Forjando una estrategia alternativa en México para aprovechar el comercio mundial*

DAVID BARKIN

Resumen

El comercio internacional es un proceso discriminatorio que acentúa la polarización dentro de, y entre las naciones. Después de examinar la forma en que la integración en las Américas intensifica estos problemas, se describe un marco alternativo para la inserción productiva de grupos importantes de comunidades en la economía global.

La estrategia para el manejo sustentable de los recursos regionales busca explícitamente superar la marginación rural, contribuyendo a reducir la fuerza de los agentes causales de los conflictos sociales, e incluye actividades para fortalecer cuatro columnas fundamentales: autonomía, autosuficiencia, diversificación productiva y conservación del ecosistema. Las actividades aseguran la satisfacción de las necesidades básicas, y la creación de oportunidades para participar en el mercado mundial en condiciones más ventajosas.

Palabras clave: Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) / Vía alternativa / Autonomía / Autosuficiencia / Diversificación productiva / Manejo del ecosistema / México

Abstract

International trade is a discriminatory process accentuating polarization within and among nations. After examining the ways in which integration in the Americas heightens these problems, this article describes an alternative framework for the productive incorporation of significant groups of communities into the global economy.

The strategy for sustainable regional resource management explicitly aims to overcome rural marginalization, contributing to reduce the force of the underlying drivers of social conflict. The strategy includes activities to strengthen four fundamental pillars: autonomy, self-sufficiency, productive diversification and ecosystem preservation. The activities ensure the fulfillment of basic needs while creating new opportunities for participation in international trade under more advantageous terms.

Key words: North American Free Trade Agreement (Nafta) / Alternative way / Autonomy / Self-sufficiency / Productive diversification / Ecosystem management / Mexico

RECIBIDO: JUNIO 2004

ACEPTADO: JULIO 2004

En este artículo ofrecemos una interpretación de varios proyectos en proceso de implementación en México que sugieren la posibilidad de construir alternativas al modelo dominante de globalización. Después de examinar críticamente la dinámica del comercio internacional, que excluye a gran parte de los países de sus beneficios, examinamos varios ejemplos de proyectos en los cuales grupos locales están forjando nuevas estructuras productivas para fortalecer sus sociedades y economías. El resultado, en el que están participando partes significativas de la sociedad nacional, es un nuevo modelo de acumulación que contribuye a la autonomía de muchos grupos indígenas y campesinos. Los ejemplos presentados a continuación dan cuenta de la amplitud de los movimientos encauzados a encontrar alternativas a la globalización dominante.

Las dinámicas de la economía internacional

El comercio internacional es un mecanismo para el intercambio discriminatorio entre socios desiguales. Esta afirmación heterodoxa no es necesariamente la conclusión de un análisis marxista de la economía global. Hace casi medio siglo Raúl Prebisch (1971) presentó un análisis persuasivo sobre el funcionamiento de la economía internacional, mostrando evidencia de que la evolución de los precios en los mercados creaba una estructura envolvente de precios relativos que castigaba a países del Sur, en comparación con sus socios comerciales más ricos.¹ Sin detenernos en los detalles de ese análisis, baste señalar una serie de factores importantes que limitan la difusión de los beneficios que tanto pregonan los economistas neoclásicos: 1) la evolución de las estructuras de mercado, que castigaron la menor elasticidad de la oferta de productos agrícolas y materias primas, cuya exportación era generalmente controlada por capital extranjero, en comparación con las mayores elasticidades de los bienes manufacturados en los países del Norte; 2) tecnologías cambiantes y productividad creciente ocasionaron que los bienes manufacturados pudieran producirse con menos mano de obra y menores insumos de energía y materiales;² 3) el funcionamiento de la Ley de Engel, que establece que la demanda de necesidades básicas será mucho menos elástica en términos de los ingresos que la demanda de los productos manufacturados, en especial los servicios, exacerbando las tendencias desfavorables en la evolución de los precios aun si los mercados fueran perfectamente competitivos.

Aunque los profesionales de la economía han dedicado esfuerzos considerables a desacreditar este análisis –y en general el trabajo original en la Cepal–, muchos de los países en desarrollo todavía enfrentan términos de intercambio desfavorables. De hecho, incluso ahora, cuando la plataforma de producción para la exportación se ha expandido en casi todos los países del Tercer Mundo para incluir productos manufacturados, podría argüirse que los términos desfavorables están todavía más presentes. Ya no es simplemente una cuestión de la evolución de los precios de las materias primas y los bienes primarios. Ahora, conforme la maquila de bienes de consumo en el extranjero se difunde rápidamente, creando nuevos grupos sociales dentro de la fuerza laboral, el deterioro general de los estándares reales de vida acentúa el movimiento desfavorable en los términos comerciales, presionando para que las naciones adopten programas de devaluaciones y de restricciones en las rentas para los recursos naturales no renovables, además de las reducciones en los salarios reales con el fin de atraer inversión extranjera. Como resultado, con la muy aclamada diversificación económica y modernización, que acompañan a la integración económica internacional, en realidad se ha ampliado el horizonte en que funciona el deterioro de los términos de intercambio.

Los problemas con el comercio internacional tienen, sin embargo, un mayor alcance que los efectos de los precios señalados en los análisis de la Cepal. La economía internacional penetra en todos los aspectos de la vida social. Su creciente influencia en comunidades aparentemente independientes y aisladas es poco entendida en los estudios que tratan sobre el cambio rural, y virtualmente inexistente en las discusiones sobre sustentabilidad. No obstante, la expansión internacional ha transformado las sociedades locales en economías duales: sociedades con un sector capitalista y otro sector funcionado con base en sistemas locales de acumulación.³ Este proceso global está creando, de manera sistemática, estructuras que polarizan las regiones y aceleran los procesos, amenazando el bienestar social y el medio ambiente.

