Marco Referencial

El procedimiento expedito consagrado en el Código Orgánico Integral Penal, artículos 644, 645 y 646, es necesario para este tipo de situación procesal realizar un análisis debido a que todas las diligencias de prueba se tienen que efectuar una vez que se ha celebrado la vista del juicio. Al respecto, cabe considerar a las contravenciones como actos u omisiones menores contrarios a la ley y que, por tanto, puedan suponer un peligro inminente tanto para el autor como para terceros.

En el ámbito de tránsito, las contravenciones leves se encuentran enmarcadas como especiales y hay que entender que los hechos punibles son ahora no sólo los que producen resultados lesivos, sino también, los que incumplen un deber objetivo de cuidado, además, como circular con ausencia de luces en horario vigilado, conducir sin utilizar el cinturón respectivo, realizar movimientos peligrosos, utilizar el teléfono móvil mientras se conduce, constituyen contravenciones, ya que el conductor es aquel que garantiza la seguridad vial cuando pone en marcha su vehículo y su comportamiento negligente o imprudente le pone en peligro a él y a los demás usuarios de la vía.

Sin embargo; las mismas no pueden ser consideradas como delitos, pero muchas multas de tránsito son el resultado de dichas contravenciones, y los actos típicos, ilegales y punibles de transito se establecen como uno o varios de los resultados o efectos de dichas contravenciones menores. En la práctica, las contravenciones de tránsito, pueden ser el uso de un teléfono móvil mientras se conduce o la realización de maniobras peligrosas, que en sí mismas sólo representan un peligro para los usuarios de la carretera, no obstante, el resultado de estas acciones, como un accidente de tránsito, es de hecho una infracción legalmente sancionable (^{Alpusig, 2018}).

Como ya se ha dicho, los delitos de tránsito y las contravenciones son actos diferentes con consecuencias distintas, por lo que no pueden ser juzgados por el mismo procedimiento. Un delito de tránsito puede ser juzgado a través de un procedimiento directo, ordinario, el cual es un procedimiento penal que lleva a cabo una investigación y acusa al infractor sobre la base de las pruebas recogidas. En cambio, en cuanto a las contravenciones de tránsito, por cuanto el propósito es impugnar la sanción debido a la presunta infracción de tránsito, estas contravenciones se resuelven mediante un procedimiento especial para no afectar al derecho de defensa del acusado.

En tanto, el artículo 644 del Código Orgánico Integral Penal, dispone: Iniciación del procedimiento: en las contravenciones de tránsito, la persona citada podrá impugnar la multa en el plazo de tres días desde la citación; para ello, el impugnante deberá entregar una copia de la citación al juez de contravenciones de tránsito, que resolverá de forma sumaria en una audiencia convocada al efecto, debiendo otorgarse al infractor un derecho de defensa.

El procedimiento contempla aspectos esenciales tales como la citación, la notificación, adjudicación y las sanciones sobre las contravenciones en materia de tránsito; el primero de los mencionados se refiere al derecho de impugnar la citación como titular del procedimiento penal de las contravenciones, sino que se inicia de forma directa con la sanción, con el agente de tránsito que pone la multa por la infracción de tránsito.

El segundo paso es impugnar la multa en el plazo de tres días que marca la ley en la que se decida si se declara la inocencia del infractor o se le impone una multa y se le reducen los puntos del permiso de conducir de acuerdo con la ley. En el acto de la audiencia se hará presente el material probatorio que el presunto infractor considere, así como la declaración del funcionario de tránsito, aspectos esenciales requeridos por el juez para su decisión sobre el mérito de la infracción y la responsabilidad del infractor.

Las Contravenciones

En cuanto a las contravenciones ^{Cabanellas (1997}) refiere a la infracción cometida por el incumplimiento de una orden. Un delito contra la ley cuando es contrario a la ley o fraudulento. El Código Orgánico Integral Penal (2014), regula en el artículo 19 la clasificación sobre las infracciones en los siguientes términos: “Las infracciones se clasifican en delitos y contravenciones” (p.15).

Según ^{Cabanellas (1997}), hay que tener en cuenta que las contravenciones son el incumplimiento del orden legal y que las diferentes leyes tienen sus propias sanciones, que no son tan graves como las sanciones penales. En cuanto a las contravenciones de tránsito, el marco legal ecuatoriano prevé sanciones contra el infractor, que no son estrictas y pueden ir desde advertencias o sanciones verbales hasta sanciones pecuniarias como multas, o la reducción de los puntos del permiso de conducir del infractor.

Tanto las medidas como las sanciones son proporcionales a la infracción, aún no existe una disposición clara que establezca de manera definitiva el tratamiento que la ley da a las contravenciones de tránsito que suelen ocurrir en Ecuador, sin embargo, sí regula el artículo 9 de la norma constitucional que los extranjeros en el Ecuador tendrán los mismos derechos y obligaciones que los ecuatorianos, y en el artículo 386 del Código Penal Integral regula el caso de las personas que conducen sin licencia de conducir, al examinar estos dos artículos se observa que existe contradicción, ya que a los extranjeros o visitantes no se les puede quitar los puntos de la licencia, como lo establece el Código Integral Penal (COIP, 2014, p.115).

