Voces de la desesperanza: La desestructuración

 alimentaria en México (1994-2004)

Blanca Rubio Vega¹  

Instituto de Investigaciones Sociales. UNAM, México. E-mail: blancaa@servidor.unam.mx

“Desde entonces la tierra se quedó baldía y como en ruinas. Daba pena verla llenándose de achaques con tanta plaga que la invadió en cuanto la dejaron sola. De allá para acá se consumió la gente; se desbandaron los hombres en busca de otros “bebederos”. Recuerdo días en que Comala se llenó de “adioses”…(Juan Rulfo: Pedro Páramo).

Resumen

En este artículo se intenta demostrar que el Tratado Trilateral de Libre Comercio que firmó México con Estados Unidos y Canadá en 1994, ha traído consigo un proceso de desestructuración de la capacidad productiva de bienes básicos como los cereales así como de la capacidad de la agricultura para generar un ingreso que permita reproducir las unidades productivas agrícolas. Tal situación ha generado un proceso de “despoblamiento” rural debido a la fuerte migración hacia los Estados Unidos, con lo cual el mundo rural se está convirtiendo en un campo fantasma.

Palabras clave: Desestructuración, descampesinización, estructura productiva, migración, resistencia.

Voices of Despair. The De-structuring of the Food Sector in Mexico (1994-2004)

Abstract

In this article an attempt is made to demonstrate that the tri-lateral NAFTA free commerce agreement signed between Mexico, the United States and Canada in 1994 has de-structured the productive capacity for basic goods such as cereals as well as the agriculture capacity to generate income which permits the reproduction of agricultural productive units. Because of this there has been greater migration towards the United States and greater rural abandonment, converting agricultural populations into ghost towns.

Key words: De-structuring, loss of agricultural workers, productive structure, migration, resistance.

Recibido: 30-06-05 . Aceptado: 21-01-06

Introducción²

Cuando se firmó el Acuerdo Trilateral de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, allá por el 94, el Gobierno aseguró que generaría inversiones para los exportadores y que a la larga se incrementaría el empleo y beneficiaría a la población rural. Hoy sabemos que no ha sido así. De aquella fecha para acá, el campo ya no es el mismo: el TLCAN ha malherido el corazón del agro mexicano, alojado en los granos básicos, el sustento de la alimentación popular.

El campo ya no da para comer. Cuando la cosecha es buena, los precios no permiten recobrar lo que se invirtió y cuando los precios llegan a subir, ya no hay dinero para sostener la producción. Así como Pedro Páramo convirtió a Comala en un paraje desolado, la apertura comercial está despoblando al campo mexicano. Antes eran los caciques, ahora las grandes firmas transnacionales.

Primero azotó al campo una fuerte crisis rural. Eran los años ochenta y ninguna actividad agropecuaria alcanzaba rentabilidad. En esos mismos años llovió sobre mojado con la política neoliberal que tornó ilegal la lucha por la tierra, privatizó las Instituciones Estatales y redujo el presupuesto rural. Pero nada de lo anterior fue como la apertura comercial indiscriminada.

Los bienes agropecuarios perdieron su valor. Se depreciaron como si no llevaran encerrado el trabajo de los hombres del campo, como si sobraran, como si no nutrieran igual. Entonces dejó de ser “negocio” producir alimentos.

Los que tenían buenas tierras o algún dinero cambiaron de cultivo, primero hacia las hortalizas y los frutales y luego hacia el maíz blanco. Pero muchos también salieron perdiendo y sólo quedaron unos cuantos productores con rentabilidad. Actualmente no rebasan los 300 mil.

Los demás empezaron a autoconsumir la producción y luego a abandonar las tierras. Primero los hombres se fueron “de mojados” a trabajar al otro lado de la frontera. Las mujeres, los ancianos y los niños poblaron los parajes desolados. Luego partieron las familias enteras. Empezaron a cerrar las escuelas y la población rural registró tasas negativas en varios estados. El campo se fue volviendo desierto.

De este campo fantasma trata el siguiente artículo. De porqué se ha ido devastando. Del impacto del Tratado de Libre Comercio. Del abandono de la tierra y de quienes se quedan como mudos testigos del desastre. De porqué el “libre mercado” puede transformar tantos mundos y tantas vidas. De quién sale ganando y de cómo se lucha todavía por recobrar, si no el ingreso agrícola, por lo menos el terruño, la querencia.

En el primer punto se aborda la desestructuración alimentaria que ha traído consigo la apertura comercial, así como sus causas y manifestaciones en el ámbito nacional y regional. En el segundo apartado se analiza la producción agropecuaria que tiene rentabilidad y su impacto sobre el campo mientras que al final se adelantan algunas conclusiones.

I. La desestructuración alimentaria

La apertura comercial, junto con el retiro del Estado de la gestión agropecuaria, han generado una de las situaciones más calamitosas por las que haya atravesado el campo mexicano. Sin embargo, no se trata de una más de las crisis que tantas veces han enfrentado los agricultores del país. No atañe sólo a un declive productivo transitorio o a un problema de transformación de la estructura de cultivos. La realidad que vive el medio rural mexicano es ahora de otra naturaleza.

Se trata de un proceso en el cual se ha empezado a desestructurar la capacidad productiva de bienes básicos del país, lo cual significa que tiene un carácter estructural, es decir, que es resultado de una forma de dominio y subordinación del capital que domina el campo.

Esto significa que se socava la capacidad para satisfacer de manera estructural las necesidades alimentarias del país. Esta fractura no remite a una cuestión de disparidad entre oferta y demanda. Se refiere específicamente a que se está resquebrajando la capacidad para reproducir las condiciones productivas alimentarias.

En muchas ocasiones declina la producción alimentaria de un pueblo por cuestiones de orden económico, climatológico o social. Sin embargo las condiciones productivas permanecen intactas, de modo que cuando se restablece la normalidad, se recupera de nuevo el nivel productivo.

Lo que está ocurriendo en nuestro país, en cambio, es que las condiciones productivas, aquellas que permiten reiniciar en cada ciclo el proceso productivo, se han empezado a fracturar.

Esto implica que se están cercenando las fuerzas productivas que fueron creadas y fortalecidas a lo largo de más de medio siglo de construcción del agro contemporáneo.

