2. Políticas públicas y la gestión sostenible

Las políticas públicas constituyen la razón de ser ontológico y praxiológico del Estado-Nación, estas son generadas a partir de la noción de sociedad que se desea, deben estar circunscritas en el Derecho Social y en el Derecho Constitucional (^{López Moya, 2021}). En ella intervienen actores, recursos y reglas claras como componentes de la política. De acuerdo con ^{Muñoz et al., (2022)} es una forma de intervención estatal de la gobernanza para atender la justicia social y la desigualdad, a fin de recrear modus de convivencia que generen condiciones equitativas entre sectores poblacionales.

Definitivamente, la GPS está enmarcada en los preceptos de la política pública de la gobernanza, representa un modelo de gestión que adiciona elementos sociales, políticos y ambientales, pues interpone la sostenibilidad ambiental y la justicia social de equidad, de las políticas públicas inmersa en un Estado de Derecho Democrático (^{Arnáez Arce, 2020}). El propósito de la GPS es generar bienestar colectivo, asegurando necesidades humanas sin comprometer las generaciones por venir, pues está en concordancia directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS, lo que genera un compromiso a la gobernanza pública en el marco propuesto de la Agenda 2030.

En Latinoamérica y en específico en Perú, el gobierno se ha comprometido con la modernización de la gestión pública llevando a esta programas y proyectos con estadios de sostenibilidad (^{Presidencia del Consejo de Ministros-Perú, 2022}). Este enfoque virtuoso, futurista y sobre todo reparador de la deuda ambiental, prioriza la planificación estratégica sostenible para la conservación de recursos naturales y asegura también la inclusividad social (^{Rodríguez Vásquez, 2019}), permitiendo el equilibrio y la interdependencia entre la protección ambiental, el crecimiento económico y el bienestar humano a través de la participación ciudadana (^{Iñiguez & López, 2024}). Según ^{Sandoval-Díaz et al., (2023)}, la sinergia de factores mencionados más la gestión del Estado con la colaboración la sociedad civil permite realzar la resiliencia social.

Esta perspectiva plural e integral de gobernanza, supera la visión cortoplacista de la gestión pública tradicional, direccionando la gestión con planificación estratégica, la cual prioriza la preservación de la naturaleza y la inclusividad social y política para toma de decisiones, es decir, se genera interdependencia sistémica entre diferentes actores (^{Rodríguez Vásquez, 2019}). Es importante resaltar que la sostenibilidad procura la participación ciudadana en la gobernanza, punto de encuentro entre el crecimiento económico, bienestar social y el cuidado de la naturaleza (^{Iñiguez-Gallardo & López, 2024}).

La GPS intenta crear capacidades humanas e institucionales para abordar la transformación y la reconfiguración de las estructuras tradicionales de gestión para ir a una sociedad más armoniosa y ecológica, es decir, ir hacia la ecociudadanía (^{Limón-Domínguez, 2019}). Implica generar motores de cambios profundos en la gestión pública. Se propone una economía circular para reducir desperdicios, ir hacia al uso de fuentes energéticas renovables y alternativas, al mismo tiempo mantener enfoques sociales interculturales e inclusivos que beneficien a las personas más vulnerables.

De acuerdo con ^{Ángel Arango (2018)} la GPS debe fundarse desde tres pilares solidos: a) rendición de cuentas transparentes desde aplicaciones tecnológicas con código abierto para la auditoria ciudadana; b) participación de multiniveles de gobierno, conectados con los tratados internacionales firmado por la gobernanza nacional; y c) seguimiento, control y evaluación continua de los programas y proyectos sostenibles. Estas premisas presentadas por el autor se enfrentan a grandes desafíos, pues la burocracia se resiste a transformaciones radicales, a la falta de recursos financieros y a las diferencias ideológicas y políticas de turno.

