Consensos y disensos en torno a la concepción de participación en Venezuela 

Magaly Pérez

Said Dahdah

Cristina Szentiks

 Magaly Pérez Campos

Licenciada en Estudios Políticos y Administrativos. Especialista en el área de Democracia y Sociedad Civil en América Latina, Cepcom, México, 1998. Magister en Teoría Política, University of Texas at Austin, Texas, 1989-1991. Investigadora del Instituto de Estudios Políticos, UCV, desde 1987. Docente en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos desde 1987.

correo-e: magapeca@hotmail.com

Said Dahdah Antar

Licenciado en Estudios Políticos y Administrativos, UCV. Estudiante de la Especialización en Sistemas y Procesos Electorales, UCV. Investigador del Instituto de Estudios Políticos, UCV, desde 1997. Docente en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos desde 1998.

correo-e: asadahdah@cantv.net 

Cristina Szentiks Inostroza

Licenciada en Estudios Políticos y Administrativos, UCV. Tesista en la Maestría en Relaciones Internacionales, Faces, UCV. Asistente de investigación del Instituto de Estudios Políticos, UCV, 1999-2000.

correo-e: elsacris@cantv.net

RESUMEN

El presente artículo describe y analiza las creencias, valores y actitudes de una muestra de actores miembros de la sociedad civil venezolana, en particular, su discurso y postulados fundamentales en lo relativo a las modalidades de participación existentes, así como en lo que respecta a un modelo factible o alternativo de participación política y social. Para el logro de estos objetivos se ha empleado la metodología de mapas cognitivos, la cual permitió establecer y graficar las áreas de consenso y disenso entre estos actores –mediante la comprensión de sus sistemas cognitivos–, en relación con el papel que deben jugar la sociedad civil y los partidos políticos en el área referida.

Palabras clave

Participación / Políticas públicas / Democracia / Estado de Derecho / Estado / Sociedad civil

ABSTRACT

In this article, the authors analyse the system of values and attitudes among relevant social actors in Venezuela: their discourses and fundamental opinions concerning participation matters –such as the role of civil society and political parties; as well as their proposals for an alternative agenda in the realm of social and political participation. The authors search for areas of consensus and dissension among civil society actors, in order to set up a feasible scenario for decision making processes in the subject of social and political participation. By using the cognitive map analysis, areas of consensus and dissension are established which have to do with the role that civil society and political parties must play in the agenda of social and political participation.

Key words

Participation / Public policies / Democracy / Rule of law / State / Civil society

RECIBIDO: SEPTIEMBRE 2001 ACEPTADO: DICIEMBRE 2001 

INTRODUCCIÓN

Crisis y cambio político son dos términos que han adquirido gran relieve dentro del sistema político venezolano. El primero se encuentra asociado con los diagnósticos que constantemente se realizan sobre el desempeño del orden político surgido en Venezuela a partir de 1958. El segundo está vinculado con las propuestas que son presentadas para superar esa realidad política que se rechaza y, por consiguiente, para ir hacia la construcción de un ordenamiento político deseable. En suma, hablar de crisis política conlleva siempre la idea de cambio político, e igual ocurre en la dirección contraria. Estos términos son inseparables, porque la palabra crisis trae consigo, inevitablemente, la idea de transformar, tanto las prácticas como las instituciones políticas que son objeto de constantes cuestionamientos.

En Venezuela, la idea de cambio ha dominado la agenda política, incluso desde la década de los ochenta. El sistema político venezolano en la práctica ha experimentado distintos intentos por salir de la crisis que afecta su funcionamiento. Entre los casos más significativos tenemos, en primer lugar, los esfuerzos por reformar el Estado venezolano a través de la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre), organismo este que fue, entre otros aspectos, promotor del proceso de descentralización política y administrativa. Luego encontramos los intentos de golpe de Estado de febrero y noviembre de 1992, uno de cuyos protagonistas es el actual Presidente de la República. También debemos mencionar el proceso de reforma constitucional que se desarrolló en 1992, aunque su inicio se ubica en 1989, con la creación de la «Comisión Especial para la Revisión de la Constitución» y que, luego del intento de golpe de febrero de 1992 se convierte en «Proyecto de Reforma General». Finalmente, entre los ensayos por encontrar salidas a la crisis estuvo el desempeño reciente del proceso constituyente que culminó con la promulgación de la Constitución de 1999.

Para quienes observan cualquier proceso de cambio político, estos períodos de modificación de lo existente producen muchas interrogantes, verbigracia: ¿Qué contenido tendrán las ideas de cambio político? ¿Cómo valoran los actores relevantes del sistema dichos cambios? ¿Cómo será conducido en la práctica ese proceso de transformación de orden político? ¿Quiénes lo dirigirán? El presente artículo asume las dos primeras interrogantes. Nuestros objetivos son principalmente dos: el primero consiste en conocer el significado que le asignan los actores miembro de la sociedad civil venezolana al cambio político en un área específica. En segundo lugar, indagar sobre los consensos y conflictos que existen en torno al contenido de estas modificaciones.

La idea de cambio político está formada por una diversidad de aspectos, tales como las características del modelo de democracia; el papel que ha de cumplir el Estado en áreas como la economía y la sociedad; la descentralización; el rol de los partidos políticos, de las Fuerzas Armadas y de la sociedad civil, entre muchos otros aspectos. Este artículo busca describir y analizar las creencias, valores y actitudes de un grupo de actores relevantes de la sociedad civil venezolana: su discurso y postulados fundamentales en lo relativo al modelo de participación existente, así como en lo que respecta a un eventual modelo de participación posible. Se espera, igualmente, poder establecer las áreas de consenso y disenso entre estos actores en relación con el proceso de cambio institucional en el sistema político venezolano y con el papel que deben jugar la sociedad civil y los partidos políticos en lo que atañe al proceso de participación.

Ello se realiza partiendo del supuesto conforme al cual la estabilidad del sistema político depende en buena medida de los niveles de consenso, sustantivo u operativo, existentes entre sus actores. Un objetivo que orienta el trabajo es el de ilustrar una de las líneas centrales del cambio político en el sistema político venezolano actual: la que se manifiesta en el hallazgo de discursos antagónicos, e incluso contrapuestos, en relación con la agenda de políticas públicas en las áreas más diversas. Ello se observa en la discusión expresa de muchos de los elementos del diseño institucional existente y en la propuesta de importantes cambios institucionales, lo que, en ocasiones, redefine sensiblemente el papel del Estado, la sociedad y los partidos en las áreas en cuestión –en nuestro caso, la participación política y social. Así, pues, este artículo pretende analizar la índole de la confrontación existente en los discursos relativos al diseño de la democracia: hasta qué punto desafían las concepciones de democracia representativa tenidas como tradicionales en el área y en el sistema mismo, y en qué medida se orientan hacia un eventual rediseño institucional que amplíe los mecanismos de participación.

En consecuencia, la investigación se inscribe al interior de los estudios sobre la estabilidad y el cambio político en Venezuela y, en este sentido, aspira a ilustrar y analizar la discusión existente, entre los actores sociales relevantes, acerca de los cambios –tenidos como deseables– a realizarse en el diseño institucional venezolano.

El trabajo está estructurado del siguiente modo: se da inicio al artículo con una sección teórico-metodológica que da cuenta de los criterios mediante los cuales fue seleccionada la muestra de actores sociales relevantes, cuyo discurso, obtenido mediante la conducción de entrevistas, es objeto de estudio y análisis. Posteriormente, se explicita y justifica la categorización de los actores a partir de su posición en relación con la participación y, en general, con quienes han de ser los sujetos de una democracia: los partidos tradicionales, los ciudadanos, los partidos emergentes, la ciudadanía organizada, etc., así como a partir de la utilización de diversos criterios, tales como los mecanismos que proponen a fin de hacer efectiva la participación; los ámbitos de despliegue de la participación que sugieren; los niveles en los cuales proponen que ésta se exprese; las condiciones que postulan para que ella sea posible; el tipo de diagnóstico que realizan; la valoración, positiva o negativa, que realizan de los partidos en tanto sujetos de la participación; los requisitos que postulan para hacer posible una participación partidista renovada; los sujetos de la participación política; los sujetos de la participación social; las características que, a su juicio, ha asumido y debe asumir la participación; por último, la concepción de la democracia que los actores sostienen. De esta suerte, se construyen ocho categorías «puras» relativas a la concepción general de los entrevistados sobre la participación. Asimismo se elaboraron subcategorías a partir de la combinación de las categorías puras referidas. Luego, se procede a elaborar y analizar los mapas cognitivos de cada una de las entrevistas realizadas para, posteriormente, señalar la existencia o no de áreas de consenso y disenso entre actores, con la intención de obtener hallazgos, adelantar conclusiones y postular tendencias, en materia de políticas públicas, referidas a un eventual cambio cultural en la materia tratada. El objetivo final lo constituye la determinación de las áreas consensuales que pudieran colaborar en el eventual diseño de políticas factibles y viables en el área de la participación democrática.  

MÉTODO

Precisiones conceptuales¹

Debe comenzarse esta sección con una precisión conceptual. En el discurso académico y político venezolano es común el empleo de la noción de élite para hacer referencia, bien a los sectores o bien a los individuos que concentran la mayor cantidad de influencia, recursos, poder o prestigio en los planos político, económico, social o cultural. Como ocurre con otros muchos términos, el vocablo élite es sumamente rico, pero también multívoco y, por ello, su empleo puede conducir más a confusiones que a precisiones.

No se pretende en este trabajo dar salida al problema, sino más bien eludirlo. La razón de ello es que el concepto de élite presume la existencia de un cierto nivel de integración, cercanía personal y coincidencia de intereses entre los actores relevantes, afirmación cuya comprobación escapa a los objetivos del presente artículo. Por consiguiente, se prefiere sacrificar la riqueza teórica del concepto de élite en favor de la precisión conceptual. Nuestros individuos serán denominados actores sociales relevantes y, operativamente hablando, éstos son todos los que, debido a su participación en procesos de toma de decisiones y/o su reputación, pueden considerarse sujetos sociales influyentes en la definición de los contenidos de la agenda de las políticas públicas.

