ENTREVISTA   

Luis Gómez Calcaño  .  «Existir es resistir» 

 La sociedad civil hoy en Venezuela

 Por NELLY ARENAS*

 * Profesora Titular del Área de Desarrollo Sociopolítico del Centro de Estudios del Desarrollo, Cendes, de la Universidad Central de Venezuela.

Correo-e: narenas50@gmail.com

 Desde el año 2012 Cuadernos del Cendes se ha propuesto ofrecer a sus lectores información sobre el pensamiento y obra de sus investigadores siguiendo la modalidad de la entrevista. Prosiguiendo con esa práctica, entrevistamos en esta oportunidad al profesor Luis Gómez Calcaño, sociólogo, egresado de la Universidad Central; MSc en Planificación del Desarrollo del Cendes, y DEA en sociología de la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París. Fue profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad del Zulia e investigador del Instituto de Criminología de dicha universidad y, desde 1979, profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela e investigador docente del Cendes, instituto donde ha sido jefe del Área de Desarrollo Sociopolítico, así como su Coordinador de Investigaciones.

El profesor Gómez Calcaño es responsable de una vasta obra escrita, recogida en varios libros y numerosas revistas académicas, de alcance nacional como internacional. Actores sociopolíticos; movimientos sociales; vínculos entre la sociedad civil y el Estado en Venezuela, son los principales temas a los que ha dirigido preferentemente su atención. Ha coordinado importantes proyectos de investigación y ha sido consultor en áreas como análisis del entorno político, coyuntura política y gobernabilidad para organismos nacionales y multilaterales.

Para quienes se interesen por el mundo de la sociedad civil y sus problemas, los trabajos del profesor Gómez Calcaño son una referencia insoslayable. Esta entrevista espera ampliar el conocimiento sobre la producción intelectual de un académico que ha contribuido al conocimiento del país desde la universidad venezolana.

 Nelly Arenas: En su trayectoria de investigación se distinguen principalmente dos líneas de análisis: una dedicada a las organizaciones de la sociedad civil y otra al sistema político venezolano. En sus trabajos ¿de qué modo se retroalimentan estas vertientes de estudio?

Luis Gómez Calcaño: En las tempranas investigaciones sociopolíticas del Cendes, incluyendo las pioneras de los años sesenta, la expresión «sociedad civil»está prácticamente ausente, ya que, si bien el concepto tenía una larga tradición histórica, había sufrido un eclipse durante la mayor parte del siglo XX, en razón del predominio de corrientes como la teoría de sistemas en la ciencia política académica y las tendencias reduccionistas del marxismo predominante. Para la teoría de sistemas, las organizaciones de lo que hoy llamamos «sociedad civil» eran consideradas parte del entorno del sistema político, al que proporcionaban insumos externos que este procesaría a través de su componente fundamental, los partidos políticos. Por su parte, el marxismo hacía énfasis en los factores estructurales como determinantes de la acción histórica, en la cual los agentes básicos eran las clases sociales.

Las conmociones sociales de fines de los años sesenta pusieron en cuestión muchas de las premisas de ambas corrientes, al surgir nuevos actores que hacían política fuera de las instituciones políticas formales y reivindicaban intereses y demandas no reductibles a intereses de clase.

En América Latina, la difusión de la obra de Gramsci, sobre todo a partir de las décadas de los sesenta y setenta, influyó sobre algunos intelectuales de orientación marxista como Juan Carlos Portantiero, Emilio de Ipola y Ernesto Laclau, entre otros, contribuyendo a redescubrir el concepto de sociedad civil.

En el caso de los estudios sociopolíticos del Cendes, puede observarse una inflexión en la segunda mitad de la década de los setenta, cuando el análisis del sistema político venezolano, sin dejar de considerar lo estructural, pone énfasis en los procesos y actores políticos, ya no estrechamente identificados con las clases sociales. La creciente aceptación del concepto de sociedad civil permitió comprender más claramente las bases de la autonomía de los actores sociales, que constituía un rompecabezas para las versiones más mecanicistas del marxismo.

