América Latina: securitización de la política y guerra contra la ciudadanía y los movimientos populares

Latin America: securitization of the politics and war against the citizenry and popular movements

Robinson Salazar Pérez

Universidad Autónoma de Sinaloa Sinaloa-México

Resumen

La finalidad de este ensayo consiste en analizar la securitización de las políticas públicas en América Latina, en especial las de seguridad ciudadana, que esconden en su argumentación, logística, comportamiento y preparación y asuntos que tienen que ver con la guerra de baja intensidad para desestructurar y eliminar en otros casos, a lideres comunitarios y populares, además de ejercer el control de los movimientos populares con el ingrediente novedoso de incorporar al crimen organizado como soporte para efectuar asesinatos, facilitar el tráfico de armas y negociar la narco-amnistía por corresponder a las iniciativas de los planes contrainsurgentes en América Latina, con especial énfasis en Centro América y México. Nuestro análisis gira en cuatros aspectos: gobernabilidad inexistente con desobediencia civil en las calles, la violencia institucionalizada y el crimen organizado legitimado, las guerras preventivas: Plan Colombia y Centroamérica laboratorio del Estado Policial.

Palabras claves: Securitización, Estado, violencia, crimen organizado y guerra de baja intensidad.

Abstract

This essay proposal is to analyze Latin American public policies securitization, especially citizen safety ones, that hides inside their arguments, logistic, behavior and preparation, issues related with low-intensity conflict to break the structures and in other cases, eliminate popular and comunitary leaders, and also exerting control of the popular movements with the novel ingredient of the incorportion of organized crime as a support to perform murders, facilitate the arms traffic and negotiate the narco-amnesty to correspond the initiatives of the contrainsurgents plans in Latin America, especially in Mexico and Central America. Our reflection is about four issues: non existence governability whit civil disobedience institutionalized violence and legitimated organized crime, preventing wars: Colombian Plan and Centroamerican Lab of the Police State.

Key words: Securitization, State, violence, organized crime and low-intensity conflict.

Recibido: 11-12-08 • Aceptado: 28-07-09

Escenario latinoamericano

La Influencia de los vientos de la globalización indolente, aferrada al mercado, sostenida por los grandes inversores y monopolios empresariales, con la coadyuvancia de una revolución profunda en la ciencia y tecnología, no dio lugar ni tiempo a los pueblos de América Latina para insertarse en ella de manera racional a fin de obtener provecho dentro del circuito internacional y ser pieza importante en el ajedrez del mundo globalizado.

La instauración del neoliberalismo como sistema económico organizacional con incidencias notorias en los componentes del sistema societal, fue desestructurando paulatinamente al Estado, las relaciones sociales adoptaron una lógica distinta a las reciprocidades y redes asociativas con vocación de reproducción social y pasaron a formas comportamentales de costo/beneficio; los imaginarios y representaciones sociales marcaron una tendencia hacia la exclusión del otro y a inventar espacios y lugares excelsos, con sello de clase y desdeñador de toda expresión popular y de pobreza.

Las instituciones perdieron la confianza depositada por los ciudadanos, tuvieron desgaste en gestiones burocráticas e ineficientes al atender las demandas de las personas. La oquedad en el andamiaje institucional era y es asombroso, los partidos, las organizaciones campesinas, obreras independientes, ligas de trabajadores y empleados ya no contaban con el referente orgánico en donde depositar su descontento ni reclamo.

Las organizaciones políticas de la derecha compitieron bajo las alas de las alianzas e incorporaron en su frente político/electoral a los medios de comunicación, a cambio de flexibilizar, a favor del monopolio mediático, el marco legal regulatorio , facilitar la obtención de grandes ganancias, aun más, evitaron las restricciones morales, ética y jurídica para actuar con libre arbitrio y desempeñar el papel, que hoy ejercen de criminalizadores de las protestas populares, enemigos de la oposición que argumente un proyecto alternativo al vigente y asumirse en jueces ciudadanos condenando todo aquello que sea atentatorio contra la libertad de medios, importándole poco la mediación existente del reglamentarismo jurídico Constitucional.

Hubo alianza con la banca para utilizar el dinero mal habido proveniente del crimen organizado, impulsar empresas ligadas a las actividades criminales trasnacionales y nacionales aumentando su alcance y magnitud, al tiempo que estos grupos continúan fortaleciendo sus redes para expandir sus operaciones, añadió el subdirector del FBI, John S. Pistole. Según el economista canadiense, Michel Chossudovsky, el producto obtenido por la delincuencia organizada supera al de las 500 principales empresas de Fortune, dado que las organizaciones criminales colaboran con las empresas legales, invirtiendo en una variedad de actividades legítimas que les garantizan no sólo una cobertura para el blanqueo de dinero sino también un medio seguro de acumular capital fuera del ámbito de las actividades ilícitas¹.

La iglesia fue sumada al esfuerzo contenedor de ciudadanías reclamantes y confeccionó un discurso antiabortista, filantrópico, fustigante contra cualquier intento por reposicionar al Estado, cuestionador de los “neopopulistas”, descalificador de las acciones de los sectores populares; injurioso contra los gobiernos nacionalistas y proclive a la genuflexión y a esperar las bondades que algún día derramará la globalización y el neoliberalismo; mientras , millones de seres humanos entran al zaguán de la indigencia, son presa del crimen organizado o caen bajo el mando de la violencia.

Los empresarios no esperaron la invitación, ofrecieron a palanquear las acciones de los partidos de la derecha y el eje creció: Partidos-Medios de Comunicación- crimen organizado-Iglesia-Empresarios, prácticamente todos contra el Estado y todo aquello que se opusieran a sus intereses, conformando una fuerza demoledora para desmantelar lo construido, dejar sin vestigio al ente político, desmentalizar a la población, sembrar el miedo y el terror por medio de sicariato y paramilitares, enajenar a través de sermones encriptados en la esperanza o “en la otra vida” para resarcir los daños provocados por el neoliberalismo, desmantelamiento de las universidades públicas y la enseñanza superior orientada a la excelencia y calidad empresarial y una permanente ola discursiva desprestigiadora de las ciencias sociales.

El pensar fue remplazado por emprendimiento; la búsqueda de la verdad pasó al plano de eficiencia y la invisibilización de los problemas; el prestigio intelectual está medido por el dinero, el discurso mutó y dio paso a la imagen; la enseñanza colectiva y cuestionadora sucumbió ante las tutorías académicas y las Ciencias Sociales y Humanidades le aplicaron el reductor para bajar la matricula porque, según los empresarios, tiene poca aplicabilidad en el contexto de hoy, sin embargo la evidencia primera demuestra lo contrario, donde el cambio climático y el acaparamiento de tierras, las administraciones bajo la racionalidad de la rentabilidad viene provocando escasez de alimentos; recursos hídricos represados que ponen en riesgo tierras de cultivos y desplazan grandes contingentes humano; la privatización del agua mata de sed a millones de habitantes, déficit de hidrocarburos que cierra empresas y nos pone al borde del colapso donde las Ciencias Sociales y Humanidades juegan un papel determinante.

