Declaración por el trabajo

El trabajo, fundamento de un crecimiento económico sostenible

El 19 de junio de este año, en la Universidad Complutense de Madrid, se presentó públicamente una declaración con más de ochocientas firmas pertenecientes a docentes de todas las universidades españolas y profesionales de las ciencias jurídicas, económicas y sociales de todo el país, cuyo objetivo fundamental es refutar a quienes han sostenido que la superación de la crisis actual pasa por una mayor desregulación del mercado de trabajo.

Tal como lo sostiene esta declaración, la explicación fundamental de la crisis es de origen económico y financiero, derivado del mantenimiento de un modelo de crecimiento asentado en un mercado laboral cuasi desregulado y cuya flexibilidad deriva, casi exclusivamente, de la precarización del trabajo.

Como bien dijera en su intervención en dicho evento Juan José Castillo, uno de los sociólogos del trabajo españoles más conocido en América Latina,

La «Declaración por el Trabajo» que hoy nos reúne aquí, quiere ser un punto de partida, a partir del cual converjan la investigación científica con la voluntad de poner en primer plano el trabajo: a las trabajadoras y trabajadores que viven y trabajan en España, a jóvenes, mujeres, inmigrantes, trabajadores experimentados, del conocimiento o que viven por sus manos. Y que esta sea una ocasión para que los debates y reflexiones sobre nuestro futuro como ciudadanos libres e iguales estén anclados y fundamentados en los saberes actuales sobre el trabajo, la economía y la sociedad. Y en la voluntad de buscar la felicidad para la mayoría.

Entendiendo que esta Declaración no es sino un primer paso en un esfuerzo de largo aliento, Juan José Castillo propuso la creación inmediata

de un Instituto Interuniversitario de Ciencias Sociales del Trabajo, en el que participarían todas las Universidades aquí representadas a través de los firmantes del manifiesto. Con un horizonte temporal preciso. Y con compromisos expresos de las personas e instituciones que pueden apoyarlo. El camino mismo de su creación tiene que ser una forma, concreta e inmediata, de ponernos a trabajar en el desarrollo de las líneas que en la Declaración no están sino indicadas. Trabajos de ponencias y propuestas que podrían ir perfilando el carácter del Instituto, su vinculación con los actores sociales y con la sociedad, y, desde luego, en primer término con los sindicatos y los trabajadores y trabajadoras, así como todas las organizaciones cívicas que puedan aportar conocimiento y propuestas.

De hecho, esta Declaración contó con la participación entusiasta de las confederaciones sindicales obreras, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), lo que le da a esta iniciativa una importancia aún mayor, pues más allá de su valor intrínseco ha sido la expresión de la conjunción de intereses y propósitos entre la comunidad académica y profesional y la dirigencia laboral.

La publicación de este documento en nuestra revista va más allá de dar a conocer en nuestro medio la postura asumida por los académicos, científicos sociales y sindicalistas progresistas españoles frente a la crisis que atraviesa su país en la actualidad. Lo sustancial de los planteamientos que se hacen en esta Declaración es absolutamente válido para nuestra realidad, que peca de niveles de precarización del trabajo aún mayores. Es por ello que entre los firmantes a esta declaración también nos encontramos sociólogos del trabajo latinoamericanos, quienes entendemos que la definición de las políticas concretas para superar la precarización del mercado laboral requiere del esfuerzo mancomunado de todos aquellos que en cualquier parte del mundo aspiran el establecimiento de un patrón de crecimiento más justo, capaz de ser construido en el marco de la democracia.

Consuelo Iranzo

julio 2009

Declaración

De manera unánime, expertos de todas las disciplinas sociales, Gobiernos y organizaciones internacionales consideran que la legislación laboral no ha sido la causa de la crisis. Sin embargo, y por paradójico que resulte, las consecuencias de la misma están teniendo un intenso y negativo impacto sobre el empleo.

