Determination of the willingness to pay for the water resources protection environmental service in Táchira state, Venezuela

José Antonio Pérez R.¹, Ángela Henao O.¹ y María Elena Naranjo² 

¹ Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial, CIDIAT, Parque La Isla, Edificio CIDIAT, Mérida, Venezuela. Teléfono: 58 - 274 - 2442224. Fax: 58 - 274 – 2441461.

² Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, La Hechicera, Mérida, Venezuela. Teléfono: 58 - 274 – 2401366. Fax: 58 - 274 – 2401286. prjose@ula.ve, hangela@ula.ve, mnaranjo@ula.ve. 

Resumen

Los ecosistemas agrícolas proveen servicios reconocidos como generadores de beneficios ambientales y sociales mediante la conservación de zonas boscosas y cambios en las prácticas de producción agrícola que ellos promueven. Las cuencas productoras de agua más importantes del Estado Táchira han sido afectadas debido al manejo de los ecosistemas, incidiendo particularmente en la producción, almacenamiento y regulación del caudal. Para valorar los beneficios derivados de la protección del recurso hídrico en las cuencas que surten al Acueducto Regional del Táchira, se aplicó el método de valoración contingente a través de una encuesta con una muestra de tamaño 806 para una población de 90.806 suscriptores. Las preguntas referentes a la disposición a pagar utilizaron formato tipo referéndum y abierto. La mediana resultante según tipo de pregunta y técnica de estimación varió entre 1000 a 1725,1 Bs mes^-1 suscriptor^-1. Los resultados muestran que la implementación del pago de servicios ambientales podría generar recursos para conservación que varían entre 100.000 a 172.458 Bs ha^-1año^-1, monto muy superior al obtenido actualmente por Decreto y al utilizado en otras experiencias en América Latina. Esta investigación constituye un primer paso para una gestión integral de cuencas, aun cuando deben esclarecerse otros aspectos básicos para establecer el pago final por servicios ambientales. 

Palabras clave:  Disposición a pagar, método de valoración contingente, recursos hídricos, servicio ambiental, Venezuela. 

Determinación de la disposición a pagar por el servicio ambiental protección de los recursos hídricos en el estado Táchira, Venezuela

Abstract 

Agricultural ecosystems are widely recognized as generators of environmental and social profits through the forest conservation and changes in agricultural production practices that they promote. The most important water producers basins at Táchira State have been affected by ecosystems management, particularly impinging at their ability on production, storage and flow regulation. In order to valuate the profits generated by the water resources protection, a contingent valuation method was applied on these watersheds. A sample was taken from the Acueducto Regional del Táchira subscribers. Referendum and open formats for willingness to pay questions were used. Median of the WTP varied within 1000 to 1725.1 Bs per month subscriber, being sensible to question format and to the estimation techniques applied. The results show that the use of environmental services payments could generate monetary resources of around 100,000 to 172,458 Bs ha^-1 year^-1 to be used for conservation, a much larger value than the ones obtained by current policies or other Latin American experiences. It’s still pending some basic aspects to actually establish the final payment for the environmental service, but there is no doubt that this research is a first step to reach an integrated watershed management. 

Key words:  Contingent valuation method, environmental service, water resources, Venezuela, willingness to Pay. 

Recibido el 09 de Diciembre de 2007 En forma revisada el 26 de Enero de 2009 

Introducción

Los servicios ambientales abarcan las condiciones y procesos propios de los ecosistemas naturales que sustentan la vida humana al desempeñar funciones vitales para el hombre [1]. Dado que estos servicios no son totalmente captados en mercados comerciales o no han sido debidamente cuantificados en términos comparables a los servicios económicos, con frecuencia han sido subvalorados en las decisiones de políticas y en la gestión de los recursos naturales [2]. 

Los ecosistemas agrícolas proveedores de servicios generan beneficios ambientales y sociales reconocidos mediante la conservación de zonas boscosas y cambios en las prácticas de producción agrícola [3] que pueden ser captados por propietarios y administradores. Para establecer la relación costo beneficio del servicio ambiental puede definirse tanto el monto que deberían percibir los productores por sus costos de contribuir a la conservación de la cuenca, como el monto que los beneficiarios pagarían por el valor que le atribuyen a tal servicio. 