Este es un hecho de gran trascendencia ya que coloca al país en una situación de enorme vulnerabilidad, toda vez que puede generar una dependencia alimentaria de orden estructural, en el sentido de que el país se torne incapaz de regenerar las condiciones productivas alimentarias, lo cual resulta catastrófico en una situación eventual de emergencia en la cual no pueda obtener los alimentos complementarios en el exterior.

Un hecho de esta envergadura puede lastimar profundamente la soberanía política de México, en un entorno en el que predomina una encarnizada lucha por la hegemonía alimentaria entre las potencias mundiales.

Cuando hablamos de desestructuración alimentaria, nos referimos entonces a un proceso en el cual se están agotando las condiciones productivas que permiten al sector agropecuario abastecer, de manera estructural, de alimentos básicos a la población. Esto implica que, aún cuando se regeneren las condiciones económicas que permitan alcanzar rentabilidad a los productores, no se logra ya, en el corto y mediano plazo, regenerar las condiciones productivas para impulsar la producción alimentaria.

Son las bases productivas mismas las que están siendo minadas con lo cual se desmantela una capacidad alimentaria que ha sido conservada durante mucho tiempo.

Pero la desestructuración no atañe solamente a un problema productivo. Se refiere también a la incapacidad del sector para generar condiciones de sobrevivencia y de empleo a la población rural. Se están minando las bases para que los agricultores puedan vivir y reproducirse con su trabajo como cualquier otro ciudadano.

La agricultura (en sentido amplio) pierde así su capacidad para alimentar tanto a la población nacional como a quienes trabajan en ella.

¿Qué es lo que ha ocasionado que la llamada “crisis rural” se transforme en un proceso desestructurador que pone en riesgo la soberanía alimentaria del país?

En primer término, este proceso tiene que ver con una forma de subordinación y dominio impulsado por las grandes firmas transnacionales alimentarias. Dichas empresas dominan el mercado mundial apoyadas por los gobiernos de los países desarrollados, mediante dos mecanismos principales: el control de los precios internacionales de los alimentos y el impulso a ultranza de la apertura comercial en los países subdesarrollados.

A través de dichos procesos han logrado imponer en el ámbito internacional precios de los bienes agropecuarios por debajo del costo de producción, que se establecen entre los productores más desarrollados del planeta: los agricultores de Estados Unidos³.

Estos precios llamados “dumping”, que no reditúan los costos invertidos, se imponen en el ámbito mundial merced a la participación que tiene el gigante del norte en las exportaciones mundiales de alimentos. Este país participaba en el 2003 con casi la tercera parte de las exportaciones mundiales de cereales (29.08%), por lo que tiene la posibilidad de fijar los precios internacionales de dichos productos (FAO, 2005).

Se trata de precios artificialmente abaratados que no reditúan el valor invertido en los productos. El precio del trigo en Estados Unidos se encuentra un 40% por debajo del costo y entre 25 y 30% en el caso del maíz (Mark, 2003).

Con el fin de mantener una producción creciente y con bajo costo de las materias primas agropecuarias, los países desarrollados erogan enormes subsidios que compensan a sus productores de las pérdidas ocasionadas por los bajos precios⁴.

Los bienes abaratados artificialmente son colocados en los mercados de los países subdesarrollados con lo cual se benefician tanto las empresas que los distribuyen, ya que tienen un mercado cautivo, como las empresas agroindustriales que los compran, ya que sus costos se reducen diametralmente.

Este proceso genera una forma de subordinación desestructurante entre los productores rurales de los países subdesarrollados, ya que desvaloriza la producción nativa, con lo cual sus productos son remunerados por debajo de su valor e incluso por debajo de su costo de producción. Toda vez que en nuestros países no existe el nivel de subsidios que impera en los países desarrollados, los productores se enfrentan a un proceso que fractura sus condiciones de reproducción. Es decir, se ven imposibilitados a reiniciar el nuevo ciclo productivo, con lo cual se desestructura su unidad de producción.

Esta forma de dominio desestructurante desmantela la capacidad productiva de poblaciones enteras. El mecanismo que permite esta subordinación lo constituye la apertura comercial en general y en particular el Tratado Trilateral de Libre Comercio, ya que se levantan los aranceles que mantenían protegida la producción agropecuaria y se permite la libre entrada de bienes artificialmente abaratados.

En este proceso han tenido un papel fundamental los llamados gobiernos neoliberales, ya que han privilegiado los intereses de las firmas transnacionales sobre aquellos de los productores rurales, por lo que han abierto las fronteras a la importación en un nivel superior al estipulado por la Organización Mundial de Comercio.

La desestructuración alimentaria se sustenta en los siguientes procesos: 1. El declive de la capacidad productiva alimentaria; 2. La fractura de las condiciones productivas; 3. La desestructuración de las unidades productivas y 4. Un proceso de despoblamiento rural.

1. Deterioro de la capacidad productiva alimentaría

“De poco a poco les quitaron los precios de garantía y nunca más pudieron saber a cómo iban a vender su producto; después les cortaron los créditos y la tierra sembrada se hizo cada vez más chica; luego para pagar sus deudas empezaron a vender el tractor, el arado y cuando ya no tuvieron otro remedio se vieron obligados a vender que las tres, que las cinco, que las quince hectáreas; se quedaron sin su tierra, también sin sus vacas y finalmente, sin sus hijos” (Avilés, 2005).

El deterioro de la agricultura no empezó con la firma del TLCAN. Desde principios de los años ochenta el sector agropecuario entró en una profunda crisis manifiesta en la caída de la rentabilidad en prácticamente todas las actividades productivas. Sin embargo, la apertura comercial profundizó el desmantelamiento de la producción de bienes orientados al mercado interno, principalmente los cereales y las oleaginosas.

Aún cuando algunos cultivos se recuperaron en los años noventa, principalmente aquellos orientados a la exportación y algunas actividades ganaderas y forrajeras, los cereales enfrentaron un ahondamiento de su deterioro.

Esto quiere decir que las políticas aperturistas afectaron en particular a los bienes básicos de la alimentación popular: de la crisis se pasó a la desestructuración alimentaria.

Mientras el PIB agropecuario presentaba un virtual estancamiento en los años de la crisis, con un crecimiento del orden de 0.65% anual de 1984 a 1994, a partir de la firma del TLCAN se agravó la situación pues decreció en un -1.95% anual durante los años de 1994 al 2003 (inegi.gov.mx, 2005). Por su parte, mientras la producción de granos básicos creció al 2.53% de 1984 a 1994, prácticamente se estancó en la fase de apertura comercial, pues creció al 0.44% de 1994 al 2003 (Fox, 2004a).