El rol del Estado es de singular importancia para la implantación de políticas sostenibles. Estas deben estar orientadas al beneficio mutuo y colectivo, soportadas por una base legal y jurisprudente, además deben diseñarse desde un enfoque organizacional integrador de bases económicas y sociales que generen responsabilidad institucional (^{Acosta de Mavárez, 2024}). Las políticas deberán ser incentivadoras, reguladoras y fiscalizadoras que propendan a la creación de empresas y acciones verdes estimuladoras de la participación plural entre gobierno, sector privado y sociedad civil.

Unas de las situaciones más desafiantes de los países en vía de desarrollo para lograr metas urgentes de la gobernanza con sostebilidad, es la falta de recursos financieros para su aplicación (^{Magliacani, 2023}). Por ello, el Acuerdo de Paris, cumbre climática realizada en el año 2015 organizada por Naciones Unidas, acordó la subvención y transferencia de recursos financiero de países ricos a países en vías de desarrollo, para acometer programas y proyectos sostenibles contemplados en los ODS, como medida puntual para mitigar los efectos del cambio climático, que han sido generados por estructuras de producción tradicionales en países desarrollados.

Los mayores desafíos en este ámbito es superar la fragmentación de la gobernanza en todos los niveles y la resistencia al cambio dentro de las organizaciones (^{Medina, 2010}). Esta razón impulsa las políticas públicas a través de un buen entrenamiento del personal que opera la gestión pública, para que sean capaces de equilibrar exigencias regulatorias con flexibilidad, permitiendo la innovación sin comprometer los objetivos de sostenibilidad. Es de ocurrencia frecuente la falta de preparación humana y escases de recursos financieros en instituciones estatales para adherirse a normativas de sostenibilidad y mitigación de impactos ambientales.

Se deberán patrocinar con mayor empuje el campo de la investigación y la educación sostenible para crear condiciones a mediano y largo plazo, que permitan generar herramientas para la implementación de la gestión pública sostenible innovadora (^{Rădulescu et al., 2023}). Al mismo tiempo, el marco organizacional público debe promover medidas de evaluación continua, como indicadores de sostebilidad, para ajustar estrategias en tiempo real. La colaboración multisectorial y multinivel de la gobernanza emerge como una oportunidad clave, facilitando alianzas para proyectos de economía circular o energías renovables.

Para que exista vinculación efectiva entre gestión pública y desarrollo sostenible, es necesario el funcionamiento institucional desde un enfoque gerencial, donde la gestión esté marcada por la planificación, control, seguimiento y ejecución con corrección de desvíos, sobre todo en el ámbito de los servicios públicos y la atención ciudadana (^{Torres et al., 2023}). Implicando esto según Rodríguez Vásquez et al. (2024) la implementación de estrategias de modernización e innovación tecnológica en la GPS.

En base a lo enunciado, las capacidades técnicas en la gobernanza son esenciales para diseñar e implementar políticas públicas sostenibles. Esto incluye habilidades en análisis de datos, gestión de tecnologías limpias, planificación estratégica y evaluación de impacto ambiental (^{Pinzón y Millán, 2025}). Las instituciones públicas sólidas requieren sistemas digitales para monitorear recursos, optimizar procesos y garantizar transparencia en la toma de decisiones (^{Dill’erva, 2021}). Además, se requiere la formación especializada en sostenibilidad y la adaptación de marcos normativos a contextos locales.

Un reto clave es superar brechas humanas y técnicas, como la falta de personal capacitado o infraestructura tecnológica obsoleta. Para ello, es crucial invertir en educación continua, al mismo tiempo establecer alianzas con universidades para la transferencia de conocimientos entre sectores. Herramientas como la inteligencia artificial o los indicadores de desempeño sostenible pueden potenciar la gestión pública. Sin estas capacidades, los gobiernos enfrentan dificultades para equilibrar crecimiento económico, equidad social y protección ambiental de manera integral. En este sentido, ^{Boscán et al. (2023)} presentaron un ejemplarizante estudio en Perú donde el determinante para impulsar el progreso social y económico de un grupo de interés fue la preparación académica, la innovación tecnológica y la adaptabilidad, complementado con el apoyo de la gobernanza del sector público.