Los ecosistemas naturales y agrícolas de la zona central del Estado Táchira, en Venezuela, cumplen funciones de provisión de recursos hídricos, mitigación de riesgos naturales, protección de bellezas escénicas y biodiversidad y mitigación de emisiones de gases invernadero, entre otros. Los páramos, selvas nubladas, selvas sermicaducifolias y sus sistemas agrícolas y pecuarios de reemplazo, proveen de agua al 70% de la población de San Cristóbal y abastecen alrededor de 90.000 suscriptores del Acueducto Regional del Táchira (ART), repartidos en 10 sistemas de distribución. 

Los servicios ambientales se han visto afectados por el manejo y la alteración de los ecosistemas mencionados, tal como lo manifiestan Tapias y col. [3], quienes señalan la alteración de las comunidades vegetales originales por reemplazo con pastos y cultivos. Ello ha modificado la distribución temporal de los caudales de las subcuencas del río Pereño y La Jabonosa, en cuanto a la magnitud y duración de las crecientes y la deposición de sedimentos, generando problemas técnicos como rotura de las tuberías, disminución de la disponibilidad de agua e incremento de la vulnerabilidad del sistema (probabilidad de falla del sistema o número de fallas en el tiempo). Así, hay un deterioro en el servicio de producción, almacenamiento y regulación del flujo hídrico en el ART íntimamente ligado a la existencia de bosques y suelos conservados en las cuencas productoras. 

Para valorar servicios ambientales sin mercado comercial reconocido se ha recomendado el uso del Método de Valoración Contingente [4, 5] para obtener resultados realistas partiendo de la falta de la información básica necesaria en el cálculo de relaciones numéricas más precisas. Además, la banca multilateral ha favorecido el empleo de este método para el financiamiento de proyectos de valoración económica, lo cual ha permitido documentar ampliamente su aplicación e identificar sesgos potenciales que afectarían los resultados [6]. 

A pesar de su utilidad como método de valoración económica, en Latinoamérica y particularmente en Venezuela, existen contadas experiencias en el uso de la Valoración Contingente para la gestión ambiental, mas aún para la estimación de servicios ambientales. La presente investigación tiene como objetivo determinar la Disposición a Pagar por la protección del recurso hídrico en las cuencas productoras de agua para el Acueducto Regional del Táchira, Venezuela. 

Área de Estudio 

El área de estudio se ubica en el Estado Táchira, Venezuela y está compuesta por dos unidades: la unidad productora del servicio ambiental a valorar que corresponde a las subcuencas del río Pereño y Qda. La Jabonosa, y la unidad que alberga a los 90.806 beneficiarios del servicio ambiental, que corresponde a 13 municipios del Estado Táchira [7], ubicados fuera de las cuencas proveedoras del recurso.

Las microcuencas que suministran el agua corresponden a La Jabonosa, La Verdosa, La Cachicama, Queniquea y Bobo, las cuales constituyen las subcuencas El Pereño y La Jabonosa, bajo la jurisdicción de los municipios Sucre y Francisco de Miranda del Estado Táchira. Estas sub-cuencas comprenden una superficie de 29.625 ha con un 35% del área protegida en el Parque Nacional Juan Pablo Peñaloza. El Acueducto Regional del Táchira (ART) obtiene el agua de las tomas ubicadas en cada una de estas microcuencas, continuando hasta la planta de tratamiento a partir de la cual se distribuye el agua a las poblaciones que se benefician del servicio. 

La vegetación predominante de la subcuenca La Jabonosa corresponde a selva nublada andina. Los rubros mayormente cultivados corresponden a la papa, la caña panelera y el café, además de cultivos rotativos como maíz, apio, ajo, cebolla, zanahoria y pastos [8]. Las fincas que ocupan el área poseen cultivos ubicados en pendientes del 30 al 70% y muestran un alto grado de deforestación, en algunos casos llegando a un 70% como ocurre en la microcuenca Los Barros del municipio Sucre [3]. En las labores agrícolas se utilizan grandes cantidades de fertilizantes químicos, además de abonos orgánicos como el gallinazo, que regresan a los cursos de agua y contribuyen junto con la deforestación a la disminución de la calidad del agua, al aumento de los costos de tratamiento y a la disminución de la oferta de agua. 

