1. INTRODUCCIÓN

A escala internacional, la actividad minera se consolida como un pilar estratégico del dinamismo económico, al generar cerca de 1,3 billones de dólares anuales y aportar alrededor del 8 % del producto interno bruto en naciones dependientes de la exportación de recursos naturales (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 2025). En esta misma línea, EL Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (2025) señala que más de 200 millones de personas residen en territorios influenciados por operaciones mineras, donde se evidencian repercusiones ambientales y sociales de considerable magnitud. Si bien esta industria sustenta aproximadamente 25 millones de empleos directos a nivel mundial, también se asocia con procesos de desplazamiento poblacional, reducción y contaminación de recursos hídricos, así como con la degradación progresiva de los ecosistemas locales (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Panel Internacional de los Recursos y Panel Internacional de Recursos, 2024). Desde una óptica regional, el Banco Mundial (2022) reporta que en América Latina la actividad minera genera aproximadamente 136.000 millones de dólares anuales, lo que equivale al 4,5 % del PIB regional, además de constituir más del 50 % de las exportaciones en economías como Chile y Perú. No obstante, más de 38 millones de personas habitan en áreas de influencia directa de proyectos extractivos, donde las condiciones de vida suelen verse atravesadas por conflictos socioambientales y controversias territoriales (International Energy Analysis IEA, 2021). De igual manera, Banco Mundial (2006) reconoce que aun con las inversiones en infraestructura y programas de desarrollo social, se mantienen pasivos ambientales y problemas de contaminación hídrica que afectan a la salud pública. Este escenario ha incrementado las fricciones entre el Estado, las empresas extractivas y las comunidades locales que reclaman un modelo de crecimiento más justo y sostenible (Banco Mundial, 2021).

En el caso peruano, el Ministerio de Energía y Minas del Perú (2024) señala que la minería obtuvo ingresos por 41mil millones de dólares en el último año, los cuales equivalen al 60 % de las exportaciones nacionales y alrededor del 9 % del PBI. No obstante, más de 9 millones de personas viven en zonas con alta concentración de actividad minera, donde solo el 30 % tiene acceso pleno a servicios básicos (Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, 2022). Según el Ministerio del Ambiente (2022), mientras el canon minero ayuda a financiar proyectos sociales y mejorar infraestructura, también hay más de 130 conflictos socioambientales activos relacionados con el sector. Así pues, el desarrollo económico impulsado por la minería no se traduce necesariamente en beneficios sostenibles para las poblaciones locales, ni en una protección ambiental plenamente efectiva (Ministerio de Energía y Minas del Perú, 2023). A pesar de que el Estado impulsó procesos de formalización minera, la región de Piura todavía se enfrenta a un complejo panorama en cuanto a minería legal. En provincias como Huancabamba existen proyectos regulados que conviven con percepciones ciudadanas divididas: algunos sectores valoran su aporte al empleo y a la economía, mientras otros cuestionan la transparencia, el control ambiental y la distribución de beneficios. Esas tensiones han producido una desconfianza institucional. De esta manera, es de suma importancia examinar la percepción de los jóvenes universitarios que viven en zonas mineras por su incidencia en la opinión pública (Defensoría del Pueblo - Perú, 2024).

En 2024, Piura registró solo dos millones de dólares en inversión minera formal, evidenciando bajo dinamismo frente a otras regiones. La cartera regional incluye dos proyectos legales y concentra el 100 % de la producción nacional de fosfatos mediante operaciones como Miski Mayo en Bayóvar. En contraste, la minería metálica formal, especialmente aurífera, es casi inexistente (0,05 % de la producción nacional de oro). Gran parte de esta actividad ocurre de forma informal o ilegal en distritos como Suyo y Las Lomas, donde se reportan conflictos sociales y desafíos de gobernabilidad. (OCM Observatorio de Conflictos Mineros del Perú, 2024).