Por otro lado, ^{Yáñez (2023)} postula la hibridez institucional y la gobernanza interjurisdiccional para involucrar la participación ciudadana y diversos stakeholders o grupos de interés aliados para conseguir múltiples objetivos en la función pública en aras de beneficiar la sostenibilidad. Sin embargo, ^{Borrás et al. (2024)} asegura que el sector público global en promedio no cuenta con la capacidad transformadora hacia la sostenibilidad o está muy poco desarrollada. Requiere de elementos claves como: roles, recursos y habilidades para la puesta en práctica de su capacidad transformadora

3. Desafíos de la gobernanza multinivel para la sostenibilidad

El modelo de desarrollo sostenible, no ha tenido éxito en la práctica real, puesto que ha sido muy diferenciado desde el enfoque de gobernanza multinivel y de la realidad actuante en cada país. Esta consideración permite actuar desde enfoque modernos desde el sector público con la participación ciudadana puesto que en la teoría está relacionado con problemas sociales, económicos y ambientales significativo que afectan a las personas (^{Shandryk et al., 2023}). Esto indica que se pueden construir escenarios de actuación con una perspectiva integral, desde la centralidad, lo subnacional y una visión local de gobernanza sostenible (^{Montero & Riquelme, 2024}) con el fin de superar obstáculos en los procesos que están involucrados.

La gobernanza multinivel enfrenta retos importantes, como la falta de coordinación entre niveles nacional, regional y local, lo que genera duplicidad de esfuerzos o vacíos en políticas sostenibles. Las diferencias en prioridades -por ejemplo, enfoques nacionales en crecimiento económico versus demandas locales en protección ambiental- que dificultan la coherencia de acciones (^{Lechón Sánchez, 2020}). Además, la disparidad en capacidades técnicas y financieras entre regiones limita la implementación equitativa de estrategias. Sin sistemas de comunicación fluidos y marcos legales armonizados, la integración de objetivos globales, como los ODS, con realidades territoriales se vuelve compleja.

La fragmentación institucional y la burocracia excesiva, ralentizan respuestas ágiles a desafíos como el cambio climático o la desigualdad social. La gobernanza multinivel, requiere mecanismos claros de vinculación para rendición de cuentas y participación ciudadana para legitimar decisiones (^{Covarrubias Melgar, 2024}). Invertir en plataformas digitales compartidas y formación de funcionarios puede mejorar la coordinación. Sin embargo, sin autonomía real para gobiernos locales y voluntad política para priorizar la sostenibilidad sobre intereses cortoplacistas, la gestión pública eficiente seguirá siendo un objetivo distante.

Este análisis de la realidad evidencia que en las entidades los gobiernos municipales -por lo menos en Latinoamérica- no tienen el suficiente poder delegado para la interacción entre los distintos niveles de gobierno, por tanto, reduce la implementación de agendas de sostenibilidad. (^{Llanez et al., 2024}). Adicionalmente, no se cuenta con coordinación dialógica entre los distintos niveles de gobierno, aun mas, muchos organismos públicos están alejados de la Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ejemplo de ello, muchos gobiernos locales resultan tener poca incidencia en materia de eficiencia energética, solo gestionan regulación del transporte y desarrollo urbano hasta ciertos límites locales de organización (^{Dalla & Coronel, 2020}).

Es de especial importancia para proyectos de entornos urbanos que, los gobiernos locales de las ciudades sean reconocidos como actores de primera línea para la gobernanza publica integral de sostenibilidad. Asimismo, la adopción de los ODS por los gobiernos municipales como responsables principales tendrá un impacto primigenio en el fomento de la sostenibilidad (^{Hickmann, 2021}). De hecho, las tendencias actuales marcan hitos en transformar los centros urbanos en ciudades sostenibles e inteligentes capaces de contribuir como protagonistas de primera línea en los variados problemas ambientales globales.