Métodos 

En primera instancia se efectuaron visitas técnicas a varias instituciones relacionadas con la gestión del recurso hídrico, entre ellas la Hidrológica del Suroeste, el Ministerio del Ambiente y el Instituto Nacional de Parques. En cada una de ellas, se realizaron entrevistas con el propósito de conocer el funcionamiento del acueducto, sus beneficiarios, los ocupantes de las cuencas altas, el uso que se le da a estas tierras y cualquier otra información que se consideró relevante para el establecimiento de los servicios ambientales. Estas reuniones a su vez llevaron a la elaboración de los árboles causa-efecto que permitieron identificar la causa principal de los problemas del ART, la cual se convirtió en el servicio ambiental a valorar.  

El diseño de las encuestas para la aplicación del Método de Valoración Contingente para el caso del servicio de protección de los recursos hídricos en el Estado Táchira se realizó siguiendo las pautas generales establecidas por Pérez – Roas et al. [9] y Riera [10] y que se describen a continuación. 

Pruebas Piloto 

Se realizaron tres encuestas piloto de tamaño 40 cada una, que permitieron probar el cuestionario preliminar evaluando su claridad y la reacción de los encuestados, particularmente ante el concepto de la disposición a pagar (DAP), ajustar el contenido y la expresión del cuestionario, conocer a nivel preliminar el rango de los montos de la DAP y finalmente definir el tamaño de la muestra para la encuesta definitiva. 

Encuesta Definitiva 

 El tamaño de la muestra se determinó empleando la fórmula para muestreo aleatorio simple, considerando una distribución binomial, según es descrita por Mendenhall y Sincich [11], y que mide la cantidad de error tolerable en el estimado de la disposición a pagar, para un nivel de confiabilidad de 95% y un valor de error aceptable H de 0,03 [6,11]. 

Para asegurar un resultado conservador en el tamaño muestral calculado, se consideró equidad en la probabilidad de respuestas positivas y negativas en cuanto a la DAP propuesta, tendiéndose a sobreestimar el número de encuestas en lugar de subestimarlo. Adicionalmente, este valor fue aumentado considerando las posibles respuestas de protesta, errores del encuestador, inconsistencias, etc. El número final de encuestas a aplicar fue de 806 divididas proporcionalmente entre los usuarios de los 10 sistemas que conforman el ART. 

Para la encuesta definitiva se consideraron tres grupos de variables: (i) conocimiento del sistema de abastecimiento de agua (fuentes y plantas de tratamiento), opinión de los suscriptores sobre el servicio, (ii) disponibilidad a pagar y cantidad a pagar y, (iii) variables socioeconómicas (ingreso, sexo, edad, instrucción y ocupación), que se espera expliquen el comportamiento de los encuestados. 

Las preguntas relativas a la DAP fueron formuladas en formato tipo referéndum con precios de partida desde Bs. 500 hasta Bs. 20.000 y en formato de pregunta abierta para averiguar la máxima disposición a pagar. 

Modelaje de los resultados 

Se empleó el modelo de la distribución logística [12] para relacionar la DAP con las variables técnicas, económicas y socioeconómicas a partir de la encuesta definitiva. La función de Máxima Verosimilitud [13] fue utilizada para estimar los parámetros del modelo satisfaciendo la propiedad de que el estimador tenga mínima varianza. 

Del análisis estadístico realizado se seleccionaron las variables que podrían incluirse en el modelo Logístico (monto a pagar propuesto, disposición máxima a pagar, ingresos, edad, sexo y estado civil). Se generaron nueve modelos potenciales para explicar la DAP en función de las variables medidas en las encuestas. La regresión final resultante proviene del análisis de la influencia de estas variables y la decisión en cuanto a que entren en la ecuación definitiva depende de la combinación que satisfaga los siguientes criterios: (i) significancia estadística según X², (ii) signos lógicos en los coeficientes de las variables independientes, (iii) significancia de las variables incluidas, y (iv) el mayor porcentaje de predicciones correctas y el menor seudo R² posible. 