En cuanto a las importaciones de granos básicos que habían crecido al 3.07% anual de 1984 a 1994, se dispararon al elevado rubro de 9.26% anual de 1994 al 2003 (Fox, 2004a).

Los datos anteriores demuestran que el campo ha empeorado a partir de la apertura comercial de 1994. A pesar de que se partía de una situación ya de por sí crítica, el dominio agroalimentario trajo consigo que se profundizara el deterioro económico.

El declive de los cereales responde fundamentalmente a que constituyen la punta de lanza en la estrategia de dominación de Estados Unidos. En consecuencia son los cultivos que han sido más impactados por el declive de los precios y la sustitución de bienes importados procedentes de Estados Unidos. A pesar de que el maíz y el frijol quedaron sujetos a protección arancelaria por encima de una cuota mínima establecida en el TLCAN, han sido fuertemente golpeados por la apertura comercial, debido a que no se han respetado las cuotas de importación a la vez que no siempre se han cobrado los aranceles correspondientes a la importación que rebasan las cuotas establecidas.

De 1995 al 2002 el país perdió 2 mil 813 millones de dólares por dejar de cobrar los aranceles correspondientes. Tan solo en el Gobierno de Vicente Fox se ha permitido la entrada de 3 millones 725 mil toneladas de maíz sin cobro del arancel (ANEC, 2002).

Toda vez que la mayor parte de la población rural se orienta a los cereales, la situación productiva de dichos cultivos ha contribuido fuertemente a la desestructuración de la agricultura. Siguiendo un perfil de la trayectoria de los cereales, se observa que los más afectados son el arroz y el trigo ya que fueron los primeros en perder el arancel en el Tratado de Libre Comercio.

“Ahora da tristeza ver que el producto se deja pudrir en los surcos, porque no hay precio. Si no se consiguen los recursos, el arroz decaerá aún más” (Morales, 2004).

La producción de arroz que había caído a una tasa del -2.55% anual de 1984 a 1994, cayó al -3.45% después de la firma del TLCAN. Tal situación tiene que ver básicamente con la sustitución del arroz importado por el nacional y la imposición de precios por debajo del costo. Mientras en 1990 el 36.7% del arroz que se consumía en el país provenía de las importaciones, para el año del 2003 ya era importado el 73.3% (Fox, 2004b).

El efecto que tuvo esta sustitución tan radical de la producción nacional por la importada fue el declive muy fuerte del precio. De 1995 al año 2000 el precio del arroz cayó a la elevada tasa de -11.09% anual en términos reales (Fox, 2004b).

Este proceso de dominio alimentario por las empresas transnacionales trajo consigo la desestructuración de la producción del arroz en nuestro país. Mientras en 1983 se orientaban 133,326 hectáreas a este cultivo, ya para el 2003 solamente quedaban 55, 360 mil hectáreas (SAGARPA, 2005)

Según el Presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (2004), mientras en 1990 existían 20 mil productores en todo el país actualmente sólo quedan 5,400. En el principal estado productor, Veracruz, el número de productores bajó de 3,800 a 1,400 en el mismo período.

“Hasta hace seis años aquí había cultivos como el trigo, nos daba para comer y hasta para estrenar troca nueva cada año, pero los precios cayeron, el gobierno detuvo los créditos y la deuda con la Comisión Federal de Electricidad llegó al millón 200 mil pesos, nos cortaron la energía y con ella el agua. La esperanza se secó” (Pérez, 2005a).

El caso del trigo es muy similar al del arroz. Mientras de 1984 a 1994 la producción decreció al -0.82% anual, en el plazo del TLCAN, de 1994 al 2003 cayó al -4.64% anual. Esta situación responde también a la fuerte sustitución del cultivo pues mientras en 1990 se importaba el 7.9% del consumo nacional, ya para el 2003 provenía del exterior el 61.9% (Fox, 2004b). En consecuencia el precio ha declinado fuertemente, pues de 1995 al 2000 bajó a la tasa de -7.60%, mientras que del 1994 al 2004 declinó mas moderadamente al -1.77% anual.

La desestructuración de este producto es notable, ya que mientras en 1993 se orientaba a este cultivo el 6.58% de la superficie cosechada total, ya para el 2003 se había reducido al 1.70%. El declive es más notorio en tierras de riego pues en 1993 se dedicaba el 17.2% de las tierras de riego del país a este cultivo, mientras que en el 2003 ya solamente se orientaba el 4.2% (SAGARPA, 2005).

La desestructuración productiva se observa claramente en el Estado de Sonora, principal productor de trigo del país, ya que según el Consejo Nacional de Trigo (2004), se dejaron de sembrar 30 mil hectáreas dedicadas a dicho cultivo debido a la caída de la rentabilidad, con lo cual la Industria de Harinas y Pastas reforzará su tendencia a importar el cereal.

“Si no producimos frijol no vamos a podernos mantener. ¿Qué vamos a producir? ¡A menos que sembremos marihuana, que es la que si da! Pero, pos el gobierno ya estará sobre nosotros” (Valadez, 2004).

El frijol es uno de los cultivos que conservará la protección arancelaria hasta el año 2008. Sin embargo, ha enfrentado una importación ilegal que equivale al 30% de la producción nacional, lo cual ha hecho caer también el precio y la demanda de la leguminosa. En el 2004 se encontraban almacenadas 200 mil toneladas correspondientes a dos ciclos anteriores que no habían sido vendidas, lo cual afectó a 540 mil productores⁵. El precio del frijol cayó al -1.97% anual de 1984 a 1994, mientras que en el período del TLCAN presentó un estancamiento con 0.02% en términos reales. La producción, que había crecido al 3.5% anual en el período de la crisis, se mantuvo estancada en el período del TLCAN con un 0.41% anual de 1994 al 2003, mientras que la superficie cosechada representaba en 1993 el 14.5% de la superficie cosechada total, había declinado al 11.4% en el año 2003 (SAGARPA, 2005). Los más afectados han sido los productores temporaleros pues en 1993 el 17% de la superficie de temporal se dedicaba a este producto mientras que en el 2003 solamente se orientaba el 13% (SAGARPA, 2005).

La desestructuración se observa claramente en el plano regional. En 1990 se producían en el estado de Chihuahua 150 mil toneladas de frijol y durante el 2004 la producción bajó a 25 mil toneladas, insuficiente para el consumo de la entidad que asciende a 40 mil toneladas (Avilés, 2005).