Durante siglos, la expansión del mercado mundial ha dejado su huella en las sociedades locales y en los ecosistemas (a este respecto pueden verse los ejemplos señalados por Wolf, 1987). Olas interminables de auge y crisis caracterizan este proceso en Latinoamérica y en todo el Tercer Mundo. Muchos de los primeros productores y comerciantes que introdujeron cultivos y crearon nuevos mercados para los productos en boga se hicieron inmensamente ricos. Atraídos con promesas de vastos mercados y enriquecimiento personal, olas sucesivas de productores han imitado los éxitos iniciales plantando algodón, granos, frutas tropicales, café, chile e innumerables otros cultivos, pero en menor escala y con menos recursos que sus predecesores. Conforme avanzó el proceso, fue mayor el número de personas que fracasaron en sus intentos de producir y comercializar productos con rentabilidad.⁴

En muchos países del Tercer Mundo, las presiones externas y las políticas nacionales han obstaculizado que los campesinos de las comunidades pobres sigan cultivando los productos que cubren sus necesidades básicas. Los efectos de este proceso han sido devastadores: una baja productividad y el deterioro de las condiciones ambientales hacen difícil que trabajadores y campesinos puedan competir con los productores externos, quienes tienen mejor financiamiento, cuentan con apoyo institucional para capacitar a los trabajadores, tienen un acceso inmediato a los avances tecnológicos y pueden depender de sistemas integrales de mercadeo para distribuir sus productos. El resultado es que en el mundo subdesarrollado se importan alimentos y las familias rurales se empobrecen cada vez más (Barkin y otros, 1991). La pérdida de la autosuficiencia alimentaria magnifica el impacto que tiene la competencia internacional, ejerciendo presión para que muchas personas emigren a otros países en busca de un ingreso suficiente para comprar comida. Para aquellos que permanecen en sus países, la tarea de mantener los –cada vez más frágiles– ecosistemas a los cuales han sido relegados resulta una empresa avasalladora, que se complica por tener un acceso restringido al crédito y carecer de asistencia tecnológica y acceso a los insumos productivos.

En sentido contrario, los productores contratados por los agronegocios ocupan las mejores tierras, sembrando productos de exportación y/o transformando las llanuras en pastizales. Esta tendencia usualmente es celebrada en los círculos de la comunidad financiera internacional, lo cual refleja el éxito en los esfuerzos para reestructurar la producción, coaccionando a los gobiernos alrededor del mundo o persuadiéndolos de que esa transformación les permitirá sacar provecho de las ganancias de la especialización en el comercio mundial, proceso que casi nunca ocurre en la realidad. Este nuevo orden es particularmente evidente en varios movimientos para promover la integración regional que reflejan los rápidos cambios que están afectando las economías nacionales. Los productores locales alrededor del mundo se encuentran amenazados por la disciplina impuesta por el fantasma de las importaciones.

Las corporaciones transnacionales florecen en este nuevo régimen. Su desplazamiento hacia el Sur es parte de una estrategia global para explotar materias primas abundantes y bajos costos de producción, y garantizar su acceso a los mercados emergentes. Aunque las corporaciones transnacionales generan nuevos empleos, éstos rara vez son suficientes para contrabalancear el desplazamiento masivo de personas desarraigadas de las industrias tradicionales y de las tareas rurales. En casi toda Latinoamérica el ajuste económico nacional de tipo estructural redujo el empleo o canalizó a las personas a colocaciones precarias y temporales con bajos ingresos, con una pérdida generalizada en los niveles de vida y una disminución de los indicadores del bienestar social (Veltmeyer y O’Malley, 2003). El resultado es la transformación profunda y rápida de estas sociedades, rompiendo cadenas productivas (sistemas industriales de producción industrializada) e imponiendo sistemas especializados de producción para la exportación y de maquila.

Estas tendencias son comunes en todos los productores del sector primario y gran parte de la industria. Los campesinos son arrancados de sus cultivos básicos y se ven obligados a reorganizarse para la producción especializada. Las zonas pesqueras nacionales y la pesca a mar abierto ocasionan problemas de sobreexplotación, mientras que los manglares son destruidos y los ecosistemas costeros se encuentran amenazados por la contaminación proveniente de la intensa acuacultura; la demanda comercial lleva a los gobiernos a transferir los derechos de pesca pertenecientes a las comunidades tradicionales (McGinn, 1999). Los leñadores enfrentan la competencia de productos de madera importados, y se ven forzados a intensificar la tala aun estando conscientes de que están excediendo la capacidad de las regiones para soportar nuevos niveles de extracción (Place, 1993).

Los productores industriales pequeños y medianos, como los campesinos y las comunidades indígenas, son incapaces de competir en sus mercados locales con productos similares importados de otras partes del mundo. Los productores que se han transformado en comerciantes han encontrado que es más fácil y más rentable importar bienes de consumo básico del mercado global que establecer instalaciones industriales competitivas y modernas. Los obstáculos que enfrentan van desde una información y asesoría tecnológica inadecuadas, hasta créditos costosos y limitados y graves trabas burocráticas.

El movimiento hacia el libre comercio internacional ocurrió simultáneamente con el proceso de integración regional. Los mecanismos de mercado, distorsionados por varias formas de corrupción y de control monopolista, remplazaron a los organismos nacionales regulatorios, permitiendo una mayor libertad para el capital, y cediendo las decisiones de inversión de los grupos empresariales. La competencia entre grupos financieros ha surgido conforme éstos aprovecharon las oportunidades ofrecidas por la economía internacional para crear nuevas industrias y modernizar las viejas, traer nuevas tecnologías, resolver viejos problemas y reposicionar a la sociedad y a la gente para confrontar los retos de la competencia internacional. La banca multilateral de desarrollo (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo-BID) empezó a financiar los cambios institucionales y productivos necesarios para impulsar docenas de países al mercado mundial, y abrir servicios públicos locales antes protegidos, como el agua potable y los sistemas de salud y de pensiones, a la inversión internacional.

Este nuevo enfoque de manejo de la economía internacional creó las condiciones para que los concesionarios privados (usualmente corporaciones extranjeras) se beneficiaran generosamente atendiendo las demandas del mercado internacional, siendo un nuevo grupo de consumidores locales prósperos los principales beneficiarios de la nueva estrategia. Los programas para financiar la deuda y los programas de ajuste estructural y consejos monetarios fueron sólo algunas de las recetas políticas prescritas para los gobiernos del Sur. El fortalecimiento de los mercados locales de capital (especialmente las bolsas de valores) fue también una prioridad, abriendo otra vía de vulnerabilidad, en la medida en que los movimientos especulativos de capital podían influir de manera inmediata en las decisiones de producción. Latinoamérica sintió rápidamente los efectos desestabilizadores de estos movimientos de capital: los financieros internacionales impusieron severas restricciones a la capacidad de los gobiernos nacionales para promover un ritmo elevado de crecimiento económico o redistribuir los beneficios de una manera más amplia, y extrajeron costos particularmente altos de los trabajadores y los campesinos.

