Editorial

Se conoce que las universidades nacionales realizan el 80 por ciento de las actividades de investigación y desarrollo que se hacen en Venezuela, siendo sus aportes en diferentes áreas del conocimiento, dirigidos tanto a la resolución de problemas nacionales como a acrecentar el acervo científico de la sociedad venezolana y del mundo en general. Del mismo modo es un sentir que el aporte del financiamiento por parte de las universidades es cada día menor como consecuencia de la deficiencia de un verdadero presupuesto universitario: aunque lo disimulan a través de créditos adicionales, se devora por la inflación y su anacrónica distribución.

Las universidades en conjunto con los centros e institutos de investigación deben compenetrarse y aliarse para que el país conozca los aspectos que están restringiendo la investigación científica en Venezuela, entre los que están el aumento de la emigración de científicos y tecnólogos, la politización y gerencia deficiente por parte de los organismos del Estado, diseño y ejecución de políticas equivocadas en ciencia, tecnología y educación universitaria, además del continuo ahogo financiero.

Uno de los aspectos más vitales que se debe considerar es el desarrollo del capital humano que requiere formalizar una educación que se convierta en un catalizador de movilidad social y que sea parte de un círculo virtuoso de más oportunidades y mayor crecimiento. Se pregona la inversión en investigación, sin embargo el país que más invierte en América Latina en investigación y desarrollo es Brasil, el 1% de su producto interno bruto, y aun así es una tercera parte de lo que invierte China; y Venezuela está en un promedio alrededor del 0,5% del PIB, con el agravante de que un porcentaje importante de lo que va al sector ciencia y tecnología se desvía discretamente a proyectos sociales. De no ser así, se quisiera conocer cuáles son los centros de investigación que han adquirido microscopios electrónicos, espectrofotómetros, equipos para cromatografía de gas o liquida de alta presión, para difracción de rayos X, y otros de tecnología de punta; ni siquiera los han recibido las universidades llamadas bolivarianas, pero allí la investigación es nula o escasa.

Otra consecuencia ha sido la baja remuneración de los profesores, que los induce a buscar nuevas perspectivas para su futuro, emigrando hacia otras actividades o hacia otras naciones que aprecian y aprovechan el recurso humano altamente calificado. Este escenario forzoso atenta contra la formación profesional de nuestros futuros egresados y, por consiguiente, pone en peligro la generación de relevo del país. Por el contrario, es un deber del Estado garantizar el acceso de los investigadores a conocimientos más recientes, financiar las suscripciones a revistas científicas en las universidades públicas, y promover los programas de intercambio para que los científicos que viven afuera y los que estamos en Venezuela tengamos posibilidades reales de compartir técnicas y hallazgos, de modo que la producción de conocimiento no solo depende del talento del científico, sino de los recursos que tenga a la mano para ejecutar sus proyectos.

Esta situación es consecuencia del populismo que se enorgullece de la revolución del conocimiento como impulsora del desarrollo del país, pero no otorga a las universidades y centros de investigación los recursos necesarios para resolver todos los aspectos que están involucrados con la investigación científica. Es un contrasentido hablar así cuando los entes generadores de conocimiento están siendo oprimidos.

No hay inversión en bibliotecas ni equipos, lo que dificulta la precisión en la búsqueda de información relacionada con la investigación. Si se revisa el año 2013, los científicos venezolanos produjeron apenas 700 publicaciones. Este desequilibrio debería ser un punto de reflexión del Gobierno para que explique, si según ellos existen 16.000 investigadores, por qué ese número de publicaciones tan distanciado de lo que debería ser.

Los investigadores reclamamos una política nacional de ciencia y tecnología concertada con los actores del sistema nacional de innovación (SNI). La actual Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) y otros programas gubernamentales lucen desfasados de las realidades y tendencias universales, discriminan las áreas de investigación, no son transparentes, estimulan la fuga de cerebros, la desvinculación entre instituciones de investigación y sectores productivos y el aislamiento de los investigadores con sus pares del exterior. El resultado de estas políticas revela una dramática reducción de la productividad científica y tecnológica del país, poniendo de manifiesto una crisis que amenaza con agravarse si no se establecen correctivos.

El Sistema de Ciencia y Tecnología no escapa a la profunda crisis política y económica que mantiene al país en un estado de permanente conflictividad, lo que ha traído como consecuencia que en plena era del conocimiento mundial, Venezuela se encuentra en un alto grado de descapitalización del talento humano, ya que un país que no produce conocimiento es un país que marca su rumbo directo al fracaso, por lo tanto, es ineludible evaluar de manera honorable la realidad actual en cuanto a la inversión académica y hacer ver a las entidades del Estado la importancia que tiene el progreso de la Investigación Científica para el bienestar y prosperidad de nuestra amada Venezuela.

Prof. Miguel A. Sánchez Gómez

Editor