Este escenario evidencia una tensión estructural: mientras la minería legal, principalmente no metálica, mantiene baja visibilidad pública, la minería informal concentra la atención social por sus impactos ambientales, sociales y normativos. Frente a ello, el enfoque de valor compartido adquiere relevancia al vincular los objetivos empresariales con el desarrollo sostenible del territorio. En este contexto, analizar las percepciones de estudiantes universitarios que residen en estas zonas resulta clave para comprender la aceptación social de la actividad minera y las condiciones para fortalecer inversiones responsables. En ese marco, la investigación se orienta a responder la siguiente interrogante: ¿cuáles son los factores que inciden en la aceptación de las inversiones mineras por parte de los estudiantes universitarios de la región Piura, Perú, considerando su nivel de conocimiento sobre la actividad minera, el grado de confianza en las instituciones y su percepción de los impactos ambientales?. El objetivo general de la investigación es analizar los factores que inciden en la aceptación de las inversiones mineras por parte de los estudiantes universitarios de la región Piura, Perú, considerando sus niveles de conocimiento sobre la minería, el grado de confianza institucional y su percepción ambiental.

2. MARCO TEÓRICO

En un contexto global cada vez más marcado por retos sociales y ambientales, se hace imprescindible la adopción de enfoques estratégicos que sean capaces de articular el crecimiento económico con el bienestar colectivo (^{Li et al., 2023}). En esta línea, Gionfriddo y Piccaluga (2025) afirman que la teoría del valor compartido, propuesta por ^{Porter y Kramer (2011}), emerge como un marco innovador que replantea el rol de la empresa dentro de la sociedad. Este enfoque parte de la base de que las organizaciones pueden crear al mismo tiempo valor económico y valor social, y que esto se logra promoviendo relaciones de beneficio mutuo entre el sector empresarial y las comunidades (^{Hsiao et al., 2021}). Bajo esta óptica, Li et al. (2023) sostienen que el valor compartido representa una evolución conceptual de la competitividad, al considerar a la empresa como actor central en la resolución de problemas estructurales. Por lo tanto, Porter y Kramer sostienen que los problemas sociales no deben concebirse como externalidades, sino como oportunidades estratégicas para innovar, optimizar los costes y ampliar los mercados (Gionfriddo & Piccaluga, 2023). De igual forma, Hsiao et al. (2021) resaltan que al reconocer necesidades sociales no satisfechas como oportunidades de innovación, las empresas pueden transformar sus procesos, productos y alianzas, logrando ventajas competitivas sostenibles.

La relación entre minería y desarrollo territorial es uno de los debates centrales contemporáneos en las economías extractivas (^{Atienza et al. 2021}). Estas interacciones tienen efectos multidimensionales, económicos, sociales, ambientales y políticos, que impactan directamente a las áreas de influencia de los proyectos mineros (^{Endl et al., 2021}). Según ^{Amon et al. (2022}) la relación entre minería y desarrollo territorial está sujeta al tipo de explotación, al modelo de gobernanza adoptado y a la forma de distribución de los beneficios generados. Se sostiene que dicha interacción va más allá de los indicadores puramente económicos, ya que influye en la cohesión social y en la sostenibilidad de los territorios. Si bien la actividad minera puede colaborar en la mejora de servicios como educación, salud e infraestructura, también puede desencadenar conflictos socioambientales cuando existen desequilibrios en la distribución de beneficios y cargas (Endl et al., 2021). Ante ello, Amon et al. (2022) proponen herramientas como el ordenamiento territorial, la consulta previa y mecanismos efectivos de participación ciudadana para impulsar un desarrollo más inclusivo. ^{Meseguer-Sánchez et al. (2021}) defienden que, tanto desde un punto de vista ético como estratégico, los enfoques de sostenibilidad y de responsabilidad social empresarial suponen la adopción de principios orientados a maximizar impactos positivos y a mitigar efectos adversos. Así lo señalan ^{Mostepaniuk et al. (2022}), quienes precisan que estos modelos integran criterios ambientales, sociales y de gobernanza a lo largo del ciclo productivo, en coherencia con estándares internacionales como el Pacto Global. Asimismo, ^{Cezarino et al. (2022}) resaltan la relevancia de la transparencia, el respeto de los derechos humanos y la generación de valor compartido en el sector extractivo, lo que en contextos mineros se concreta en programas comunitarios, monitoreo ambiental participativo y el fortalecimiento de alianzas entre múltiples actores. En la minería se han analizado los enfoques para lograr un desarrollo sostenible, y los resultados han sido dispares. ^{Liu et al. (2021}) al revisar minas cerradas en Mongolia Interior, hacen referencia tanto a efectos positivos como a limitaciones, resaltando la restauración ecológica y el aprovechamiento del espacio subterráneo como estrategias clave para incrementar la sostenibilidad y el valor económico de estas áreas. En contraste, ^{Mohsin et al. (2021}) evidencian que la explotación de carbón en Sindh, Pakistán, provoca un marcado deterioro ambiental especialmente en la calidad del aire, del agua y en la salud pública lo que subraya la necesidad de tecnologías más limpias y regulaciones más rigurosas.

