Introducción
La modernización de la gestión pública en el Estado Peruano es un proceso continuo que busca mejorar la eficiencia, transparencia y calidad de los servicios públicos ofrecidos a la ciudadanía. Se centra en la implementación de políticas y reformas que permitan una administración más ágil, flexible y orientada hacia resultados concretos.
El Perú ha experimentado diferentes épocas políticas que han impactado en la gestión pública del país, desde el periodo colonial hasta la república. Durante la colonia, la administración estuvo centralizada en la corona española y basada en el sistema de virreinatos. Posteriormente, en la república, se han sucedido distintos regímenes políticos, desde la democracia hasta dictaduras militares, lo cual ha marcado la evolución de la gestión pública en el Perú (Carrillo y Oriana, 2024).
En el contexto actual, la tendencia de gobernabilidad y modernidad peruana va en crisis en vista de las formas limitadas de gobernanza, que podemos señalar como secuela del modelo de gobernanza global multilateral que subyace en los últimos 70 años (Bishop y Payne, 2021).
En el país, existe la premisa que ninguna sociedad es viable sino es gobernable, pues la gobernabilidad le compete tanto al gobierno como a las instituciones y a la sociedad (López, 2007). En esa perspectiva, de acuerdo a la literatura revisada, las sociedades que tienen problemas de gobernabilidad, tienden a fragmentarse y desaparecer.
Para el caso de América Latina, en términos de gobernabilidad, se aprecia que se privilegió la elaboración de una estrategia de poder, más no se planteó una estrategia de orden (Mayorga y Córdova, 2007). Esta postergación sobre cómo se reflexiona en torno a las políticas, no ha hecho sino acentuar las grandes diferencias ya existentes en el contexto de la región.
En este sentido, Jansen et al., (2021) mencionan que la gobernanza es ínsita a la tenencia del territorio, por ende, requiere una forma colaborativa y asociativa de transformación, a partir de entornos propicios y prácticas consuetudinarias desde la igualdad de género, hacia un cambio sistémico para así pretender una gobernanza acorde a la modernidad.
Además, Andriamihaja et al., (2021) identifican en este tenor agentes de cambio para acciones de transformación y modernización de la gestión pública con el propósito de una gobernanza sostenible. De allí que la investigación de la temática resulta preponderante, porque es indispensable para la convivencia ciudadana, y, por ende, para la gobernabilidad, una buena gestión pública con calidad y eficiencia donde se maximice los resultados, se optimice la producción en bienestar de los ciudadanos y justiciables.
Se define modernización de la gestión pública como el conjunto de acciones destinadas a actualizar y mejorar los procesos, estructuras y prácticas de las instituciones públicas con el fin de responder de manera eficaz a las demandas de la sociedad. Entre sus objetivos principales se encuentran la reducción de la burocracia, la agilización de trámites, la transparencia en la gestión y la prestación de servicios de calidad. A través de la modernización, se busca construir un Estado más eficiente, cercano a los ciudadanos y comprometido con la mejora continua de su gestión (Flores Vásquez y Núñez Lira, 2021).
Entre las acciones destinadas a viabilizar esta modernización de la visión de administración pública, observamos la optimización de los recursos, la simplificación de trámites, la adopción de tecnologías innovadoras y la promoción de una cultura de mejora continua en las entidades estatales. En tal sentido, Tamayo Pineda y Lazo Tamayo (2020) señalan que la política de modernización debe contar con los lineamientos y presupuestos por resultados (PPR), que implica el diseño, ejecución, análisis y evaluación de una gestión en función de resultados que impacten en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo sostenible por medio de los procedimientos y la meritocracia (Vasylieva et al. ,2020).
Por su parte, Lamas et al. (2021) consideran que la capacidad profesional de los servidores públicos para la gestión pública moderna es preponderante, estableciendo como indicadores de este parámetro, la gestión de cambios, gestión de recursos humanos y en especial calidad en la información. Sobre este último, Madeira Pontes et al., (2021) aludieron que la buena información genera mejoras en gestión pública, acompañada de la capacitación, la disposición de los agentes públicos y en el monitoreo. Así mismo, se debe destacar las ventajas de comunicación fluida tanto vertical como horizontal, que garantiza una articulación entre las entidades. Sobre este tema Moser y De Carvalho (2021) afirmaron que existe la necesidad de trabajos coordinados en la gestión pública para integrar estrategias de convergencia y continuidad; el gobierno abierto y el gobierno electrónico.
