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INTRODUCCIÓN
La migración irregular es un fenómeno complejo que presenta importantes desafíos para la protección de los derechos humanos. Esta se configura cuando las personas cruzan las fronteras sin cumplir con los requisitos legales de entrada, permanencia o trabajo en el país de destino. En este contexto es fundamental comprender conceptos importantes como la diferencia entre la migración irregular y el tráfico de personas, así como las diversas razones por las que las personas deciden migrar irregularmente. En este orden de ideas, la tasa de migración irregular es la proporción de inmigrantes indocumentados respecto al total de inmigrantes de cada país y región. De acuerdo con el método propuesto (Canales et al., 2019).
Al respecto, en América Latina y el Caribe, preocupa la proporción desconocida de migrantes que residen hoy en situación irregular o en procesos de migración circular (en constante movimiento según oportunidades laborales) con niveles mínimos de protección y seguridad (Cabieses et al., 2018).
De acuerdo con García Arias (2023) en su artículo titulado: Migración irregular, el peor negocio del mundo, señala que, la migración irregular de ciudadanos centroamericanos a través de intermediarios conforma un mercado que no deja de crecer y que algunos autores estiman en 2.200 millones de euros. El coste individual de emigrar por esta vía puede oscilar entre los 5.500 y los 18.000 euros, según sea el servicio contratado y los peligros que se quieran evitar en la ruta escogida.
Así mismo, el diario PRIMICIAS (2024) destaca que: la migración irregular de ecuatorianos a México aumentó en un 220% en 2023, en comparación con el año previo. La mayoría de los compatriotas ingresan al país azteca con el objetivo de llegar a Estados Unidos. En 2022, Ecuador ocupaba el octavo lugar en la lista de los principales con migrantes en situación irregular, en 2023, subió al cuarto puesto, luego de Venezuela, Honduras y Guatemala. Una vez en México, los migrantes intentan conseguir permisos de circulación por el país y así llegar hasta la frontera con Estados Unidos.
En tal sentido, el marco legal internacional de los derechos humanos establece normas y principios para proteger los derechos de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio. Los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la libertad y la seguridad, están protegidos por instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos instrumentos son cruciales para proteger los derechos humanos de las personas que se encuentran en situaciones de migración irregular.
Por ello, las instituciones gubernamentales se enfrentan a varios desafíos que hacen que cada día el fenómeno de la migración se vea en la necesidad de buscar nuevas vías de solución y descubrir las potencialidades y fortalezas que presenta el sistema de leyes y regulaciones para garantizar la movilidad del migrante, y a su vez, el sistema jurídico del país esté en condiciones de generar conductas apropiadas en esa masa poblacional y regular aquellas que no sean adecuadas (Quevedo Arnaiz et al., 2021).
Sin embargo, es importante destacar que, aunque se tiene el derecho a migrar, el país de acogida no tiene la obligación de recibir a las personas que migran. Ha habido una crisis migratoria real debido al ingreso irregular por pasos no autorizados, lo que ha provocado un colapso en las ciudades fronterizas y ha llevado a la creación de campamentos para refugiados e inmigrantes irregulares sin respetar la edad y con una importante división familiar (Vásquez, 2023).
Además, una de las dificultades que hacen a los migrantes más vulnerables es la obtención de documentos de movilidad, lo que los expone al tráfico de personas y a redes que aprovechan sus necesidades y su condición irregular para involucrarlos en actividades ilegales (León Rojas, 2020) lo que determina que, en la actualidad, el tema de las migraciones internacionales ha alcanzado un nivel de importancia sin precedentes, colocando la atención en la creación de políticas migratorias adecuadas que permitan una mayor movilidad humana, dentro de las regulaciones; sin criminalizarla, ni violar los derechos humanos (Cardoso Ruiz y Gives Fernández, 2021).
Por ello, en una sociedad global donde se impulsa la superación de paradigmas, es importante considerar políticas migratorias que fomenten el emprendimiento, lo sostenible y sustentable, como elementos clave en la promoción de la economía de los países receptores. Esto facilitará la descongestión de la lucha por encontrar trabajo, mientras que los migrantes aportan oportunidades de progreso, lo que permite tener mejores oportunidades laborales (Aldana Zavala e Isea, 2019).