Por su parte, ^{Pavolová et al. (2022}) sostienen que, en varios países de la Unión Europea, el aporte económico del sector minero es variable y depende en gran medida del contexto nacional, lo que exige una gestión que equilibre crecimiento y protección ambiental. En esta misma línea crítica, ^{Pepłowska y Olczak (2024}) advierten que la transición energética europea ha reducido la producción de carbón en Polonia, afectando significativamente el PIB, y recomiendan planificación estratégica e innovación tecnológica para mitigar tales impactos. Desde una perspectiva social, ^{Rey-Martí et al. (2023}), mediante análisis de condiciones necesarias (NCA), concluyen que la provisión adecuada de educación, salud y servicios básicos por parte de las empresas mineras resulta determinante para alcanzar satisfacción ambiental y aceptación comunitaria en el contexto peruano. En línea con estos hallazgos, ^{Teplická et al. (2021}) argumentan que la innovación estratégica en los procesos extractivos especialmente mediante la articulación de equipos estacionarios y móviles permite elevar la eficiencia operativa y, simultáneamente, disminuir impactos ambientales en minas de caliza en Eslovaquia. Además, ^{Rybak et al. (2021}) sugieren el aprovechamiento de los desechos industriales mineros en Rusia, haciendo hincapié en la recuperación de metales valiosos y la disminución de los riesgos ecológicos mediante el empleo de técnicas avanzadas de activación previa al tratamiento. ^{Zhironkin y Szurgacz (2021}) también afirman que la adopción de tecnologías innovadoras es fundamental para optimizar costos, mejorar la seguridad laboral y abordar los retos ambientales emergentes.

Desde una óptica más amplia, ^{Blinova y otros (2022}) destacan la necesidad de incorporar los modelos de economía circular en la sostenibilidad corporativa de la minería rusa, haciendo hincapié en la gestión estratégica de las variables ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) como núcleo de un desarrollo verdaderamente sostenible. Por su parte, ^{Zeng et al. (2022}), tras analizar bibliométricamente, evidencian un crecimiento notable de las investigaciones orientadas al turismo sostenible en zonas montañosas como alternativa económica frente a la minería tradicional, sobre todo en escenarios posteriores a la COVID-19. Los estudios coinciden en la relevancia central de la sostenibilidad para el sector minero, aunque revelan diferencias en cuanto a las estrategias más efectivas y los impactos concretos, lo que refuerza la necesidad de enfoques adaptativos y contextualizados. En este marco, el enfoque de valor compartido ofrece una lente analítica apropiada para analizar cómo la minería legal puede conjugar la generación de rentabilidad económica con aportes sociales tangibles, siempre que cuente con legitimidad social y una percepción positiva en materia de responsabilidad ambiental. Sin embargo, esa aceptación va más allá del simple cumplimiento de la legislación vigente, ya que depende de cómo las comunidades interpretan, valoren y se vinculan con la actividad extractiva. En consecuencia, analizar las percepciones de los jóvenes universitarios adquiere especial relevancia, dado que constituyen actores sociales críticos, con acceso a información y capacidad de incidencia en la opinión pública. Particularmente en territorios con presencia minera, su ubicación entre la ciudadanía y los espacios técnico-institucionales los posiciona como un grupo estratégico para identificar tanto las potencialidades como las tensiones del valor compartido en escenarios extractivos regionales como el de Piura.

