La revolución del agua en Maracaibo: ¿radicalización democrática o instrumentalización política?

Mathieu Uhel*

*Cursante de doctorado de Geografía, ESO Caen, UMR 6590 CNRS «Espaces et Sociétés», Université de Caen-Basse Normandie (Francia).

Correo-e: mathieu.uhel@unicaen.fr

Resumen

Desde su inicio, la revolución bolivariana incorporó el sector del agua en su proyecto de cambiar la estructura de dominación del país y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. A fin de facilitar la capacidad organizativa y de decisión de los usuarios para acceder o mejorar los servicios de agua, en 2001 se crearon las Mesas Técnicas de Agua (MTA) mediante la nueva Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua y Saneamiento. El objetivo del artículo es cuestionar el ejercicio de la democracia participativa y protagónica en el ámbito de los servicios de agua en Maracaibo. Más precisamente, ¿cómo ocurre la recomposición del espacio político local? ¿Qué relaciones de poder se establecen entre las MTA y la burocracia hidráulica en vías de «bolivarianización»? ¿Cuáles son los logros concretos de la «revolución del agua»?

Palabras clave: Agua / Revolución / Poder

Abstract

From its inception, the Bolivarian revolution incorporated the water sector in its project of changing the domination structure of the country and improving its citizens´ living conditions. With the aim of facilitating the organizational and decisional capacity of the users to gain access or to improve water services, the Technical Tables of Waters (TTW) were created in 2001 through the new Organic Law for the Supply of Water and Sanitation Services. The purpose of the article is to question the exercise of the participatory democracy in the water services field in Maracaibo. More accurately: how does the reform of the political local space take place? What power relations are established between the TTW and the hydraulic bureaucracy, in process of «bolivarianization»? What are the concrete achievements of the «revolution of water»?

Key words: Water / Revolution / Power

RECIBIDO: JULIO 2010

ACEPTADO: DICIEMBRE 2010

Introducción

En la Venezuela contemporánea, la falta de acceso al agua o la deficiencia del servicio urbano de agua potable y saneamiento siguen siendo un reto central para el Gobierno nacional. Desde su inicio, la revolución bolivariana incorporó el sector del agua en su proyecto de cambiar la estructura de dominación del país y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. La democracia participativa y protagónica se materializa así en las Mesas Técnicas de Agua (MTA) desde la promulgación de la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua y Saneamiento (Lopsas) de 2001. Con el fin de fomentar la capacidad organizativa y de decisión de los usuarios para acceder a o mejorar los servicios de agua, esos nuevos dispositivos han sido integrados en 2006 a los Consejos Comunales, unidades de base del futuro Estado socialista de Venezuela.

La geografía del agua en Maracaibo es el producto de las relaciones sociales de poder desarrolladas a lo largo del siglo XX, las cuales forman parte de la configuración social y ambiental desigual de la ciudad. La tecnoburocracia hídrica en la región zuliana no consiguió extender las redes de agua al conjunto de la población, obligando a los residentes excluidos del servicio a desarrollar estrategias individuales y colectivas para acceder a ese líquido vital. Las relaciones asimétricas de poder en el ámbito del agua se estabilizaron en una estructura de dominación «sociohídrica» que participa del dispositivo estatal de control social. Buscando romper con esa geografía desigual, ¿la política desarrollada por la revolución del agua hace parte de la emancipación del pueblo o se vuelve un instrumento de control social? Más precisamente, ¿cómo se opera la recomposición del espacio político local? ¿Qué relaciones de poder se establecen entre las MTA y la «hidrocracia» en vías de «bolivarianización»? ¿Cuáles son las realizaciones concretas de la revolución del agua?

Las respuestas a esas preguntas, necesariamente parciales y provisionales, se basan en las investigaciones realizadas durante una estancia en Maracaibo en julio y agosto de 2007; investigaciones desarrolladas en el marco de un programa de cooperación científica entre la Universidad del Zulia y la Universidad de Caen.¹

En una primera etapa, se decidió realizar una comparación de la situación de tres barrios de la ciudad mediante el desarrollo de entrevistas con los dirigentes y un trabajo de observación de las reuniones barriales. Con la elección de esos casos de estudios² se pretendía tener una idea más precisa de los cambios en la microfísica del poder y sus implicaciones socioambientales locales. La comparación permitió identificar algunos rasgos generales del proceso de restructuración de los espacios políticos locales.

En una segunda etapa, siguiendo con el propósito de entender la articulación de las escalas de poder, se buscó también entrevistar a los trabajadores sociales de la empresa hidrológica encargados de las MTA. Más allá de las expectativas iniciales, se pudo seguir a los empleados del Departamento de Gestión Comunitaria en su trabajo de campo, posibilitando así una inmersión parcial en el proveedor del servicio, Hidrolago.³

Tras aclarar las condiciones pre-revolucionarias del acceso al agua en Maracaibo y los procesos responsables de la configuración social y ambiental de la ciudad, se tratará de destacar las lógicas que rigen la difusión de los nuevos dispositivos participativos en el espacio urbano y la recomposición de las relaciones sociopolíticas locales, apoyándonos en tres casos seleccionados en la periferia. Finalmente se plantea la pregunta: en la medida en que el Poder Popular contribuye a la reorganización de la estructura de poder y al mejoramiento de las condiciones de existencia del pueblo, ¿logrará llevar a cabo la misión asignada por el Estado y evitar la instrumentalización política del servicio?

La geografía del agua en Maracaibo producto de las relaciones de poder

Nacimiento de una «hidrocracia truncada»

Maracaibo se orienta y estructura desde los años veinte por el modelo de acumulación capitalista periférico, vinculado a la explotación del petróleo por empresas estadounidenses. La introducción del capital transnacional en el desarrollo histórico-geográfico de la región desemboca en una nueva estructura de dominación económico-política que cambia radicalmente la configuración socioambiental de la ciudad. Las empresas estadounidenses instalan las «colonias» al norte de Maracaibo para albergar a los cuadros y dirigentes de la industria, lo que significó un salto fuera de la trama colonial (la «otra ciudad»). A partir de los años treinta del siglo XX, el aparato de Estado se desarrolla con el propósito de reproducir las condiciones de producción capitalista y redistribuir los beneficios de la renta petrolera (Suarez y otros, 1983).