En el estado de Querétaro la empresa Finca Agrocomercializadora realizó una encuesta entre 136 campesinos de las comunidades de El Rayo, El Picacho, Mesillas, El Tepozán, Quiotillos, El Saucito, El Batán, El Rincón, La Piedad, El Pino, San Bartolomé, El Atorón y Rincón de Agua ubicadas en el municipio de Amealco y llegó a la conclusión de que los campesinos no siembran frijol, debido a que carecen de los recursos necesarios y a que los insumos son muy caros (Chávez y García, 2004).

“Antes, con una carga de maíz (mil 200 kilos) obtenía 400 pesos; ahora 200 o 300 pesos. Un día salí muy temprano de mi casa, me fui a Tlaquiltenango, Zacatepec y llegué a Jojutla y nadie me compraba. En una tortillería me ofrecieron 150 pesos y vendí la carga, pero fiado, porque el señor solo me dio para que me fuera a comer algo” (Pérez, 2005b).

En cuanto al maíz, a pesar de constituir uno de los cultivos que se volvieron opcionales ante la debacle general, debido a que conservó el precio de garantía hasta 1998 y a la fecha ha conservado los subsidios de ASERCA a la comercialización, sin embargo también enfrenta un proceso desestructurante.

La superficie cosechada que había crecido al 1.72% en el período de la crisis, declinó en la etapa del TLCAN al -0.95% anual. Esto trajo consigo un desaceleramiento de la producción pues mientras de 1984 a 1994 había crecido al 3.51% anual, de 1994 al 2003 creció al 1.41% anual.

Esto tiene que ver con un acelerado proceso de importación a pesar de que el cultivo se encuentra “protegido”. Mientras las importaciones de este grano decrecieron al -0.71% anual en la etapa de 1984 a 1994, durante el período del TLCAN crecieron a la elevada tasa del 9.70% anual (Fox, 2004b).

Ello originó, en consecuencia, un declive del precio real del orden de -4.22% anual en el mismo período. Por esta razón, mientras en 1993 el maíz ocupaba el 55.7% de la superficie cosechada total, ya para el 2003 había bajado al 50.17%. En tierras de riego el maíz bajo de una proporción de 42% en 1993 a 30% en el 2003, mientras que en temporal el declive fue de 65% al 55% de la superficie cosechada nacional (SAGARPA, 2005).

El maíz blanco, de mejor calidad que el amarillo, se convirtió en una opción para los productores de riego de buena calidad, al punto de que estados como Sinaloa, donde se ubican las mejores tierras del país, se convirtió en el principal productor del grano en la segunda mitad de la década de los noventa. Sin embargo, las malas condiciones económicas orillaron también a los medianos empresarios a abandonar la producción. En la región del Noroeste, donde se ubica dicho estado, la superficie cosechada pasó de representar el 32% en 1993 a sólo el 23% en el 2003 (SAGARPA, 2005).

Sin embargo, donde ha sido dramática la caída del maíz es en la región del Noreste, que comprende los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas, pues mientras en 1993 el 34.5% de la superficie cosechada de la región se dedicaba a este cultivo, ya para el 2003 solamente se dedica el 19.1% (SAGARPA, 2005).

En Chiapas, uno de los principales estados productores, el declive del maíz es evidente. La Fraylesca que se consideraba el granero del país, ha cambiado el cultivo por bienes de exportación como la papaya maradol con semilla de origen cubano. En el distrito de riego San Gregorio, se sembraban en 1990 18 mil hectáreas con una producción de maíz de 72 mil toneladas. Actualmente se siembran mil 200 hectáreas con una producción de 4 mil 500 toneladas (Balboa, 2005).

“Si no es el precio es la lluvia (…) o la ausencia de apoyos gubernamentales en medio del torbellino de la competencia internacional por los mercados” (Urrutia, 2005a).

La desestructuración productiva no afecta, sin embargo únicamente a los granos básicos, aún cuando son los más representativos del dominio agroalimentario de las transnacionales. Múltiples cultivos se han visto desmantelados por la apertura comercial.

Tal es el caso de la soya, cuya producción cayó al -2.69% en la etapa de la crisis, de 1984 a 1994, mientras que a partir de la firma del TLCAN cayó al -13.59% anual. La superficie cosechada cayó también al -13.75%. Se trata del cultivo que ha enfrentado una sustitución más radical, ya que mientras en 1990 el 46.7% de la soya era importada ya para el año 2003 el 97.1% del consumo nacional procedía del exterior (Fox, 2004b).

El algodón es también un cultivo que ha enfrentado un declive pronunciado pues la superficie cosechada cayó al -10.49% de 1993 al 2003. Esta situación responde también a la elevada sustitución que ha sufrido el cultivo. Mientras en 1990 se importaba el 13.4% ya para el 2003 se importa el 66.5% del consumo nacional. Este cultivo ha declinado principalmente en la región Noroeste que incluye los estados de Baja California Norte y Sur, Sinaloa y Sonora ya que mientras en 1983 representaba alrededor del 7% de la superficie cosechada ya para el 2003 solamente participaba con el 1.05% (SAGARPA, 2005).

Otros cultivos que han resentido la desestructuración provocada por la apertura comercial son la piña, debido a la entrada de fruta importada de Tailandia, o la vid, afectada por las importaciones de Chile, o el cacahuate, por la entrada de este producto de Argentina y de China. Inclusive, cultivos de exportación como el café han visto mermarse la producción y las ganancias por la entrada del aromático de mala calidad y bajo precio, procedente de Vietnam.

En Coatepec, Veracruz, una de las principales zonas cafetaleras, la producción de café se desplomó en casi 40% debido al declive del precio. Sus habitantes se han ido al corte de la caña o han cambiado el café por la producción de plátano que por lo menos da cuatro cortes al año. El único beneficio de café que queda en la región solamente procesa entre 600 y 700 kilos cuando procesaba entre 70 y 80 toneladas.

El Consejo Regional del Café reporta que el número de afiliados bajó de 11 mil en los años noventa a cerca de 5 mil en la actualidad (Urrutia, 2005a).

En cuanto al cacahuate, la producción se ha desplomado en Amatlán de Cañas, Nayarit.

De las 11 tostadoras que existían solamente quedan 3, mientras que de las 2 mil 500 hectáreas que se sembraban solamente se orientan al cultivo 600 hectáreas, debido a que la empresa Mazapanes “La Rosa” ha preferido importar cacahuate de Argentina y de China que entran a precios por debajo del costo.

