La elección presidencial del 18 de diciembre de 2005 en Bolivia

SALVADOR ROMERO BALLIVIÁN

Resumen

La elección presidencial de 2005 fue convocada de forma anticipada por la grave crisis que atravesó Bolivia. El artículo pretende explicar el contexto en el cual se celebraron los comicios, luego analizar las candidaturas que se presentaron, y después estudiar la dinámica de la campaña. A continuación, en la parte más importante del texto, se examinan las distintas facetas del comportamiento electoral boliviano que explican los resultados: la elevada participación, la amplia victoria del MAS –de características inéditas en el cuarto de siglo de la democracia–, el derrumbe de los partidos denominados «tradicionales», la nítida división social, política y geográfica del voto. El artículo se cierra con una perspectiva general de la evolución del voto boliviano en los años recientes.

Palabras clave  Bolivia / Elección presidencial 2005 / Comportamiento político

Abstract

The presidential election 2005 was called sooner than expected due to the serious crisis affecting Bolivia. This article attempts to elucidate the context in which the elections were celebrated, to analyze the candidacies for Bolivia’s presidency, and afterward to study the dynamics of the campaign. Subsequently, in the core part, we examine different aspects of the Bolivian electoral behavior that explain the results: the high participation, an ample victory of the MAS –of unprecedented characteristics in this quarter-century democracy–, the fall of the so called «traditional» parties, and the clear social, political and geographical division of the voters. A general view of the Bolivian vote in recent years ends the article.

Key words Bolivia / Presidential election / Political behavior

RECIBIDO: MAYO 2007 ACEPTADO: JULIO 2007

Introducción

Prevista para 2007, la elección general se anticipó para fines de 2005; adelanto que puso de manifiesto la crisis política que atravesó Bolivia a partir de principios del siglo XXI. Tras la elección de 2002, Gonzalo Sánchez de Lozada asumió el Gobierno en condiciones difíciles, y en octubre de 2003 renunció, luego de una grave convulsión social. Su sucesor, el vicepresidente Carlos Mesa, alentó una agenda de cambios que retomó las banderas de los actores movilizados en ese momento: Asamblea Constituyente, participación en la definición del destino del gas, crítica al sistema de partidos, etc. En 2004 organizó el primer referéndum en democracia, cuyo objeto fue definir la política energética; menos de un año después de su éxito en la consulta también debió renunciar en medio de movilizaciones que exigían nacionalizar la industria petrolera. Ese ambiente tenso impidió que los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados asumiesen la Presidencia de la República respetando el orden de sucesión constitucional. Sus renuncias permitieron que Eduardo Rodríguez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, ejerciera la primera magistratura del país y preparara la elección general anticipada.

Los comicios de 2005 tuvieron, por lo tanto, un carácter inesperado para las fuerzas políticas. Se inició una campaña corta, intensa y marcada por la incertidumbre. Al cabo de ella, surgieron resultados impensados unos años atrás: el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales consiguió la mayoría absoluta de los sufragios, Poder Democrático y Social (Podemos) de Jorge Quiroga ocupó un distante segundo lugar y varios de los partidos relevantes del período previo ni siquiera presentaron candidatos. Se instauró así el primer Gobierno monocolor de la democracia boliviana de los últimos veinte años, dirigido por Morales.

El objetivo del artículo es explicar los principales resultados de la elección presidencial.¹ Para cumplir con ese propósito, es necesario ofrecer el contexto general que antecedió la precipitada convocatoria a elecciones, luego presentar las candidaturas que compitieron y explicar el desarrollo de la campaña. Sólo con esos elementos es posible comprender los resultados, analizados tanto en sus líneas generales como en su distribución regional, sociológica y política.

La elección anticipada de 2005 como respuesta a la grave crisis boliviana

Después de la grave crisis económica, social y política que sacudió a Bolivia a principios de los años ochenta, la elección de 1985 marcó un momento de inflexión. Se trató de una elección de realineamiento (Martin, 2000) que redefinió las políticas públicas y reconstruyó el sistema partidario por dos décadas. En efecto, por un lado, el Gobierno de Víctor Paz impulsó una política a contramano de la lanzada por la Revolución de 1952: promovió la iniciativa privada, redujo el papel del Estado y apuntó a consolidar las instituciones representativas. Estas líneas, junto con el multiculturalismo, constituyeron la base de un consenso entre los principales actores políticos y sociales durante veinte años (Romero Ballivián, 1995). Los Gobiernos sucesivos mantuvieron esa orientación, por supuesto con matices distintos.

Por otro lado, los resultados de 1985 estructuraron un sistema de partidos que se articuló alrededor de tres actores: el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), cuyo liderazgo fue asumido por Sánchez de Lozada, quien triunfó en tres elecciones (1989, 1993, 2002) y ejerció dos veces la Presidencia (1993-1997; 2002-2003); Acción Democrática Nacionalista (ADN), fundada por Hugo Banzer, ganadora de los comicios de 1985 y 1997, gobernante en 1997-2002; y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), que si bien no ganó ninguna elección, desempeñó la Presidencia con Jaime Paz (1989-1993). Esos partidos tuvieron un papel dominante, aunque debieron compartir la votación con Conciencia de Patria (Condepa) y Unión Cívica Solidaridad (UCS), que a partir de 1989 recibieron el voto de los sectores insatisfechos con los resultados de la política económica liberal.

Las elecciones siguientes a la de 1985 se desarrollaron en tiempos de «política normal», confirmando la tendencia dejada por los comicios de ese año. Así, en 1997, Banzer mantuvo las políticas dejadas por sus predecesores: respeto a la economía de mercado en un contexto de crecimiento, proceso gradual de afianzamiento y reforma de las instituciones.

No obstante, esa superficie lisa se resquebrajó a partir del año 2000. Bolivia sintió el impacto de la crisis económica regional que contrajo los niveles de crecimiento, aumentó el desempleo, y acentuó la insatisfacción de grupos que figuraron entre los perdedores del viraje liberal. La legitimidad de la economía de mercado, sustentada en sus rendimientos, quedó cuestionada a raíz de unos años de crecimiento bajo e incluso de retroceso en el ingreso per cápita del PIB (Gray Molina, 2005). Además, el Gobierno confrontó problemas sociales. Abril de 2000 constituyó un momento de inflexión: Banzer capituló ante la convergencia de bloqueos campesinos en el altiplano dirigidos por Felipe Quispe, una revuelta popular en Cochabamba exigiendo la expulsión de la empresa transnacional encargada del aprovisionamiento de agua potable y una huelga policial que determinó el fracaso del Estado de sitio decretado para frenar los dos primeros movimientos (García y otros, 2001). A partir de ese momento, y durante por lo menos un lustro, el Estado se encontró a la defensiva frente a conflictos cada vez más numerosos y violentos (Laserna, 2004). Los movimientos sociales, sin tener una dirección unificada, varias veces hicieron coincidir sus protestas para arrancar mayores concesiones. Por último, el armazón político se debilitó. El Gobierno de Banzer coincidió con un incremento de críticas al sistema partidario, percibido como privilegiado y excluyente. La sucesión de pactos entre distintos partidos y la multiplicación de escándalos de corrupción restaron legitimidad a los partidos, que debieron resignarse a perder el monopolio de la representación y aceptar mecanismos de democracia directa. Además, las críticas lanzadas contra el modelo económico y sus resultados sociales golpearon al Estado y a los líderes encargados de su manejo.

La renuncia de Banzer, obligada por razones de salud, abrió un paréntesis con la llegada al Gobierno de su vicepresidente, Jorge Quiroga (2001-2002). Un cambio en el estilo político, una elevada popularidad y el inicio de la campaña electoral de 2002 generaron un clima social y político más apaciguado.

Con estos ingredientes se celebró la elección presidencial de 2002, que incluyó elementos de continuidad así como rupturas significativas (Borth y Chávez, 2003; Fundemos, 2002). Entre los primeros se destaca el triunfo ajustado del MNR, otra vez encabezado por el ex presidente Sánchez de Lozada (20,8 por ciento). Acompañado por el periodista Carlos Mesa, el jefe del MNR defendió el balance de su primera administración. Si bien guardó un perfil bajo con respecto a la capitalización de las empresas públicas (mecanismo de privatización parcial que había elegido), propuso superar la crisis económica en el marco del libre mercado, recuperar la autoridad del Estado y atacar la corrupción. Igualmente, el MIR, dirigido por Paz, conservó el cuarto puesto de la presidencial precedente (15,1 por ciento).

A la vez, el escenario se halló modificado con el derrumbe de Condepa y UCS, los partidos críticos con el liberalismo en los años noventa (Mayorga, F., 2002), el revés de la gobernante ADN (3,1 por ciento) y el ascenso de partidos que canalizaron el descontento con el estancamiento económico, las dificultades sociales y la crisis política de los años previos. El MAS, dirigido por el líder de los cocaleros Evo Morales, ocupó el segundo lugar (19,4 por ciento), un resultado inesperado para un movimiento que comenzó la campaña con ambiciones modestas. Su jefe tuvo un discurso beligerante de defensa de la hoja de coca, de denuncia de la capitalización y del imperialismo norteamericano. El MAS pasó apenas por delante de Manfred Reyes Villa, de Nueva Fuerza Republicana (NFR) (19,4 por ciento), que pretendió agrupar a los insatisfechos proponiendo una renovación de líderes antes que de políticas. Por último, con un mensaje aguerrido y de tintes étnicos, el Movimiento Indio Pachakuti (MIP) de Quispe registró un nivel histórico para el katarismo (5,9 por ciento), reflejo del rechazo del altiplano al liberalismo.

El resultado indicó que los votantes tendieron a dividirse en dos segmentos de peso más o menos equivalente: los relativamente satisfechos con el balance de las políticas públicas de los quince años previos, agrupados detrás del MNR, del MIR, de ADN e incluyendo ciertos segmentos de NFR, y los descontentos, que votaron por el MAS, el MIP y en parte por NFR, además de organizaciones pequeñas. Mientras que los primeros tuvieron relativamente bien definidas sus opciones desde el inicio de la campaña, los otros pasaron de la indecisión a la búsqueda del mejor candidato. Primero se inclinaron por Alberto Costa Obregón de Libertad y Justicia, luego por Reyes Villa de NFR y en la recta final se dividieron entre el jefe de NFR y Morales, del MAS.

Los comicios echaron por tierra los consensos dominantes desde 1985: legitimidad indiscutida de la democracia representativa y primacía de la economía de mercado, aunque los enfoques multiculturales se fortalecieron en variantes que resaltaron la cuestión étnica (Loayza, 2004). Lejos de ser una singularidad boliviana, la política andina se ha caracterizado en los últimos años del siglo XX por el reforzamiento de las corrientes críticas respecto del liberalismo económico, a veces también escépticas ante las instituciones de la democracia representativa, y por el descrédito de los partidos gobernantes (también denominados «tradicionales»). Así, si la década de los noventa favoreció a los defensores de la apertura económica, a principios del siglo XXI los comicios fueron ganados por los adversarios de esas ideas. La elección de 2002 pareció ir a contramano de ese movimiento, pero a pesar del triunfo de Sánchez de Lozada la confianza en la economía liberal continuó declinando, y el sistema partidario de alianzas se descompuso y dio paso a un sistema de tendencias centrífugas y polarizadas, con visiones antagónicas sobre la economía, la sociedad, la cultura y la política (Mayorga, R.A., 2004).

Sánchez de Lozada dirigió un Gobierno que incluyó al MIR y a la UCS. Su segunda administración enfrentó problemas desde el inicio. Si en 1993 llegó con un porcentaje alto, una amplia legitimidad, una alianza social y geográfica de envergadura, en 2002 triunfó con un marcador bajo, a pesar de la férrea oposición de los principales centros del conflicto social y político de los años precedentes, vale decir de las áreas de pequeña propiedad agrícola, las regiones cocaleras, los barrios populares de las capitales del occidente y centro del país. Su éxito tuvo un sabor paradójico, pues era uno de los políticos más resistidos a raíz del proceso de capitalización: no gozó del estado de gracia en ningún momento de su segundo período. La primera vez, recibió un país que vivía tiempos de «política normal» y con crecimiento económico; su segunda presidencia empezó en un estancamiento económico y dificultades políticas y sociales. Luego, mientras que en 1993 el MNR era la cabeza del Gobierno y sus aliados tenían escasos medios para presionarlo, la segunda vez compartió el Gobierno con el MIR, un partido cuya talla no difería significativamente de la suya. Su capacidad de dirección disminuyó y la legitimidad de la alianza en la sociedad fue baja. Finalmente, en su primer Gobierno, Sánchez de Lozada contó con un programa ambicioso y una cómoda mayoría parlamentaria para ejecutarlo; en el segundo, propuso un plan de reacción ante una crisis social, económica y política y su bancada no representaba ni un tercio del total del Congreso.