Al respecto, Llanes Font et al., (2019) y Ripalda Yánez (2019), sostuvieron que el gobierno electrónico reduce la burocracia estatal y simplifica, la transparencia y calidad de servicios públicos; Gallegos-Varela et al., (2021) consideraron que formar en competencia digital a directivos y funcionarios de las instituciones públicas y uso de las herramientas y recursos digitales resulta vital para la modernización del Estado, pues la finalidad preferente de la gestión pública es cerrar brechas para solucionar problemas, así como cubrir las necesidades de la población.
Conforme a lo enfatizado por Valerio de Oliveira et al., (2020) y Bezpalova et al., (2021) en su estudio para estructurar enfoques conceptuales y sistemas de gestión pública, la dimensión publica de la gestión pública es sinónimo de transparencia. En esa línea de ideas, es oportuno insertar la racionalidad ética de gestión pública para direccionar el actuación e interacción entre de los ciudadanos y funcionarios públicos.
En esa línea Lefont Marin y Ramírez Sierra (2021); Quispe Quispe (2020), afirmaron que la gestión pública moderna se da frente a la articulación de intereses y solución a la problemática, control ciudadano, experiencias previas, gestión inclusiva, participación ciudadana, servicios sociales, trabajo de suficiencia profesional y creación de espacios de comunicación entre Estado y sociedad civil.
Evans y Vermeulen (2020), abordan preocupaciones de gobernanza desde la sociedad civil, por lo que recomiendan propiciar y permitir a los actores identificar y desarrollar soluciones viables respecto a riesgos de sostenibilidad en la gestión pública desde una transparencia interactiva; desde la implementación de estándares de sostenibilidad a escala nacional e internacional
Lindroos-Hovinheimo (2019) analizando dos sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, consideran necesarias la protección de los derechos de privacidad de los ciudadanos en un contexto de derechos fundamentales, desde la protección de datos preferentemente.
Es así como, Mali et al., (2021) consideran que en todo gobierno se presentan debilidades sistémicas, capacidades administrativas débiles y burocracias rígidamente jerárquicas que originan barreras frente a la modernidad de la gestión pública, por ende resulta propicio la gobernanza comunicativa, como por ejemplo se advierte el caso del Nueva Delhi en India donde las herramientas de gobierno moderno mejoró la crisis de salud, documentado desde políticas públicas eficientes y con capacidad transformadora en favor de las comunidades locales.
Conforme a lo expuesto por Arévalo Haro et al., (2018), en la gestión pública moderna debe utilizarse las herramientas de gestión moderna como Balanced Scorecard, que traduce la estrategia en objetivos y planes de acción; por su parte Alves Ribeiro Correia et al., (2017) advirtieron que la administración pública moderna no debe de alejarse del interés público, toda vez que viene primando la privatización del sector público.
En otra dimensión, Bex y Walton (2019) mencionan que los principios dialécticos de razonabilidad permiten evaluar sistemas modernos de gobernanza desde estándares de prueba. Es así que, la cultura de la legalidad forma parte de la modernidad de gobernanza, siendo entorno propicio para la habilitación de prácticas reconocidas internacionalmente; incorporando a la ciudadanía desde pautas consuetudinarias.
Otro elemento a destacar es la participación, tal y como lo expone De la Garza Montemayor et al., (2018) quienes sostuvieron que la reforma del Estado en la administración pública debe concurrir fundamentalmente desde la participación ciudadana, ello evaluado desde la pluralidad de género; en esa misma línea González Bernal et al., (2021) manifestaron la importancia del empoderamiento de la población, el control ciudadano, mediante la participación activa en consultas ciudadanas; así mismo García del Castillo y García Ramírez (2021) confirman que la participación ciudadana es fundamental para una buena relación entre gobernantes y gobernados, siendo que esta participación debe volcarse hacia el gobierno digital por medio del uso de las tecnologías de informática y comunicaciones; en esa línea Gois Orlandi et al., (2021) esbozaron como el control de la gestión de la administración pública puede aplicar la teledetección por medio de imágenes satelitales.
