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Introducción
En los últimos tiempos la política se ha visto influenciada con decisiones judiciales, este fenómeno no es ajeno en nuestro país. El Lawfare, es una guerra jurídica, que utiliza al derecho penal como una herramienta para bloquear o provocar el rechazo popular contra un adversario político. En ese sentido, en el continente asiático, China considera, el Lawfare como una guerra legal de alcance transnacional, caracterizada por conflictos donde se busca establecer reglas o estándares, controlar al adversario mediante la ley o emplearla como herramienta para limitarlo (West y Insisa, 2024).
De igual forma, en el continente europeo, España advierte que en los delitos de terrorismo se emplean como herramientas judiciales para desgastar al adversario político (Vivancos, 2020). Asimismo, en EE. UU, se advierte que la cultura de los derechos humanos, establecida como un estándar universal con la Declaración de 1948, ha perdido relevancia frente a dinámicas actuales como el Lawfare, la influencia de redes sociales y la impunidad estatal, influenciados por intereses económicos, tecnológicos y políticos (Nina, 2022).
Por otro lado, en América Latina, el Lawfare es empleado para perseguir enemigos políticos, desestabilizar gobiernos y consolidar agendas neoliberales; el sistema judicial y mediático se articulan para legitimar esta práctica (Romano, 2021). Asimismo, la complejidad del Lawfare plantea la posibilidad de responder a sus abusos mediante la criminalización de esta práctica, ya que, el uso indebido del sistema de justicia penal tiene consecuencias irreversibles, una persona absuelta tras ser encarcelada no puede recuperar el tiempo perdido ni reparar el daño emocional o físico sufrido; este impacto trasciende al individuo, afectando a toda la sociedad y debilitando la confianza en las instituciones (Vegh, 2023).
De igual forma, en Perú, tras las elecciones presidenciales de 2021 como un momento clave en la historia, se ve reflejada una crisis sociosanitaria, cuestionamientos al sistema político, y una marcada polarización entre el modelo neoliberal y propuestas reformistas (Mendoza & Goite, 2020). Conllevando, en el 2022 a la judicialización de la política en el marco del Lawfare, afectando significativamente el principio de presunción de inocencia, poniendo en riesgo la independencia del sistema judicial (Gonzales, 2024). En ese sentido el Lawfare provoca consecuencias legales y lesiona los derechos de los individuos que gestionan un Estado (Luque, et al., 2020).
En cuanto, al debido proceso penal constituye un conjunto integral de principios, derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución, los tratados internacionales y la legislación procesal penal, tanto en la normativa penal ordinaria como en las leyes especiales. Su objetivo es garantizar un marco de seguridad jurídica que regule las actuaciones investigativas y procesales del Estado o de los acusadores, asegurando la protección de los derechos del imputado frente al poder punitivo (Sandoval, 2022). Ante ello, cabe señalar que el debido proceso es la principal garantía de la dignidad humana en el aspecto jurídico (Ruiz, 2023).
Por otro lado, la igualdad ante la ley es el derecho que garantiza que todas las personas reciban la misma protección por parte de la ley, evitando cualquier tipo de trato desigual o discriminatorio que pueda resultar injusto (Piñas et al., 2019). De este modo, es necesario identificar cuándo una autoridad toma en cuenta características que no deberían influir o, por el contrario, omite aquellas que deberían ser relevantes según la Constitución (Arriagada et al., 2023).
Por lo expuesto, esta investigación se realiza con el objetivo académico de analizar y reflexionar sobre el impacto del Lawfare como afectación al debido proceso e igualdad jurídica. De esta manera, contribuir a la tesis sobre sus efectos negativos en la legitimidad de las instituciones democráticas e independientes enfatizando su uso en coartar la participación política y debilitar a actores contrarios a intereses hegemónicos. Es decir que, a lo largo de nuestra historia republicana, la política y los liderazgos han transformado al Estado en un organismo desvinculado de la soberanía, subordinado al poder financiero y a actores de poder no institucionales (Manrique, 2019).
