A. Responsabilidad Social en el Estado.

A lo largo de la historia muchos han teorizado sobre la definición de Responsabilidad Social en el Estado. Uno de los primeros fue Adam Smith quien enfatizó la responsabilidad estatal en el suministro de servicios básicos y bienes públicos, como la educación, la seguridad y la infraestructura, para mejorar el bienestar general de la sociedad ⁽⁸⁾. Asimismo, John Rawls propuso la teoría de la justicia como equidad ⁽⁹⁾. Según él, el Estado tiene la responsabilidad de asegurar que todas las personas tengan acceso a oportunidades y recursos básicos, especialmente aquellos que están en una situación desventajada, a fin de lograr una sociedad más justa. Posteriormente Amartya Sen abogó por una visión más amplia de la responsabilidad social del Estado, más allá de la mera provisión de bienes y servicios ⁽¹⁰⁾. Sen sostuvo que el Estado debe garantizar la libertad y capacidad de elección de las personas, permitiéndoles participar plenamente en la vida social y económica y asegurándoles que las personas tengan acceso a oportunidades y recursos para llevar una vida digna y libre de privaciones.

Por su parte, Milton Friedman, economista de la Escuela de Chicago, conceptualizó la responsabilidad social del Estado enfocándose en una mínima intervención estatal y promoviendo el libre mercado como vía para el bienestar, enfatizando la libertad individual y la estabilidad monetaria ⁽¹¹⁾. En contraste, Joseph Stiglitz abogó por un Estado activo en la corrección de fallas del mercado, la reducción de desigualdades y la promoción de un desarrollo inclusivo, considerando al Estado como un agente clave para garantizar equidad social y económica ⁽¹²⁾. En este resumen de conceptos es preciso mencionar también a Mahatma Gandhi, quien sostenía que el Estado tenía la responsabilidad de actuar con base en principios éticos y promover la no violencia, la justicia social y la igualdad ⁽¹³⁾. Para él, el Estado debía trabajar para el bienestar de todos los ciudadanos y asegurarse de que las políticas y acciones gubernamentales estuvieran orientadas hacia el servicio a la comunidad y la promoción de un desarrollo sostenible y armonioso. Finalmente, Martha Nussbaum, filósofa y teórica política contemporánea, ha defendido que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el desarrollo de capacidades básicas para que las personas puedan llevar una vida digna y plena, enfatizando la importancia de asegurar oportunidades y recursos para todos, especialmente para los más vulnerables, y de promover la justicia y la igualdad de oportunidades en la sociedad ⁽¹⁴⁾.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE, el bienestar social es percibido por la población a través de la preocupación de sus Estados en la creación de empleo digno y mejora de ingresos, mayor seguridad, vivienda adecuada, medio ambiente saludable, educación y salud de calidad, compromiso cívico, formación de la comunidad, balance vida - trabajo y satisfacción ante la vida ⁽¹⁵⁾. Así, cuando mencionamos la Responsabilidad Social Estatal, hablamos de la necesidad de que el gobierno asuma una función pública que sea ética, justa, equitativa, progresista y sostenible, buscando en general el beneficio colectivo tanto para la comunidad presente como para las generaciones futuras. Sin embargo, es en este punto donde el estado muestra deficiencias significativas.

En el Perú se destaca la creación instituciones como el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, Ministerio del Ambiente, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y Ministerio de Cultura, entre otros, para reconceptualizar el papel del Estado en relación con la comunidad. Asimismo, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) es una de las pocas instituciones públicas que destaca por llevar a cabo una sólida gestión de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Dentro de su enfoque en la RSC, el objetivo principal de la Corporación FONAFE es establecer directrices que guíen el proceso de crear, validar, supervisar y comunicar los planes y programas de Responsabilidad Social en las organizaciones que forman parte del FONAFE, también conocidas como EPEs (Empresas del Estado).