Por otro lado, muchos gobiernos nacionales transfronterizos exhiben razones que explican el cuestionamiento para resolver problemas globales, como la contaminación ambiental entre naciones. Un ejemplo de ello, es el caso especial de la Europa estructurada por países de poca extensión territorial, que son afectados por la contaminación transfronteriza y otros efectos que atacan la sostenibilidad y aún no están en concordancia de acciones comunes conducentes a los aportes significativos perdurables para la solución en su totalidad (^{Martínez Rivillas, 2013}).

4. Obstáculos de la administración pública para la gestión sostenibilidad

La complejidad de la GPS pasa por reconocer los obstáculos presentes en los ámbitos políticos, económicos, sociales y ambientales. Su entendimiento implica equilibrar los factores antes mencionados para el logro del crecimiento sostenido, equidad social y protección de la naturaleza (^{Bolívar, 2011}). Por ello, pensar solo en el elemento político para direccionar hacia la sostenibilidad representa un error de cálculo, es necesario vincular aspectos ambientales, económicos y sociales, como: diseño e implementación de servicios públicos inclusivos, consecución de recursos financieros y fomentar la participación ciudadana (^{Naser et al., 2021}).

La GPS requiere herramientas como planificación participativa, evaluación de impactos acumulativos y sistemas de monitoreo organizacional transparente (^{Ballivian et al., 2016}). Su esencia está en transformar la administración tradicional en un modelo resiliente que anticipe una crisis y garantice derechos sociales para el vivir bien. Este enfoque demanda un cambio cultural en las instituciones públicas en todos los niveles, actualmente el desarraigo cultural sostenible representa un obstáculo para la implementación de la sostenibilidad.

La disponibilidad de entornos y plataformas digitales e inteligentes, es una dificultad que enfrenta el sector público para una eficiente GPS (^{Fernández Pérez, 2022}). Estas tecnologías permiten la interconexión entre diferentes niveles de gobierno para la ejecución y monitoreo de la política de sostenibilidad. Un ejemplo de ello, es ilustrado por ^{Okoniewska (2016)} donde se evidencia que, en los procesos de explotación del carbón en Polonia, los intereses nacionales y locales son divergentes. En Latinoamérica, la protección de la Amazonía enfrenta tensiones entre políticas federales y demandas locales de desarrollo económico, generando deforestación y conflictos territoriales (^{Merlinsky, 2021}).

En el mismo orden de ideas, en Latinoamérica la corrupción debilita la ejecución de proyectos sostenibles en todos los niveles de gobernanza pública. Tal es el caso de México donde el manejo de recursos como el agua se vincula a prácticas irregulares que agravan la crisis del recurso hídrico (^{Santes-Álvarez, 2024}). En Perú, la política nacional agraria sostenible no ha sido efectiva debido a problemas de corrupción e inadecuadas praxis de gestión en la implementación, incluso no se concretan los objetivos interculturales y de territorialidad (^{Castillo et al., 2020}).

Es típico en los gobiernos, priorizar resultados cortoplacistas por motivaciones políticas-electorales. Entre los casos mediáticos esta lo que ha estado ocurriendo en Estados Unidos, donde los cambios de administración de gobierno de turno han alterado las políticas ambientales, como el retroceso en acuerdos climáticos bajo el presidente Trump (^{Martínez- Mercadal, 2023}). En Argentina, la inestabilidad económica lleva a recortar presupuestos ambientales para resolver crisis fiscales, concordando con el inexpugnable derecho al desarrollo en las prácticas y proyectos sostenibles (^{Bohoslavsky & Cantamutto, 2021}), incidiendo en impactos negativos a largo plazo en la sociedad y en el medio ambiente.

En el tema financiero la GPS presenta limitaciones presupuestarias, especialmente en países en desarrollo, donde prioridades urgentes compiten con inversiones a largo plazo en materia de sostenibilidad. En Latinoamérica, proyectos de energías renovables o conservación dependen de financiamiento externo a través de préstamos internacionales, sujetos a cambios geopolíticos o condicionalidades. Además, la inversión privada suele ser escasa por percepciones de riesgo, como en proyectos de infraestructura verde en Colombia o Perú, donde faltan garantías estatales claras.

