INTRODUCCIÓN

La estructuración de las bandas criminales se realiza a través de redes criminales organizadas que se benefician, entre otras cosas, de la venta de productos ilegales (^{Alda, 2014}). Su objetivo principal es reclutar a jóvenes desfavorecidos y con carencias de apoyo familiar, ya que se ven afectados por la falta de oportunidades laborales, problemas de salud, limitaciones educativas y otros factores endógenos. Estos jóvenes, desafortunadamente, encuentran una salida indebida para mejorar su estabilidad económica, sin percatarse del daño que causan a la sociedad.

El problema actual radica en el elevado índice de adolescentes que se involucran en estas bandas criminales debido a motivos sociales, económicos y familiares que impactan negativamente en el entorno social en el que se desenvuelven.

En este sentido, los autores ^{Rivera Rhon y Bravo Grijalva (2020)} manifiestan lo siguiente:

El Crimen Organizado Transnacional (COT) crece, muta, se despliega con acelerada transformación y perfecciona sus formatos de intervención. Opera bajo una modalidad delictiva con direccionamiento empresarial, que proyecta su dominación sobre el Estado y la sociedad. Al igual que los procesos de globalización y liberalización del comercio internacional, las dimensiones clandestinas de la globalización involucran una mayor facilidad de flujos ilícitos transfronterizos de personas, dinero e información. (p.25)

Entonces, el crimen organizado es una oportunidad para las personas que buscan estatus económico y social de manera fácil, sin importar el daño que causan a la sociedad. Por lo general, las personas forman parte de estas bandas por la falta de oportunidades y debido a la poca ayuda que le brinda la sociedad. Por tal motivo, estas bandas se presentan, fundamentalmente, en países donde hay un alto índice de pobreza como los países de centroamericanos y sudamericanos (^{Riquelme et al., 2019}).

En Ecuador, especialmente en la ciudad de Guayaquil, las pandillas se consideran el principal referente de organización juvenil, mayormente vinculadas a actividades delictivas, manejo de armas, consumo y distribución de drogas, con un amplio espectro de acción dirigido hacia los centros educativos y los barrios marginales (^{Ordóñez, 2017}).

Estas bandas criminales consisten en grupos armados integrados por jóvenes y adultos, con edades que oscilan entre 18 y 30 años, liderados por adultos que actúan como autores intelectuales y materiales (^{Crespo Berti et al., 2021}). Están organizados para llevar a cabo actos delictivos y el tráfico de drogas, implicando a adolescentes en roles como informantes, distractores, desvalijadores de autos robados, transportadores y distribuidores de drogas. A cambio de su participación, los adolescentes y jóvenes reciben remuneración y protección mientras estén activos en la banda.

Se estima que en la ciudad de Guayaquil hay alrededor de 1,050 agrupaciones no formales, con aproximadamente 65,000 jóvenes vinculados a grupos de violencia armada organizada, como pandillas y guetos urbanos. Estos jóvenes provienen en su mayoría de hogares conflictivos, caracterizados por la desestructuración familiar causada por la extrema pobreza y la cultura del maltrato, lo que ha generado un alto índice de jóvenes violentos, inconformes, agresivos y excluidos (^{Insight Crime, 2019}).

Por otro lado, ^{Cerbino (2020)} profundiza en la comprensión de los factores y circunstancias que contribuyen a la participación de jóvenes en actividades delictivas. Busca prevenir y abordar esta problemática, identificando factores de riesgo, evaluando las consecuencias individuales y comunitarias que pueden surgir de este problema social. Su enfoque incluye la comprensión del proceso de reclutamiento de jóvenes en grupos delictivos, así como el estudio de las características individuales, familiares y sociales que pueden aumentar la probabilidad de que un adolescente se una a una banda delictiva, como la falta de supervisión parental, la exposición a la violencia en el hogar o la comunidad, y la falta de oportunidades educativas o laborales, entre otros. Además, se complementa con la contribución de otros colegas que aportan al estudio de posibles soluciones para esta problemática que afecta significativamente a la sociedad (^{Cuesta y Blanco, 2010}).