Para México, optar por un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá –el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) que entró en vigor en 1994– implicó grandes cambios institucionales y transformaciones profundas en su estructura productiva. Sólo ahora, más de un decenio después del inicio del Tlcan, podemos apreciar mejor el impacto de esas modificaciones. Tal vez lo más comentado en su momento fue la enmienda constitucional que, en esencia, terminó con la reforma agraria: en aras de crear un mercado de la tierra rural y modernizar la agricultura, se modificó la legislación surgida de la reforma agraria mexicana, confiriéndole a los campesinos la posibilidad de vender las parcelas que sus antepasados habían recibido a perpetuidad.

También se implementaron programas de privatización, y antes de la apertura del Tratado el sector público iba muy adelantado en el camino de desprenderse de varios de sus bienes productivos más valiosos, entre ellos el sistema bancario (que había sido nacionalizado en 1982), los ferrocarriles, la industria azucarera y los teléfonos.⁵ La infraestructura pública se subastó a concesionarios privados (incluidos los puertos, los aeropuertos y el nuevo sistema de carreteras). Se abrogaron las restricciones para la inversión extranjera, abriendo paso a la entrada de nuevos inversionistas en los sectores financieros y en otras actividades prioritarias. Sin entrar en detalles, cada aspecto de este proceso ha estado plagado de problemas: muchas concesiones quedaron en bancarrota y tuvieron que ser recuperadas por el Estado, mientras que otras requirieron subsidios adicionales. Revelaciones sobre favoritismo y corrupción abierta han sido ampliamente divulgadas, y todavía están en litigio muchas demandas legales de competidores internacionales en contra de las reguladoras mexicanas por preferencias hacia los ciudadanos nacionales, violando los acuerdos internacionales.

Sin embargo, para los mexicanos los cambios de mayor alcance estaban en el desmantelamiento indiscriminado de la estructura productiva tradicional y su reorientación hacia los mercados de exportación. Después de décadas de la política de substitución de importaciones, las autoridades se embarcaron en una apertura acelerada de la economía hacia el mercado y la inversión internacionales. Literalmente decenas de miles de pequeñas empresas se vieron forzadas a cerrar porque eran incapaces de enfrentar las presiones competitivas y no eran candidatas para los apoyos financieros que el gobierno ofreció para algunas empresas más grandes. En la década posterior a la crisis de 1982, alrededor de 1.9 millones de personas (de una fuerza de trabajo de 40 millones) perdieron sus empleos en las pequeñas empresas, mientras se creaban un millón de puestos de trabajo en los nuevos sectores de manufactura dinámica: la maquila (operaciones de ensamblaje para la exportación) y la industria automotriz. Los intentos de estimular las industrias electrónicas y farmacéuticas del país fueron en vano. Para el cambio de siglo, los nuevos sectores empleaban alrededor de 1.7 millones de personas.

Este cambio no sólo causó una reestructuración del sector productivo, sino también un cambio profundo en las relaciones de México con la economía global: a diferencia de las empresas que cerraron, estas nuevas plantas están íntimamente vinculadas al mercado internacional, y su funcionamiento depende de la importación de partes y tecnología; además, están organizadas con una administración muy estrecha y cuentan con redes de infraestructura para su correcto funcionamiento. Así, la reducción de la demanda interindustrial dentro del país redujo los efectos locales (el efecto multiplicador) del crecimiento productivo. Esta sensibilidad se hizo patente en 2001, cuando nuevos reajustes en la economía mundial llevaron al despido de la cuarta parte de la planta laboral en la maquila. Muchos de esos empleos fueron relocalizados en China.

Otra dimensión de este proceso fue la reubicación del locus dinámico del crecimiento económico fuera de la meseta central del país, alrededor de la Ciudad de México, hacia los territorios semiáridos del norte, cercanos a la frontera con EE UU e históricamente los menos poblados. Esta transferencia geográfica ha tenido repercusiones enormes en varios aspectos de la vida: desde la ilegalidad asociada con el narcotráfico en varios segmentos de la sociedad, hasta la sobreexplotación de los sistemas acuíferos y la proliferación de los problemas ambientales, con importantes mermas en la calidad de la vida de los residentes en los dos lados de la frontera. Quizá lo más significativo es el impacto que este cambio ha tenido en la estructura social de otras partes del país, ya que la nueva fuerza laboral tiene que ser reclutada en comunidades del centro y el sur. Esta emigración interna ocurre como una repuesta a las nuevas oportunidades de empleo, pero deja despobladas a muchas comunidades.

La cambiante estructura social y económica ha estado acompañada de un deterioro significativo en los estándares de vida de la mayoría de los mexicanos. Aun antes del comienzo de la integración económica internacional con el anuncio del descubrimiento de vastas reservas de petróleo, los salarios reales bajaron por una serie de políticas draconianas que revirtieron los aumentos de ingreso laboral obtenidos durante casi medio siglo del «milagro mexicano», que logró tasas de crecimiento económico de cerca del 6 por ciento por año. Hoy, más de un cuarto de siglo después del comienzo del primero de muchos momentos de inestabilidad económica, el poder adquisitivo del salario mínimo es 75 por ciento menor que su valor en su cenit en 1976. Aunque la tasa de desempleo es la más baja en el mundo (debido, en gran medida, a la forma en que es calculada y a la carencia de programas de apoyo social a los desempleados), la pobreza se ha expandido. ¡Hoy se debate si afecta al 50 o al 75 por ciento de la población!

El camino alternativo

En vista de esta evolución en la sociedad mexicana, no es extraño que un gran número de personas esté buscando estrategias alternativas para la supervivencia familiar. El levantamiento zapatista en enero de 1994, simultáneo al establecimiento del Tlcan, fue un surgimiento abrupto de los miedos de muchos, preocupados por su grave situación. Las demandas del pequeño grupo de indígenas de Chiapas, que tan efectivamente lograron tener eco en el escenario mundial, no eran particularmente radicales en el contexto de la historia mexicana. De hecho, los zapatistas demandaban los mismos beneficios y privilegios que otros segmentos de la sociedad habían adquirido en cierta medida durante los más de setenta años de historia posrevolucionaria: el derecho a tener títulos de propiedad de sus tierras, cierto grado de autogobierno y autonomía cultural dentro de las normas de la convivencia nacional, y la capacidad de implementar un programa local de supervivencia y reconstrucción económica (Collier, 1994; Harvey, 1998).