Sistemas tributarios regresivos y evasión fiscal, como en países centroamericanos reducen la recaudación para políticas sostenibles. A esto se suma el desvío de fondos: en Brasil, escándalos como el de la Operación Lava Jato afectaron los programas ambientales. Para superarlo, se requieren reformas que vinculen impuestos verdes o impuesto al carbono, destinados a la generación de proyectos locales con participación ciudadana. Sin transparencia y voluntad política, el financiamiento seguirá siendo un cuello de botella.

Los recursos humanos para la gestión pública sostenible, requieren formación en áreas como economía circular, análisis de datos ambientales y políticas inclusivas. Países como Costa Rica, han impulsado programas de capacitación en sostenibilidad para funcionarios, vinculados a metas climáticas. Sin embargo, en Latinoamérica persisten aún muchas brechas, en instituciones públicas de Bolivia y Paraguay carecen de expertos en energías renovables o gestión de riesgos ambientales. Es clave fomentar alianzas con universidades y organismos internacionales para desarrollar competencias técnicas y éticas, como la transparencia en proyectos de desarrollo urbano sostenible.

La burocracia arraigada y la falta de sistemas meritocráticos desincentivan la innovación. En México, la rotación de personal por cambios políticos frena la continuidad de proyectos sostenibles. Casos como la migración de talentos en Venezuela reflejan cómo la inestabilidad erosiona capacidades institucionales. Para retener profesionales, se necesitan incentivos, salarios competitivos, certificaciones, reconocimientos y cultura organizacional que valore la sostenibilidad. Sin esto, incluso las políticas mejor diseñadas fracasan ante equipos sin preparación o motivación para ejecutarlas.

Las nuevas estrategias de GPS priorizan la alineación de políticas públicas con los ODS, utilizando herramientas como presupuestos etiquetados y plataformas digitales para monitoreo en tiempo real. En Latinoamérica, Costa Rica integra inteligencia artificial en gestión de residuos, mientras que Chile avanza en gobernanza participativa para energía limpia. La clave está en vincular marcos globales con acciones locales, como planes urbanos inclusivos o sistemas de alerta temprana para desastres que mitiguen el impacto social y ambiental.

Impulsar coaliciones público-privadas, como el Pacto por la Sostenibilidad en Medellín, permite financiar proyectos de movilidad eléctrica y economía circular. Además, se promueven modelos de gestión adaptativa, ajustando políticas ante crisis. Sin embargo, desafíos como cambios políticos o falta de datos desagregados exigen fortalecer sistemas de rendición de cuentas y capacitación en ODS para funcionarios públicos. La innovación no es tecnológica, sino institucional, transformar estructuras rígidas en redes colaborativas para mejorar la eficiencia en la gestión es la clave.

5. Propuestas de sostenibilidad basada en innovación tecnológica y participación ciudadana

La sostenibilidad en la sociedad es cuestión de cocimiento científico y popular, en este sentido, las universidades y centros de generación de saberes formales y no formales, así como la participación ciudadana juegan roles de primera línea. Las exigencias del desarrollo sostenible están vinculadas directamente a la difusión y uso del conocimiento científico y tecnológico (^{Núñez & García, 2017}). Pues, en la era de las tecnologías emergentes y la inteligencia artificial representan la clave para el combatir la pobreza, la desigualdad y la crisis climática global, las herramientas tecnológicas emergentes superan las dificultades operativas y financieras para la consecución de mayores logros, en menor tiempo.

Implementar tecnologías emergentes digitales en la administración pública para la gobernanza de programas y proyectos sostenibles, aumenta la eficiencia institucional puesto que elimina la burocracia y combate la procrastinación. Al mismo tiempo, permite el logro de mayor inclusividad, reduce los costos financieros, mejora la calidad de los servicios gubernamentales y además representa un obstáculo para la corrupción (^{Popova et al., 2023}). Los servicios electrónicos del e-gobierno, son herramientas que impulsan la reducción de tiempos, mejores llegadas al ciudadano, así como también la calidad de información es de primera fuente-origen.