Por otro lado, dado que la Constitución actual establece el derecho a la migración, la libre circulación y el tránsito, un individuo en situación de protección internacional recibirá asistencia humanitaria e inmediata por parte del Estado. En este sentido, se comprende que, en teoría, el enfoque de derechos humanos que regula el sistema jurídico ecuatoriano protege a toda persona nacional o extranjera en igualdad de condiciones, con respecto a sus derechos y obligaciones (Cabrera, 2023). De allí que, cuando las leyes establecen claramente las responsabilidades del Estado hacia sus titulares, un derecho puede ser ejercido. El primer numeral del artículo 11 de la Constitución establece que los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento (Sosa Salazar et al., 2019).
Ante este panorama, los estudios sobre la migración han evidenciado que, en todos los casos, cuando ésta se genera de forma masiva, nacen conflictos poblacionales y comerciales. Por tal, los Estados se debaten entre la apertura y las restricciones (Morán Mejía et al., 2022).
Para los autores Macías Díaz et al. (2022) destacan que:
El fenómeno de la migración en el Ecuador se torna en un plano social que se ve reflejada como tal; en este sentido es demostrado que el país ecuatoriano es un punto certero de la llegada de miles de migrantes que buscan condiciones de vida distintas, la motivación de estas personas puede verse fundamentada por la pobreza, estatus de inseguridad, entre otras. (p. 23)
Este articulo analizará y examinará la relación entre la migración ilegal y los derechos humanos, enfocándose en el caso particular de Ecuador. La migración irregular plantea desafíos morales y legales, y es fundamental comprender cómo afecta los derechos humanos de quienes la experimentan. En este sentido, se plantea como objetivo general de la investigación analizar los derechos humanos y migración irregular: Desafíos y perspectivas de la política pública ecuatoriana.
MÉTODO
El planteamiento realizado por la investigadora para el desarrollo del método es a partir del enfoque cuantitativo, mediante la indagación, recolección y análisis crítico documental y referencial bibliográfico, basándose en la exploración metódica, rigurosa y profunda de diversas fuentes documentales conformadas por artículos, normas y leyes entre otros, describiendo los hallazgos encontrados. En la investigación, se ha empleado como técnica la revisión documental, la cual permite obtener información valiosa para encuadrar los acontecimientos, problemas y reacciones más usuales de personas y culturas que son objeto de análisis (Sánchez et al., 2021). Se recurrió, además, al método inductivo-deductivo, el cual propone que para hallar una verdad se deben escudriñar los hechos y no basarse en meras especulaciones, igualmente a partir de afirmaciones generales para llegar a las específicas (Dávila, 2006).
RESULTADOS
La migración irregular en Ecuador
Ecuador ha venido experimentando un aumento en la llegada de migrantes de países vecinos, principalmente de Colombia y Venezuela. Se ha registrado una gran cantidad de personas migrantes ilegales que intentan llegar a naciones del norte a través de Ecuador. La situación ha planteado dificultades para las autoridades ecuatorianas en la gestión y control de la migración.
En el país, la migración irregular se caracteriza por la prevalencia de la migración laboral, la presencia de redes de trata de personas y el uso de rutas clandestinas. Además, se ha observado un incremento en la migración de familias y la presencia de menores sin cuidar entre los migrantes irregulares. Estas tendencias muestran la complejidad del fenómeno migratorio en el territorio nacional.
En este sentido, la migración irregular en Ecuador tiene un impacto económico y social importante, ya que afecta áreas como el empleo, la salud y la educación. El mercado laboral ha experimentado tensiones debido a la presencia de trabajadores migrantes no autorizados, mientras que el acceso limitado a servicios básicos ha afectado la calidad de vida de los migrantes irregulares y sus familias. Para abordar estos desafíos, se requieren soluciones políticas integrales (Ceja y Ramírez, 2022). Igualmente, la emigración es vista como un síntoma de desintegración de la sociedad de origen. En la medida en que los migrantes deben adaptarse a las nuevas condiciones de la sociedad a la cual han migrado (Freier et al., 2019).
