La revolución bolivariana en riesgo, la democratización social en cuestión. La violencia social y la criminalidad en Venezuela entre 1998-2008

 Ana María Sanjuán

anamaria.sanjuan@gmail.com

Resumen

Este artículo argumenta que mientras en esta última década ha tenido lugar en el país un importante proceso de transformación política, económica y social, la criminalidad y la violencia se incrementan sin parar, alcanzando tasas que ponen en cuestión y en riesgo el proceso de democratización social que impulsa la sociedad venezolana. La autora argumenta que, más que en ninguna otra política pública, la problemática de la inseguridad y la violencia social requieren de una fuerte participación comunitaria para un abordaje positivo. Igualmente señala que, en el terreno político-institucional, es imperativo que el desarrollo del nuevo marco jurídico mantenga concordancia con las exigencias de cambio de la sociedad venezolana y atienda los principios constitucionales que apuntan a la realización del principio de igualdad ciudadana, para evitar la desilusión democrática.

Palabras clave: Venezuela, Chávez, violencia, criminalidad, inseguridad, participación ciudadana.

 The Bolivarian Revolution in Danger, Social Democratization at Risk. Social Violence and Criminality in Venezuela, 1998-2008

Abstract

This article argues that, while there has been an important process of political, economic and social transformation in the country during the last decade, criminality and violence have registered ever-increasing rates which could endanger the overall process of social democratization currently in course. The author argues that, more than in the case of any other area of public policy, solving the problem of insecurity calls for an active involvement of the community itself. It also requires the development of a new judicial framework capable of ensuring effective equality between the citizens of the country.

Key Words: Venezuela, Chávez, Social Violence, Criminality, Insecurity, Citizen Participation.

La violencia en el mundo y el carácter represivo y eso es algo que nosotros tenemos que dejar atrás, se asocia la seguridad con la represión, con la existencia de cuerpos policiales, militares, paramilitares cuya tarea es golpear al pueblo además una visión clasista.

Bueno, es el Estado burgués, es el Estado burgués que organizó cuerpos policiales, cuerpos militares y muchas veces como en Colombia, paramilitares organizados por el mismo Estado ¿para qué? para golpear a los pobres, para golpear a las clases populares, para cuidar, digámoslo así, los intereses, preservar los intereses de las clases dominantes. De ahí viene aquella, aquella figura que se usa mucho tomándola de la mitología griega del cancerbero, el cancerbero, era un perro can, perro, cerbero, cancerbero, era un perro de varias cabezas que cuidaba el Averno, la entrada del infierno la cuidaba y el reino de los muertos. Ese perro era muy furioso cuidaba pues, las propiedades del demonio pero tenías varias debilidades: la música y la miel, luego vino alguien y lo embelesó con su flauta ¿no? y lograr entrar al infierno y otro susto que pasó ese perro fue cuando Hércules llegó hasta la puerta del infierno y lo arrastró desde allá hasta la superficie de la Tierra agarrado por el pescuezo, por uno de los pescuezos. Era fiero ese bicho, el cancerbero, entonces se habla de los cancerberos como los perros que cuidan los intereses del amo, así el Estado burgués vio y ve a los cuerpos policiales y a los cuerpos militares. Bueno, en Venezuela lo vimos, lo vimos en los últimos años de la IV República y aquellos años 80 y los años 90 nos utilizaron como cancerberos a nosotros incluso los militares, el Caracazo, dentro de poco estaremos recordando los 19 años del Caracazo, 27 de febrero, plomo contra el pueblo, ametralladoras FAL rociándole plomo a los barrios pobres, El Valle, 23 de Enero, sólo porque ahí viven los pobres para cuidar y para salvaguardar los intereses, bueno, del reino que tenían impuesto aquí las clases dominantes que ahora no nos perdonan haberlos sacado de estos espacios y es que los sacamos y más nunca van a volver, se los garantizo desde aquí y se los garantiza el pueblo venezolano.

 Ahora esa visión represiva de la seguridad nosotros tenemos que mirarla con mucho cuidado y dejarla atrás, porque todavía la tenemos aquí como un virus, como una vieja enfermedad, todavía en muchos cuerpos policiales y otros cuerpos de seguridad del Estado, todavía está viva esa enfermedad el carácter represivo de la seguridad (…)

(…) por ahí tenemos que comenzar a revisar este tema cuál es el patrón, ¿verdad? de pensamiento que nos orienta en la búsqueda y activación de políticas para solucionar el problema y yo agregaría además que esto es un problema ideológico, ideológico. Hace un rato hablaba de Cristo y la palabra de Cristo ¿no? el único camino a la paz es la justicia y ahí está la raíz de este problema. En un mundo injusto como el que vivimos hoy existirá siempre la violencia, la violencia es la expresión más cruda ¿no? la principal expresión de la inseguridad es la violencia. Porque la inseguridad comienza siendo un estado hasta mental ¿no? espiritual, que luego tiene su expresión física en la violencia, en los problemas sociales, la violencia social, la delincuencia, pero la causa es, la causa es social, la causa es política desde el punto de vista de que la política tiene que ver con la vida de todos, la polis, la vida de la ciudad. En un mundo donde haya justicia habrá paz, se acabará la violencia, se acabará la inseguridad (...)

 (…) Igual pasa con el tema de la seguridad, que hasta cierto punto yo siento que es como una deuda porque han pasado nueve años y hemos avanzado poco, pero bueno vamos a retomar impulso y ahora vamos a recuperar terreno y tiempo perdido (…)

 (…) Dígame aquella horrible ley que llamaban de vagos y maleantes, bueno sólo aplicable a los pobres ¿no? sólo aplicable a los pobres, a ningún rico le aplicaron nunca la ley de vagos y maleantes, ese es un ejemplo, yo creo que uno de los ejemplos más claritos de lo que es la visión represiva de la seguridad (...)

 Ahora la seguridad debe orientarse en función del humanismo, una seguridad producto de los valores, una seguridad integral, ciudadana, fundamentada en los derechos humanos y sobre todo en la participación de las comunidades (…)

 (…) Ahora todo tiene una ciencia pues, todo tiene un arte hay que saber entrarle al problema, ahora el primer paso para solucionar problemas es reconocer que existe el problema, nosotros reconocemos que tenemos un problema serio, es el primer paso que yo aprendí hace tiempo en el llamado método de solución de problema, después viene la parte científico metodológica, cómo entrarle al problema, el diagnóstico del problema, cuáles son los componentes del problema. Uno de los componentes de este problema y está señalado ahí en los ejes de acción, es la droga, bueno cuantos casos no se han dado tan dolorosos de alguien drogado que agrede y salvajemente hasta a su mamá, a su pareja, a su hijo y ha habido casos de tragedias familiares, una persona drogada está fuera de sí. El alcohol, yo por eso he dado la orden, esos camiones que andan por ahí vendiendo cerveza y licor como si vendiera helado, hay que agarrarlos y meter preso al conductor y llevarse y decomisar eso y además citar a los dueños a la policía abrir una causa policial, penal, a los responsables, porque el responsable no es sólo el chofer, es un trabajador pero también es responsable porque no debería prestarse para eso, pero los dueños de esas empresas tienen que ser llamados al botón, tiene que acabarse eso de estar bebiendo cerveza en las calles, no ve que aquí comienza el mal ejemplo por el estadio, un estadio donde hay un juego de pelota y aquello es un cervezal por todos lados y borrachos, bueno es deporte o qué es. Ah ese es el capitalismo lo que quieren es billuyo (sic) ve, no les importa nada lo demás, esos son factores importantes a tomar en cuenta.