La administración de justicia, es una de las actividades fundamentales en todo Estado porque garantiza la observancia y acatamiento de las leyes y reglamentos establecidos, asegurando un orden social justo y equitativo. Proporciona un sistema para resolver conflictos y proteger los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos. La justicia es fundamental para mantener la paz y la estabilidad, promoviendo la confianza en las instituciones y en el Estado de derecho. Además, contribuye a prevenir la impunidad y fomentar la responsabilidad, promoviendo un ambiente propicio para el desarrollo y el respeto de los valores democráticos. Y en este contexto, el Poder Judicial es una de las entidades que más ha avanzado en responsabilidad social en el Perú.

El principal problema es que, diversas limitaciones afectan el acceso a la información y la eficiencia en el proceso de casos dentro del sistema de administración de justicia. Estas limitaciones incluyen el retraso en la tramitación de causas, la falta de transparencia, deficiencias en el desempeño de los operadores y una comunicación precaria con los usuarios. Para abordar estos problemas, resulta fundamental la implementación de tecnologías de información y comunicaciones (TICs). Para llevar a cabo este proceso de modernización, es esencial contar con plataformas informáticas adecuadas y personal capacitado que facilite el uso, la interoperabilidad y el mantenimiento de estas tecnologías ⁽¹⁶⁾.

La aplicación de las TICs en el sistema de administración de justicia, según Salas-Ferro ⁽¹⁷⁾ traería consigo una serie de beneficios significativos. Entre ellos, se destacan el acceso inmediato y simultáneo al expediente electrónico, la notificación electrónica de las resoluciones emitidas, la posibilidad de citaciones para informes orales a través de casillas electrónicas y la interoperabilidad entre todos los componentes del sistema judicial, entre otros. Estos avances tecnológicos mejorarían considerablemente la eficiencia y transparencia del sistema judicial, brindando un mejor servicio a los usuarios y agilizando el proceso de justicia en general.

El Poder Judicial está procesando actualmente 354,396 casos a través del Expediente Judicial Electrónico (EJE), un sistema sin papel que se está implementando gradualmente en 23 cortes superiores de justicia como parte de su política de transformación digital ⁽¹⁸⁾. Además, los usuarios litigantes han presentado 1,808,867 escritos a través de la Mesa de Partes Electrónica (MPE), que se han integrado al EJE. El 43% de los escritos y demandas se presentaron fuera del horario de oficina, ya que las partes procesales pueden hacerlo desde cualquier lugar y en cualquier momento. Estas iniciativas han generado un ahorro de 230,396,400 hojas de papel, evitando la tala de 28,800 árboles. Actualmente se utilizan el EJE y la MPE en 17 distritos judiciales en diversas especialidades legales. En la tabla 1, se presentan los principales proyectos que, en responsabilidad social, ha implementado el Poder Judicial.

Por otro lado, el Banco de la Nación a través de su política de responsabilidad social busca crear un beneficio social duradero para los diferentes stakeholders y evitar o reducir los riesgos sociales y ambientales del Banco de la Nación ⁽²⁰⁾. Así, en relación al indicador de Valores y Cultura Organizacional, se resalta en los empleados el enfoque en la igualdad de oportunidades y la ausencia de discriminación. La entidad valora un trato igualitario para todos, sin importar la condición social, el género, la nacionalidad, la orientación e identidad sexual, la edad, el origen étnico y la raza. Esto se traduce en proporcionar las mismas oportunidades a todos los trabajadores en el proceso de contratación, promoción, remuneración y asignación de tareas, y se compromete a eliminar cualquier forma de discriminación en el entorno laboral. Asimismo, fomentan el voluntariado y el constante diálogo con comunidades. Son varios los productos financieros pensados en este contexto, las principales iniciativas se presentan en la Tabla 2.