En ese mismo contexto, la relevancia reside en la necesidad de identificar patrones comunes en el uso del Lawfare y su impacto en el debido proceso e igualdad jurídica; dado que, los entes de justicia deben mantenerse autónomos e imparciales sin interferir en la política, impidiendo que el proceso penal se convierta en un instrumento para deslegitimar figuras políticas. Además, la justificación práctica de este estudio se basa en que, a partir de los hallazgos, se plantea la necesidad de respetar los derechos de los líderes progresistas en la política y construir un sistema judicial equitativo y no instrumentalizado.
Metodología
En relación con la metodología se efectuó un estudio y revisión sistemática de 50 artículos científicos, relacionados al tema, con la búsqueda de información en revistas indexadas gratuitas a nivel de mundial, en los repositorios digitales de Scopus, Scielo, Latindex y Wos en un período de publicación no mayor a cinco años. Del mismo modo, se realizó procedimientos metodológicos, estructurándolos de forma organizada y sistemática a lo largo del proceso de investigación; con una metodología, diseño y enfoque, orientados a la búsqueda de la verdad y garantizando su reproducibilidad (Auris et al., 2022).
El diseño y el sitio del estudio
La investigación fue de tipo cualitativa a través de una revisión sistemática de artículos científicos de alcance mundial, con especial énfasis en América Latina, para ello, se utilizó una matriz analítica cuya información contenía: nombre del autor o autores, año, título, fuente, contexto del estudio, indexación, DOI y referencias. Asimismo, la producción de datos se efectuó en el periodo de noviembre - diciembre de 2024.
Criterios de elegibilidad
Tipos de participantes: se manejaron estudios relacionados con el tema de investigación utilizándose para ello las categorías seleccionadas por la autora, dejando fuera las investigaciones que no estén vinculadas con el tema en estudio o que no tengan notoriedad jurídica y/o social. El objetivo fue investigar los conocimientos que existen sobre el Lawfare como afectación al debido proceso e igualdad jurídica para actores de la política. Tipos de resultados: Se optaron por estudios relacionados al tema y variable, así como el impacto de estos.
Búsqueda de estudios
Se efectúo una búsqueda de investigaciones en las bases de datos Scopus, Scielo, Latindex y Wos de preferencia en idioma español, teniendo en cuenta para la búsqueda las categorías: Lawfare, debido proceso, igualdad jurídica y política; todo ello en el periodo comprendido desde el año 2019 al año 2024, en países de Asia, Europa y América Latina.
Selección de estudios
Se utilizó las investigaciones que cumplían con los criterios de calidad, ejecutando una búsqueda exhaustiva de los mejores estudios en los repositorios disponibles con una debida filtración, y, una primera selección basada en los títulos, resumen e introducción de cada hallazgo, posteriormente se realizó el análisis completo de los estudios selecciones para consolidar los resultados del tema de investigación y finalmente los aportes ayudaron a fortalecer la discusión y conclusiones del tema; consecuentemente, se efectuó una debida transparencia y ética, evidenciando el resultado a través de la Figura 1 del Diagrama de flujo PRISMA y del Gráfico 1, Porcentaje y cantidad de artículos por revista.
Los 20 artículos científicos seleccionados se distribuyeron según la base de datos de la siguiente manera: Latindex predominando con el 45% (9 artículos), Scielo con el 35% (7 artículos), Scopus con el 15% (3 artículos) y, por último, Wos con el 5% (1 artículo).
Igualmente, respecto a las localizaciones geográficas de los artículos científicos escogidos, 17 corresponden a países de América Latina y 3 corresponden al continente europeo y asiático. La suma total de 20 artículos de acuerdo con el país pertinente se especifica en la Figura 2.
Resultados
Las estrategias de búsqueda dieron 50 referencias. Durante el proceso de selección, se eliminaron 17 referencias que no cumplían con los criterios de inclusión tras revisar el título y el resumen, y, tras revisar se encontraron 2 referencias duplicadas (primer paso).