En ese contexto, el Gobierno nacional busca racionalizar y modernizar los procesos de producción, distribución y evacuación de las aguas urbanas. El objetivo es doble. Se trata de crear un entorno sano, factor de limitación de las epidemias (como la malaria), y de satisfacer una necesidad vital. La ingeniería sanitaria forma entonces «la piedra angular del desarrollo social en los primeros años de la modernización capitalista de Venezuela» (Licha, 1987). La transición hacia la modernidad se materializa en el paso de un país rural «sin malaria» a un país urbano «con petróleo». Frente a ese desafío nacional, un organismo público creado en 1943, el Instituto Nacional de las Obras Sanitarias (INOS), y adscrito al Ministerio de Obras Públicas, asume la responsabilidad de construir y administrar la infraestructura de agua potable y saneamiento en todo el país. Más allá de la misión de servicio público, competencia del Estado como encarnación del «interés general», esos equipamientos colectivos implementados por la burocracia hidráulica o «hidrocracia» (Molle y otros, 2009) constituyen además un instrumento «de dominación y de fijación territorial de los `flujos´ liberados por la destrucción de la explotación familial, artesanal y agrícola» (Fourquet y Murard, 1976). La penetración de los hogares por las redes técnicas urbanas permite la producción de cuerpos sanos y sumisos, técnica disciplinaria del poder, y la optimización de la fuerza de trabajo, técnica biopolítica del poder, para el modo de producción capitalista.⁴

Esa dimensión sanitaria ha sido crucial en Maracaibo por la importancia de la industria petrolera en la región y las expectativas nacionales vinculadas a ese nuevo sector económico, factor de progreso para el conjunto de la sociedad. La población de la ciudad se triplica entre 1920 y 1940, pasando a más de 120.000 habitantes. Ese crecimiento resulta sobre todo de los flujos de migrantes atraídos por las oportunidades de mejoramiento de sus condiciones de vidas. Sin embargo, el INOS fue incapaz de conectar al conjunto de los nuevos residentes a las redes de agua. A diferencia de la situación de los países del centro del sistema capitalista mundial, aquí se puede hablar de biopolítica parcial o truncada debido a que la «hidrocracia» no consigue incorporar a todos los ciudadanos a las infraestructuras públicas. Entonces, sectores enteros de ese proletariado urbano naciente se encuentran fuera de la ciudad «moderna», relegados en las márgenes urbanas, en terrenos de escaso valor inmobiliario y carentes de infraestructuras públicas. Los residentes de esos asentamientos precarios, considerados como ilegales, son reprimidos por el aparato de Estado y, por consiguiente, excluidos de la planificación urbana, la cual beneficia únicamente a los empleados de la industria petrolera. Pasando por un largo proceso de apropiación del espacio, los migrantes invaden los terrenos baldíos y consolidan paulatinamente su vivienda, llevando a la constitución de lo que llamaremos barrios.⁵

Históricamente reprimidos por el Estado, esos habitantes de los asentamientos precarios empiezan a tener una nueva posición en la estructura de dominación al final de los años cincuenta. En un contexto de democratización y aumento de la renta petrolera, el clientelismo político se expande. De 1959 a 1978, «la especulación política (proselitismo) [...] es el primer factor promotor y organizador de los movimientos de invasión que se gestaron en la ciudad bajo el amparo de diputados, concejales y funcionarios públicos» (Echeverría y Chourio, 2001). Los representantes de las instituciones participativas locales apoyan un partido político esperando, una vez las elecciones ganadas, obtener una integración acelerada de su barrio a la ciudad «moderna» (regularización de los terrenos y acceso a los servicios públicos). Durante ese período, los barrios en Maracaibo siguen creciendo⁶ y conocen un proceso de consolidación acelerado (Echeverría, 1995), bajo el doble efecto de la progresión de los ingresos de los habitantes y la intervención selectiva del Estado. El sector del agua potable y saneamiento no escapa a esas relaciones clientelistas, aunque es necesario matizar la eficacia de ese mecanismo debido a las obligaciones técnicas particulares ligadas a ese servicio en red.

En los años ochenta-noventa, con la crisis económica y la inestabilidad sociopolítica, se implementan las medidas neoliberales de ajuste estructural y un proceso de descentralización político-administrativa, reduciéndose así el papel del Estado en la organización de la sociedad. Las desigualdades sociales y la pobreza explotan. El mercado inmobiliario formal, tanto público como privado, sufre una caída dramática de las inversiones, favoreciendo el sector informal. En los años ochenta, más de la mitad de la población marabina vive en asentamientos precarios (ibíd.). Al igual que los demás servicios públicos, el sector del agua potable y saneamiento experimenta una amplia reforma en 1991. Se elimina al INOS, las funciones del servicio de agua recaen en una nueva empresa con capitales públicos, Hidrológica de Venezuela (Hidroven), y en sus filiales descentralizadas. Esa nueva arquitectura institucional del sector representa el primer paso hacia la privatización del servicio. Sin embargo, en la Venezuela de la década de los noventa, las condiciones de la mercantilización del agua no son suficientemente atractivas para los inversionistas privados.

En el estado Zulia se crea la Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago). La descentralización, presentada como una medida para mejorar el servicio a través de una vinculación más estrecha entre usuarios y proveedor, no favorece la extensión de las redes de agua. El retroceso financiero del Estado nacional y sobre todo el crecimiento de los barrios por el proceso de «suburbanización-marginadora-mercantil» que ocurría en Maracaibo en esa época (Echeverría y Chourio, 2001)⁷ impidieron ampliar la cobertura de las redes de agua y saneamiento en la capital zuliana.

En 2001, junto con el Gobierno nacional, el gobierno regional y la municipalidad de Maracaibo, Hidrolago firmó un contrato con una empresa privada colombiana, Triple A servicios.⁸ Con una duración de treinta meses, la cooperación tenía entre otros objetivos: la lucha contra las pérdidas de agua (localización de las fugas y tomas ilegales), la instalación de medidores, y el aumento de los suscriptores para elevar el nivel de recaudación del servicio. Por el clima político nacional y las dificultades financieras en el contrato, Triple A decidió retirarse de la región en agosto de 2002, lo que acabó con el intento incipiente de «privatización» del servicio en el estado Zulia (François y Uhel, 2002).

A medida que se fortalece la hegemonía chavista y se radicaliza el proceso revolucionario, la resolución de la problemática urbana pasa por el desarrollo de las Mesas Técnicas de Agua, dispositivos «participativos y protagónicos» integrados en la Lopsas de 2001.

Una geografía desigual del acceso al servicio que obliga a la implementación de estrategias alternativas individuales y colectivas

Previamente al análisis concreto de la revolución del agua en Maracaibo, es necesario entender la geografía del agua pre-revolucionaria, producto de las relaciones de poder en el espacio urbano. Se analizará la configuración de la red de agua potable en la ciudad, como materialización de la estructura de dominación «sociohídrica», antes de acercarnos más precisamente a la microfísica del poder.