La trayectoria subsiguiente de las investigaciones del área sociopolítica se benefició de esta ampliación de perspectivas, ya que permitió seguir líneas particulares de estudio de actores comprensibles como parte del entramado de la sociedad civil: organizaciones sindicales, gremiales y territoriales ligadas a proyectos de poder e intereses materiales, pero no plenamente determinadas por ellos.

En mi caso específico, la aproximación a la sociedad civil se inició con la participación en estudios comparados sobre movimientos sociales y reforma institucional en América Latina promovidos por Clacso a principios de los ochenta, gracias al impulso e interés de su Secretario General en aquel momento, Fernando Calderón. Influenciados por las teorías de Touraine, Lechner y Castells, entre otros, esos estudios destacaron el carácter fluido de los actores sociales que surgían en medio de la crisis de los ochenta, que en algunos casos se transformaban en partidos o grupos de presión y en otros se extinguían o eran absorbidos por otros movimientos. En el caso de Venezuela, se estudiaron movimientos como el vecinal, el de mujeres y el ambientalista, pero también movimientos institucionalizados como el sindical. Dado el carácter estadocéntrico de la sociedad venezolana y el cuasi monopolio de la representación por los partidos políticos, se pudo observar la existencia de modos diversos de inserción en el sistema, en algunos casos como engranajes del modelo populista «de conciliación» (expresión de J.C. Rey); en otros como organizaciones en tensión entre la necesidad de ser reconocidas por el Estado para satisfacer algunas de sus demandas y la aspiración a la autonomía respecto al mismo Estado y a los partidos. Un rasgo que se reiteraba en varios países de la región era la creciente demanda de cambios político-institucionales dirigida desde la sociedad civil hacia el Estado y los partidos políticos, al constatar que las necesidades y reivindicaciones específicas de los diversos movimientos se veían obstaculizadas por estructuras y modos de ejercer el poder cada vez menos capaces de enfrentar las profundas transformaciones que requería la coyuntura crítica de los ochenta.

Los proyectos de investigación emprendidos por el Área de Desarrollo Sociopolítico del Cendes, desde esa década hasta el presente, han integrado sus análisis e interpretaciones del sistema político venezolano con el estudio de una diversidad de actores que van más allá de los partidos políticos, pero han ejercido, para bien o para mal, roles protagónicos en los conflictos políticos de los últimos años, dado el déficit de representatividad y legitimidad de los partidos. Pero, en contraposición a este creciente protagonismo de la sociedad civil en la vida política, el Estado y algunos partidos no han abandonado su práctica de largos años que consiste en tratar de tutelar a las organizaciones de la sociedad civil, penetrarlas y ponerlas al servicio de sus propios proyectos políticos. Este doble movimiento implica que hoy en día no es posible separar el estudio del sistema político venezolano del de las organizaciones de la sociedad civil.

NA: En un país como el nuestro, con una sociedad civil históricamente débil¿es posible pensar que la investigación sobre el tema habrá contribuido de algún modo a colocar de relieve este déficit, tanto frente a la academia como de cara a la sociedad?

LGC: La posible contribución de la investigación académica para visibilizar fenómenos sociales importantes, pero poco presentes en la conciencia social, es discutible y tiende a manifestarse más en el largo que en el corto plazo. Sin embargo, es indudable que, así como en el mundo académico se fue reavivando el interés por el estudio de la sociedad civil, también en la opinión pública fue tomando presencia el término, aunque con retraso y no necesariamente con mucho rigor conceptual. La poca visibilidad de la sociedad civil se debía a que sus componentes más importantes en las sociedades modernas, las organizaciones sindicales y empresariales, formaban en Venezuela parte de los pactos de gobernabilidad establecidos en 1958, y en virtud de ellos eran socios del Estado y del sistema político más que organizaciones autónomas; eso hacía de ellas actores ambiguos, no totalmente subordinados a los partidos y al Estado, pero ciertamente alejados de la autonomía que debería ser característica esencial de las organizaciones de la sociedad civil. Más allá de esas organizaciones, otras, como los gremios profesionales y las asociaciones de vecinos, ocupaban los escalones inferiores del sistema de reparto del poder y, precisamente por esto, se veían obligadas a plantear conflictos y movilizaciones para ser atendidas; finalmente, comenzaron a surgir movimientos con reivindicaciones universalistas como el ambientalismo y el feminismo.