Así, pues, en este artículo se emplean dos criterios para la identificación de los actores socialmente relevantes. Al primero lo hemos llamado criterio decisional y se refiere a la participación en los procesos de toma de decisión política: es actor socialmente relevante aquel que participa o de algún modo influye en la formación de las decisiones públicas, bien sea propiciando las decisiones u oponiéndose a ellas; sea que ocupe o no un cargo directivo o que participe o no del ente o equipo que finalmente decida. El segundo criterio, al que nombramos como reputacional, se refiere al reconocimiento social del que es objeto el actor en tanto dirigente, por parte de actores calificados para otorgar tal reconocimiento.

El criterio decisional (es decir, la participación en los procesos de formación de políticas y decisiones públicas relevantes para la investigación) se operacionalizó del siguiente modo: se consideró que la manera más accesible y simple de determinar si un actor social era relevante para esta investigación era la frecuencia con que sus declaraciones sobre algún tema del cambio institucional eran mencionadas por la prensa durante un período determinado.

El modo en que en este trabajo se operacionalizó el criterio decisional tiene el defecto de que, por usar noticias y otras informaciones difundidas por los medios masivos, podía reproducir los sesgos que los medios introducen al elaborar las informaciones que ellos difunden. Como es sabido, la prensa no es un espejo neutro del proceso político, sino más bien un actor con una agenda propia, interesado en la eventual promoción y en el eventual bloqueo de ciertas posiciones políticas y de sus voceros.

El uso de diversos periódicos, dirigidos a segmentos muy distintos del público, permite introducir un factor de corrección de este error. Además de esto, para enmendar las exclusiones involuntarias ocasionadas por el uso del criterio decisional, se empleó la reputación como indicador adicional de la relevancia social de un actor. Para el uso del criterio reputacional se emplearon paneles de expertos a quienes se les preguntó, tanto acerca de la relevancia de los actores inicialmente incluidos como de la necesidad de incluir otros nombres no considerados a priori.

En términos operativos, se operacionalizó el criterio decisional de modo tal que se consideró notorios a aquellos actores mencionados en la prensa nacional y regional en vinculación a los temas de la agenda de la participación política y social. Para ello se estudió una muestra de prensa de seis meses y se seleccionaron los actores mencionados con una frecuencia igual o mayor a cinco menciones. A la lista resultante de la combinación de estos criterios se añadieron aquellos actores identificados como relevantes por un grupo de expertos en el tema en cuestión. A cada uno de los expertos se le pidió que señalara las personas u organizaciones que, a su juicio, consideraba más activas en la promoción de iniciativas o ideas en el área.

Selección muestral y conducción de entrevistas

La muestra utilizada en el presente estudio está compuesta por 28 actores representantes de organizaciones de la sociedad civil, a quienes se les condujeron entrevistas en profundidad (Merton, 1956) –resguardando la confidencialidad–, con el fin de conocer su opinión en torno a temas relacionados con la participación.

Los actores consultados fueron identificados con una simbología acorde con su grupo de adscripción, de suerte que se utilizaron, para identificarlos, las siglas AS más un dígito en una numeración continua. Ello con la finalidad de mantener en el anonimato sus identidades.

Lograr una caracterización de lo que es la participación para los actores sociales relevantes en Venezuela constituyó el punto de partida básico de este trabajo. El modo de concebirla, sus características, ámbitos, condiciones, alcances, problemas y limitaciones, resultó esencial para comprender los patrones de consenso o disenso en relación con el área objeto de nuestro estudio. En esta investigación optamos por un criterio inductivo para elaborar el mapa de las definiciones de participación de los actores estudiados. Por supuesto, por más inductivo que pretenda ser, no es posible prescindir de una conceptualización, por mínima que ésta sea. Por ello, formulamos a los entrevistados preguntas que incluyeron la relación partidos-sociedad civil, así como la relación participación-representación. Tales preguntas colocaron al entrevistado en la necesidad de valorar, positiva o negativamente, a los sujetos que polarizan el debate en torno al tema, así como manifestarse en relación con la vinculación representación-participación. A partir de allí se procedió a elaborar ocho categorías puras, que fueron combinadas posteriormente, a fin de obtener subcategorías intermedias, así como para dar cuenta de los casos mixtos.

La pregunta empleada para propiciar el diálogo sobre la participación fue la siguiente:

Para algunos, la democracia venezolana carece de mecanismos de participación, mientras que para otros es demasiado representativa. Hay también quien ha alertado acerca de los riesgos que tendría para la gobernabilidad una apertura de canales de participación no controlados. Finalmente, hay otros que afirman que la experiencia participativa, hasta ahora, ha dejado mucho que desear. ¿Qué opina usted al respecto?

Las respuestas obtenidas se ubicaron al interior de las categorías construidas previamente. Una vez categorizados los actores, se procedió a elaborar mapas cognitivos de cada una de las entrevistas realizadas, para posteriormente proceder a señalar la existencia o no de áreas de consenso y disenso entre actores, que permitieran postular tendencias relativas al tema, hallazgos en lo que atañe al cambio en la materia y, además, la determinación de las áreas consensuales que podrían colaborar en el eventual diseño de políticas públicas factibles y viables en el área de la participación política y social.

Metodología de mapas cognitivos

La metodología aplicada en el estudio de los acuerdos y desacuerdos entre los actores en materia de participación es la que propone el análisis de mapas cognitivos.

Constantemente los actores políticos de cualquier realidad deben enfrentarse con el ambiente al que pertenecen, es decir, se ven en la obligación de tomar decisiones, bien para mantener las condiciones presentes o bien para transformarlas. En este sentido, las cogniciones de los individuos son de mucha importancia por dos razones. En primer lugar, porque a través de ellas los individuos elaboran diagnósticos sobre los acontecimientos que ocurren en una realidad compleja. El conocimiento de los esquemas cognitivos sería, entonces, el conocimiento de la manera como un individuo interpreta los datos provenientes del mundo. Y en segundo lugar, porque el sistema de pensamiento de los individuos, los valores y creencias que lo conforman, favorece un ordenamiento específico de la realidad. La comprensión del sistema cognitivo, por tanto, es la comprensión de los elementos que para un individuo deben formar parte del ambiente que le rodea y de aquellos elementos que deben ser excluidos del mismo; tal función del sistema cognitivo tiene un carácter prescriptivo. La metodología de mapas cognitivos permite conocer, pues, cómo es que tales actores llegan a tomar esas decisiones, mediante la comprensión del sistema de pensamiento con el que se manejan en su realidad. El análisis de mapas cognitivos es esencialmente una representación gráfica de las proposiciones que un individuo establece a través de gráficos compuestos por objetos y los conectores entre éstos (Axelrod, 1976:3). Los objetos en un mapa cognitivo son aquellos conceptos que tienen relevancia para un sujeto dado; o bien son variables que como tales pueden asumir distintos valores. Los conectores, en cambio, son las relaciones que se establecen entre estos conceptos o variables, gráficamente representadas a través de flechas que indican la direccionalidad de la relación, y de un símbolo que define la naturaleza de la relación entre los objetos.

La metodología de mapas cognitivos es, de manera más general, un análisis de las proposiciones o afirmaciones que establecen los individuos con el propósito de construir una red en la que se puedan observar las valoraciones realizadas por los individuos. La posibilidad de visualizar gráficamente las relaciones que cada concepto o variable establece con los demás objetos y de captar la estructura general en la que están presentes todos los objetos y sus distintas relaciones es la principal utilidad de los mapas cognitivos. Además, este procedimiento de investigación se circunscribe dentro del grupo de las herramientas cualitativas. El objetivo principal de su aplicación no es establecer el número de apariciones de un objeto determinado, aunque esto pueda también ser de utilidad para el análisis, sino la de alcanzar una comprensión en profundidad del pensamiento de cada individuo.

Este instrumento, útil para el análisis de cualquier discurso, se rige por un conjunto de reglas que sirven de guías en la construcción de sistemas de pensamiento que reflejen lo más preciso posible la realidad que se estudia. Estos elementos a tomar en cuenta son cuatro en total, a saber: la no obstrucción: la reconstrucción de las proposiciones o afirmaciones debe derivarse de cualquier material; la inducción: los mapas deben reflejar las ideas expuestas por quienes son objetos de análisis y no las concepciones que tengan los sujetos de la investigación acerca de lo que piensan los primeros; la teoría: cualquier propuesta de mapas cognitivos debe estar circunscrita dentro de un marco teórico que nos permita identificar y evaluar al individuo que es objeto de nuestro análisis. La teoría permite el reconocimiento y, en consecuencia, la clasificación de los individuos en aquellas categorías que sean pertinentes para el problema y los objetivos de la investigación; y la validez y confiabilidad: el mapa cognitivo debería ser una representación ajustada a las proposiciones establecidas por quienes son objeto de nuestro estudio y a las relaciones entre éstas, lo cual le confiere validez al conocimiento que es producto de este tipo de análisis. La confiabilidad se refiere, en cambio, a la posibilidad de obtener los mismos resultados cuando, en condiciones iguales, distintos investigadores apliquen la metodología sobre el mismo material (ver Axelrod, 1976). 