Estadísticos de la DAP 

Los estadísticos de tendencia central utilizados comúnmente son la media y la mediana. La media se ve fuertemente afectada cuando ocurren valores extremos, produciendo sesgos que no permiten describir el verdadero comportamiento de la variable [13, 14]. Por otra parte, la mediana es menos sensible a errores en la especificación de la distribución, ofreciendo una medida más robusta de la tendencia central de los datos, además de ser una regla social más equitativa con respecto a toda la población. Se consideró también que cuando se estima la media truncando la función de valor esperado, se pueden obtener beneficios más altos que exceden la mediana.  

La mediana se obtiene directamente a partir de la ecuación de regresión logística. La media para una variable binaria (1 si el encuestado expresa una DAP positiva y 0 si es negativa) puede expresarse mediante un valor esperado de la DAP, que sólo converge para valores negativos del coeficiente b₁. Para valores positivos de b₁ la integral es infinita, arrojando valores negativos de la media de la DAP, siendo necesario truncar la expresión hasta un límite máximo [15] que puede ser determinado con las pruebas piloto. 

Una opción alternativa al uso de la media o mediana y disminuir el problema del sesgo es la de estimar la DAP a partir de los datos obtenidos con los cuestionarios mediante técnicas no paramétricas, entre las cuales los métodos de Turnbull y de Kriström son los más conocidos [16]. 

Problemas en el diseño de la encuesta 

Las pruebas de hipótesis más comúnmente aplicadas para evaluar la existencia de sesgos y problemas potenciales en la encuesta corresponden al estadístico de Wald, modelo Chi-Cuadrado, porcentaje de predicciones correctas, máxima verosimilitud y seudo R² [17]. El cálculo de estas pruebas de hipótesis permite detectar el sesgo por variables omitidas, sesgo por variables irrelevantes, forma funcional del modelo, multicolinealidad y diferencias estructurales. 

Resultados y Discusión 

Características socioeconómicas de la población encuestada 

Del total de 804 encuestas se obtuvieron 795 encuestas válidas, dado que hubo 9 usuarios que se negaron a responder a la pregunta de Máxima Disposición a Pagar. Los encuestados cubrieron un amplio rango de edades, estados civiles, instrucción y ocupación (60% mujeres y 40% hombres). 

El número de personas económicamente activas en promedio fue de 1,64 personas familia^-1, mientras que el promedio de ingresos familiares por mes resultó en el rango de Bs 200.000 a 400.000, con una media de Bs 374.316. El 75% de la población tenía ingresos menores o iguales a Bs. 400.000. 

El pago promedio por el servicio de agua en el Estado fué de Bs. 7815,8, con el valor más frecuentemente pagado de Bs. 5000 y una desviación estándar de Bs. 7240,00. Los pagos oscilaron entre Bs. 400 hasta Bs. 69.000. 

Sistema de abastecimiento 

 La mayoría de los encuestados (85%) estaban concientes de que se abastecían del Acueducto Regional del Táchira, aunque no conocían los ríos que fungen como fuentes de agua. El servicio de agua fué calificado entre aceptable y muy bueno, considerando al recurso como muy valioso en las actividades cotidianas. Sin embargo, de esta percepción general se excluyeron las fallas en el servicio que registro el acueducto y que obligaron al abastecimiento mediante cisternas. El alto porcentaje de un 85% de desconocimiento de las fuentes de agua del ART, indica deficiencias en los programas de educación ambiental y problemas de comunicación con los usuarios y el proveedor del servicio. 

Disposición a pagar de los usuarios del ART 

La gran mayoría de los encuestados entendía la relación entre bosques y suelos con la oferta de agua, después de recibir información de la ruta que recorre el agua desde las fuentes productoras hasta los hogares. Por esta razón, cerca de las tres cuartas partes de los encuestados presentaron una disposición a colaborar con la conservación de las cuencas productoras. El 73,4% de los encuestados mostró disposición a pagar por la protección de los bosques y suelos. Las personas con respuesta negativa argumentaron un servicio de agua costoso y/o deficiente (8%), desconfianza en el uso de los fondos (6,1%), señalando también que el usuario de los recursos hídricos no debe aportar un pago por la protección de los bosques y suelos, puesto que los mismos constituyen una responsabilidad del gobierno (3,1%). Por último, un pequeño porcentaje (5,4%) opinó que este pago ya estaba incluido en la factura de agua. 