 La educación, el bombardeo de violencia que sale por las pantallas de muchas televisoras bien sea nacionales, internacionales, por el cable, películas violentas, donde se hace muchas veces más bien una apología al delito, a la droga, se hace apología muchas veces, las mafias, El Padrino es como un héroe y resulta que es un mafioso, que roba, que mata, que masacra, pero es El Padrino y lo presentan con un señor respetable Don Vito Corleone y mucha gente dice: oye es respetable hay que ser así como él. Van modelando conducta, eso no es inocente, eso es toda una estrategia internacional para dañar a los pueblos, dañar a las juventudes, en vez de tener a las juventudes degeneradas en vez de tenerlas cultas y libres, para conducir procesos de reconstrucción de los pueblos, no le interesa al imperio ni a las elites tener juventudes esclarecidas, juventudes cultas, pueblos cultos.

Por eso la inyección de droga, de licor, de propaganda, de sexo irresponsable, de violencia, para tener la juventud, ese es el verdadero opio del pueblo, el verdadero opio para tener a los pueblos adormecidos, entretenidos en la maldad o entretenidos en qué, en ver como se cuidan de la maldad, entretenidos en sobrevivir, llevar a los pueblos a una situación de inseguridad tal que se preocupen es por sobrevivir de esa situación. Nosotros estamos saliendo y tenemos que salir y yo estoy muy entusiasmado con estos primeros planes o proyectos piloto (...).

 Hugo Chávez Frías, Presidente de Venezuela. Conformación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y los Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana 21.02.2008

Introducción

La criminalidad y la violencia social son aspectos fundamentales en la calidad de vida de todos los sectores sociales, especialmente de los excluidos y por ello más vulnerables, al tiempo que su control y efectiva regulación constituyen políticas prioritarias para el mantenimiento de la legitimidad de la acción estatal como árbitro en la resolución de los conflictos. Por ello no es posible avanzar en una plena democratización de la sociedad ni alcanzar altas cotas de desarrollo humano, mientras ambos problemas persistan en forma endémica, lo cual ocurre en una región plena de cambios políticos. Todas las encuestas de opinión pública, tanto nacionales como regionales, revelan que actualmente ambos fenómenos representan una de las mayores preocupaciones ciudadanas en el ámbito latinoamericano, dado el incremento que en muchos países presenta la inseguridad ciudadana. El caso de Venezuela llama la atención ya que mientras en esta ultima década ha tenido lugar en el país un importante proceso de transformación política, económica y social, la criminalidad y la violencia se incrementan sin parar, alcanzando tasas que ponen en cuestión y en riesgo el proceso de democratización social que impulsa la sociedad venezolana.

Los cambios políticos regionales que actualmente tienen lugar, promovidos por una amplia movilización popular para la reducción de la pobreza y de la exclusión, con sus diferencias, se han orientado primordialmente a ampliar la democracia política, económica y social. Sin embargo, no hay un mal social más deletéreo y antidemocrático que la violencia: su carácter rutinario e impune es inconsistente con los principios democráticos y de los derechos humanos y muestra una “abdicación de la autoridad democrática”^[1]. La violencia transforma los términos de la ecuación democrática, obstruye el desarrollo y la expansión de la ciudadanía en todas sus dimensiones. La desigualdad vivida por los excluidos en el acceso a la justicia es una de las manifestaciones más dramáticas y peligrosas de las desigualdades, toda vez que destruye la legitimidad de las instituciones públicas en proceso de reconstrucción a partir de las nuevas narrativas políticas regionales, basadas en una movilización de la participación y en infundir una nueva legitimación a la democracia. Por ello es incomprensible que, en esta época de cambios en Venezuela, la revolución bolivariana haya soslayado la atención directa este problema tan importante y crucial para su propia supervivencia y el proceso de cambios que pretende adelantar en el país. Las demandas de la sociedad venezolana en su conjunto por el desarrollo y consolidación de la ciudadanía y la democracia chocan abiertamente con algunas tendencias autoritarias que permanecen arraigadas en las prácticas del Estado y que se expresan cada vez con más fuerza en los mecanismos de control desplegados para la contención de la delincuencia. La Constitución de 1999, que amplió y consagró de manera sustantiva los derechos civiles, políticos y sociales, se ve severamente afectada por los elevados niveles de violencia, toda vez que los fundamentos doctrinarios de las políticas de seguridad ciudadana que se vienen implementando tienden a actuar en contravía de las garantías constitucionales para la atención de las dificultades coyunturales, lo que a su vez contribuye, en un ciclo interminable, a profundizar la erosión del monopolio público de la violencia y a la deslegitimación de la justicia. Sigue entonces la denegación de justicia y de seguridad a los más vulnerables y excluidos, lo que se suma a la lista de problemas estructurales pendientes en este periodo de revolución.

En la actual coyuntura política e institucional, el ejercicio del derecho a la seguridad ciudadana de la población se encuentra severa y peligrosamente limitado. El incremento sufrido en las cifras de criminalidad en los últimos años, especialmente en las tasas de homicidios y en el número de robos y secuestros, revela un creciente y peligroso menoscabo del monopolio de la violencia legítima por parte del Estado venezolano, que afecta a toda la población, pero muy especialmente a los más pobres y vulnerables. A partir de las cifras oficiales, se conoce que el grado de deterioro que actualmente registra el nivel de convivencia ciudadana y democrática en Venezuela es el más grave registrado en la región latinoamericana tanto en la década de los 80 como en la de los 90, considerando que en el país no existe un conflicto político violento declarado ni ha habido un shock inductor de violencia tipo narcotráfico, tal y como ocurrió en Colombia a comienzos de la década de los 80. El problema de la violencia en la sociedad venezolana está alcanzando unas cotas que lo convierten de hecho en uno de los más importantes retos que confronta la institucionalidad democrática en el país. Hasta ahora, no ha bastado que después del Presidente, autoridades de distinto tipo, como el ex vicepresidente José Vicente Rangel, traigan el tema una y otra vez a colación, señalando lo deletéreo de sus consecuencias, en el corto y en el mediano plazo^[2]. Las causas de la inacción gubernamental al respecto podrían encontrarse en el hecho de que prevalece, tanto entre el Presidente como en los altos funcionarios, la creencia de que la pobreza es la causa eficiente de la violencia, por lo que la mejoría de los niveles de vida de la población, la promoción de procesos de inclusión social, la extensión de la ciudadanía y la reducción del desempleo y del empleo informal, serian suficientes para recomponer la convivencia democrática entre la sociedad venezolana.

En el presente ensayo se abordaran algunos de los aspectos centrales de este problema en Venezuela: su magnitud y características, la relación entre la creciente criminalidad y la pobreza y la desigualdad, las políticas desarrolladas por el gobierno de Hugo Chávez Frías en esta década y las graves consecuencias derivadas de la falta de correspondencia entre dichas políticas y el problema realmente existente. Por último se realizan un conjunto de recomendaciones con el propósito de propiciar un amplio debate popular sobre el particular, toda vez que la polarización alrededor del tema esconde, para amplios sectores de la sociedad venezolana, aristas esenciales para su comprensión y abordaje desde una perspectiva que permita la ampliación y profundización de la democracia social en el país.