Aunque no sea posible encontrar una relación directa entre el estudio académico de la sociedad civil y su revalorización en la sociedad, es innegable que la investigación sobre el tema ha arrojado valiosos resultados desde los años ochenta hasta el presente, con aportes como los de, entre otros, Gioconda Espina, María Pilar García Guadilla, Rosa Amelia González, Alberto Gruson, Edgardo Lander, Roberto López Sánchez, Silvia Mijares de Lauría, Luis Salamanca, y Gabriela Uribe, quien hizo importantes y pioneros aportes conceptuales al tema.

A la par de su resurgimiento académico, la difusión de la idea de sociedad civil en la opinión pública tuvo orígenes ideológicamente contrapuestos: por un lado, en organizaciones que pretendían renovar el lenguaje y los objetivos de la izquierda, como el MAS, y, por el otro, en grupos de reflexión como Cedice y el grupo Roraima, quienes reivindicaron el papel de la sociedad civil como contrapeso al excesivo poder del Estado en Venezuela. Esta valoración del mismo objeto con sentidos distintos persistió durante varias décadas; sin embargo, con la llegada al poder del chavismo, se produjo un cambio en las definiciones y políticas de esta fuerza sobre la sociedad civil: en los primeros años del régimen se planteó reconstruir una nueva forma de sociedad civil que sustituyera a la que identificaban como parte del régimen anterior; pero, ante la resistencia de esta a ser sustituida, el discurso chavista pasó a considerar a la sociedad civil como un concepto instrumentado por los enemigos del régimen, por lo que prefirió estimular desde el poder nuevas organizaciones en las que el sujeto central era el «pueblo» y no la sociedad civil. El destacado papel que otorgaba Gramsci a la sociedad civil en el proceso de construcción de la hegemonía fue desplazado por una concepción centralista y vertical de ella, alejándose de la tradición gramsciana.

NA: En el transcurso de su existencia, el Área Sociopolítica del Cendes ha dado mucho peso al estudio de los actores sociopolíticos. Usted que posee una larga experiencia en el uso de este enfoque, puede discernir en torno a por qué estudiar los actores y cuál es la importancia que tienen los mismos en la comprensión del desarrollo y sus desafíos.

Los estudios sociopolíticos en el Cendes han pasado por varias etapas con diferentes grados de institucionalización, pero si algo los caracteriza es su pluralismo teórico y metodológico. Ya esto es visible en el proyecto «Cambio Político en Venezuela», iniciado a principios de los años sesenta, ya que si bien se basaba en la teoría de la modernización, fue impregnado por la formación marxista de algunos de sus investigadores principales, como J.A. Silva Michelena. El resultado fue un conjunto de libros en los que coexistían, sin integrarse plenamente, análisis de actores con historias de vida, encuestas masivas estratificadas por grupos ocupacionales y análisis históricos cualitativos de influencia marxista. Esto llevó al mismo Silva Michelena a reconocer un cierto grado de «sincretismo» al referirse al intento, no plenamente logrado, de conciliar estos diversos enfoques teóricos.1 La creación del Área de Desarrollo Sociopolítico, alrededor de 1975, coincidió con el arranque del proyecto de grupo «Estructura y procesos del sistema político venezolano (POLVEN)» que, como su nombre lo indica, pretendía hacer un análisis global en el que se combinaba el enfoque estructuralista propio de la teoría de la dependencia con la atención a la dinámica de los actores sociales y políticos; a esto se agregó la influencia de teorías neomarxistas del Estado como las de Poulantzas y Skocpol, que destacaban a la vez la centralidad del Estado en el desarrollo capitalista y las limitaciones de los enfoques que lo consideraban sólo como una superestructura reductible a las relaciones sociales de producción. Ello hizo que se prestara atención a ciertos actores como los partidos políticos y movimientos empresarial y sindical, aunque el énfasis general del proyecto siguió enfocado en el desarrollo paralelo de las estructuras del Estado y la sociedad en la Venezuela del siglo XX.

