Editorial

Tal como argumenta ^{Sanz (2023)}, para que una transición política se traduzca en mejoras reales para la gente común, debe combinar reglas democráticas creíbles con capacidad estatal efectiva y un acuerdo social mínimo que sostenga las reformas difíciles en el tiempo. Esto exige que el cambio no sea solo de élites o de “apertura económica”, sino también de garantías, y esto es lo fundamental, de instituciones, prácticas y políticas públicas que reduzcan las vulnerabilidades cotidianas y reconstruyan la confianza general.

Mas concretamente, en primer lugar, la transición debe asegurar derechos y libertades básicas desde el inicio: liberación y protección efectiva de presos y perseguidos políticos, apertura definitiva del espacio cívico, fin de la censura y de las restricciones arbitrarias a medios e internet, y garantías sólidas para la organización social y la protesta pacífica. Además, se debe restituir, tal como sostiene ^{Sartori (2009)}, condiciones electorales verificables y competitivas (autoridad electoral confiable, observación, reglas equitativas) y reequilibrar los poderes públicos para evitar que la alternancia sea meramente formal o ilusoria.

En segundo lugar, el fortalecimiento del Estado de derecho requiere de reformas que hagan que la ley se aplique de manera impersonal (no selectiva) y que la justicia pueda actuar contra la impunidad y la corrupción, incluyendo independencia judicial, nombramientos regulares y controles efectivos. La evidencia comparada en gobernanza subraya que “la ley en el papel” no basta: importa que las reglas se cumplan en la práctica y que el proceso político sea suficientemente abierto para que las normas se perciban como legítimas y, por eso, se acaten por tos los actores sociales y sujetos políticos (^{Bobbio, 1989)}.

En tercer lugar, la recuperación económica y la mejora material deben orientarse a un crecimiento inclusivo y sostenible: reactivación del sector privado con reglas estables, inversión en capacidades (salud, educación, servicios), y políticas que protejan a los más vulnerables durante el ajuste, porque sin “contenido social” la democracia queda frágil. A la vez, conviene evitar la ilusión de que un auge petrolero por sí solo recompone la democracia o las instituciones: puede aliviar la crisis, pero no sustituye las reformas políticas y de legalidad que cambien los incentivos del poder.

En esta edición presentamos 8 artículos de investigación en el ámbito de la ciencia política y el derecho público, de connotados autores latinoamericanos. El primer artículo, intitulado: Inteligencia de negocios y análisis de datos para la gobernanza y la democratización del desarrollo productivo en las MIPYMES del Ecuador, tuvo por objetivo analizar el papel de la inteligencia de negocios y el análisis de datos en la gobernanza y la democratización del desarrollo productivo de las MIPYMES del Ecuador, con especial énfasis en los sectores comercio y servicios. El segundo: Percepción ciudadana de la gobernanza digital en Huancayo, buscó reconocer los factores tecnológicos, organizacionales y sociales que influyen en la ciudadanía, valorizando la gestión pública digital.

Por su parte, el tercer artículo publicado, titulado: La pena como reintegración fallida en América Latina, se planteó por objetivo analizar la pena como reintegración fallida en regímenes penitenciarios latinoamericanos, evaluando la ejecución de la privación de libertad ante los estándares de dignidad humana y eficacia del control interamericano. De seguida, el cuarto trabajo: Marco legal para regular el uso de la inteligencia artificial en educación: Reflexiones sobre derechos fundamentales en edades tempranas, reflexiona sobre los derechos fundamentales que establecen el marco legal para regular el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la educación inicial peruana.

El quinto artículo científico, Políticas públicas y emprendimiento juvenil en Perú, analiza cómo las políticas públicas influyen en el emprendimiento juvenil y su impacto en la gestión empresarial en Perú, contexto caracterizado por la alta concentración de micro y pequeñas empresas. Al mismo tiempo, el sexto trabajo, intitulado: Políticas educativas y sujetos de derechos en entornos de aprendizaje. Lo socioemocional en el aula de clase, analiza las políticas educativas peruanas y su abordaje de aspectos socioemocionales en adolescentes. Mediante un enfoque crítico y multidisciplinario, se examina las tensiones entre marcos normativos y prácticas pedagógicas que afectan la formación integral estudiantil.

Por último, el séptimo artículo, Comunicación corporativa en crisis ecológicas: Estrategias y responsabilidad socioambiental en un caso de derrame de petróleo en el mar peruano, tuvo por objetivo de investigación analizar las narrativas sobre la responsabilidad social corporativa de los actores involucrados en el derrame de petróleo en el litoral de Ventanilla, Callao, Perú. Por su parte, el articulo de cierre, Rol del afrontamiento al estrés en la gestión pública de emergencias: Revisión sistemática en bomberos (2010-2025), tuvo como objetivo sintetizar la evidencia disponible (2010-2025) sobre estrategias de afrontamiento al estrés en bomberos y su relación con la gestión pública de emergencias.