Ambas gestiones también difirieron por causas externas. Ocho años antes, el MNR tuvo como oposición al MIR y a la ADN, golpeados por la derrota y con una visión del país que compartía numerosos aspectos con la suya. En cambio, el MAS vivió su segundo lugar como una victoria, buscó federar otras organizaciones políticas y sociales detrás suyo, no concibió su acción limitada al Congreso y en casi todos los temas tomó concepciones opuestas a las del MNR.

En febrero de 2003, para encarar el déficit fiscal, Sánchez de Lozada aplicó un impuesto sobre los salarios que provocó un estallido de violencia: fuerzas policiales amotinadas chocaron con militares, oficinas públicas y comercios fueron asaltados. El saldo de víctimas superó la treintena y dejó desarmado al Gobierno, impotente para aprobar sus instrumentos económicos o satisfacer las demandas sociales, desprovisto de una agenda política. La situación no mejoró con el ingreso de NFR a la coalición: la vasta mayoría parlamentaria no se tradujo en puntos adicionales de legitimidad o en un acercamiento con los sectores más movilizados; incluso se reforzó la vinculación establecida entre pactos partidarios y «cuoteo» de cargos públicos (Costa y Rojas, 2004).

En septiembre de 2003 se encadenaron conflictos que derivaron, el mes siguiente, en la renuncia de Sánchez de Lozada a la Presidencia. En el altiplano se repitieron bloqueos; la intervención de las fuerzas del orden provocó la muerte de campesinos, lo que exacerbó los ánimos en la ciudad de El Alto, donde se produjeron las primeras manifestaciones y huelgas urbanas, en las que se mezcló el repudio a la muerte de civiles, protestas contra las medidas municipales de El Alto y la oposición a la venta del gas a Estados Unidos a través de un puerto chileno, un plan que dirigentes sindicales y de izquierda acusaban a Sánchez de Lozada de querer ejecutar. La situación empeoró cuando al bloqueo de caminos se sumó la ruptura del aprovisionamiento de gasolina en El Alto y La Paz por la acción de los manifestantes alteños.

La represión para restablecer el aprovisionamiento dejó un balance trágico, con la muerte de decenas de personas en El Alto. El rechazo al Gobierno aumentó y la movilización que se organizó de manera consistente en los barrios de El Alto se reprodujo en otras ciudades así como en distritos mineros. El conflicto desplazó la consigna de la protesta de la oposición a la venta del gas a través de Chile, a la exigencia de la renuncia de Sánchez de Lozada. La movilización encontró eco en sectores de clase media y, frente a la envergadura de la represión, el vicepresidente Mesa rompió con el Gobierno.

Acorralado, debilitado y abandonado por sus socios políticos, Sánchez de Lozada renunció. Su vicepresidente, Carlos Mesa, fue proclamado presidente. El desenlace redujo la tensión: las medidas de presión fueron levantadas, la calma retornó al país. Sin embargo, las jornadas marcaron un profundo cambio de rumbo en la política.

La caída de Sánchez de Lozada resquebrajó el modelo que encarnó: supremacía de la economía de mercado con presencia del capital extranjero, democracia representativa con un papel central de los partidos, y participación activa de los tecnócratas en las políticas públicas. En cambio, ganaron legitimidad las tesis que exigían un papel activo del Estado en la economía y el final del monopolio partidario para la representación, y se exaltaron modos de participación y de acción alejados de la democracia representativa. Este conjunto heterogéneo de ideas, algunas de las cuales, como el nacionalismo económico, se enraízan en una historia larga (Laserna, 2004), no plasmó de manera íntegra en la administración del nuevo Gobierno, pero influyó en su conducta y en el comportamiento de otros actores. En efecto, Mesa se comprometió a organizar un referéndum sobre la política energética, a convocar una Asamblea Constituyente y a replantear la Ley de Hidrocarburos. Además, señaló que gobernaría sin partidos, disolviendo de hecho la coalición que sustentó a su antecesor.

Mesa se apoyó en una elevada popularidad que provino de la ruptura con Sánchez de Lozada, una apertura a las demandas que se cristalizaron en octubre de 2003, la habilidad para transmitir su mensaje y su decisión de prescindir de los partidos, desgastados ante la opinión pública. Sólo el MAS, opositor a los Gobiernos liberales, salió intacto de los aprietos que sufrió el sistema de partidos tras los sucesos de octubre de 2003.

Para asentar su legitimidad, Mesa convocó una consulta popular para definir la política energética.² Era el primer referéndum en Bolivia en más de setenta años, ponía a prueba uno de los mecanismos de la democracia directa recientemente adoptados y abordaba uno de los asuntos más polémicos de los años precedentes. Pese a ello, los partidos se mostraron desinteresados –con excepción del MAS que militó por el «sí» en las tres primeras preguntas y por el «no» en las dos últimas, dejando una huella sobre la geografía del referéndum–. El Gobierno se encontró casi sin contendores al frente y obtuvo el «sí» en las cinco preguntas.

Sin embargo, en pocas semanas, el Parlamento rechazó los proyectos de ley gubernamentales, pretextando una interpretación correcta de las respuestas afirmativas. El Congreso elaboró una norma propia, bajo la dirección del MAS, incrementando los impuestos y obligando a las empresas transnacionales a adecuarse a la nueva ley. La pérdida de control de la agenda política por parte del Gobierno y de la definición de los ejes de la Ley de Hidrocarburos se produjo como consecuencia de la popularidad de la idea de nacionalización en la opinión pública. Los parlamentarios, aunque representaban a partidos en crisis, desbordaron al Gobierno, pues sintonizaban la aspiración popular. Así, la victoria en las urnas ni afianzó de manera durable la legitimidad del Gobierno ni le permitió diseñar la política energética del país, lo que debilitó al Presidente.

Las elecciones municipales de diciembre de 2004 constituyeron un breve paréntesis en un ambiente tenso.³ Ellas se distinguieron por la novedosa participación de más de 450 agrupaciones ciudadanas, que en la práctica funcionaron como partidos políticos locales (la municipal de 1999 fue disputada por menos de 20 partidos). Aunque con menos del 20 por ciento del voto, el MAS se impuso, avanzó de manera considerable con respecto a 1999, apareció como la única fuerza de alcance nacional, mientras que los partidos «tradicionales» (MNR, MIR, ADN, UCS) retrocedieron y perdieron a muchas de sus figuras, que prefirieron concursar con una agrupación ciudadana propia. Quedó la impresión de un paisaje político nacional fragmentado, si bien localmente la concentración del voto fue el rasgo dominante.

En el primer semestre de 2005 el Gobierno fracasó en su intento de recuperar la iniciativa, pues encontró resistencia en el Parlamento, en los sectores sindicales y en los movimientos sociales que presionaban para satisfacer sus demandas aprovechando el debilitamiento del Estado. Estos grupos reforzaron su poder, pero esa influencia no fue de la mano de una unificación de organizaciones dispares en su estructura, sus fines y tácticas. Por último, a medida que el juego partidario perdía consistencia, la cuestión regional, siempre presente (Calderón y Laserna, 1985; Roca, 1999), generó nuevas y profundas líneas de conflicto. Molestas con el activo papel del MAS en la definición de la política energética, con la actitud ambigua del Gobierno frente a las empresas petroleras y con la desatención a sus demandas, las instituciones de Santa Cruz enarbolaron la bandera de la autonomía departamental. Presionado por este movimiento, Mesa anunció a inicios de 2005 la convocatoria a una inédita elección de prefectos departamentales.

La situación se complicó cuando la discusión sobre la Ley de Hidrocarburos ingresó en su fase final: los parlamentarios insistieron en aprobar una versión que disgustaba al Gobierno, mientras que la movilización popular exigía la nacionalización, pero sin respaldar al Congreso. La posición gubernamental se debilitó cuando Mesa anunció su renuncia. Los bloqueos en La Paz, los cortes en el suministro de gas, las amenazas de varios sectores sociales generaron otra vez una situación tensa: el Congreso, reunido en Sucre, decidió dar curso a la sucesión constitucional. Sin embargo, ni el presidente del Senado, Hormando Vaca Díez, ni el de la Cámara de Diputados, Mario Cossío, asumieron la Presidencia. Ambos renunciaron a su derecho pues la ciudad de Sucre se encontró bloqueada por mineros y campesinos decididos a impedir que miembros de la antigua coalición de Gobierno ejercieran la Presidencia. Así se allanó el camino para que Eduardo Rodríguez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, sucediera a Mesa (junio de 2005).

Rodríguez organizó su gabinete sin figuras partidarias para asegurar la neutralidad de su administración en la tarea que le fijaba la Constitución: organizar nuevos comicios presidenciales y dirigir un Gobierno de transición. Sin embargo, existía un amplio consenso en el país en torno a que la elección no podía limitarse a elegir un Presidente únicamente para completar el período constitucional y que más bien se necesitaban comicios generales que permitiesen conocer las expectativas de la ciudadanía y establecer nuevas correlaciones de fuerza política. El Parlamento modificó la Constitución en ese sentido y sólo después Rodríguez convocó a la elección general para diciembre de 2005.

Los partidos y las candidaturas

La elección de 2005 llegó de manera precipitada, pero los principales candidatos eran conocidos de antemano. Morales, Quiroga o Samuel Doria Medina, que comenzaron con los puntajes más altos en las encuestas, habían tenido un papel relevante en la política de los últimos años.

La presencia de Evo Morales era aguardada. Nacido en 1959 en una pequeña y pobre comunidad campesina, Morales emigró a inicios de los años ochenta al Chapare, nueva área de cultivos de coca. Escaló todas las posiciones en el sindicalismo cocalero, convertido en un referente del movimiento popular y en la base de una nueva organización política: el MAS. En 1997 salió elegido diputado y en 2002 consiguió el segundo lugar en la presidencial. Su partido se desempeñó como principal fuerza opositora a Sánchez de Lozada y jugó un papel activo durante la gestión de Mesa, alternando una línea conciliadora y crítica. Morales eligió como acompañante de fórmula a Álvaro García Linera, un intelectual de izquierda que comenzó en las filas del Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK) y luego adquirió notoriedad gracias a sus intervenciones como destacado analista político y social en la televisión.

Tampoco llamó la atención la candidatura de Quiroga, proveniente de una familia acomodada (1960). Graduado como ingeniero en Estados Unidos, hizo una rápida carrera que lo llevó al Ministerio de Finanzas, a la Vicepresidencia con Banzer (1997) y finalmente a la Presidencia (2001-2002). Aunque al finalizar su Gobierno se instaló en Estados Unidos y conservó un perfil bajo, había concluido su gestión gubernamental con popularidad y su figura era respetada por los defensores de la economía de mercado. Su ingreso a la campaña no se hizo de la mano de ADN, partido del cual era jefe; optó por defender los colores de Podemos, una alianza de agrupaciones ciudadanas. Lo acompañó María René Duchén, una de las presentadoras de noticias más conocidas del país.

Doria Medina (1958) alternó actividades privadas y públicas. Construyó una de las fortunas más importantes del país como propietario de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) y, al mismo tiempo, contaba con una amplia trayectoria: fue ministro de Planeamiento (1991-1993) y acompañante de fórmula de Jaime Paz en 1997, antes de preparar un proyecto propio, el partido Unidad Nacional (UN). Intervino con frecuencia en los principales debates alternando un mensaje de apoyo y otro de crítica frente al Gobierno de Mesa. Para acompañarlo, eligió a Carlos Dabdoub, ex ministro y ex parlamentario, convertido en uno de los portavoces del movimiento regionalista en Santa Cruz.