El valor de la mediana de la DAP se ubicó entre Bs. 1724,14 (Turnbull) y en 1725,13 (Kriström), con un beneficio total anual por el uso del servicio ambiental de Bs. 156.562.256,84 a 156.652.154,78, para un número de 90.806 suscriptores del ART. La media obtenida según Turnbull, resultó en Bs. 2847,59 con una desviación estándar de Bs. 270.583 para un beneficio total entre Bs. 234.007.698,6 a 283.148.817,4 (una desviación estándar). Como puede ser observado, existe una similitud entre las medianas calculadas por ambos métodos. La media calculada por Kriström (Bs. 3801,37) se ve afectada por el valor máximo en el cual se considera que no hay respuestas positivas. A partir de la aplicación del método de Kriström en las encuestas piloto, se propuso un valor máximo de Bs. 20.000,00, un número lo suficientemente grande como para asegurar respuestas cero (0); sin embargo, cinco encuestados (4,35%) mostraron acuerdo en pagar este monto.  

Por otro lado, la estimación de la DAP empleando métodos paramétricos, particularmente el modelo Logístico, para explicar el comportamiento de la Disposición a Pagar en función de diversas variables, permitió demostrar la influencia de las variables: Monto a Pagar Propuesto, Disposición Máxima a Pagar, Ingresos (por rangos), Edad, Sexo y Estado Civil. 

Para la estimación de la DAP por la protección de los recursos hídricos en el Pereño, se corrieron varios modelos, siendo los mejores los tres descritos en la Tabla 1. Se seleccionó como el más apropiado el modelo 1: DAP= 0,4141 - 0,000264372 * Monto propuesto de DAP, usando como criterio el conjunto de pruebas de hipótesis descritas en el apartado correspondiente al modelaje de los resultados obtenidos de las encuestas.

La distribución empírica de la máxima disposición a pagar se muestra en la Figura 1, con un valor medio de Bs. 1994,6 y una mediana de Bs. 1000, cuyo coeficiente de variación, bastante grande de CV=3,14, indica la diversidad de las respuestas obtenidas entre los encuestados.

El valor de la mediana depende del tipo de pregunta y de la técnica usada para su estimación. Para la pregunta abierta resultó en Bs 1000 mes^-1 suscriptor^-1, mientras que para la de referéndum varió, según la técnica de análisis especificada en la Tabla 2, entre Bs. 1566,33 a 1725,1 mes^-1 suscriptor^-1, lo cual no representa una diferencia notable entre los resultados obtenidos con los métodos paramétricos y no paramétricos. La media obtenida con el método Kriström muestra un incremento con respecto a la media obtenida mediante la estimación de Turnbull, esto es debido a que la DAP esperada está influida por el punto medio de clase, mayor que el respectivo límite inferior que usa Turnbull [7]. 

Respecto a la confiabilidad de los resultados obtenidos, el tamaño de la muestra de 804 resultó satisfactorio para un ancho de intervalo H de 0,031. Además, no se encontró evidencia de sesgo debido al precio de partida, ya que la correlación entre la máxima disposición a pagar por la idea de conservar la cuenca, independientemente del costo que ello implique y el monto propuesto inicialmente para la DAP, resultó en un valor de 0,167 el cual para el tamaño de muestras válidas de 795 no se considera estadísticamente significativo.

Actualmente, se encuentra en vigencia el Decreto 2331 [18] que establece que dentro de la facturación del agua se incluya el cobro del 0,5% por concepto de Conservación de Cuencas a los suscriptores del servicio. En el caso del ART, corresponde a una media mensual de Bs. 39 por suscriptor, según se deduce de las respuestas de los encuestados. Puesto que el promedio mensual de pago del servicio de agua fué de Bs. 7815 suscriptor^-1 para la protección de 10.900 hectáreas, los ingresos disponibles recaudados por esta vía por el Estado, ascenderían a Bs. 3900 ha^-1 año^-1 ó US$ 1,8 ha^-1 año^-1. 