Después de la aparición de los zapatistas, se creó una nueva organización –el Congreso Nacional Indígena (CNI)– para dar voz a las demandas de otras poblaciones indígenas.⁶ La demanda fundamental fue de autonomía, una palabra que ha adquirido gran complejidad, ya que los partidos en disputa (grupos indígenas y el gobierno) le asignan significados diferentes. Brevemente, y en la voz del CNI, autonomía es el derecho de autogobernarse y de tener integridad cultural, ratificando las diferencias entre las personas, pero siempre dentro del contexto de la nación a la cual pertenecen; su lema «nunca más un México sin nosotros» es una reafirmación de esta demanda. El gobierno, tomando como suyos los temores de las elites dominantes en Chiapas, y sus intereses militares y comerciales, insistió en que no podía permitir los movimientos separatistas porque estaban fragmentando la médula creadora de la cultura nacional que había sido construida, de manera cuidadosa, durante más de ochenta años.

En los márgenes de esta disputa, pero siendo buena parte de la misma, grupos importantes de la sociedad mexicana han buscado cautelosamente formas para forjar sus propias estrategias. Estas estrategias no son simples maquinaciones de familias que buscan una salida frente a la baja de los salarios y la situación de deterioro en el empleo. Por el contrario, son manifestaciones concretas donde se considera que la búsqueda de un empleo proletario dejó de ser viable y que la vuelta a las formas tradicionales de cooperación, organizadas alrededor de mecanismos para el manejo del ecosistema, podría ofrecer una seguridad mayor y una mejor calidad de vida. La evidencia de esta interpretación abunda una vez que cambiamos el marco de referencia e investigamos las razones por las cuales millones de mexicanos están emigrando temporalmente para encontrar trabajo en otras partes de México o en los EE UU, mandando miles de millones de dólares hacia sus lugares de origen; dinero que se requiere para la mera subsistencia de las familias, pero que también es esencial para consolidar las organizaciones comunitarias y el control local sobre los recursos productivos y los ecosistemas.⁷ Las personas están encontrando formas para fortalecer sus comunidades; formas para asegurarse de que sus familias puedan permanecer en las áreas rurales, no sólo como unidades nucleares, sino también como elementos de colectividades dinámicas que buscan una nueva relación entre sus regiones y con la nación a la cual desean seguir perteneciendo. En lugar de abandonar sus comunidades e ir a ciudades en crecimiento, como lo hicieron las generaciones previas, la población rural mexicana está asumiendo la responsabilidad de construir alternativas viables desde sus propias regiones.

De frente a la adversidad generada por las políticas macroeconómicas de la integración internacional, están emergiendo nuevos enfoques a lo largo de México. A pesar de políticas que desalientan el regreso al campo y que hacen que la siembra de la milpa (forma tradicional de policultivo de maíz con otros productos como fríjol y calabaza, y decenas de subproductos cultivados o silvestres) sea algo de lo cual no se puede obtener ganancia económica, la producción básica de alimentos continúa siendo importante y creciente, mientras que la búsqueda de nuevas actividades productivas está contribuyendo a una diversidad creciente de productos y oportunidades. En un medio en el cual las organizaciones e incluso las tradiciones culturales sufren ataques políticos o se encuentran amenazadas por la expansión del mercado global, es sorprendente percibir una nueva vitalidad en estas regiones, un nuevo compromiso de defender y fortalecer sus instituciones y sus sistemas de producción.

El resultado de este proceso es que, a pesar de la carencia de una racionalidad productiva, las sociedades campesinas e indígenas siguen existiendo y producen muchos de sus productos tradicionales, principalmente para el consumo local, y reproducen sus propias estructuras sociales. Aunque el censo reporta una población rural de 22 millones de personas, basándose en una definición anticuada de comunidades con menos de 2.500 habitantes, consideramos que existen por lo menos 30 millones de personas viviendo y trabajando en el campo. Por consiguiente, es evidente que el paisaje rural mexicano se encuentra poblado por grupos comprometidos en la defensa y el fortalecimiento de sus tradiciones, en un mundo que exige una creatividad activa y creciente para asegurar la mera supervivencia. La revisión de diversas experiencias nos ha guiado para identificar cuatro principios fundamentales que las diversas estrategias adoptadas por estas comunidades tienen en común:

• Autonomía

• Autosuficiencia

• Diversificación productiva

• Conservación ecosistémica

Estos principios no sólo incluyen actividades culturales y productivas, también son nuevas formas de organización social con la necesidad de un autogobierno local, así como habilidad para negociar con autoridades regionales y nacionales. Implican un nuevo modelo de acumulación basado en una elevación y diversificación de la capacidad de producción y la provisión de satisfactores básicos. Esta es la esencia de la nueva ruralidad.

La diversificación productiva

En nuestros días es evidente la nueva dirección que está tomando el activismo rural. Las estrategias tradicionales para la organización y la producción local ya no son suficientes para asegurar el bienestar de las comunidades rurales. Las demandas revolucionarias por más tierras caen en oídos sordos. Aunque los patrones históricos de cultivo no son redituables en términos estrictamente contables, las personas continúan la siembra de variedades locales de cultivos tradicionales porque tienen mejor gusto y son una parte esencial de sus prácticas culturales (Barkin, 2002). Pero deben encontrarse nuevas actividades que provean el ingreso para tener una mejor calidad de vida. Estos grupos dan por sentado que la prioridad es asegurar la «soberanía alimentaria», en vez de admitir la fórmula de la seguridad alimentaria del neoliberalismo, que acepta una dependencia del comercio exterior para satisfacer las necesidades básicas de la población.

En las páginas subsecuentes expondremos algunas de las formas en que las comunidades indígenas están enfrentando los nuevos desafíos para mantener la tradición, mientras realizan la diversificación productiva. Aunque la emigración por un empleo, que por lo general dura varios años, es parte integral de estas estrategias, y con frecuencia está guiada por instituciones comunales de cooperación y responsabilidad, nos concentraremos en aquellas actividades conformadas por procesos locales de toma de decisiones.