Para ello, Detotto et al., (2021) analizan la data sobre la buena gobernanza a partir de Indicadores de Gobernanza Mundial, desde variables demográficas, ambientales y económicos, considerando que una calidad de bienes y servicios públicos es un factor preferente para implementar un marco regulatorio que promueva la actividad del sector privado en contribución al progreso y modernidad de una adecuada gestión pública, dando un estándar de efectividad a las instituciones, lo que resulta fundamental para obtener resultados económicos significativos y progreso sostenible.
Por otro lado, Lecaro y Gorri (2015) sostienen que la moderna gestión pública tiende a analizar innovaciones de gobierno digital; sin embargo, Mota Parente y Espejo Villar (2021) mencionaron que debe evaluarse dentro de una buena gestión pública, la perspectiva comparativa de las directrices institucionales dada la globalización y estandarización.
De igual manera, Iqbal et al., (2021) plantean que las políticas o esquemas de gobernabilidad deben tomar en cuenta el bienestar de los ciudadanos, como tal, la intención de mejorar su calidad de vida diseñando para ello un modelo de gobernanza moderno y sostenible. Desde otro punto de vista Hernández González et al., (2020) adujeron que la administración pública debe focalizarse desde la ciencia política y la gobernanza, lo cual ofrece un panorama de reflexión colectiva en torno las problemáticas y las oportunidades; y en forma particular Pedraza Melo et al., (2021) indican la trascendencia en la relación entre el capital intelectual y el desempeño de gestión, con base en los datos analizados a partir de auditorías.
En este sentido, Pot (2021) teoriza sobre el adecuado manejo de la gestión pública, pues resulta difícil para los gobiernos alcanzar objetivos de sostenibilidad a largo plazo sin modernidad ni gobernanza adecuada ni inversiones en infraestructura; por ende, cita tres mecanismos de sostenibilidad como son la decisión de inversión, cumplimiento presupuestario y gestión de riesgos a partir de metas pre establecidas.
Dentro de este marco discursivo, enmarcamos las investigaciones de campo: En primer lugar Cárdenas Travieso et al., (2021), quienes indagan sobre el reto que representa para la administración pública los cambios de uso de suelos en los desplazamientos ciudadanos; Palacio Vargas (2020) analiza el seguro de responsabilidad y su importancia en la administración pública; observando que no existe una uniformidad en la administración pública; y por ultimo Regalado Jacobo (2020), quien refiere a las causas de simetrías y asimetrías en la instauración de políticas públicas en América Latina, dado el proceso histórico como resultado la dependencia económica, en consecuencia se da una suerte de descolonización en la administración pública.
Como aporte teórico conceptual se asoma el trabajo de Ladino-Orjuela (2019), quien concluye que la reflexión Weberiana del maestro Mesa sobre administración Pública posee la fuerza analítica y la pertinencia para interpretar las administraciones públicas y privadas contemporáneas; por otra parte, Castanedo Abay y Cárdenas Travieso (2020), quienes estudian el tema de la definición de la administración pública volviendo a las raíces de las disciplinas y llegan a la conclusión que existe una desnaturalización conceptual de las principales figuras jurídicas que regulan los procederes de la administración pública, generando escasa claridad que entorpecen la eficacia de la gestión administrativa.
En esa línea de ideas, Fuenmayor de Fernández (2019), adicionó que los aportes del pensamiento administrativo francés son el antecedente de la ciencia de la administración pública por tanto es una disciplina científica. Por último, Sumano Rodríguez (2020) apostó por una administración pública deliberativa como respuesta a la incapacidad de un buen manejo a la prevención social de delitos y conductas antisociales.
Metodología
El presente estudio adoptó el método del Scoping review, siguiendo la propuesta de Codina (2020), con el objetivo de realizar una síntesis exhaustiva y de aproximación ontológica en un enfoque básico; a través del análisis y valoración de las concepciones y saberes sobre políticas de gestión pública moderna, componentes, pilares y ejes a partir del buen servicio al ciudadano y su repercusión en la administración pública.
En ese sentido, el análisis busca esclarecer las tendencias de la modernización desde la gestión pública, a partir de principios y decisiones racionales. Para ello se consideró un enfoque inductivo con un sentido subjetivo, humanístico e interpretativo para comprender y analizar el tema en cuestión.
Para llevar a cabo este proceso, se realizó una búsqueda exhaustiva de artículos académicos en bases de datos, principalmente en EBSCO y SCOPUS. Los términos de búsqueda utilizados fueron "gestión pública moderna" y "administración pública moderna". Se establecieron criterios de inclusión y exclusión, los cuales estuvieron delimitados por la temática de la modernidad e innovación en la gestión pública.