3. METODOLOGÍA

El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, de alcance correlacional y corte transversal. Su finalidad consistió en examinar los factores que influyen en la aceptación de las inversiones mineras en la región Piura, Perú, desde la percepción de estudiantes universitarios residentes en zonas con influencia minera directa.

4. RESULTADOS

Características de la muestra

La muestra estuvo constituida por 372 estudiantes de la Universidad Nacional de Piura (UNP), procedentes de las provincias de Piura, Huancabamba, Ayabaca y Tambogrande, identificados como zonas con presencia minera en la región.

Fiabilidad y validez del instrumento

El instrumento obtuvo un alfa de confiabilidad global de α = 0.926, lo cual indica que tiene una alta consistencia interna. En cuanto a su dimensión los valores alcanzados fueron: conocimiento (α = 0.842), confianza institucional (α = 0.864), percepción ambiental (α = 0.836) y aceptación (α = 0.898). En cuanto a la validez, el análisis factorial exploratorio mostró que la mayoría de los ítems tenían valores de comunidad mayores de 0,5. Solo el ítem CM5 arrojó una comunalidad de 0.353, valor que, sin embargo, se considera aceptable en estudios sociales de corte exploratorio. En conjunto, estos resultados sustentan la solidez psicométrica del instrumento utilizado (ver cuadro 1).

5. DISCUSIÓN

La discusión de los resultados permite evidenciar que la percepción de los estudiantes universitarios respecto a la minería legal en la región Piura se configura a partir de una interacción compleja entre conocimiento, confianza institucional, percepción ambiental y aceptación social, aspectos que pueden interpretarse desde la teoría del valor compartido propuesta por Porter y Kramer, retomada por Gionfriddo y Piccaluga (2025), la cual sostiene que las actividades empresariales alcanzan legitimidad social cuando generan simultáneamente beneficios económicos y sociales. En este sentido, los hallazgos muestran que el conocimiento sobre minería legal presentó una tendencia favorable, ya que predominó el acuerdo y total acuerdo respecto a los ítems vinculados con comprensión de la actividad minera, aunque todavía persisten posiciones neutrales y desacuerdos que evidencian vacíos informativos. Estos resultados coinciden con lo planteado por ^{Hsiao et al. (2021}), quienes sostienen que las organizaciones solo logran consolidar ventajas competitivas sostenibles cuando existe reconocimiento social de sus prácticas y procesos. Asimismo, ^{Li et al. (2023}) argumentan que el valor compartido implica transformar problemas sociales en oportunidades estratégicas, situación que parece reflejarse parcialmente en la percepción estudiantil sobre la minería legal. Sin embargo, el importante porcentaje de neutralidad revela que todavía existe una limitada apropiación crítica de los mecanismos regulatorios, ambientales y sociales de la actividad minera, lo que constituye un vacío relevante considerando que los estudiantes universitarios representan actores con capacidad de incidencia social y política.

Por otra parte, los resultados relacionados con la confianza institucional evidencian una dimensión particularmente crítica, debido a que las percepciones neutrales y negativas alcanzaron porcentajes significativos. Estos hallazgos reflejan que, aunque existe cierto reconocimiento hacia la minería legal, persisten dudas sobre la transparencia empresarial, la fiscalización estatal y el cumplimiento efectivo de estándares ambientales. Tales resultados guardan relación con lo señalado por ^{Endl et al. (2021}), quienes advierten que las actividades extractivas pueden desencadenar conflictos sociales cuando las comunidades perciben desequilibrios en la distribución de beneficios y cargas ambientales. De igual manera, ^{Amon et al. (2022}) sostienen que la gobernanza minera depende no solo de la explotación económica, sino también de la legitimidad institucional y de los mecanismos participativos implementados. En consecuencia, la desconfianza observada en los estudiantes podría interpretarse como una expresión de las tensiones históricas existentes entre Estado, empresas y ciudadanía en contextos extractivos latinoamericanos. Asimismo, ^{Cezarino et al. (2022}) destacan que la transparencia y el respeto de los derechos humanos constituyen pilares esenciales para consolidar relaciones sostenibles entre minería y sociedad, mientras que ^{Mostepaniuk et al. (2022}) enfatizan la importancia de integrar criterios ESG en toda la cadena productiva. No obstante, los resultados sugieren que dichas estrategias todavía no son plenamente percibidas por parte de los jóvenes universitarios, lo cual evidencia una brecha entre los discursos corporativos de sostenibilidad y la confianza social efectiva.