Los ejemplos descritos más adelante ilustran una variedad de aproximaciones adoptadas por personas que fueron afectadas directamente por la integración regional, ya sea porque las fuerzas globales están operando en sus regiones o porque han reaccionado y buscan formas de reforzar sus tradiciones culturales. En el Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, existen proyectos alternativos de las comunidades locales que buscan protegerse del proyecto oficial –el Plan Puebla-Panamá– que pretende transformar la región en un corredor para el transporte interoceánico y para la inversión mexicana en Centroamérica, así como en un nuevo sitio para la maquila con mano de obra aún más barata.⁸ Aunque las comunidades no han concebido un programa de desarrollo regional integral, los esfuerzos para coordinar sus acciones reflejan un compromiso inarticulado para moldear un futuro alternativo para la región, creando oportunidades para que cada comunidad determine cómo su experiencia, tradiciones y el conocimiento de su reserva ecológica pueden contribuir a diversificar la producción.⁹ Asimismo, en la parte central de México las comunidades han sido afectadas profundamente por el proceso de integración: históricamente los envíos de dinero de los emigrantes han sido un factor importante en contra de la integración total dentro de la fuerza proletaria laboral. Ahora las comunidades buscan nuevas vías para diversificar la producción y consolidar las organizaciones regionales.

La reserva campesina de la biosfera en Las Chimalapas

El bosque tropical de Las Chimalapas tiene alrededor de 600.000 hectáreas en la parte sur de Oaxaca, colindando con Chiapas y próximo al Istmo de Tehuantepec. En décadas recientes, la región ha sido objeto de numerosos intentos de implementar programas de desarrollo para aprovechar la abundancia de agua y recursos forestales. A finales de los años ochenta, la comunidad científica en México quería crear una reserva de la biosfera manejada profesionalmente según las reglas del programa de la Unesco «El hombre y la biosfera», con el fin de proteger al área de una mayor degradación. En respuesta, la comunidad indígena de El Zoque, que ha habitado el área desde antes de la conquista española, propuso como alternativa que la comunidad manejara la reserva, canalizando los recursos para su sustento y asumiendo la responsabilidad del entrenamiento profesional, para ser capaces de colaborar con extranjeros que tal vez quisieran dirigir una investigación y asistir a programas de conservación. Pese a todo, los gobiernos locales se opusieron, incitando a ganaderos, agricultores y otros grupos a invadir la región para provocar un conflicto y detener el proyecto campesino, ya que sospechaban que su propuesta conferiría demasiada independencia política (autonomía) a los veinticinco mil miembros de la comunidad local. El Ejecutivo nacional y los gobiernos locales apoyaron las invasiones ilegales de las tierras comunales para la explotación comercial, en un intento de neutralizar la estrategia indígena y dividir a la comunidad.

En vista de este callejón sin salida, partes importantes de la comunidad de El Zoque, con el apoyo político de grupos ambientalistas nacionales y la asistencia financiera del gobierno inglés,¹⁰ empezaron a implementar un programa de conservación administrado por los campesinos. Miembros de la comunidad fueron seleccionados para entrenarse en la Universidad Nacional como biólogos, y en el manejo de recursos forestales e hidráulicos en escuelas técnicas. Las comunidades han iniciado programas de investigación en colaboración con profesionales y estudiosos de numerosas organizaciones científicas, mientras siguen mejorando su capacidad para proteger los bosques del fuego y de las invasiones de los rancheros. También han empezado una siembra selectiva de viveros para ciertas especies de árboles que se encuentran en extinción. Y se ha implementado un pequeño programa de ecoturismo para proveer a los habitantes de un ingreso adicional y generar una base amplia para la comprensión del concepto de conservación local administrada; este programa está a disposición de gente de fuera que se interese.

Aunque la oposición a estas iniciativas independientes continúa, y se intensifica en momentos en que las condiciones políticas son propicias, existe un reconocimiento por parte de las autoridades ambientales de que las comunidades ofrecen un modelo viable y económico para la participación en la conservación dentro del modelo generado por el programa de la Unesco anteriormente mencionado. Ahora que la zona ha cobrado mayor importancia dentro del marco del Plan Puebla-Panamá, las comunidades están respondiendo con esfuerzos intensos para crear alianzas con otras comunidades en la región que también están desarrollando sus propias propuestas para la conservación productiva. Las Chimalapas ofrece un ejemplo de un proyecto innovador para promover el manejo sustentable de los recursos regionales; sin embargo, su éxito depende de que la comunidad mantenga su capacidad de organización y resistencia a las fuerzas políticas nacionales.

El proyecto de mega-turismo en Huatulco

A mediados de los años ochenta se anunció un programa turístico de gran escala en la costa del Pacífico del estado de Oaxaca (bahías de Huatulco), como un complemento al enorme éxito del de Cancún. A tal fin, desalojaron de manera violenta a las comunidades pesqueras indígenas, creando un territorio virgen en el cual se planeaba construir veinticinco hoteles cinco estrellas. Sólo se habían construido cinco hoteles cuando se descubrió que los sistemas acuíferos de la zona no resistirían el crecimiento turístico. La deforestación, una infraestructura inapropiada y patrones de consumo desmedidos, estaban en la raíz del problema. Empresarios preocupados por la estrategia gubernamental habían creado con anterioridad una ONG local basada en la región, el Centro de Soporte Ecológico (CSE), para trabajar con las setenta mil personas que vivían en comunidades indígenas a lo largo de las cinco cuencas, a fin de implementar un programa de rehabilitación y conservación de los bosques. Esas personas están dispersas en más de cien comunidades de la cordillera costera que sube a más de dos mil metros. Durante las primeras etapas, varios centenares de personas en unas cinco comunidades participaron directamente en los trabajos.

El CSE propuso un ambicioso programa de reforestación para rescatar las especies en peligro de extinción y reparar el daño causado por la práctica de escoger de manera selectiva –durante décadas– los árboles más valiosos, y por prácticas agrícolas que han destruido grandes extensiones de bosque conforme las presiones de la población aumentan. Su modelo involucra un proceso innovador para desarrollar usos productivos para los subproductos provenientes de los esfuerzos silvícolas, usando las ramas caídas y cortadas en la poda para el mantenimiento del bosque y la madera recogida para crear bienes artesanales y productos comerciales que pueden venderse en mercados protegidos y con precios justos (por ejemplo, sillas plegadizas fabricadas de piezas de madera torneadas, con asiento y respaldo de lona, y bates de baseball). En el proceso, el proyecto fue contribuyendo a incrementar el índice de recarga del acuífero, reduciendo la erosión en la superficie e incrementando la permeabilidad del suelo (Barkin, 1998a; Barkin y Pailles, 2001). Al incorporar estas actividades al modelo, tomando medidas para un programa futuro en ecoturismo, el proyecto ha sido capaz de obtener los fondos suficientes para asegurar una mejor calidad de vida para quienes se encuentran comprometidos con los esfuerzos de silvicultura.