Antecedentes y caracterización de la violencia y la criminalidad en Venezuela

Actualmente y según las cifras oficiales disponibles, Venezuela es el país mas violento de Suramérica^[3] y la ciudad de Caracas muestra una de las tasas más alta de homicidios de la región^[4]. Esta violencia se ha ido incrementando todos los años desde 1989, fecha desde la cual los homicidios se han quintuplicado, tanto a nivel nacional como en las principales ciudades del país^[5].

La tendencia al incremento del homicidio persiste en lo que va de 2008^[6]. Éstos son niveles más altos de victimización por homicidio que los de Colombia, en donde desde hace más de cincuenta años se mantiene un conflicto armado interno y se concentra 90% de la producción y refinación de cocaína del mundo. Las principales víctimas de la violencia en Venezuela son los sectores pobres de la sociedad venezolana, especialmente aquellos ciudadanos que habitan en los barrios populares^[7]. Se han multiplicado los asesinatos por motivos fútiles. Por su parte, para la población en general, la criminalidad y la inseguridad son los principales problemas del país, por encima del desempleo y el desabastecimiento de productos de primera necesidad^[8]. La percepción de inseguridad se agravó notablemente en 2007 y en lo que va de 2008.

El narcotráfico y el creciente consumo de sustancias son un problema adicional, que agrava la situación de violencia social. Recientemente se ha sumado a la problemática la presencia, en las comunidades pobres de Caracas y otras ciudades del país, de paramilitares no identificados plenamente y con supuestos objetivos de desestabilización y de aumento de la criminalidad. El mismo gobierno venezolano ha denunciado en reiteradas oportunidades la actuación en los barrios pobres de las principales ciudades de Venezuela de “paramilitares” o miembros desmovilizados de las AUC, quienes habrían trasladado parte de sus bases de operaciones a Venezuela. Hay algunas evidencias de que estas organizaciones criminales reclutan y arman a los jóvenes de escasos recursos para participar en conflictos políticos^[9]. Las comunidades residentes en los sectores populares, muchas de ellas organizadas en Consejos Comunales, plantean como causales directas de toda esta problemática de violencia la falta de oportunidades de estudio, trabajo y organización del tiempo libre para adolescentes y jóvenes, la falta de acceso a la justicia y de mecanismos de mediación de conflictos en las áreas más vulnerables a la violencia en la ciudad, el deterioro sostenido del hábitat y la falta de servicios públicos, la elevada disponibilidad de armas entre los miembros de la comunidad y especialmente entre los jóvenes, quienes son víctimas fáciles del crimen organizado, su desconocimiento en cómo desarrollar programas de prevención de violencia y los bajos niveles de capacitación laboral de los jóvenes actores de violencia.

En este sentido cabe destacar que, a pesar de los avances sociales, sigue la discriminación estructural contra los jóvenes pobres. La mayoría de las víctimas de la violencia en Venezuela son jóvenes de sexo masculino, entre 15 y 24 años, habitantes de las áreas más pobres y desasistidas de derechos de las grandes ciudades, a quienes el país, lejos de ofrecerles reconocimiento, valorización, visibilidad y significado, los empuja a la muerte temprana en conflictos fútiles y carentes de sentido. Es esta sin duda una tragedia inconmensurable, cuya dimensión humana y consecuencias son extensas y profundas en los más diversos ámbitos, desde la economía hasta el imaginario colectivo.

Lo más grave de todo es la resignación social y la apatía pública frente a esta acuciante realidad, a la que se continúa tratando como un problema más de la agenda, toda vez que la voz de sus principales víctimas sigue sin ser audible: la de los pobres y excluidos. No obstante las misiones, cuyo alcance necesariamente es reducido y no masivo y universal, los jóvenes pobres siguen siendo invisibles a la sociedad venezolana, y por ello mueren en centenas mes a mes de cada año. Expulsados de su casa o comunidades por la violencia intrafamiliar y social, desconocidos por el poder público, ignorados y temidos por las comunidades, siguen estando excluidos de la ciudadanía. Las cifras de su alta victimización demuestran que siguen sin perspectivas ni esperanza, sin vínculos afectivos ni simbólicos con el orden social, sin puntos de conexión identitaria con la cultura dominante. La experiencia de desigualdad de estos jóvenes en el acceso a la justicia tiene efectos simbólicos letales en su autoestima y propaga un peligroso sentimiento de impotencia, que se traduce en indignación y, por supuesto, en más violencia.

Por diversas razones estructurales y coyunturales, el Estado venezolano tiene escasas capacidades de tratamiento de esta problemática, pese a los esfuerzos realizados en la última década. A ello se añade que la alta violencia social debilita aún más sus precarias condiciones de brindar seguridad a la ciudadanía y genera una alta impunidad, la que a su vez propicia una amplia sensación de vulnerabilidad entre la ciudadanía y, por ende, la búsqueda de mecanismos privados de contención de la violencia social.

Como se evidencia en los cuadros 1, 2 y 3, los homicidios, según la información oficial recabada, muestran su situación más grave en el Área Metropolitana de Caracas, en la que ocurren 27% de los delitos totales registrados; 28% de los homicidios; y en la que se ha registrado en los últimos quince años el incremento más vertiginoso de las tasas de homicidio, las cuales se multiplicaron por cinco en ese lapso. En las principales áreas urbanas han aumentado también en importantes proporciones todos los delitos violentos, especialmente el robo y el robo de vehículos. Las investigaciones señalan el extensivo uso de armas de fuego en los homicidios (95% en la ciudad de Caracas), así como la determinación de alguno de los factores de riesgo de violencia, como el abuso de sustancias psicotrópicas y la exclusión social y económica. Casi 70% de las víctimas de la violencia son adolescentes y jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años, y también otros grupos vulnerables de la población, como mujeres, niños y ancianos.

Cuadro 1 Delitos totales registrados

a/ Año de realización del Censo Nacional 2001, que dio lugar a una modificación de las cifras poblacionales sobreestimadas en las proyecciones con base al Censo 90

Fuente: Centro Para la Paz UCV.

Cuadro 3 Homicidios registrados

* En el importante incremento del número de homicidios de este año, hay que considerar el llamado “Caracazo” del 27-02-89, fecha en la cual murieron violentamente cerca de 500 personas. 

a/ Año de realización del Censo Nacional 2001, que dio lugar a una modificación de las cifras poblacionales sobreestimadas en las proyecciones con base al Censo 90.

Fuente: Centro Para la Paz UCV

Las zonas de las ciudades que muestran alto riesgo para los homicidios de jóvenes entre los 15 y 24 años no son las mismas que muestran un alto riesgo para la comisión de delitos contra la propiedad. En las áreas de mayor nivel socioeconómico, se encuentran las mayores tasas de estos delitos y mayores riesgos para las lesiones personales y los accidentes de tránsito, mientras que en las periféricas se presentan las mayores tasas de homicidio, que se ha convertido en la primera causa de muerte para los jóvenes pobres del país. Las posibilidades de contención, control y prevención del problema son bastante limitadas, debido a la elevada violencia y corrupción policiales^[10]. Al tomar en consideración el número de casos contabilizados por las autoridades como de resistencia a la autoridad, en los que se incluyen la mayoría de casos de violencia policial, los homicidios se incrementan en 20%. Adicionalmente, la denegación de justicia es patente en el alto número de casos incluidos en “averiguación de muerte” debido a que los mismos se cierran policialmente con “autor” desconocido o clasificados como hechos de “causalidad” desconocida, con lo cual se concluyen casi definitivamente las investigaciones, lo que contribuye a una impunidad sostenida que genera nuevos delitos y nuevas violencias. 