La actual crisis económica internacional se produce debido a un crecimiento desregulado del sector financiero de la economía con una escasa supervisión, lo que, unido a otros factores económicos, ha venido generando un fuerte incremento de las desigualdades sociales a escala planetaria.

Entre otras, se puede extraer una lección del proceso de la crisis actual: los mercados son imperfectos de manera natural. Precisamente cuando la oscuridad, la falta de transparencia y la pérdida de credibilidad en la actuación de los operadores se adueñan de los mercados financieros, se ponen de manifiesto los riesgos que acarrea un tipo de crecimiento basado en la revalorización de activos financieros frente a la generación de valor en la economía real y por tanto más necesaria resulta la intervención de reguladores públicos.

En el caso español, las lecciones a aprender también son importantes, porque si bien es correcta la regulación del sistema bancario, ha habido muchas carencias en la prevención de los riesgos derivados de la fuerte implicación de este en la actividad inmobiliaria. A ello hay que añadir el pinchazo de la burbuja en dicha actividad, con la que convivíamos en los últimos años en el marco de un modelo de crecimiento extremadamente vulnerable.

Es tiempo de actuar para salir de la crisis y paliar sus efectos. La secuencia de salida de la crisis requiere de la intervención pública en, al menos, tres escenarios interconectados, temporal y funcionalmente.

En primer lugar, se trata de frenar y revertir la estrategia conservadora de restricción del crédito, por la que han optado buena parte de las instituciones financieras, que está agudizando la delicada situación de las empresas y las familias.

Lo prioritario es lograr un clima de confianza que impregne a todos los sujetos de la economía y la sociedad española, y estimule la definición de un proyecto de futuro con credibilidad y recursos para ponerlo en marcha, recursos públicos para impulsar políticas industriales y energéticas y recursos financieros para incentivar la actividad del sector privado.

Es urgente inyectar liquidez para hacer frente al endeudamiento del sistema financiero con el exterior e impulsar la circulación crediticia, al tiempo que se abordan sus problemas de solvencia, investigando en profundidad la situación de las principales instituciones financieras del Estado español. No debería olvidarse el interés que tiene, en esta dirección, promover una red de entidades públicas que permitan al Estado canalizar sus recursos financieros directamente a la economía real, para sortear los problemas de distribución a los que se enfrenta en la actualidad su agencia financiera, el ICO.*

En segundo lugar, el Estado ha de intensificar sus esfuerzos para paliar los efectos de esta crisis en los trabajadores, extendiendo las redes de protección a todos los desempleados y alargándola en el tiempo. Y en tercer lugar, ha de actuar incentivando la recuperación del consumo privado y la generación de empleo, a través de una política de incremento controlado del gasto público, que promueva la creación de infraestructuras económicas y sociales, creando empleo y ofreciendo oportunidades de actividad productiva en los sectores más dinámicos de nuestro tejido empresarial, particularmente entre las PyME.

Junto a estas actuaciones en el corto plazo, es también precisa la intervención del sector público para impulsar una salida de la crisis que lleve consigo un cambio paulatino y profundo del modelo productivo que ha agotado sus posibilidades de sostenibilidad en la actual crisis. Es necesario sustituir el modelo de crecimiento económico vigente hasta la fecha, apoyado en el uso intensivo de trabajo precario, mal remunerado y poco cualificado, por otro nuevo basado en la innovación que permita incrementar la calidad y la productividad del trabajo; de ahí el protagonismo que han de alcanzar las políticas industriales, energéticas y medio ambientales y educativas para desbloquear los principales cuellos de botella que dificultan el cambio mencionado en España.

Para ello se requieren también modificaciones profundas en las pautas y formas de gestión de las empresas, cubriendo lagunas tanto en el ámbito de la innovación gerencial y empresarial como en la formación de los trabajadores, para lo que la negociación colectiva tiene una importancia crucial. Es ahora, más que en ningún otro momento de nuestra historia moderna, cuando la innovación y la formación tienen la posibilidad de convertirse en el auténtico motor de la economía española.