Las 31 referencias seleccionadas fueron leídas para confirmar la elegibilidad (segundo paso). La revisión de las 31 referencias de texto completo seleccionadas resultó en la exclusión de 11 estudios que no cumplían con los criterios de inclusión.
Los resultados de los 20 estudios restantes relacionados al tema se presentan a continuación de manera descriptiva y concisa:
El primer artículo, presentado por Estrada (2019), concierne a un artículo efectuado en Naciones Unidas; trataba sobre la importancia del principio de igualdad ante la ley en el derecho internacional y los derechos humanos, destacando su conexión con la no discriminación y su desarrollo histórico desde el derecho internacional clásico hasta su consolidación en el siglo XX con instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se analizaron tratados clave, como la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, así como desafíos actuales, como las desigualdades que afectan la dignidad humana de todas las personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, se abogó por una interpretación inclusiva que incorpore medidas redistributivas y acciones afirmativas para garantizar una protección equitativa para todos.
El segundo artículo, presentado por Alfaro, et al., (2020), concierne a una investigación efectuada en Ecuador; el artículo identificó cinco elementos clave para garantizar un debido proceso penal: capacidad funcional, legitimación, procedibilidad, jurisdicción y competencia. Estos presupuestos están vinculados a principios como la legalidad, igualdad y presunción de inocencia, esenciales para una justicia transparente e imparcial. Los autores destacaron que el cumplimiento de estos elementos fortalece la confianza pública en el sistema judicial y contribuye a un derecho penal más democrático y humano.
El tercer artículo, elaborado por Luque, et al., (2020), efectuó un estudio original llevado a cabo en Ecuador; examinó el levantamiento indígena de 2019 explorando cómo el Lawfare se utilizó para criminalizar las protestas, destacando la importancia del pluralismo jurídico en la defensa de los derechos colectivos.
El cuarto estudio, presentado por León (2020), realizó una investigación en América Latina (Brasil-Ecuador); sobre el Lawfare como una estrategia que utilizó el sistema judicial y los medios para perseguir y deslegitimar a políticos progresistas en América Latina, descrito como una "guerra no convencional", empleando la ley para restaurar el neoliberalismo, moldear el poder estatal y debilitar gobiernos de izquierda. Casos en Ecuador y Brasil evidenciaron cómo estas tácticas desinstitucionalizan el Estado y manipulan la opinión pública.
La quinta investigación, presentada por Blajean & Delgado (2021), estudio original histórico-hermenéutico. Analizaron el Lawfare en Argentina, definido como una estrategia para perseguir y neutralizar opositores políticos mediante el uso desvirtuado de la ley. Se destacó la colaboración entre sectores del poder judicial y medios de comunicación, que amplificaron narrativas basadas en denuncias ambiguas. Casos como el de Cristina Fernández de Kirchner ejemplifican cómo esta práctica mina la legitimidad judicial y debilita la democracia.
El sexto artículo, presentado por Fonseca & Miró (2022), el texto examinó cómo Rusia y China instrumentalizaron el derecho y el ámbito de la información para alcanzar objetivos estratégicos en relaciones internacionales. Abordaron tres enfoques principales: el Lawfare occidental, que usa el derecho como arma para debilitar al adversario; la doctrina rusa de maskirovka, basada en la desinformación para ocultar intenciones geopolíticas; y el enfoque chino de falu zhan, que manipuló el derecho internacional para controlar al adversario y justificar acciones estratégicas. Mientras en Occidente el debate fue defensivo y emergente, Rusia y China ya implementaron estas prácticas como herramientas clave en su estrategia geopolítica.
El séptimo artículo, expuesto por Sierra-Zamora & Castaño-Bedoya (2022), alusivo a una investigación ejecutada en Colombia; a través del método deductivo utilizando la técnica descriptivo-correlacional. Exploraron las características de las guerras híbridas, irrestrictas y jurídicas, destacando el Lawfare como un elemento central en los conflictos modernos. Argumentaron que el Lawfare es utilizado para deslegitimar adversarios políticos y militares mediante la manipulación de sistemas legales.