La lógica de extensión y organización de la red de agua en Maracaibo permite notar una oposición clásica entre el centro (casco histórico y urbanizaciones planificadas cercanas al centro) y la periferia (barrios en distintos niveles de consolidación alejados del centro) de la ciudad. La disposición de la red en los barrios, dispersa e irregular, contrasta con la forma, compacta y regular, de la red en las urbanizaciones planificadas. Esa constatación ilustra la lógica instrumental del operador público, que privilegia la conexión de los residentes según su posición en la estructura social (François y Uhel, 2002). El acceso a la red de las nuevas urbanizaciones de la clase media y burguesía regional está planificado, mientras la conexión de los barrios se efectúa paulatinamente, siguiendo así el largo y caótico proceso de consolidación. La ausencia de la red y la esperanza de una futura conexión se vuelven además un potente medio de control de las revueltas populares. Aquí aparece entonces la especificidad de la función biopolítica truncada del servicio de agua en Maracaibo, que pone más el acento sobre el control social y menos sobre la optimización de la fuerza de trabajo.

Sin embargo, la oposición entre centro y periferia no es suficiente para dar cuenta de la configuración «sociohídrica» de la ciudad. Existen efectivamente excepciones a esa distinción: las urbanizaciones cerradas, ubicadas en la periferia lejana, donde viven las categorías sociales de altos ingresos, las cuales disponen de una conexión a la red, a diferencia los barrios situados en los intersticios urbanos. El acceso a la red puede cambiar también al interior de un mismo barrio. Además, en muchos casos, la conexión no significa necesariamente un acceso continuo al agua: fluctuaciones cotidianas y semanales pueden alterar el caudal del grifo. Esas aclaraciones permiten entender por qué no se puede disponer de datos exactos sobre los niveles reales de acceso y consumo de agua en la ciudad (François et Uhel, 2002). Por eso, con el propósito de comprender la realidad pre-revolucionaria, es importante afinar la escala de análisis observando las modalidades alternativas de acceso al agua.

En las ciudades de los países del Sur, los usuarios excluidos de la red desarrollan estrategias individuales y colectivas para acceder a ese bien vital: las prácticas «piratas» (fuentes gratuitas, como los ríos, o tomas ilegales conectadas a la red), comunitarias (distintas formas de autoproducción y autogestión de sistemas de producción y distribución de agua), o mercantil (mercados locales de producción, transporte, distribución de agua) pueden complementarse y entremezclarse localmente (Jaglin, 2001).

En Maracaibo, el mercado de venta por camión cisterna se ha vuelto el segundo medio de distribución del agua, después del servicio público. Empresas privadas, que se abastecen en las reservas de Hidrolago, se reparten la ciudad y distribuyen el precioso líquido a los residentes de los barrios. Esos proveedores privados, verdaderos «barones o señores del agua» (Swyngedouw, 2004), ejercen un inmenso poder sobre los clientes cautivos, específicamente en términos de horarios de paso, volumen de agua distribuida por hogar y fijación de los precios. Durante los periodos de escasez, algunos empresarios aumentan fuertemente las tarifas para maximizar los beneficios, lo que puede llevar a conflictos o revueltas por parte de los clientes. Tolerados por el Estado, esos intermediarios sirven de «colchón» entre los usuarios y los gobernantes, y reducen periódicamente los flujos de protestas. La tolerancia de Hidrolago y de la tutela pública frente a esos vendedores poco escrupulosos puede entonces entenderse como un elemento del dispositivo (estatal) de control social, y completa la función biopolítica de las redes técnicas urbanas. Les reivindicaciones populares de justicia «sociohídrica» están así frenadas o bloqueadas en el nivel local (incluso a veces en el interpersonal), lo cual impide un salto en generalidad (política) que apuntaría a las responsabilidades estructurales.

Otra estrategia colectiva que existe en Maracaibo son las tomas ilegales conectadas a las infraestructuras del proveedor público y la construcción de redes precarias dentro del barrio. La localización de esas infraestructuras integra con frecuencia la estrategia de invasión y apropiación de los terrenos de los migrantes, mostrando así una planificación colectiva previa (François y Uhel, 2002). Esa solución es particularmente precaria por la fragilidad de la red construida y la pésima calidad del agua (no tratada). La actitud de las autoridades públicas es tajante: esas prácticas «piratas», que pueden dañar las infraestructuras y reducir el caudal en las urbanizaciones más abajo, constituyen un robo y deben sancionarse como tal. El proveedor público corta regularmente esas tomas ilegales, apoyándose en la Guardia Nacional. La imposibilidad de conocer exactamente la cantidad de agua desviada e integrar entonces esa solución paliativa al dispositivo de control social es intolerable para Hidrolago. Desde el punto de vista de los residentes de los barrios, esa estrategia puede aparecer como un medio de subvertir la dominación del aparato de Estado sobre la sociedad, apropiándose colectiva y directamente un bien vital que la institución pública no puede o quiere distribuir.

La geografía desigual del acceso al agua en Maracaibo es el producto de las relaciones de poder articuladas y estabilizadas entre el proveedor público, los vendedores de agua por cisternas y los usuarios/ciudadanos. Más allá de las estrategias de supervivencia y del fatalismo desmovilizador, las acciones de los residentes de los barrios se limitan a explosiones locales y puntuales, regularmente documentadas por la prensa local (bloqueo de las vías de comunicación, secuestro de funcionarios de Hidrolago, violencia verbal o física contra los choferes de los camiones cisterna, etc.). Las reivindicaciones políticas de justicia social y ambiental son ahogadas por el dispositivo de control social e instrumentalizadas por los partidos dominantes. Aunque lleva consigo los gérmenes de la revuelta, el tema de las desigualdades de acceso y consumo al agua es manipulado a fin de esconder las cuestiones políticas y sociales de su producción y reproducción.

A partir de 2001, la Lopsas tiene como expectativa romper con la estructura de dominación «sociohídrica» mediante la implementación de las Mesas Técnicas de Agua. En la parte siguiente se presentarán los procesos de elaboración, difusión y apropiación de los nuevos dispositivos participativos y protagónicos en la ciudad de Maracaibo.