CATEGORÍAS DE ACTORES

La categorización de los actores consultados, realizada a partir de su concepción de la participación, se construyó a partir de la utilización de diversos criterios, tales como: a. los mecanismos que proponen a fin de hacer efectiva la participación; b. los ámbitos de despliegue de la participación que sugieren; c. los niveles en los cuales proponen que ésta se exprese; d. las condiciones que postulan para que ella sea posible; e. el tipo de diagnóstico que realizan; f. la valoración, positiva o negativa que realizan de los partidos en tanto sujetos de la participación; g. los requisitos que postulan para hacer posible una participación partidista renovada; h. los sujetos de la participación política; y los sujetos de la participación social; j. las características que, a su juicio, ha asumido y debe asumir la participación; y, por último, k. la concepción de la democracia que los actores sostienen. De esta suerte, se construyeron ocho categorías «puras» relativas a la concepción general de los entrevistados sobre la participación; a saber:

Jurídico-institucional

Cultural

Organizativa

Partidista

Geodemográfica

Comunicacional

Política

Económica

Concepción jurídico-institucional

Los individuos pertenecientes a esta categoría de actores, en términos teóricos, realizan un diagnóstico de las condiciones existentes para la participación que imputa, fundamentalmente a causas institucionales, legales o de diseño constitucional, su desarrollo escaso, deficiente o inadecuado. De la misma forma, proponen una serie de condiciones, así como de requisitos de posibilidad para la participación, que apuntan al desarrollo y consecución de objetivos de corte fundamentalmente jurídico. Igualmente, sostienen una noción institucional legal de la democracia, cónsona con su concepción de la participación, así como con las características que a ella le atribuyen. Lo anterior permea de alguna forma la posición de los entrevistados en relación con los restantes criterios señalados, a saber, los mecanismos, ámbitos, sujetos y niveles de la participación. Como hallazgo se tiene que cuatro de los actores consultados (AS 5, AS 11, AS 23 y AS 28) fueron susceptibles de ser ubicados en esta categoría. Un ejemplo de ello lo constituye el siguiente actor:

Históricamente, la reciente democracia nació de un hecho histórico-político, que fue la caída de la dictadura de Pérez Jiménez que, por principio, prohibía los partidos, de manera que, al caer la dictadura de Pérez Jiménez, se basa, en el Pacto de Punto Fijo, un modelo de Democracia que se configuró en una democracia de fortalecimiento de los partidos que habían sido perseguidos durante la dictadura y por eso se consagró en la Constitución que la democracia se ejerce fundamentalmente a través de la participación de los ciudadanos en los partidos políticos, y por eso es un modelo de democracia fundamentalmente partidista y en menor grado de la ciudadanía. Por razones históricas, a lo largo del tiempo, ese modelo se resiente y, evidentemente, ya la manera de participar en las funciones y en las decisiones que interesan a la colectividad en nuestra democracia no es fundamentalmente a través de los partidos, sino a través de otros medios de consulta directa o indirecta. Los partidos tendrán que seguir existiendo porque, por definición, son los elementos esenciales de la democracia, pero no son los únicos. Hay otros mecanismos que van más a la consulta directa y que permiten una representación más auténtica, y por tanto yo sitúo a nuestra democracia en una democracia de representación a base de los partidos con algunas modificaciones que van hacia otros modos distintos de participación ciudadana, como son los referendos revocatorios que se contemplan en la Ley Orgánica de Régimen Municipal en el caso de que sean improbadas las memorias de los alcaldes y en el caso de algunas actividades de esparcimiento y juegos, como es el caso de la ley de casinos. Pero falta el otro mecanismo referente a la aprobación o sanción de las leyes, de elaboración de las leyes y de revocatoria de mandatos de parlamentarios. En la medida en que este cuadro se complemente, pues, nuestra democracia, que seguirá siendo una democracia de partidos, ya no será una democracia cuya participación sea exclusivamente partidista (AS 5).

A partir de la categoría construida, suerte de tipo ideal, y en función de las variaciones encontradas, se procedió a combinarla con elementos propios de cada una de las categorías puras restantes, a fin de determinar la existencia de actores cuya concepción de la participación combinase tan sólo dos variables o categorías, una de las cuales fuese la institucional. De esta suerte, se construyeron siete subcategorías duales denominadas, respectivamente: institucional-cultural, institucional-organizativa, institucional-partidista, institucional-geodemográfica, institucional-comunicacional, institucional-política e institucional-económica.

Luego de verificar la existencia de actores cuya concepción de la participación se inscribiese al interior de cada una de las subcategorías teóricas señaladas, se obtuvo que sólo uno de ellos, AS 15, pudo ser incorporado al interior de las referidas subcategorías, concretamente a la denominada institucional-partidista. Como ejemplo de su intervención se tiene:

Yo creo en la democracia como sistema, pero tendríamos que plantearnos en este momento, agotado un modo de vivir la democracia en Venezuela, que la coyuntura nos obliga a una revisión que no va a venir desde adentro. Yo creo que la revisión vendrá, utilizando una frase que nos podría ayudar: «desde afuera y desde abajo»; es decir, la democracia, los partidos, el Parlamento se actualizarán en la medida en que los actores sociales les digamos «para qué quiero al Presidente, al Parlamento...». Anoche, en la entrevista de Arturo Uslar Pietri, en el programa de Alfredo Peña, Uslar preguntaba cuándo en Venezuela hemos visto que un elector le escriba una carta a un Congresante para decirle: «Yo voté por usted para que hiciera tal cosa y usted no lo ha hecho». Hay una distancia demasiado grande entre el elector y el elegido. Entonces uno siente que hay diputados que no representan a nadie sino que representan a unos partidos (AS 15).

Consensos y disensos entre actores jurídico-institucionales

Un primer consenso hallado entre los actores jurídico-institucionales puros que se manifiestan a este respecto es el que tiene que ver con las condiciones que hacen posible la participación. En este sentido, los actores que efectivamente responden señalan como requisitos la existencia de mecanismos institucionales alternativos, nuevos, duraderos, cómodos, no traumáticos y más permanentes que la simple organización. En cuanto al tipo de diagnóstico que realizan, tenemos que todos los actores de esta categoría que efectivamente responden imputan al diseño institucional plasmado en la Constitución de 1961 la existencia de un modelo de democracia fundamentalmente partidista, que la convierte en una democracia de partidos, con estructuras que constriñen, incluso, la representación; que han determinado el debilitamiento de la participación ciudadana autónoma; que han generado un sistema político absolutamente centralista, producto de circunstancias muy especiales, vinculadas al Pacto de Punto Fijo. Con respecto a las características que atribuyen a la participación, los actores que se expresan al respecto coinciden en señalar atributos de índole política, los cuales apuntan al carácter complejo y poco permanente de la participación en Venezuela. En lo que atañe a la concepción de la democracia que estos actores sustentan, los entrevistados que se pronuncian al respecto la definen como una democracia de partidos, consagrada constitucionalmente, consecuencia de un determinado pacto interélites y que limita la participación directa de la ciudadanía. En relación con los mecanismos sugeridos para el logro de la participación se observa otro consenso en la utilización de instrumentos de consulta directa, concretamente la figura del referéndum, ya sea aprobatorio o revocatorio. Finalmente, otro consenso presente implícitamente entre estos actores se refiere a la ausencia de mención alguna acerca de los niveles presentes en la participación política. Lo anterior es cónsono con las ideas expuestas hasta este punto, por cuanto los mecanismos refrendarios están implicados dentro de todos los niveles.

Un disenso encontrado entre actores jurídico-institucionales puros tiene que ver con la valoración que realizan de los partidos políticos, de suerte que, entre los actores que efectivamente se pronuncian, encontramos que las opiniones se dividen entre quienes perciben positivamente a los partidos, además de considerarlos necesarios para la democracia, y quienes los valoran negativamente. No obstante este disenso, no se hallaron actores jurídico-institucionales puros que concibieran la democracia con prescindencia de los partidos políticos. En este sentido, puede decirse que para estos actores la valoración negativa de los partidos políticos no conduce a negar o rechazar el papel de los partidos al interior de un sistema democrático. Por el contrario, se deduce de sus afirmaciones que los partidos siguen siendo considerados elementos esenciales del sistema. Con respecto a los sujetos de la participación social, la mayoría de ellos maneja una concepción, si se quiere individual, de los referidos sujetos y sólo un actor concibe un sujeto global, verbigracia las organizaciones ciudadanas. Otro disenso encontrado que permitió, de hecho, la creación de una subcategoría es el que separa a un actor jurídico-institucional del resto de sus pares. En este sentido, un actor jurídico-institucional incorpora, tanto a su concepción de la participación, en particular, como a su noción de democracia, en general, elementos de índole partidista que complementan su respuesta. Para el actor en cuestión, la participación no sólo precisa la apertura o reforma de canales jurídico-institucionales, tales como la reducción de la distancia elector-elegido o la ampliación de nuevos espacios, sino, además, la reformulación de los partidos políticos que, si bien son valorados negativamente, son fundamentales en tanto sujetos de un sistema político democrático.

Concepción cultural

Los individuos pertenecientes a las categorías de actores, en términos teóricos, realizan un diagnóstico de las condiciones existentes para la participación que imputa a causas culturales los problemas que obstaculizan el desarrollo de la participación. Esta categoría está compuesta por aquellos actores que establecen como condiciones, características y diagnósticos, tanto de la participación como de la democracia, factores de tipo cultural, tales como la educación, la conquista de la participación, el reforzamiento de los valores y actitudes conducentes al logro de la participación, de suerte que ésta sea vista como una responsabilidad y como una construcción personal y grupal. Por su parte, la democracia es concebida como el proceso cotidiano de ejercicio de la capacidad de responsabilidad, participación y compromiso de los ciudadanos sobre los asuntos públicos y como un sistema de valores, creencias y actitudes que deben verse favorecidos por la participación. Como hallazgos específicos se tiene que no se encontraron actores culturales puros que pudieran ser clasificados en esta categoría.

A partir de la categoría construida, suerte de tipo ideal, y en función de las variaciones encontradas, se procedió, de manera idéntica a como se hizo con la categoría jurídico-institucional, a combinarla con elementos propios de cada una de las categorías puras restantes, a fin de determinar la existencia de actores cuya concepción de la participación combinase tan sólo dos variables o categorías, una de las cuales fuese la cultural. De esta suerte, se construyeron siete subcategorías duales, denominadas, respectivamente: cultural-jurídico-institucional, cultural-organizativa, cultural-partidista, cultural-geodemográfica, cultural-comunicacional, cultural-política y cultural-económica.

Luego de verificar la existencia de actores cuya concepción de la participación se inscribiese al interior de cada una de las subcategorías teóricas señaladas, se obtuvo que sólo uno de ellos, AS 4, pudo ser incorporado al interior de las referidas subcategorías, concretamente a la categoría cultural-política. Como ejemplo de su intervención se tiene:

Creo que, formalmente, puede ser que haya distintos mecanismos de participación más allá del eleccionario; el problema tiene que ver con la credibilidad del sistema político y de sus dirigentes, que permite o impide que la gente haga uso de los mecanismos del sistema. El fenómeno de la escasa participación en los referendos que se han realizado tiene que ver con la no credibilidad de la gente en la política y fíjate que la mayoría de los estudios hablan de que el venezolano es poco participativo. Hay estudios que hablan del poco grado de afiliación sindical, del poco grado de participación en las asociaciones de vecinos o clubes, o cualquier otro tipo de cuestión gregaria, pero eso está vinculado con el desastre que es la participación política y cómo la gente ve la política, que ha dejado de ser aquello en lo cual se debería buscar el bien colectivo para transformarse en el bien del individuo, del grupo o del partido (AS 4).