El octavo estudio, presentado por Smulovitz (2022), examinó la evolución del Lawfare en América Latina desde 2016, señalando cómo el término combina la ley con objetivos de guerra política; se analizaron casos emblemáticos de expresidentes acusados de corrupción, argumentando que el Lawfare reflejo una creciente desconfianza en las instituciones judiciales y un contexto de alta polarización política.
El noveno artículo, elaborado por Garay & Simison (2023), abordaron los desafíos enfrentados en Argentina por el gobierno de Alberto Fernández en el 2022, donde los procesos judiciales por corrupción y las denuncias de una batalla legal del gobierno contra el poder judicial incrementaron divisiones en la población, aumentando la crisis económica, social y judicial. Además, analizó cómo el oficialismo utilizó el concepto de Lawfare para denunciar una persecución contra Cristina Fernández de Kirchner, lo cual intensificó la polarización política.
El décimo artículo, ofrecido por Benítez, et al., (2023), concerniente a un estudio original con un enfoque de análisis y comparación, efectuado en América Latina; abordaron el impacto del Lawfare en la democracia constitucional en América Latina, analizando casos de líderes políticos como Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro. Destacando la instrumentalización del derecho para fines políticos y la necesidad de fortalecer las instituciones judiciales para proteger la democracia.
El undécimo apartado, elaborado por Barros & De Albuquerque (2023), relacionado a una investigación original llevada a cabo en Brasil; exploraron los conceptos de Lawfare y Schadenfreude y su impacto en el ámbito jurídico. El Lawfare, uso indebido de la ley con fines políticos, económicos o militares, como estrategia para deslegitimar o incapacitar a adversarios se ejemplifica en la Operación Lava Jato en Brasil. El Schadenfreude, placer ante el sufrimiento ajeno, influye negativamente en decisiones judiciales, socavando la imparcialidad.
El duodécimo artículo, presentado por Laise (2023), analizó el concepto de Lawfare como un mito político defectuoso en Brasil y Argentina, utilizado para denunciar persecuciones judiciales contra líderes progresistas mediante la instrumentalización del sistema judicial y los medios de comunicación, con el propósito de debilitarlos políticamente en favor de intereses hegemónicos. Sin embargo, critica la ambigüedad y falencias teóricas del término, al no diferenciar claramente entre persecución política y legítima acción judicial. Propuso un enfoque crítico que garantice el respeto a las garantías procesales básicas y evite umbrales diferenciados según el perfil político del acusado.
El decimotercer artículo, presentado por Ruiz (2023), examinó el debido proceso en el Perú como un derecho fundamental y principal garantía constitucional. Su origen se remonta al derecho romano, evolucionando a través de sistemas como el anglosajón hasta su formalización en la Constitución peruana de 1993 (art. 139). Este derecho-principio asegura legalidad y equidad en los procedimientos, limitando las arbitrariedades del Estado y protegiendo la dignidad humana en un Estado democrático. Se estructuró en dimensiones formales (juez natural, motivación de resoluciones, derecho de defensa) y sustantivas (razonabilidad y proporcionalidad). Además, se analizaron problemáticas en su aplicación judicial y administrativa, subrayando su rol clave en la tutela de derechos ciudadanos.
El decimocuarto estudio, presentado por Sáenz (2023), analizó cómo los sistemas judiciales en América Latina se han instrumentalizado políticamente. El Lawfare persigue líderes progresistas mediante acusaciones débiles y violaciones al debido proceso, mientras que el populismo punitivo utiliza políticas de “mano dura” para criminalizar a sectores vulnerables. Ambos fenómenos configuraron el “momento punitivista”, donde el sistema judicial refuerza la exclusión, la represión y el autoritarismo bajo una fachada legal.
El decimoquinto artículo, presentado por Tammi (2023), efectuó una investigación en Siria; analizó cómo el “Lawfare”, o uso estratégico del derecho internacional, afecta la seguridad humanitaria en conflictos como el de Siria, exponiendo cómo la manipulación de principios legales permitió justificar ataques, dificultar la ayuda humanitaria y aumentar los riesgos para trabajadores humanitarios, exacerbando la violencia y la impunidad.