Cuadro 4 Homicidios, resistencia a la autoridad y  averiguación de muerte a nivel nacional 1990-2007

Fuente: Centro para la Paz UCV.

El período crítico de aumento de la criminalidad en Venezuela ocurre desde finales de la década de los 80, y desde entonces se encuentra fundamentalmente en ciudades de alta concentración urbana y alta concentración de renta y diferenciada en una criminalidad de tipo social (no delincuencial, difusa, sin fines lucrativos, presente en la mayoría de los delitos contra las personas) y una criminalidad instrumental (con fines lucrativos, económicamente motivados, presente en la mayoría de los delitos contra la propiedad). La intervención estatal para controlar los altos índices delictivos se ha centrado casi exclusivamente en el aumento del número de los cuerpos policiales en el país, los cuales casi se ha triplicado en los últimos veinticinco años.

En Venezuela ha habido un cambio sustancial en el patrón de la criminalidad urbana, el cual se expresa en el crecimiento acelerado de los delitos violentos, en una mayor influencia del delito organizado y en el recrudecimiento de la conflictividad civil, patente en la intensificación de la resolución fatal de conflictos interpersonales, especialmente en las zonas periféricas de las grandes ciudades. El cambio del patrón de criminalidad y el aumento cualitativo y cuantitativo de la actividad delictiva, cuyo rasgo más preocupante estriba precisamente en la violencia con que los delitos se llevan a cabo, han influido de manera determinante en el aumento de la sensibilidad social frente al riesgo y al peligro y en la creciente sensación de inseguridad.

Este crecimiento exponencial de la criminalidad ha tenido y tiene varias consecuencias: (i) la más evidente y grave es el colapso parcial del Estado en la pacificación de las relaciones sociales y en el ejercicio y control del monopolio de la violencia; (ii) la erosión de la confianza ciudadana hacia las instituciones responsables de promover y mantener convivencia social; (iii) el aumento en la crisis del sistema de justicia penal, lo que afecta a su vez el funcionamiento de las agencias del orden, las cuales se sobrecargan de trabajo e instruyen deficientemente los expedientes delictivos, causando la falta de probidad del sistema; (iv) la vigencia del estado de derecho no es regular en el territorio nacional y los derechos no son aplicados en forma universal, especialmente entre las mayorías pobres; (v) exclusión de importantes masas sociales de la estructura del Estado; (vi) asuntos de seguridad pública tratados como de seguridad de Estado y (vii) altos costos económicos, entre otras.

Por último resulta de interés correlacionar las tasas de los principales delitos (homicidios, lesiones personales y robos) con los índices sociales fundamentales, como el de pobreza y el índice de Gini que mide la desigualdad. El caso venezolano muestra la compleja relación entre violencia y pobreza, ya que a partir de la expansión económica del país en 2004 que impacta las cifras de pobreza y desigualdad, se observa que el curso de los delitos parece no obedecer el descenso de dichas cifras, y que responden a otras variables intervinientes, más allá de la situación social. 

 

Principales políticas en la década de la revolución bolivariana

Quizá uno de los problemas más graves asociados a los altos índices de criminalidad violenta presentes en el país es el de la inexistencia de una política integral de seguridad ciudadana, patente entre su explosión en 1983 y hasta 1998 y desde 1998 hasta la fecha. Como se ha demostrado en numerosas investigaciones, la criminalidad y la violencia son fenómenos sociales multicausales. Tanto la búsqueda de una sola causa como el desconocimiento de sus causas reales conducen a la formulación de soluciones simplistas y por lo tanto inefectivas. Por ello, se requieren diferentes mecanismos de control y de prevención. En el caso venezolano los procesos de toma de decisiones en el área de seguridad ciudadana se han caracterizado, también en los últimos diez años, por ser improvisados, reactivos, atomizados, restrictivos a la participación ciudadana y escasamente evaluados.

Venezuela es uno de los pocos países de la región que tienen consagrado constitucionalmente el derecho a la seguridad ciudadana, garantía que fue incluida en la Constitución del 99. Sin embargo, este gran avance en materia de derechos humanos no se ha traducido, muy lamentablemente, en políticas democráticas de seguridad y convivencia ciudadanas. Alrededor de la seguridad ciudadana, consagrada constitucionalmente como un derecho de los venezolanos, se observan varios aspectos relativos al tema en la Constitución. El primero se refiere al concepto de orden público como límite del libre ejercicio del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, reflejado en el artículo 20. El segundo (artículo 55) introduce el concepto de seguridad ciudadana con delimitación restrictiva, ya que hace referencia a situaciones que constituyan “amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes” con lo cual no se garantiza el ejercicio de los derechos sino en determinadas circunstancias. Igualmente este artículo hace referencia a los órganos de la seguridad ciudadana y abre la posibilidad de la participación comunitaria en tareas de seguridad reguladas por la ley. Asimismo, contempla una futura normatividad en el uso de armas o sustancias tóxicas. El tercero se refiere a las competencias concurrentes en la organización y funcionamiento del servicio de policía (art. 55).

Es así que en la actual Constitución (1999) permanece la noción de orden público como predominante, lo cual muestra evidentes contradicciones con la progresividad consagrada mediante el mismo instrumento en materia de derechos humanos, el debido proceso y demás derechos civiles.

Entre las causas de la impunidad, que impacta en ambas dimensiones de la seguridad ciudadana, se encuentra la inadecuación del marco legal vigente con el nuevo contexto social y político-institucional del país, así como la falta de desarrollos legislativos cónsonos con el nuevo marco constitucional. Esto se debe a que parece esbozarse en algunas de las leyes propuestas, el retorno a la confusión entre seguridad pública y seguridad interna o seguridad nacional. En relación con el área de la seguridad ciudadana, existen multiplicidad de normas, ordenanzas y leyes, con vigencia en los tres niveles de gobierno, muchas de las cuales son contradictorias entre sí. Desde 1999 se han propuesto y/o aprobado los siguientes proyectos de ley, tanto en el marco de la Ley Habilitante como en la Asamblea Nacional: Ley Marco de Seguridad Ciudadana, Ley Antisecuestro y Extorsión, tres reformas del Código Orgánico Procesal Penal, Ley de la Coordinación de Seguridad Ciudadana, Ley para la Organización, Competencia y Funcionamiento de los Órganos de Investigación Penal, Ley Orgánica del Poder Ciudadano, Reforma de la Ley Orgánica sobre Estupefacientes, Ley sobre Armas y Explosivos, aumento de penas de secuestro y porte de armas, Ley de Emergencia Penal, Ley contra la Delincuencia Organizada y los Delitos Informáticos y la Ley de Policía Nacional.

Este conjunto de leyes muestra incongruencias con los derechos civiles consagrados constitucionalmente. Esto se debe a que norman técnicas de intervención en la esfera de libertad de los particulares, concibiéndose la seguridad y orden público en un sentido muy amplio y vinculado a la seguridad del Estado. El articulado la seguridad ciudadana no incluye la garantía que debe brindar el Estado para el libre ejercicio de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. En el caso de la Ley de Policía Nacional (2008), se da el caso de que en su formulación final, prácticamente no se tomaron en cuenta las recomendaciones de la Conarepol (2006), Comisión de Reforma Policial creada en el Ministerio del Interior y Justicia para desarrollar un proceso inédito de reforma policial en el país, la cual contó con la participación, mediante consulta publica, de mas de 70.000 personas.