B. Economía del Comportamiento y su relación con la Responsabilidad Social Estatal

La economía del comportamiento, economía behavioral economics integra principios psicológicos que ofrecen una comprensión más realista del comportamiento humano. Parte del reconocimiento de que nuestras decisiones, desde actividades cotidianas como hacer compras hasta acciones significativas como votar, no se basan solo en la racionalidad, sino también en nuestras emociones. Su objetivo es identificar esas emociones que nos influyen para desarrollar modelos económicos más realistas y humanos. Si logra comprender estas emociones, las políticas públicas podrían utilizar esta información para proporcionar pequeños empujones que ayuden a mejorar las decisiones individuales de manera más racional y en beneficio de todos. ⁽²¹⁾

La economía del comportamiento utiliza experimentación psicológica para desarrollar teorías sobre el proceso de elección y determinación llevado a cabo por individuos en situaciones de incertidumbre. Se identifican prejuicios derivados de cómo las personas actúan, lo que contrasta con la suposición de racionalidad de la economía neoclásica. Estas ideas forman la base de la economía conductual y se emplean para diseñar políticas que incentiven una toma de decisiones más adecuada ⁽²²⁾. Según esta perspectiva, las elecciones están influenciadas por información disponible, la capacidad de procesamiento, la automatización y las emociones, así como la resistencia al cambio y la dificultad para predecir el futuro. Estas conjeturas se fundamentan en la Teoría de las perspectivas, la racionalidad limitada, la Teoría del sistema dual y la inconsistencia temporal, que sustentan la economía del comportamiento.

Una de las instituciones públicas que en el Perú ha recurrido a la economía del comportamiento es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que aplicó economía del comportamiento para mejorar sus procesos internos ⁽²³⁾. El problema detectado fue una baja tasa de respuesta a los traslados de denuncias ambientales realizados por OEFA a otras entidades públicas. La no respuesta se debía a varias causas: (1) Statu quo: Esto nunca va a cambiar, (2) Norma social: Nadie responde a estos documentos, (3) Relego: Tengo otras cosas que hacer y (4) Distracción: No es importante. La solución partió con un cambio en la lógica con la que se remitían los documentos. Se hizo más relevante usando herramientas visuales en las comunicaciones con las áreas de evaluación y fiscalización ambiental (EFA) para llamar su atención, se hizo más atractivo motivando a las EFA con información de sus pares y retroalimentación de su desempeño y más fácil implementando un formulario de respuesta rápida para simplificar el proceso. Con esto se logró 139% de incremento en respuestas, 69% de reducción de tiempo, de 36% a 86% de incremento en la tasa de respuesta y el tiempo promedio de respuesta disminuyó de 71 a 22 días hábiles.

Otro aspecto interesante en la misma institución pública es la forma como la economía del comportamiento mejoró la participación de los trabajadores en los cursos de capacitación en la Academia de Fiscalización Ambiental. Con respecto al problema, existía una muy baja tasa de revisión de información detallada en los correos de convocatoria a los cursos de la Academia de Fiscalización Ambiental del OEFA. Esta alcanzaba apenas el 10.6%. Esto se debía a que los trabajadores apenas veían como asunto curso de capacitación no revisaban a detalle los correos, por lo se restructuró el contenido del correo para reducir su carga cognitiva por lo que dentro del lapso comprendido entre abril y setiembre de 2019, se realizaron pruebas con cursos de variada duración y temáticas diversas, con lo que se logró aumentar el porcentaje de clics en los enlaces dentro de los correos de convocatoria de un 10.6% a un 34.1% ⁽²³⁾.

Algunos ejemplos sobre el uso de la economía de comportamiento en el Estado son los siguientes: (1) incentivar el ahorro formal en una institución financiera ofreciendo incentivos o premios para aquellos que logren alcanzar metas de ahorro establecidas y enviando notificaciones de ahorro personalizado y recordatorios para fomentar el seguimiento de los objetivos de ahorro, (2) reducir el consumo de energía eléctrica o agua estableciendo metas de ahorro de energía o agua e instalando dentro de las instituciones sensores de movimiento en áreas con poca afluencia de personas para ahorrar energía en iluminación, (3) promover el reciclaje a través de reconocimientos y premios a usuarios internos y externos que contribuyan activamente al programa de reciclaje, (4) pagar a tiempo los predios y arbitrios enviando recordatorios automáticos por correo electrónico o mensajes de texto antes de las fechas límite de pago o estableciendo un sistema de pago en línea para facilitar y agilizar el proceso de pago, (5) fortalecer conductas eco amigables proporcionando datos actualizados sobre la contaminación atmosférica en tiempo real para evaluar si esa información influye en las decisiones individuales y la disposición a pagar por acceder a dichos datos, etc.

