digitales.

En ese sentido, si bien es significativo que la brecha de acceso digital procure cerrarse, también es importante explotar las herramientas disponibles para la lucha contra la corrupción. Con la puesta en práctica de estos procesos, se ha evidenciado, condonaciones indebidas de deudas y de la impunidad de los actos, dejando en evidencia que la corrupción es un problema institucional, estructural y cultural. Empero, la tramitación electrónica ha acelerado el acceso a la información, protege los datos de las personas y efectúa las acciones necesarias para la atención de las personas necesitadas y para los que no tienen acceso a la conectividad. Como parte del proceso de rendición de cuentas, la transparencia resulta esencial para avanzar hacia una comunicación efectiva, abierta e innovadora entre población y gobierno, mejorando significativamente los servicios públicos y responder a las demandas ciudadanas actuales. En síntesis, la transparencia es interrelación del gobierno con la comunidad, en la medida que se acortan las distancias y se subsanan los problemas de corrupción.

El éxito de la gestión pública está basado en la elección libre y democrática, en la capacidad de elegir, así como en el cuidado de las necesidades básicas de los ciudadanos. Por otro lado, también es fundamental que la Gestión pública se sustente sobre las bases de sus predecesores, sin distingos de posicionamientos políticos. En la Gestión pública es imprescindible el liderazgo, saber llegar y aproximarse a las necesidades reales, en esto es fundamental la toma de decisiones, la coordinación de acciones, así como el análisis de los riesgos que pueden suscitarse.

Pese a estos señalamientos, la actualidad, caracterizados por la presencia de escenarios disruptivos (^{Alvarado, 2023}), ha incidido significativamente sobre la región latinoamericana, siendo un punto crítico sobre la economía, así como las formas de vida de los individuos, presentándose una triple distorsión en los ingresos, la demanda agregada y sobre la oferta productiva. Esta realidad se ve reflejada en la caída de los indicadores de comercio internacional, en el servicio de turismo, en la interrupción de cadenas productivas, en el cese de la inversión y en la destrucción de las fuentes de empleo formal, originando nuevas actividades informales.

Ante ello, es prioritario la adopción de medidas contra cíclicas, como un estímulo para la inversión y los flujos financieros, los que se vieron frenados por la presencia de la pandemia, que aceleró la crisis financiera global, las restricciones en el comercio, acentuando la competitividad. En escenarios de crisis, la gestión de políticas públicas ha de direccionar la atención hacia los sectores vulnerables, a atender las áreas prioritarias, garantizando la inversión en salud, educación y en la aplicación de diversas estrategias conducentes a la recuperación de la economía.

No se trata de perder de vista los problemas estructurales existentes de América Latina, sino de impulsar la transformación social, de hacer frente a la crisis económica existente y agudizada en los últimos tiempos. El repunte económico implica la oportunidad de trabajos colaborativos, de impulso de la educación y de la actividad científica de las universidades. Dicho de otra manera, el fortalecimiento de lo cultural dinamiza los espacios de actuación de la gestión de políticas públicas. Al respecto, la universidad se ha mantenido al margen de la recuperación económica, entrando en fases de desgobierno, lo que amerita retomar su carácter de formadora de ciudadanos, de capacitación para la reflexión crítica y la actividad científica, de enseñar a pensar y a trabajar, recuperando una racionalidad perdida entre la universidad y la empresa, la universidad y el Estado.

Transparencia y educación, son signos distintivos de la búsqueda de la recuperación del tejido social, indispensable para impulsar el desarrollo de la región. En esencia, la gestión de políticas públicas es la lucha por el bien común, por fijar objetivos precisos y toma de decisiones claras para aproximarse a este. Entre estos esfuerzos, destaca la lucha contra la corrupción, trabajar por las prioridades regionales, reconocer las demandas de los colectivos, además de dar espacio a los sectores privados para integrarse en la prosecución de estos objetivos, dado que el desarrollo no es sólo un asunto estatal, sino que requiere de la intervención ciudadana y de todos los sectores de la sociedad.

Claro está, la toma de decisiones es fundamental para alcanzar el bien común, para consolidar el Estado de Derecho, así como para medir sus fortalezas y debilidades, con la finalidad de robustecer el derecho, garantizando la vida digna, frenando los niveles acelerados de inflación y otros condicionamientos sociales que quiebran las condiciones de vida digna de los individuos, donde el bien común es un objetivo de todos; amerita de alianzas estratégicas, de integración, de unidad, de fortalecimiento democrático, de saber escuchar las demandas del pueblo y de los sectores sociales, haciendo que el trabajo sea visible dentro de las comunidades, de la sociedad civil, pero para que esto sea posible, se requiere superar los contextos asimétricos, dinamizar la actividad productiva, generar empleo. En otras palabras, reestructurar el Estado de Derecho, conducirse con una visión ética y responsable ante la sociedad, sin perder de vista lo fundamental del tema económico, del que depende la superación de la pobreza, la generación de fuentes de trabajo, mantener la salud, la educación, entre otros temas sensibles para la sociedad.