En una situación distinta se encontraron los poderosos partidos de 2002: el MNR, NFR y el MIR. Para el MNR, la elección se presentó en condiciones difíciles, pues atravesaba una aguda crisis y sus figuras no estaban en condiciones de competir. La designación de Michiaki Nagatani constituyó una sorpresa. Descendiente de una familia japonesa instalada en una colonia agrícola de Santa Cruz (1959), el candidato no militaba en el MNR, tenía escasa experiencia política y su designación fue cuestionada en la misma organización. Como vicepresidente se incluyó a una de las figuras históricas del partido, Guillermo Bedregal.

El MIR y NFR, conscientes de sus limitadas posibilidades en la elección general, escogieron un camino novedoso: sus jefes apostaron a la elección prefectural. Paz se presentó como candidato en Tarija y se opuso a una candidatura presidencial del MIR, consiguiendo que Vaca Díez retirara su postulación. Promovió un acercamiento con Podemos que permitió que en las listas parlamentarias se incluyese a líderes del MIR. Por su parte, Reyes Villa aceptó que NFR participara en la contienda presidencial con la candidatura de Gildo Angulo, un militar nacionalista, sin militancia en el partido y que desarrolló una retórica propia. Al postular como prefecto de Cochabamba, Reyes Villa selló la suerte de NFR en la elección general: concentró los recursos económicos y logísticos del partido en la lucha regional y se desinteresó de la actuación de Angulo.
De los restantes cuatro partidos, sólo el MIP tenía experiencia electoral. Volvió a postular a la Presidencia a su jefe, Quispe, dirigente campesino con una extensa carrera política, fundador del EGTK y máximo dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. El candidato no entraba en las mismas condiciones que en 2002, pues su liderazgo en el altiplano se había erosionado y su poder de convocatoria había declinado.

De la presentación de los candidatos, se extraen varias conclusiones. La primera es el debilitamiento del entramado de partidos que definió uno de los rasgos del sistema político durante dos décadas. El MIR se presentó sólo en la elección prefectural, ADN fue excluida de Podemos aunque le prestó numerosos cuadros, UCS se mantuvo al margen de las dos contiendas, apenas el MNR defendió sus colores en la presidencial y en las prefecturas. El debilitamiento fue más allá de ese dato, a diferencia de comicios pasados, a la elección llegaron los partidos poco armados, con excepción del MAS. Antes que un mecanismo bien articulado, Podemos constituyó una galaxia laxa de grupos y personalidades provenientes de ADN, del MIR, del MNR y de hombres próximos a Quiroga. UN tampoco logró dotarse en su corta existencia de un aparato sólido.

Por ello se puede hablar de una cierta renovación de candidaturas: por un lado, sólo Morales había competido en una presidencial, por otro lado, ninguno de los cuatro primeros candidatos había cumplido cincuenta años. Resalta la diferencia con los comicios previos por la ausencia de las figuras más conocidas del período precedente. El cambio generacional se extendió a las listas parlamentarias: con excepción de Podemos, que incorporó a numerosos dirigentes de las viejas tiendas políticas, los partidos buscaron en general rostros nuevos y el Congreso elegido tuvo uno de los promedios de edad más bajos de la historia democrática. En esa renovación generacional convergió tanto el final de un ciclo como la voluntad de ofrecer figuras novedosas a un electorado que pedía cambios.

Por último, se mantuvo la influencia de los medios de comunicación en la proyección de liderazgos: a pesar de sus disímiles características, García y Duchén debían en buena medida su presencia en las candidaturas vicepresidenciales a su trayectoria en la televisión. Este rasgo también se dio en las listas parlamentarias.

Una campaña electoral corta y accidentada

Normalmente, la elección general da lugar a una larga e intensa campaña, pero la de 2005 tuvo rasgos poco habituales: su convocatoria anticipada impidió a los partidos una larga planificación y los obligó a intervenir rápidamente, lo que favoreció a los mejor estructurados. Se trató de una campaña corta y, además, accidentada: durante más de un mes estuvo dominada por la disputa sobre la asignación de escaños que le correspondía a cada departamento. Recién en la recta final, ya zanjada la disputa por los escaños, en la que los principales partidos y candidatos tuvieron un papel secundario, toda la atención se volcó a la campaña.

La campaña tuvo dos temas centrales alrededor de los cuales se organizó la estrategia de las organizaciones: uno fue la continuación del modelo de desarrollo; el otro, la renovación política.

Después de veinte años de aplicación de los principios económicos liberales y del éxito político de sus defensores, la elección de 2005 constituyó el momento de un nuevo balance que ocurría en un ambiente marcado por la renuncia de Sánchez de Lozada y por una fuerte corriente de nacionalismo económico. La nacionalización de los hidrocarburos era respaldada por 77,7 por ciento de los encuestados: en esas condiciones, ningún candidato hizo una defensa abierta del liberalismo y, salvo el MNR, nadie prescindió del término «nacionalización».⁴

Sin embargo, detrás de esa fachada aparentemente uniforme, se pueden distinguir por lo menos dos campos. En el primero se alinearon los defensores del trabajo efectuado por el Estado desde hacía dos décadas, de la necesidad de incentivar la inversión extranjera, de proteger los contratos firmados con las compañías petroleras, de suscribir el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En el segundo se agruparon los críticos de las medidas públicas adoptadas desde 1985, exigiendo un papel activo del Estado en asuntos socioeconómicos, desconfiados de la apertura comercial y proponiendo la nacionalización del petróleo. Se trataba de un enfrentamiento de visiones sobre el destino del país por un largo período.

El modelo político, basado en coaliciones gubernamentales, pareció agotarse en 2003, siguiendo las pautas de un proceso que se observó también en otros países latinoamericanos. La renovación política constituyó un elemento común, cada candidatura trató de representarla. Los matices se dieron por el grado de ruptura ofrecido por los partidos: unos mostrándose como un cambio completo, otros insistiendo en la posibilidad de conjugar renovación con el rescate de las prácticas positivas del ayer.

El MAS se colocó como el abanderado del cambio. Por un lado, criticó los resultados de las medidas liberales, acusadas de debilitar el Estado, de generar pobreza y corrupción, de favorecer a los intereses extranjeros y a las elites. Señaló las deficiencias de las políticas recientes e insistió en que su propuesta dejaría atrás males crónicos del país: la discriminación, la desigualdad, la exclusión, cuyos orígenes debían encontrarse en épocas anteriores a la ejecución de políticas liberales. Acompañó ese discurso con la promesa de renovar de forma completa la política: sus principales dirigentes nunca habían administrado el Estado, al cual más bien combatieron, y prometieron llevar adelante la Asamblea Constituyente para rediseñar las bases del país. Al mismo tiempo, se presentó como el partido que permitiría que por primera vez gobernaran los sectores populares, definidos menos en términos de clase que étnicos (al asumir la candidatura vicepresidencial, García señaló que su objetivo era «apuntalar al primer Presidente indígena de Bolivia y del continente»⁵). Morales, venido de una aislada comunidad campesina del altiplano, sin estudios universitarios, forjado en la lucha sindical, constituyó el símbolo de ese cambio.

Al frente, Podemos ofreció continuar las labores realizadas por el Estado aunque prometió mejoras sociales y una más justa distribución de los ingresos del gas. Polarizó la contienda con el MAS, acusándolo de copiar el modelo venezolano. Repitió un ejercicio similar en el tema de la renovación política: Quiroga había ejercido como Presidente, por lo que procuró subrayar que sus prácticas políticas eran distintas de las tradicionales y que gobernaría sin los aparatos partidarios. También se comprometió a organizar una Asamblea Constituyente e incluso presentó un proyecto de Constitución con reformas de corte político (segunda vuelta, elección directa de concejales, autonomías departamentales).

Entre ambos, intentó ubicarse UN. Propuso un modelo de desarrollo económico distinto y optó por una vía ligada a la trayectoria profesional de su candidato. Doria Medina atacó a las compañías petroleras extranjeras, pero a la vez defendió a la empresa boliviana y destacó su importancia como generadora de empleos. Asimismo, buscó presentar un proyecto renovador, al amparo de una sigla nueva, capaz de ocupar un lugar en el centro de la política, intentando empujar a los extremos al MAS y a Podemos. Durante la campaña recalcó que ocupaba un tercer lugar cercano al de los dos favoritos.

El desafío era más difícil para el MNR o para NFR, organizaciones identificadas con lo que se percibía como «política tradicional». Eligieron estrategias distintas. Si bien la ambición del MNR era modesta –conservar su personalidad jurídica y lograr una bancada parlamentaria pequeña–, tenía a favor suyo una presencia nacional de más de medio siglo. No rompió con el legado liberal que contribuyó a construir, pero Nagatani mostró una de las caras nuevas de la elección y eludió los debates de la campaña, insistiendo en la necesidad de preservar el Bonosol y el Seguro Universal Materno Infantil, medidas sociales de los Gobiernos del MNR. Al revés, NFR escogió como candidato a Gildo Angulo, un ex militar que criticó el liberalismo y defendió posturas nacionalistas, a contramano de la participación de NFR en la última gestión de Sánchez de Lozada.

El verdadero punto de partida de la campaña electoral se dio con la inscripción de las candidaturas. La carrera empezó de manera desfavorable para Podemos, cuyas listas parlamentarias incluían a dirigentes del MIR, del MNR, de NFR. La decisión, motivada probablemente por el deseo de contar con un armazón político que la agrupación no poseía por sí misma, se reveló costosa en términos de opinión pública. La prensa criticó el «transfugio» y las listas contradijeron la voluntad de Quiroga de encarnar la renovación política: Podemos pareció el refugio de un sistema partidario cuestionado. Esa imagen no se revirtió ni siquiera cuando Podemos consiguió que muchos de los candidatos provenientes del MIR y del MNR dejasen sus postulaciones. El impacto de las renuncias fue menor al generado por la presentación de las nóminas y al mismo tiempo el alejamiento de esos políticos experimentados dejó aún más endeble la estructura de Podemos, pues sus reemplazantes llegaron para la recta final de la campaña y a menudo con corta experiencia en las competencias electorales. UN fue afectada en menor medida por el mismo tema. En cambio, las listas del MAS pasaron desapercibidas, pues casi no incluían dirigentes provenientes de otros partidos e incluso las postulaciones para la reelección de sus parlamentarios fueron escasas.

La ventaja inicial que mostraban las encuestas a favor de Quiroga desapareció tras la presentación de las listas. A partir de ese momento, los estudios de opinión coincidieron en señalar a Morales como favorito y a Doria Medina con una tendencia declinante.

La campaña se interrumpió al poco tiempo por una sentencia del Tribunal Constitucional, solicitada por la brigada de Santa Cruz, que rechazó que la elección se realizara con la asignación de escaños resultante del Censo de 1992. El Tribunal ordenó un nuevo reparto de acuerdo con los datos del Censo 2001. Ese fallo colocó el centro de la discusión en el Parlamento, donde chocó la brigada de Santa Cruz, que exigía incrementar su representación, con las de los departamentos del occidente, que se resistían a perder diputaciones. Las negociaciones fracasaron, generando un ambiente tenso e incierto, más aún porque se percibía en los congresistas un intento de suspender los comicios. Los partidos asumieron un perfil discreto, deseosos de no perder apoyos regionales, aunque coincidieron en exigir una rápida decisión congresal.

Ante la falta de soluciones en el Parlamento, la Corte Electoral indicó que no podía proseguir con la organización de los comicios pues necesitaba conocer la cantidad de diputados por región para sus tareas logísticas. Eduardo Rodríguez intervino y aprobó un decreto que aumentaba los escaños para Santa Cruz (3) y Cochabamba (1), restando a La Paz (2), Oruro (1) y Potosí (1). Al mismo tiempo fijó la elección para el 18 de diciembre, dos semanas después de la fecha inicialmente prevista. La decisión gubernamental fue saludada como una adecuada respuesta al problema.

Resuelta la crisis, la atención se reencausó hacia la campaña electoral, que se intensificó en los medios de comunicación. La radio y la televisión continuaron siendo elementos centrales en las ciudades. En las zonas rurales, su importancia fue menor y las campañas siguieron pautas más tradicionales, exigiendo un compromiso mayor de las estructuras partidarias.