Es preciso indicar que algunas de estas intervenciones podrían no funcionar por múltiples factores, sin embargo, se gana mucha experiencia y el Estado se empodera frente a su ciudadano quien percibe que su Estado lo toma en cuenta en sus instituciones, programas, proyectos y políticas públicas. En el Perú un interesante ejemplo de responsabilidad social basada en la economía del comportamiento son los proyectos financieros del Banco de la Nación, ofrece créditos hipotecarios y tarjetas de crédito con las mejores tasas de interés para los trabajadores estatales sin importar su remuneración.

C. Responsabilidad Social Empresarial e Innovación

La innovación se define como la introducción de un producto, servicio, proceso o método de comercialización u organizativo que es nuevo o significativamente mejorado. Esta mejora se refleja en las prácticas internas de la empresa, en la configuración del entorno laboral y en las interacciones con otros entes externos ⁽²⁴⁾. Además, el desarrollo de los países está estrechamente relacionado con la innovación, que requiere la participación de diferentes elementos y aspectos vinculados en un mismo sistema, como tecnología, empresas o instituciones. Estos sistemas de innovación pueden manifestarse a nivel nacional, sectorial, regional o local. Diversas instituciones internacionales, gobiernos y empresas tienen un interés destacado en promover la innovación. Entre ellas se encuentran la Comisión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros, quienes han desarrollado iniciativas para fomentar la innovación.

La Innovación Social emerge como una opción para enfrentar estas diversas problemáticas. Según Inglada & Sartre ⁽²⁵⁾, una de las razones por las cuales los problemas actuales son cada vez más abrumadores y se han propagado rápidamente se debe al hecho de que el tejido empresarial se ha desarrollado bajo el sistema capitalista, el cual prioriza principalmente el aumento de ganancias y beneficios a corto plazo, sin tener en cuenta a las personas, el medio ambiente y la comunidad. La responsabilidad social empresarial se ha aplicado únicamente en cuestiones relacionadas con los derechos humanos, la integración social y ocasionalmente el cuidado del medio ambiente. Por otro lado, Villa ⁽²⁶⁾ señala que los diversos y complejos problemas actuales han llevado a los habitantes de todas partes del mundo a reflexionar sobre la necesidad e importancia de reorganizar la forma de gobernar un país, el comportamiento de las instituciones y el retorno a una educación basada en valores más humanos, cívicos y solidarios.

Un aspecto importante de incluir en este punto es la transformación digital. En el Perú, la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital ostenta liderazgo en asuntos de gobierno, confianza y transición hacia lo digital a través de una serie de indicadores como la madurez GovTech, el desarrollo del E-Gobierno, la ciberseguridad, la preparación IA en el gobierno y la innovación propiamente dicha. En este sentido se ha formulado la Política Nacional de Transformación Digital ⁽²⁷⁾, la cual se detalla en la tabla 3.

El GovTech busca en base a las necesidades de la población, definir objetivos claros y medibles, desarrollar estrategias, asignar recursos, seleccionar las mejores soluciones tecnológicas, realizar pilotos y pruebas, realizar una implementación gradual, capacitar y sensibilizar, monitorear y evaluar con la finalidad de realizar una mejora continua y constante. En el Perú un ejemplo de GovTech es la plataforma general implementada por el gobierno donde se puede encontrar toda la información del Estado peruano, realizar trámites y acceder a servicios estatales. Algunos ejemplos son la emisión de recibos por honorarios electrónicos, verificación de afiliación al seguro integral de salud, consulta sobre trámite de documento nacional de identidad, conocer y dar de baja líneas telefónicas a nombre propio, obtener pasaporte electrónico, consultado el estado del registro único de contribuyentes, entre otros.