Ahora bien, las experiencias sobre gestión de políticas públicas en América Latina no han quedado en la discusión teórica, se han dado una serie de experiencias prácticas, que han tenido como fin mejoras en la sociedad y el bien común de los individuos. Al respecto, pueden mencionarse la implementación del programa de Bolsa Familiar en Brasil, bajo el gobierno de Lula da Silva en Brasil (^{Banco Interamericano de Desarrollo, 2016}), cuyo fin es el apoyo a las familias en situación de pobreza extrema, ampliando la cobertura en alimentación, salud y educación. Fue un programa de Gestión de políticas públicas implementado en el año 2003 y convertido en ley en el año 2014. Para el año 2015, se estima que había beneficiado a más de 13.827.369 de familias, con un costo del 0,45% del Producto Interno Bruto brasileño, ayudando a la reducción del 15% de la pobreza en el país.

En el caso de Uruguay, en el año 2007 fue puesto en práctica el Plan Ceibal, siendo una iniciativa que proporcionaba un computador portátil a cada estudiante y educador de escuelas públicas uruguayas, promoviendo así la inclusión digital. Esta Política Pública contribuyó en el rendimiento educativo de la nación, a cerrar las brechas tecnológicas y a la alfabetización digital, principalmente de zonas rurales. Además, el proyecto ofrece recursos digitales, plataformas y estrategias de formación y acompañamiento docente, vinculando a las comunidades y las escuelas con las tecnologías. Como resultado, los estudiantes mejoran las destrezas y competencias tecnológicas, propiciando un ambiente de aprendizaje certero y propicio para el siglo XXI. Se estima que su costo anual sea de cincuenta millones de dólares, lo que equivale al 0,2% del Producto Interno Bruto (^{Jara, 2016}).

En materia de salud, en Venezuela se implementó la Misión Barrio Adentro, siendo una iniciativa de atención primaria en salud, que contó con la cooperación binacional Cuba-Venezuela, cuyo objetivo era el acceso a la salud a las zonas más pobres y vulnerables del país. Promovió la atención primaria, preventiva y progresiva de la salud, disminuyendo los índices de mortalidad infantil y la disminución en las brechas al acceso a la salud (^{Transparencia Venezuela, 2016}). Por su parte, Bolivia ha implementado, desde el año 2009, el Bono Juan Azurduy, pensado para las mujeres embarazadas y madres en pobreza extrema, garantizando la reducción de la mortalidad materno-infantil y mejoras en la atención prenatal y pediátrica, especialmente de las zonas rurales (^{Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia, 2016}).

Ahora bien, no en todos los casos la Gestión de políticas públicas resulta positiva. En el caso de Venezuela, la reforma agraria, impulsada por la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario del año 2001, buscaba redistribuir las tierras no laboradas a campesinos y agrícolas, como medida para promover la seguridad alimentaria y la producción agrícola, sin prever un sistema eficiente, apoyo técnico y acceso al crédito para el mantenimiento de las tierras. Pese a esto, la mala planificación, la falta de infraestructura tecnológica y de formación en el manejo de recursos, condujo a la caída en la producción agrícola, llevando a la nación a etapas de escasez y de demanda de alimentos, a la dependencia a importaciones, sumado a los conflictos internos suscitados por la posesión de las tierras (^{Pacheco, 2011}).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2023) contempla que la Gestión de políticas públicas se encuentra condicionada por la búsqueda del desarrollo sostenible, por lo que conserva un enfoque centrado en las finanzas, en las funciones fiscales, en la eficiencia, en la administración responsable de los recursos nacionales, con el fin de potenciar la economía y la justa distribución de las riquezas. Lograr esto implica la internacionalización de los resultados, de modo que las naciones puedan replicar las experiencias positivas, tanto en materia de salud, alimentaria, educativa, administrativa, necesarias para alcanzar el bien integral. Así, se impulsa el progreso, en la medida que se satisfacen las necesidades sociales, siendo coherentes con la sostenibilidad.

Esto obliga a establecer un nuevo paradigma dentro de la gestión y de las políticas públicas, que se centre en la transparencia, participación ciudadana, e apertura a la responsabilidad social, a la descentralización del Estado, la inclusión de los grupos vulnerables, suscitando cambios en la vida de las comunidades y en las formas de conducción de las políticas de Estado, brindando una adecuación al derecho y lo público, donde intervenga la participación de la ciudadanía.