El decimosexto artículo, presentado por García (2024), analizó la evolución de la democracia en Perú desde 2001 hasta el fallido autogolpe de Pedro Castillo en 2022. El autor identificó una creciente inestabilidad política, marcada por la fragmentación del sistema de partidos, la falta de institucionalidad y el diseño del presidencialismo peruano, que combina elementos parlamentarios. Estas características generaron tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, frecuentes cambios de gobierno y el uso recurrente de mociones de censura y vacancia presidencial. A pesar de estos desafíos, el sistema democrático demostró cierta resiliencia, aunque persisten riesgos estructurales que amenazan su sostenibilidad.
La decimoséptima investigación, mostrada por Luque & Rojas (2024), está relacionada a un estudio original efectuado en Ecuador; bajo el análisis normativo histórico y estudio legal de las sentencias. Examinaron el caso de Jorge Glas en Ecuador, destacando cómo el uso del habeas corpus expuso inconsistencias legales y una posible politización de la justicia, reflejando la práctica del Lawfare en el contexto ecuatoriano.
El decimoctavo estudio, desarrollado por Márquez (2024), examinó el conflicto de baja intensidad en México, analizando cómo el Lawfare fue empleado para criminalizar opositores políticos en un contexto de militarización de la seguridad pública y presencia del narcotráfico.
El decimonoveno estudio, expuesto por Páez (2024), está referido a una investigación efectuada con enfoque metodológico basado en la revisión documental. Analizó la relación entre el Lawfare y el derecho penal en América Latina, centrándose en casos como Lava Jato en Brasil y el caso “Sobornos” en Ecuador. Destacó el impacto de esta práctica en la polarización política y el debilitamiento de la confianza en las instituciones democráticas.
El vigésimo estudio, presentado por Schwartz (2024), examinó las elecciones de 2023 en Guatemala, donde Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, ganó la presidencia enfrentando tácticas de Lawfare y criminalización de opositores. Aunque inicialmente fueron diseñadas para consolidar el autoritarismo, las elecciones marcaron un punto democrático gracias a la movilización indígena, juvenil y el apoyo internacional. Destacó que los intentos de perturbar el proceso electoral por actores judiciales y políticos corruptos fueron contrarrestados por la oposición.
Discusión
La revisión de los artículos seleccionados sobre el Lawfare en el mundo, en especial en América Latina ofrece un panorama diverso sobre cómo esta estrategia se aplica y afecta diferentes contextos sociopolíticos. En términos generales, la mayoría de los estudios coinciden en que el Lawfare es una estrategia que utiliza la ley como herramienta para perseguir o deslegitimar adversarios políticos. especialmente a aquellos que representan alternativas progresistas o críticas al statu quo. Este fenómeno no solo pone en peligro la estabilidad democrática, sino que también afecta la confianza en las instituciones judiciales y en el sistema político en su conjunto. A continuación, se examinan las principales coincidencias y discrepancias relevantes entre los investigadores.
En este sentido, Luque et al., (2020), León (2020), Blajean y Delgado (2021) y Páez (2024) coinciden en que el Lawfare se manifiesta principalmente en el ámbito judicial, donde se emplean procesos legales para criminalizar protestas sociales, disidencias políticas y gobiernos progresistas. Un ejemplo claro de esta práctica se observa en el levantamiento indígena en Ecuador (Luque et al., 2020), donde el uso de la ley para criminalizar las protestas y deslegitimar las demandas sociales fue evidente. Este patrón que también se repite en Brasil y Argentina, donde las acusaciones de Lawfare fueron empleadas para neutralizar a líderes políticos como Cristina Fernández de Kirchner y Luis Inácio Lula da Silva (León, 2020; Blajean & Delgado, 2021). De igual forma, Páez (2024) expone cómo el Lawfare en Brasil, a través de la Operación Lava Jato, intensificó las fracturas ideológicas entre quienes apoyaban al partido de los trabajadores y aquellos que lo percibían como un símbolo de corrupción, no sólo deslegitima a los opositores políticos, sino que alimentó un proceso de polarización política que sigue afectando a ese país.