Aún cultivos no tradicionales de exportación enfrentan dificultades productivas como es el caso de la fresa en el estado de Morelos.

“Son muy pocas las ganancias: esta temporada invertí 90 mil pesos y si me va bien, espero recuperar 50 mil pesos que servirán para pagar la renta de las 20 tareas, volver a comprar semilla y todo lo que necesito para sembrar” (Pérez, 2005b).

Esto indica que las opciones de inversión para los agricultores son muy reducidas y solamente pueden acceder a ellas quienes tienen capital y canales internacionales de comercialización.

El campo nacional se está convirtiendo en un páramo donde las opciones productivas se cancelan y la capacidad productiva se destruye aceleradamente.

2. Fractura de las condiciones productivas

“Me gusta ser campesino, pero no quiero que mis hijos se dediquen a esto; es mucha friega, se come mal y no hay dinero. No sé que vaya a pasar porque nos están arrinconando, nos están quitando el agua…”

Otro factor en el que se manifiesta la desestructuración alimentaria lo constituye la fractura de las condiciones productivas de los agricultores. Este proceso responde esencialmente a la política gubernamental que impera desde 1982 y que ha relegado al campo de la estrategia de desarrollo económico del país. El declive del gasto público así como su orientación de tipo asistencialista han afectado fuertemente la capacidad productiva agropecuaria. Junto con ello la privatización de las Instituciones estatales, y del manejo del agua, así como la reducción del financiamiento, en un contexto de competencia desleal debido a la apertura comercial y con ello, el declive de los precios, ha generado el desmantelamiento de las condiciones de producción que constituye ahora un obstáculo para impulsar la producción.

El gasto público orientado al desarrollo agropecuario cayó a una tasa anual del -7.21% de 1994 al 2003, mientras que el gasto orientado hacia la SAGARPA se redujo en un -3.29% anual en términos reales en el mismo período (Fox, 2004a).

Por su parte el financiamiento público orientado primero a través de BANRURAL y después de la Financiera Rural se redujo a la elevada tasa del -8.10% anual de 1993 al 2002.

Aquellos productores ubicados en tierras de buen potencial agrícola y sin cartera vencida con el gobierno, que fueron orientados a la Banca Privada, enfrentaron peores condiciones, ya que el crédito de la Banca Comercial orientado a los sectores agropecuario, silvícola y pesquero se redujo en un -15.97% anual de 1994 al 2003 (Fox, 2004a).

Mientras las condiciones económicas para la producción se deterioraron fuertemente, las condiciones de infraestructura resintieron también un fuerte revés. Entre ellas la más clara es el uso del agua.

El problema principal que ha afectado a los productores se refiere a la reducción en la disposición del agua para los agricultores, debido por un lado al abandono de la política oficial de los distritos de riego y por otro, al desvío del líquido para las ciudades y las grandes empresas transnacionales.

“La evolución de la superficie bajo riego en los últimos diez años del milenio tuvo una tendencia declinante: en el ciclo 1989-90 se irrigaron 3.19 millones de hectáreas en los Distritos de riego, mientras que diez años después, la superficie atendida fue de 2.51 millones de hectáreas.” (…) “En el bajo río Bravo, en Tamaulipas, 180 mil hectáreas han quedado sin riego, o con un solo riego en los últimos diez ciclos, el Valle del Yaqui en Sonora ha sufrido escasez en el ciclo de invierno, mientras que en Sinaloa se restringe a un solo riego de auxilio al maíz (Peña y Hernández, 2004: 140).

Por otra parte, el Gobierno dejó de administrar los distritos de riego y trasladó su manejo hacia los usuarios. Este hecho fue la base para permitir un acaparamiento del agua por parte de grandes empresas transnacionales o bien de grandes empresarios.

Tal es el caso de la Coca Cola que ha acaparado el uso del agua mediante la renta de parcelas. Mientras un gran empresario puede tener agua para 100 has., un ejidatario alcanza solamente para dos (Pérez, 2005a).

En Zacatecas más de 50 derechos de pozos para proveer a ejidos fueron adquiridos por la Cervecería Modelo con el consentimiento de las autoridades quienes les transfirieron sus derechos (Velasco, 2004).

En otros lugares la infraestructura de riego se ha deteriorado debido al abandono de su mantenimiento por parte de los gobiernos. Tal es el caso de del Distrito de Riego San Gregorio ubicado en Chamic, Chiapas.

“Todo se cae a pedazos en este lugar que hace quince años era uno de los distritos de riego de mayor producción de maíz, melón, sandía y hortalizas. Sus paredes se derrumban, las compuertas están destruidas y los canales llenos de arena. Piedras, árboles y maleza no dejan correr las aguas que salen de madre y encharcan las brechas laterales” (Balboa, 2005).

Junto con ello, la Comisión Federal de Electricidad ha negado la distribución de energía eléctrica para el manejo de los pozos a aquellos productores que han contraído deudas con la paraestatal. En el Estado de Sonora el adeudo por un millón doscientos mil pesos que contrajeron los productores, trajo consigo que se cerraran los pozos de los que se abastecían de agua, por lo que ahora no tienen agua para regar los cultivos.

“Somos un grupo de nueve campesinos de la sociedad de producción rural que debemos 300 mil pesos a la CFE; no podemos pagar porque los precios de la uva estuvieron en el piso desde que entró el producto chileno y ahora que hay mejor precio no tenemos dinero para renovar los viñedos que ya tienen mas de 20 años” (Balboa, 2005).

De esta suerte, los otrora prósperos agricultores de Sonora que impulsaban cultivos como la vid, el algodón, el trigo, el olivo, se han visto orillados a rentar sus parcelas ante la imposibilidad de sembrar sin agua.

Por otra parte, el declive de los ingresos debido a la subordinación desestructurante que enfrentan los productores, ha generado un claro declive en el uso de maquinaria agrícola. Mientras en 1990 se importaron 190 mil tractores, en el 2002 solamente se importaron 91 mil (Flores, 2003).

Asimismo, el sistema de bodegas construidas por el Gobierno enfrenta un fuerte deterioro ante el abandono de que es objeto.

“En aquel silo de un ejido de mas arriba se llegaron a almacenar, todavía a principios de los ochenta, mas de mil toneladas de maíz y entre 400 y 500 toneladas de frijol al año. Ahora a la bodega ya le salieron hierbas que se han comido hasta la cancha de básquetbol de junto”⁶.