En materia de formulación y ejecución de las políticas públicas nacionales pertinentes, el órgano responsable es el Ministerio del Interior y Justicia. Este despacho se ha caracterizado por tener una altísima rotación de ministros (once en una década), lo que obviamente afecta las capacidades de formulación de políticas, su continuidad, entre otros.

A la elevada rotación de autoridades, se une la proliferación infinita de operativos, planes, programas, acciones y operaciones, intervenciones de carácter específico, generalmente dirigidos a atender una coyuntura en términos de tiempo o demandas muy puntuales respecto a la seguridad. Por ello, tienden a ser propuestas altamente reactivas, concentrando parte importante de sus esfuerzos y recursos en impactar decididamente (en algunas oportunidades exclusivamente) a nivel de la dimensión subjetiva de la seguridad ciudadana, pero con un escaso, por no decir nulo, diseño de actividades dirigidas a impactar en factores de incidencia y causas de la situación delineada como problemática.

En un levantamiento de información realizado ad hoc, se contabilizaron, entre 2003 y 2007, 272 intervenciones, concentrándose la mayoría de éstas entre 2005 y 2006. Cabe destacar que a partir de 2005 se agrega al abanico de modalidades de intervención la categoría de “talleres, cursos y seminarios” impartidos principal pero no exclusivamente a funcionarios policiales respecto a formas de actuación, negociación y derechos humanos.

La mayoría de estas intervenciones son de corto plazo, responden a las percepciones e inquietudes de la población sin mayor incidencia en las necesidades y nudos neurálgicos de la causalidad estructural. Además están escasamente articuladas entre sí, no forman parte de un programa o plan estratégico, que se articule además con los diferentes gobiernos locales, los cuales, por su parte despliegan otro número exorbitante de intervenciones sin ningún impacto en la situación de criminalidad.

 

1.- La primera se relaciona con el hecho de que prosperan y se mezclan indistintamente dos visiones ideologicas sobre el tema, en el país y entre las autoridades, ya que en el análisis de la criminalidad dos “teorías” contrastan en la identificación de sus causas: a) los factores de naturaleza económica, pobreza, desigualdad social, falta de perspectiva y de inserción de los jóvenes y marginalización social como los determinantes; y b) las que apuntan al delincuente y a los actos delictivos como violadores del consenso moral y normativo de la sociedad y muestran un bajo grado de integración moral y normativo de la sociedad y muestran un bajo grado de integración moral que torna imperioso el control y el castigo para combatir las anomias. Es ésta una de las razones del fracaso y de la inexistencia de políticas en el área de seguridad en Venezuela, ya que las adelantadas hasta ahora provienen de comprensiones equivocadas del problema que van, en un movimiento pendular, entre las de reforma social y las de disuasión a la comisión de delitos. Según la primera, existe la necesidad de reformas sociales en profundidad y permanentes, generando empleo, combatiendo el hambre, incluyendo el acceso a la educación básica y media de calidad. En la segunda se enfatiza la disciplina y la norma, exigiéndose mayor actuación policial y de las instancias de control social, así como legislaciones y normas más duras y actuaciones policiales ostensivas. Aunque estas estrategias no son excluyentes sino complementarias, en Venezuela, pese a que el gobierno está fuertemente identificado con la primera, al menos en el plano discursivo, ha prosperado con creces en los últimos años la segunda visión en contra de la primera, en la que se busca un refuerzo autoritario del orden y se ha seguido el modelo tradicional de seguridad pública centrada en el control represivo penal del delito, lo cual, según indican las cifras, no ha dado ningún resultado. Los programas que privilegian el papel de la policía en el combate a la criminalidad, así como el aumento de los efectivos policiales y del presupuesto de equipos y armamentos, parte de una comprensión más que convencional del problema, ya que la teoría criminológica moderna ha venido demostrando que la mayor efectividad en el control del delito se alcanza cuando se guarda una relación estricta entre las acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable con aquellas de reducción de la criminalidad más grave. Por su parte, la perspectiva ideológica subyacente a la primera perspectiva invisibiliza las causas reales del problema, genera altos grados de complacencia por los resultados sociales con poca vinculación con las cifras de delincuencia, polariza en clave de negación con las denuncias y con la percepción de inseguridad, y paraliza la posibilidad de desarrollo de políticas públicas democráticas que atiendan a las mayorías pobres, crecientemente afectadas por la violencia.

2.- La segunda limitación se relaciona también con los discursos encontrados de las autoridades y grupos de opinión, en los que prima una gran polarización acerca del respeto a los derechos humanos y las formas de control de la criminalidad y la violencia. Para los activistas y defensores de una seguridad ciudadana democrática y basada en los principios constitucionales, es claro que ninguna política efectiva de control de la criminalidad puede desarrollarse sin el total respeto a los derechos humanos. Para otros sectores, estas políticas han propiciado el incremento de los delitos y la protección de delincuentes. La ruptura del consenso social acerca de cuáles deben ser las prioridades de una política de seguridad pública, es uno de los mayores inconvenientes para su implementación en forma exitosa. Se expande la opción por el crecimiento de las funciones de control social represivo de la policía, apelando sistemáticamente al uso de la violencia ilegal e ilegítima, configurando el llamado “estado de control social penal”. El problema de la seguridad ciudadana se ha abordado, principalmente, desde una perspectiva en la cual se concibe a la policía como la única protagonista de las políticas, sin mirar el problema desde una forma preventiva, ni en sus causalidades y síntomas.

3.- La tercera limitación se relaciona estrechamente con la anterior, en la medida en que no se está desarrollando ninguna de las estrategias novedosas de control democrático de la criminalidad violenta, como son la implementación combinada de políticas de prevención social con las de prevención situacional, ni se desarrollan intervenciones contundentes para el control y minimización de los factores criminógenos o de riesgo, como las armas, el abuso de sustancias psicotrópicas o estupefacientes y los problemas asociados a la exclusión y marginalización. En el caso de la prevención, la garantía de que sea sustentable deriva de un acercamiento multisectorial al problema. Existen diferentes estrategias de prevención, según se conciban desde un enfoque judicial-policial o desde un enfoque social-comunitario. En el caso del primero, se encuentra, entre otros, el llamado diseño ambiental, que consiste en limitar al máximo las oportunidades y maximizar las restricciones para la comisión de delitos y desarrollo de conductas violentas, unido al incremento de facilidades de detección e identificación de los transgresores. En el caso del segundo, se trata del desarrollo de programas de inclusión social de los grupos sociales en mayor riesgo de violencia, mediante intervenciones educativas, sociales, económicas y culturales en las comunidades más vulnerables.

