Editorial 

Aporte empresarial para el desarrollo de ciencia y tecnología 

En Venezuela, más del 90% de las investigaciones teóricas y aplicadas se ejecutan en las universidades nacionales autónomas sin ninguna articulación con el desarrollo industrial del país, apenas con ligera coordinación con los planes del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación (FONACIT), a los efectos de financiamiento de programas y proyectos de investigación, revistas arbitradas y otros. 

Por décadas se ha reconocido el llamado divorcio Universidades/Gobierno para alinear esfuerzos y talentos en un proyecto de país y sobre todo en el desarrollo de ciencia y tecnología para promover las capacidades y competividades del sector industrial y reducir de alguna manera la transferencia de tecnología de los países altamente industrializados. 

Las universidades nacionales autónomas, como consecuencia directa del Programa de Promoción del Investigador, multiplicaron los núcleos y grupos de investigaciones, centros e institutos. Se establecieron nuevos programas de doctorados, y se promovió el inicio de revistas arbitradas en todas las áreas de ciencia y tecnología. Es decir, las universidades se organizaron para formar y ofrecer capacidades de alto nivel de investigación y desarrollo. 

Como se sabe, las universidades son instituciones al servicio de la nación conforme a la Ley de Universidades, por lo que sólo faltaba el instrumento legal y financiero para la formalización del direccionamiento de la investigación y desarrollo hacia un proyecto autóctono de producción y generación de bienes y servicios. Es así, como todas las universidades se han manifestado calurosamente a adherirse a los lineamientos, mecanismos y oportunidades que contempla la ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación para que Venezuela disponga de un sistema científico y tecnológico de alto nivel. 

Según la ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, LOCTI y su reglamento sobre los aportes e inversión, se establece que las empresas con ingresos brutos superiores a 100.000 UT tendrán que aportar entre el 0,5% y el 2% de los mismos para contribuir con la innovación y el desarrollo tecnológico del aparato productivo del país. De acuerdo al Ministerio de Ciencia y Tecnología, las empresas públicas y privadas del país debieron aportar durante el año 2006 recursos por más de un billón seiscientos millones de bolívares, para el desarrollo de ciencia y tecnología. Estos recursos corresponden a 4.299 empresas, disgregadas en 112 del sector Petróleo y Gas, 38 del sector Minería y Electricidad; y 4149 de los otros sectores. 

La instrumentación de la LOCTI resuelve de manera estructural la insuficiencia presupuestaria de la partida Investigación para las universidades nacionales autónomas y se abren nuevos horizontes para unir y acercar los medios de producción hacia un proyecto de país con universidades que orienten su formación en la activación de procesos y mejoras tecnológicas. 

Pareciera que el sueño de Arturo Uslar Pietri de 1936 sobre sembrar el petróleo, se mueve hoy en 2007 en una esperanza para su realismo. Así escribió: “La lección de este cuadro amenazador es simple: urge crear sólidamente en Venezuela una economía reproductiva y progresiva. Urge aprovechar la riqueza transitoria de la actual economía destructiva para crear bases sanas y amplias y coordinadas de esa futura economía progresiva que será nuestra verdadera acta de independencia”. 

Miguel A. Sánchez Gómez 

Coordinador-Editor