La selección de los artículos se realizó de manera rigurosa, considerando la relevancia de los estudios y su contribución al campo de la gestión pública moderna. Se llevaron a cabo análisis minuciosos de los artículos seleccionados, extrayendo información pertinente y aplicando un enfoque interpretativo para comprender en profundidad los aspectos relacionados con la modernidad e innovación en la gestión pública.
Este enfoque metodológico permitió obtener una visión integral y actualizada sobre el tema, al explorar la literatura existente y analizarla de manera sistemática. Los resultados obtenidos aportarán una base sólida para comprender la importancia de la modernidad e innovación en la gestión pública y sus implicaciones en el contexto actual.
Resultados
Los hallazgos resaltantes advierten que la gestión pública es vital para que una persona viva en sociedad organizada. Los agentes que conducen la administración pública deben ser profesionales, capaces y de mérito comprobado, con disposición de servicio social y desafío a las adversidades que se presente.
También se identificó que la gestión pública debe ser transparente, con una participación ciudadana activa física y virtualmente haciendo usos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC); y que las actividades de la administración pública deben publicarse para el conocimiento ciudadano, y que la finalidad de la gestión pública es y debe ser para solucionar los problemas sociales, para cubrir las necesidades básicas de la población.
La buena gobernanza resulta imperativa a partir de la generación de confianza dentro de un marco democrático. Si bien la buena gobernanza se relaciona con la eficacia gubernamental y calidad regulatoria, no se observa aún como un proceso para medir el desempeño de un gobierno. Sin embargo, es evidente que cuando se promueven acciones con miras al bienestar de los ciudadanos, desde una toma de decisiones asertivas, queda expuesta una valoración racional de los principios éticos de buen gobierno.
Los fondos públicos deben tener resultados, el presupuesto público bien invertido con un impacto social que sirva a la ciudadanía. Así que, entre entidades de la administración pública tiene que haber buena y fluida comunicación sea horizontal o vertical, con calidad de información para una correcta toma de decisiones. El gobierno electrónico es fundamental y la ciudadanía debe estar empoderada para el control ciudadano y de esta manera evitar la corrupción e irregularidades. La globalización es una oportunidad para intercambiar estrategias, lineamientos, puntos de similitud y diferencias con los demás países.
De tal manera, que la modernización en la gestión pública del Estado Peruano se ha visto influenciada por diversos modelos y enfoques a lo largo del tiempo, buscando mejorar la eficiencia y la transparencia en la administración. Uno de los enfoques más destacados es el modelo de gestión por resultados, el cual se centra en la planificación estratégica, el establecimiento de metas claras y medibles, así como en la evaluación de desempeño. Este enfoque promueve una cultura orientada hacia resultados tangibles y cuantificables, impulsando la rendición de cuentas y la toma de decisiones basadas en evidencia (Su Herrera, 2022)
El modelo de gestión por resultados ha sido implementado en el Estado Peruano con el objetivo de mejorar la eficacia de las políticas públicas y la prestación de servicios a los ciudadanos. A través de la fijación de objetivos claros, la definición de indicadores de desempeño y la evaluación periódica de resultados, este enfoque busca garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y que se logren impactos positivos medibles en la población. La implementación efectiva de este modelo requiere de un seguimiento riguroso y una cultura organizacional enfocada en la consecución de metas concretas (Cordero et al., 2022).
Por otro lado, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han sido clave en el proceso de modernización de la gestión pública en el Estado Peruano. La implementación de sistemas digitales y plataformas en línea ha permitido agilizar trámites, mejorar la comunicación interna y externa, así como facilitar el acceso a la información para los ciudadanos. El uso de herramientas como el gobierno electrónico ha optimizado la eficiencia de los procesos administrativos, reduciendo la burocracia y brindando servicios más ágiles y transparentes (Blas Ghiggo et al., 2022).
En el marco de la modernización de la gestión pública en el Estado Peruano, Flores Ayala y Monterroso Masías (2023) señalan que las tecnologías de la información y comunicación han revolucionado la forma en que se realizan las tareas administrativas. La implementación de sistemas de información, plataformas digitales y el uso de internet han permitido una mayor agilidad en los procesos internos, así como una comunicación más efectiva con los ciudadanos. Gracias a estas herramientas, se ha logrado una mayor transparencia y eficiencia en la gestión pública, brindando servicios de calidad y facilitando el acceso a la información a la población.