La geografía de la participación «sociohídrica» en Maracaibo

El agua incorporada en un proyecto de transformación social

La revolución del agua empieza en 1999 después del lanzamiento por el Presidente de una amplia reflexión sobre la manera de sistematizar la experiencia de las Mesas Técnicas de Agua (MTA) y Consejos Comunitarios del Agua, iniciados durante el mandato de Aristóbulo Istúriz en la alcaldía de Caracas entre 1993 y 1996. Se trata de transformar una experiencia de participación popular puntual en una «propuesta organizativa del gobierno bolivariano a todas las comunidades en el sentido de resolver los problemas comunitarios relativos al servicio de agua potable y saneamiento» (Arconada Rodríguez, 2005). A partir de 2001 las MTA se generalizan mediante la adopción de la Lopsas. Entre otras funciones, tienen como objetivo «conocer la gestión de los servicios, opinar sobre las propuestas de inversión ante las autoridades nacionales, estatales y municipales, así como en la evaluación y supervisión de obras destinadas a la prestación de los servicios» (artículo 75). Por iniciativa de los usuarios de un barrio o sector, la asamblea constitutiva debe elegir a nueve coordinadores. Esa conformación se realiza con el apoyo de la empresa pública de agua de la región, que valida el procedimiento y registra la creación de la MTA. Esa política de democratización del servicio puede ser reforzada con la creación de los Consejos Comunitarios del Agua y del Consejo Nacional del Agua, entidades concebidas como «espacios alternativos de intercambio y difusión de experiencias exitosas vinculadas al trabajo de las Mesas Técnicas de Agua» (Cariola y Lacabana, 2005). Al involucrar a las comunidades organizadas, la empresa proveedora y la autoridad municipal, los Consejos Comunitarios del Agua permiten fortalecer la capacidad organizacional de los usuarios en la planificación del servicio a escala urbana, y no solamente en el nivel microlocal.

Las MTA se difunden con rapidez, aunque desigualmente, sobre el territorio y adquieren una responsabilidad creciente, al permitir la participación de los usuarios en la ejecución de las obras. Durante el tercer Encuentro Nacional de las Experiencias Comunitarias de Agua Potable y Saneamiento en 2005, el presidente Hugo Chávez propuso la creación de un Fondo de Financiamiento de los Proyectos Comunitarios en Agua Potable y Saneamiento. Mediante un acuerdo entre Hidroven y la Corporación Venezolana de Petróleo (filial de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, Pdvsa), ese fondo es alimentado por los ingresos de la renta petrolera y puede financiar los proyectos elaborados conjuntamente entre los coordinadores de las MTA y el proveedor del servicio. Para beneficiarse del financiamiento, los coordinadores deben convocar a una asamblea, con presencia de los agentes de la empresa pública, y eligir a los responsables de la gestión de los recursos y ejecución del proyecto. Una vez el proyecto aprobado y los fondos transferidos, los delegados deben rendir cuentas a los usuarios y al proveedor sobre el avance del proyecto.

Durante el IV Encuentro Nacional de las Experiencias Comunitarias de Agua Potable y Saneamiento en 2006, el presidente Chávez reafirmó «el objetivo de darle [al] pueblo la mayor suma de felicidad posible» transfiriéndole el poder. Calificó entonces a las MTA de «experiencia liberadora que forma parte de la estrategia de política socialista que está en marcha en el país».⁹ A partir de 2006, las MTA están incorporadas a los Consejos Comunales, instituciones políticas básicas de la «nueva geometría del poder», prefigurando la edificación del Estado socialista venezolano (Chávez, 2007). La revolución bolivariana busca cambiar la relación (de poder) entre la sociedad y el Estado mediante la implementación de la democracia participativa y protagónica, desarrollando así la capacidad organizacional y decisional de las comunidades locales. En palabras del presidente, «los Consejos Comunales constituyen el proyecto que dará el paso histórico para convertir la vieja democracia representativa, sin pueblo, en una democracia verdadera, a través de la cual marchemos hacia el socialismo» (MPP para la Comunicación y la Información, 2008).

La Ley de los Consejos Comunales de abril de 2006¹⁰ define a esos dispositivos como «instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social» (artículo 2). Estas instancias se constituyen en comunidades que agrupen de 200 a 400 familias en el área urbana, más de 20 familias en el área rural y desde 10 familias en las comunidades indígenas (artículo 4).

Cada Consejo Comunal está compuesto por un órgano ejecutivo, una unidad de gestión financiera y una unidad de contraloría social. El órgano ejecutivo es la instancia encargada de promover y articular la participación de la comunidad; se reunirá a fin de planificar la ejecución de las decisiones de la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, así como para conocer las actividades de cada uno de los comités y de las áreas de trabajo (artículo 8). La unidad de gestión financiera o Banco Comunal funciona como un ente de ejecución financiera de los Consejos (artículo 10). La unidad de contraloría social es el órgano encargado de realizar la contraloría social y la fiscalización, control y supervisión del manejo de los recursos asignados, recibidos o generados por el Consejo, así como de los programas y proyectos de inversión pública presupuestados y ejecutados por el gobierno nacional, regional o municipal (artículo 11).

A partir del segundo mandato de Chávez se observa una radicalización de la revolución en los discursos y políticas implementadas. El «socialismo del siglo XXI», al buscar romper con la estructura de dominación política heredada del período puntofijista, plantea una «nueva geometría del poder» enfatizando la «explosión del Poder Comunal» (MPP Comunicación y Información, 2008). Los dispositivos participativos y protagónicos de los primeros años de la revolución bolivariana (MTA, Comités de Tierras Urbanas, etc.) se encuentran incorporados en los Consejos Comunales desde 2006, expresando así un proyecto político sistémico y coherente de transformación social. Esa progresiva «globalización» de la democracia socialista necesita, sin embargo, una reorganización de los espacios políticos locales para adecuarse con la nueva orientación de la revolución.

La difusión y apropiación locales de las MTA en Maracaibo

Durante el período pre-revolucionario, los habitantes de los asentamientos precarios estaban incorporados en una estructura piramidal: la participación era delegada a los representantes electos de la asociación de vecinos (sobre todo a su presidente), subordinados a los intereses electorales del partido patrocinador del barrio. La creación de las Mesas Técnicas Agua y sobre todo los Consejos Comunales por una nueva fuerza política permite romper con la estructura de dominación heredada y sentar las bases de una reorganización del espacio político local.

Creadas en 2001, al principio las MTA tuvieron un éxito limitado en Maracaibo por la resistencia de Hidrolago. Con la llegada del nuevo gerente del proveedor público, la situación cambió radicalmente. Según el Departamento de Gestión Comunitaria, el número de dispositivos participativos en el estado Zulia pasó de 700 en 2005 a 1.230 en 2007 (Hidrolago, 2007), y sigue creciendo. Casi la mitad están ubicados en Maracaibo, particularmente en los asentamientos precarios periféricos. La geografía de las MTA coincide, a grandes rasgos pero de manera opuesta, con la geografía del acceso a la red presentada en la parte anterior. Los residentes de los barrios excluidos tienden a apropiarse de los nuevos dispositivos revolucionarios. Por el contrario, los barrios centrales o los que disponen de un acceso suficiente al servicio no se interesan en ellos.

La difusión de las MTA es, sin embargo, heterogénea. La geografía de la participación en el ámbito del agua refleja una fotografía estática de un proceso en cambio perpetuo. La repartición de las MTA cambia rápidamente y revuelve la configuración sociopolítica expresada, aunque se mantengan tendencias estructurales. La concentración de los nuevos dispositivos en la periferia y su casi ausencia en los barrios centrales o urbanizaciones se asemeja a la geografía social de la ciudad.