Las condiciones productivas tanto de carácter económico como técnico se han deteriorado, con lo cual los productores carecen de recursos para echar a andar la producción.

“No le sacamos la vuelta al trabajo, pero lo que están haciendo es fomentar la venta de las tierras y sobre todo de los pozos; quieren que volvamos a las haciendas de Porfiriato. No entienden que ¡Queremos trabajar! Sin embargo, pareciera que la autoridad quiere una agricultura tirada, campesinos empobrecidos que se vayan a morir en su intento por cruzar la frontera norte. Estamos acosados, ¡nos quieren desaparecer!”⁷.

3. La desestructuración de las unidades productivas campesinas y empresariales

“Ya no es costeable sembrar. Desde el Gobierno de Carlos Salinas nos jodieron a los campesinos. Dejamos de tener un mercado seguro, el banco no presta, el gobierno reventó el cultivo de la caña con el que sacábamos algo de comer. Nomás somos peones” (Pérez, 2005b).

Existe una desvalorización artificial de la producción básica del país hecho que arruina a los productores y les impide sostenerse en la agricultura. Esta desvalorización se observa en primer lugar en el declive de la participación de dichos productos en la estructura de valor de los principales cultivos de México. Mientras en 1994 los granos básicos participaban con el 52.7% del valor nacional, ya para el 2003 participaban con el 37.3% (SAGARPA, 2005). Esto significa que el valor en términos relativos ha decrecido.

Tal situación responde a la subordinación desestructurante que enfrentan los productores rurales, la cual tiene la característica de que no reproduce la explotación, sino que genera la exclusión de aquellos a quienes les extrae el valor producido, ya que agota las condiciones productivas al impedirles obtener por lo menos el costo de lo que han invertido.

Este proceso ha generado entre los campesinos un fortalecimiento de la descampesinización, que ha traído consigo el abandono de las parcelas de mala calidad por parte de la población que emigra del campo.

Esto se observa en la reducción de la superficie cosechada en tierras de temporal de los granos básicos, pues mientras en 1993 el 81% se dedicaba a dichos cultivos, en el 2003 solamente se orientaba el 70.2% (SAGARPA, 2005). Asimismo, se calcula que cada año más de 50 mil productores dejan el agro (Pérez, 2005c).

En Atzalán, Veracruz, 50% de las tierras están abandonadas, mientras que en Coatepec del mismo estado, el 40% de las fincas cafetaleras han sido abandonadas (Urrutia, 2005b).

Un rasgo notorio de la desestructuración rural lo constituye el hecho de que no sólo los campesinos son excluidos de la producción sino los pequeños y medianos empresarios agrícolas. Es un proceso que fractura por tanto la reproducción de la unidad campesina y la del capital agropecuario orientado a la producción de bienes básicos para el mercado interno.

En el plano estadístico se observa que los productores con tierras de riego han sido fuertemente afectados. Mientras en los años de la crisis la producción de los diez principales cultivos creció a un ritmo anual del 2.93% en tierras de riego, de 1994 al 2003 decreció al –8.82%. Los cultivos más afectados fueron la soya, el trigo, el maíz y el arroz. La superficie cosechada por su parte declinó en un –9.12% en este período (SAGARPA, 2003).

Por esta razón los campesinos acomodados y los pequeños empresarios tienden a rentar o vender las parcelas ante la ruina que enfrentan. Tal es el caso de los productores de Caborca Sonora, ya mencionados en los testimonios, que se vieron agobiados por la deuda de la CFE ante el declive de los precios de la vid, por lo que acabaron rentando sus tierras Y ahora se emplean como jornaleros por 80 pesos al día, cuando tienen suerte (Pérez, 2005a).

Por esta razón, aún los más prósperos agricultores han conocido la ruina productiva. Es lo que ha ocurrido con grandes productores de café, antiguamente llamados finqueros, o con los agricultores del norte y noroeste que construyeron la zona más avanzada del capitalismo rural mexicano.

Tal es el caso de Joaquín Alcántara, antes propietario de la Hacienda Zimpizahua en Coatepec Veracruz, quien perdió, debido a los bajos precios del café. Ahora, la que llegó a ser una “finca Modelo”, se encuentra abandonada y llena de maleza debido a que ha sido embargada por el Banco; o bien, el caso de Rodolfo López Chaires del Ejido Rodolfo Campodónico en Sonora quien llegó a ganar 25 mil pesos en cada ciclo agrícola y ahora vive en una casa de cartón a la vera de un canal de riego, debido a que la importación de la vid arruinó su producción (Pérez, 2005a).

También es el caso de Raúl Arámbula de Agua Fría, Bachíniva, en Chiahuahua.

“Entre mis dos chamacos y yo sembrábamos entre 20 y 25 hectáreas. Después empecé a deber 100 mil, 200 mil pesos y no podía pagar y para darle al Banco empecé a vender la tierra. Ahora ya llevo vendidas 30 hectáreas de cultivo. También perdí todo el ganado que tenía en Guerrero, eran 70 reses. Tenía tres tractores y vendí dos. Por eso los hijos se fueron; yo le decía al mayor que no se fuera…” (Avilés, 2005).

La subordinación desestructurante es, por tanto, un fenómeno generalizado que destruye las condiciones productivas, tanto de campesinos como de empresarios, impidiéndoles conservar su unidad productiva.

4. El despoblamiento rural

“Se han ido tantos del pueblo, que todos cabríamos en un lado de la carretera y sobrarían casas” (Herrera, 2005a).

La subordinación desestructurante ha generado un proceso que podríamos llamar como despoblamiento rural⁸, debido al incremento sin precedentes de la migración rural orientada fundamentalmente a los Estados Unidos, que ha traído consigo que muchos pueblos rurales se vayan quedando vacíos.

La tasa de crecimiento medio anual de población nacida en México que reside en Estados Unidos se incrementó al 5.83% de 1990 al 2003. Los estados en los cuáles predomina la población campesina son los que presentan tasas más altas de crecimiento. Tal es el caso de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, en los cuáles la tasa de crecimiento supera al 10% en el mismo período (CONAPO, 2005).

La migración ha traído consigo un despoblamiento al que algunos autores llaman “desruralización”⁹, que se expresa en el hecho insólito de que la tasa de crecimiento de población rural sea negativa en varias entidades del país, todas ellas del Norte aledañas a los Estados Unidos. Tal es el caso de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas, durante los años de 1993 al 2003 (Fox, 2004c).