Concepción organizativa

Esta categoría está compuesta por aquellos actores que establecen como condiciones, características y diagnósticos de la participación y de la democracia factores de tipo organizativo, tales como la debilidad, la desarticulación de los grupos sociales, el aislamiento, la desorientación y la ausencia de dirección. Por su parte, la democracia, además de ser concebida como un sistema de valores y creencias, se define como un sistema de relaciones de organización entre grupos sociales y políticos. Como hallazgo específico se tiene que sólo un actor, AS 22, fue susceptible de ser incorporado al interior de esta categoría. Como ejemplo de su intervención se tiene:

Yo creo que hay mucha gente, hay muchos grupos organizados que están tratando de vivir en democracia. Y como ejemplo de ello tenemos a las comunidades organizadas, que repiten algunos vicios, y como la estructura está internalizada en ti... Pero intentamos que la gente con lo que sabe, con lo que tiene para poder construir, pueda cambiar una realidad, y pueda generar cambios. Por ejemplo, la gente de Gramoven tiene una cooperativa que funciona hace quince años y esa cooperativa depende de ellos, no del Estado. Y allí se ejerce el poder, porque tiene su director, tiene su secretario y cada uno tiene que asumir una responsabilidad. Ejemplo, el Centro de Formación tiene 18 años, 18 años construyendo la participación de los grupos. Entonces, creo que hay muchos momentos de construcción de la democracia que se está haciendo en el país. Pero como estamos desarticulados y débiles, no hemos logrado la fuerza para decir: «Ésta es la democracia que queremos». Y como los que nos la venden son los que tienen el poder, entonces hasta ahora no tenemos el poder para quitar a los que representan una democracia disfrazada, y bueno, implementar lo que es realmente la democracia (AS 22).

A partir de la categoría construida, suerte de tipo ideal, y en función de las variaciones encontradas, se procedió, de manera idéntica a como se hizo con las categorías anteriores, a combinarla con elementos propios de cada una de las categorías puras restantes, a fin de determinar la existencia de actores cuya concepción de la participación combinase tan sólo dos variables o categorías, una de las cuales fuese la organizativa. De esta suerte, se construyeron siete subcategorías duales, denominadas, respectivamente: organizativa-jurídico-institucional, organizativa-cultural, organizativa-partidista, organizativa-geodemográfica, organizativa-comunicacional, organizativa-política y organizativa-económica.

Luego de verificar la existencia de actores cuya concepción de la participación se inscribiese al interior de cada una de las subcategorías teóricas señaladas, se obtuvo que dos de ellos pudieron ser incorporados al interior de las referidas subcategorías: uno de ellos, AS 27, al interior de la categoría organizativa-jurídico institucional y otro actor, AS 19, al interior de la organizativa-política. El ejemplo correspondiente al criterio organizativo-jurídico institucional lo constituye el siguiente actor:

No, yo creo que justamente la base y la esencia de la democracia es justamente la existencia de partidos políticos y asociaciones de los ciudadanos, ya sea a través de sindicatos, de colegios profesionales; pero que efectivamente éstos sean los medios para mejorar la democracia, para perfeccionarla, y no que sean fines en sí mismos que lo que van a hacer es aprovecharse de la democracia y la van a debilitar. Esas nociones, por ejemplo, a mí me parece que son versiones que tienden un poco a confundirse y a orientarse con base en las concepciones neoliberales, porque justamente con esto lo que se busca es destruir a las organizaciones y que cada quien pues, justamente, actúe solo y no se busque lo colectivo, no se busque la cooperación. Y por eso yo, particularmente, creo que lo que hay que hacer es una profunda reforma de los partidos políticos, en la cual se analicen y se estudien cuáles son esos elementos en el funcionamiento de esos partidos políticos, en sus estatutos, en las formas que tienen, que han llevado a esa degeneración que han sufrido los partidos políticos en Venezuela; entonces, ver y de esa manera corregir esas fallas, donde verdaderamente puedan ir actuando en consonancia con la democracia. En el caso de Venezuela, yo considero que esa acción de los partidos políticos y de los sindicatos, a lo que ha llevado es, en vez de marchar hacia una democracia social y hacia una democracia cada vez más fuerte, más sólida y más indestructible, lo que más bien ha hecho es hacerlas más frágiles. Yo creo que nuestra democracia actualmente es, no solamente una democracia injusta, sino que además es una democracia sumamente frágil, sumamente débil (AS 27).

Por su parte, el ejemplo correspondiente al criterio organizativo-político lo constituye el siguiente actor:

Yo soy un gran defensor de la participación, e incluso en momentos me he desmotivado. Me he afligido ante la impotencia de poder llegar a conclusiones o de haber llegado a conclusiones y que no se materialicen de manera efectiva. (...) Primero, hay mucha gente que se queja porque no la dejan participar; yo creo que si tú quieres realmente participar, hay los canales para hacerlo; están los colegios, están los organismos, están los sindicatos, están los entes gremiales, está la colectividad. Yo sí creo que lo que falta es mucho liderazgo, o sea, liderazgo bien entendido, que recoja las inquietudes y que las sepa canalizar y, a partir de eso, crear políticas que generen los cambios. Eso es lo que yo creo que falta en este tipo de cosas. La participación aislada, sin que nadie la organice, sin que nadie la oriente, sin que nadie la dirija se queda en eso, simplemente un quejido, un reclamo y más nada (AS 19).

Consensos y disensos entre actores organizativos

La categorización de actores que sostienen una concepción organizativa de la participación se basa en un disenso esencial. En este sentido, la clasificación de los actores permitió encontrar dos entrevistados organizativos bivariables que se separan del organizativo puro, por cuanto, además de sostener una visión acerca de la democracia basada en factores de carácter organizativo, complementan sus concepciones al respecto con elementos de tipo político y jurídico-institucional. Así, se tiene que, a diferencia de un actor organizativo puro que eleva como condiciones para la participación la fortaleza y articulación de los grupos sociales y diagnostica en su debilidad y desorganización una de las causas de ausencia de participación, los actores organizativos bivariables incorporan otros elementos de juicio, tales como, en un caso, el liderazgo político y, en el otro, la creación de mecanismos institucionales que estrechen la relación elector-elegido y permitan una acción más directa de la sociedad civil para la resolución conjunta de sus problemas. No obstante estas diferencias, existe entre ambos actores organizativos bivariables un importante consenso en lo que atañe a los ámbitos de ejercicio de la participación. A este respecto, ambos actores legitiman la existencia de ámbitos fundamentalmente tradicionales para el ejercicio de la participación, tales como los colegios profesionales, los gremios y los sindicatos, siempre y cuando estos últimos se reformen internamente. Otro consenso, entre actores organizativos bivariables, tiene que ver con el sujeto de la participación social, pues ambos actores incorporan sujetos, tanto individual como grupalmente considerados.

Concepción partidista

Los individuos pertenecientes a esta categoría de actores, en términos teóricos, realizan un diagnóstico de las condiciones existentes para la participación que imputa fundamentalmente a los partidos políticos y su desempeño, el desarrollo escaso, deficiente, inadecuado y, fundamentalmente desvirtuado, de la participación. En este sentido, enfatizan la perversión ocurrida a raíz de la conversión de la función mediadora de los partidos en mera mediatización y obstaculización de la participación. A su juicio, la organización, canalización y orientación que la función mediadora de los partidos habría de suponer, se convirtió en objetable mediatización y obstaculización de una sana relación elector-elegido, con graves consecuencias para la participación política y social, expresadas, por una parte, en abstención y descrédito y, por la otra, en desconfianza, apatía, desgano para la organización y participación social y, en resumen, déficit de ciudadanía independiente. Ello guarda estrecha relación con el juicio que emiten acerca de la relación representación-participación. En este sentido, atribuyen a modalidades negativas de actuación partidista una suerte de sobrerrepresentación que ha convertido a los líderes partidistas en únicos sujetos de la participación, que ha reducido al mínimo las posibilidades de participación ciudadana autónoma e independiente de la égida y control partidista y, en resumen, ha generado la minusvalía de la participación ciudadana directa. De la misma forma, estos actores proponen una serie de condiciones, así como de requisitos de posibilidad para la participación, que apuntan al desarrollo y consecución de objetivos que posibiliten la independencia del factor político-partidista si se desea lograr una verdadera participación. Lo anterior permea de alguna forma la posición de los entrevistados en relación con los restantes criterios señalados, a saber, los mecanismos, ámbitos, sujetos y niveles de la participación. Como hallazgo específico en esta categoría se tiene que no se encontraron actores partidistas puros.

A partir de la categoría construida, suerte de tipo ideal, y en función de las variaciones encontradas, se procedió, de manera idéntica a como se hizo con las categorías anteriores, a combinarla con elementos propios de cada una de las categorías puras restantes, a fin de determinar la existencia de actores cuya concepción de la participación combinase tan sólo dos variables o categorías, una de las cuales fuese la partidista. De esta suerte, se construyeron siete subcategorías duales, denominadas, respectivamente, partidista-institucional, partidista-cultural, partidista-organizativa, partidista-geodemográfica, partidista-comunicacional, partidista-política y partidista-económica.

Luego de verificar la existencia de actores cuya concepción de la participación se inscribiese al interior de cada una de las subcategorías teóricas señaladas, se obtuvo que ninguno de ellos pudo ser incorporado al interior de las referidas subcategorías.

Concepción geodemográfica

Estos actores conciben la participación como un elemento que se encuentra constreñido por el tamaño de la población. Así, pues, el desarrollo de mecanismos participativos, de acuerdo con este modelo, guarda estrecha relación con los niveles de densidad poblacional. Finalmente, dentro de este modelo de participación subyacen los problemas relacionados con la cooperación y la coordinación que pueden presentarse en grupos sociales numerosos en torno a la resolución de los problemas que afectan a una sociedad. Como hallazgo propio de esta categoría se tiene que no se encontraron actores geodemográficos puros.