Al respecto, el reconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes y la lucha contra las causas estructurales de la migración, especialmente la migración forzada, requieren un compromiso a nivel internacional y nacional para la consolidación de un marco socio-jurídico (Flores Martínez et al., 2023). No solo el estado ecuatoriano propicia esfuerzos, también los Gobiernos de los países de la región han hecho esfuerzos para gestionar el incremento de la migración; por ejemplo, en muchos casos se han expedido permisos de permanencia con miras a promover una tendencia hacia la regularización (Palacios Sanabria et al., 2021).
Las políticas públicas ecuatorianas en materia migratoria
La política migratoria de Ecuador ha enfocado su atención en proteger los derechos de los migrantes y regularizar su situación. Se han implementado medidas para asegurar el acceso a los servicios básicos, la educación y la atención médica para los migrantes irregulares. El gobierno ecuatoriano ha trabajado para fomentar la integración de los migrantes en la sociedad mediante la implementación de programas que promueven la inclusión en el ámbito laboral y social.
En tal sentido, la diplomacia migratoria liderada por Ecuador también incluye el inicio del Proceso de Quito en septiembre de 2018, el cual destaca dos temas en sus declaraciones. En primer lugar, se destaca la importancia de brindar un mayor respaldo internacional a los países que son el destino y tránsito de la migración venezolana. En las conclusiones se enfatiza la necesidad de aumentar el respaldo técnico y financiero internacional, la importancia de una mayor colaboración financiera y técnica, y se solicita un aumento en la cooperación y los recursos (Ramírez, 2020).
También los autores Márquez Domínguez et al. (2022) destacan lo siguiente:
La proyección constitucional ecuatoriana de protección a las personas en situación de desventaja o vulnerabilidad se ha materializado en los derechos atribuidos a los denominados “grupos de atención prioritaria” (artículo 35), entre los cuales figuran las personas en situación de movilidad humana. (p. 233)
En este orden constitucional, la normativa migratoria en Ecuador ha cambiado para proteger los derechos de los migrantes irregulares. Se han creado leyes para proteger su integridad física, su libertad y su derecho a no ser discriminado debido a su condición migratoria. Al mismo tiempo, se han establecido leyes que regulan su organización, el acceso a la justicia y la seguridad laboral, lo que ha contribuido a la formación de un sistema legal completo en este ámbito.
Por ello, el gobierno ecuatoriano ha implementado programas y acciones para abordar la migración irregular, enfocados en la protección de los derechos humanos de los migrantes. Se han establecido iniciativas que buscan facilitar el acceso a servicios de asistencia legal, capacitación laboral, atención médica y apoyo psicosocial. Asimismo, se han desarrollado acciones para sensibilizar a la población sobre la importancia de respetar los derechos de los migrantes irregulares (Ceja y Ramírez, 2022).
Perspectivas y desafíos
Para una política pública inclusiva en materia migratoria, el enfoque de derechos humanos es fundamental porque garantiza el respeto y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su situación migratoria. Esto significa que se deben implementar políticas que fomenten la igualdad, la no discriminación y el acceso justo a los servicios y oportunidades para los migrantes irregulares. Es esencial establecer sistemas de seguimiento y evaluación que puedan evaluar cómo las políticas públicas promueven y protegen los derechos humanos de esta población.
Sin embargo, los autores Guerrero Cacuango (2023) plantean el siguiente panorama:
No cabe duda de que el país ha dado pasos en favor de la protección de la población en situación de movilidad humana; sin embargo, cada avance ha estado acompañado de varios obstáculos que empañan la “buena intención” de las autoridades, como si se tratara de una sombra que acompaña la política inmigratoria. (p. 2)
Por tanto, un enfoque de derechos humanos en la política pública migratoria implica reconocer y garantizar los derechos específicos de las personas en situación migratoria irregular, como el derecho a la vida, la integridad personal, la salud, la educación y un trabajo digno. Esto requiere la implementación de medidas afirmativas para garantizar su acceso a los servicios básicos y la creación de políticas públicas que fomenten su integración social y laboral. Es esencial mejorar las habilidades institucionales para evitar y erradicar la opresión y la etiqueta de los migrantes irregulares. El acceso a la justicia para los migrantes irregulares en Ecuador es otro desafío ya que con frecuencia se enfrentan a dificultades para recibir asesoramiento legal y representación en casos de abuso o discriminación.