Además, estos estudios destacan la estrecha relación entre Lawfare y polarización política, una tendencia que se observa particularmente en América Latina, donde los sistemas judiciales se convierten en una extensión de la lucha política, algo que fue ampliamente documentado por Smulovitz (2022), Sáenz (2023) y Garay & Simison (2023). Estos autores coinciden en argumentar que el Lawfare se ha convertido en un elemento clave de lo que algunos denominan el “momento punitivista”, donde el sistema judicial se utiliza para excluir, perseguir y castigar a líderes políticos y sectores sociales que representan una amenaza al poder establecido.
Por su parte, Benítez et al., (2023) y Luque & Rojas (2024) coinciden en señalar cómo el Lawfare representa una amenaza significativa para los derechos fundamentales y la estabilidad democrática en América Latina. Ambos estudios destacan que esta práctica socava la confianza en las instituciones y polariza aún más a las sociedades afectadas. Sin embargo, mientras que Benítez et al., (2023) adoptan un enfoque más estructural, enfocándose en las deficiencias normativas y las irregularidades judiciales que permiten que el Lawfare prospere, Luque & Rojas (2024) se centran en el análisis de un caso específico, el de Jorge Glas en Ecuador, como un ejemplo concreto de cómo el habeas corpus puede convertirse en una herramienta de resistencia frente a estas dinámicas.
Esta diferencia en el nivel de análisis refleja enfoques complementarios: uno teórico y comparativo frente a otro empírico y contextual. Además, mientras Benítez et al., (2023) critican la insuficiencia de los sistemas de frenos y contrapesos como un factor clave en la perpetuación del Lawfare, y Luque & Rojas (2024) enfatizan las implicaciones del uso mediático y político del sistema judicial en casos específicos, alertando sobre cómo estas prácticas pueden reforzar narrativas polarizantes y erosionar la percepción de imparcialidad de las instituciones judiciales.
Del mismo modo, Smulovitz (2022), resalta cómo esta estrategia alimenta la desconfianza en las instituciones judiciales, coincidiendo con Sáenz (2023) quien argumenta que el uso de acusaciones débiles y el abuso del debido proceso, afectan la justicia y equidad, situaciones comunes en este contexto, lo que contribuye a la desestabilización de las democracias latinoamericanas. Garay & Simison (2023) también agregan que, además de la persecución de líderes políticos, esta práctica refuerza la polarización social, dividiendo a la población, así como a los actores políticos y judiciales en bloques de enemigos irreconciliables.
Otro aspecto clave, es la función primordial que desempeñan los medios de comunicación en la amplificación del Lawfare. Blajean & Delgado (2021) señalan que, en Argentina, los medios de comunicación actuaron como un vehículo para justificar las acusaciones contra Cristina Fernández de Kirchner, contribuyendo a la creación de una narrativa que justificaba la persecución judicial contra ella. De manera similar, Barros y De Albuquerque (2023) evidencian cómo los medios en Brasil, durante la Operación Lava Jato, ayudaron a consolidar una narrativa que no solo buscaba deslegitimar a líderes progresistas como Lula Da Silva, sino que también reforzaba prejuicios sociales y culturales, como el Schadenfreude, alimentando la idea de que los opositores políticos merecían el sufrimiento que enfrentaban debido a sus acciones previas.
Este fenómeno, como explican ambos autores, tiene un impacto profundo en la opinión pública, ya que se nutre de emociones adversas hacia los individuos perseguidos, generando un clima de hostilidad hacia los líderes progresistas y fomentando una visión polarizada de la realidad política.