4.- Otras de las limitaciones observadas en Venezuela para la formulación de políticas integrales y democráticas de seguridad ciudadana son la existencia de objetivos que compiten entre sí (discursos macro de confrontación frente a un enemigo externo vs necesidades de pacificación en el nivel local, promoción del maximalismo político vs promoción de la convivencia y el pluralismo en las comunidades), la creciente alarma social ante el problema de la criminalidad que presiona a las autoridades a la búsqueda de soluciones “efectistas”; la ausencia de insumos confiables para la toma de decisiones (falta de registros y sistemas confiables, problemas de acceso y manejo de información relevante), ausencia de instancias y procesos institucionales requeridos para el diseño, formulación y evaluación de las políticas públicas en la materia; procesos continuos de reconstrucción de instituciones primordiales en el área de seguridad ciudadana, debido a reformas en curso o transformaciones sustanciales (tribunales, Asamblea Nacional, Fiscalía General) y caotización fiscal para invertir apropiadamente en prevención social y ambiental y de manera proporcional en el territorio nacional. Otra de las grandes ausencias en el país es la de los Consejos Regionales, Locales o Comunitarios de Seguridad Ciudadana, organización novedosa que reúne en un solo ámbito de decisión tanto a las autoridades policiales como las civiles y la representación ciudadana, a los fines de que las planificación de las políticas de seguridad ciudadana se realicen en un ambiente plural en el que priven las necesidades ciudadanas por sobre las policiales. Muchas de estas funciones podrían desarrollarse desde los Consejos Comunales

Algunos comentarios acerca de la persistencia de la crisis de seguridad ciudadana en Venezuela

Al observar los resultados en términos de víctimas de algunos de los conflictos violentos que tienen lugar actualmente en el mundo y las correspondientes a los homicidios registrados en el país en las dos últimas décadas, es posible afirmar que para una sociedad que no está en guerra, ni tiene ningún grupo armado luchando por su independencia o su inserción política, la media anual de muertos es más alta que la media anual de muertos en algunos de esos conflictos violentos.

La magnitud que han alcanzado los homicidios en Venezuela es tan elevada que es difícil asumir que se trata sólo de la expresión de conflictos privados y que el Estado no tiene ninguna responsabilidad sobre ellos. La ausencia en todos estos años de una política nacional e integral de seguridad ciudadana destinada a pacificar las relaciones sociales configura a todas luces una violación a los derechos humanos aunque el Estado no sea el autor directo de todas las muertes. La caracterización de estos homicidios como violaciones a los derechos humanos, queda aún más clara cuando se observa el perfil de las víctimas y el contexto en el que ocurren muchos de ellos. Un análisis de las características de los involucrados en estas muertes indica que las víctimas de homicidio no están distribuidas en forma aleatoria en toda la sociedad, sino que en su mayoría son, como se ha dicho, jóvenes pobres de la periferia de las grandes ciudades, pertenecientes a las masas sociales excluidas de los servicios del Estado. Los gravísimos problemas de seguridad y de violencia, deterioran aún más la calidad de vida de la población marginada. Estas muertes inciden especialmente sobre los sectores más vulnerables, creando una serie de problemas colaterales que agravan su situación social, ya de por sí crítica. A pesar de los avances simbólicos en el campo de los derechos humanos durante este gobierno en los últimos años, lamentablemente no ha habido un empeño consistente con el máximo de los recursos disponibles, para garantizar los derechos a la vida y a la seguridad de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos que viven en los sectores más vulnerables a la violencia, ni se observa que se estén tomando las medidas correctas en la dirección de mejorar los niveles de seguridad de la población en el marco de los principios constitucionales de defensa de los derechos humanos.

El disfrute de los derechos humanos está indisolublemente relacionado con la forma mediante la cual las sociedades democráticas son capaces de enfrentar el problema de la violencia o de las violencias que puedan manifestarse en su seno. La violencia afecta profundamente el disfrute de los derechos humanos de varias maneras. La ejercida por particulares, bajo formas de violencias privadas o actividades delictivas, obstaculiza también el disfrute de los derechos humanos. Los altos niveles de criminalidad y de violencia afectan los derechos y la dignidad de las personas, la vida en comunidad, el desarrollo económico y las posibilidades de la profundización de la democracia. Para controlarlos y reducirlos, es necesario proyectar estrategias comprehensivas que tomen en cuenta todos los factores que inciden en ellos. Es ésta una responsabilidad indelegable e intransferible del Estado. Para el logro de indicadores más elevados en materia de seguridad ciudadana, existen una serie de déficit y limitaciones cuya responsabilidad compete al Estado venezolano. Dichos déficit, que constituyen severas restricciones para el disfrute del derecho a la seguridad ciudadana, los mencionaremos de seguidas.

El derecho a la seguridad ciudadana en un Estado democrático y de Derecho consiste en el conjunto de garantías que debe brindar el Estado a los ciudadanos para el libre ejercicio de todos sus derechos. El derecho a la seguridad es por ello fundamental para todos, por lo que el objetivo último de las políticas de seguridad desarrolladas por el Estado para el logro de su garantía no es el de la protección de una parte de la sociedad a costa de la marginación y criminalización de otras, sino el de la inclusión de la totalidad o de la gran mayoría de los ciudadanos en la construcción de pautas de convivencia democrática compartidas, en las que deben primar políticas de prevención, reparación y sanción con propósitos reinsertadores por encima de las de represión y violencia sobre los no privilegiados.

Por el número de víctimas fatales y por los heridos y el sufrimiento que acarrea (se calcula que por cada víctima fatal de la violencia hay quince heridos graves), en Venezuela podría estarse librando un “conflicto de baja intensidad”, cuyas principales víctimas son los jóvenes pobres y negros, lo que configura ya no sólo una especie de genocidio, sino una epidemia en ese sector social que constituye un claro patrón que reclama la decidida intervención del Estado en su precautelación. Este tipo de conflicto, que perfectamente podría alimentar y/o ser subsidiario del conflicto político y social de más larga data, aparece en contextos de erosión de la autonomía y legitimidad del Estado y, en ciertos casos extremos, hasta de la desintegración del Estado. En el caso venezolano, la violencia constituye la manifestación extrema de los conflictos que atraviesan a la sociedad venezolana, que ya por sus consecuencias amenazan en forma creciente la vida, libertad, la integridad física, psíquica y cultural de los habitantes, lo que interpela la gobernabilidad democrática y la capacidad estatal de contención de todas las manifestaciones violentas. El grave problema de la violencia es parte de una constelación más amplia de prácticas, circunstancias históricas, condiciones institucionales y relaciones sociales violentas. La superposición con otras problemáticas es tan relevante que se torna imperioso tratarlas en su conjunto, ya que todas son pertinentes en el ámbito de influencia de la violencia.

El ámbito de la seguridad ciudadana tiene que ver con todo lo que la amenaza al igual que con todo lo que la protege, así que se relaciona íntimamente con la violencia de todo tipo, los riesgos, la accidentalidad vial, la criminalidad nacional e internacional, así como con todas aquellas instituciones estatales y de la sociedad civil vinculadas con su promoción y protección, aunque sin duda la mayor amenaza que se cierne sobre la seguridad ciudadana es la de la violencia en todas sus manifestaciones. El carácter difuso de la inseguridad, debido a tan amplio contexto de relación y el cúmulo de fracasos alcanzado por las políticas de “seguridad” tradicionales, hace que la sociedad entera se encuentre hoy aún más vulnerable que en el inicio de esta epidemia, debido a que las políticas de represión y “guerra” a la delincuencia han profundizado el cuadro de impunidad, irracionalidad, ineficiencia y hasta barbarie de la mayoría de las instituciones relacionadas con el deber de proporcionar seguridad a todos los ciudadanos, tanto elites como no elites.