Así administran las finanzas públicas, políticas sociales y atención a los desastres naturales la globalización indolente y el neoliberalismo, donde el hambre, pobreza, agotamiento de los recursos naturales estratégicos y privatización de los activos públicos del Estado están en la mayor encrucijada de la historia contemporánea; a su vez, una sociedad destrozada en sus hilos asociativos, vaciada de contenido solidario y mediada por las conflictividades y la exclusión.

Gobernabilidad inexistente con desobediencia civil en las calles

Ante el escenario de inoperancia política por parte de los gobiernos de derecha que arribaron al poder en América Latina, los escaques conflictivos afloran en diversos campos de la sociedad; campesinos salen con sus aperos a cortar rutas y retar a los funcionarios ante la nula política de subsidio; desocupados y carenciados fueron asociando acciones de manera paulatina al verse en la inopia. Excluidos e invisibilizados sin otra opción que la muerte, frente a un enemigo obstructor de toda posibilidad para acceder y compartir los bienes públicos, pero negado a desaparecer y con voluntad de romper el mando de la invisibilidad impuesto por el neoliberalismo y los medios de comunicación, decidieron dar la cara y aparecer en las calles, justo en el espacio público transitable, se reencontraron con la sociedad de ellos, vieron las otras caras ocultadas premeditadamente y abrieron la caja del lazo social: el diálogo.

La recuperación del diálogo inter-sujetos desechado por el neoliberalismo y la globalización indolente fue la compuerta que se abrió para dar paso a las historicidades; el diálogo de memorias colectivas armó nuevas tramas, despertó el interés colectivo, sumaron fuerzas y vestigios orgánicos, las ideologías fueron desempolvadas y la utopía volvió a ser un pedazo de esperanza en la lucha.

Las historicidades son cajas de herramientas donde las tradiciones son guardadas, igualmente las luchas, los hologramas de batallas pretéritas, destrezas adormecidas, sapiencia y recursos teóricos habilitados para reflexionar y analizar una circunstancia apremiante, hechos significativos y formas de lucha vigente para destrabar un entorno opresor, enmarañado por signos escondidos en un discurso tirano.

La historicidad recuperada e interconectada en redes de sujetos sin derechos y movimientos en acción, requieren de un espacio conector con la realidad y las calles son el lugar apropiado donde las acciones políticas de las nuevas protestas siembran las demandas y luchan contra el neoliberalismo; asimismo apuntan sus baterías hacia un destino común y abren las escotillas para que transite todo los que deseen cambiar el mundo indolente de hoy.

Visto así, la calle atraviesa la historia como ámbito privilegiado de la vida colectiva, ocupada por múltiples acontecimientos y desbordada por las actividades del espacio privado en donde los peatones la transitan en diferentes actitudes. En la calle donde predominan los vínculos no programados, es decir, los de la asociación espontánea, imprevistas y contingentes, de ahí que la vida callejera equivale a visualizar un abanico de actividades: la gente se encuentra y agrupa, las viviendas y los comercios asoman su actividad, se alinean los automotores del transporte colectivo, los niños juegan, los vehículos estacionan, vociferan los vendedores, las marchas de protestas y reclamos transcurren, las esquinas están llenas de propaganda política, discuten en las mesas de los cafés. Los sucesos se intercalan y suceden unos a otros.

La acera o vereda es parte de la calle y se ha convertido en el lugar predominante de las actividades que facilitan el intercambio cultural. En donde algunos locales extienden sus servicios y dinamizan el espacio público ayudándolo a mantenerlo visibilizado, a fin de que el peatón pueda apropiarse de él; pero cuando el espacio no es lo suficientemente generoso para albergar esas posibilidades, aparece el conflicto².

La calle es entonces un lugar para visibilizar, transitar e intercambiar ideas, saberes y objetos, funciona como un torbellino que despide fuerza centrípeta y centrifuga a la vez, donde los distintos sujetos la significan de acuerdo a la actividad que en ella desarrolla pero su elasticidad está sujeta a los conflictos que pueda dar albergue.

Por la naturaleza espacial, la calle es el mejor territorio para un comportamiento reactivo, defensivo o de resistencia que los sujetos sin derechos o movimientos antineoliberales desdoblan para contener una decisión adversa de un gobernante y/o defender sus derechos ante un hecho atentatorio de orden moral, ético, político, fiscal, autoritario o económico.

Los movimientos de protesta y resistencia saben que la calle necesita formar parte de la agenda de sus actividades y ser el destino para sembrar la lucha por muchos significados; ahí devela la invisibilidad de la lucha de clases, exhibe la crudeza de la devastadora política neoliberal, le da rostro a los que luchan o defienden sus derechos, hace públicos los reclamos y revela al sujeto forjador de acciones políticas. Transforma las ausencias en presencias y hace creíble la idea de transformación popular de la realidad.

La calle se convierte en el espacio público cargado de sentido en la medida que los distintos y diversos actores políticos sitúan en ellas sus demandas y alianzas con otras movilizaciones para sumar y desarrollar nuevas acciones colectivas. En la sumatoria no sólo concurren los actores vinculados con la demanda, sino otros segmentos que ven la oportunidad y la necesidad de abrazar una acción que vaya orientada hacia un arco convergente, de ahí que los autoconvocados sean gran parte de los actores ocupantes de los espacios públicos.

Los autoconvocados son parte de una red emergente de asociatividad que en las calles van apareciendo con su participación e interlocución, ingredientes que le dan forma al espacio público y lo convierten en espacio público estratégico -EPE-. Se acercan cuando observan y dan cuenta que la denuncia, el atropello, la negación de un derecho y/o violación de alguna garantía constitucional también les afecta, de ahí que deciden anexarse al contingente o a la voz plural reclamadora. Reclamantes y autoconvocados son muestra de la compactación de fragmentaciones de experiencias sociales no socializadas en escenarios del miedo, pero en la calle abren alas y enlazan con otras como guirnaldas para producir visibilidad insumisa.

La calle alberga la desobediencia civil en la medida que los movimientos aparecen en ella y asumen la protesta con doble objetivo, resistir un acto de gobierno atentatorio de sus intereses y exhibir la existencia de otros sujetos negados de derechos. Los No Signos del neoliberalismo e invisibilizados por los medios, se revelan ante la sociedad y su rebeldía, desde el momento de su aparición, alteran las relaciones prevalecientes, se inmiscuyen en las tramas cotidianas y son parte de la política en la inmediatez.

La desobediencia no todas las veces muestra actos continuos o encadenados, es posible que surja fragmentada, siempre en la misma lógica defensiva, contestataria o de resistencia, pero sus apariciones tienen una tendencia incremental y lo novedoso es que van politizando nuevos campos sociales, la observamos en la ecología, el hambre, la escasez de alimentos, los derechos humanos, el apartheid, la exclusión, la indigencia, demandante de vivienda, de seguridad pública, de empleo, contra las privatizaciones y el elevado precio de los combustibles.