También es necesario definir las contravenciones de tránsito y aclarar que: una contravención es una violación de las normas; es menos grave que un delito y su conocimiento y sanción son competencia exclusiva del juez. Estos actos son reprobables y están descritos en el Código Penal Integral, a fin de garantizar actuaciones correctas y de armonía en la sociedad. Al respecto, hay que tener en cuenta el principio del carácter perjudicial de los actos en cuestión para integrarlos en el marco normativo.

Según el Código Orgánico Integral Penal, entendiéndose que para determinadas faltas se pueden imponer tanto penas privativas de libertad como no privativas de libertad, reservándose las primeras para la contravención considerados graves, de acuerdo con lo establecido en el artículo 383, art 384, art. 385 y art. 386 de la normativa penal. Las contravenciones de tránsito son delitos cometidos por el incumplimiento de las disposiciones relativas a las contravenciones, es decir, las contravenciones de la ley, el incumplimiento voluntario o deliberado de la ley.

Las contravenciones de tránsito reguladas en la normativa penal se dividen en varias categorías: contravenciones de tránsito de primera clase que son sancionadas con penas privativas de libertad; y, de la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima clase son sancionadas con pena no privativa de libertad.

Derecho constitucional a la defensa

Puede decirse que el derecho de defensa es esencial en el procedimiento judicial junto con las demás garantías, que además, permite que todas estas funcionen; es por ello que, es un derecho que no puede mantenerse en el nivel que el resto de las garantías procesales, sino que ante su vulneración se estaría violando una garantía esencial de los ciudadanos, siendo ésta la que activa las demás garantías en todo procedimiento; de modo pues, que si el derecho de defensa no se cumple adecuadamente provoca la nulidad del procedimiento. Tal como refiere ^{Cruz (2015}) el derecho a la defensa “consiste en la posibilidad jurídica y material de ejercer la defensa de los derechos e intereses de las personas, en juicio y ante las autoridades de manera que se asegure la realización del principio de igualdad” (p.3).

Cabe señalar también que, de acuerdo con el criterio de la Corte Interamericana, este derecho fue agregado en algunos Tratados Internacionales de Derechos Humanos que han sido ratificados por el Ecuador, para luego ser incorporados en el régimen legal ecuatoriano mediante lo que se conoce como bloque de constitucionalidad, a través de la Constitución. El derecho de defensa garantiza al acusado un equilibrio de poder, esencialmente para refutar las pruebas en su contra, aportar pruebas que fortalezcan su caso y objetar las decisiones judiciales a través de los recursos. Al respecto, ^{Vladila et al. (2011}) indica que:

La compresión de este principio obliga al conocimiento de los dos sentidos que comporta la idea de defensa. Uno, material o substancial, tiene en vista un complejo de derechos y garantías con carácter procesal, siendo esto el derecho de defensa, en sentido amplio. El segundo, formal o institucional se limita a definir el derecho de la parte a beneficiarse de un defensor especializado, siendo esto el derecho de defensa, en sentido limitado (p. 244).

De modo pues, el derecho a la defensa se establece o se estructura como el derecho a determinadas garantías para asegurar resultados justos y equitativos del proceso, que incluyen la posibilidad de presentar y argumentar su caso ante un juez, dar razones para la decisión. En la esfera constitucional, el derecho a la defensa requiere que nadie se vea privado de los mecanismos fundamentales que permiten hacer valer sus derechos durante el transcurso de un proceso judicial, en igualdad de condiciones y capacidades.

Al respecto, refiere Gimeno como se citó en ^{Ruiz & Ponce (2016}), “el derecho de las partes a no sufrir discriminación alguna en el ámbito del proceso y a tener las mismas posibilidades de alegación, prueba e impugnación, es un derecho fundamental autónomo, consagrado genéricamente en la Constitución” (p.167) por ello debe estar garantizado en todo proceso el derecho de impugnar una decisión desfavorable ante un juzgado superior.

En el ámbito procesal cuando se vulnera el principio de igualdad se deben considerar vulnerados el resto de las garantías que ésta conlleva, de modo pues que, uno de los criterios que prevalecen es que ante ello debe existir los recursos de impugnación para garantizar que sean restablecido el orden y subsanar el hecho ocurrido (^{Ruiz & Ponce, 2016}). Al respecto la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece en su artículo 10:

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. (p.22)

De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976), contempla en su artículo 14 numeral 1:

Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella. (^{Asamblea General de Naciones Unidas, 1976})

En este sentido, tal como lo disponen las normas internacionales, las partes dentro del proceso penal están en el derecho de ejercer su defensa, ser oídas por un juez imparcial manteniendo la igualdad procesal de conformidad con la ley, por ende, estás garantías también comprenden el derecho de recurrir ante la posible vulneración de sus derechos.