El derecho a la seguridad ciudadana es un derecho humano básico al que hoy son especialmente sensibles todos los ciudadanos en todas las sociedades, no solamente los sectores medios (los altos están más protegidos por el Estado, además de la autoprotección que ellos mismos están en capacidad de brindarse), sino también y muy especialmente por ser las principales víctimas de la violencia, los pobres, quienes habitan espacios altamente desprotegidos y relegados por el poder público donde la ausencia del Estado es patente. Tal y como se está manifestando este fenómeno en determinadas áreas del país, las más pobres y vulnerables, el problema de la violencia pasa al plano político sin desvincularse de sus profundas vinculaciones sociales. Lo que sucede en estos ámbitos urbanos profundamente destituidos de los más elementales derechos y acceso a bienes públicos ha sido denominado por algunos autores como un ultraje a la democracia^[11], pues el doble despotismo que ejerce la violencia y el abandono sobre estas comunidades afecta la esfera del Estado de Derecho, ya que están suprimidas de hecho las libertades para transitar libremente, de expresarse, así como las de participación y organización. Un importante número de comunidades pobres de Venezuela vive hoy bajo un régimen de pánico e impotencia, impuesto por los códigos de la violencia social y por los que paradójicamente despliega la policía, mientras la sociedad en su conjunto ocupada en otros asuntos, con su indiferencia, parece tolerar esta convivencia con el drama cotidiano de la violencia, naturalizándolo e invisibilizándolo, básicamente porque afecta a los no privilegiados, que tienen poca voz e influencia en los mecanismos de formación de opinión pública y de incidencia de políticas públicas. Todo este proceso –marcado por la fragmentación, inexistencia de gestión, sobreposición de acciones y falta de una orientación común en el perfil de las políticas públicas– termina por comprometer la agilidad del proceso democrático.

Por eso, un Estado comprometido con la justicia y el ejercicio de la ética en la política, decidido a profundizar la democracia, incorporando mediante varias políticas a los venezolanos más pobres y excluidos a la ciudadanía plena, extendiendo a todos sin distinción de ninguna especie las garantías para el ejercicio de los derechos civiles y los beneficios del Estado de Derecho Democrático, tendrá que dedicar una importante proporción de sus esfuerzos al combate de la violencia en todas sus formas. Del hambre a la tortura, del desempleo a la corrupción, de la desigualdad y la injusticia a la criminalidad. Más democracia implica menos patrimonialismo, más inclusión, mayor tasa de integración social, menos desigualdad, menos delitos e impunidad, menos corrupción pública y amplia participación. La desigualdad en el acceso a la justicia estimula el escepticismo popular y la no identificación con la institucionalidad democrática, sustrayéndole legitimidad al Estado y afectando notablemente la cohesion en democracia. La lucha por la democracia plena, para que lo sea en verdad, debe asociarse a la lucha por la justicia, ya que la conquista de ambas implica más control sobre la violencia, el delito, la impunidad y la inseguridad, que juntos retratan la desigualdad en el acceso a la justicia. Los discursos ideologicos, la intensa retórica y la banalización de la violencia y criminalidad como ocurrencia de los “medios” o el “imperialismo”, no solo constituyen un muro que favorece la denegación de justicia a los más vulnerables a la injusticia, sino que constituyen también un severo retroceso democrático y un severo mentis a los pretendidos avances en la democratización social del país.

A manera de conclusión

Es claro que el principal desafío que tiene por delante la sociedad venezolana, ampliamente movilizada en la búsqueda de la consolidación de sus derechos, es la construcción social de nuevas prácticas de seguridad ciudadana, a través de la expansión de la ciudadanía, garantizando un funcionamiento de las agencias de control bajo criterios homogéneos y universalistas, para así ir eliminando el patrón antidemocrático de interrelación Estado-sociedad. La mejor prevención de las violaciones a los derechos humanos en una sociedad democrática se sustenta, entre otros, en un adecuado diseño de una política de seguridad ciudadana, formulada desde la perspectiva del derecho al desarrollo.

Por ello, el Estado debe reformular su política pública de seguridad mediante la inclusión de la ciudadanía, no sólo por la magnitud que el fenómeno ha alcanzado en Venezuela, sino porque la complejidad y agudización del problema exigen involucramiento de la comunidad para su resolución. Está claro que las respuestas represivas son sólo débiles intervenciones frente a la dimensión del fenómeno. Es imprescindible desplegar políticas preventivas desde las cuales se generen nuevos ámbitos de vinculación entre la sociedad civil y el Estado. Es obligación indelegable del Estado procurar la seguridad de todos sus habitantes y para lograrla debe estar en condición de efectuar precisos diagnósticos así como también planes y programas ajustados a las nuevas realidades, factibles de ser evaluados externamente de modo sistemático y que admitan un fuerte componente en la prevención del delito y la violencia. Más que en ninguna otra política pública, la problemática de la inseguridad y la violencia social requieren de una fuerte participación comunitaria para un abordaje positivo. Por otro lado la sociedad civil debe encontrar un espacio de protagonismo que le garantice una efectiva participación en la distribución de poder.

En un Estado democrático social de derecho, las políticas de seguridad ciudadana deben ser un conjunto de medidas destinadas a proteger las relaciones sociales que hacen posible el ejercicio de los derechos fundamentales, estimulando las sensibilidades democráticas de la población para que la sociedad prefiera la justicia a la ley de los exterminadores. La construcción de consensos sobre los factores vinculados a la seguridad y el despliegue de mecanismos democráticos de control son uno de los puntos clave para cambiar de la razón de Estado a la razón de la persona.

El área de prevención debe ser especialmente atendida, no sólo porque apunta directamente a la racionalización de los recursos toda vez que la literatura muestra claramente que es menos costosa la actividad de previsión que la de control del delito; sino también (y principalmente) porque es donde se abre espacio para la participación ciudadana sin que ello suponga la delegación de las funciones y responsabilidades propias del Estado.

Algunos aspectos importantes a considerar por programas de prevención social de violencia son:

1.      Programas específicos e inclusivos para los jóvenes en situación de riesgo.

2.      Programas de combate a la pobreza y de urbanización de áreas de pobreza permanentes y con sistemas de monitoreo de los resultados.

3.      Consolidación de sistemas de información georreferenciados sobre pobreza y estudios sectoriales sobre la criminalidad que sean propositivos.

4.      Mayor coordinación y articulación entre los componentes de la justicia.

5.      Profundizar en la sociedad civil la discusión sobre el modelo de policía orientado comunitariamente, establecer canales de representación entre las instituciones democráticas y el sistema de seguridad pública.

6.      Consejos regionales y locales de seguridad ciudadana con participación ciudadana.

7.      Tratar los problemas de seguridad localmente, mediante la creación de los Consejos Comunitarios, Locales y Regionales de Seguridad Ciudadana, con la participación paritaria de autoridades civiles y policiales y las comunidades.

8.      Establecer mecanismos de evaluación de la implementación de políticas públicas de seguridad.

9.      Llevar adelante una efectiva reforma policial.

10.  Discutir cuestiones relativas a las organizaciones policiales, como tema crucial. No sólo las policías deben coordinarse e integrarse, sino que debe contarse con un diagnóstico específico de la realidad de cada región venezolana.

11.  Política de transparencia en la información sobre seguridad ciudadana: una de las razones por las cuales es difícil la aplicación y formulación de políticas públicas de seguridad es la escasez de datos y su baja calidad.