El debate fue más bien escaso: no sólo porque Morales, Quiroga y Doria Medina no coincidieron en ningún encuentro sino porque la contraposición de argumentos fue limitada. Los partidos apostaron a los modelos que encarnaban y que los electores sintieron distintos: un 50 por ciento de los encuestados pensaba que las ideas de Morales y de Quiroga sobre el país eran «muy diferentes». Esa táctica perjudicó a UN que tenía una identidad menos nítida que el MAS o Podemos. Ello también explica que parte del interés de los medios se centrase en la «guerra sucia» (ataques entre candidatos a través de spots), dejando de lado cuestiones ligadas al debate.

Resultados

La elección ofreció cinco grandes resultados: un repunte de la participación; una victoria de proporciones históricas por parte del MAS, ganador en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, con un significativo progreso con respecto a los comicios de 2002; un segundo lugar incómodo para Podemos, triunfador en Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija; el discreto nacimiento de UN; el fracaso de los partidos «tradicionales», que sufrieron pérdidas con respecto a la elección precedente, y el papel marginal de los otros partidos, desprovistos de apoyos significativos (v. mapa).

El mapa anterior muestra la existencia de dos bloques territoriales de tallas próximas, en tanto que las estadísticas exhiben una considerable ventaja para el MAS: esa diferencia se explica porque la mayor concentración de inscritos se encuentra en las ciudades y en las zonas occidentales y centrales del país, donde Morales triunfó con holgura. Los principales resultados se encuentran en el cuadro en la página siguiente.

El análisis de la elección tendrá dos fuentes centrales de información: por un lado, las estadísticas oficiales de la Corte Nacional Electoral, y por otro, los datos de la encuesta que la empresa Equipos Mori ejecutó para esa institución en las semanas precedentes a los comicios a nivel nacional.

La participación, el padrón electoral y la depuración

Desde el punto de vista de la participación, la elección de 2005 multiplica las paradojas: por primera vez votaron más de tres millones de personas, el porcentaje de 84,5 por ciento fue el más elevado de los últimos veinticinco años y es uno de los más altos del continente, pero el asunto de las «depuraciones» del Padrón Nacional Electoral desbordó el ámbito técnico para ingresar al político cuando el MAS se refirió a ellas para atacar con dureza al organismo electoral.⁷

El padrón informatizado, creado en 1991, constituyó uno de los avances significativos en la organización de elecciones en el país. Su punto débil fue, sin embargo, la falta de un adecuado mecanismo de depuración de fallecidos y emigrantes, lo que creó una base de registros cada vez más ampulosa y menos exacta, que se traducía en una abstención «artificial» más pesada de elección en elección (Romero Ballivián, 2003a:419). En 2004, sin desacuerdos, el Parlamento reformó el Código Electoral y dispuso que los ciudadanos que no voten en una elección sean depurados, lo que suprimía de los registros a los cientos de miles de muertos y cientos de miles de emigrantes definitivos, admitiendo que quienes no sufragaron estando en el país pudiesen reinscribirse para el próximo proceso electoral sin penalización.

Esa disposición se ejecutó luego de la elección municipal de 2004 y fue seguida de dos procesos de inscripción ciudadana –uno para la elección de prefectos, otro para la elección general–, en los cuales se registró cerca de un millón de personas. El padrón quedó conformado por 3.671.152 inscritos.

La modificación del método de depuración estableció una base más confiable. Sin embargo, esta ventaja tropezó con la dificultad de que cientos o tal vez miles de ciudadanos –ninguna estimación tendría una base seria– no acudieron a reinscribirse, por lo tanto no pudieron sufragar y a menudo protestaron cuando en las mesas electorales les informaron ese impedimento.

La depuración de las personas que no votaron en los comicios previos explica, en buena medida, el muy elevado nivel de participación observado en los de 2005. En efecto, al eliminar del padrón a cientos de miles de fallecidos y emigrantes, reflejó de una manera precisa la asistencia de los inscritos que viven en el país, sin desconocer el impacto específico de la coyuntura para el récord de participación. La ciudadanía atribuyó a la presidencial un valor especial, pues el país había atravesado años de tensión, administrado por Gobiernos que tuvieron duraciones cortas: los comicios generales fueron vistos como útiles y como la oportunidad para definir el nuevo rumbo de Bolivia. Para retomar una expresión de André Siegfried, se trató de una «elección de combate», en la cual se eligen orientaciones fuertes y las organizaciones se comprometen activamente con las metas programáticas, lo que suele establecer picos de participación frente a las «elecciones de apaciguamiento».

La participación electoral se distribuyó siguiendo una lógica social y sobre todo política. En la primera, jugaron los factores estructurales que la favorecen, vale decir la existencia de mejores condiciones de vida, de amplia difusión del castellano, de acceso a la información política y de mayor densidad de los medios de comunicación. Así, las ciudades se mantuvieron como los lugares con menor abstención.

La participación electoral puede ser estudiada de una manera precisa gracias a los «listados índice» que se utilizan en cada una de las mesas electorales. El primer dato relevante es la participación femenina, ligeramente superior a la masculina. No se trata de una situación habitual, pues en la mayoría de los países los hombres participan más; sin embargo, corresponde con un cambio de fondo que se ha producido en los procesos electorales recientes: en la fase de inscripción, las mujeres se registran más que los varones y la brecha favorable al sexo masculino se ha reducido; en 1997 los hombres constituían el 54,2 por ciento de los inscritos, en 2005 representaron el 51,4 por ciento.

Empero, no se trata de un comportamiento homogéneo en todo el país. Las capitales y ciudades se singularizaron por la mayor votación femenina, reflejando que se han convertido en los espacios de mayores oportunidades para las mujeres, brindándoles posibilidades de continuar sus estudios y de ocupar puestos en el aparato público o en el sector moderno de la economía, con importantes campañas para la igualdad de géneros. Estas características han repercutido en la participación electoral femenina. En las zonas rurales, donde perviven tradiciones que restringen el acceso a la escuela o al trabajo asalariado, las mujeres acuden menos a sufragar.

Por rangos de edad, la participación mostró un rostro más típico, con jóvenes menos participativos, con un pico entre adultos y un descenso entre los ancianos, aunque en todos los grupos la abstención fue inferior al 20 por ciento. Es una distribución acostumbrada en otros países y ya comprobada en Bolivia (cfr. España, 2005:82). Si bien los jóvenes recién inscritos se mostraron entusiastas (el 84 por ciento de participación entre los inscritos de 18 a 21 años), la participación tuvo su punto menor entre los registrados de 22 a 30 años (83,7 por ciento). Desde ese nivel, la concurrencia a las mesas de votación subió de manera paralela a la edad, partiendo del 86,5 por ciento (31 a 40 años) hasta alcanzar el 89,9 por ciento (de 66 a 70 años), para luego descender entre los mayores de 70 años (84,4 por ciento). Aquí, la abstención siguió un patrón clásico. Los grupos con mejores niveles de integración en la vida económica, social y política votan más: es el caso de los adultos, económicamente activos, miembros de organizaciones sociales, con ejercicio de responsabilidades en muchas áreas.

La participación electoral no se explica sólo por razones sociológicas, influyen asimismo los resortes políticos. Hubo una división del país: las regiones occidentales y centrales acudieron a las urnas en una proporción mayor que el este y el sur. En los últimos años, la iniciativa política se concentró en las tierras altas: allí se produjeron las movilizaciones que forzaron las renuncias de dos Presidentes, los sectores populares organizados exhibieron su poder logrando concesiones y definiendo la agenda política (Asamblea Constituyente, nacionalización de los hidrocarburos, redefinición del modelo económico, etc.). La politización y el sentimiento de fuerza que generaron esos procesos favorecieron la participación, más todavía cuando Morales, el candidato preferido de la región, tenía perspectivas serias de imponerse. Se trataba de una situación novedosa, pues a partir de 1985 los movimientos de izquierda, influyentes en el occidente, no habían conseguido rivalizar con el MNR y ADN. Los centros de mayor actividad política del país registraron niveles de participación muy elevados; incluso se superó el 88 por ciento en municipios altiplánicos o en los distritos mineros.

A la inversa, en las regiones inclinadas por los partidos tradicionales, la asistencia se situó por debajo de la media nacional. El ambiente político, social y económico se encontraba influido por ideas poco implantadas en la región: hubo un retraimiento frente a la evolución política nacional, no siempre aceptada o compartida, agravado por los problemas de liderazgo en los partidos que ejercieron el Gobierno y que tenían una posición dominante en la zona, y por los ataques al modelo de desarrollo local basado en la iniciativa privada y la inversión extranjera. A menudo, en los baluartes del MNR o de ADN, la participación, si bien alta, quedó por debajo del 80 por ciento. Los votantes ratificaron las preferencias anteriores, pero las dudas se expresaron a través de una participación menor a la media nacional y a través de un incremento de los sufragios blancos.
    Exceptuando cuatro municipios, entre las presidenciales de 2002 y de 2005, la participación aumentó en todo el país, pero los desiguales niveles de evolución tuvieron un impacto político que benefició al MAS. De los 25 municipios en los cuales más creció la asistencia electoral, 19 fueron ganados por Morales. En la otra punta, más de la mitad de los municipios de Beni, bastión de Podemos, registró una mejoría de la participación inferior al promedio nacional, en tanto que en el área rural de Cochabamba, corazón político del MAS, se combinaron con frecuencia porcentajes mayores al 70 por ciento para Morales y ganancias en la participación de más de 15 puntos. En una medida modesta, esta evolución ayuda a explicar el amplio triunfo del MAS.

La histórica victoria del MAS

El MAS obtuvo una victoria de características inéditas: por primera vez en cuarenta años un candidato obtuvo la mayoría absoluta de los sufragios válidos, superó con casi 15 puntos el mejor desempeño electoral desde el retorno a la democracia, aumentó su caudal electoral en más de 30 puntos con respecto a su votación precedente; un progreso sin equivalentes en el último cuarto de siglo.

El triunfo del MAS se nutrió de una lógica política y una lógica socioeconómica que se reforzaron mutuamente. En política, el MAS encarnó la renovación. Si bien se percibía una erosión de la legitimidad de los partidos, los años previos a los comicios llevaron a un descrédito profundo de los políticos que ejercieron el Gobierno. La caída de Sánchez de Lozada fue interpretada como el final de una «democracia pactada», percibida como pervertida por pactos guiados por intereses particulares; la gestión de Mesa cristalizó el rechazo a los partidos tradicionales; por último, durante el Gobierno de Rodríguez, las acciones tendentes a postergar las elecciones acentuaron el malestar con el Parlamento, dominado por figuras del MNR, MIR y NFR. El análisis no puede excluir la consideración del contexto andino: en Bolivia también se notó el impulso favorable para los actores que cuestionaron el funcionamiento del sistema político, y el desempeño estatal que permitió el triunfo de candidatos forjados lejos de los partidos tradicionales en un contexto de insatisfacción creciente con la democracia y de escepticismo respecto de las virtudes de la libre empresa (Zovatto, 2005:13-29).

El MAS se presentó como una opción renovadora. Nunca dirigió un Gobierno ni participó en una coalición, no controló el Parlamento, sus líderes tampoco tuvieron cargos ejecutivos en el Estado y más bien se presentaron como víctimas del sistema político. Incluso Morales consiguió limar los aspectos más conflictivos de su trayectoria, que lo asociaban con momentos de tensión, para proyectar la imagen de «un líder con todos los atributos de un rebelde, pero ninguno de sus defectos» (Molina, 2006:75). Además, fue el único candidato que sacó provecho de la campaña, pues logró que la opinión que los votantes tenían de él mejorase (+15,5 puntos),⁸ en tanto que Quiroga, Doria Medina y Nagatani retrocedieron.

De forma paralela, la reducción de las tasas de crecimiento y el ambiente social deteriorado minaron la confianza en la economía de mercado a la vez que alentaron el resurgimiento del nacionalismo económico. El referéndum sobre la política energética convocado por Mesa ayudó a dar cuerpo a esas tendencias, hasta ese momento difusas, y consolidó el deseo de reconstruir un Estado interventor. Todos los partidos que tuvieron un papel fundamental en el Estado en el período 1985-2005 contribuyeron a las políticas económicas liberales, lo que dejaba a Morales la vía libre para encarnar un proyecto alternativo, pues había sido un crítico del neoliberalismo y un defensor de la nacionalización de los hidrocarburos. Contaba asimismo con una historia de enfrentamientos con los Estados Unidos que si bien tenían una raíz en la defensa de la coca, le daban credenciales antiimperialistas, valiosas para respaldar su nacionalismo económico. De manera más general, jugó con la posibilidad de introducir amplios cambios, de reducir las desigualdades y la marginalidad de sectores habitualmente relegados, en especial de las zonas rurales. Además, en estas regiones Morales se convirtió en el primer dirigente sindical con posibilidades reales de acceder a la Presidencia, lo que acrecentaba las expectativas, alentadas por las promesas de favorecer a los campesinos y promover una democracia participativa.

