Introducción

Las adquisiciones del sector público representan una parte significativa de los presupuestos de la mayoría de los países; y, en ocasiones, estos procedimientos se ven permeados por prácticas que plantean preocupaciones en relación con la integridad y transparencia de estos procesos, lo que tiene un impacto adverso en la calidad de vida de la ciudadanía, al desviar recursos que estaban destinados al progreso y desarrollo del país. Esta problemática reviste una seria preocupación en el ámbito nacional e internacional. Es importante destacar que la región latinoamericana ha experimentado con mayor frecuencia escándalos de corrupción a gran escala en comparación con otras regiones. (^{Pastrana, 2019}). La gestión del control en las adquisiciones públicas plantea igualmente desafíos significativos en la mayoría de los países, lo que dificulta la prevención efectiva de problemas relacionados con la corrupción a gran escala (^{Gutiérrez, 2018}).

En la mayoría de los países de América Latina, estos problemas se presentan con excesiva frecuencia, lo que ha resultado en enormes escándalos de corrupción que han socavado la reputación de las instituciones públicas. Esto subraya la necesidad de implementar el control como una estrategia para prevenir situaciones de riesgo en el proceso de contrataciones públicas (^{Jarrín-López et al., 2021}), por lo que el control desempeña un papel fundamental en la garantía del uso adecuado de los fondos, lo que permite alcanzar eficazmente las metas, optimizar los recursos y prevenir el desperdicio o el intento de fraude (^{Castañeda, 2016}).

En el Perú, se encuentra la Contraloría General de la República (OCGR) encargada de brindar apoyo y orientación en la gestión de los recursos públicos. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas cuenta con el Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). No obstante, debido a la persistente falta de transparencia en todos los niveles de la administración pública (^{Valeriano Ortiz, 2019}), es esencial fortalecer los mecanismos de control en los procesos de contratación y establecer salvaguardias adicionales para proteger los fondos públicos (^{Herreño Angulo, 2015}). La inadecuada supervisión interna y la deficiente gestión financiera han resultado en que el gobierno nacional se encuentre bajo escrutinio en las investigaciones sobre el seguimiento y el cumplimiento de sus responsabilidades gubernamentales.

En ese mismo contexto existe una responsabilidad pública o social en la lucha para contrarrestar la corrupción en los contratos estatales, lo cual habilita una democracia de control y la formación de una ética pública, para lograr el bienestar común (^{Grossi & Pianezzi, 2018}). Con base a lo argüido, surge la pregunta de investigación ¿cómo funciona el control en las contrataciones públicas?, lo que permitió establecer el objetivo del presente artículo que fue analizar el control en las contrataciones públicas.

Metodología

La investigación se sustentó en un método inductivo, respaldado por la acumulación de conocimiento (^{Hernández et al., 2014}). Este enfoque cualitativo se fundamenta en la premisa de que la realidad es inherentemente subjetiva y dinámica, intrincada en una multiplicidad de contextos. La prioridad de este enfoque radica en el minucioso y reflexivo análisis de los significados subjetivos e intersubjetivos que subyacen en las realidades investigadas (^{Piza-Burgos et al., 2019}).

En línea con un paradigma positivista, la investigación se orientó hacia la determinación precisa de los parámetros relacionados con una variable específica (^{Ricoy, 2006}). El diseño no experimental adoptado fue de naturaleza descriptiva, siguiendo la definición de ^{Hernández et al. (2014)}. Este tipo de diseño se caracteriza por identificar los atributos más distintivos de un fenómeno. La metodología utilizada involucró el análisis bibliográfico de estudios primarios presentes en publicaciones científicas con indexación a nivel tanto nacional como internacional.