Con el propósito de acercarnos más puntualmente a la transición revolucionaria, se decidió comparar los procesos que desembocaron en la conformación de Consejos Comunales, a los cuales pertenecen las MTA, en tres barrios diferentes. Se insiste en el hecho de que esa investigación en tres barrios de la ciudad no quiere ni pretende representar el proceso revolucionario en su totalidad. El propósito es tener una visión precisa de los cambios localizados y plantear algunas propuestas para estudios más amplios.

Ubicados en la periferia de la ciudad, con características socioeconómicas similares, los barrios Brisas del Norte, Santa Rosa del Agua y San José de la Montaña muestran, sin embargo, niveles de consolidación del ambiente urbano muy distintos. En el Brisas del Norte, la creación del primer Consejo Comunal y la eliminación de la asociación de vecinos en 2006 se desarrollaron con el apoyo de la Guardia Nacional a petición de los militantes chavistas. Los líderes locales, afiliados a un partido de oposición, se negaron a dejar sus cargos. Dividido después en cuatro sectores, el barrio eligió dos nuevos Consejos el mismo año. Cabe mencionar que el del sector 2 se ha vuelto progresivamente el más activo y poderoso del barrio, hasta subordinar el sector 1 (el Consejo del sector 4 dejó de funcionar a los pocos meses). Los habitantes del último sector (3) conformaron su Consejo en agosto de 2007, y pusieron al mando de la institución al antiguo presidente de la asociación de vecinos. Excluidos de las redes de agua y saneamiento, los habitantes tenían muchas esperanzas con la creación de las MTA. Sin embargo, según un vocero del sector 2, las MTA no son escuchadas por Hidrolago. Sus actividades están ahora suspendidas.

Los habitantes del barrio Santa Rosa de Agua eliminaron la asociación de vecinos y dividieron el territorio comunitario en cuatro sectores para adecuarse a la nueva norma participativa (los Consejos Comunales deben agrupar entre 200 y 400 familias). La elección de los portavoces se hizo con una participación amplia y sin conflictos. Los miembros del directorio de la asociación de vecinos se apropiaron del sector Ecos del Zulia bajo la bandera chavista, generando una reproducción de la organización anterior, a una escala más reducida. Los tres otros sectores eligieron también a portavoces seguidores del proceso revolucionario. Las observaciones y entrevistas muestran que si bien existe un cierto respeto entre los Consejos del mismo barrio, los voceros tienden a enfocarse en su nuevo ámbito y a considerar la acción colectiva dentro de este espacio político reducido.

En San José de la Montaña, la transición revolucionaria se hizo de manera distinta. Después de los trabajos de censo y cartografía efectuados por el Comité de Tierras Urbanas de un barrio vecino en 2002, se comprobó que San José de la Montaña no aparecía en el catastro de la alcaldía. Uno de los voceros de la MTA del barrio explicó que durante la invasión de los terrenos en 1982, San José de la Montaña fue «anexado» por el barrio Calendario, lo que explicaría su ausencia en los planos municipales. La conformación de los dispositivos participativos (Comité de Tierras Urbanas, MTA, etc.) se desarrolló con esa configuración territorial, asociada a una pésima participación y bajo el mando de la oposición al proceso revolucionario. Desde entonces, los militantes chavistas buscaron el reconocimiento de su barrio y derrocar a los dirigentes electos. Hicieron campaña y propusieron nuevas asambleas en todos los barrios cercanos. Esa estrategia permitió el cambio de los voceros.

En los dos últimos casos, el objetivo principal de las MTA es conectar el barrio a la red de alcantarillado. Por ahora, Santa Rosa de Agua devuelve sus aguas servidas al lago de Maracaibo mientras que San José de la Montaña las evacua en el suelo y río cercano. Según los voceros de las MTA, Hidrolago prometió solucionar esos problemas lo más pronto posible, pero ninguna agenda de intervención estaba prevista cuando se realizaron las entrevistas.

La transición revolucionaria implicó una ruptura (a veces violenta) con la estructura del poder anterior. La multiplicación de las instituciones y las divisiones (y tensiones en el caso de Brisas del Norte) internas a los barrios implican una fragmentación del espacio político local, rompiendo con una unidad territorial muchas veces difícilmente adquirida. En ese contexto, nuevas relaciones de poder se conforman en el espacio político local entre ciudadanos y portavoces. En los tres barrios analizados la organización política tiene la forma de un núcleo de individuos, agrupados en el seno del Consejo Comunal por vínculos amistosos o familiares, que tejen una red social compleja de subordinación y exclusión con los habitantes del sector o barrio.

La reorganización del espacio político local muestra entonces una reactualización de las relaciones asimétricas de poder. En la parte siguiente se tratará el papel de la empresa pública en el proceso de cambio, antes de analizar la materialización de la «revolución del agua» como producto de la articulación de las escalas (de poder) locales y regionales. Ese recorrido a través la microfísica del poder se propone adelantar pistas de respuesta a la hipótesis de una instrumentalización política de las MTA.

La organización de las escalas del poder «sociohídrico» en Maracaibo

La «bolivarianización» parcial del proveedor público

Los dispositivos democráticos promovidos por el Gobierno deben romper con la estructura de dominación anterior e impulsar una nueva relación con el Estado. Sin embargo, el Poder Popular se enfrenta a la inercia de la organización y funcionamiento del aparato estatal, que busca mantener el antiguo modelo de gestión pública mediante viejas prácticas clien­telistas y tecnocráticas (Ochoa Henríquez, 2008). Por eso las «misiones» sociales desarrollan paralelamente al Estado para evitar el desvío de los recursos públicos por parte de los funcionarios. Se puede suponer que esta estrategia motivó también la arquitectura del financiamiento de los proyectos comunitarios como las Mesas Técnicas de Agua y los Consejos Comunales. Pero esta incertidumbre con la actuación del aparato de Estado no es viable para un Gobierno que quiere llevar adelante un proceso revolucionario. Es por eso que a partir del segundo mandato de Chávez se puede observar a una «bolivarianización» de la administración pública. Iniciado en 2007, este proceso desemboca en la adopción de la Ley Orgánica de la Administración Pública en julio de 2008 con las Leyes Habilitantes. En su prólogo, la Ley precisa que

la consolidación del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, conlleva la necesidad de efectuar cambios en las estructuras públicas, con la finalidad de adaptarlas a la nueva realidad social y política del país, y maximizar la eficacia y la eficiencia de la Administración Pública, destruyendo las estructuras burocráticas y paquidérmicas que han caracterizado a las instituciones públicas, con el fin de lograr un acercamiento efectivo a la población y la satisfacción de sus necesidades fundamentales de manera oportuna.