La transformación digital, un paradigma que ha prevalecido en los últimos veinte años, se ve impactada por la aparición de tecnologías disruptivas en el siglo actual ⁽²⁸⁾. La Cuarta Revolución Industrial representa la última de estas transiciones históricas, consolidando el paradigma digital. La transformación digital busca reorganizar y adaptar organizaciones para aprovechar las oportunidades del mundo digital mediante tecnologías digitales y análisis de datos para decisiones efectivas. Este proceso se reinventa constantemente basado en insights de entornos cambiantes, persiguiendo la disrupción y el éxito en la era digital.

La innovación en la administración pública debe ser un imperativo ético para la gestión pública - ética basada en los valores asociados a la innovación, por lo que urge promover la investigación aplicada y orientada a la solución de problemas reales en la gestión pública, para lo cual deben generarse espacios de producción y encuentro que promuevan la generación y socialización del conocimiento innovador - intercambio de experiencias y prácticas innovadoras ⁽²⁹⁾.

La responsabilidad social del Estado con innovación parte de un problema ciudadano, de ese problema que aun con la intervención estatal aún no se ha solucionado y cuáles son las causas por las que aún no se soluciona. Resulta imprescindible analizar la documentación y normatividad local y regional sobre el asunto y sobre todo si la población tiene alguna idea de solución. Para diseñar esta innovación con responsabilidad social es preciso trabajar en un entorno de absoluta democracia y transparencia, con humanidad, sin prejuicios y tomando muy en serio las lecciones aprendidas. En este proceso el design thinking resulta una herramienta muy útil a través de todas sus etapas: Empatizar - definir - idear - prototipar - testear.

En el Perú existen serias barreras para la responsabilidad social innovadora, entre ellas un sistema de innovación fragmentado incapaz de crear prioridades a largo plazo. A esto se suma un nivel de gasto en investigación y desarrollo escaso que en la última década fue el menor de la región pese a los esfuerzos por aumentarlo en los dos últimos años. Por otro lado, existe insuficiente y sesgada información sobre las necesidades del ciudadano, escasez de personal calificado y de formas de contratación cortoplacistas y faltas de meritocracia que no aseguran la permanencia de los mejores talentos.

D. Responsabilidad Social en el Estado y la Agenda 2030

En el año 2015, las naciones integrantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en colaboración con organizaciones no gubernamentales (ONG) y ciudadanos de todo el mundo, presentaron una iniciativa para desarrollar 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos objetivos buscan un desarrollo sostenible equilibrado en tres dimensiones: económica, social y ambiental. Como resultado, se estableció una agenda internacional que se extiende hasta el año 2030 y está compuesta por los mencionados 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, junto con 169 metas específicas. A continuación, se analizarán los tres primeros ODS brindando ejemplos de iniciativas del Estado peruano para mejorar la situación de los ciudadanos.

En relación al ODS 1 - Fin de la pobreza, se destacan resultados significativos que muestran que entre 2007 y 2019 ⁽³⁰⁾, la tasa de pobreza monetaria en el país se redujo en más de la mitad pasando del 42.4% al 20.2%. Sin embargo, debido a la pandemia y a los problemas políticos, entre el 2020 y el 2022 ⁽³⁰⁾ la pobreza monetaria aumentó en un 11.3%, afectando al 33.4 % de la población peruana. Este incremento impactó al 47.7% de las personas que viven en áreas rurales y al 26.8% de las personas que residen en zonas urbanas, lo que representa un retroceso de 10 años en la lucha contra la pobreza a nivel nacional. Los grupos poblacionales con mayor incidencia de pobreza monetaria son aquellos cuya lengua materna es distinta del castellano (34.2%) y aquellos que se autoidentifican étnicamente como quechua (27.9%), aimara (31.8%), amazónica (38.6%) o afroperuana (28.3%).