En cada lucha es importante tener en consideración el ramillete de las tramas internas, desde su connotación deliberativa en como asumen el conflicto, confección de las demandas y nuevas acciones, hasta el diálogo abierto, plural, responsable y franco a las crítica, sin que prevalezca centralismo democrático ni mayorías compulsivas; la organicidad es elástica, flexible que incorpora demandas alineadas bajo la lógica y racionalidad de la desobediencia civil, aperturista al aceptar a los autoconvocados, madura al momento de discutir el orden de prioridades, armonioso, sin cortar el paso a las fricciones propias de un movimiento plural, tolerante al producir y construir las consignas, los cortes de ruta, el avituallamiento necesario para la subsistencia y sustentabilidad del movimiento, el énfasis en el mensaje público para impactar y ganar adeptos; la pedagogía popularizadora de la demanda, los riesgos y oportunidades contingentes, y asimismo, las medidas contingentes que deben idearse en caso de una emergencia o represión.

Así es el entramado de la desobediencia civil, no es una respuesta endopática, sino una acción pensada, cavilada, que intenta, a través de la acción directa, reducir el impacto de la medida gubernamental obstructora de sus derechos o lesiona sus intereses; tiene un carácter No violento, pero su arsenal de recursos de protesta es inmensamente variable, pasa por la denuncia pública, recopilación de información, manifestaciones cortocircuitantes y algunas masivas; piquetes y corte de rutas, marchas sobre avenidas principales informando el hecho de agresión, demanda ante instancias jurídicas, amparos y foros deliberativos; barricadas en tramos carreteros, entrada de oficinas de gobierno, ocupación de terrenos y uso de medios alternativos para divulgar y popularizar la demanda.

Todos estos recursos son legales, en el Estado de derecho vigente, aunque hay gobiernos que intentan, por medio de recursos legaloides acotar la desobediencia, sin embargo, en la mayoría de los países la tienen contemplada como recurso político de defensa ciudadana ante un acto arbitrario de gobierno.

La desobediencia civil está en muchos lugares de América Latina, por ejemplo: la retoman los productores agrícolas de Argentina en el primer trimestre de 2008, ante la medida de incrementar la cuota de impuesto de exportación; en Gualeguaychú, Paraná, cortan ruta sobre el Puente General San Martín como protesta por la planta de celulosa de Botnia al otro lado del río en Uruguay desde 2007; el Constituyente en Bolivia provocó desobediencia a favor y en contra de la reinvención o reordenamiento del Estado boliviano en los departamentos de Santa cruz, Tarija, Pando y Beni en el año 2007 y 2008; en Colombia de manera permanente las comunidades del pacífico están en paros por la complicidad del gobierno con la actividad criminal de los paramilitares; en Nicaragua, El Salvador y Honduras, la reconfiguración de los territorios por las hidroeléctricas y los megaproyectos del Plan Puebla Panamá, arroja a las calles muchas protestas y bloqueos, desde paros nacionales como el acontecido el 17 de abril en el territorio hondureño, hasta los bloqueos continuos los departamentos la Unión, la Libertad, San Miguel y Morazán en El Salvador durante toda la campaña electoral de 2008 y primer trimestre de 2009; de igual manera en México, donde el conflictivo y dudoso proceso electoral de 2006 trajo la apertura de las compuertas de las movilizaciones. Perú es otro país en conflicto en febrero del año en curso también asumió los cortes de rutas y bloqueos en Arequipa, la panamericana norte y el Alto Perú por el paro agrario, en fin todo ello es síntoma de ingobernabilidad en casi todos países del mosaico latinoamericano.

Lo importante de las desobediencias civiles en los distintos países son tres asuntos novedosos: A) La política de divulgación o popularización de la demanda se hace a través de la suma de contingentes dedicados a informar a la ciudadanía, a través de las visitas domiciliarias, las razones para movilizarse y llevar a cabo sus acciones desobedientes. B) Confrontan y detienen el efecto masivo de los medios de comunicación a través de la popularización de las demandas por canales directo que organizan las redes socializadoras, ver el caso de las Adelitas en México, a su vez, presionan con sus movilizaciones los lugares donde se procesa la noticia oficial o distorsionadora, con el propósito de ser vistos, denunciados y divulgado por los canales mediáticos, dándose a conocer sin tener que pagar un solo peso por la pauta. Y C) Las redes socializadoras introducen la política a los asuntos de la vida cotidiana, la lleva al seno de la familia, la coloca dentro del hogar, la calle, los foros públicos, los centros de estudios, en fin, sitúa el conflicto en todas partes y de esta manera moviliza, politiza y pone en boca de todos los ciudadanos lo que ellos quieren o desean rechazar.

Ciudadanizar la demanda conlleva a su vez a resarcir los hilos asociativos rotos por la globalización indolente y el neoliberalismo deshumanizado han destruido, verbaliza las demandas, empapa la capilaridad de la sociedad con discusiones temáticas, abre las compuertas del dialogo y la política nuevamente comienza a tener su efecto socializador porque va creando comunidades de opinión, a favor y en contra de la reivindicación, pero en fin, es la política activada y resituada en el corazón de la sociedad.

En síntesis, los distintos y diversos comportamientos reclamatorios son un tipo de negación de ciertos contenidos de la legalidad que hoy expresan las sociedades donde se devela la democracia, concibiendo a la negación como el principio merecedor y válido del acto desobediente, aunque muchos de ellos no llegan a constituirse en desobediencia civil, muchos dejan sembrado la posibilidad de futura cristalización, porque sirvió como aprendizaje de acción futura consciente y comprometida que justifique asumirse como deber cívico y obligación de conciencia, la primera ligada a la participación ciudadana y la segunda a la justicia social.

La violencia institucionalizada y el crimen organizado legitimado

En las postrimerías del Siglo XX, la globalización demostró que no alcanzó para todos, el neoliberalismo dejó muchos segmentos sociales en la inopia y la revolución digital no llegó a todos como había prometido. Hubo levantamientos de indígenas, obreros sin trabajo, desocupados, buhoneros, sin tierra, también los que no tenían techo y la efervescencia nutrió las calles y las cajas de herramientas de la memoria histórica se abrió para dar paso a las nuevas protestas y formas de lucha que inauguraron el Siglo XXI.

Quedaba una asignatura pendiente, Colombia persistía en la insubordinación armada, enarbolando la tesis de lucha confrontativa en la práctica, no obstante, la izquierda en las otras latitudes de América Latina, se encontraba desorganizada por la pérdida de referente empírico e ideológico en la URSS y en los procesos de pacificación centroamericanos, casi forzados, no resolvieron nada. El poder norteamericano resolvió imponer un orden regional de dominio basado en el pacifismo, la democracia y los derechos humanos. En la nueva estrategia de dominio –sustitutiva del “viejo orden militar”– se impuso la “guerra contraterrorista” como nueva lógica de control político y social en la región³.

La Guerra de Baja Intensidad (GBI) que se instrumentó entre los años 1980/1994 pasó a otro orden de operatividad y manejo logístico para ejercer el control social, ya no se desarrollarían acciones manifiestas en plano militar, salvo si la ocasión y el nivel de conflictividad era riesgoso; ahora se prioriza la inteligencia y la manipulación mediática con el “terrorismo” y la “seguridad”.