En cuanto a la percepción ambiental, los hallazgos muestran una valoración predominantemente favorable hacia la minería legal, aunque acompañada de reservas importantes relacionadas con el impacto ecológico de la actividad extractiva. Estos resultados coinciden parcialmente con ^{Meseguer-Sánchez et al. (2021}), quienes sostienen que la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial constituyen elementos indispensables para maximizar impactos positivos y reducir efectos adversos en territorios mineros. Del mismo modo, ^{Teplická et al. (2021}) argumentan que la innovación tecnológica en procesos extractivos permite mejorar simultáneamente la eficiencia operativa y el desempeño ambiental, mientras que ^{Rybak et al. (2021}) defienden el aprovechamiento de residuos industriales como mecanismo de reducción de riesgos ecológicos. Sin embargo, la persistencia de porcentajes de desacuerdo y neutralidad encontrados en este estudio sugiere que las preocupaciones ambientales continúan presentes dentro de la percepción estudiantil, especialmente en contextos donde históricamente la minería ha sido asociada a contaminación y degradación territorial. Esta situación se relaciona con lo reportado por ^{Mohsin et al. (2021}), quienes evidenciaron graves afectaciones ambientales derivadas de la explotación minera en Pakistán, particularmente en calidad del aire, agua y salud pública. En contraste, ^{Liu et al. (2021}) demostraron que la restauración ecológica y la reutilización de espacios mineros pueden contribuir significativamente a la sostenibilidad territorial. Por tanto, los resultados del presente estudio revelan una dualidad perceptiva: por un lado, existe reconocimiento hacia esfuerzos de sostenibilidad minera; pero, por otro, permanecen dudas sobre la efectividad real de dichas prácticas en escenarios concretos.

Respecto a la aceptación de la minería legal, los resultados muestran una tendencia ampliamente favorable, debido a que la mayoría de los estudiantes manifestó respaldo hacia proyectos mineros que generen empleo y contribuyan al desarrollo regional bajo estándares ambientales adecuados. Estos hallazgos coinciden con ^{Rey-Martí et al. (2023}), quienes concluyen que la provisión de educación, salud y servicios básicos por parte de las empresas mineras constituye un factor determinante para alcanzar aceptación comunitaria. Asimismo, ^{Pavolová et al. (2022}) sostienen que el aporte económico de la minería puede ser significativo siempre que exista equilibrio entre crecimiento económico y protección ambiental. En esta misma línea, ^{Pepłowska y Olczak (2024}) advierten que los procesos de transición energética pueden generar impactos económicos relevantes cuando no existe planificación estratégica adecuada, reforzando así la necesidad de modelos extractivos sostenibles e innovadores. Del mismo modo, ^{Zhironkin y Szurgacz (2021}) afirman que la incorporación de tecnologías innovadoras mejora no solo la competitividad minera, sino también la seguridad y sostenibilidad ambiental. Sin embargo, aunque la aceptación estudiantil resulta elevada, ello no implica una legitimidad absoluta de la minería legal, ya que los porcentajes de neutralidad encontrados sugieren que parte de la población universitaria mantiene posiciones cautelosas frente al sector extractivo. Este aspecto constituye un vacío relevante en la literatura, dado que la mayoría de investigaciones se concentra en comunidades directamente afectadas por la minería, mientras que existe escasa evidencia sobre percepciones de jóvenes universitarios en regiones mineras del Perú.