La fuerza y la habilidad del MAS estuvieron en la capacidad de monopolizar la idea de transformación política, económica, cultural y social, en un contexto de demandas de cambio. Si bien es difícil separar el impacto de cada una de las propuestas, ellas tuvieron influencias diferentes según las categorías del electorado: en los grupos medios el interés se dirigió más hacia las cuestiones políticas, en los sectores empobrecidos hacia las promesas socioeconómicas.

La primera característica de la votación del MAS es su asentamiento rural. Sus mejores actuaciones se dieron en los municipios que constituían la columna vertebral del MAS desde sus inicios, vale decir el área rural de Cochabamba y las zonas próximas a esa región. La continuidad se puso de manifiesto en el coeficiente de correlación que unió las votaciones de 2002 y 2005 en el nivel municipal: 0,79.

Así, consiguió excelentes resultados en el trópico de Cochabamba y, en medida algo menor, en los Yungas paceños, otra área dedicada al cultivo de la coca. Logró rendimientos igualmente altos en el norte de Potosí, el sudeste de La Paz, el este y sur de Oruro (a veces con resultados superiores al 75 por ciento). El MAS ocupa una posición dominante en la vida sindical y asociativa de esas zonas, ya sea de forma directa o a través de alianzas con los sindicatos o cooperativas, mientras que la audiencia de los partidos de orientación liberal ha caído progresivamente. En esos bastiones, la actividad y la votación de otros frentes se redujeron hasta pasar desapercibidas.

El MAS extendió su influencia a todas las áreas rurales del occidente y centro. Salió victorioso en las regiones habitadas por un campesinado pobre, de lengua aymara o quechua, con un nivel de vida bajo; un cuadro similar se presentó en las colonias agrícolas de Santa Cruz donde la presencia de agricultores llegados de tierras altas es fundamental; por último, consiguió el voto minero. Consiguió la mayoría absoluta de los votos en el norte y centro de Chuquisaca, el centro y oeste de Potosí, el occidente cruceño, el este de Oruro. Morales prometió atacar problemas estructurales, en especial la desigualdad, la falta de oportunidades laborales, la exclusión. Las perspectivas favorables de acceso al poder dieron una resonancia singular a su discurso de izquierda. Su candidatura contó con ventajas suplementarias. Cosechó los frutos del esfuerzo de extender su presencia sindical en áreas ajenas a su bastión inicial y aprovechó la desaparición de la competencia de otras formaciones de izquierda que habían jugado un papel destacado: la ausencia del MIR o del Movimiento Bolivia Libre (MBL) en la presidencial facilitó la transferencia de votos al MAS en municipios chuquisaqueños y en regiones del Chaco.

Una mención aparte requiere el altiplano paceño, que en 2002 apoyó a Quispe. Tres años después, el MIP se mantuvo como un partido importante, ocupando habitualmente el segundo lugar en las provincias de esa región, pero el MAS hizo un esfuerzo para ganar adhesiones sindicales en el altiplano y erosionar el liderazgo de Quispe, quien sufrió asimismo la repetición de un fenómeno político acostumbrado en esa región: la dificultad para conservar la lealtad del electorado por dos comicios consecutivos. El MAS ha sido el último beneficiado de un acelerado movimiento de rotación que antes favoreció al MIP (2002), a Condepa (1997), al MNR (1993), al MIR (1989), al Movimiento Nacionalista Revolucionario Vanguardia (MNRV) (1985) y a la Unión Democrática Popular (UDP) (1979/1980). Fue en el altiplano donde Morales más avanzó con respecto a los comicios previos, pero pese a ganar con la mayoría absoluta, de todas las áreas rurales del occidente el altiplano paceño fue la única en la cual encontró un cierto contrapeso partidario a su dominio.

A pesar del carácter eminentemente rural de su votación, el triunfo del MAS no hubiese tenido la contundencia que tuvo sin los resultados de las capitales. Se trató de una ruptura con las tendencias previas que vieron a la izquierda durante dos décadas replegarse hacia las áreas rurales y perder la capacidad de convencimiento en las ciudades. Otras novedades fueron el respaldo importante en los estratos medios y el apoyo en las ciudades del este y del sur.

La votación por el MAS se acentuó en los barrios pobres, habitados sobre todo por inmigrantes rurales, confrontados a una difícil inserción en la economía y la sociedad citadinas. El partido canalizó una aspiración por mejorar las condiciones de vida: en esos distritos, las elecciones previas mostraban un descenso de los partidos gubernamentales y un respaldo a quienes los criticaban. En 2005, esa opción se concentró detrás de Morales, que superó los dos tercios de los sufragios. En las elecciones anteriores, el voto de protesta tendió a dividirse: en 2002 fue disputado por el MAS y NFR –hasta terciaban en la lucha partidos asociados al ejercicio del poder pero con un mensaje social, como el MIR o UCS–, en 1997 por Condepa y UCS. En 2005, el MAS se encontró casi sin rivales en ese terreno pues los otros partidos o bien sufrieron de su participación conocida en la gestión pública o bien tenían una notoriedad reducida.

La votación declinó a medida que subía el nivel de vida de los barrios, pero se trató de un continuum antes que de una polarización. Morales capturó una parte significativa del voto de la clase media e incluso alta. En estos casos, el voto respondió a una lógica política antes que social, reflejo de un anhelo de cambio en las prácticas políticas. El MAS lo encarnó, pues nunca dirigió el Estado y su dirigencia permaneció libre de denuncias de corrupción. También influyó la candidatura vicepresidencial de García Linera, activo durante la campaña en las ciudades, buscando promover una imagen moderada del MAS.

El sufragio urbano constituyó un respaldo al candidato presidencial antes que a la organización partidaria, que tuvo dificultades para que ese voto se prolongase hacia los candidatos uninominales o hacia los prefectos. Mientras que en las zonas rurales la distancia entre la votación presidencial y prefectural o uninominal tendió a ser reducida, en las ciudades la brecha se amplió.

Un último rasgo de la votación urbana del MAS debe destacarse: la implantación en ciudades de Santa Cruz y Tarija. Morales logró el concurso de los distritos más nuevos, poblados en su mayoría por personas nacidas en el occidente y centro del país, confrontados a la discriminación y al trabajo precario en lugares que aparecen como tierras de futuro. Sin duda, no es en 2005 que recién aparece un voto crítico con las elites tradicionales de esos departamentos: antes benefició a partidos que habían desarrollado liderazgos locales fuertes, como UCS en Santa Cruz y el MIR en Tarija. La sorpresa provino quizá del serio enfrentamiento entre los grupos de poder tradicional de esos departamentos y el MAS durante los meses previos, interpretado por muchos como un rechazo militante hacia ese partido. Es probable que el apoyo a Morales indicase tanto un deseo de mejorías socioeconómicas como una afirmación de identidad ante la actitud a veces teñida de desprecio de los sectores acomodados de esas regiones.

Como ocurrió en 2002, la votación del MAS se asentó entre los hombres antes que entre las mujeres. La diferencia marcada dio un sesgo femenino al resto de las candidaturas. El discurso de cambio aguerrido del MAS caló mejor entre los varones que entre las mujeres, que suelen distanciarse de los lenguajes combativos y prefieren los candidatos con un perfil más consensual. Sin olvidar la composición por género de las áreas de colonización agrícola, las tradicionales o las del Chapare, donde suele haber mayor población masculina.

El avance del MAS dejó pocas regiones indiferentes: la Amazonía, Beni y la Chiquitanía. Allí, los promedios no fueron tan bajos como en 2002 pero en muchos municipios el MAS no llegó al 15 por ciento, desprovisto de un aparato capaz de enfrentar la campaña en áreas controladas por fuertes elites tradicionales, dedicadas a la ganadería o la explotación maderera, con escasa inmigración proveniente de tierras altas.

En una visión de conjunto, la progresión del MAS entre 2002 y 2005 se dio sobre todo en las tierras que en la primera elección apoyaron las candidaturas de Reyes Villa (NFR), de Quispe (MIP), Costa Obregón (Libertad y Justicia - L y J) y de Fernández (UCS). La correlación entre la progresión de Morales y la votación acumulada de los cuatro partidos llega a un significativo 0,63 en el nivel municipal. La elección de 2002 había mostrado una división del electorado entre un grupo relativamente satisfecho con la situación del país, y el sector más bien crítico, ganado a partidos que no dirigieron el Gobierno, como el MIP, NFR, L y J, además del propio MAS. La votación dispersa en 2002 se reagrupó en 2005 alrededor de una sola candidatura, la de Morales. Esta transferencia de votos consolidó el control rural del MAS y le abrió paso en las ciudades, incluyendo los estratos medios. Mientras que en las áreas rurales y en muchos barrios populares urbanos predominó una orientación hacia cambios fuertes, en las categorías medias se afianzó la voluntad de renovar los actores políticos, una tendencia que en 2002 fue canalizada por Reyes Villa y Costa. De esta manera se completó un proceso que quedó a medio camino en los comicios precedentes, cuando en la campaña los electores menos satisfechos abandonaron primero a L y J para adherirse a NFR y en la recta final del proceso respaldar al MAS.

El incómodo segundo lugar de Podemos

Con el porcentaje obtenido, aunque fue sólo el segundo de la campaña de 2005, Podemos habría obtenido una primera mayoría relativa en 1989, 1997 y 2002, dada la dispersión del voto en esas elecciones. Además, en 2005 reunió la bancada más numerosa en el Senado. Esos resultados, que en cualquier otro contexto hubiesen sido considerados favorables, quedaron opacados por la histórica victoria del MAS y por la amplia diferencia que estableció con respecto a Podemos. Quiroga ocupó entonces un incómodo segundo lugar que además no reflejaba la polarización anunciada entre dos bloques de tamaños equivalentes.

Como en el caso del MAS, la votación de Podemos tuvo explicaciones políticas y sociales. Quiroga defendió el balance de su gestión gubernamental y los principios de la política estatal aplicada desde hacía dos décadas: necesidad de contar con inversiones extranjeras y asegurarles un marco de respeto, importancia del mercado para el desarrollo nacional, descentralización del Estado, etc. Buscó, entonces, consolidar el núcleo de un voto más bien conservador, deseoso de ver restablecida la autoridad del Estado frente a las presiones de los movimientos sociales, preocupado por las consecuencias de un eventual Gobierno del MAS. La polarización con Morales apuntó en esa dirección. Al mismo tiempo, pretendió dar un mensaje de reforma política para atraer a un electorado con expectativas de cambio. Los resultados probaron que su estrategia funcionó relativamente bien en su primer componente y con poco éxito en el segundo.

En efecto, Quiroga recibió el voto de los grupos acomodados y de quienes creían en el modelo liberal. En esos sectores, el desencanto con las últimas gestiones de Banzer o de Sánchez de Lozada no disminuía la confianza en Quiroga, que había impreso en su año de gobierno un estilo considerado modernizador y no había confrontado los problemas que desestabilizaron a sus predecesores. Consideraban que los problemas confrontados por el país se debían más a la impericia o la debilidad de las autoridades que a defectos intrínsecos del modelo de desarrollo, por lo que aguardaban del liderazgo de Quiroga la habilidad para dirigir el Estado. Así, en la encuesta, el apoyo a Podemos provino de los grupos que tienen el español como lengua habitual en el hogar, mientras que el nivel de apoyo declinó en los hogares con lengua quechua y aymara. A la vez, tuvo menor aceptación entre los trabajadores por cuenta propia, a menudo gremiales, pequeños artesanos confrontados a precarias condiciones de vida, y mejoró entre los funcionarios públicos y los empleados del sector privado, convencidos de las virtudes de la libre empresa.