Las respuestas de los Estados Unidos y los gobiernos pro-neoliberales daban al nuevo escenario latinoamericano la fórmula de aplicar los dispositivos de poder para una guerra sutil pero efectiva, donde los medios de comunicación, con mayor énfasis la televisión y el Internet, desempeñaran un papel importante, como desmentalizar a los jóvenes, desestructurar los imaginarios sociales e imponer un nuevo cuadro de subjetividades colectivas; también imponer el predominio del tiempo instantáneo, lo impronta, la resistencia a vivir procesos y la inclinación por desistir a construir el futuro basado en inversión de ideas, tiempo, trabajo colectivo y redes asociativas, todo ello configuró un ciudadano mediático, insular, fragmentado de toda urdimbre asociativa y con rupturas severas en el eje conectivo del tiempo, para que el pasado no tuviera ninguna significancia en su vida y el futuro fuese un referente lejano, por lo que el presente se perpetuaba y prolongaba.

Paralelamente y como pieza complementaria de la estrategia global, fue instrumentado el Plan B de contingencia basado en la activación de los conectores del poder que condujeran hacia la constitución de un Estado Policial para vigilar a través del uso de la electrónica, los vínculos entre los gobiernos y el incremento de ejércitos privados para eliminar todo intento desestabilizador; ello permitió armar bancos de datos, transferir información, enlazar policías para atender casos de flujos de migrantes, pandillas y movimientos populares e indígenas que van más allá de las fronteras nacionales, dar seguimiento a sucesos delictivos y políticos ajenos a los intereses privados y ante todo, prestar asesoría para desestructurar los movimientos antisitémicos, como lo hace Colombia en Paraguay y Honduras.

Después de Colombia, Centroamérica es la región de experimentación de prueba y acción del Plan B y/o Estado Policial (EP), Naomi Klein le denomina “Democracia Big Brother”, cuyo objetivo central es llevar la GBI hacia la ciudadanía, eliminándole los derechos políticos, recortando los derechos sociales, anulación de las políticas públicas, acotándole los espacios de maniobra para defender sus derechos y conquistas laborales, reformando las leyes, criminalizando las protestas en las calles y confinándola en un rincón en donde tenga un estatus de indefensión absoluta.

El velo envolvente de este Plan Policial de violencia institucionalizada, es la lucha contra el crimen organizado, cuya plataforma es ideal para lanzar todos los operativos necesarios dirigidos al amedrentamiento de la población, desde disputarle la calle a los movimientos populares y sus protestas, hasta confinar en sus casas a todo aquel que ultraje las acciones de gobierno; asimismo internaliza en la subjetividad colectiva de los ciudadanos la idea de que los operativos militares en las arterias urbanas y caminos transitables obedece a una política gubernamental para brindar seguridad pública, la misma que fue arrebatada por la displicencia de anteriores administraciones o libertad con que se desenvuelve el narcotráfico por la corrupción de los cuerpos policiales.

El segundo dispositivo ideológico de la violencia institucionalizada es el Miedo, cuya esencia atemorizadora busca, y ha logrado hasta ahora, sembrar la incertidumbre y estratégicamente construye escenarios de riesgos insertados en la subjetividad de los colectivos humanos. El objetivo es alterar los estados de ánimo en las personas y conducirlas por el zaguán del desorden de las coordenadas que dan estabilidad a la vida cotidiana, puesto que la angustia, el temor y la sensación de estar en peligro los lleva a inestabilidad emocional depresiva y de angustia colectiva.

Lucha contra el crimen organizado y miedo es el eje ideológico; reformas en el ámbito judicial improntas, hacer las aprehensiones más efectivas y sin mediar proceso para demostrar la falta imputada, son parte del eje represivo; hostigamiento, intervenciones de líneas de comunicación (Telefónica, Internet o grabaciones ilegales) son los componentes del eje coactivo y despidos laborales sin justificación alguna y ordenes de captura por participar en protestas callejeras o desobediencias civiles, conforman eje coercitivo; las cuatro bielas estructuran el cuadrante de la nueva GBI contra la ciudadanía.

Los hechos más relevantes de la violencia institucionalizada son varios, expliquemos algunos, el denominado Plan Mérida, firmado entre los presidentes de México y EEUU, Felipe Calderón y George W. Bush, en él está acordado que México recibiría un paquete de ayuda financiera de 1.400 millones de dólares durante tres años. Los primeros 500 millones de dólares se entregarán en el transcurso del año fiscal 2008. El paquete de la Iniciativa Mérida tiene muchas similitudes al Plan Colombia, porque inicia con un programa de combate al crimen organizado, principalmente el narcotráfico, compromete una cantidad adicional de cooperación a los países de Centroamérica, que será en el primer año de 50 millones de dólares, dejando abierta las compuertas para activar la lucha contra el terrorismo y más aun, contra otros enemigos inventados por el poder imperial.

Lo paradójico es que los gobiernos que ha tenido México se habían negado a recibir ayuda financiera de EEUU para ayuda militar o para la guerra contra los carteles de las drogas; si bien es cierto que el vecino del norte colaboró en los primeros años de la década del noventa con la creación del centro de inteligencia contra las drogas (Centro de Planeación para el Control de Drogas, Cendro), el respaldo a la creación de los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFES) en las Fuerzas Armadas, y entregó 73 helicópteros OH-1H, devueltos en 1998, causando una gran fricción bilateral. En los últimos 12 años la ayuda anual para la guerra a las drogas del Gobierno de EEUU, entregado a las diferentes agencias de seguridad y las Fuerzas Armadas fue de 440 millones de dólares y se entrenó a 5.140 personas (de 1996 a 2007). En 2007, México recibió 59 millones en ayuda militar. Con la Iniciativa Mérida se va a recibir más asistencia en un año que el total de los últimos 12 años⁴.

Ahora bien, son varias las lecturas que se desprenden del árbol de convenio bilateral Estados Unidos y México bajo el nombre Iniciativa Mérida; por lado del cuadrante observamos el creciente papel y presencia del ejército en distintos espacios de la sociedad; aunque el ejército es una institución con buen entrenamiento, no está preparada ni es su función involucrarse en la lucha contra el narcotráfico, dado que usurpa el papel de las policías estaduales y federales, asimismo no es su rol atender la labor preventiva, sino custodiar los intereses de la nación ante agresiones externas.

Ahora bien, su inserción en la lucha contra el narcotráfico ha desnudado dos debilidades, por un lado, no está preparado el ejercito castrense para combatir la capacidad de guerra del crimen organizado, por otro, la deserción de soldados es de alrededor de 176 mil de un total de 200 mil aproximadamente, lo que obligó a la renovación de tropas y la inexperiencia de los convocados. A todo ello se agrega las denuncias de violaciones de derechos humanos que realizan en comunidades rurales y de transito en las rutas del narcotráfico.