Más adelante, la Ley estipula que «los Consejos Comunales y demás formas de organización comunitaria que utilizan recursos públicos, [deben ser incorporados] como sujetos obligados en el cumplimiento del principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos» (Ley Orgánica de la Administración Pública, 2008). Con esta nueva ley se busca imponer a la administración pública atender a las necesidades de los ciudadanos, integrándolos al aparato de Estado y dando a los portavoces de los Consejos Comunales un estatus cercano al de funcionarios.

Durante la IV Cumbre de la Deuda Social en 2007, el presidente de Hidroven y viceministro del agua, ingeniero Cristóbal Francisco Ortiz, subrayó: «la democracia participativa y protagónica nos coloca a las empresas hidrológicas y a todo el Sector de Agua Potable y Saneamiento en general, en la redefinición permanente de las relaciones y los intercambios con nuestros usuarios o suscriptores, que ahora también son actores en la administración y desarrollo de los servicios»; la revolución del agua «transformó para siempre las ideas acerca de la gobernabilidad y la asimétrica relación de poder entre ciudadanos y decisores».¹¹ Hidrolago, como empresa pública descentralizada responsable del servicio agua potable y saneamiento en la región del Zulia, tiene que inscribirse en las líneas generales fijadas por la casa matriz, Hidroven. Sin embargo, por la distancia con el gobierno central, localizado en Caracas, y la oposición histórica entre las dos más grandes ciudades del país, es necesario matizar la supuesta subordinación de la empresa a la autoridad central y considerar más bien la actuación del proveedor revestida de una cierta autonomía regional. Esas aclaraciones sobre la relativa autonomía del aparato de Estado descentralizado pueden explicar la inestabilidad del directorio hasta 2005 (entre 1998 y 2005, siete presidentes se sucedieron a la cabeza de la empresa) y la baja audiencia de la revolución del agua en el proveedor hasta esa fecha. Según las palabras del nuevo presidente, Freddy Rodríguez, Hidrolago asume hoy en día el reto revolucionario «en el marco de las orientaciones del presidente Hugo Rafael Chávez Frías en lo que se refiere a las empresas socialistas del Estado» (Hidrolago, 2007).

El presidente y la dirección de los departamentos han sido reemplazados a partir de 2005 por partidarios de la revolución; lo que no ocurrió sin controversias, dado el contexto político nacional polarizado. En el momento de la investigación, Hidrolago aparece dividida políticamente en dos bandos: los pro Chávez, en el nivel de la presidencia y direcciones de departamento, así como en los trabajadores sociales; y los anti Chávez, concentrados en los cuadros (ingenieros y técnicos) y empleados. Esa oposición interna de la empresa aparece claramente¹² en los discursos y refleja un proceso de «bolivarianización» parcialmente acabado. Al no poder prescindir de las competencias de la tecnoburocracia opuesta a la revolución, el Gobierno nacional debe arreglarse con las relaciones de poder internas del proveedor, importadas del campo político nacional, y que se suman a las relaciones de poder inherentes a cualquier aparato burocrático. Esas resistencias internas ilustran perfectamente la inercia del Estado y la dificultad del Ejecutivo para aplicar sus decisiones. La implicación diferenciada de los agentes públicos en las transformaciones estructurales instauradas por la revolución tiene repercusiones sobre la eficacia de los dispositivos participativos y la planificación de los proyectos. Más allá de la oposición política de una categoría social privilegiada que rechaza la revolución por consideraciones más fantaseadas que reales, es posible interpretar esa reacción como la voluntad de conservar el monopolio en el análisis y las decisiones técnicas, un intento para mantener una posición de poder basada en una relación de autoridad, frente a sectores de la sociedad juzgados incompetentes y por consiguiente ilegítimos.

¿Será equivocado explicar así la ausencia de los Consejos Comunitarios de Agua en el Zulia, esos espacios en donde se reúnen las comunidades organizadas, la empresa de agua y la autoridad municipal? Además de la resistencia de funcionarios que se sienten amenazados, esa organización puede revelar una voluntad de autonomía por parte de la dirección del proveedor frente a los objetivos del gobierno central. La ausencia de los Consejos Comunitarios de Agua permite al proveedor, a la vez, evitar la intromisión de la municipalidad en sus asuntos al establecer un vínculo directo con las MTA, aisladas y atomizadas, y limitar una coordinación a escala urbana y regional.

La articulación de las MTA y del proveedor público

A partir de 2005, Hidrolago se inscribió plenamente en las orientaciones de la revolución del agua, aunque el proceso de «bolivarianización» se efectúo de manera contradictoria. Si bien el acercamiento entre el proveedor público y los usuarios organizados abre oportunidades reales para mejorar el acceso al servicio, particularmente en los barrios, ese vínculo directo permite la instrumentalización política de los dispositivos participativos. En los párrafos siguientes se analizarán las relaciones de poder establecidas entre la escala local y la regional, esa «zona de contacto» que permite el encuentro entre los coordinadores de las MTA y los trabajadores sociales de Hidrolago.¹³ Esos agentes de la empresa pública se desplazan a petición de los usuarios de un barrio o sector para asistir y regularizar el procedimiento de conformación de una MTA y reciben en el Departamento de Gestión Comunitaria los proyectos de los coordinadores, que transmiten luego a los departamentos «Planificación» y «Operación y Mantenimiento».

Las observaciones realizadas con los trabajadores sociales de la empresa permitieron constatar cierta forma de instrumentalización política de los proyectos comunitarios. Si bien no se pudo observar la actuación de Hidrolago en los tres barrios elegidos (como fue señalado en la introducción), fue posible en cambio asistir a la conformación de tres MTA en el Zulia (en los municipios Maracaibo, San Francisco y Cañada Urdaneta). Antes de elegir a los coordinadores, los agentes públicos recuerdan a la asamblea las etapas de conformación de la MTA y sus objetivos, inscribiéndolos en el contexto político nacional revolucionario. La retórica y los atributos revolucionarios (banderas, carteles y trajes rojos) son movilizados. Esa asesoría técnico-política de la empresa es importante, pero resulta insuficiente frente a las necesidades reales de formación de los coordinadores. En efecto, no está prevista ninguna formación específica para el ejercicio del mandato de coordinador de una MTA. Nadie puede ser especialista hídrico improvisadamente, de un día para otro, por el simple hecho de haber sido nombrado. Tomando en cuenta el número reducido de trabajadores sociales, les resulta imposible quedarse mucho tiempo en los barrios para responder a las cuestiones planteadas por de los usuarios. Las reuniones y desplazamientos se multiplican sin parar, lo cual provoca decepción y frustración en ambas partes de la relación.