12.  Control de armas de fuego y del consumo excesivo de alcohol.

En el terreno político-institucional, es imperativo que el desarrollo del nuevo marco jurídico mantenga concordancia con las exigencias de cambio de la sociedad venezolana y atienda los principios constitucionales que apuntan a la realización del principio de igualdad ciudadana, para evitar la desilusión democrática. Asimismo, es prioritaria la construcción de una institucionalidad previsible, que garantice la universalización de las normas y derechos y la independencia, eficiencia, eficacia y responsabilidad institucional necesarias para ampliar los derechos de ciudadanía de la población. Ello permitirá reducir la brecha histórica entre la Venezuela legal y la real, entre el mundo de la ley y la realidad social y hacer coincidir la gestión pública con el sentimiento popular que repudia la impunidad.

 En este sentido, se propone que el discurso construido alrededor de los derechos humanos no sea sólo una retórica legitimadora del sistema político externa al funcionamiento efectivo del sistema jurídico, sino que se haga efectivo como un conjunto de principios que limitan y regulan el poder coercitivo del Estado dentro del ordenamiento legal.

 Por ello, el Estado venezolano tiene el deber de construir una política de seguridad ciudadana democrática, cónsona con las aspiraciones de la sociedad venezolana. Algunos lineamientos básicos de la misma deben prever para su implementación plazos lo suficientemente largos, por lo que precisa ser considerada, adicionalmente, como política de Estado más que de gobierno, dirigiendo los acuerdos nacionales en ese sentido. Sólo de esta forma podrán ser sostenibles los avances logrados en la democratización social, los cuales están cada vez más en riesgo por el avance indetenible de la violencia.

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Notas

[1] O´Donnell, Guillermo, 1999

[2] En este sentido, Rangel señaló: “En el fondo, el problema consiste en que no queremos darnos cuenta de la gravedad de la situación. Otros temas atraen nuestra atención, mientras la inseguridad se agrava por la creciente presencia de los narco-paras que a diario atraviesan la frontera. La inseguridad, como sabemos –lo dicen las encuestas–, es la preocupación fundamental del venezolano. Pero carece de respuesta institucional hasta el presente, porque no se profundiza en la complejidad del problema”. José Vicente Rangel: “La invasión silenciosa”, Últimas Noticias, 29.09.07, p. 24.

[3] La tasa de homicidios de Venezuela en 2007 fue de 48 homicidios por 100.000 habitantes, superior a la de Brasil, que para 2005 alcanzo los 24 hpcmh. Otros países como Colombia registran tasas de 38 hpcmh y Perú 10 hpcmh. OPS, 2005, Provea, Informes Anuales.

[4] Entre 2005 y 2007, Santiago de Chile, Lima y Buenos Aires mantienen tasas de homicidios en un dígito con cifras de 2,2, 2,4 y 9,9 hpcmh respectivamente, Bogotá asciende hasta los 23 hpcmh, Río de Janeiro llega a los 62,9, Medellín a los 94 homicidios por cada 100.000 habitantes y en Cali la tasa llega a 100. La ciudad de Caracas registra la cifra más elevada del grupo con una tasa de 130 fallecimientos en estas condiciones por cada 100.000 habitantes. BID 2007, Provea, Informe Anual, 2006-2007. para reconocer el fenómeno en Venezuela y Caracas se puede observar el gráfico 1 de la variable homicidios serie 1986-2007.

[5] La tasa de homicidios a nivel nacional en 1989 fue de 9 por 100.000 habitantes,  mientras que la tasa de Caracas ascendía a 19. En 2007 la tasa nacional fue 48 por cien mil habitantes y la tasa de la ciudad capital de 130 hpcmh. Cicpc, Provea Informes Anuales, Centro para la Paz, Universidad Central de Venezuela.

[6] Entre enero y septiembre de 2008 se han registrado a nivel nacional 9.273 homicidios, 4% más que para el mismo período del año anterior. Cicpc, El Universal, 19.10.08.

[7] Los homicidios se encuentran distribuidos según sectores sociales en Caracas. En Chacao, zona de clase media y alta, tuvo en 2007 una tasa de 21 hpcmh, magnitud que se multiplica hasta por seis en las parroquias más pobres: Coche (101), 23 de Enero (113); San Juan (90), Petare (84) y El Valle (75). Cicpc, cálculos Centro para la Paz, UCV.

[8] Según la encuestadora Dataanálisis (Informe Septiembre 2008) la población venezolana ahora percibe como su principal problema la inseguridad, 44%, cuando hace cuatro años sólo 19% de la población pensaba así. Le siguen problemas como el desempleo y el alto costo de la vida. IVAD por su parte señala que 69,5% de los consultados en su última medición (septiembre de 2008) identificarón a la inseguridad como el principal problema que afecta a Venezuela, seguida del desabastecimiento (38,8%), el desempleo (28,3%) y la inestabilidad política (23%). Datanálisis, Quinto Día, Semanario Venezuela, 02.05.08.

[9] en grupos de dos o tres, trabajando, aumentando las tasas de homicidios" y cometiendo "crímenes horrendos para crear inseguridad e inestabilidad, matando venezolanos o extranjeros" para que estas noticias "repercutan en el extranjero" (13.02.08 durante acto de entrega de la PM, El Nacional). Igualmente afirmó que: "…estoy convencido, desde hace mucho tiempo, de que (la presencia de paramilitares) forma parte de una estrategia de guerra de cuarta generación, que ya fue declarada, abierta y públicamente, al afirmarse que Venezuela es una amenaza para los intereses de Estados Unidos" (30.03.2008 en entrevista en Últimas Noticias). Chávez por su parte advirtió que se trata de: "Un plan muy peligroso que está siendo diseñado en Colombia por Estados Unidos, con apoyo de Colombia, para llenar a Venezuela de paramilitares" (10.02.08, Aló Presidente)

[10] La actual Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, indicó: “Pienso crear la policía del Ministerio Público para investigar a los policías que cometen delitos ¿Qué es lo que ocurre? Que un funcionario de cualquier policía comete un hecho punible, algunas veces investigan sus mismos compañeros de trabajo y entre los compañeros de trabajo generalmente hay como cierta camaradería. Te pongo como ejemplo el caso Kennedy: que los amigos policías quieren de alguna manera favorecer o ayudar al amigo. Entonces, en esos casos es necesario tener una policía que sea distinta a los policías que están siendo investigados”. 08.01.08, Últimas Noticias. De igual manera, el ex Fiscal, Isaías Rodríguez, declaró en 2005 ante la Asamblea Nacional con motivo de la entrega del informe anual de gestión que: “… las denuncias sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales formuladas por distintas ONG son bastante inferiores a las reales y a las que hemos responsablemente investigado (…) Esas cifras asustan. Abarcan escasamente cinco años. Del año 2000 al 2005. Se refieren a un solo rubro, al presunto delito de homicidio por enfrentamientos policiales (…) Hasta el 2005, de acuerdo a investigaciones que, como hemos dicho, superan las denuncias de las organizaciones no gubernamentales por violación a derechos humanos, las víctimas suman 6.377 personas, con un total de 6.110 funcionarios policiales involucrados en estos posibles delitos. Al desagregar estas cifras, encontramos datos que alarman: 3.346 son presuntos homicidios de las policías estadales; 1.198 del Cicpc; 706 de las policías municipales; 140 de la Guardia Nacional y 72 de la DISIP.  En total, son 5.684 casos investigados hasta ahora por el Ministerio Público, de los cuales hay, para este momento, sin contar los de éste y el pasado mes, 1.560 funcionarios imputados, 760 acusados, 315 privados de libertad y 113 efectivos policiales condenados”.

[11] Luiz Edoardo Soares (2003): Projecto Seguranza Pública para Brasil, Instituto da Cidadanía, Brasil (mimeo).