Otro aspecto que salta para situarse en la mesa de la reflexión, es la expansión de las fuerzas paramilitares, la presencia de mercenarios, sicarios y empresas privadas inclusive extranjeras en tareas de seguridad ha incrementado la tasa de homicidios. En México el problema de los paramilitares es relevante, en Chiapas con la militarización se espera que empeore por la sencilla razón del contrabando y comercialización ilícita de armas va en aumento y pueden llegar a sus manos. El resultado principal de la lucha militar contra el narcotráfico han sido parcos, la violencia ha crecido en varias regiones del país, en especial los estados fronterizos de Chihuahua, Tamaulipas y Baja California Norte, sin desdeñar los actos violentos en los estados de Sinaloa, Guerrero, Tabasco, Michoacán y la capital del país. En marzo de 2007, el número de policías ejecutados había subido 50% respeto al año 2006. Para finales de mayo habían más de 1.000 asesinados relacionado con el narcotráfico. La muerte, extradición o detención de capos lleva a batallas para la sucesión sin acabar con la producción y tránsito de la droga, cuya cantidad pasó de 300 toneladas anuales que ingresaban a territorios norteamericanos a 350 en 2008. La cantidad y bajo precio de las drogas en las calles de las ciudades estadounidenses es el mejor indicador de que el tráfico no ha afectado el flujo constante de drogas hacia los mercados del consumidor número uno en el mundo los Estados Unidos⁵. En síntesis, el modelo de “la guerra contra el narcotráfico” tiene una serie de objetivos ocultos y resultados anti-democráticos que atentan contra la paz y la soberanía, algunos son visibilizados con el incremento de fuerza militar, en el último año las fuerzas armadas mexicanas llegaron a 283 mil efectivos, 94 mil más de los 189 mil que el gobierno dijo tener en 1995, implicó un aumento de 50.5% de personal militar tan sólo en ese período. También dio cuenta de un sostenido incremento en la compra de armas en el exterior por parte del Ejército Mexicano. El reporte examina las tendencias del gasto militar de los países entre 1995 y 2006⁶.

La entendemos como guerras enlazadas bajo el modelo de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte –ASPAN– donde los norteamericanos en la administración Bush en mancomunión con los halcones conservadores del pentágono y la central de Inteligencia –CIA–, han definido la guerra preventiva, cuyos objetivos son el terrorismo, el crimen organizado, el populismo radical y la militarización de la frontera.

Indudablemente esta acción conjunta de guerras preventivas exige mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad, participación en la formación de agentes y soldados con asesoría y logística norteamericana, decidida injerencia en el diseño, operatividad y equipamiento de las políticas de seguridad en México, organización de base de datos de las policías regionales y nacional para operativos escalonados, reuniones de consulta y evaluación cada tres meses si no ocurre una contingencia e involucramiento de la sociedad civil en coadyuvancia de delación a fin de debilitar los lazos de las organizaciones populares, por un lado, y de grupos opositores y segmentos promotores de la desobediencia civil por el otro; el narcotráfico, parece que no es alcanzado en su núcleo de operaciones dado el incremento de drogas que introduce en los Estados Unidos y sus vínculos con la economía de mercado⁷.

Las guerras preventivas: Plan Colombia

Las guerras preventivas fueron concebidas como acción bélica anticipada a combatir a todo aquel enemigo que rompe la línea divisoria entre el arreglo político y la confrontación. Su argumento fue elaborado para persuadir, a través del temor y el miedo, a todo aquellos gobernantes que habían decido fabricar o almacenar material de guerra de alta conflagración y que pusiera en peligro o inestabilidad el sistema mundial, sin embargo, tras de esa falaz teoría, se esconde el interés militar de los norteamericanos por mantener la supremacía bélica en el mundo contemporáneo.

Surgió de la mano con la construcción social del enemigo terrorista que puede ser cobijado en un “Estado Rufián”, que sin medir consecuencias ni eticidad, transfiere material de destrucción masiva a los combatientes , lo cual justifica una acción directa preventiva antes de que ellos actúen.

Los supuestos, las imputaciones irresponsables, la idea sin fundamento, son pilares en la guerra preventiva o persuasiva y tiene rango de política estatal en el 2002 en la conocida Doctrina Bush que dice a la letra: ”para prevenir…actos hostiles de nuestros adversarios, Estados Unidos actuará, de ser necesario, preventivamente…El propósito de nuestras acciones siempre será eliminar peligros específicos a nuestros aliados…Las razones de estas acciones serán claras, la fuerza medida y la causa justa”⁸.

Bajo la misma lógica, el Plan Colombia dibujó su nueva estrategia a partir de 2002 a fin de poner acorde su agresividad y de inmediato asignó estatus de terrorista a los grupos armados surgidos en el país desde los años 50 del siglo XX. Colocar a la contraparte en esta posición, anulaba toda posibilidad de diálogo, de relanzar las conversaciones iniciadas en el Caguán, desterrar un posible acuerdo de paz y romper lanzas para destruir al enemigo.

Colombia se situó en doble confrontación, directa y preventiva; la primera consistió en modernizar el ejercito e incrementar las tropas hasta llegar a 230 mil (200 mil fuerza militar, 4.300 Fuerza Aérea y 25 mil de fuerza naval)⁹.

Las guerras preventivas Álvaro Uribe la concibió como el factor sorpresa, que de manera anticipada ataca, disuelve o atemoriza al enemigo potencialmente en posibilidad de atacar un objetivo estratégico o vulnerable de la nación, en este caso en Colombia, la estrategia discursiva consiste en situar todos los males que relacionan a la violencia, trafico de drogas, falsificación de billetes, trafico humano, secuestros, robos y delincuencia común con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, situarlas en el pedestal de terroristas, cuya meta es destruir al los insurgentes y activar los dispositivos bélicos ante cualquier supuesta amenaza o sospecha de ataque enemigo.

La segunda fase de guerra preventiva en Colombia es hacia fuera, cuenta con el soporte logístico y asesoría de inteligencia militar de los norteamericanos, algunos enquistados en la Base Militar Manta en Ecuador, otros en Tolemaida (Cundinamarca), Putumayo (Base tres Esquinas y en Puerto Leguízamo), en Leticia (Radar) entre otros focos de pertrechos de tecnología militar de espionaje y precisión que estudian y dan seguimiento a movilizaciones de tropas enemigas a través de información satelital e intercepción de mensajes. Justo en este cuadrante se han escenificado dos confrontaciones, la de mayor envergadura fue en territorio de Ecuador, cuando se interceptó el mensaje de telefonía, conjuntamente con la delación, para bombardear el campamento de intercambio humanitario de las FARC en el vecino país sudamericano; de igual manera han realizado atentados en el estado del Zulia, Mérida y Táchira¹⁰, con magnitud bélica menor, pero con muchas vidas de por medio, con el sólo pretexto de que el enemigo está en Venezuela y ahí se le prestan facilidades logísticas.

En esta segunda etapa de fase preventiva, se han instrumentado varios planes militares bajo el ropaje policial, han organizado a través de acuerdos de gobiernos de una misma área, las policías regionales funcionan bajo la modalidad de agencias multilaterales o de colaboración multilateral.