Además, los migrantes irregulares enfrentan dificultades importantes en términos de derechos y condiciones laborales. Muchas personas trabajan en la economía informal, lo que las expone a la explotación laboral y a salarios injustos. Para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de los migrantes irregulares en Ecuador, se requieren intervenciones específicas de política pública para abordar estos problemas.
DISCUSIÓN
Los procesos migratorios ponen a prueba y, usualmente, afectan el bienestar de los migrantes y sus familiares. Por un lado, los migrantes pueden ver deteriorada su salud física y mental por las condiciones estresantes mismas de la migración (Villalón, 2019). Por ello, una política pública migratoria inclusiva y respetuosa de los derechos humanos requiere cooperación internacional. Esto implica trabajar en conjunto con otros Estados, organizaciones internacionales, agencias de cooperación y la sociedad civil para compartir buenas prácticas, recursos, conocimientos y experiencias para proteger los derechos de los migrantes irregulares. Es esencial formar alianzas globales para enfrentar de manera coordinada y efectiva los problemas relacionados con la migración irregular, como el tráfico ilegal de migrantes y la trata de personas.
En este orden de ideas, los autores Lotero Echeverri y Pérez Rodríguez (2019) puntualizan lo siguiente: El marco de la gobernanza de la migración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) plantea tres objetivos específicos:
La buena gobernanza de la migración y las políticas conexas deberían fomentar el bienestar socioeconómico de los migrantes y de la sociedad.
La gobernanza adecuada de la migración se debería fundamentar en respuestas eficaces a la movilidad en situaciones de crisis.
La migración se debería efectuar de manera segura, ordenada y digna.
Dichas líneas contribuyen al desarrollo y creación de políticas públicas que de forma integral contribuirán la promoción de los derechos humanos y regularización de las migraciones irregulares.
Igualmente, los autores Canelón Silva y Almansa Martínez (2018) en su trabajo Migración: retos y oportunidades desde la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; destacan que: con la aplicación del «Índice de la Gobernanza Migratoria» (MGI), desarrollado por la OIM en asociación con The Economist Intelligence Unit, cuya finalidad es ayudar a los gobiernos a medir el performance de sus estructuras de gobernanza de las migraciones, atendiendo a sus prioridades, progresos y deficiencias en cinco diferentes esferas normativas:
Capacidad institucional.
Derechos de los migrantes.
Migración laboral.
Gestión de una migración segura y ordenada.
Cooperación regional e internacional y otras alianzas. (OIM, 2017)
Por lo tanto, estas esferas normativas sirven de orientación de los planes de gestión pública en materia migratoria. También, es necesario que la sociedad sea más consciente de los retos y dificultades que enfrentan los migrantes en situación irregular, fomentando la aceptación y el respeto hacia ellos. Es importante aumentar la formación de los funcionarios públicos y agentes de migración en derechos humanos para asegurar un trato digno y justo a todos los migrantes, independientemente de su estado migratorio. Para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos de esta población vulnerable, es necesario un enfoque integral en la migración irregular en Ecuador, que tenga en cuenta no solo aspectos jurídicos, sino también sociales, económicos y culturales.
CONCLUSIONES
La migración irregular en Ecuador presenta desafíos significativos para proteger los derechos humanos de los migrantes. Aunque el gobierno ecuatoriano ha intentado legislar y establecer programas para abordar esta cuestión, siguen existiendo obstáculos en el acceso a la justicia y en la protección de los derechos laborales de los migrantes irregulares. Para establecer una política pública que sea inclusiva en este ámbito, es fundamental incorporar un enfoque en los derechos humanos en todas las acciones gubernamentales y fomentar la colaboración internacional para abordar de manera completa el fenómeno de la migración irregular.
En este sentido, la importancia de continuar trabajando en la implementación de medidas que aseguren el respeto y la protección de los derechos humanos de todos los migrantes en situación irregular en Ecuador se destaca en estas reflexiones finales. Es crucial establecer procedimientos efectivos para identificar y ayudar a los migrantes irregulares, así como para prevenir la trata de personas y la explotación laboral.