De igual manera, Sierra-Zamora y Castaño-Bedoya (2022) y Márquez (2024), coinciden en su enfoque sobre el Lawfare como un mecanismo utilizado para deslegitimar a los adversarios políticos mediante la manipulación de sistemas legales. Sin embargo, abordan este fenómeno en contextos diferentes, lo que genera algunas diferencias en sus enfoques. Mientras que Sierra-Zamora & Castaño-Bedoya (2022) se centran en el contexto de las guerras híbridas en Colombia, donde el Lawfare se inserta en un conflicto armado más amplio que incluye actores políticos, guerrilleros y paramilitares, destacando la guerra jurídica como una extensión de la violencia. Por su parte Márquez, analiza la situación en México, donde el Lawfare se emplea para criminalizar opositores políticos en un contexto de militarización de la seguridad pública y narcotráfico, lo que cambia las dinámicas de su utilización en comparación con el contexto colombiano.
Sin embargo, no todos los estudios coinciden en todos los aspectos del fenómeno del Lawfare. Por ejemplo, mientras que la mayoría de los estudios coinciden en que el Lawfare es una herramienta para socavar la democracia y las instituciones judiciales, algunos estudios adoptan una postura más crítica sobre la utilización del término en ciertos contextos. Laise (2023), en su investigación sobre Brasil y Argentina, argumenta que el concepto de Lawfare ha sido utilizado de manera ambigua y, en algunos casos, ha sido un pretexto para denunciar persecuciones judiciales legítimas contra figuras políticas de izquierda. Laise (2023) por su parte critica la falta de claridad en la definición de Lawfare, señalando que no siempre se distingue entre la persecución política legítima y las acciones judiciales que son parte de un proceso democrático.
En este sentido, cuestiona la validez de utilizar el término Lawfare para describir todo acto de persecución judicial que pueda estar vinculado a intereses políticos, sin un análisis más profundo de la situación jurídica y política que rodea a cada caso. Esta postura contrasta con la visión de otros autores, como León (2020), que defiende una interpretación más estricta de Lawfare como un fenómeno diseñado para deslegitimar y destruir a actores políticos a través de la manipulación del sistema judicial.
Otro aspecto que presenta algunas diferencias en la literatura sobre el Lawfare es el alcance de su influencia en las relaciones internacionales y en contextos fuera de América Latina. En este sentido, los estudios de Fonseca & Miró (2022) y Tammi (2023) amplían el análisis del Lawfare a nivel global. Fonseca & Miró (2022) exploran cómo potencias internacionales como Rusia y China han adoptado el Lawfare como una herramienta de estrategia geopolítica, manipulando el derecho internacional para alcanzar objetivos políticos y económicos. Según estos autores, el Lawfare se ha convertido en una pieza central de las relaciones internacionales, donde la manipulación de principios legales, como la desinformación (en el caso de Rusia) y el control del derecho internacional (en el caso de China), se utiliza para debilitar a los adversarios y justificar acciones políticas. Por otro lado, Tammi (2023) examina el uso del derecho internacional en Siria, donde el Lawfare se emplea para justificar ataques militares y dificultar la ayuda humanitaria, exacerbando la violencia y la impunidad en el conflicto. Estos estudios amplían la comprensión del Lawfare más allá del contexto latinoamericano, sugiriendo que este fenómeno tiene un alcance global y se utiliza de manera estratégica en la arena internacional.
A pesar de estas diferencias, algunos estudios sobre el Lawfare coinciden en que la sociedad civil desempeña un rol esencial en la resistencia a esta estrategia. Schwartz (2024) destaca cómo, a pesar de los intentos de manipulación judicial en Guatemala durante las elecciones de 2023, la movilización indígena y juvenil, junto con el apoyo internacional, logró contrarrestar las tácticas de Lawfare y garantizar una victoria democrática. En este contexto, García (2024) coincide también en señalar que, en el caso peruano, a pesar de la creciente inestabilidad política y el uso instrumental del sistema judicial, los movimientos sociales y la movilización ciudadana han logrado frenar ciertos intentos de manipulación judicial y han demostrado que es posible resistir el autoritarismo y la instrumentalización del derecho. Estos casos ilustran que, a pesar de los desafíos, la sociedad civil puede desempeñar un papel crucial en la protección de la democracia y los derechos fundamentales frente a la amenaza del Lawfare.