Cabe resaltar que se empleó la guía de análisis documental como instrumento, reconocida por su utilidad en la recopilación de datos (^{Hernández et al., 2014}). Esta guía proporciona pautas y procedimientos para llevar a cabo un análisis sistemático y exhaustivo de los documentos, con el propósito de extraer información relevante y comprender su contenido de manera integral (^{Martínez-Corona et al., 2023}). Para llevar a cabo esta investigación, se utilizaron recursos como un ordenador portátil, cuadros de análisis y referencias bibliográficas.

Para llegar a los hallazgos, se aplicó un método que partió de hechos concretos y siguió un camino analítico inductivo hasta su conclusión. En la recolección de datos, se utilizaron múltiples enfoques de investigación, que abarcaron estudios realizados por autores nacionales e internacionales en revistas indexadas de los últimos cinco años. Estos estudios se enfocaron en el control interno y los contratos públicos con el Estado, así como en la evaluación del nivel de corrupción en las entidades estatales.

Utilizando las variables del estudio, se registraron en las tablas de análisis los autores, los títulos, los enlaces de las revistas y sus nombres. Simultáneamente, se elaboró el desarrollo, donde se incluyeron la metodología, los resultados y las principales conclusiones para su posterior análisis. En consecuencia, se dio inicio al análisis de la información presentada, exponiendo la conclusión principal de cada autor. Luego, se procedió a discutir los resultados, señalando discrepancias y similitudes entre los hallazgos de cada estudio; este proceso fue fundamental para elaborar las conclusiones generales del trabajo y compararlas con su objetivo. Tanto el investigador como la revista consideraron diversos aspectos éticos en la investigación, además de prestar atención a las citas de los autores.

Resultados

Seguidamente se presentan los resultados en las tablas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) que incluyen información pertinente, como los nombres de los autores, los títulos de los trabajos publicados en cada revista y la ubicación de la misma.

Discusión

La pregunta de investigación “¿Cómo funciona el control en las contrataciones públicas?” guía el objetivo de este artículo, que consiste en analizar el control en las contrataciones públicas. Los controles internos en la contratación pública se estudian a través de las conclusiones de diversos autores citados en la literatura. Estos estudios demuestran que alrededor del 30% de las instituciones utiliza procesos ambientales, de riesgo, sistemas de información y actividades de control y seguimiento para gestionar de manera eficiente los recursos públicos.

Estas cifras son de gran relevancia, ya que más del 80% de las instituciones cuentan con órganos de control efectivos. Sin embargo, en el ámbito de la gestión de compras y logística, algunas instituciones aún buscan formas de evadir las regulaciones estatales. Adicionalmente, el proceso de contratación estatal se ve afectado por prácticas poco éticas, lo que conlleva a la ejecución de obras públicas con sobrevaloración y calidad deficiente, lo que a su vez obstaculiza el progreso en los ámbitos social y económico (^{Hennings-Otoya, 2020}).

En tal sentido, el rendimiento de las contrataciones públicas se enfoca en la transparencia de su ejecución y la calidad de bienes y servicios adquiridos. (^{Milosavljevic et al., 2021}); también se puede decir que una contratación pública es efectiva por el tiempo que se usa en su procedimiento desde el momento cuando se convoca hasta su ejecución contractual, lo que permite una respuesta oportuna a las necesidades poblacionales (^{Kolosova & Zilinskiene, 2021}), del mismo modo se puede afirmar su efectividad cuando la entrega de los bienes es de alta calidad y se ejecutan puntualmente los contratos (^{Balaeva et al., 2021}). O cuando la ejecución del servicio se realice en el tiempo ofrecido y cumpliendo con lo requerido.

Entonces para que exista efectividad en las contrataciones públicas se requiere incluir un proceso estructurado de auditoria con el fin de facilitar criterios para unas adquisiciones sostenibles; además asegurar una idónea definición de los criterios de compra (^{Das-Graças Pinto & Maceno, 2021}). Por lo que el objetivo del control es identificar los riesgos que existen en las adquisiciones, al descubrir los contribuyentes potenciales y sus interrelaciones (^{Sharma et al., 2019}). El 70% de los participantes en las investigaciones señalan que las normativas de contratación estatal se han caracterizado por su complejidad, con múltiples procedimientos que obstaculizan la contratación pública, pero que son aplicables y directos bajo la supervisión del órgano de control interno.