Securitización y guerra preventiva es lo mismo, si la analizamos desde la perspectiva del control absoluto del Estado policial sobre la ciudadanía, al momento en que construye focos de guerra en el combate a la pobreza, el tráfico de drogas, los ataques cibernéticos, la pandemia del SIDA, la guerra bacteriológica, el terrorismo en todas sus acepciones, el populismo de Estado, las pandillas, el tráfico de emigrantes, la pornografía infantil, el narcomenudeo, la piratería, el contrabando, el trafico de armas y la promoción y apoyo a grupos irregulares pro-terroristas.

La Policialización de los asuntos públicos que el estado debe atender bajo otra óptica y con uso mayor de inteligencia, en vez de represión, ha tenido sus crítica, algunas afirman: “Consideramos que la implementación de este nuevo concepto multidimensional constituye un riesgo de aumento de securitización de los problemas de la región y, por consiguiente, la militarización como una respuesta para confrontarlos. Este riesgo existe debido a cuatro factores principales: Primero, la tendencia histórica de intervención política de las Fuerzas Armadas durante la vigencia de regímenes autoritarios o en el contexto de conflictos armados o inestabilidad social. Segundo, la guerra de Estados Unidos contra las drogas, que promueve un rol más amplio de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de la ley. Tercero, la crisis de los sistemas de seguridad pública que padecen la mayoría de los países de la región. Cuarto, la guerra contra el terrorismo lanzada por Estados Unidos que promueve una definición expansiva y nebulosa del terrorismo y por ende, aumenta la responsabilidad de las fuerzas militares en combatir el terrorismo en cualquier forma en que se expresa¹¹.

Así se auto-representa el Estado Policial, con el juego del terrorismo ha encarcelado a la sociedad, limitándola a atrincherarse en su individualismo, a temer de los semejantes, a ver al otro como potencial agresor, a vivir con la incertidumbre pegada a la vida y alejada de toda posibilidad de hacer vida comunitaria, porque cada vez que lo intenta, el riesgo aumenta. La fragmentación, el alejamiento de los espacios públicos de deliberación y convivencia, la necesidad de estar ligados a la televisión para recibir la información visual permanente y mantenerse preocupado por contratar un seguro, compañías de seguridad personal, etc., son los síntomas de una sociedad enferma impregnada por el virus del terrorismo mítico.

Centroamérica laboratorio del Estado Policial

En la región centroamericana se inició la regionalización de las policías; la propuesta de seguridad centroamericana, coordinada por El Salvador, sede de la base de entrenamiento de la Interpol, fue difundida como el esfuerzo regional integral decisivo para la lucha y el combate frontal contra la delincuencia, el crimen organizado, la narcoactividad y las pandillas; en ese sentido, la Declaración de la XXX Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países del Sistema de Integración Centro Americana (SICA) en su Declaración de San Pedro (Cayo Ambergris, Belice, 29 de junio de 2007) instruyó la Comisión de Seguridad de Centroamérica, a los Ministros de Seguridad y Jefes de Policía de Centroamérica, para que lo consolidaran el 9 de julio del presente año en la Ciudad de Guatemala, su implementación y la búsqueda de los recursos necesarios. Asimismo, exhortar a las fiscalías nacionales a adherirse a dicha iniciativa.

Los países integrantes del acuerdo son Belice, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana y posteriormente dieron paso a un encuentro ampliado con México y un representante de Colombia, reafirma la tendencia hacia la Policialización del ejército para vigilar y controlar los espacios públicos, criminalizar las protestas y evitar, por la vía de la represión y el miedo, una vuelta al pasado de conflictos y confrontaciones que vivió en la década de los ochenta del Siglo XX.

La securitización es una guerra de baja intensidad contra la ciudadanía crítica, las manifestaciones y protestas populares contra las privatizaciones en el área, desde México hasta Panamá, los flujos cada vez mayor de migrantes desplazados hacia los Estados Unidos, los reclamos de los pueblos por tierras confiscadas, las represas construidas en los ríos y emprendimiento de los nuevos megaproyectos carreteros y de ampliación de puertos secos han desestructurado asentamientos humanos y economías familiares, en fin, todo se reprime bajo la imposición del temor, el miedo y la represión porque son enemigos del “progreso” del país.

Los gobiernos de los países del mosaico centroamericanos han acudido a bases de datos, asesorías con cuerpos policiales de Israel, Colombia, Chile y Argentina, con el objeto de armar planes de represión popular y producto de ello son los Planes de limpieza social y contención de ciudadanías demandantes que desde 2007 operan en varias ciudades de estos países del área.

La mayoría de los planes de seguridad y limpieza social su aplicación se concentra en las comunidades urbanas periféricas, porque la fragmentación social de las grandes ciudades y el desplazamiento humano de los pobres hacia zonas marginales, ha concentrado a segmentos poblacionales en esas áreas; ahora bien, la escasez de recursos con que cuentan, el confinamiento donde viven por las amenazas constantes de los patrullajes policiales, la necesidad de conjuntar esfuerzo cooperativo para resolver las carencias comunitarias, les ha dotado de un grado de organicidad compleja, observable en las periferias de Sao Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Bogotá, Medellín, Ciudad de México, y Caracas entre otras.

Son verdaderos “agujeros negros” por su invisibilidad, grado de complejidad, trama de asociaciones de todo tipo, enclaves de poder y grado de explosividad social. No es fortuito que en América Latina los principales desafíos al dominio de las elites han surgido del corazón de las barriadas pobres: desde el Caracazo de 1989 hasta el Movimiento de la APPO Oaxaca en 2006. Prueba de ello son los levantamientos populares de Asunción en marzo de 1999, Quito en febrero de 1997 y enero de 2000, Lima y Cochabamba en abril de 2000, Buenos Aires en diciembre de 2001, Arequipa en junio de 2002, Caracas en abril de 2002, La Paz en febrero de 2003 y El Alto en octubre de 2003, por mencionar sólo los casos más relevantes. Más aún, las periferias urbanas están convertidas en los espacios de donde los grupos subalternos han lanzado los más formidables desafíos al sistema, hasta convertirse en algo así como contrapoderes populares. Mike Davis tiene razón: el control de los pobres urbanos es el objetivo más importante que se han trazado tanto los gobiernos como los organismos financieros globales y las fuerzas armadas de los países más importantes¹².

Por lo anterior, han organizado varias reuniones, desde 2005 a la fecha, por parte de los gobiernos de México, Honduras, Guatemala y el Salvador, las participaciones de Costa Rica y Nicaragua han sido marginales y sin impacto alguno, cuyo objeto de análisis son el exterminio de las pandillas, cuyo fenómeno no tiene las magnitud que los medios de comunicación y voceros de gobierno le dan. No negamos los índice de delincuencia y su incremento, pero el crimen organizado se desplaza bajo la impunidad de gobiernos locales y nacionales actúan sin cortapisa alguna, que las aduanas, retenes militares y aeropuertos son sobornados por los capos de la droga con la complicidad gubernamental y todo ello contribuye a que se distensiones los controles para la circulación de armas, contrabando de explosivos, trafico de humanos, renta de grupos de sicarios y transportistas de estupefacientes.