Por otro lado, el Lawfare plantea serias amenazas a derechos fundamentales como el debido proceso y la equidad jurídica frente a la ley. Coincidiendo Ruiz (2023) y Alfaro et al., (2020) por su parte Ruiz (2023), subrayó cómo en el Perú el debido proceso, es reconocido constitucionalmente, esencialmente para limitar abusos y garantizar la dignidad humana. Asimismo, Alfaro et al., (2020) complementan este análisis al identificar cinco elementos clave que garantizan una justicia transparente e imparcial: capacidad funcional, legitimación, procedibilidad, jurisdicción y competencia.
De igual manera, Estrada (2019) destacó que el principio de igualdad jurídica, establecido en acuerdos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, es un pilar esencial para garantizar la justicia y prevenir la discriminación. Sin embargo, el Lawfare socava este principio al instrumentalizar el derecho en favor de intereses políticos y económicos, generando desigualdades estructurales que afectan especialmente a grupos vulnerables.
Conclusiones
El fenómeno del Lawfare se ha consolidado como una estrategia transnacional de conflicto político que afecta profundamente los sistemas judiciales, la democracia y los derechos fundamentales en diversas regiones del mundo. En Asia, Europa, China, Rusia y otros actores internacionales lo emplean como una herramienta para avanzar en sus objetivos estratégicos.
Esta práctica no solo socava la credibilidad de los sistemas judiciales, sino que también afecta el principio del debido proceso y la equidad jurídica, elementos que son fundamentales para asegurar la equidad, la justicia y la salvaguarda de los derechos humanos. Además, el Lawfare se convierte en un medio para consolidar agendas neoliberales o intereses hegemónicos, transformando la política en un juego de poder donde las reglas del derecho se aplican de manera selectiva y manipulativa, marginando a actores progresistas y desfavoreciendo a aquellos que se oponen a las estructuras de poder establecidas.
En América Latina, el uso del derecho como una herramienta para perseguir a opositores políticos y desestabilizar gobiernos, ha sido un rasgo común en países como Brasil, Ecuador, Argentina y Perú. El Lawfare, al ser ejecutado a través de la manipulación del sistema de justicia y la colaboración con los medios informativos, genera una distorsión del proceso judicial, va en contra de los fundamentos de la justicia y la equidad a nivel mundial, debilitando la fe de la población en las entidades democráticas y en el Estado de Derecho.
En el contexto peruano, el Lawfare se ha manifestado de manera particularmente aguda tras las elecciones presidenciales de 2021, con un clima de polarización política y la judicialización de la política, lo que ha afectado gravemente la presunción de inocencia y la independencia del sistema judicial. La crisis económica, social y política ha acompañado estos procesos, y las disputas entre los poderes del Estado, han puesto en evidencia cómo el uso indebido del derecho puede tener consecuencias profundas en el bienestar colectivo, al destruir la confianza en las instituciones y debilitar las bases del Estado democrático.
El impacto del Lawfare también se ve reflejado en la afectación del derecho al debido proceso penal, que es un conjunto de garantías fundamentales consagradas en la Constitución y los acuerdos internacionales, y cuyo objetivo es asegurar que los individuos imputados de un delito sean tratados de forma justa y equitativa en el marco de un juicio. Este principio es clave para asegurar que el poder del Estado no sea utilizado de manera arbitraria o injusta contra los ciudadanos, garantizando que el derecho penal no se transforme en un medio para la represión política.
Se concluye, que el Lawfare, tiene efectos destructivos en la democracia, y debe ser rechazado enérgicamente, siendo de urgente necesidad fortalecer la independencia judicial y los principios del debido proceso e igualdad jurídica en los sistemas legales para actores de la política. Esto incluye implementar reformas organizadas para garantizar la imparcialidad de las instituciones judiciales y promover mecanismos de control ciudadano que limiten la captura política y económica de estas, en concordancia con los principios de legalidad y transparencia con estricto respeto a los derechos esenciales de todos los individuos, independientemente de su afiliación política. Además, es esencial educar a la ciudadanía y fomentar el pensamiento crítico para contrarrestar narrativas polarizantes promovidas por los medios de comunicación.