Estos procedimientos actúan como salvaguardas que previenen transgresiones y actos inapropiados en los procesos de licitación y adquisición. La obligatoriedad de cumplir con las leyes de contratación pública facilita la creación de procesos eficientes y protege los recursos del Estado. La estandarización y uniformidad de estos procedimientos son esenciales para evitar sanciones por parte del organismo de control.

En este sentido, ^{Gamboa et al. (2016)} establecen que todas las instituciones estatales están sometidas al escrutinio del control interno, que requiere de herramientas fundamentales para garantizar la adecuada gestión de los fondos públicos. En línea con esto, ^{Mendoza et al. (2018)} señalan que las operaciones de las instituciones se rigen por el control interno, el cual engloba una serie de procedimientos, gestión de riesgos, sistemas de información y un seguimiento meticuloso del uso de los recursos públicos.

Conclusiones

El estudio subraya la relevancia del control en las contrataciones públicas como componente fundamental para una gestión más eficiente de los recursos públicos. Los hallazgos sugieren que el uso de procesos ambientales, de riesgo, sistemas de información y actividades de control y seguimiento puede contribuir a una gestión más eficiente de los recursos públicos. Además, la existencia de órganos de control eficaces parece desempeñar un papel fundamental en la promoción de la transparencia y la legalidad en los procesos de contratación. Estos resultados indican que estos elementos pueden ser factores importantes, aunque es importante destacar que la efectividad y la eficiencia pueden estar sujetas a una serie de variables y contextos específicos que requieren consideración adicional.

Los factores que influyen de manera determinante en las prácticas negativas dentro de las contrataciones públicas son el poder, la posición e influencia que tienen los empresarios y funcionarios públicos en los gobiernos y la sociedad, lo que socava la importancia de los valores fundamentales como la honestidad, veracidad, solidaridad, compromiso con la sociedad e integridad. Asimismo, el factor que tiene mayor impacto en la efectividad de las contrataciones públicas es la mala conducta que se manifiesta al asignar contratos a proveedores que carecen de la experiencia necesaria para ofrecer un servicio idóneo, junto con el pago de comisiones a funcionarios y servidores, lo cual incrementa el costo del proveedor y reduce la calidad de la prestación.

Con base a lo señalado, se derivan algunas recomendaciones para mejorar las contrataciones públicas, como por ejemplo, fortalecer la ética y los valores en el sector público, al promover la transparencia y la integridad como pilares fundamentales en todos los procesos de contratación. Además, se deben implementar medidas más estrictas de control y supervisión, en aras de garantizar la independencia y capacidad operativa de los órganos encargados de dicha función. Al mismo tiempo, es necesario simplificar y estandarizar los procedimientos de contratación, con el fin de reducir la burocracia y eliminar los obstáculos que dificultan la eficiencia en la utilización de los recursos públicos.

Al analizar el control en las contrataciones públicas, se busca mejorar la gestión de los recursos públicos y prevenir las prácticas indebidas en los procesos de contratación. En este sentido, se espera que las recomendaciones y sugerencias derivadas del estudio sean implementadas en las políticas y normativas futuras, lo que podría conducir a una mayor transparencia, eficiencia y legalidad en las contrataciones públicas.

Para investigaciones futuras, se sugiere profundizar en el análisis de las implicaciones económicas y sociales de prácticas indebidas en las contrataciones públicas, examinando cómo afecta directamente a la calidad de los servicios y la percepción de los ciudadanos sobre la gestión de recursos públicos. Además, sería beneficioso explorar en mayor detalle las estrategias efectivas para prevenir y controlar la corrupción en este contexto, considerando las mejores prácticas internacionales y su adaptación a entornos locales.