La geografía electoral de Podemos puso en evidencia dos grandes regiones de apoyo: la media luna que va desde Pando hasta Tarija, pasando por Beni y Santa Cruz, y las ciudades. En uno y otro caso se trata del electorado que apostó en los comicios precedentes por el MNR y ADN.

Las raíces de este voto no se encuentran en los comicios de 2005, sino que se hunden en una larga historia. Si el MAS posee un importante voto rural, también Podemos penetra en las regiones no urbanizadas del norte y del este, con características muy distintas a las inclinadas por el MAS. En efecto, Quiroga reunió el voto de las provincias conservadoras, a menudo aisladas de los grandes ejes camineros, con poca población, donde las elites todavía ejercen un dominio amplio sobre las distintas actividades de la vida pública, donde el contacto entre distintas clases es fácil gracias al uso compartido del español, a una socialización más abierta aunque no borre las distancias entre grupos, donde las pautas de vida no han sido alteradas por la llegada de inmigrantes de tierras altas y donde el nivel de vida, medido por el Índice de Desarrollo Humano, muestra que se trata de las áreas favorecidas del país. Asimismo, las regiones orientales y sureñas han contado con vigorosos movimientos regionales, a menudo encabezados por las elites locales, que alientan la descentralización favorecida por partidos como Podemos o el MNR.

A estas causas estructurales, se sumaron factores políticos. La sigla «Podemos» podía ser nueva, pero en la práctica ella articuló a los políticos destacados de ADN en la Amazonía, Beni y la Chiquitanía, que contaban con un sólido arraigo y que, a diferencia de lo que sucedió en otras zonas de Bolivia, se mantuvieron activos en la presidencial de 2002 y en la municipal de 2004. Al mismo tiempo, Quiroga se benefició de la alianza implícita con el MIR. La mayoría de las regiones donde Paz logró buenos porcentajes en 2002 se plegó a Quiroga. En esas áreas, el acercamiento entre Podemos y el MIR consolidó a Quiroga y afianzó liderazgos locales, como ilustraron los triunfos en las circunscripciones uninominales de diputados salientes del MIR.

Fuera de esos lugares, Podemos sintió la falta de una base sólida y de su constitución como una constelación de grupos y personalidades. Mientras que en el caso del MAS existió una solidaridad entre los candidatos a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Prefectural, facilitada por las alentadoras posibilidades de triunfo y por el dominio de Morales que dejaba escaso margen a las individualidades, en Podemos estos tres niveles no siempre se articularon de forma armoniosa, pues muchos candidatos tenían una trayectoria propia previa, importante e independiente del liderazgo de Quiroga, por lo que en más de una ocasión desarrollaron campañas personalizadas que ayudaron poco al postulante a la Presidencia. Ese rasgo explica que, salvo en un caso, el candidato presidencial tuvo menos sufragios que los prefectos, con una diferencia notoria en La Paz (Morales aventajó a sus prefectos en los nueve departamentos). La excepción correspondió a Pando y Beni, donde el apoyo a los candidatos a presidente, prefectos y diputados uninominales estuvo cerca, lo que reflejaba una estructura preparada, de funcionamiento más orgánico, y candidatos populares, capaces de generar una dinámica positiva de conjunto.

Las capitales constituyeron otro espacio bien predispuesto hacia Quiroga, que superó su promedio nacional en todas ellas y consiguió un respaldo significativo en las del este y del sur. En las ciudades se presentan los niveles de vida más altos, positivamente asociados con el voto por Podemos. En las urbes, los porcentajes se incrementaron en los barrios de clase media y alcanzaron su cima en los distritos ricos, que juzgaron positivamente la experiencia y la formación de Quiroga para conducir el Estado, el equipo ya fogueado en la administración pública y una visión de país considerada moderna, abierta al exterior. De tendencia «adeno-gonista», no necesitaron la campaña para definirse por el líder de Podemos, pues su inclinación ya se encontraba bastante definida desde los años previos (Romero Ballivián, 2003b).

En cambio, la agrupación tropezó con dificultades en los barrios populares, pues su propuesta no satisfacía las expectativas de cambio y Quiroga sufrió del nexo que se estableció entre él y el modelo liberal, incluso con Sánchez de Lozada a pesar de que nunca se aliaron. Tampoco logró encarnar el cambio político, pues sus listas parlamentarias lo asociaron con el sistema partidario tradicional. Estas percepciones se acentuaron en las ciudades occidentales, donde el rechazo a esos partidos exhibía sus niveles más altos. Las dificultades en La Paz (27,3 por ciento) y El Alto (13,2 por ciento) merecen una mención. Ambas ciudades se caracterizan por un voto de censura contra los Gobiernos que provoca constantes cambios de mayoría. En 2005 no había un Gobierno saliente en competencia, por lo que la sanción se dirigió contra los líderes o los partidos que administraron el poder en las últimas décadas: la visibilidad de los ex dirigentes del MIR y del MNR en las listas parlamentarias facilitó esa identificación.

Los resultados cayeron a los últimos peldaños en las zonas rurales de los valles y del altiplano, en las cuales llegó incluso a quedar por debajo del 5 por ciento. En ellas, los partidos que ejercieron el Gobierno quedaron en una posición frágil. El campesinado pobre se sintió posiblemente dejado por el avance socioeconómico conseguido en las dos décadas de democracia, evaluado asimismo como lento, y prefirió apostar por organizaciones que nunca dirigieron el Estado. En otras zonas, como el Chapare o el altiplano, la oposición a la candidatura de Quiroga era más activa, pues en su gestión como vicepresidente o como presidente se produjeron enfrentamientos entre campesinos y fuerzas de seguridad: a veces el proselitismo en esas provincias se desarrolló en un ambiente tenso.

A esas debilidades con rasgos estructurales, Podemos añadió una organización precaria: la agrupación heredó la ausencia de cuadros políticos de ADN en el altiplano o en los valles pobres y no tuvo el tiempo suficiente para prepararse. La presidencial de 2002 ya mostró un partido poco implantado en esas áreas y la municipal de 2004 confirmó este rasgo. Los pactos establecidos por Podemos tampoco paliaron las deficiencias, pues el MIR no estuvo en condiciones de revertir la mala imagen del partido en el altiplano o en Cochabamba.
    Para terminar, se puede indicar que Podemos emergió, desde el punto de vista electoral, como el principal heredero del sistema de partidos que marcó la «democracia pactada» (ADN-MNR-MIR). La candidatura de Quiroga se nutrió de la base electoral de ADN, aunque sintió en la Amazonía la disidencia de Miguel Becerra, importante líder en el norte boliviano (correlación de 0,52 con la votación de Ronald MacLean en el plano municipal, pero de 0,64 con la de Banzer en 1997, más típica de la distribución de ADN). También aprovechó la caída del MNR, lo que explica simultáneamente la correlación negativa de su votación con la evolución del MNR entre 2002 y 2005 (-0,41) y la positiva con el voto de Sánchez de Lozada en 2002 (0,74). Finalmente, recuperó una fracción del electorado del MIR, si bien se notó la ausencia de los estratos más populares (correlación de 0,54 entre la votación de Quiroga y de Paz en 2002). Con todo, Quiroga no concentró la totalidad de los sufragios que respaldaron a ADN, al MNR y al MIR en 2002, en parte por la competencia de UN.

El discreto nacimiento de UN

UN llegó a las elecciones con pretensiones e importantes recursos, decidido a romper con la polarización entre el MAS y Podemos, a los que combatió, y ocupar la casilla central del escenario político. El resultado fue, al final de cuentas, modesto. Mantuvo el tercer lugar con el que inició la campaña, pero con un porcentaje reducido, el más débil obtenido por un partido que logró ese puesto desde el retorno a la democracia.

Si la geografía del MAS o de Podemos proviene de una historia larga, en la cual confluyen elementos históricos, culturales, socioeconómicos y políticos estructurales, lo que en parte da cuenta de los amplios espacios homogéneos de respaldo, la dispersión geográfica fue la nota dominante del voto de UN, además con una distribución espacial de votos poco frecuente. UN no emergió como heredero del MIR (la correlación en la escala municipal con la votación presidencial de Paz en 2002 es baja, 0,2), tampoco presenta afinidades notables con otros partidos, aunque sí hay un parentesco con la votación de ADN en 2002 (0,48).

Este rasgo se explica porque el respaldo conseguido en Pando y Santa Cruz no respondió tanto a los méritos del armazón de UN, poco consistente en ambas regiones, como mostraron los resultados de la municipal de 2004, como a sus alianzas. Por un lado, en Pando, Doria Medina suscribió un acuerdo con Miguel Becerra, ex dirigente de ADN, fundador de la agrupación MAR que contaba con un importante apoyo en la Amazonía. Si la movilización de MAR le sirvió sobre todo a Becerra en su campaña para prefecto, también benefició a la candidatura presidencial de Doria Medina que superó el 20 por ciento en muchas alcaldías del norte de Bolivia. En el mismo sentido jugó la incorporación de Carlos Dabdoub como acompañante de fórmula: el dirigente aportó a la votación de UN en la capital departamental de Santa Cruz (14,2 por ciento) y en sus áreas de influencia. La menor notoriedad de ese líder en las zonas rurales o alejadas de la capital atenuó la contribución. Una observación próxima corresponde al aporte de Roberto Fernández, ganador de la municipal de 2004 en la ciudad de Santa Cruz, e incluido como candidato a senador. Las encuestas indican un declive progresivo de UN en Santa Cruz. La dupla partidaria no logró contrarrestar la campaña de Podemos en ese departamento que señalaba que votar por UN favorecía al MAS al debilitar a Quiroga.

La segunda característica del voto por UN fue su concentración urbana. En la mayoría de las capitales y de las principales ciudades, Doria Medina superó su promedio nacional. La estratificación del voto mostró una mayor preferencia en los sectores altos y un declive progresivo a medida que los barrios aumentaban su composición popular. El candidato fue mejor acogido en los grupos aventajados, que reconocieron su formación, su trayectoria empresarial y su propuesta, que si bien buscaba diferenciarse de la de Podemos y del MAS, fue juzgada compatible con los fundamentos socioeconómicos vigentes. Sin embargo, en ese segmento no pudo competir con Quiroga, percibido como el principal antagonista de Morales y con mayor experiencia en la administración pública. En los distritos pobres, la votación declinó: ante el MAS, UN no parecía ser una propuesta convincente de cambio. A pesar del discurso contra las compañías petroleras, Doria Medina era conocido como empresario y tenía tras de sí una extensa carrera en el MIR.

El desempeño de UN bajó en las zonas rurales, exceptuadas las de la Amazonía, por las razones ya anotadas. Partido de creación reciente, UN careció de un enraizamiento campesino, difícil de conseguir en poco tiempo pues exige un trabajo de terreno sostenido para ingresar en las redes sindicales, comunales y asociativas. Además, Doria Medina no tenía una trayectoria que lo asociase a las inquietudes agrarias y su discurso hizo poco énfasis en ese tema. Al igual que NFR en 2002, UN se apoyó en las ciudades, donde desplegó una intensa campaña a través de medios masivos de comunicación; la difusión de la propuesta, de la sigla y de la candidatura se entrabó en las áreas rurales con baja cobertura de medios y todavía influidas por las opiniones formadas a través de relaciones personalizadas. Así, los porcentajes quedaron por debajo del 2 por ciento en las áreas aisladas, con menor proporción de hispanohablantes, con pocos medios de comunicación.

Finalmente, la geografía de UN reflejó la implantación de las empresas de Doria Medina, reproduciendo una situación observada en la municipal de 2004. Los municipios de Viacha, Warnes, El Puente se destacaron en su entorno por los elevados porcentajes de UN. En ellos, y en las zonas aledañas, la acción económica y social del empresario es reconocida y las fábricas de cemento suelen ser la principal fuente de empleos directos o indirectos de la región. Doria Medina aprovechó esa presencia de larga data para captar un importante apoyo político.

El derrumbe del MNR

El MNR obtuvo en la elección de 2005 un resultado paradójico: ocupó el cuarto sitio con el 5,9 por ciento de los votos y su actuación fue considerada satisfactoria para las condiciones en las cuales se presentaba, es decir, después de la renuncia de Sánchez de Lozada, la desarticulación de su dirección y el desaliento de su militancia. Sin embargo, en una perspectiva histórica, el resultado es el peor conseguido por el MNR y nunca antes había quedado relegado al cuarto lugar. Se trató del derrumbe del partido dominante en la política boliviana, y en todos los municipios su votación decayó con respecto a 2002.