A partir de la categoría construida, suerte de tipo ideal, y en función de las variaciones encontradas, se procedió, de manera idéntica a como se hizo con las categorías anteriores, a combinarla con elementos propios de cada una de las categorías puras restantes, a fin de determinar la existencia de actores cuya concepción de la participación combinase tan sólo dos variables o categorías, una de las cuales fuese la geodemográfica. De esta suerte, se construyeron siete subcategorías duales, denominadas, respectivamente, geodemográfica-juridicoinstitucional, geodemográfica-cultural, geodemográfica-organizativa, geodemográfica-partidista, geodemográfica-comunicacional, geodemográfica-política y geodemográfica-económica.

Luego de verificar la existencia de actores cuya concepción de la participación se inscribiese al interior de cada una de las subcategorías teóricas señaladas, se obtuvo que ninguno de ellos pudo ser incorporado al interior de las referidas subcategorías.

Concepción comunicacional

Los actores que conciben la participación en los asuntos públicos desde un punto de vista comunicacional, resaltan la necesidad de que los ciudadanos o las organizaciones ciudadanas cuenten con la información necesaria para que éstos se conviertan, efectivamente, en sujetos participacionistas. Desde esta perspectiva, poco importa la formalización de los mecanismos participativos e, incluso, la garantía de unas condiciones materiales satisfactorias, si los ciudadanos no cuentan con la información que les haga conscientes de la existencia de cuanto es necesario para participar de manera efectiva y adecuada. En resumen, el principal insumo de la acción política es la información, ya que permite que los individuos se perciban como sujetos de derechos y deberes y, en general, como ciudadanos dentro de una comunidad política. Por último, uno de los principales indicadores, según este modelo, de una sociedad participativa, serían los altos niveles de información en relación con los procedimientos de tal índole. Como hallazgo específico en esta categoría se tiene que no se encontraron actores comunicacionales puros.

A partir de la categoría construida, suerte de tipo ideal, y en función de las variaciones encontradas, se procedió, de manera idéntica a como se hizo con las categorías anteriores, a combinarla con elementos propios de cada una de las categorías puras restantes, a fin de determinar la existencia de actores cuya concepción de la participación combinase tan sólo dos variables o categorías, una de las cuales fuese la comunicacional. De esta suerte, se construyeron siete subcategorías duales, denominadas, respectivamente, comunicacional-juridicoinstitucional, comunicacional-cultural, comunicacional-organizativa, comunicacional-partidista, comunicacional-geodemográfica, comunicacional-política y comunicacional-económica.

Luego de verificar la existencia de actores cuya concepción de la participación se inscribiese al interior de cada una de las subcategorías teóricas señaladas, se obtuvo que ninguno de ellos pudo ser incorporado al interior de las referidas subcategorías.

Concepción política

Esta categoría está compuesta por aquellos actores que establecen como condiciones, características y diagnósticos, tanto de la participación como de la democracia, factores de tipo político, tales como la ausencia de liderazgo, el hecho de que la población vea la política como el bien de un grupo o partido y no como la búsqueda del bien común, el desinterés de las élites políticas, la presión del aparato político, así como también la ausencia de apropiados mecanismos de negociación social. Es preciso acotar que se realizó una separación expresa de los elementos políticos, en términos generales, de los que pudieran ser considerados exclusivamente de índole partidista, los cuales forman parte de la categoría número cuatro. Como hallazgo específico en esta categoría se tiene que no se encontraron actores políticos puros.

A partir de la categoría construida, suerte de tipo ideal, y en función de las variaciones encontradas, se procedió, de manera idéntica a como se hizo con las categorías anteriores, a combinarla con elementos propios de cada una de las categorías puras restantes, a fin de determinar la existencia de actores cuya concepción de la participación combinase tan sólo dos variables o categorías, una de las cuales fuese la política. De esta suerte, se construyeron siete subcategorías duales, denominadas, respectivamente, política-juridicoinstitucional, política-cultural, política-organizativa, política-partidista, política-geodemográfica, política-comunicacional y política-económica.

Luego de verificar la existencia de actores cuya concepción de la participación se inscribiese al interior de cada una de las subcategorías teóricas señaladas, se obtuvo que sólo uno de ellos, AS 4, pudo ser incorporado al interior de las referidas subcategorías, concretamente a la política-cultural (el ejemplo correspondiente a este actor fue incorporado en el aparte relativo a la subcategoría cultural-política).

Concepción económica

Estos actores conciben la participación desde una perspectiva económica. Vista así, el desarrollo de la participación de los ciudadanos y de las organizaciones ciudadanas de cualquier tipo, en los asuntos públicos, requiere de la existencia de unas condiciones materiales. De no ocurrir esto, pues, la participación sería, simplemente, una formalidad, es decir, un conjunto de mecanismos o de procedimientos consagrados, tanto constitucional como legalmente. Además, los actores que conciben la participación desde un enfoque económico se centran en el sujeto de la participación y, específicamente, en los atributos que requieren tener los ciudadanos y las organizaciones para lograr la activación de los dispositivos formales. En síntesis, estos actores pretenden, en último término, dotar de contenido a las formas políticas participacionistas. Como hallazgo específico en esta categoría se tiene que no se encontraron actores políticos puros.

A partir de la categoría construida, suerte de tipo ideal, y en función de las variaciones encontradas, se procedió a combinarla con elementos propios de cada una de las categorías puras restantes, a fin de determinar la existencia de actores cuya concepción de la participación combinase tan sólo dos variables o categorías, una de las cuales fuese la económica. De esta suerte, se construyeron siete subcategorías duales, denominadas, respectivamente, económica-juridicoinstitucional, económica-cultural, económica-organizativa, económica-partidista, económica-geodemográfica, económica-comunicacional y económica-política.

Luego de verificar la existencia de actores cuya concepción de la participación se inscribiese al interior de cada una de las subcategorías teóricas señaladas, se obtuvo que ninguno de ellos pudo ser incorporado al interior de las referidas subcategorías.

Actores mixtos o integrales

Una vez finalizada la búsqueda de actores cuya concepción de la participación se correspondiera con cualquiera de los tipos puros, o bien con una concepción bivariable de las construidas a partir de la combinación de las categorías, se procedió a reunir a aquellos actores con una concepción multivariable de la participación. De esta suerte, se obtuvo un número de 16 actores a los que denominamos mixtos o integrales, esto es, con una concepción de la participación que incorpora tres o más criterios o variables de los considerados en esta investigación. Dichos actores son los siguientes: AS 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25 y 26.

Consensos y disensos entre actores mixtos o integrales

Un primer consenso encontrado viene dado por el hecho de que los actores denominados mixtos demuestran poseer una visión integral de la participación, de suerte que, tanto el diagnóstico que realizan como las características que le atribuyen, tanto a la participación como a la democracia, así como las condiciones de posibilidad que atribuyen a la participación, incorporan un elenco de criterios, tales como el juridicoinstitucional, el cultural, el organizativo, el partidista, el geodemográfico, el comunicacional, el político y el económico. En este sentido, hacen recaer sobre tres o más variables el juicio que emiten, el diagnóstico que realizan o la prescripción normativa que adelantan sobre el tema señalado.

Puede señalarse, además, que la casi totalidad de los actores denominados mixtos o integrales, sea cual sea la combinación de criterios que utilicen en su concepción de participación, incluye casi indefectiblemente los elementos institucional y cultural, de suerte que no puede concebirse una participación adecuada, a juicio de estos actores, sin contar, por una parte, con mecanismos institucionales, legales o de diseño constitucional que la hagan viable; y, por la otra, con elementos tales como la educación, la responsabilidad y compromiso de los ciudadanos con los asuntos públicos, así como con valores, creencias y actitudes democráticas.

Con base en este consenso inicial se procedió a subcategorizar el elenco de actores integrales a partir de la cantidad de criterios utilizados para describir y evaluar la participación. Ello condujo a la elaboración de las siguientes subcategorías: a) integrales maximalistas: se entiende por tales a los actores que hacen uso de cinco o más criterios para caracterizar y evaluar la participación; b) integrales intermedias: se entiende por tales a los actores que hacen uso de cuatro criterios para caracterizar y evaluar la participación; c) integrales minimalistas: se entiende por tales a los actores que hacen uso de tres criterios para caracterizar y evaluar la participación.

Integrales maximalistas: AS 9, AS 16, AS 17, AS 18, AS 24, AS 25

Los actores citados anteriormente hacen uso del elenco más amplio de criterios del universo de actores consultados, al momento de caracterizar, analizar y evaluar la participación. Ello implica que la participación política es el resultado de una amplia gama de elementos que pueden estar interactuando entre sí.

Del elenco de actores integrales maximalistas, sólo dos de ellos coinciden íntegramente en una concepción de la participación que involucra los siguientes criterios: jurídico-institucional, cultural, partidista, organizativo y económico. A partir de aquí se hacen evidentes disensos notables. Sin embargo, en lo que aún coinciden los actores restantes, pertenecientes a esta subcategoría, es en el empleo de los criterios institucional, cultural y político, a los fines de sus respectivos análisis. A partir de allí se evidencian disensos en los criterios restantes, de suerte que el análisis de cada uno de estos actores difiere en la incorporación de los valores organizativo, económico, comunicacional, geodemográfico o partidista, según sea el caso.

A continuación, un argumento correspondiente a un actor integral maximalista:

Yo no dudo que es un proceso que debemos hacer, incluir una participación mucho más directa de la ciudadanía en la vida política y no solamente cada cinco años. No dudo que es una meta que debemos lograr. No dudo que, en realidad, nuestra gente no tiene la total práctica, ni muchísimo interés; más bien interés intelectual, de sentimiento general. Pero también sé que hasta en los países con largas democracias, todas las demás participaciones, al lado de las elecciones generales, son de porcentajes reducidos, muy reducidos; cuando aquí veo el voto uninominal al cual estoy totalmente inclinado, cuando veo lo poco que es utilizado, me doy cuenta de que del dicho al hecho hay gran trecho. Hay un sentimiento general: sí, en verdad necesitamos un referéndum; necesitamos poder nombrar y sacar elegidos; pero, a la hora de las chiquitas, cuando la ocasión se presenta, el porcentaje de gente que va a opinar, tomando además en cuenta la presión del aparato político, es extremamente pequeño, así que es un deseo a realizar que todavía es muy débil entre nosotros. Sí, yo creo que va a durar la democracia siempre y cuando vaya acompañada de una buena educación de la ciudadanía, cuando vaya acompañada de muy buena información, siempre que no vaya a ser monopolizada por algunos grupos de interés políticos y económicos. Así que para mí es un camino a hacer, no creo que automáticamente va a cambiar el país en muy poco tiempo (AS 25).

