ORIMULSIÓN: NOVEL COMBUSTIBLE PARA UNA POLÍTICA NO PRECISAMENTE DE ESTADO  

 

Jaime Requena  

 

La bondad de un producto como Orimulsión® va más allá de los réditos de su comercialización y es un error reducir su conveniencia al simple provecho que arrojen las hojas de cálculo. La complejidad del asunto la recoge Interciencia, que acertadamente abre la discusión con el análisis de aspectos sociológicos de un singular proceso de innovación o las dificultades científico-técnicas que envuelve el desarrollo de productos concebidos para un mercado energético global.

 

Aunque la apreciación puramente contable del problema pareciera ser una razón de peso, Mommer (Interciencia 29: 11-12, 2004) concede en su argumentación que la valoración del producto podría estar modulada por otros factores; el político, por ejemplo. Los precios, la magnitud de las regalías o la validez de las estrategias que permitan aumentar la producción y sortear las restricciones que sobre ésta le sean dictadas por organismos supranacionales, son solo una pequeña parte del hecho político e, importantes como pudieran ser, al mencionarlas se invita al análisis de otras facetas que pudieran ser más trascendentes.

 

Una de tales facetas es la política de diversificación de productos (y mercados). En teoría, el máximo retorno se obtiene de la venta de derivados muy refinados con alto valor económico; es decir, mayor valor agregado. En la práctica no hay mercados para acomodar toda la producción transformada en tales productos. Por ello, el óptimo negocio es vender una “cesta” de opciones que permita maximizar la producción hacia el más amplio mercado posible. El balance entre diversificar productos, minimizar intra-competencia y maximizar retornos, es la prueba de fuego de una gerencia exitosa.

 

Otra faceta del hecho político que debe ser traída a colación es la controversia generada entre la gerencia petrolera y el Jefe del Estado, que se inició con el establecimiento en Venezuela de la Quinta República. La confrontación, recrudecida en abril y diciembre del 2002, y que hizo eclosión con el despido de la mitad de los empleados de esa industria en febrero del 2003, fue justificada ante la opinión pública por exagerados salarios, cuestionables prebendas o falta de transparencia funcional de la empresa. Sin embargo, es obvio que el trasfondo de la controversia fue otro. Detrás de una acción de tamaña envergadura estaba el interés de lograr imponer un control absolutista y autoritario sobre un conglomerado industrial que había sido diseñado para tener un alto grado de autonomía funcional.

 

Es allí donde entra en escena el desmantelamiento del INTEVEP, el centro de desarrollo tecnológico de la industria petrolera venezolana (Interciencia 28: 65, 2003). Una acción que fuera justificada por el Ejecutivo ante la participación de muchos de los miembros de la organización en el llamado “paro petrolero”. Tres cuartos de la fuerza de investigación responsable de producir el capital tecnológico e intelectual de una empresa energética de dimensión global fue despedida en un solo día. ¿Por qué?

 

No es posible concebir que la dirigencia política pensase que profesionales tan especializados debían salir del ámbito de la ciencia y tecnología porque sus investigaciones no respondían a las necesidades nacionales, como se pretendió argüir. En primer lugar, los desarrollos que llevaban a cabo eran precisamente los que se asumen necesarios, como las investigaciones sobre la explotación sustentable de la faja petrolífera del Orinoco. En segundo lugar, si los esfuerzos de desarrollo estuvieran mal encaminados, estos pudiesen ser reorientados y, en tercer lugar, es simplemente criminal desmantelar lo que había tomado tantos años y esfuerzos construir y ensamblar. En efecto, el desarrollo del INTEVEP en un exitoso instituto de investigación es, sin duda, un hito sin precedente en nuestra región; toda una cruzada gerencial y académica con dimensiones de epopeya. La más plausible explicación para ese “tecnocidio” es, desafortunadamente, la más rechazable: pura y simple purga ideológica para eliminar el disenso político.

 

Dentro de ese marco referencial, cargado de connotaciones políticas, se inscribe el asunto Orimulsión. Cuando los cuadros técnicos de INTEVEP fueron pasados a un estado de sospecha, era de esperarse que el producto bandera que ellos habían desarrollado también fuese sometido a cuestionamiento. Después de todo, el triunfo de una organización es consubstancial con el éxito de su gerencia.

 

Si como sostiene Mommer, el problema de Orimulsión era uno de precios, sólo bastaba reformular los contratos de suministro para alcanzar mejores condiciones de comercialización del producto. Empero, precios no lo es todo, y menos en una estrategia de diversificación de productos y mercados. En efecto, lo que se pierde por la venta de Orimulsion (o en el caso extremo de la cesación de su comercialización), no parece que pueda ser compensado por la captura de nuevos mercados para un producto de tan baja calidad como nuestro fuel oil residual. En ausencia de Orimulsión, las usinas que lo usan como combustible en Canadá, Italia o China (por no mencionar otros mercados que iban a hacerlo), se verán forzadas a migrar hacia otras fuentes energéticas menos contaminantes como el gas natural.

 

También es poco probable que la decisión de minimizar la producción de Orimulsión encontrará compensación en la comercialización de crudos pesados y extra pesados “mejorados” mediante su mezcla con otros de calidad superior. Las reservas de crudos de baja calidad en la faja del Orinoco, al ser comparadas con las ínfimas reservas de petróleo liviano, rinden insostenible a semejante estratagema. Además, si el objetivo es maximizar ingresos, el proceso de mejoramiento no pareciera ser el más indicado; mejor negocio es vender el barril de Mesa 30 y ahorrarse los costos de extraer el casi-bitumen del Orinoco. No obstante, como hipótesis es tan útil para un cálculo del precio de comercialización de la Orimulsión como lo puede ser el equivalente energético de carbón mineral. La escogencia entre un valor u otro, sin embargo, es una decisión de Política de Estado.

 

El trasladar responsabilidad a quienes desarrollaron Orimulsión o a los encargados de su comercialización no es justo, ya que esa materia ha sido y es exclusiva competencia del Ministerio de Energía y Minas, un órgano eminentemente político al que obviamente se le escapó de su control el asunto. Ante la unilateral y sorpresiva decisión de desfasar a Orimulsión del mercado, se ha debido brindar mayores consideraciones a contratos y posiciones en el mercado. Si bien nunca es tarde para remendar el capote, no conviene resentir asociaciones de vieja data. Conductas como estas no promueven nuestra imagen como proveedor estable y confiable. De hecho y muy probablemente, ¡la han afectado seriamente!

 

Para finalizar, cabe mencionar que el costo de Orimulsión es muy diferente a su valor. En este orden de ideas, valdría la pena cuantificar los beneficios complementarios que el INTEVEP y sus desarrollos le han dado al país y, en general, a todos los que hacemos ciencia y tecnología, aquí y allá