Otra estrategia funcional en el plano discursivo, es la magnificación del fenómeno Mara, cuyo vocablo popular está estigmatizado por que tiene hoy día equivalencia a terrorismo, alta peligrosidad o muerte; sin embargo esta denominación de Maras, nació en las comunidades populares salvadoreñas, cuyo significado es similar a “ñero”, “pibe”, “cuate”, “pana”, “llave”, “Bacano“, “morro”, amigo perteneciente a un grupo o miembro de una congregación informal de jóvenes de las barriadas, de ahí que muchas veces se invitaba a jugar a la mara de mi calle contra la mara del barrio vecino.

Después de la Guerra, la mal llamada postguerra, muchos jóvenes migrantes en los Estados Unidos en la década de 1980 fueron deportados y traían antecedentes penales o relaciones con pandillas oriundas de ese país del norte, vinculados al tráfico de drogas, los robos de vehículos y hasta con muertes propias del oficio de la ilegalidad. Justo, después del fracaso de los programas acordados en la mesa de negociaciones y la aplicación de las medidas neoliberales en los gobiernos de ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) desplazan mano de obra, el campo se deshabitó, se prefirió la importación de alimentos que sembrarlos, los reclamos y posibilidades de activación de la guerra se dejaron ver en varios rincones populares, ante esos hechos, el gobierno, asesorados por los organismos militares norteamericanos, emplazaron la lucha contra las Maras, las pandillas, los sectores populares y las protestas de los carenciados.

El Plan Antimaras en el Salvador atiende las zonas urbanas marginales, el Plan Caminante atiende las zonas rurales y caminos donde los pueblos impactados por las represas y privatizaciones protestan y están movilizados, básicamente las zonas cercanas a la montaña, Morazán, San Miguel, La Unión, Cabañas y Chalatenango; Plan Cazador en Honduras se instrumentó en 2008, con una inversión de 200 millones de lempira, equivalente a 12 millones de dólares para equipar con alta tecnología a la policía y transferir datos al centro operativo de El Salvador que administra la INTERPOL. De marzo de 2008 a mayo del mismo año, se registra enfrentamientos en las cárceles y muertes masivas (más de diez) en la Cárcel Nacional de Honduras y de igual manera del Centro Penal de San Pedro Sula, a 240 Km de la capital.

Estas muertes están ligadas a política de guerra de baja intensidad, donde los reos son trasladados de una penitenciaria a otra y una vez instalados los aniquilan, supuestamente por riña entre pandilleros, pero en esencia es manifestación de la política de limpieza social realizada en centros penales de Honduras, El Salvador y Guatemala, donde los últimos tres años son más de quince refriegas en los tres países que integran el Triangulo del Norte y reciben asesoría de organismos norteamericanos en material militar.

Guatemala se sumó a la acción de guerra de baja intensidad contra los sectores marginales a través del Plan Caminante, cuya esencia está en Chile, cuando bajo el gobierno de Ricardo Lagos Weber, 1998, lanzó el mayor plan antidelicuencial de la era posdictadura, como plan piloto en la prefectura Santiago Su; para 2006 se había extendido al 65% de la población del país y la pretensión es que para 2008 esté cubierto todo Chile.

La operatividad en Guatemala, es asignar un policía cada 402 habitantes, dividiendo a la ciudad en dos y cada sector tiene seis cuadros imaginarios, los cuales tienen un número de patrullas, policías y equipo de radiocomunicación. El costo es de 12.69 millones de dólares, y contará con asesoría de carabineros chilenos. Para tal efecto, el territorio jurisdiccional de cada comisaría está subdividido en sectores claramente delimitados y de los cuales existe información precisa acerca del número y características de su población, actividades económicas y sociales más importantes, así como la realidad delictual del mismo.

En la letra, el Plan Cuadrante, en Chile, tratará de que cada una de estas áreas de acción se le asigne el nombre de Cuadrante, cuyo patrullaje estará a cargo de personal especialmente seleccionado. De esta manera, el policía o carabinero aparece como un fiel testigo de los requerimientos ciudadanos, interiorizándose del entorno físico a su cargo y, es importante, poder establecer “comunicación franca y honesta con los vecinos”. En tal sentido, el policía es investido en autoridad humana, conocida, familiar y accesible porque interacciona con la comunidad. Un Cuadrante está fijado por variables cuantitativas y cualitativas, expresadas de acuerdo a estudios sociológicos y culturales y permiten inferir la problemática delictual de que es objeto. En otras palabras, comprende desde el diseño urbanístico del sector, (características geográficas, densidad poblacional) hasta índices que expresen las actividades económicas y sociales realizadas en dicha área. (Cantidad de empresas, colegios, bancos, hospitales, comercio, etc.). El nivel de un Cuadrante dice en relación a un escenario específico de delincuencia, lo que condicionará la cantidad y tipo de Unidades de Vigilancia Equivalente (U.V.E.) destinadas a satisfacer su demanda de seguridad. El equipamiento mínimo sería: Un furgón con tres carabineros, una radio patrulla con dos carabineros, una moto todo terreno con un carabinero, un carabinero montado y un carabinero a pie que haría la función de policía comunitario¹³.

Lo curioso de este Plan Cuadrante es que en Chile, donde se fundó y es un producto de exportación, en el año 2005 la Segunda Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) del Ministerio del Interior (Julio 2006), se mantienen los 4.000.000 de delitos que ha calculado Paz Ciudadana. De acuerdo a los datos de esta Fundación, el 41,7% de los hogares tiene al menos un miembro que ha sido víctima de robo o intento de robo. Creemos que es urgente que el gobierno fije metas más ambiciosas para Chile y que adelante la reducción de la victimización del 10% fijada para el 2008%¹⁴.

La intención del Plan Cuadrante en la versión Guatemala, será un escudo para cubrir la impunidad de los horrendos crímenes que aun son perpetrados en ese país, porque los nexos entre crimen organizado, sectores de gobierno, enclaves del pasado en los ámbitos militar, terratenientes y Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) aun existentes, demuestran con hechos la naturaleza de la delincuencia en el país centroamericano y la diferencia radical con la criminalidad la chilena. Asimismo, en la guerra de baja intensidad están involucrados fenómenos de narcotráfico, robo de vehículos y trafico humano.

La racionalidad y el sentido de los Planes Antimaras, Cazador, Cuadrante, Anticrimen y Mano Dura y gatillo fácil en el área de México, Centroamérica, Colombia y Perú, quedó descubierta en la reunión del día 6 de marzo de 2008, en la mini cumbre de la Décima Conferencia de Seguridad que se llevó a cabo en El Salvador, donde contaron con la asesoría de militares norteamericanos.

La mesa tuvo como asuntos de debates el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas y las pandillas que abaten a la región. Los datos exhibidos justificaban la intervención mayor de militares en estos temas, porque en 2007 existían en Centroamérica unos 70.000 pandilleros, siendo las maras Salvatrucha (MS-13) y su rival la Mara 18, las que cuentan con mayor número de miembros. Según cifras de las fuerzas armadas centroamericanas, durante 2007 incautaron en la región 3.644 armas de todo tipo, obtenidas “ilegalmente”, así como 7.770 artefactos explosivos y “una gran cantidad de munición”, material que en muchos casos estaba en manos de delincuentes¹⁵.