Derecho a recurrir al fallo

La garantía de recurrir ante un tribunal de segunda instancia establece que toda persona tiene derecho a obtener una sentencia que establezca su responsabilidad en un plazo razonable y con la motivación adecuada para un posible recurso. El debido proceso sería ineficaz sin el derecho a defenderse ante los tribunales y sin la posibilidad de defenderse contra una decisión o sentencia desfavorable, de modo que a través de este recurso la persona afectada por la sentencia desfavorable pueda proteger sus derechos teniendo otra oportunidad de ejercer el derecho de defensa y la persona afectada por la sentencia desfavorable tenga la posibilidad de impugnarla y obtener una revisión del asunto.

Por ello, es importante que los responsables de la administración de justicia valoren, de forma adecuada y en un estado constitucional de derechos y justicia, los casos en los que se deben desestimar los recursos, ya que la desestimación de recursos injustificados conlleva a la violación de derechos y garantías constitucionales. Empero, es evidente que el derecho de recurrir, debe ajustarse a lo dispuesto en la normativa constitucional y legal, siempre que las limitaciones que establece la carta fundamental sean compatibles con la exigencia del respeto y resguardo de los derechos y con los principios de oportunidad y proporcionalidad.

Una de estas limitaciones se refiere a los plazos establecidos por la ley para presentar un recurso, aunque su razón de ser es garantizar los principios de celeridad procesal, seguridad jurídica y el derecho de las partes a defenderse en juicio, al tratarse de una norma que limita el derecho a recurrir, debe aplicarse teniendo en cuenta los factores que ayudarán al juez a adoptar la decisión de no admitir el recurso.

Principios del debido proceso

El principio que subyace a todo ordenamiento procesal, se entiende como la existencia y provisión de un sistema de administración de justicia, a saber, los elementos apropiados para el ejercicio de las funciones judiciales del Estado. Este implica la declaración de los derechos impugnados o el restablecimiento de los derechos vulnerados, interpretándolos y aplicándolos de forma imparcial en los casos concretos; supone la existencia de un conjunto de instituciones judiciales independientes y especializadas en la materia, capaces de resolver de forma civilizada y eficaz los conflictos que surjan en la vida de la sociedad y de garantizar el acceso de todos a esta justicia, prevaleciendo ante todo la igualdad y no discriminación.

Es por ello por lo que, el debido proceso, es programático y también legalmente vinculante, requiere de la adecuación, la existencia, y vigor de un sistema jurisdiccional y procesal capaz de garantizarlo, ajustado a la justicia que está relacionada con la consecuencia del Estado que asumen totalmente el poder y la expresión fundamental del derecho de petición, contemplado en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en los siguientes términos:

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Parte se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades del recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. (Organización de los Estados Americanos, 1969, p.11)

Este derecho de petición es esencial ya que es una herramienta fundamental para encauzar la defensa en cualquier tipo de procedimiento mediante el correspondiente planteamiento o recurso ante la autoridad judicial competente. Aunado a ello, debe interpretarse de forma extensa para referirse no sólo a la posibilidad de presentar un recurso ante la oficina encargada del procedimiento, sino también a cualquier oficina judicial en la que se pueda presentar un recurso (como el Tribunal Constitucional o un tribunal que ejerza recursos de habeas corpus y de amparo, o habeas data autorizado) (^{Andrade, 2018}).

Estudio de casos sobre las Contravenciones de tránsito resueltos en la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el Catón La Troncal, Ecuador, primer semestre del año 2022-

La problemática constatada en la investigación y que fue de interés debido a las consecuencias jurídicas que la misma plantea, partió de una aproximación teórica, debido a lo novedoso del tema y a la poca exploración científica verificada en las bases de datos sobre las contravenciones de tránsito que no ameritan la pena privativa de libertad y que afectan el derecho constitucional del recurso de apelación; en atención a ello se realizó el estudio de casos resueltos por la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en La Troncal, lo cual permitió obtener datos verificables sobre el tratamiento que se da a éstas contravenciones.

En este orden de ideas, se procedió con el análisis de las sentencias condenatorias en las que se declararon responsables de las infracciones tipificadas y sancionadas en el Código Orgánico Integral Penal, tal como se describe en la siguiente tabla:

De los resultados obtenidos del estudio de casos contentivos de las sentencias emitidas por la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en La Troncal, se constata que todas las causas resueltas declaran responsable al autor por las infracciones previstas en los artículos 386, 389, 391 del Código Orgánico Integral Penal, vulnerando el derecho constitucional de apelación ya que éstos no pueden solicitar que las decisiones sean revisadas por un Tribunal de mayor jerarquía conforme a lo previsto en la normativa penal.

En atención a lo antes expuesto, se considera necesario afirmar la necesidad que la Corte Constitucional previo el trámite pertinente, declare la inconstitucionalidad de la frase contenida en la última parte del inciso quinto del artículo 644 del Código Orgánico Integral Penal que establece: “y podrá ser apelada ante la Corte Provincial, únicamente si la pena es privativa de libertad”, por ser contraria a lo dispuesto en la Constitución y los tratados internacionales, violentando el derecho constitucional que permite apelar de las sentencias cuando se considere que ha sido vulnerado algún derecho, concatenado al derecho a la defensa.