Al mismo tiempo, el resultado demostró la conservación de un núcleo duro de apoyo, ya presente en la municipal de 2004, cuando arrancó un porcentaje equivalente al de la presidencial. Además, el carácter partidista de esta votación se desprende de la cercanía de la votación recibida por Nagatani y los diputados uninominales en casi todos los departamentos, hecho que sugiere que hubo escaso voto cruzado: el análisis puede prolongarse hasta los prefectos, también beneficiados por ese apoyo cerrado de los militantes.

El achicamiento se produjo sin alteraciones significativas de la geografía partidaria, lo que ilustró la elevada correlación entre la votación de 2005 y de 2002 en el nivel municipal (0,79). En efecto, El MNR se mantuvo en las tierras tradicionales de la organización: en la Amazonía, en Beni –donde consiguió su único senador–, la Chiquitanía, en el sur de Chuquisaca y en el Chaco. Logró incluso votaciones superiores al 30 por ciento. El contraste con UN es esclarecedor: ambos partidos obtuvieron porcentajes próximos pero mientras que Doria Medina tendió a recibir una votación distribuida con una cierta homogeneidad territorial, Nagatani tuvo puntos muy sólidos de apoyo que reflejaban la larga implantación partidaria.

En efecto, si bien en un nivel distinto del registrado por la candidatura de Juan Carlos Durán en 1997, la dinámica de 2005 fue similar: un repliegue hacia los baluartes y un desvanecimiento de las innovaciones introducidas por Sánchez de Lozada a la sociología electoral del partido. El MNR se asentó en tierras que comparten rasgos culturales y socioeconómicos, que van desde el predominio del español, condiciones de vida relativamente altas a pesar del carácter rural de las poblaciones, poco inmigración, hasta el dominio de elites ganaderas o forestales que influyen en las preferencias políticas. En esas áreas, el MNR ha establecido un aparato bien estructurado, apenas afectado por las convulsiones de 2003. Esa solidez se ilustró con el triunfo de dos diputados uninominales (en Beni), una cifra mayor a la lograda por UN.

A pesar de lo expuesto, conviene recordar que el MNR apenas obtuvo la victoria en tres municipios, una cifra escasa para un partido acostumbrado a dominar amplias regiones, aun en épocas consideradas difíciles. Nagatani no retuvo a todo el electorado en los bastiones y sufrió pérdidas en beneficio de Podemos, convertida en la opción conservadora mejor ubicada en la elección.

Fuera de esas regiones, el MNR confrontó una situación espinosa. En el occidente rural confirmó el declive sufrido después de la cúspide alcanzada en 1993, cuando Sánchez de Lozada convenció al campesinado del altiplano y valles. La caída no puede ser atribuida a los candidatos, sino al desgaste de un partido visto como el portaestandarte del modelo neoliberal, juzgado contrario a los intereses nacionales y a las clases populares. La segunda gestión de Sánchez de Lozada chocó violentamente con los campesinos y mineros, por lo que en 2005 el partido carecía de propuestas creíbles para las zonas más pobres.

En un sentido próximo puede interpretarse la baja actuación en los barrios populares urbanos, donde el MNR cargaba con la pesada herencia de la gestión gubernamental inconclusa que tuvo en 2003 un momento dramático, considerado como el final de una forma de hacer política y de conducir la economía. La votación fue mínima en las ciudades donde los conflictos alcanzaron la mayor gravedad. La resistencia partidaria mejoró en los lugares alejados de los problemas y donde más bien se juzgó con ojos críticos la movilización social y política del occidente (en Santa Cruz, Tarija o Trinidad, Nagatani superó su promedio nacional).

La elección de 2005 marcó el alejamiento de las clases medias y altas, uno de los puntales del MNR bajo el liderazgo de Sánchez de Lozada. Ciertamente, los resultados en las ciudades mostraron mejores resultados en los barrios favorecidos, pero el nivel se encontró muy por debajo de los conseguidos en 2002, cuando el ex presidente fue considerado como un garante de la restauración de la autoridad del Estado. El partido, sumido en una grave crisis y con un balance gubernamental poco halagüeño, vio alejarse ese electorado hacia Podemos y UN.

Las pérdidas más severas se dieron en las provincias de Chuquisaca que apoyaron a Sánchez de Lozada gracias al pacto suscrito con el MBL, así como en los municipios donde operan las compañías mineras del ex presidente. La mayoría de esas áreas se inclinó por el MAS en 2005. Se trata de regiones pobres cuyo apoyo al MNR en 2002 se explicaba más por factores políticos o por vínculos económicos especiales que por sus características socioeconómicas: desaparecidos esos elementos singulares, la votación de esos municipios se alineó sobre el comportamiento dominante en la región. Los otros municipios donde el MNR registró pérdidas superiores al promedio eligieron organizaciones contrapuestas al MAS, ya sea Podemos o UN. Fueron las alcaldías amazónicas, tarijeñas, chaqueñas, además de las principales ciudades. A pesar del retroceso, muchas de esas zonas dibujaron todavía los espacios de influencia movimientista. Asimismo, el MNR perdió los pocos puntos que le restaban en el altiplano paceño, en las provincias de Cochabamba, en el oeste de Oruro y en las colonias agrícolas; los guarismos finales señalaron que el partido quedó reducido en esas zonas a una existencia marginal. Pocos fueron los bastiones donde se registraron reducciones pequeñas: la mención más importante corresponde a Beni.

Los comicios de 2005 quedan para el MNR como aquellos en los cuales se transformó de una organización de alcance nacional en un partido regional, prolongando la tendencia percibida en la municipal de 2004. Pasó de ser una organización que tenía zonas de fortaleza y debilidad relativa, pero con una presencia nacional con la cual pocos rivalizaban, a un movimiento regionalizado, sólido en el norte y el este, donde preserva una estructura firme, con amplias redes de militantes y cuadros, con legitimidad política y social. Al lado, hay áreas donde la organización partidaria casi ha desaparecido, como en el altiplano, en muchos valles y en barrios populares de las ciudades occidentales. En paralelo a esa evolución, la dirección nacional vio diluirse su poder en beneficio de algunas jefaturas departamentales con un amplio radio de acción.

Para concluir, hay que indicar que los tres partidos que dirigieron el Gobierno desde 1985 (MNR, MIR, ADN) perdieron progresivamente su capacidad para conservar tras de sí a la mayoría del electorado. Reunieron el 63,7 por ciento de los sufragios en 1985, en 1993 descendieron al 53,7 por ciento, en la presidencial de 2002 cayeron al 39,1 por ciento y en los comicios de 2005, Podemos, el MNR y UN mantuvieron ese nivel (39,5 por ciento). Detrás de la estabilidad de esa cifra se observan importantes evoluciones regionales. Hubo lugares donde los porcentajes acumulados de Quiroga, Nagatani y Doria Medina (2005) superan la suma de los resultados obtenidos por Sánchez de Lozada, Paz Zamora y MacLean (2002). Entre ellos destacan municipios de Beni, Santa Cruz, Cochabamba, además de capitales departamentales, áreas prósperas, económicamente dinámicas y en las cuales las organizaciones conservadoras son influyentes. Al contrario, en más de un centenar de municipios donde se produjeron pérdidas mayores a 10 puntos se encuentran sobre todo alcaldías de Chuquisaca, del altiplano, del oeste tarijeño y de las colonias agrícolas de Santa Cruz. De esta manera se confirma una tendencia fuerte de la sociología electoral boliviana: los partidos que administraron el Gobierno a partir de 1985 enfrentaron dificultades crecientes para seducir al electorado popular, y su audiencia en las zonas rurales de pequeño campesinado se contrajo desde principios de la década de los noventa. La elección de 2005 se enmarcó en esa línea y el problema del MNR deben ser comprendidas en ese panorama amplio.

El MIP sale del escenario

En los comicios de 2002, el MIP estableció el récord electoral del katarismo y se impuso en el altiplano paceño. Cuando volvió a presentarse ante los votantes, Quispe no consiguió reeditar esa actuación. Su organización perdió la personalidad jurídica al quedar por debajo de la barrera mínima del 3 por ciento. El MIP se retiró del escenario político como uno de los derrotados de los comicios de 2005.

La distribución de la votación conseguida repitió el patrón observado en 2002, lo que también ratifica la correlación de ambas votaciones en el plano municipal (0,90). Los asentamientos partidarios siguieron en el altiplano paceño aunque en un proceso de debilitamiento. A menudo consiguió el segundo lugar, detrás de Morales, con cifras superiores al 15 por ciento, gracias al impulso de las localidades rurales antes que de las cabeceras municipales; y cuanto más urbanas éstas, más grande fue la brecha con el voto de las comunidades. La candidatura de Quispe guardó su atracción para los votantes del altiplano de lengua aymara, dedicados a la agricultura, que en los años previos desafiaron al Estado con bloqueos de caminos. Fuera de esa región, porcentajes superiores al 10 por ciento aparecieron de manera excepcional.

Dos tipos de razones estrechamente ligadas explican la disminución en la meseta andina. Por un lado, el liderazgo de Quispe perdió fuerza. A los comicios de 2002 llegó en condiciones favorables, después de organizar importantes bloqueos en el altiplano, con los cuales consiguió concesiones para el campesinado de la región y logró doblegar al Estado; esa movilización facilitó la creación del MIP y el proselitismo en la campaña presidencial. En los años siguientes, su convocatoria declinó: luego de 2003 ya no pudo movilizar a las bases sindicales, atraídas por el MAS, que ofrecía mejores perspectivas al articular el respaldo en otras zonas del país. Al mismo tiempo, la municipal de 2004 mostró que el partido había perdido audiencia (con el 2,2 por ciento de los votos, anticipó el resultado de la presidencial de 2005) y que en vez de afianzarse se disgregaba: la bancada parlamentaria se dispersó y hasta Quispe prefirió renunciar a su cargo de diputado, perdiendo de paso protagonismo. Por si fuera poco, el interés de los medios por el jefe del MIP disminuyó con respecto a 2002 pues su poder había declinado de forma evidente.

Por otro lado, cuando el MAS encabezaba las encuestas dejaba con pocas opciones al MIP. La mayoría de las banderas enarboladas por Quispe, la lucha contra la discriminación, la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los campesinos, el rechazo al liberalismo, se encontraba en los discursos del MAS, a menudo con tintes étnicos menos marcados, con una apertura a otras categorías. El voto útil en los sectores campesinos jugó contra el jefe del MIP que, consciente de esa tendencia, lanzó la mayoría de sus dardos contra Morales y García Linera. Una evolución similar se produjo en los barrios populares de La Paz y El Alto en los cuales Quispe había conseguido apoyo en la presidencial anterior.

A la defensiva en sus bastiones, el MIP no tuvo la energía para ganar nuevos espacios: las áreas indiferentes frente a Quispe en 2002 no tuvieron razones para acercarse cuando los vientos no le eran propicios. El partido ni siquiera contaba con una mínima estructura, hecho que se evidenció en la ausencia de candidatos a senadores o diputados en Beni y Pando, así como en la falta de difusión de propaganda en esas regiones. Así, resultó frecuente que el partido no alcanzase ni el 0,5 por ciento en las tierras ajenas al discurso de reivindicación de la identidad indígena, en especial aymara: además de los citados departamentos del norte, puede mencionarse la Chiquitanía y el Chaco.

Los votos blancos: novedades en el frente este

Los votos blancos llegaron al 4 por ciento, un poco por debajo del promedio histórico 1979-2002 (4,4 por ciento) y en ligero retroceso con respecto a los comicios de 2002. Las grandes líneas de distribución geográfica y social no se modificaron: la proporción de votos blancos se hizo fuerte en las áreas pobres, aisladas, con menores niveles educativos, poca práctica del castellano y escasos vínculos con la política nacional. Con porcentajes superiores al 12 por ciento figuraron municipios del centro de Chuquisaca, del noroeste paceño y del norte de Potosí.