Al respecto el Estado peruano ha implementado desde la responsabilidad social, diversos programas de asistencia social dirigidos a los sectores más vulnerables de la población, como Juntos y Pensión 65, que brindan apoyo económico a familias en situación de pobreza extrema y adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Asimismo, se han puesto en marcha programas de alimentación y nutrición para mejorar las condiciones de nutrición de la población más desfavorecida, como el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (Vocablo quechua que se traduce como Niño Vigoroso), que proporciona alimentos nutritivos a niños en edad escolar. También se han implementado programas de empleo y capacitación dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de mejorar sus oportunidades laborales y reducir la pobreza tales como Luwari Perú (Palabra aimara que significa realización personal a través del trabajo).

En cuanto al ODS 2, se destaca que la tasa de desnutrición crónica en niños de menos de 5 años ha experimentado una disminución del 14.6% al 12.2% entre 2014 y 2019. No obstante, persiste una brecha significativa entre las zonas rurales y urbanas. La región más afectada es Huancavelica, con una incidencia de desnutrición crónica del 30.7%. Sin embargo, debido a la reducción de los ingresos familiares durante la pandemia, en 2020, la prevalencia de anemia en el grupo de población de 6 meses a 2 años y 11 meses ha aumentado en un 10.7%, alcanzando alrededor del 50.8% de ese grupo etario, con un mayor incremento en las áreas rurales (64.5%) en comparación con las urbanas (46.2%) ⁽³¹⁾. Al 2022 la desnutrición crónica en niños de menos de 5 años llegaba a 15,3% con mayor prevalencia en niños entre 12 y 47 meses ⁽³¹⁾. En este punto a través de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), como Cuna Más, Juntos, Haku Wiñay, Tambos, Qali Warma y la Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS), se realizan actividades de seguimiento para garantizar la entrega de servicios esenciales e intervenciones educativas dirigidas a mujeres gestantes y niños menores de 36 meses. El objetivo es promover cambios de comportamiento en las familias beneficiarias de estos programas, fomentando prácticas saludables para prevenir la desnutrición crónica y la anemia infantil ⁽³²⁾.

El ODS 3 ha logrado una notable reducción en la mortalidad materna en las últimas dos décadas, disminuyendo de 198 a 66 muertes por cada 100,000 nacimientos en 1990 y 2018, respectivamente, aunque el impacto negativo del covid-19 ha ocasionado una pérdida estimada de cinco años de avances. En cuanto a la mortalidad neonatal, Perú ha alcanzado la meta deseada de 12 muertes por cada 1000 nacimientos a nivel general, mientras que en áreas urbanas se sitúa en 9 por cada 1000, pero en áreas rurales esta tasa se encuentra por encima del límite con 13 por cada 1000 nacidos vivos durante el período 2017-2018. Es importante también indicar que en el año 2019 se produjeron 360 muertes maternas, 439 en el 2020 y 493 en el 2021 manifestándose principalmente durante todo ese período en el grupo etario entre los 20 y 35 años, siendo además de Lima, Piura, Loreto, La Libertad y Puno las regiones con mayor cantidad de fallecidas ⁽³³⁾.

Una buena práctica implementada para reducir la mortalidad materna y del recién nacido es la incorporada por el Ministerio de Salud (MINSA) a través de la atención del parto vertical en los Centros Materno Perinatal para promover un enfoque cálido, especializado y seguro que respete los derechos, costumbres, necesidades y demandas de la gestante. El parto vertical ofrece ventajas como la posibilidad de probar diferentes posturas para mayor comodidad, la disminución del sangrado y del dolor, y la reducción de la posibilidad de desgarros y por ende se podrían reducir las muertes de las madres. En este tipo de parto, la gestante puede estar de pie, sentada o en cuclillas, mientras el personal de salud la atiende desde adelante o detrás. Esta práctica es común en zonas rurales, especialmente en la sierra y selva del país, y fue respaldada por la Norma Técnica N° 033- MINSA/DGSP-V.01 en 2005 para promover la atención del parto con enfoque intercultural.