Por ello, el Estado Peruano enfrenta una serie de desafíos en su proceso de modernización. Entre ellos se encuentra la falta de recursos financieros, lo cual limita la capacidad de implementar cambios significativos. Además, hay sectores de la administración pública que muestran resistencia al cambio, lo que dificulta aún más el avance en este sentido. Asimismo, es necesario un mayor nivel de capacitación del personal para adaptarse a las nuevas tecnologías y metodologías de trabajo.
No obstante, a pesar de estos desafíos, también existen oportunidades importantes que pueden aprovecharse en beneficio del Estado y la ciudadanía. Una de ellas es la posibilidad de mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión pública, lo cual permitiría un mejor uso de los recursos disponibles y una mayor satisfacción de las necesidades de la población. Adicionalmente, se puede impulsar la participación ciudadana en la toma de decisiones, lo que fortalecería la legitimidad del Estado y fomentaría una mayor confianza en las instituciones (Huanca-Frías et al., 2021).
Otra oportunidad relevante es el acceso a la cooperación internacional. Mediante alianzas y acuerdos con otros países y organismos internacionales, el Estado Peruano puede fortalecer sus políticas de modernización y beneficiarse de la experiencia y conocimientos de otras naciones. Esto no solo enriquecería las prácticas gubernamentales, sino que también abriría puertas a la implementación de proyectos conjuntos que impulsen el desarrollo económico y social del país.
En resumen, aunque el Estado Peruano se enfrenta a desafíos significativos en su proceso de modernización, no faltan oportunidades para impulsar cambios positivos. Mediante la mejora en la gestión, la participación ciudadana y el aprovechamiento de la cooperación internacional, se puede avanzar hacia un Estado más eficiente, transparente y adaptado a las necesidades del siglo XXI.
Uno de los principales desafíos que enfrenta la modernización en el Estado Peruano es el cambio cultural y las resistencias internas. Muchos funcionarios públicos están acostumbrados a métodos tradicionales de trabajo y se muestran reticentes a adoptar nuevos enfoques y tecnologías. Es fundamental implementar estrategias de sensibilización y formación para promover una cultura organizacional orientada a la innovación y la mejora continua, superando así las resistencias y fomentando la adopción de cambios en la gestión pública.
Para lograr esta transformación, se requiere un enfoque integral que abarque diferentes áreas y niveles dentro de la administración pública. Esto implica la implementación de programas de capacitación que aborden no solo la adquisición de habilidades técnicas, sino también la promoción de una mentalidad abierta al cambio y la disposición para experimentar nuevas formas de trabajo. Además de la capacitación, es crucial establecer mecanismos de comunicación efectivos que permitan a los funcionarios comprender la importancia de la modernización y los beneficios que conlleva. Esto implica la creación de espacios de diálogo y participación, donde se puedan discutir las preocupaciones y dudas de los empleados, así como sus ideas y propuestas para mejorar los procesos de trabajo (Bravo Rojas et al., 2021).
Asimismo, es necesario impulsar la colaboración entre diferentes entidades y organismos del Estado. La modernización no puede ser abordada de manera individual, sino que requiere de la cooperación y coordinación de distintos actores. Esto implica la creación de redes de trabajo y la realización de alianzas estratégicas que permitan compartir conocimientos, experiencias y recursos. Por último, es vital contar con el liderazgo y el compromiso de las autoridades políticas y directivas. Su apoyo y respaldo son fundamentales para generar un ambiente propicio para la modernización y para mantener la motivación y el entusiasmo de los funcionarios durante todo el proceso de cambio (Calle García et al., 2024).
De tal manera, que el proceso de modernización de la gestión pública en el Estado Peruano impacta de manera significativa en la eficiencia y transparencia de las instituciones estatales. Mediante la implementación de tecnologías de la información y comunicación, se ha logrado agilizar los procesos administrativos y brindar un servicio más eficiente a los ciudadanos. Asimismo, se han establecido mecanismos de monitoreo y evaluación que permiten medir de manera objetiva el desempeño de los funcionarios públicos, promoviendo la transparencia y rendición de cuentas en la gestión del Estado (Roman Taipe, 2022).