El jefe castrense salvadoreño añadió que en el caso del narcotráfico, se estima que el 88% de la cocaína que se destina a Estados Unidos “usa el corredor de Centroamérica y México”, como lo revelan datos de la Oficina contra la Droga y Delitos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); entonces queda claro que muchos jóvenes pandilleros han sido cooptados por el narcotráfico y de ahí la alta criminalidad de estos países del triangulo Norte centroamericano.

Lo importante de estos planes y digno de resaltar, es cómo desvían un argumento vinculado con la ineficiencia, corrupción e impunidad del Estado y el crecimiento desmedido de las actividades del narcotráfico solapados por los líderes políticos y funcionarios de gobierno, que arroja como resultado un alto comportamiento criminal y de guerra interna por los intereses en juego, para dirigirlo en contra de los flujo de migrantes por el desmantelamiento del campo y las economías locales y los movimientos populares contestatarios.

Los planes no podrán controlar la ola de criminalidad de la región, aun cuando contraten la asesoría de expertos colombianos y chilenos en cacería humana, si el Estado no asume su rol y ejerce los controles para desterrar la corrupción en aduanas, aeropuertos y fronteras por donde transita el narcotráfico y robo de vehículos en el área; mientras eso no suceda, los jóvenes pandilleros encontraran en el camino la garita que los forzará a una pandi-amnistía, donde los obligue a dejar el oficio de la delincuencia común y pasen al crimen organizado como narcomenudeo, sicarios, transportistas de drogas o traficante de humanos. Existe una “regularización” del pandillerismo para pasar a las filas del crimen organizado y cumpla tareas propias de limpieza social en las cárceles, en las calles, en los sectores populares y eliminación de líderes campesinos y de colonias.

A modo de conclusión, la guerra de baja intensidad tiene esta vez un aliado proveedor de armas, reclutamiento de personal con buen manejo de pertrechos militares y curtidos en el campo delincuencial, drogas que consumen y les reditúa ingresos e inmunidad, nexos con piezas claves del gobierno y plena libertad para infringir la ley y realizar limpieza en las cárceles, en las colonias y contra líderes estudiantiles, comunitarios y de colonias.

La Guerra de baja intensidad contra las ciudadanía insurrectas esgrime la lucha contra el terrorismo al situar el miedo en el imaginario popular, a fin de persuadirlos a desistir de cualquier intento por contrarrestar o protestar contra el sistema económico y político vigente; aun mas, bajo este temor infundido desconocen los derechos laborales, estudiantiles, políticos y humanos, dejando a los ciudadanos en un estado de indefensión absoluta y en peores condiciones que en los años sesenta del Siglo XX.

Todos los planes¹⁶ son producto de un Estado Policial que pretende erradicar las voces y gritos de protestas, la indigencia, la pobreza y la oposición como el mecanismo eficaz y perdurable del sistema capitalista depredador que vivimos en la primera década del Siglo XXI y exterminar a las ciudadanías valientes reclamadoras de sus derechos para dar sustentabilidad a la vida democrática de nuestros pueblos.

Notas

1 La Jornada, 2008, Criminales controlan posiciones claves en materiales estratégicos y energía global; 24 de abril, 1980: http://www.jornada.unam.mx/2008/04/24/index.php?section=economia&article=028n1eco Leído 24/04/08

2 SALAZAR, Robinson: “Los caminos de la política en América Latina”, en Los pobres de la tierra, 2007. http://www.lospobresdelatierra.org/nuestramerica/salazar300307.html

3 FREYTAS Manuel: La nueva estrategia de control: El dominio “democrático” y la lógica “antiterrorista” en América Latina, IAR-Noticias , 2007, 10-Julio-07, www.iarnoticias.com

4 BENÍTEZ MANAUT, Raúl: La Iniciativa Mérida: desafíos del combate al crimen y el narcotráfico en México, (ARI), 2007, ARI Nº 130/2007 - 10/12/2007/ Real Instituto Elcano. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_es/Zonas_es/America+Latina/ARI130-2007

5 CARLSEN L: ¿Guerra contra el narcotráfico o la militarización de México?, 2007, 07-07-12 http://www.ircamericas.org/esp/4377

6 La Jornada: El gobierno mexicano elevó 50.5% su personal militar en una década: BM, 13 de abril de 2008. Sección política. http://www.jornada.unam.mx/2008/04/13/index.php?section=politica & article=017n1pol & partner=rss

7 SALAZAR, Robinson: Mercado, Crimen y Miedo: el eje de la incertidumbre en Latinoamérica, Quórum, Venezuela, 2008, Edición de Quinto Aniversario, p. 10.

8 The National Security Strategy of the United States of America, White House, National Security Council, Washington, DC, September de 2002, http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html

9 RESDAL: en http://www.resdal.org/Insumisos.com, 2008 http://www.insumisos.com/

10 SALAZAR, Robinson: “Privatizaciones, militares y recursos naturales: la globalización indolente en América Latina”, en La Globalización indolente en América Latina, Elaleph/ Insumisos Latinoamericanos, Argentina, 2008, pp. 233-282.

11 CHILLER, Gastón y FREEMAN, Laurie: El nuevo concepto de seguridad hemisférica de la OEA: Una amenaza en potencia, informe especial WOLA, Washington DC, 2005, julio/05, en La seguridad hemisférica: de México a Puerto Principe, Benitez Manaut, Raúl, compilado en El Rompecabezas: conformando la seguridad hemisférica en el Siglo XXI, Benítez Manaut, Diamint Rut y Tulchin Joseph, Prometeo, Argentina.

12 ZIBECHI, Raúl: La militarización de las periferias urbanas, Programa de las América, 2008, http://www.ircamericas.org/esp/4906, 21 de enero de 2008.

13 CARABINEROS: Portal Carabineros de Chile, Plan Cuadrante, 2008, http://www.carabineros.cl/, visitado marzo, 2008. http://www.carabineros.cl/sitioweb/web/verSeccion.do?cod=11

14 UDI, “Las políticas de control de delincuencia del Gobierno fue un combate que partió mal y terminó peor”, 2008 en: Unión Demócrata Independiente, Chile, http://www.udi.cl/?id=115&pagina=leer_mas, leído enero 3-2008.

15 NICARAGUA HOY: Delegados de países del continente analizan seguridad centroamericana, 6 de marzo, 2008, http://www.nicaraguahoy.info/dir_cgi/index.cgi

16 Planes contra ciudadanía beligerantes: Plan Mano Dura en Perú, Plan gatillo Fácil en Argentina, Plan Antimara en El Salvador, Plan Águilas Negras, Colombia, Plan Cazador, Honduras, Plan Cuadrante, Chile, Plan Cuadrante, Guatemala, Plan Mérida, México, Plan Colombia, Colombia. Cfr. SALAZAR, Robinson. Ibidem.

Referencias

1. SALAZAR, Robinson.: Mercado, Crimen y Miedo: el eje de la incertidumbre en Latinoamérica Quórum. Edición de Quinto Aniversario, Venezuela: 2008,  p. 10.         [ Links ]