Si bien existe una tendencia en el capitalismo al decrecimiento de la población rural, éste es en términos relativos. El hecho de que la población rural decrezca en términos absolutos no forma parte del crecimiento de la ciudad a expensas del campo, sino de un despoblamiento rural que tiene que ver con la migración masiva.

“Aquí quedamos puro desecho”¹⁰.

Al principio, la migración involucraba fundamentalmente a los hombres, por lo que en los ejidos y comunidades quedaban solamente mujeres, niños y ancianos. Esto dio por resultado que las mujeres se hicieran cargo de la parcela. Según un estudio de la Secretaría de la Reforma Agraria, el 60% de las familias del medio rural son dirigidas por mujeres (Citado por Villafuerte, 2005).

Lo que ha permitido sobrevivir estos núcleos familiares son las crecientes remesas que envían los migrantes. En el 2004 alcanzaron la cifra de 16,612.85 millones de dólares, apenas con una diferencia de 5 millones en relación a lo obtenido por las exportaciones de petróleo, principal rubro de captación de divisas del país (Banco de México, 2005). Si las remesas no superaron al petróleo fue debido al incremento que alcanzó el precio del hidrocarburo en el 2004.

Esto indica que México se convierte en un país exportador de mano de obra, debido a la desestructuración rural y al hecho de que no se crean fuentes internas de empleo para retener a la fuerza de trabajo del campo.

“Hoy caminar por Estancia de los López es encontrarse con caseronas abandonados, ventanas tapiadas y puertas cerradas con candado” (Herrera, 2005a).

Aún cuando quedan muchos pueblos con mayoría de mujeres y niños, se observa la tendencia a la migración de familias enteras, con lo cual lo poblados se van volviendo desiertos.

“Aquí no se puede tener mucho, las cosas se pasan de caducidad porque no las llevan. Estas tres Campbells tienen tres años. Ahora está acá muy triste, siendo que era un rancho muy grande; cuando se levantaba el frijol y el maíz sacaba 3 mil pesos diarios y ahora hay días que, no me va a creer, pero saco 20 pesos”¹¹.

Una expresión de este proceso lo constituye el descenso del número de las escuelas primarias rurales. En el ámbito nacional se observa un estancamiento en su evolución pues de 1993 al 2000 crecieron al 0.45% anual, sin embargo se observan tasas negativas en 12 entidades del país, entre las que sobresalen nuevamente estados del norte que tienen elevadas tasas de emigración, como Zacatecas, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León. Un caso que llama la atención es el Estado de México en el que el número de escuelas primarias cayó a una tasa media anual del -10.57% de 1993 al 2000 (SEP, 2000).

“En el fondo del despoblado la primaria Ignacio Ramírez 2580, que abrió sus puertas por última vez en abril de 2002, al igual que la Damián Carmona, del Rancho Peña, cerrada hace tres años y que la Escuela oficial 7076 Socorro Rivera del ejido de Agua Fría, que junto con la casa del maestro está tan llena de agujeros que parece bombardeada. Es entre otros muchos el testimonio del “fin de la escuela rural”, como dicen los propios campesinos” (Avilés, 2005).

En muchos poblados los niños se ven obligados a trasladarse a las cabeceras municipales para asistir a clases en los Centros Regionales de Educación Integral (CREI) porque la escuela de la comunidad ha sido cerrada.

“En Agua Fría (Chihuahua) hay 40 casas deshabitadas y nueve con gente” (Avilés, 2005).

Pueblos fantasmas testimonian el desastre rural. Poblaciones completas se han visto obligadas a dejar la tierra que los vio nacer porque las políticas neoliberales no garantizan a los mexicanos el derecho de vivir dignamente en su país, como sucedió en Estancia de los López, Nayarit, donde la población se redujo de 4 mil a 2 mil habitantes en el lapso de dos décadas (Herrera, 2005).

Muchos regresan, pero otros se quedan allá para no arriesgar de nuevo al pasar la frontera. Sólo vienen cuando ya van a morir.

“Los que se van son como los elefantes: vienen a morirse a su tierra, a una tierra que aman, pero de la que ya pocos pueden vivir” (Herrera, 2005a).

II. Los beneficiarios de la desestructuración rural

Sobre las ruinas que van quedando en el campo mexicano se levantan ahora los emporios de las empresas extranjeras y se propaga una nueva “ganaderización” rural.

Las transformaciones legales al artículo 27 constitucional impulsadas por Salinas de Gortari en 1992, abrieron el cauce a la inversión extranjera directa y a la compra de tierras por parte de extranjeros en tierras mexicanas. Esto ha generado que las mejores tierras del país empiecen a ser apropiadas por empresas foráneas que impulsan cultivos no tradicionales para la exportación y aprovechan la “ganga” de productores arruinados y endeudados.

Tal es el caso de la empresa Hortícolas de Desierto en Caborca Sonora, quien ha rentado cientos de hectáreas con sus respectivos pozos a los otrora prósperos agricultores que fueron arruinados por la importación de la uva chilena y por los adeudos con la Comisión Federal de Electricidad. Los propietarios de la empresa radican en California y Arizona e impulsan la siembra de cultivos no tradicionales de exportación, en los cuáles se contratan los dueños de la tierra como peones y jornaleros.

Es también el caso de la Empresa Coreana Triple Ocho, asentada en Santiago Ixcuintla, Nayarit, productora de hortalizas exóticas como lechugas bok y yu, calabaza cabocha, berenjena thai, tamarindo verde, calabazas patera y fuzzy, melón bitter, chile thai. Dicha empresa ha extendido su dominio a través de la renta de 450 hectáreas a precios muy bajos, alrededor de 3 mil pesos la hectárea en el 2005 (Herrera, 2005b).

Estas empresas se han beneficiado de la quiebra de los productores, aprovechando las buenas tierras a bajos precios, así como la mano de obra que queda desempleada y a la cual le pueden pagar bajos salarios.

En el ámbito agroindustrial las empresas que se han beneficiado de la situación son aquellas que aprovechan los bajos precios imperantes en el mercado mundial, Cargill y Continental, que venden los granos abaratados a nuestro país y obtienen enormes ganancias, Nestlé ha logrado bajar los precios del café nacional a través de la importación de café de mala calidad de Vietnam, así como las empresas que utilizan el maíz o el trigo como materia prima básica, tales como Minsa, Arancia, Maseca, Almidones Industrializados de Maíz, Bimbo, etc.