Después de más de 10 años de actividad, el éxito de este programa es bastante aparente. Esta es la primera etapa de un programa de 25 años que ha demostrado capacidad para asegurar la sobrevivencia de árboles nuevos plantados en el bosque seco tropical, un área mucho más difícil para trabajar que el bosque tropical húmedo. Cierta cooperación por parte de los hoteles locales ha aumentado el apoyo político y el financiamiento. La Facilidad Ambiental Global, organismo administrado por el Banco Mundial, también ha ofrecido apoyo al proyecto, y su programa ha sido evaluado de manera favorable por el programa Habitat de la Organización de las Naciones Unidas (Barkin y Pailles, 2002).

Los fideicomisos, que son las formas institucionales para una colaboración multilateral entre las comunidades con otros estratos del gobierno, los donadores internacionales y el sector privado, han probado su capacidad para asegurar un manejo sencillo y transparente de los fondos. Siguiendo el principio de dividir el ingreso de las empresas productivas en tres partes, el proyecto está demostrando su habilidad para mantener un balance entre sus tres objetivos principales: 1) una recuperación total de costos, incluyendo una compensación adecuada para los trabajadores y un subsidio para rentas y recursos naturales usados en la producción; 2) el reconocimiento del valor de los servicios de la comunidad y los esfuerzos colectivos de la organización colectiva; y 3) un presupuesto para los servicios ambientales, necesario para asegurar un fondo para la reinversión en la conservación y expansión del alcance del proyecto.

Alternativas locales para el Istmo

Como un polo industrial, el Istmo de Tehuantepec es importante por las instalaciones petroquímicas construidas en ambas costas (Salina Cruz y Coatzacoalcos-Minatitlán) y por una planta de cemento ubicada en el centro, de propiedad cooperativa.¹¹ Existe una carretera vieja y una línea de tren que conectan el México central con Chiapas y Centroamérica; requieren ser rehabilitadas. Aunque los diversos programas de desarrollo mencionados anteriormente han creado expectativas respecto al flujo de inversión para modernizar el área, no existe una oferta creíble de inversión, por parte de los intereses transnacionales, que haya respondido a la apertura. Parece que otra ruta de transporte interoceánico no se halla todavía entre las prioridades de la comunidad de empresarios, pero es cierto que el potencial económico de Centroamérica es de gran importancia para los inversionistas mexicanos. Aunque no se menciona de manera explícita, los recursos de energía que se encuentran en Chiapas tienen gran importancia, ya que allí no se ha explotado el petróleo ni las reservas de gas natural, como tampoco el potencial hidráulico del río más largo de México, el Usumacinta. En esta coyuntura, parece que los intereses monetarios intentan apropiarse de los espacios políticos y económicos que los grupos locales de indígenas y campesinos pueden reclamar dentro del marco de los derechos acordados por la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917.

En respuesta a la polarización de fuerzas sociales y políticas en la región, está emergiendo una serie de alianzas entre comunidades con el fin de promover el desarrollo local en la región, frente a los designios globalizadores del capital central. Respaldado por la cooperativa cementera, la cual se ha dado cuenta de que prosperará siempre y cuando las fuerzas locales tengan éxito en retener el control de la producción en la región, está surgiendo un programa para el desarrollo sustentable de los recursos locales, basado en la organización alrededor de las cuencas de los ríos. Estas alianzas incluyen una variedad de fuerzas sociales en la región, pero han tenido poco éxito en incorporar a muchas de las empresas medianas y grandes, que no reconocen su responsabilidad en el desempeño ambiental. Las propuestas incluyen un programa ambicioso para la rehabilitación de los cauces de los ríos y el manejo del agua y la tierra. Estos son proyectos que reducen las inundaciones, generando nuevas oportunidades a través de la rehabilitación de los bosques, cierta producción de exportación agrícola y el mejoramiento y la expansión del sector artesanal.

Intereses políticos y comerciales locales también apoyan el proyecto, pese a sus reservas sobre la participación comunal, por miedo a que los competidores nacionales ocasionen estragos en la región. Usando el modelo desarrollado en Huatulco, se están creando nuevos fideicomisos para manejar cada uno de los proyectos y asegurar un mecanismo efectivo para la cooperación entre socios de tamaño y poder desigual. Entre los proyectos que se proponen está un servicio turístico de trenes (que usan un material rodante restaurado) que proveerá a los turistas de una nueva experiencia, pues podrán visitar las comunidades y participar en los eventos culturales que llevan a cabo los grupos indígenas de la región. También se encuentra en marcha un programa ambicioso para instalar plantas de tratamiento biológico de aguas residuales, con el fin de reducir la contaminación y crear bosques comunales en el área que ha sido devastada por la expansión urbana desordenada.

Como en Las Chimalapas y en Huatulco, algunos tienen temor de que esta orientación a la organización regional con participación de la comunidad pueda ser una amenaza para el orden político existente. La visión centralista enfatiza la participación de la región como un proveedor de recursos humanos y materiales para el proceso de integración internacional, y esto está reñido con la preocupación por un manejo sustentable de los recursos. El debate sobre el Plan Puebla-Panamá refleja claramente el conflicto entre estas dos visiones de avance productivo y sobre los modelos en los cuales los individuos pueden participar en el crecimiento económico.

Innovación para mantener la tradición

Cuando se trabaja con las comunidades, uno de los verdaderos dilemas consiste en introducir nuevos productos o nuevos procesos de producción para productos tradicionales sin perturbar las valiosas organizaciones sociales o los patrones culturales. Esto es muy importante en México, puesto que las sociedades indígenas han resistido mucho los esfuerzos que han intentado integrarlas en una sociedad nacional homogénea. Muchas de estas sociedades han sufrido una erosión progresiva de su base productiva, y han visto como los programa de desarrollo capitalista han fracasado uno tras otro. La cría tradicional de producción de traspatio, un viejo recurso de sustento e ingreso para los hogares rurales, se encuentra amenazada por operaciones industriales de engorde. En un esfuerzo por encontrar las formas de revertir este proceso se ha diseñado un proyecto para introducir un elemento alimenticio local, a fin de reducir los costos e incrementar la calidad del producto.