De acuerdo, al autor ^{Sansó (2009)}, quien aborda la identificación del porqué las bandas o clanes aumentan su índice de integrantes adolescentes, y la forma piramidal interna de esas bandas delictivas. Son grupos juveniles más extensos y organizados que obedecen a una cadena de mando, según la antigüedad y méritos obtenidos. Cuentan con un mínimo de 100 integrantes y se dividen en células, según la ley de las calles. Su extensión territorial trasciende el espacio del barrio pues abarcan el ámbito nacional y hasta global. Se conoce, además, que las “naciones o bandas” cuentan con una organización jerárquica ascendente, similar a la de un ejército u organización militar, pues cuentan también con un sistema de castigos y retribuciones. Además, practican una serie de rituales que constituyen procesos con resolución de continuidad, en los que deben superar algunas pruebas tendientes a demostrar la lealtad y respeto, entre aspirantes, hacia sus líderes y hacia la nación (estos rituales van desde el robo de la insignia de un vehículo hasta el asesinato de un miembro de un grupo rival).

Por lo tanto, la importancia del aumento de integrantes jóvenes en las bandas delictivas radica en el énfasis en el proceso inicial que deben atravesar los jóvenes para obtener un rango en la banda, superando un frenesí que les permite ascender en la jerarquía piramidal. En esta estructura, el rango más alto es el encargado de materializar diversas infracciones con fines lucrativos, beneficiando así a las bandas y a los líderes de alto rango.

De acuerdo con ^{Prieto (2013)}, en su artículo "Pandillas y Naciones en Ecuador", las pandillas o agrupaciones juveniles son un tema relevante en el debate sobre seguridad ciudadana, ya que pueden estar relacionadas con fenómenos violentos o delictivos. Es fundamental comprender que estas agrupaciones pueden reflejar fenómenos de exclusión y violencia que afectan a los jóvenes que las integran, más allá de ser simplemente consideradas como agentes antisociales o enemigos del bien común. Es esencial abordar estas dinámicas desde una perspectiva más amplia, considerando las violencias que afectan a los jóvenes tanto desde dentro como desde fuera de estos grupos.

Según el ^{Código de la Niñez y Adolescencia (2003)} y la Norma Suprema (2008), los adolescentes son penalmente inimputables y no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicarán las sanciones previstas en la normativa penal. En su lugar, cuando cometan infracciones tipificadas en la ley penal, estarán sujetos a medidas socioeducativas como respuesta a su responsabilidad. Es importante tener en cuenta estas disposiciones legales al abordar las acciones de los jóvenes vinculados a las bandas delictivas.

Así mismo, la ^{Constitución del Ecuador (2008)} proclama que reconoce a los niños como sujetos de derechos:

Artìculo.45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, y por tanto de los derechos de libertad, además de los específicos de su edad, tales como “el derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten.

El menor, al no haber alcanzado la edad de 18 años, justifica la exclusión de la responsabilidad penal, es decir, la inimputabilidad, aunque en algunos casos el desarrollo de las facultades intelectuales y volitivas del adolescente podría sugerir que es capaz de comprender la ilicitud del acto delictuoso y tiene la voluntad de abstenerse de cometerlo (^{Villanueva, 2015}).

Es importante destacar que existe una diferencia significativa entre el proceso seguido a un adulto y el seguido a un adolescente infractor. Se trata del principio de reserva, opuesto al principio de publicidad en el proceso penal ordinario. Según el CNA, el Artículo 317 establece que todas las instancias del proceso en las que participe un adolescente se tramitarán de manera reservada. En las audiencias solo pueden estar presentes el Juez, el Fiscal, los defensores, el adolescente y un familiar o una persona de confianza, si así lo solicita el adolescente.