Por otra parte, ante el declive de la agricultura de alimentos básicos, se observa la tendencia hacia una nueva “ganaderización” del campo mexicano.

“Después del “bajón” del cacahuate, el pasto ocupa más hectáreas (3 mil) que cualquier otro cultivo, porque algunos han encontrado en la ganadería una alternativa para subsistir” (Herrera, 2005a).

Uno de los sectores favorecidos con la apertura comercial lo constituye el ganadero. Si bien inicialmente fue duramente golpeado por la importación de carne de Estados Unidos, durante los años noventa redujo fuertemente el impacto de las importaciones y logró repuntar en las exportaciones.

Mientras las importaciones de carne en canal habían crecido a la elevada tasa del 19.98% de 1984 a 1994, en el período del TLCAN crecieron al 9.02%. Aún cuando esta tasa sigue siendo elevada, muestra un claro desaceleramiento respecto a la etapa de la crisis. Las importaciones de porcino, por su parte, pasaron de 20% a 9.06% en los períodos citados.

Asimismo, las exportaciones de bovino y carne en canal crecieron a la elevada tasa de 10.9% y 10.7% durante los años del TLCAN, mientras que las de porcino se incrementaron al 18.3% y las de aves al 19.26%. Tal situación ha generado que la producción pecuaria muestre una clara recuperación durante los años del TLCAN en relación a la década de los ochenta. La producción de carne en canal que había crecido al 1.45% de 1984 a 1994 se incrementó al 3.67% anual de 1994 al 2003. Por su parte la producción de aves creció a la elevada tasa del 6.97% en el último período (Fox, 2004b).

El repunte de la ganadería ha generado una opción productiva para los agricultores mexicanos. Se trata de los cultivos forrajeros. Entre ellos, el que destaca ampliamente es el cultivo del sorgo. Mientras este cultivo había declinado al -2.69% anual de 1984 al 2004, durante el período del TLCAN creció a la elevada tasa del 6.50% anual. Los cultivos que se van abandonado, se sustituyen por este grano forrajero. Mientras en 1993 el sorgo ocupaba el 6.58% de la superficie cosechada nacional ya para el 2003 ocupaba el 13.16%. Este cultivo ha sido una opción tanto para pequeños empresarios como para campesinos, pues en las tierras de riego la superficie cosechada de sorgo pasó del 5% al 9.8%, mientras que en las de temporal pasó del 7 al 14% de 1993 al 2003 (SAGARPA, 2005).

Otros cultivos que han cobrado importancia también son la avena forrajera seca, verde y achicalada. Sin embargo, son cultivos que aunque tengan comprador, dejan pocos ingresos a los productores y no se pueden comer como el maíz y el frijol. Por ello, a la avena forrajera le llaman el “cultivo de la desesperanza” (Avilés, 2005).

Nuevamente, como en los años setenta, la ganadería se enseñorea en el campo. La tierra que ofrendaba comida a los humanos, se dedica a dar de comer a las vacas y a los cerdos.

Las “nuevas haciendas del milenio” de capital extranjero y la “nueva” ganaderización del campo, se perfilan como las tendencias a ocupar el vacío que deja la desestructuración productiva agrícola.

A manera de conclusión

“No veo otro horizonte. Sabe usted, no conozco otra cosa. Yo nací entre las matas”.

El campo mexicano se está volviendo silencioso. Como en el Comala de Rulfo, en algunos pueblos, sólo se escuchan las voces de los muertos.

Pero tanto los que se quedan como los que se van, no se resignan a perder la tierra. A dejar de ser campesinos. Por eso, entre el murmullo de las voces fantasmas se escuchan todavía muy fuertes las voces de la resistencia: de los migrantes zacatecanos que envían las remesas para la inversión agropecuaria, monto que ha superado a la inversión pública orientada hacia el desarrollo rural en el estado; de los productores de granos básicos que se alzaron en el Frente “El Campo no Aguanta Más” para exigir la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en el año 2003; de los productores de bienes orgánicos, de los emprendedores del turismo ecológico, de los exportadores de café gourmet; de las mujeres organizadas en múltiples redes productivas, de los agricultores comprometidos con el desarrollo sostenible.

Esta resistencia organizada, individual, pacífica, alebrestada, constituye una fuerza social de gran empuje. Los pueblos se vuelven desiertos pero la gente, su gente sigue viva y desde las voces de la desesperanza no se resigna a perder su condición rural.

Si un país pierde la capacidad para alimentar a su población, pierde su identidad nacional. Por ello la resistencia persiste a contracorriente.

“No las queremos urbanas. Sabemos que no seremos ricos, pero la tierra es parte de nuestra vida, y por eso, con o sin apoyo del gobierno seguiremos como agricultores. ¿Qué harán los industriales, los comerciantes, los habitantes de las ciudades sin un campo cultivado, sin producción?” (Pérez, 2005b).

Verano de 2005

Notas

1 Agradezco la colaboración de Víctor Rosales en la recopilación y sistematización de la información estadística y hemerográfica.

2 Expreso mi reconocimiento a los excelentes reportajes que realizaron los periodistas Karina Avilés, Matilde Pérez, Claudia Herrera, Alonso Urrutia, Juan Balboa, Marina Chávez, Cristóbal García y Elizabeth Velasco, del Diario La Jornada, cuyos testimonios han sido utilizados en este trabajo para ilustrar la situación del campo mexicano.

3 En Estados Unidos se paga el trigo un 40% por debajo del costo, 30% en la soya y 25% en el maíz (Mark, 2003).

4 Para el 2002 la Unión Europea pagaba 724 dólares por hectárea, Estados Unidos 115 y Japón 10, 269

5 La Jornada. Sección Estados. 7 de mayo de 2004.

6 Testimonio de don Pedro Torres del Ejido Agua Fría, en: Avilés, 2005.

7 Testimonio de campesino de Sonora. Matilde Pérez, 2005a

8 Autores como Armando Bartra llaman a este proceso vaciamiento (Bartra, 2003b).

9 Víctor Quintana llama desruralización a este proceso.

10 Testimonio de Doña Elpidia. Habitante de Agua Fría, Chihuahua. En: Avilés, 2005.

11 Testimonio de Doña Cuca, dueña del único tendajón que queda en el Ejido Agua Fría. En: Avilés, 2005.

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