Desde ese punto de vista, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) desempeñan un papel fundamental en el proceso de modernización de la gestión pública. Permiten una mayor agilidad en los procesos administrativos, la optimización de recursos y una mejora en la atención al ciudadano. La implementación de sistemas de información y comunicación eficientes contribuye a la transparencia y la eficiencia de las instituciones gubernamentales, facilitando la toma de decisiones basadas en datos concretos (Baldera Ocampo, 2023).
Es así, como el Big Data y la analítica se han convertido en herramientas clave para la modernización de la gestión pública. La capacidad de procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real permite a las instituciones gubernamentales identificar tendencias, predecir comportamientos y tomar decisiones informadas. La analítica aplicada al sector público ayuda a optimizar la prestación de servicios, mejorar la planificación estratégica y detectar posibles situaciones de riesgo. A través del análisis de datos, se puede mejorar la eficiencia y la efectividad de las políticas públicas, garantizando un mejor uso de los recursos y una mayor satisfacción ciudadana (Castellanos, 2023).
Para medir el impacto de la modernización en la eficiencia y transparencia del Estado Peruano, se han establecido diversos indicadores clave. Entre ellos se encuentran la reducción de tiempos en la atención de trámites, la disminución de la burocracia, el incremento en la calidad de los servicios públicos, y la mejora en la comunicación con los ciudadanos. Además, se han implementado sistemas de transparencia activa que permiten a la ciudadanía acceder a información relevante sobre la gestión pública, fortaleciendo así la confianza en las instituciones estatales (Cabrera Ramírez, 2022).
Por tal razón, la participación ciudadana es fundamental en el proceso de modernización de la gestión pública en el Estado Peruano, ya que permite que los ciudadanos se involucren activamente en la toma de decisiones y en la evaluación de políticas públicas. Los mecanismos de participación ciudadana incluyen consultas ciudadanas, audiencias públicas, cabildos abiertos, presupuestos participativos, entre otros, que buscan promover la transparencia, la rendición de cuentas y la legitimidad de las acciones gubernamentales (Laos Estupiñan, 2022).
Los distintos mecanismos de participación ciudadana en la modernización de la gestión pública en el Estado Peruano incluyen la consulta previa, el referéndum, la iniciativa legislativa popular, el derecho de petición, la rendición de cuentas, la participación en mesas de diálogo, entre otros. Estas herramientas permiten que los ciudadanos puedan expresar sus opiniones, necesidades y demandas, y contribuir activamente a mejorar la calidad de los servicios públicos y la toma de decisiones del gobierno (San Martin Villaverde, 2023).
Conclusiones
La gestión de buen gobierno implica entereza, compromiso y modernidad avalado en ética pública, por ende, la crisis actual en la gestión pública peruana exige cambios consustanciales desde la perspectiva planteada, para así brindar un espacio de oportunidades a los ciudadanos que aspiran transformaciones oportunas y confiables.
Uno de los principales desafíos en la implementación de la modernización de la gestión pública es la resistencia al cambio por parte de los funcionarios y ciudadanos acostumbrados a procesos tradicionales. La falta de recursos económicos y tecnológicos también representa una barrera significativa, ya que la actualización de infraestructuras y la adquisición de nuevas tecnologías pueden requerir una inversión considerable. Asimismo, la burocracia y la rigidez institucional dificultan la implementación ágil de cambios en los sistemas de gestión pública, generando obstáculos en la eficiencia y efectividad de las políticas de modernización.
Sin embargo, la gobernanza no es el único pilar de apoyo en el contexto democrático. También se requiere la paz social, impulsada por la toma de decisiones adecuadas y una suma sinérgica y racional de enfoques modernos. Esto permitirá obtener mejores criterios gubernamentales y, a su vez, una gestión pública adecuada que promueva la paz social y el desarrollo sostenible. Incluso se puede replantear la normatividad existente para lograr una gobernabilidad más efectiva.
Finalmente, las perspectivas futuras en la modernización de la gestión pública apuntan hacia la integración de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, para mejorar la eficiencia, transparencia y calidad de los servicios públicos. Se espera que se fortalezcan las alianzas público-privadas y se promueva la participación ciudadana a través de plataformas digitales. Asimismo, se prevé un enfoque más centrado en la sostenibilidad y la evaluación continua de los procesos de modernización para garantizar su éxito a largo plazo.