Asimismo, los resultados permiten sostener que la aceptación social de la minería legal no depende únicamente de los beneficios económicos percibidos, sino también de la articulación entre sostenibilidad, transparencia institucional y legitimidad ambiental. Desde esta perspectiva, ^{Blinova et al. (2022}) destacan la necesidad de incorporar modelos de economía circular y estrategias ESG como parte estructural de la sostenibilidad minera contemporánea. Asimismo, ^{Zeng et al. (2022}) evidencian la creciente búsqueda de alternativas económicas sostenibles en territorios históricamente dependientes de actividades extractivas, particularmente mediante el turismo sostenible en zonas montañosas. En consecuencia, el presente estudio aporta evidencia empírica sobre cómo los estudiantes universitarios perciben la minería legal en un contexto regional peruano, demostrando que la aceptación social puede coexistir con preocupaciones ambientales y niveles moderados de desconfianza institucional. Además, se identificó como vacío investigativo la limitada existencia de estudios centrados en población universitaria y en enfoques perceptivos vinculados al valor compartido en minería legal, especialmente en regiones del norte peruano. Por ello, futuras investigaciones deberían incorporar análisis correlacionales y modelos explicativos que permitan comprender cómo variables como información ambiental, confianza institucional y experiencia territorial influyen en la aceptación social de las actividades extractivas.

6. CONCLUSIONES

Los resultados del estudio permiten concluir que la aceptación de la minería legal entre los estudiantes universitarios de la región Piura se encuentra influenciada principalmente por la interacción entre el nivel de conocimiento sobre la actividad minera, la percepción ambiental y la confianza institucional. Aunque predominó una valoración favorable hacia la minería legal, la investigación evidenció que dicha aceptación no se construye únicamente sobre la base de los beneficios económicos percibidos, sino también a partir de la legitimidad social y ambiental atribuida a las empresas y a las instituciones responsables de su supervisión. En este sentido, el enfoque de valor compartido permitió comprender que la sostenibilidad de las inversiones extractivas depende de la capacidad de articular desarrollo económico, responsabilidad ambiental y reconocimiento social. Asimismo, se concluye que el conocimiento sobre minería legal mostró niveles relativamente favorables entre los estudiantes; sin embargo, persistieron vacíos importantes relacionados con los mecanismos de fiscalización, regulación y gestión ambiental. Este hallazgo evidencia que el acceso a información técnica no necesariamente garantiza una comprensión crítica de las dinámicas extractivas, especialmente en contextos donde la minería informal e ilegal posee mayor visibilidad mediática y social que la minería formal. Por tanto, la percepción estudiantil continúa condicionada por narrativas históricas de conflictividad socioambiental y desconfianza hacia las instituciones públicas encargadas de la gobernanza minera.

De igual manera, la dimensión de confianza institucional representó el principal factor crítico identificado en la investigación, debido a que una proporción significativa de estudiantes manifestó posiciones neutrales o desfavorables respecto a la transparencia estatal y empresarial. Esto demuestra que la legitimidad social de la minería legal todavía enfrenta limitaciones estructurales asociadas a la percepción de debilidad institucional, insuficiente fiscalización ambiental y limitada comunicación pública sobre los beneficios y controles de la actividad extractiva. En consecuencia, la aceptación social observada no puede interpretarse como una aprobación absoluta de la minería, sino como una aceptación condicionada al cumplimiento efectivo de estándares ambientales, sociales y éticos. Por otro lado, la percepción ambiental presentó una tendencia predominantemente favorable, aunque coexistiendo con preocupaciones persistentes relacionadas con contaminación, sostenibilidad ecológica y cumplimiento normativo. Este resultado refleja que los estudiantes reconocen avances vinculados a tecnologías limpias, sostenibilidad y responsabilidad social empresarial; sin embargo, mantienen reservas frente a los impactos ambientales históricamente asociados al sector minero. En consecuencia, el estudio demuestra que la legitimidad ambiental constituye actualmente uno de los elementos más sensibles para fortalecer la aceptación social de las inversiones extractivas en territorios regionales. Finalmente, la investigación aporta evidencia empírica sobre un grupo social poco explorado en la literatura minera peruana: los estudiantes universitarios residentes en territorios con presencia extractiva. Desde esta perspectiva, el estudio contribuye a ampliar el análisis de la minería legal más allá de las comunidades directamente afectadas o de los enfoques exclusivamente económicos, incorporando dimensiones perceptivas, sociales y territoriales vinculadas al valor compartido y a la legitimidad social. Los hallazgos sugieren que el fortalecimiento de la aceptación de la minería legal requiere no solo inversión económica, sino también políticas sostenidas de transparencia, educación ambiental, participación ciudadana y gobernanza institucional efectiva.