En contraste, los ingresos calculados a partir de la disposición a pagar estimada en este trabajo, alcanzaron entre Bs. 12.000,00 a 20.701,2 suscriptor^-1año^-1. Esta DAP permitiría generar recursos para conservación entre los 100.000 a Bs. 172.458 ha^-1 año^-1 (46,5 a US$ 80 ha^-1 año^-1, para un cambio oficial de Bs. 2150/dólar). 

Considerando lo antes expuesto, los ingresos disponibles por el Estado constituyen un valor muy pequeño comparado con el que se podría obtener de acuerdo a la DAP de los suscriptores, reforzando el potencial de conservación que se puede lograr implementando el pago por servicio ambiental. Para que el programa de conservación resulte económicamente factible, estos ingresos potenciales tendrían que ser mayores o iguales que los costos económicos de conservación de las subcuencas. Estos costos se pueden estimar a partir de la formulación y evaluación de las diferentes soluciones técnicas de conservación.  

El valor obtenido de la DAP puede interpretarse como el tope máximo a pagar por los beneficiarios y constituye un valor superior a los US$ 10 ha^-1 año^-1 que se pagan actualmente en otros países de América Latina [19]. 

Pago por servicios ambientales en Venezuela y América Latina 

Este trabajo demuestra la factibilidad económica del manejo de servicios ambientales en Venezuela, ya que prueba la disposición a pagar de los usuarios del agua en un sistema que puede considerarse como una generalidad en los estados andinos: cuencas productoras intervenidas con un uso agrícola y poblaciones importantes que se abastecen del recurso aguas abajo. Aunque no existe mucha información sobre el pago de Servicios Ambientales en América Latina, existen algunas experiencias preliminares como la de Jiménez y colaboradores [19] en Costa Rica, Bassi [20] en Brasil y Yaguache [21] en Ecuador. En los casos mencionados los montos se establecieron sin un proceso de valoración real del agua. Esto daría un mayor sustento a la presente propuesta que se basa en una valoración y una mayor probabilidad de éxito al implementar el pago del servicio ambiental en El Pereño. 

Conclusiones 

Los usuarios del ART mostraron la disposición de pagar un monto entre 100.000 y 172.458 Bs. ha^-1 año^-1 (46,5 a 80 US$ ha^-1 año^-1) para la conservación de la cuenca y sus recursos hídricos, mayor que el manejado en otros países de América Latina. Este monto constituye un ingreso adicional de los habitantes de la cuenca alta por la aplicación de acciones de conservación y mejoramiento de los servicios y no un único ingreso de las personas que habitan en las zonas a proteger. 

Los análisis estadísticos permitieron obtener un modelo para estimar el monto a pagar por la conservación de la cuenca para la protección de sus recursos hídricos, que se expresa como DAP= 0,4141 - 0,000264372 * Monto propuesto de DAP. 

No se realizó la comparación entre los beneficios de la conservación derivados de los resultados del presente estudio debido a la carencia de un indicador de costo real por hectárea por actividad de conservación. 

Se sugiere consolidar el marco jurídico del pago por servicios ambientales en el Pereño, determinar los indicadores necesarios para el monitoreo de los recursos, así como seleccionar productores piloto, elaborar actas convenio para el pago por servicios ambientales, efectuar campañas publicitarias y un plan de recuperación, manejo y conservación de las cuencas. 

Agradecimientos 

Este trabajo fue financiado por la Dirección General de Cuencas del Ministerio del Ambiente, Hidrológica del Suroeste, HidroSuroeste y el Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial, CIDIAT. Se agradece particularmente los cuidadosos comentarios realizados por los árbitros que permitieron mejorar sustancialmente este trabajo. 

Referencias Bibliográficas 

1.  Daily, G.C.: Introduction: what are ecosystem services? In: G.C. Daily (ed.), Nature’s services: societal dependence on natural ecosystems. Island Press, Washington D.C. (1997) 1-10.          [ Links ]

2. Costanza R., d’Arge R., de-Groot R., Farber S., Grasso M., Hannon B., Limburg K., Naeem S., O’Neill R.V., Paruelo J., Raskin R.G., Sutton P y van-der-Belt M. “The value of the world’s ecosystem services and natural capital”. Nature, 387: (1997). 253-259.           [ Links ]