Integrales intermedias: AS 1, AS 3, AS 6, AS 20, AS 26

Los actores citados anteriormente hacen uso de un elenco ligeramente menor de criterios del universo de actores consultados, al momento de caracterizar, analizar y evaluar la participación. Del universo de actores integrales intermedios, casi la mitad de éstos coinciden totalmente en su apreciación de la participación, al realizar juicios que incorporan los criterios jurídico-institucional, cultural, político y partidista. A partir de allí se evidencian importantes disensos en lo relativo a los dos criterios restantes, que se distribuyen desigualmente entre el organizativo, el económico, el político y el partidista. Esta subcategoría de actores soslaya el empleo de los criterios geodemográficos y comunicacionales en su concepción de la participación.

A continuación, un argumento correspondiente a un actor integral intermedio:

Hace diez años no había prácticamente participación del ciudadano; todavía no la hay, pero se han creado algunos movimientos importantes, como Queremos Elegir. Las elecciones municipales han permitido que se escoja un poco las personas que respondan de alguna manera en la comunidad y eso ha sido una manera de participar muy importante, en fin... Pero hay que acelerar ese proceso muchísimo más. Hay cosas concretas por allí, pero no vale la pena citar. Hay que crear alrededor de las escuelas, además de que los niños asistan –eso lo voy a tratar en alguna pregunta que venga por allí–, que los niños asistan a la escuela y que la escuela se convierta en un centro de encuentro de la comunidad y de los vecinos como en muchas otras partes del mundo. Pero, en este momento, no hay suficiente participación de la comunidad y del país, salvo estos pequeños movimientos. Una manera de participar aquí era a través de los partidos políticos. Anteriormente –la gente se ha salido de los partidos políticos–, Copei y AD permitían a la militancia una participación importante; la Iglesia Católica tenía movimientos importantes para la juventud, de los cuales ya no hay... entonces se crea una gran crisis. En estos momentos, la participación ciudadana no ha sido resuelta y no está canalizada, a pesar de haber ahora algunos movimientos vecinales o políticos independientes o de las comunidades que antes no lo teníamos, pues (AS 20).

Integrales minimalistas: AS 7, AS 10, AS 12, AS 14, AS 21

Del universo de actores integrales minimalistas, el único consenso apreciable tiene que ver con la utilización, en más de la mitad de los casos, de los criterios jurídico-institucional y cultural. A partir de allí se evidencian disensos importantes en el empleo del tercer criterio de análisis. En este sentido, existe una distribución desigual de los siguientes criterios: comunicacional, político, partidista, geodemográfico, económico y participativo. No se excluye la utilización de ninguno de los criterios. A este respecto, vale la pena resaltar que los distintos actores miembro de esta subcategoría se complementan unos con otros en el empleo de la totalidad de los criterios de análisis.

A continuación, un argumento correspondiente a un actor integral minimalista:

Yo creo que hay que abrir canales y estructuras formales, pues las que hay no son participativas, o son escasamente participativas. Por la participación no hay que esperar que te la brinden. La participación se conquista y hay espacio suficiente de participación para probar, los que queremos realmente participación, y es una construcción ciudadana, de cada uno, personal y social, es una construcción personal y social. Cuando menos, abrimos espacios en una sociedad donde nos están como arrinconando, pero yo creo que allí es donde se debe dar la lucha ciudadana de la participación, ¡que sé yo, pues!, son mil problemas que parten desde el entorno local hasta el entorno regional y nacional. Allí tenemos muchas cosas que decir, que no las decimos; muchas cosas que hacer, que no las hacemos; y muchas cosas que negociar, que tampoco las negociamos, las dejamos. Ésa es la tendencia. Hay una tendencia a no negociar, a no asumir, a no cargar. Entonces, la profundización de una democracia es asumir responsabilidades de negociar las cosas con diálogo, serenos, pero negociarlas (AS 12).

CONSENSOS, DISENSOS Y CONCLUSIONES

Podemos iniciar esta síntesis final afirmando la existencia de grandes líneas de consenso que permean el presente estudio. El primero de ellos es la constatación de una opinión unánime relativa a la imperiosa necesidad de apertura de canales de participación que amplíen la capacidad de incidencia directa de los ciudadanos en los procesos democráticos. Así, pues, se tiene que la totalidad de los actores que respondieron a este respecto valoran de manera positiva la apertura de nuevos y mayores canales de expresión y participación ciudadana. La mayoría considera que los canales de participación son insuficientes y se pronuncian a favor de una verdadera democracia participativa, entendida como un conjunto de mecanismos e instancias que poseen los ciudadanos y las comunidades para incidir directamente en la estructura del Estado. La participación es vista por todos los actores, sin excepción, como un elemento consustancial al fortalecimiento de la democracia, por cuanto ampliaría el número de actores involucrados en los procesos políticos, así como los escenarios de toma de decisiones y la frecuencia de los procesos democráticos.

Otro gran consenso viene dado por el recelo existente con respecto a la figura de la representación política, lo cual se vincula estrechamente con la valoración negativa que se realiza de la figura de sus principales agentes: los partidos políticos. En este sentido, los entrevistados valoran a la representación como ritual, insuficiente, «poco representativa» e, incluso, obstaculizadora de la participación directa de los grupos en las decisiones colectivas. Se critica el hecho de que la democracia representativa haya derivado, exclusivamente, en la escogencia periódica de líderes de partido con gran autonomía en lo referente a la toma de decisiones colectivas. Otra característica común que se observa en la mayoría de los actores consultados, sea que se adscriban a cualquiera de las modalidades polares de participación referidas o a cualquiera de sus variantes, es la desconfianza y oposición manifiesta a la mediatización de sus intereses por la vía de los partidos políticos tradicionales. Lo anterior, sin embargo, no conduce a los actores a negar la necesidad de existencia de mecanismos de representación, siempre y cuando éstos se reformen de manera decidida y radical.

Otra observación derivada de las respuestas de los actores consultados señala que no existe, más allá de la crítica general a la democracia representativa y la valoración positiva de la participación, explicitación alguna sobre la posible relación existente o deseable entre representación y participación.

Un hallazgo importante, indicador de cambio político, es el que tiene que ver con el hecho de que ninguno de los actores consultados concibe a los partidos políticos como único sujeto o agente de la participación. De hecho, atribuyen precisamente a fallas de diseño constitucional a que los partidos hayan monopolizado los espacios de participación y representación política, convirtiendo cualquier posibilidad de participación ciudadana directa en representación y mediatización partidista. No obstante lo señalado, sólo un actor del universo de entrevistados postula la posición extrema a la anterior, es decir, la que intenta suplantar la égida partidista por un sistema democrático desprovisto del elemento partidista. En términos generales, la crítica al desempeño partidista no conduce a la postulación de un modelo alternativo desprovisto de la figura de los partidos políticos. Lo mismo vale para ámbitos tradicionales, tales como los gremios, los colegios profesionales y los sindicatos, los cuales, pese a ser valorados negativamente, siguen siendo considerados ámbitos válidos y deseables para el ejercicio de la participación, con la condición insoslayable de su reformulación y renovación interna.

Un consenso implícito importante, que cabe señalar, lo constituye el hecho de que, excepto un actor, ninguno de los entrevistados restantes propone objetivos trascendentes a la participación. De esta forma, la participación política es vista como un fin en sí mismo y no como un instrumento o herramienta para la consecución de otros valores. En este sentido, puede inferirse, a partir de los silencios en relación con la atribución de objetivos o finalidades a la participación, que el logro de la participación política agota en gran medida la idea de cambio político. En síntesis, puede afirmarse que no existe problematización alguna acerca de qué finalidades deben perseguirse a partir de la ampliación de los mecanismos de la participación, es decir, el para qué de la participación es una discusión ausente al interior del universo de actores consultados. Podría especularse que quizá al modelo de democracia tradicional no se opone por el momento un modelo alternativo cabalmente estructurado que postule qué finalidades han de perseguirse por la vía de una mayor participación. O bien, podría tratarse de que la noción de democracia participativa en cierto modo agota el contenido de cualquier propuesta de cambio político en nuestra época.

En relación con el universo de actores consultados y sus distintas propuestas, tenemos que sólo una minoría de actores posee una concepción «pura» de la participación, esto es, que sólo un número minoritario de actores basa su análisis de la participación en uno solo de los criterios aquí trabajados. La mayoría de los entrevistados propone un análisis integral de la participación, esto es, un análisis que incorpora una pluralidad de puntos de vista, así como de criterios de análisis. No obstante este importante disenso, si algo unifica a los actores consultados es la relevancia que le atribuyen a los elementos de corte jurídico-institucional. Esto se evidencia en el hecho de que la preocupación central que motiva a los actores a proponer la ampliación de mecanismos de participación es la necesidad de evaluar el desempeño del gobierno y su gestión. De ahí la importancia que le confieren a los mecanismos de consulta directa, entre los cuales figura, fundamentalmente, el referéndum en sus modalidades aprobatoria y revocatoria. Igualmente, se constata la existencia de un discurso promotor de la descentralización, en tanto proceso formal, que coadyuve al cierre de la brecha entre electores y elegidos.

Lo anterior podría llevarnos a afirmar que un elemento importante de cambio político en Venezuela, en lo relativo a la participación, lo constituye la propuesta de reformas de índole formal, que implican la creación de nuevos espacios, de nuevos mecanismos, de nueva legislación, la incorporación de nuevos sujetos, etc., sin que ello esté acompañado de una problematización relativa a las condiciones sustantivas de la participación. Si a ello se suma que la participación se perfila como un fin en sí mismo, al no adelantarse opiniones con respecto a los objetivos que se persiguen con la participación, se tiene que el cambio político pareciera reducirse a un modelo formal.