En una región que suministra el 45 por ciento de los aguacates vendidos en el mercado mundial, aquellos de menor calidad son utilizados para alimentar a los puercos con el fin de producir carne de calidad y con un bajo porcentaje en grasa; un producto que se vende a un segmento pequeño del mercado doméstico. Los aguacates reducen el colesterol tanto en humanos como en puercos; al incluir la fruta en la dieta, existe una reducción significativa en el contenido de ácidos grasos en la carne, permitiendo su venta a un precio superior al del mercado. Este cambio en la dieta ha tenido efectos beneficiosos en el ambiente, ya que los aguacates que ahora consumen los animales antes se descomponían en los barrancos locales impidiendo la infiltración del agua en los sistemas acuíferos regionales. Considerando que la mujer está a cargo de la producción de traspatio (como la cría de puercos, gallinas, etc.), esta nueva fuente de ingreso ha fortalecido su posición en las comunidades y ha inyectado nueva energía a la gobernabilidad local (Barón y Barkin, 2001).

En otro proyecto, un cambio en la dieta de aves de corral que deambulan libres está facilitando la producción de huevos enriquecidos; los huevos pueden ser vendidos en los mercados a un precio 30-50 por ciento mayor que el habitual. En este caso, las gallinas se alimentan con plantas que contienen una gran concentración de omega-3, un ácido lípido dirigido a reducir el colesterol; estas plantas crecen en aguas residuales tratadas biológicamente. Esta opción anima a las personas en poblados periurbanos a participar en operaciones de limpieza del ambiente, conforme crean una nueva actividad productiva en un mercado privilegiado que genera empleos.

El ecoturismo no es una solución mágica

No todos los proyectos tienen éxito. La mariposa monarca, una criatura hermosa que atrae mucho interés por el sensacional peregrinaje que realiza desde Canadá hasta México y de regreso, se ha convertido en un exitoso espectáculo turístico de la vida silvestre. Más de cuatrocientas cincuenta mil personas visitan la reserva especial que fue creada para proteger la mariposa, su ambiente y los nidos en México, durante los cuatro meses que dura su estancia en el país. A pesar de este éxito, los bosques en la reserva siguen deteriorándose, amenazando el ecosistema del cual dependen las mariposas. La causa principal de este proceso es la exclusión de la mayoría de los campesinos de participar en las oportunidades creadas por la visita de los turistas: por verse obligados a buscar empleo en otras partes, no pueden emprender las labores requeridas para proteger los bosques y cuidar la cuenca, como hacían cuando había suficiente fuentes de trabajo dentro de la región y podían apoyar a las autoridades comunales en sus esfuerzos para fortalecer sus comunidades. Las ganancias del turismo se las apropian comerciantes de la Ciudad de México y de las ciudades en las rutas locales. Las comunidades campesinas, unidas en una confederación local, carecen de medios propios para proteger la región, ya que han sido excluidas de ofrecer servicios de calidad a los visitantes (Barkin, 2003). Este ejemplo sólo sirve como una advertencia, ya que la idea de implantar nuevas actividades en áreas campesinas e indígenas no es suficiente para asegurar que estos grupos sean capaces de disfrutar los beneficios y, así, contribuir a mejorar el manejo del ecosistema.

Forjar alternativas para la globalización

La integración económica internacional promueve el avance de la polarización productiva y homogenización que tienen influencia en casi todos los aspectos de la vida. A lo largo del Tercer Mundo hemos sido testigos del empobrecimiento de las comunidades excluidas y la intensificación de los problemas ambientales, efecto de una carencia de mecanismos para un manejo adecuado del ecosistema. La propuesta para una estrategia económica alternativa, un modelo de acumulación local que coadyuve a un manejo sustentable de los recursos regionales, ofrece un medio para confrontar estas debilidades con actividades que generan oportunidades y promueven una cohesión social, al tiempo que también producen bienes que son útiles y comerciables.

La teoría detrás de este acercamiento ha emergido de una búsqueda de alternativas para la globalización. Alrededor del mundo, muchos grupos trabajan en este problema.¹² A pesar de este amplio esfuerzo, gran parte se encuentra todavía en el ámbito académico y de la investigación. Algunos de estos grupos se han asociado con la promoción de los pequeños negocios (Pymes) sin profundizar en los impactos sociales y ambientales de los enfoques de desarrollo prevalecientes. Los casos estudiados para fundamentar este ensayo sugieren la necesidad de ampliar nuestra reflexión e incluir los impactos de políticas en las estructuras sociales y políticas, así como también en el manejo del ecosistema.

El patrón dominante del desarrollo concentrado no contribuye a un modelo durable. Grandes segmentos de personas en muchos países están buscando sus propios mecanismos para construir barreras contra el avance de la globalización. Las iniciativas locales que contribuyen a la acumulación propia y promueven un manejo sustentable de los recursos regionales ofrecen un enfoque prometedor que requiere de mucha atención.

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NOTAS:

* Agradecemos los comentarios generosos de dos árbitros anónimos. Por supuesto que corresponde al autor la responsabilidad de la presente versión. Se invita a los lectores a comentarla escribiendo a: barkin@correo.xoc.uam.mx

1 Prebisch fue el primer secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), y uno de los fundadores de la escuela estructuralista para el análisis del desarrollo. Sus trabajos pioneros sobre la tendencia de largo plazo de la reducción de los términos de intercambio para los países del Sur siguen vigentes para explicar una parte de las dificultades de aprovechar los beneficios del comercio para el bienestar social.

2 La llamada desmaterialización de la producción, celebrada por economistas ambientales como una forma en que la economía ha incorporado mecanismos de autocorrección (autorregulación) para reducir la huella ecológica en el crecimiento económico, sólo sirve para reducir el rango de crecimiento en las industrias del Tercer Mundo, y no contribuye a la eliminación o reversión de las consecuencias dañinas en el medio ambiente o en las comunidades donde están situadas las industrias.