3. Tapias G., García E., Monsalve J., Bonilla G., Marcano M., Niño S., Moncada A., Molina A., Useche M., Torras S., Casanova R., Perruolo G., Guerra L., Peña F., Vivas G., Chacón F. y Cárdenas H.: “Estudio de diversidad biológica en la cuenca alta del río Pereño, Estado Táchira, Venezuela”. UNET, SIRCA, MARN, 2001. 150 pp.          [ Links ]

4. Alarcón L., Díaz O., Dimas L., González M., Herrador D. y Segura E. “Costos de prácticas agrícolas para la generación de servicios ambientales en El Salvador”. PRISMA y Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, El Salvador, 2001.          [ Links ]

5.  Herrador D. y Dimas L. “Valoración económica del agua para el área metropolitana de San Salvador”. Fundación PRISMA, San Salvador, 2001.        [ Links ]

6. Dixon J y Pagiola S. “Análisis económico y evaluación ambiental”. Environmental Assessment Sourcebook UPDATE, Environmental Department. The World Bank, (23): (1998). 17.          [ Links ]

7. Hidrosuroeste: Planillas de suscriptores del ART. Información suministrada directamente por la empresa, 2003.          [ Links ]

8. Ramírez G., Hernández E., Fiebiger G., Vidal R., Prieto R., Barrios A. y Pernía E. “Estudios y proyectos para control de la producción de sedimentos y recuperación de la subcuenca de la quebrada la Jabonosa, Estado Táchira”. UFORGA – ULA, MARN, 1998.          [ Links ]

9. Pérez-Roas J.A., Henao A. y Naranjo M.E.: “Valor económico de los beneficios del servicio ambiental. “Protección de los recursos hídricos” provisto por las subcuencas del río Pereño y La Quebrada La Jabonosa, estado Táchira”. CIDIAT, MARN, Hidrosuroeste, Inparques, 2003.          [ Links ]

10.Riera P. “Manual de Valoración Contingente”. Ministerio de Economía y Hacienda, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1994.          [ Links ]

11. Mendenhall W. y Sincich T.: “Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias”. Prentice Hall, Mexico, 1997.          [ Links ]

12. Gujarati D.: “Econometría”. McGraw-Hill, Bogotá, 2001.          [ Links ]

13. Mood A.M., Graybill F.A y Boes D.C.: “Introduction to the Theory of Statistics”. Mc Graw Hill, EUA, 1974.          [ Links ]

14. Benjamin J.R. y Cornell C.A.: “Probability, statistics and decisions for engineers”. McGraw-Hill, EUA, 1981.          [ Links ]

15. Horowitz J. y Savin N.E.: “Binary response models: logits, probits and semiparametrics”. Journal of Economic Perspectivas Vol. 15 No. 4 (2001) 43-56.          [ Links ]

16. Rodríguez D.J.: “Cost-Benefit analysis of environmental quality improvement projects: uncertain benefits of willingness to pay from referendum contingent valuation”. Tesis presentada al Instituto Politécnico y Universidad del Estado de Virginia para optar al grado de Master de Artes en Economía, 2000.        [ Links ]

17. Greene W.H.: “Econometric Análisis”. Prentice Hall, Londres, 1997.          [ Links ]

18. Venezuela: “Definición de tarifas en forma de fracción porcentual para el aporte a la conservación de cuencas”. Gaceta Oficial de Venezuela, No. 35042 (4 de septiembre de 1992).          [ Links ]

19. Jiménez F., Campos J., Alpizar F. y Navarro G.: “Experiencias ambientales por servicio ambientales en cuencas hidrográficas en Costa Rica”. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, Costa Rica, 2002.        [ Links ]

20. Bassi, L.: “Valuation of Land Use and Management Impacts on Water Resources in the Lajeado São José Micro-Watershed, Chapecó, Santa Catarina State, Brazil” preparado para el e-Workshop on Land-Water Linkages in Rural Watersheds: Case Study Series, FAO, Roma, 2002.          [ Links ]

21. Yaguache R. “El precio de la preservación forestal y pastizales, Ecuador”. Revista electrónica IAF, Interamerican Foundation, 24(1): (2003). Arlington, , www.iaf.gov/publications/publications_sp.asp?pub_year=2003 & menuID=51.        [ Links ]