Lo señalado en relación con el criterio institucional quizá ayude a explicar que en buena medida la solución a la crisis política de nuestro país haya asumido la forma de una Asamblea Nacional Constituyente, orientada a modificar la estructura formal del Estado y del sistema político en general: el sistema de gobierno, la ampliación y redefinición de los poderes del Estado y la relación entre ellos, los derechos y garantías constitucionales, la inclusión de figuras como la vicepresidencia ejecutiva, la descentralización y el federalismo, etc.

Otro hallazgo de enorme significación lo constituye la percepción del Estado como el gran ausente en el discurso sobre la participación. En este sentido, la participación es vista como un mecanismo para acceder más fácil u oportunamente a las estructuras del Estado. Así, el Estado y su estructura podría decirse que son entendidos como el destino de la participación y en ningún caso el Estado se percibe como un agente dinámico, con capacidad para garantizar importantes condiciones que determinen una participación más cónsona con los criterios de equidad, ni tampoco como instrumento de transformación de los sujetos de la participación.

Una observación importante, aun cuando hecha explícita por un número francamente minoritario de actores, es la que apunta a la escasa información que existe en términos generales con respecto a los mecanismos de participación efectivamente existentes e, incluso, consagrados por la Constitución de 1961. A este respecto, señalan que muchos de estos mecanismos ya existían y resultaban francamente poco utilizados, producto de la desinformación de la sociedad en relación con su existencia. Para este discurso minoritario no se justificaban mayores reformas tendentes a la ampliación de los canales formales de la participación, sino, antes bien, la difusión de mayor y mejor información en relación con las posibilidades que brindaba el sistema político tradicional. La referida desinformación se constata, incluso, en la mayoría de los actores consultados, los cuales plantean la inclusión de mecanismos participativos ya existentes en el modelo que se pretende reformar.

Otro hallazgo relevante, aunque colateral, en el análisis de lo que hemos denominado «silencios del discurso», tiene que ver con la inexistencia, por parte de los actores consultados (durante la oportunidad de la que dispusieron, al interior de la entrevista, de expresarse libre y abiertamente sobre temas correlativos –e incluso distintos– al del diseño de nuevos y mejores canales de participación), de reflexión o problematización de las condiciones que hacen posible la participación social en términos medianamente compatibles con la equidad y la autonomía2. En este sentido, seguimos a Held cuando afirma que «si se pretende defender adecuadamente la democracia participativa, se necesita una teoría detallada de las ‹fronteras de la libertad›, y una concepción detallada de los arreglos institucionales necesarios para protegerla» (Held, 1991:328).

Considera el autor, a este respecto, que los defensores de la democracia liberal, por lo general, suelen preocuparse por los principios y procedimientos adecuados para un gobierno democrático y no examinan las relaciones entre derechos formales y derechos reales, así como tampoco el compromiso de tratar a los ciudadanos como libres e iguales. En su opinión, ninguno de los modelos de la democracia liberal es capaz de especificar adecuadamente las condiciones que posibilitan la participación de todos los ciudadanos. A su juicio, las concepciones meramente liberales de la democracia, con sus distintas variantes, enfrentan una grave carencia, por cuanto la sola estructura de la sociedad civil (incluyendo la propiedad productiva privada, vastas desigualdades económicas, sexuales o raciales) no crea las condiciones para la participación efectiva, para el logro de una comprensión política adecuada ni para el control por igual de la agenda política.

A partir del análisis de las respuestas (y de los silencios) de la totalidad de los actores consultados en lo que respecta a la participación ciudadana, podemos afirmar lo siguiente:

Sólo en una minoría de actores se problematiza las condiciones materiales de posibilidad de la participación ciudadana. Estos individuos son AS 17, AS 10 y AS 26. La única alusión al tema que nos ocupa, sin embargo, es la referida a señalar circunstancialmente las repercusiones que puede tener la crisis económica en la participación.

Aparte de lo arriba señalado, se tiene que los entrevistados no postulan explícitamente conexión alguna entre la participación de los distintos grupos de la sociedad civil y su desigual influencia en la estructura del Estado.

No se asigna al Estado responsabilidad sustantiva, más allá de garantizar la igualdad formal, en términos de garante de las condiciones materiales mínimas de autonomía, igualdad, libertad y equidad imprescindibles para el logro de la autonomía ciudadana.

No se cuestionan las condiciones en las cuales podría ser posible que los ciudadanos estén en posición de disfrutar del mismo estatus político y de las mismas oportunidades efectivas para participar.

Se infiere, a partir de la ausencia de problematización de los puntos anteriores, la presencia de una noción liberal de autonomía, la cual connota «la capacidad de los seres humanos de razonar conscientemente, de ser reflexivos y autodeterminantes [lo que] implica cierta habilidad para deliberar, juzgar, escoger y actuar entre los distintos cursos de acción posibles en la vida privada al igual que en la pública» (Held, 1991:325). No se cuestionan las «fronteras» de la libertad y la participación y mucho menos se adelantan propuestas a este respecto.

Mientras que la totalidad de los actores valora positivamente la creación de nuevos mecanismos jurídicos e institucionales de incorporación y participación social, ninguno de ellos formula la existencia de paradojas en dicha incorporación, al no considerar la existencia de dinámicas de exclusión económica y cultural que atentan contra la incorporación formal, dada la existencia de cada vez menos sujetos poseedores de los atributos mínimos de la ciudadanía, lo que podría derivar en una condición hipotética según la cual podríamos señalar que estaríamos asistiendo a una deseable expansión formal de la ciudadanía, pero para un número cada vez menor de ciudadanos efectivos.

Los actores no problematizan el efecto de las desigualdades económicas y sociales extremas, las cuales se transmitirían al proceso político, destruyendo valiosas oportunidades para la deliberación individual en ciertos casos, y condicionando, en muchos otros, las modalidades –más o menos autónomas, más o menos libres, más o menos soberanas– de la participación.

Como puede observarse, entonces, no se evidencia una preocupación expresa por el clásico problema de cuáles son los niveles de desigualdad que son compatibles con las nociones de autonomía y democracia. A nuestro juicio, el argumento a considerar a este respecto es que las condiciones de disfrute de la autonomía influyen decisivamente no sólo en los recursos y capacidades con los que se cuenta para participar, sino también en la modalidad y la calidad de la participación que se asume frente a lo público. Ello supone la imposibilidad de abstraer los condicionamientos que podría ejercer la estructura social sobre la distribución del poder político. Si se asume, además, que el ciudadano no es, como postula el modelo liberal, un personaje preconstituido en busca de un espacio de expresión, sino una identidad por construir, la problematización y el estudio de «las fronteras de la libertad» resulta insoslayable.

Para concluir, podemos afirmar que si se asume como imperativo el análisis del problema de las condiciones de posibilidad de la participación, o lo que Held denomina «las fronteras de la libertad», cabe problematizarse si la variante de democracia participativa propuesta por el modelo liberal, al que parecen adscribirse los actores consultados, incorpora y/o satisface los requisitos mínimos de una participación democrática acorde con la equidad. A este respecto, Restrepo (1997) ha señalado que dentro de los límites del modelo liberal de democracia participativa, el cual asume al ciudadano como un dato preconstituido, «la crítica siempre cierta en ‹última instancia› es que [dicho modelo] no puede abolir las desigualdades sociales. Por más democracia que haya no se logra la igualdad en las condiciones de todas las clases y sectores sociales para participar en la toma de las principales decisiones colectivas y menos en la repartición de la riqueza socialmente producida. Más aún, la desigualdad económica y social pervierte permanentemente la igualdad política y, por lo tanto, mientras tales diferencias existan, no será pleno el ejercicio democrático, refugiándose la contienda ideológica en el perfeccionamiento de las reglas y procedimientos formales. El eslabón más importante en el fortalecimiento democrático parece quedarle grande a las expectativas más óptimas sobre la democracia participativa, la cual no tiene por vocación resolver el profundo precipicio entre democracia e igualdad» (Restrepo, 1997:6).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1.Altez, Y. (1996) La participación popular y la reproducción de la desigualdad en Venezuela, CDCH, UCV, Caracas.Álvarez, A. (2000) «Neopopulismo y crisis de los partidos», SIC, 628, septiembre-octubre, pp. 348-351.         [ Links ]

2.Axelrod, A., ed. (1976) Structure of Decision. The Cognitive Maps of Political Elites, Princeton University Press, New Jersey.        [ Links ]

3.Bejarano, A. (1996) «Para repensar las relaciones Estado, sociedad civil y régimen político. Una nueva mirada conceptual», Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 2-3, Caracas, abril-septiembre.        [ Links ]

4.Bonilla, F. (s/f) El fracaso de las élites, Cendes, UCV, Caracas.        [ Links ]

5.Bonilla, F. y Silva Michelena, J. (1967) Cambio político en Venezuela. Exploraciones en análisis y síntesis, Cendes, Centro de Estudios Internacionales-Instituto Tecnológico de Massachusetts, Caracas, Cambridge.        [ Links ]

6.Búfalo, E. (1996) «Estado, sociedad y pobreza en América Latina. Hacia una nueva articulación de la política económica y social», en Desarrollo con equidad. Hacia una nueva articulación de políticas económicas y sociales en América Latina y el Caribe, Cepal/CLAD/SELA, Nueva Sociedad, Caracas.        [ Links ]

7.Casal, J. (1997) «La participación ciudadana en el proceso legislativo y la iniciativa popular de leyes y ordenanzas», en Seminario La Participación Ciudadana en el Marco del Fortalecimiento de la Democracia, Caracas.        [ Links ]

8.Cunill, N. (1991) Participación ciudadana, CLAD, Caracas.        [ Links ]

9.Cunill, N. (1995) «La rearticulación de las relaciones Estado-sociedad: en búsqueda de nuevos sentidos», en Reforma y Democracia, n° 4, julio, Caracas.        [ Links ]

10.Cunill, N. (1997) «Redefiniendo lo público a través de la sociedad», tesis doctoral, mimeo, Caracas.         [ Links ]

11.Diamond, L. (1997) «Repensar la sociedad civil», Metapolítica, vol. 1, n° 2, abril-junio, pp. 185-198, México.        [ Links ]