En Ecuador, desde febrero de 2021, el problema de las bandas criminales ha experimentado un aumento con los actos de violencia ocurridos en los centros de rehabilitación social debido a disputas de poder, resultando en más de 320 personas asesinadas (^{Ortega, 2022}). Este tipo de crimen organizado presenta una estructura compleja con un alcance y repercusiones exponenciales. Su capacidad para coordinar diversos delitos en diferentes lugares y momentos de manera simultánea se debe al diverso número de miembros involucrados. Por lo tanto, las modalidades de asociación ilícita y crimen organizado previstas en el COIP resultan insuficientes para abordar este fenómeno debido a su amplia descripción (^{Sornoza Castro, 2022}).

En el marco del desarrollo argumentativo, el objetivo general es analizar a los adolescentes infractores involucrados en las bandas criminales en Ecuador.

METODO

El método empleado en la investigación sigue un enfoque cualitativo, utilizando la recolección y análisis de una tipología documental-bibliográfica (^{Hernández Sampieri et al., 2014}). Esta metodología permite organizar un análisis del objeto de estudio con el propósito de descubrir las intenciones presentadas por los investigadores. La técnica de investigación aplicada fue la entrevista, utilizando una guía de entrevista como instrumento. Este proceso analítico-reflexivo contribuye a ampliar el estado del arte en relación con el marco jurídico científico vigente (^{Behar Rivero, 2018}).

RESULTADOS

Después de llevar a cabo el método descrito por los investigadores, se presentan a continuación los resultados obtenidos.

Según las declaraciones proporcionadas por los adolescentes detenidos en el hogar de tránsito, muchos de ellos expresaron sufrir maltratos verbales y físicos por parte de sus padres o familiares. Sorprendentemente, el 80% de estos jóvenes reside mayormente con uno de sus padres, siendo en la mayoría de los casos la madre. Esta situación se agrava, ya que, para buscar el sustento diario, las madres suelen dejar a sus hijos solos, exponiéndolos a condiciones de inseguridad. Esta circunstancia otorga a los adolescentes un dominio absoluto de su tiempo libre, llevándolos a buscar compañía con otros jóvenes, ya sea involucrándose en actividades deportivas, viendo televisión, disfrutando de la música o, en términos más crudos, uniéndose, enfrentándose o participando en pandillas locales. Agravando esta realidad, se encuentra la exclusión de un elevado porcentaje de niños y adolescentes del sistema educativo debido a su situación de pobreza. En la ciudad de Guayaquil, el 70% de los jóvenes pertenecientes a agrupaciones presenta niveles de educación primaria, mientras que el 30% restante alcanza la educación secundaria (^{Orellana y Caveda, 2022}).

A continuación, se presenta un extracto de la entrevista realizada al fiscal Edwin Lozano de la sede Ibarra.

La normativa legal actual en Ecuador en relación con los adolescentes involucrados en bandas delictivas obliga a abordar y analizar tanto el Código de Niñez y Adolescencia como el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Ambas normativas sirven como fundamentos para imponer medidas que contribuyan a mejorar la situación de los jóvenes vinculados a estas bandas. Es relevante destacar que la mayoría de los casos de adolescentes vinculados a estas bandas se registran en ciudades como Guayaquil, Portoviejo y Chone, ya que presentan un alto índice de reclutamiento de adolescentes para cometer actos antisociales.

A pesar de los esfuerzos del gobierno por combatir el flagelo criminógeno y ayudar a las familias, especialmente a los jóvenes afectados, se observa que estas iniciativas no han tenido éxito. El gobierno implementa diversas estrategias para abordar este problema social, promoviendo la convivencia, cooperación e intervención mediante medidas socioeducativas y la identificación de factores de riesgo. Además, es necesario señalar que las principales causas que llevan a estos jóvenes a involucrarse con bandas criminales están relacionadas principalmente con la descomposición social, la pobreza y la desintegración familiar, así como con la fragilidad de las estructuras familiares.