Lejos de mantener posturas inmovilistas, sostenemos que los sistemas económicos han de ser reconstruidos mediante la atribución al trabajo de una inexcusable centralidad. El trabajo es la fuente primera y esencial de derechos de ciudadanía social, confiere libertad individual, asegura progreso económico, garantiza cohesión y solidaridad social y ofrece seguridad material. De ahí la imperiosa necesidad de situar el trabajo en el centro de las políticas diseñadas por los agentes públicos y de las decisiones económicas adoptadas por los agentes privados. La creación de más y mejores empleos ha de ser un objetivo irrenunciable y compartido por poderes públicos, actores y organizaciones productivas.

No es promoviendo el despido sin causa ni control judicial como se avanza hacia un mercado laboral en el contexto de un nuevo modelo económico más productivo. La pretendida simplificación en el régimen de la contratación terminaría haciendo aflorar su verdadero propósito: la simplificación del régimen de despido. Ya no habría, salvo en limitadísimas ocasiones, despidos procedentes ni improcedentes; el resultado sería la precariedad generalizada de los trabajadores y el abaratamiento del despido.

Por tanto, si resulta unánime la opinión de la inexistencia de conexiones entre la actual crisis económica y la regulación del mercado de trabajo, no es en modo alguno congruente querer aprovechar la presente situación para reducir o eliminar derechos sociales. O en palabras más enérgicas, nos parece políticamente indecente pretender desplazar a los trabajadores una parte sustancial de los costes de la crisis económica.

Las medidas de reforma laboral que se adopten han de estar coordinadas con las medidas que se introduzcan para favorecer el cambio de patrón de crecimiento. En muy buena parte, la prosperidad de la economía española y el incremento de las tasas de actividad y de empleo han estado basados a lo largo de estos años atrás en un modelo económico que ha dado de lado, hasta terminar menospreciando, las inversiones generadoras de valor añadido, las políticas de investigación, innovación y desarrollo, favorecedoras de empleos cualificados, las mejoras de la competitividad mediante la innovación y el establecimiento y potenciación de servicios eficientes o, en fin, la búsqueda de la calidad en las acciones formativas de capital humano.

La negociación colectiva constituye el escenario natural en el que pueden concretarse y tomar cuerpo las medidas de reforma del mercado de trabajo que se pacten en el Diálogo Social y sean transpuestas a las leyes respectivas. Una de las más urgentes necesidades de nuestro sistema de relaciones laborales es modificar el principio rector dominante en la gestión de la mano de obra, que de estar anclado en el uso y abuso de reglas de flexibilidad externa (contratación temporal y despido con escasos controles) ha de transitar a fórmulas de flexibilidad interna, negociada y con participación sindical. Y ahí es donde la actividad contractual colectiva puede colaborar de manera eficiente y equitativa. Por lo demás, la adecuada contribución de la negociación colectiva a estas tareas precisa la inmediata y urgente adaptación de su estructura, que ha de racionalizarse a través de unas técnicas de vertebración y articulación dotadas de seguridad y certidumbre jurídica, atributos estos que son los que, precisamente, hoy no ofrece el marco legal.

Estos cambios han de orientarse hacia la búsqueda de mayores niveles de productividad del trabajo, que no en la disminución en los niveles salariales o en la generalización de la precariedad laboral.

No permaneceremos indiferentes al tiempo que nos ha tocado vivir. Y por ello rechazamos visiones que consideramos profundamente equivocadas, que sólo cualifican como adecuadas las reformas laborales que contienen recortes en los derechos sociales y laborales. Por el contrario, abogamos por un horizonte de cambios estructurales que propicien una economía más productiva y consecuentemente un trabajo decente, más cualificado y, por extensión, más productivo.

Junio 2009

* Instituto de Crédito Oficial.