En la agricultura sostenible, las tecnologías disruptivas son usadas para acelerar la eficiencia operativa, mejorando la productividad y la resiliencia ante los fenómenos climáticos no previstos (^{Bravo Moreano, 2024}). Un ejemplo de ello, se evidencia en Perú, donde a través de drones comunitarios se mapean zonas vulnerables a sequías previniendo ciclo de cultivos improductivos además son capaces de usar cámaras y sensores, para luego procesar datos de evapotranspiración y contenido de humedad del suelo, nutrientes en los cultivos y rendimiento de los mismos que propende a una agricultura de precisión (^{Pino, 2019}).

Hasta la agricultura familiar -elemento clave de sostenibilidad- se beneficia de las tecnologías emergentes. Se han identificado desarrollo de nuevos productos alimenticios relacionados con la agricultura familiar, obtenidos con el uso de desarrollos tecnológicos en toda la cadena de valor (^{De Lima Silva et al., 2023}). Como resultado de esta iniciativa, se impulsa el emprendimiento familiar desde una perspectiva tecnológica aplicando programas agrícolas sostenibles.

En este sentido, el camino a seguir es la transformación del modelo económico que propenda la desaceleración del impacto ambiental, para hacer eficientes la explotación de recursos mediante agricultura sostenible (^{Voronkova et al., 2023}). Asimismo, la gestión de gobierno requiere de políticas de innovación para impulsar a todos los sectores de la economía para el cumplimiento de los objetivos trazados en los ODS (^{Díaz-Canel & Delgado, 2021}) a través de un sistema de gestión de innovación tecnológica.

Para ilustrar algunos ejemplos de uso de las tecnologías emergentes para proyectos de GPS, se tiene que la integración de tecnologías y sostenibilidad en el diseño industrial, se ha ejecutado para abordar mejoras en la eficiencia del transporte urbano en grandes ciudades, utilizando aplicaciones como Internet de la Cosas-IoT e IA con sus respectivos algoritmos matemáticos (^{Santos et al., 2023}). Las tecnologías emergentes se presentan como una solución fundamental para abordar los desafíos y mejorar la eficiencia en estos sectores.

Proyectos como Smart Santiago en Chile, usan datos para planificar el transporte urbano bajo en emisiones, vinculando innovación con metas climáticas (^{Demur, 2022}). Estos proyectos que vinculan indicadores de sostenibilidad urbana con efectos globales, además de generar bienestar humano, generan datos clave contributivos. Por ello, ^{Soto-Velásquez, et al., (2023)}, indican que la sostenibilidad vinculada a efectos globales, constituye una acción integral sin los cuales no será posible alcanzar el desarrollo sostenible indispensable para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos

En otro orden de ideas, la gobernanza democrática y el derecho al desarrollo sostenible van de la mano, por ello la participación ciudadana en gestión e inclusión es fundamental como premisa que soporta la sostenibilidad. Autores como ^{Rodríguez Casallas et al., (2024)}, enfatizan la necesidad de enfoques adaptativos y contextuales para fortalecer la participación ciudadana como medio para una gobernanza democrática efectiva en el marco del derecho al desarrollo sostenible. Este asunto promueve el desarrollo integral del ciudadano como participante y logra conexión afectiva con las comunidades mejoradas.

La verdadera democracia se sustenta en la inclusividad, al igual que la sostenibilidad. La gobernanza deberá privilegiar esquemas colectivos de participación en programas y proyectos sostenibles. La modernidad sustentada en la crisis ambiental planetaria exige la participación ciudadana junto a la tecnología, como elementos clave, como los basados en las ideas de Foucault de un nuevo orden social que relaciona poder y ciudadanía (^{Crespín et al 2021}). Solo por esta vía se pueden tender puentes claros hacia la consecución de una economía global sostenible.