Si la conformación de una MTA es un momento de aprendizaje técnico-político, la finalización de los proyectos es regularmente utilizada para valorizar la imagen de la empresa regional y la revolución. El ciclo de proyectos de 2007 se clausuró con la organización de una reunión pública en el teatro de Maracaibo retransmitida por un canal de televisión regional. Después del discurso del presidente de la empresa y de la directora del Departamento de Gestión Comunitaria, alabando los resultados de la revolución bolivariana, los coordinadores recibieron certificados de la empresa, demostrando los beneficios de la cooperación entre usuarios y proveedor. Cada coordinador tomó la palabra y agradeció a la empresa y al presidente de la República. La reunión terminó con el Himno Nacional entonado por todo el público. La empresa se encargó del alquiler del teatro, abastecimiento alimenticio y transporte de los coordinadores (buses fletados). Con la organización de esos eventos, la dirección de Hidrolago atribuye el mejoramiento del servicio a la revolución bolivariana, una especie de propaganda por ese hecho, legitimando asimismo su posición en la burocracia chavista. Durante esos eventos, el mensaje es muy claro: las MTA, emanadas de la revolución bolivariana, tienen el poder de mejorar las condiciones de acceso al servicio.

Las observaciones y entrevistas realizadas permitieron constatar un cambio de perspectiva real por parte de la empresa de agua. Un acercamiento efectivo entre proveedor y usuarios se opera desde la elaboración y ejecución de los proyectos, rompiendo parcialmente con la relación tecnocrática anterior. Si la politización de la temática del agua permite salir de una visión tecnicista, abre sin embargo la posibilidad de una instrumentalización de los dispositivos participativos por una empresa «bolivarianizada». Parecería entonces que la estrategia de la empresa busca utilizar los coordinadores, en el plano técnico, como simple informantes (por su conocimiento del barrio), incluso como mano de obra barata puntualmente, y en el plano político, como vector de la propaganda chavista.

La materialización de la revolución del agua

Hidrolago junto con el Ministerio del Poder Popular para el Medio Ambiente, Pdvsa y las Fuerzas Armadas diseñaron un «Plan coordinado a los fines de resolver definitivamente el problema de los servicios de agua potable y saneamiento en el Estado [Zulia]» (Hidrolago, 2007). Llegando a más de dos billones de bolívares, la inversión del gobierno bolivariano estará orientada a la construcción (represa Los Tres Ríos) y rehabilitación (planta de tratamiento del agua El Brillante) de las infraestructuras hidráulicas regionales. La construcción de la represa es «una prioridad del gobierno bolivariano para atender la escasez de agua en la región del Zulia» (Hidrolago, 2007). Ese proyecto es emblemático del mantenimiento de una visión productivista y tecnocrática de la cuestión del agua. Producir más, a riesgo de buscar el recurso cada vez más lejos. La realización de esos megaproyectos necesita la intervención de especialistas altamente calificados. Esa interpretación de la temática del agua, característica de la «hidrocracia», evita tomar en cuenta las condiciones (sociales) de producción de la disminución del agua en la red y de las desigualdades de consumo intraurbano. El análisis de un fotomontaje extraído del boletín de Hidrolago permite ilustrar la idea de que la solución de los problemas de acceso al agua pasa por el aumento de los volúmenes de agua producida. Se nota en el fondo de la imagen la presencia de una canalización de donde surge el precioso líquido. El servicio de «Asuntos Públicos» de la empresa escenificó la figura del «presidente-constructor» (o «presidente-mago» que hace surgir el agua a la punta de su dedo), llevando un casco de obrero y una camisa roja, mostrando el rumbo a seguir (su dedo apunta al cartel al fondo a donde se puede leer: «Presa los Tres Ríos, embalse de la revolución»). Ese fotomontaje ilustra así la presencia y la acción de la más importante autoridad del Estado central en la región.

Entre 2005 y 2007 fueron lanzados en Maracaibo setenta y seis proyectos comunitarios con una inversión de más de catorce billones de bolívares. La primera fase correspondió a proyectos que no implicaban ni inversiones pesadas ni conocimientos técnicos avanzados (por ejemplo, el cambio de una red vieja). Mientras las MTA ganaban paulatinamente credibilidad y responsabilidad, las fases siguientes del ciclo de intervención movilizaron inversiones más importantes y conocimientos más técnicos (por ejemplo, la extensión de la red). Cuando se mira más detalladamente la localización de los proyectos, se puede notar una concentración en la periferia cercana o en el centro de la ciudad (datos obtenidos en Hidrolago en 2007). Los habitantes de los asentamientos precarios periféricos, excluidos de la red, donde se concentran las MTA, no se beneficiaron entonces del primer ciclo de intervención de la revolución del agua. Oficialmente, se trata de proceder por etapas, profundizando progresivamente la experimentación del proceso de codecisión y coproducción y resolviendo la situación de los barrios ubicados en los intersticios urbanos antes de atender a la periferia de la ciudad.

La explicación del desfase relativo entre las necesidades y la ejecución de los proyectos reside en el hecho de que la conexión a la red de los asentamientos precarios necesita una planificación global y de largo plazo, planificación que ha sido siempre problemática teniendo en cuenta las características del proceso urbano de los países de la periferia del sistema capitalista mundial. Aspectos técnicos (viabilidad de los terrenos y casas de los barrios, planificación de la extensión de la red y de las cantidades de agua necesarias para el abastecimiento de los futuros barrios conectados, etc.) y político-administrativos (estatuto jurídico de las tierras, antigüedad y legalidad de las MTA integradas a los Consejos Comunales, coordinación entre distintos servicios públicos, etc.) son requisitos imprescindibles para que se concretice el acceso al agua en la periferia de la ciudad. Lo que es diferente en los casos de rehabilitación o conexión de redes de intersticios urbanos, por ejemplo, que pueden ser supervisados «a distancia» y ejecutados parcialmente por los usuarios.

Así, esas razones objetivas, que ya existían en el pasado y limitaban los mecanismos clientelistas, llevan a la relativización de la eficacia de la revolución del agua. Por ahora las exigencias burocráticas de resultados obligan a Hidrolago a mostrar los logros de la revolución del agua. Puede ser tentador «hinchar» las cifras con intervenciones puntuales que responden parcialmente a las inmensas necesidades populares. Aunque las actividades «comunitarias» de la empresa pública son un vector de propaganda política y ocurrieron mejoras en los barrios seguidores del movimiento chavista, sería deshonesto afirmar que únicamente las consideraciones clientelistas guían la actuación del proveedor. Sería afirmar que los usuarios juzgados «contrarrevolucionarios» no son atendidos por la empresa, que el servicio se vuelve entonces un arma política. Hipótesis que no ha sido comprobada en ningún momento.