A continuación, se presenta entrevista realizada a la Jueza de Niñez y Adolescencia del Concejo de la Judicatura, sede Ibarra.

DISCUSIÓN

La propuesta diseñada surge como una respuesta mitigadora a la problemática relacionada con los adolescentes infractores vinculados a bandas delictivas, buscando la imposición de una pena privativa de libertad acorde con el delito cometido. En este sentido, se ha implementado una reforma al artículo que regula las medidas socioeducativas del Código de Niñez y Adolescencia (CNA).

Título: Propuesta de Reforma al CNA, Artículo 379, referente a las medidas socioeducativas expresadas en el Título V.

Objetivo: Reformar el Artículo 379 del CNA, específicamente en el Título V, Capítulo III, para establecer medidas socioeducativas privativas de libertad que sean más proporcionales al delito cometido. La intención es dotar al marco normativo de mayor idoneidad en la aplicación de penas relativas a los actos delictivos de los jóvenes infractores.

Justificación: En casos de adolescentes vinculados a bandas criminales y en conflicto con la Ley Penal, el COIP dispone que están sujetos al CNA. No obstante, se ha observado una falta de proporcionalidad entre el delito y la medida socioeducativa aplicada, lo que ha resultado en la reincidencia de los jóvenes en actividades delictivas y su reclutamiento por parte de bandas criminales.

Descripción de la propuesta: La reforma se centra en la presentación de disposiciones que aseguren la correcta aplicación de medidas socioeducativas privativas de libertad. Estas medidas buscan una distribución justa de la pena, directamente relacionada con la gravedad del delito. La propuesta se basa en los resultados obtenidos de entrevistas a informantes clave que evidenciaron la necesidad de una reforma parcial en el Artículo 379.

La propuesta incluye la adición de un nuevo numeral al Artículo 379 del CNA, que establece cinco tipos de internamiento:

Internamiento domiciliario: Restricción parcial de la libertad, permitiendo al adolescente salir solo para actividades específicas.

Internamiento de fin de semana: Restricción parcial de la libertad, obligando al adolescente a asistir al centro de infractores los fines de semana.

Internamiento con régimen semiabierto: Restricción parcial de la libertad, permitiendo al adolescente concurrir al establecimiento de estudio o trabajo.

Internamiento Institucional: Privación total de la libertad en un centro de infractores, con programas de tratamiento establecidos.

Cumplimiento de pena según COIP: Establece que los adolescentes que cometan delitos sancionados con más de 5 años de pena privativa cumplirán la pena hasta los 18 años en centros de infractores, luego completarán la pena en centros penitenciarios según lo establecido en el COIP.

Se debate sobre las causas de la incorporación de adolescentes a bandas criminales, como la pobreza extrema, deserción escolar, curiosidad, exclusión social y falta de oportunidades. Las consecuencias derivan en mayor inseguridad y aumento de los índices de muertes violentas en la sociedad. La propuesta sugiere una medida socioeducativa con pena privativa de libertad más severa, modificando el Artículo 379 del CNA y añadiendo un numeral para el cumplimiento total de la pena en Centros de Detención de Adolescentes Infractores hasta los 18 años, seguido por centros penitenciarios conforme al COIP.

CONCLUSIONES

El aumento de violencia e inseguridad impulsado por las bandas criminales vinculadas a adolescentes crea un ambiente de inestabilidad e incertidumbre, exacerbado por la respuesta laxa de las autoridades, lo que resulta en un estado de extrema violencia. El estudio destaca el problema de las bandas delictivas y la delincuencia organizada, las cuales participan en diversas actividades ilícitas, como narcotráfico, extorsión y robo. La presencia de estas bandas genera un clima de inseguridad y violencia en las comunidades, afectando la calidad de vida de los ciudadanos y obstaculizando el desarrollo económico y social del país y su entorno.