3 Hablar de sociedades duales es incorporar formalmente en el análisis lógicas alternas de acumulación que no responden al imperativo de la reinversión para el enriquecimiento individual, buscando en su lugar formas colectivas de asegurar el bienestar social y material. Para una discusión más completa sobre la internacionalización del capital y su impacto en la sociedad, véase Barkin, 1998b; Froebel y otros, 1979.

4 El complejo proceso de ajuste de los productos rurales conduce a una formalización del famoso teorema de la telaraña en un análisis económico estándar. Esto ocurre porque existe un retraso en el proceso de suministro. Las diferencias importantes entre la demanda y la oferta con respecto a los precios prevalecientes han llevado frecuentemente a fluctuaciones inestables en la producción y a cambios significativos en los precios del mercado libre, lo cual afecta, invariablemente y en una forma severa, a la mayoría de los pequeños productores, menos capitalizados (o que cuentan con un capital menor), frente a los competidores más pudientes.

5 Una nota sobre las privatizaciones: revelaciones recientes demuestran que muchas fueron realizadas con mecanismos inadecuados para garantizar el interés público. Grandes partes de las industrias y servicios privatizados han sido recogidas por el gobierno federal por incumplimientos de las condiciones o por la incompetencia de sus compradores; la privatización bancaria y la crisis financiera generada en 1994 por la insolvencia que amenazaba con llevar los bancos a la quiebra –resultado a su vez de prácticas ilícitas como autopréstamos– originaron una deuda pública para su rescate que más que duplicó la deuda del sector público y la compra de casi todas las instituciones bancarias por bancos extranjeros. Actualmente (mediados de 2004), los esfuerzos para privatizar los sectores energéticos han topado con obstáculos políticos mayores. En contraste con el ambiente político de hace diez años, cuando se promulgó la privatización de los terrenos distribuidos durante la reforma agraria, una serie continua de revelaciones de mala administración, corrupción y bancarrotas ha debilitado el apoyo a la transferencia continua de bienes y servicios públicos a inversionistas privados. A pesar de las prohibiciones constitucionales, que reflejan la herencia del movimiento revolucionario de principios del siglo XX, están creciendo las presiones para su privatización durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006). Cuando no es posible la venta directa de activos, se está recurriendo a artimañas legaloides como concesiones para la administración de ciertos procesos de explotación o la generación de electricidad que el Estado se obliga a comprar.

6 El CNI proclama 15 millones de afiliados, de un total de 105 millones de mexicanos. Actualmente existen más de 60 diferentes grupos étnicos que hablan su propia lengua, mucho menos que las 150 etnias que había hace un siglo.

7 Oficialmente, estas transferencias internacionales realizadas por mexicanos fueron de casi 14.000 millones de dólares en 2003, sin embargo, el BID estimó que el valor total de estas remesas y de los bienes internados al país sumó más de 30.000 millones o el 5 por ciento del PIB. Mis estimaciones de las aportaciones a las comunidades rurales mexicanas, incluyendo el ingreso proveniente del empleo en la economía urbana y en las actividades comerciales de agroexportación realizadas en el país, colocan las transferencias al México rural en un nivel del 40 por ciento del valor del Producto Bruto Rural Doméstico. Estos recursos ayudan a explicar cómo las comunidades rurales pueden sobrevivir e implementar las estrategias descritas en el resto de este trabajo. Sin embargo, si no fuera por el compromiso de vigorizar la sociedad rural, estos recursos muy probablemente financiarían una mayor emigración a las áreas urbanas y al extranjero. Junto con varios latinoamericanos, hemos explorado estas ideas con cierta profundidad en varios escritos que tratan el tema de la nueva ruralidad. Véase, por ejemplo, Barkin, 2000 y 2001, y los demás materiales en N. Giarraca y E. Pérez y M.A. Farah editores.

8 Propuestas para crear un corredor interoceánico –una alternativa al Canal de Panamá– han existido durante casi todo el siglo XX, pero el gobierno mexicano empezó a promover activamente tales esquemas una vez que decidió implementar su apertura radical hacia la economía internacional a finales de los años ochenta. Originalmente denominado Proyecto Alfa-Omega, la presente administración ha propuesto un plan más grandioso denominado Plan Puebla-Panamá para promover el crecimiento económico en el sur del país y en Centroamérica; todo esto con concesiones para la operación privada de infraestructura que atraerán inversiones extranjeras. Para la visión oficial, véase: <ppp.presidencia.gob.mx> y <www.cepal.org.mx>.

9 Aunque no existe un plan maestro, a medida que la oposición al Plan Puebla-Panamá ha crecido, las comunidades locales han comprendido la importancia de coordinar de sus esfuerzos para explorar opiniones (Bartra, 2001). Para más información, véase <www.rmalc.org.mx/ppp.htm>.

10 En 2000 fue retirada la asistencia inglesa (del Department for International Development) por insistencia del gobierno mexicano, el cual declaró que las ONG locales no cumplían sus funciones y detenían la creación de la reserva de la biosfera. Después del levantamiento zapatista, los conflictos políticos se intensificaron en esta región (Barkin y García, 1998; Salas y otros, 2001).

11 La empresa cementera es la cooperativa más grande de México. Ha implantado un programa integral para la protección de la salud y el bienestar de sus miembros y está buscando activamente formas para minimizar su impacto ambiental y apoyar iniciativas regionales para la rehabilitación y conservación ambiental. Su agenda es particularmente notable, ya que esta industria es una de las más contaminantes y reacia en general a colocarse en la vanguardia de la responsabilidad corporativa ambiental. El desempeño de la cooperativa contrasta fuertemente con el comportamiento de las unidades petroquímicas en la región, propiedad de la petrolera estatal, Pemex, que no han implementado un programa ambiental efectivo.

12 Véase, por ejemplo, los trabajos de Alburquerque (1990) y de Bianchi (1999), los cuales ejercen mucha influencia en México entre los grupos dedicados a promover la pequeña y mediana industria, fuertemente influenciados por la experiencia italiana. En Europa, los fondos sociales están promoviendo iniciativas en las regiones más pobres que también podrían ser consideradas como parte de este enfoque. Para un análisis crítico de los impactos espaciales de la internacionalización, véase Walker, 1999; para una discusión de programas rurales alternativos en Europa, Saraceno, 1994.