El segundo ciclo de intervención lanzado al final de 2007, que ratifica el cambio de relación entre las MTA y Hidrolago, favorece la gestión directa de los fondos por la comunidad y lleva a interrogarse sobre el papel del proveedor y de los coordinadores de las Mesas. Hasta ahora los proyectos eran codecididos y coproducidos e Hidrolago conservaba el control técnico y la supervisión de los proyectos. Con los nuevos procedimientos participativos, la ejecución de los proyectos implica que las MTA administren los fondos asignados por el Fondo de Financiamiento de las Proyectos Comunitarios e incluso que realicen las obras, contratando directamente a empresas privadas. Hidrolago pierde así parcialmente el control técnico de la ejecución de los trabajos. Ese cambio de relación decidido por la Presidencia de la República puede llevar a una resistencia incrementada por parte de la tecnoburocracia, que perdería así el monopolio de la decisión técnica, y a un aumento de los riesgos de desviación de los fondos públicos al nivel local, dada la ausencia de formación de los coordinadores de las Mesas.

Conclusiones parciales y provisionales

La democracia participativa y protagónica aplicada al sector del agua permitió la politización e intervención de los sectores marginales en el proceso de decisión y producción del servicio, rompiendo así parcialmente con la estructura de dominación «sociohídrica». Sin embargo, esos proyectos resuelven, hasta la fecha de la investigación, problemas puntuales y de corto plazo. Un reparto efectivo del ejercicio del poder mediante una planificación y producción colectivamente decididas es frenado por el desarrollo desigual de las Mesas Técnicas Agua en el espacio y el tiempo, asociado a la ausencia del Consejo Comunitario del Agua. Además, ese cambio en la relación de poder necesitaría una transferencia de conocimientos por parte de los ingenieros y técnicos de la empresa y, entonces, la existencia de dispositivos de formación de los coordinadores de las Mesas. Esa ausencia de capacitación está sustituida por una formación político-ideológica, lo cual abre la posibilidad de una instrumentalización política de esas instancias de participación. Concluyendo parcial y provisionalmente sobre la implementación de la revolución del agua en Maracaibo, los resultados de la investigación muestran el establecimiento de una relación asimétrica de poder entre los nuevos líderes comunitarios y el proveedor público en vías de «bolivarianización». Las Mesas Técnicas de Agua pueden interpretarse como una técnica de poder en la terminología foucaultiana.

Además de la transformación necesaria de la visión productivista y tecnocrática de la «hidrocracia» zuliana, la implementación de una política emancipadora debería, a nuestro juicio, profundizar la democratización del servicio y acabar con los «barones del agua». En efecto, desde el lanzamiento de la revolución del agua, los mercados locales de venta de agua por cisternas no han sido eliminados o al menos sometidos a la reglamentación pública, lo que permite mantener las prácticas especulativas y autoritarias de esos empresarios privados.

NOTAS

¹ Programa de investigación ECOS Nord (Centre National de la Recherche Scientifique-CNRS/ Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación-Fonacit), «Cambios urbanos y familiares en la Venezuela de hoy, el ejemplo de Maracaibo».

²  La elección de esos tres barrios estuvo vinculada a una investigación precedente realizada en la ciudad (François y Uhel, 2002).

³ El desfase temporal explica la imposibilidad de adecuar perfectamente las escalas local y regional, es decir la articulación entre los barrios elegidos y la actuación del proveedor, Hidrolago. Sin embargo, las investigaciones permiten entender las lógicas políticas de reorganización de las relaciones de poder y la tendencia hacia la conformación de una nueva estructura de dominación.

⁴ Siguiendo los trabajos de Michel Foucault (Foucault, 1994), se utilizará el siguiente concepto de poder: «la manera en que unos estructuran el campo de acción de otros». Las relaciones de poder pueden estabilizarse en estados de dominación mediante lo que Foucault llama «las técnicas de poder». Las disciplinarias buscan «cómo supervisar a alguien, cómo controlar su conducta, su comportamiento, sus aptitudes, cómo intensificar sus prestaciones, multiplicar sus capacidades, cómo ponerlo en el lugar donde será más útil». Las técnicas biopoliticas se ejercen sobre los individuos entendidos como constitutivos de una especie de entidad biológica. Esa población o cuerpo social puede ser utilizado como maquina para producir riquezas, bienes y hasta para producir otros individuos.

⁵ «La palabra barrio en Venezuela se utiliza para denominar los asentamientos urbanos no controlados o precarios, aquellas aglomeraciones humanas que se constituyen de modo irregular» (Echeverría y Chourio, 2001). Según Andrés Echeverría, el proceso de constitución del barrio pasa por cuatro etapas: «formativa», «barrio en desarrollo o mixto», «consolidado» y «terminado» (Echeverría, 1995).

Usaremos el término en itálicas (barrio) para designar esos asentamientos no controlados o precarios. La palabra «barrio», sin itálicas, corresponderá a la denominación genérica de la entidad administrativa inframunicipal.

⁶ Después de permanecer varias décadas alrededor del 7 por ciento, y de una fuerte caída en los años sesenta, la tasa de crecimiento de la ciudad se estabiliza entre 3-4 por ciento a partir de los setenta. Sin embargo, esa cifra esconde la diferencia interna de la dinámica urbana. En 1985, la tasa de crecimiento de los sectores «informales» se ubica en alrededor del 9 por ciento, mientras que la de los sectores «formales» está por debajo del 1 por ciento (Echeverría, 1993). El dinamismo de los asentamientos precarios se explica por el proceso de migración y el crecimiento natural de la población.

⁷ Al final de los años noventa, la estructura urbana lleva el aspecto de un archipiélago: «islotes formales» (urbanizaciones) interconectados por redes de comunicación a los centros económicos y políticos, compartiendo el espacio urbano con un océano de asentamientos informales (barrios) de consolidación e integración desigual. Los profesores Gustavo Chourio y Andrés Echeverría definen a Maracaibo como «metrópoli-barrial» (Echeverría y Chourio, 2001).

⁸ La Lopsas no impide la concesión de los servicios públicos a entidades privadas.

⁹ Prensa presidencial, agosto de 2006, www.gobiernoenlinea.ve.

¹⁰ La Ley Orgánica de los Consejos Comunales de diciembre de 2009 reemplaza la ley anterior de 2006. Sin embargo, se utilizará a continuación el texto inicial porque las investigaciones llevadas a cabo en Maracaibo datan de 2007.

¹¹ Véase en portal web de Hidroven: www.hidroven.gov.ve.

¹² Esa constatación resulta de observaciones y entrevistas informales realizadas durante una inmersión parcial en el Departamento de Gestión Comunitaria de Hidrolago en agosto de 2007.

¹³ Los trabajadores sociales no son funcionarios. Pertenecen a una cooperativa y son contratados por Hidrolago. En numero insuficiente (un equipo de una decena de personas para el conjunto de la región), esos agentes públicos reciben sueldos reducidos (pagados con frecuencia con varias semanas de atraso) y disponen de contratos flexibles y de corto plazo.

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