12.García-Guadilla, M. y Roa, E. (1996) «Gobernabilidad, cambio político y sociedad civil: el proceso constituyente en Venezuela», Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 2-4, abril-septiembre, Caracas.        [ Links ]

13.Gómez Calcaño, L. (1993) «Más allá del antipartidismo: nuevos actores políticos», SIC, 552, Centro Gumilla, Caracas.        [ Links ]

14.Gómez Calcaño, L. (s/f a) «Ciudadanía, política social y sociedad civil en América Latina», mimeo, Cendes, Caracas.        [ Links ]

15.Gómez Calcaño, L. (s/f b) «Nuevos actores y viejas prácticas: asociaciones de vecinos y partidos políticos», mimeo, Caracas.        [ Links ]

16.González, P. (1995) «La democracia de los de abajo y los movimientos sociales», Nueva Sociedad, n° 136, marzo-abril.        [ Links ]

17.Grohmann, P. (1996) Macarao y su gente. Movimiento popular y autogestión en los barrios de Caracas, Nueva Sociedad, Caracas.        [ Links ]

18.Held, D. (1991) Modelos de democracia, Alianza, Madrid.        [ Links ]

19.Hernández, C. (1993) «De la sociedad tutelada a la sociedad desatada. La rebelión de la sociedad civil», en Venezuela del siglo XX al siglo XXI: un proyecto para construirla, Copre, Caracas.        [ Links ]

20.Jelin, E. (1996) «La construcción de la ciudadanía: entre la solidaridad y la responsabilidad», en Construir la democracia: derechos humanos, ciudadanía y sociedad en América Latina, Nueva Sociedad, Caracas.         [ Links ]

21.Kornblith, M. (1994) «Crisis sociopolítica, nuevas reglas y estabilidad de la democracia en Venezuela: estructura y coyuntura en la crisis del sistema político venezolano», Politeia, 17, p. 1158.        [ Links ]

22.Kornblith, M. (1996) «Crisis y transformación del sistema político: nuevas y viejas reglas de juego», en Álvarez, A., coord., El sistema político venezolano: crisis y transformaciones, pp. 1-32, UCV, Caracas.        [ Links ]

23.Kornblith, M. (1996) «Legitimidad y agenda de reformas en Venezuela», ponencia presentada en el Seminario: La Crisis de Legitimidad de la Democracia Venezolana, patrocinado por el Centro de Estudios Norteamericanos de la USB, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Pittsburg y el Centro Norte-Sur de la Universidad de Miami, Caracas, 9-10 de mayo.        [ Links ]

24.Lander, E. (1995a) «Democracia liberal, modernización y utopía», en Neoliberalismo, sociedad civil y democracia. Ensayos sobre América Latina y Venezuela, UCV, Caracas.        [ Links ]

25.Lander, E. (1995b) «Movimientos sociales urbanos, sociedad civil y nuevas formas de ciudadanía», en Neoliberalismo, sociedad civil y democracia. Ensayos sobre América Latina y Venezuela, UCV, Caracas.        [ Links ]

26.Lander, E. (1995c) Neoliberalismo, sociedad civil y democracia. Ensayos sobre América Latina y Venezuela, UCV, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, Caracas.        [ Links ]

27.Lander, E. (1996) «Las transformaciones postmodernas de la política», en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 2-4, abril-septiembre, Caracas.        [ Links ]

28.Merton, R. y otros (1956) The Focused Interview, Free Press, New York.        [ Links ]

29.Njaim, H., coord., Combellas, R. y Álvarez, A. (1992) «Problemas de legitimidad y opiniones políticas en Venezuela», inédito, Caracas.        [ Links ]

30.Ramos, M. (1995) De las protestas a las propuestas. Identidad, acción y relevancia política del movimiento vecinal en Venezuela, Nueva Sociedad, Caracas.         [ Links ]

31.Restrepo, D. (1997a) «Relaciones Estado-sociedad civil en el campo social. Una reflexión desde el caso colombiano», Revista del CLAD, «Reforma y Democracia», n° 7, enero, pp. 129-151, Caracas.         [ Links ]

34.Restrepo, D. (1997b) «Eslabones y precipicios entre la participación y la democracia», en Seminario: La Participación Ciudadana en el Marco del Fortalecimiento de la Democracia, Caracas.        [ Links ]

35.Rey, J.C. (2001) «Estado, sociedad y educación en Venezuela», SIC, 636, julio, pp. 280-288.        [ Links ]

36.Salamanca, L. (1992) «Sociedad civil, Estado y política social», en Política social, democracia y desarrollo, Alfadil/Cesap, Caracas.         [ Links ]

37.Salamanca, L. (1995) «Crisis de la modernización y crisis de la democracia en Venezuela: una propuesta de análisis», Ildis, mimeo, Caracas.        [ Links ]

38.Santana, E. (1993) «La sociedad será la que tú quieras», en Encuentro y alternativas. Venezuela 1994, UCAB, Caracas.         [ Links ]

39.Santana, E. (1994) «¿Puede la sociedad civil proponer alternativas a las estructuras partidistas?», SIC, 569, Centro Gumilla, Caracas.        [ Links ]

40.SIC 545 (Editorial) (1992) «La posibilidad de una democracia con pueblo», Centro Gumilla, Caracas.        [ Links ]

41.Sonntag, H. (1993) «Democracia, participación y descentralización», en Encuentro y alternativas. Venezuela 1994, UCAB, Caracas.         [ Links ]

42.Sosa, A. (1993) «La sociedad civil: del mito a la realidad», en Encuentro y Alternativas. Venezuela 1994, pp. 1049-1060, UCAB, Caracas.         [ Links ]

43.Tarre, G. (s/f) «Devolvamos el poder a la sociedad civil», en Venezuela, democracia y futuro. Los partidos políticos en la década de los 90. Reflexiones para un cambio necesario, Copre, Caracas.         [ Links ]

44.Trigo, P. (1992) «El problema de la participación popular», SIC, mayo, pp. 164-169.        [ Links ]

45.Trigo, P. (1995) «Organización popular e identidad barrial en Caracas», en Nueva Sociedad, n° 136, marzo-abril.        [ Links ]

46.Urbaneja, D. (1990) «Informe sobre la idea del fortalecimiento de la sociedad civil y su consecuencia para el funcionamiento de la democracia venezolana», Copre, mimeo, Caracas.        [ Links ]

47.Urbaneja, D. (1993) «La construcción de fuerzas políticas representativas», en Encuentro y alternativas. Venezuela 1994, UCAB, Caracas.         [ Links ]

48.Virtuoso, J. (s/f.) «Movimiento democrático desde la base», Centro Gumilla, mimeo, Caracas.        [ Links ]

50.Virtuoso, J. (s/f.) «La sociedad civil en Venezuela», Centro Gumilla, mimeo, Caracas.        [ Links ]

51.VVAA (1993) Encuentro y alternativas: Venezuela 1994, UCAB, Caracas.        [ Links ]

52.Wanderley, F. (1996) «Civismo, intereses y ciudadanía democrática», en Construir la democracia: derechos humanos, ciudadanía y sociedad en América Latina, Nueva Sociedad, Caracas.         [ Links ]

53.Wolf, F. (1996) «La sociedad transpolítica: del ágora al condominio», en Asociación Venezolana de Psicología Social (Avepso), fascículo 7, Caracas.        [ Links ]

 

Anexo

Lista de códigos utilizados para identificar a los actores entrevistados

y a las organizaciones de las que forman parte

Código Organización

AS 1 Empresario

AS 2 Representante de la Federación Médica de Venezuela

AS 3 Empresario

AS 4 Miembro de Provea

AS 5 Ex Magistrado de CSJ

AS 6 Miembro de Cendal

AS 7 Directora de Cedice

AS 8 Representante de Luces contra el Hampa

AS 9 Representante de Causa Amerindia

AS 10 Columnista de El Nacional

AS 11 Presidente de Fedecámaras

AS 12 Miembro de Fe y Alegría

AS 13 Director de El Nacional

AS 14 Miembro de la Conferencia Episcopal Venezolana

AS 15 Director de la Pastoral Social de Mérida

AS 16 Miembro de Fundima

AS 17 Miembro de Fe y Alegría

AS 18 Representante de la Escuela de Vecinos de Venezuela

AS 19 Presidente de Consecomercio

AS 20 Presidente de Cavidea

AS 21 Provincial de los Jesuitas

AS 22 Miembro del Centro de Formación de Catia

AS 23 Director del Centro Gumilla

AS 24 Miembro de la Academia de Ciencias Jurídicas y Políticas

AS 25 Director de Cesap

AS 26 Miembro del Consorcio Aguachina

AS 27 Rector de la UCV

AS 28 Rector de LUZ 

NOTAS

1 El presente artículo se inserta al interior de una investigación, de mayor extensión y alcance, conducida en el Instituto de Estudios Políticos de la UCV, por el profesor Ángel Álvarez denominada: «El proceso de formación de políticas públicas de cambio institucional en el sistema político venezolano: estudio de consensos y disensos entre los actores políticos tradicionales y emergentes». En este sentido, los aspectos conceptuales y metodológicos tratados en esta subsección, referidos a la utilización y justificación del empleo de la noción «actor político relevante», así como los aspectos relativos a la identificación de actores políticamente relevantes, mediante el uso de los criterios aquí expuestos, han sido elaborados por el profesor Álvarez y son tomados de dicha investigación.

2 Resulta de primera importancia acotar que podría señalársenos que las siguientes conjeturas, realizadas a partir de los «silencios del discurso», podrían constituir inferencias inadecuadas, dado el hecho de que la pregunta que sirve de base y marco para el análisis, de algún modo estimula al entrevistado hacia respuestas orientadas hacia los medios y canales de la participación, antes que hacia las finalidades trascendentes que la misma podría perseguir. A este respecto, es necesario señalar que, en la totalidad de los casos, la pregunta básica para el análisis constituyó tan sólo el inicio de entrevistas abiertas, conducidas en profundidad, y en las cuales los entrevistados tuvieron oportunidad de expresarse no sólo sobre el tema específico de los canales de la participación, sino, además, sobre importantes y muy variados temas colaterales –como se evidenció en numerosos casos–, entre los cuales pudo haber estado –y no lo estuvo– el de las finalidades de la participación.