A la inversa, esos sufragios quedaron por debajo del promedio nacional en las capitales departamentales y en las principales ciudades, cuyas características se contraponen en gran medida a las del grupo anterior. Estos datos, próximos a los de comicios pasados, sugieren que el voto blanco reflejó un problema social estructural antes que una opinión política sobre las candidaturas o los debates de la contienda de 2005.

No obstante, la explicación sociológica no agota la distribución del voto blanco, que también se alimentó de una lógica política. En efecto, áreas que habitualmente cuentan con porcentajes muy reducidos de sufragios blancos los aumentaron. Así sucedió en municipios de Beni o de Pando, donde se registraron niveles mayores al 7 por ciento cuando en la presidencial de 2002 en ninguna alcaldía beniana se superó el 5 por ciento; un comportamiento parecido se produjo en Tarija o en el Chaco, que contradijeron la evolución nacional marcada por una disminución de los votos blancos.

En las áreas conservadoras hubo un movimiento de duda en ciertas franjas del electorado: por un lado, los acontecimientos nacionales de los años precedentes debilitaron y desprestigiaron a los partidos dominantes de la región; por otro lado, la iniciativa política se concentró en las tierras altas, colocó en la agenda política propuestas fuertes de reforma, ajenas a la cultura política de las tierras bajas. Esas tendencias, poco propicias para las tiendas políticas como el MNR, provocaron el retraimiento del electorado, que acudió a votar en proporción algo menor a la de otros departamentos o dejó las papeletas en blanco en un número desacostumbrado para la zona. Se trató de un alejamiento antes que de una ruptura, pues tales grupos no se plegaron a las fuerzas críticas con el liberalismo. Esta línea de análisis se confirma cuando se nota que los votos blancos en la elección prefectural fueron considerablemente menores que los de la presidencial en Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija o en provincias chaqueñas (siendo equivalentes en los departamentos occidentales). En la contienda regional, los votantes se sintieron más cómodos, escogiendo entre figuras conocidas y definiendo entre políticas de desarrollo local: la duda se produjo cuando tuvieron que pronunciarse sobre el sentido de la evolución nacional.

A la inversa, en las zonas de votación para el MAS, que son también en parte las zonas de los sufragios blancos, bajó el porcentaje de estos con respecto a 2002. Las razones que impulsaron a los votantes de provincias conservadoras a replegarse incitaron a los de áreas con tradición de apoyo a la izquierda, el indigenismo o las organizaciones de protesta a dejar el voto blanco y sumarse al MAS. Aunque, como se indicó, al final, siguieron siendo las regiones del país con mayores porcentajes de voto blanco pero de manera atenuada con respecto a comicios anteriores.

Conclusiones

La elección de 2005 fue una «elección de combate», sentida como decisiva para el futuro del país, por el electorado y las organizaciones políticas. La participación electoral marcó un doble récord, por la cantidad de votantes y por el porcentaje logrado, el más alto del último cuarto de siglo. A ese título, fue también una elección con una densa carga política: desde que se crearon las diputaciones uninominales, nunca hubo una cantidad tan pequeña de votos cruzados. En apenas 8 circunscripciones, el triunfo del candidato presidencial y del diputado uninominal no correspondió a la misma organización, contra 19 en 1997 y 27 en 2002 (Romero Ballivián, 2002:233-234). Los ciudadanos optaron por no dispersar su voto, por entregar al candidato presidencial de su preferencia los instrumentos de gobernabilidad, por pasar por alto las individualidades y favorecer al partido. El voto cruzado se dio sobre todo en circunscripciones urbanas con buenos niveles de vida y de formación, en las cuales el ingreso de Morales se dio en la recta final de la campaña y donde la presencia del MAS es más endeble; una observación similar vale para prefectural en La Paz y Cochabamba, ganada por líderes opuestos al MAS.

Asimismo, los comicios estuvieron marcados por la contundente victoria lograda por el MAS. Resulta pertinente la comparación con el triunfo de la UDP en 1980, el segundo más amplio obtenido desde el retorno a la democracia (34 por ciento). Hay una diferencia de más de 15 puntos entre el porcentaje de Morales y el de Hernán Siles Zuazo, a pesar de que en ambos casos el triunfo de la izquierda se basó en la votación de campesinos de pequeña propiedad, mineros, habitantes de barrios populares y sectores de clase media. La primera diferencia se dio en la concentración del voto de los agricultores del altiplano y de los valles. La UDP reunió, al igual que el MAS, la mayoría absoluta de los sufragios en el altiplano paceño, pero en las otras zonas rurales su triunfo, cuando se produjo, no fue tan holgado, pues tuvo la competencia del MNR, una organización con un fuerte anclaje rural. En cambio, el MAS no dejó mayor espacio a sus rivales. Luego Morales logró un respaldo urbano de envergadura, superior incluso al de Siles. Los dos candidatos tuvieron ciertas dificultades en los grupos medios y la confianza de los sectores populares, nuevamente Morales alcanzó un nivel mayor, pues no tuvo la competencia que sufrió la UDP con el MNR o el Partido Socialista. Más novedosa fue la penetración del MAS en las colonias agrícolas de Santa Cruz, a las cuales la UDP llegó poco, tanto por la fuerza del MNR como por la presencia todavía minoritaria de los inmigrantes de los valles. Morales consiguió una mayor votación en varias ciudades del este y del sur, atrayendo los sufragios de los citadinos recientes, campesinos que dejaron la zona rural para buscar mejores oportunidades u hombres llegados desde las tierras altas con el mismo propósito. En los dos casos, estos grupos, antes menos importantes numéricamente, apostaron por la izquierda.

El triunfo de Morales se distingue, sin embargo, de los obtenidos, también con mayoría absoluta o con porcentajes muy altos, por otros mandatarios de América del Sur, como Lula da Silva en Brasil o Álvaro Uribe en Colombia. Los éxitos electorales de mandatarios que logran ese tipo de victorias tienden a atenuar los antagonismos en la sociedad, pues se consiguen con el apoyo de la mayoría de las regiones y clases sociales. En cambio, la contundente victoria del MAS no se construyó sobre un respaldo distribuido de manera relativamente homogénea sobre el territorio.⁹ Aquí, los contrastes regionales adquirieron significados políticos fuertes. La desigual distribución del voto influyó de forma decisiva en la política nacional –algo que no sucedía en Bolivia en las décadas previas–. La diferencia en los niveles de votación desbordó el marco del interés estrictamente académico para pesar en la evolución del país. Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija no sólo apoyaron menos que en promedio al MAS: concentraron su voto en los partidos opositores, fortalecieron movimientos de base regional como los Comités Cívicos –que desbordan los cuadros estrictamente partidarios– contrapuestos a Morales y albergaron a grupos sociales, como los grandes propietarios de tierras, que el Gobierno identificó como adversarios a su política. Ello produjo una acumulación de oposiciones, políticas, regionales, sociales, que polarizaron al país: las líneas de conflicto tendieron a sumarse antes que a cruzarse, creando dos bloques claramente diferenciados. Este rasgo singulariza la victoria de Morales.

La presidencial de 2002 marcó el final del ciclo político abierto con los comicios de 1985, pero no abrió una nueva fase, tarea que le correspondió a la consulta de 2005. En efecto, la presidencial de ese año es seguramente una elección de realineamiento, como lo fue la de 1985, cambiando por un tiempo previsiblemente largo las preferencias políticas, modificando las correlaciones de fuerza en el sistema partidario y dando un nuevo rumbo a las políticas públicas.

En efecto, en primer lugar, la presidencial de 2005 inauguró nuevas tendencias en el comportamiento electoral, aunque sobre un antiguo fondo que divide a las regiones occidentales y centrales, inclinadas por la izquierda, y el norte, el este y el sur, de orientación más conservadora. Los votantes de las primeras zonas expresaron un apego al MAS, en tanto que los electores de los otros departamentos privilegiaron a Podemos sin descuidar a UN y al MNR. Los resultados de la Asamblea Constituyente y del referéndum sobre las autonomías departamentales, procesos organizados en 2006, confirmaron la impronta de la elección general de 2005 (Romero Ballivián, 2006). Los datos de la elección de la Asamblea se aproximaron a los de la presidencial y los del referéndum tuvieron una elevada dependencia de la posición asumida por el Gobierno a favor del «no» y de los movimientos opositores por el «sí».

Por otra parte, la presidencial relegó a un lugar secundario a las organizaciones que desempeñaron un papel fundamental en las dos décadas previas. El MNR, el MIR y ADN parecen tener opciones reducidas de recuperar los espacios electorales perdidos, lo que agrava los problemas de conducción, debilita la cohesión interna y favorece el alejamiento de los dirigentes con mayor popularidad. Las perspectivas de renovación de liderazgos disminuyen en la medida que las nuevas generaciones prefieren iniciar sus carreras políticas en las organizaciones fuertes del nuevo ciclo que se abre. En la elección de la Asamblea Constituyente, ADN no obtuvo ni el 0,5 por ciento de los votos y el MIR perdió su personalidad jurídica. La presidencial de 2005 dejó más bien un escenario bipolar, e incluso bipartidista, con dos organizaciones que acumularon tres cuartos de los votos, un porcentaje sin precedentes en el cuarto de siglo anterior. Un duelo bipolar puede prolongarse en el tiempo, con un campo controlado exclusivamente por el MAS, y otro con varios actores disputándose el lugar central pero compartiendo una postura crítica frente al Gobierno de Morales. Sin duda, la dispersión y la fragmentación del voto que marcaron el tiempo de la «democracia pactada» no van a desaparecer, pero pueden atenuarse en los próximos comicios.

Finalmente, los resultados de 2005 concluyen un ciclo de políticas públicas dominadas por la economía de mercado, la prioridad concedida al estilo técnico para definir la gestión estatal y la confianza en las organizaciones internacionales. La victoria de Morales le permite llevar adelante un programa con orientaciones distintas a las definidas a partir de 1985 e incluso, en algunos campos, tal vez anteriores a ese año.

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23. Romero Ballivián, Salvador (2003b). Razón y sentimiento: la socialización política y las trayectorias electorales en la élite, La Paz, Fundemos/PIEB.        [ Links ]

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25. Romero Ballivián, Salvador (2006). «Análisis de la elección de la Asamblea Constituyente y del referéndum sobre las autonomías departamentales», Opiniones y Análisis, nº 80, Fundemos.        [ Links ]

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27. Tapia, Luis (2004). Por el sí, por el no, La Paz, Corte Nacional Electoral.        [ Links ]

28. Zovatto, Daniel (2005). «Valores, percepciones y actitudes hacia la democracia. Una visión comparada en la región andina, 1996-2004», en IDEA/Transparencia, Democracia en la región andina, los telones de fondo, Lima, IDEA.        [ Links ]

NOTAS:

1 De manera simultánea, los electores sufragaron por los diputados uninominales y, por primera vez, por prefectos departamentales. No se realiza un análisis de ninguno de los dos escrutinios salvo para ayudar a una mejor comprensión de la dinámica política de la elección general.

2 Sobre las distintas facetas del referéndum se puede consultar: Corte Nacional Electoral, 2004; Fundemos, 2004a, 2004b; Tapia, 2004.

3 Un análisis de la elección pude encontrarse en: Carvajal y Pérez, 2005; Fundemos, Opiniones y Análisis (73); Romero Ballivián, 2005.

4 A la pregunta, «¿Debe nacionalizarse la industria del sector petrolero?», el MAS respondió: «Sí, debe nacionalizarse», UN planteó «la nacionalización progresiva» y Podemos propuso: «Nacionalizaremos los beneficios del gas». Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria, 2006.

5 «Evo y García Linera por la Constituyente y la nacionalización», La Razón, 17-8-2005.

6 Los porcentajes que se citan a continuación están calculados sobre los votos emitidos, que reflejan de forma más exacta que los votos válidos las preferencias e inclinaciones del conjunto del electorado.

7 Los distintos aspectos de esa controversia se encuentran analizados en Romero Ballivián, 2007.

8 Resultado obtenido de la pregunta: «En términos generales, ¿su opinión sobre Evo Morales ha mejorado, ha empeorado o se ha mantenido igual con el desarrollo de la campaña electoral?».

9 Es excepcional que un partido obtenga un apoyo uniforme en todo el territorio; la situación normal es la existencia de regiones de mayor y menor apoyo a los candidatos.