El segundo proyecto colectivo del Área, iniciado en 1984, se titulaba «Proyectos sociopolíticos para Venezuela», lo que muestra el énfasis en la capacidad de los actores sociales para generar proyectos que expresaran los intereses y aspiraciones de grupos sociales complejos. Apoyándose en el concepto gramsciano de hegemonía y en la distinción hecha por Juan Carlos Portantiero entre «modelo de desarrollo» y «modelo de hegemonía», el proyecto generó un marco teórico que permitió distinguir entre actores sociales y políticos, entendidos estos últimos como aquellos que, más allá de sus intereses particulares, son capaces de formular proyectos sociopolíticos capaces de articularse (en el sentido de Laclau) con otros actores para construir hegemonía.

Este marco conceptual permitió el análisis integrado del discurso y las prácticas de los principales actores, así como el seguimiento de sus procesos de construcción de proyectos sociopolíticos. De allí en adelante, tanto los proyectos colectivos como los individuales han compartido este enfoque, no como un marco metodológico rígido, sino como un referente de la necesaria conexión de la práctica con los fines subjetivos de los actores y del papel esencial del discurso como factor constitutivo de estos.

Este enfoque no subestima el papel de las estructuras económicas e institucionales en la constitución de los proyectos sociopolíticos, pero permite entender la diversidad de trayectorias posibles ante las limitaciones que imponen las coyunturas históricas. Sin embargo, esta aproximación tiene también sus desafíos, como la delimitación del grado de autonomía de cada actor, que influye sobre sus posibilidades de generar proyectos propios; la competencia entre varios actores dirigidos a un mismo público para ser reconocidos como legítimos; las diversas formas de corporativismo que hacen difícil distinguir entre un actor autónomo y una institución paraestatal y, a la inversa, la multiplicación de actores dentro del Estado, que le hace perder la coherencia de su acción. Todos estos desafíos siguen presentes cada vez que se emprende un nuevo proyecto con este enfoque.

NA: En sus documentos, usted ha insistido en la difuminación de las fronteras entre las organizaciones de la sociedad civil y la esfera política como producto del vacío de legitimidad que trajo consigo la crisis de los partidos políticos en Venezuela. A su juicio ¿este fenómeno debilita o fortalece la sociedad civil, habida cuenta de que la misma se ha visto compelida a defender el sistema democrático como mecanismo de auto preservación?

LGC: La participación activa de la sociedad civil en la vida política no es nueva, pero en el marco de las instituciones y acuerdos del sistema fundado en 1958, esta participación se enmarcaba en canales formales o informales, como la participación en comisiones de enlace entre el sector público y el privado, las mesas tripartitas de negociación de precios y salarios, la presión a través de los medios de comunicación, o los contactos personales con miembros de la élite política. En este sistema de participación las organizaciones empresariales y sindicales tenían un papel privilegiado, aunque los límites a su capacidad de presión estaban dados por la dependencia de estos actores frente a la decisiva concentración de recursos en el Estado, lo que ponía sobre él el poder de decisión estratégico.

A partir de los años ochenta del siglo XX, el agotamiento de la capacidad del Estado para producir crecimiento económico e integración social, lo que influyó sobre la creciente pérdida de legitimidad y representatividad de los partidos políticos, pareció presentar una ventana de oportunidad para reequilibrar la correlación de fuerzas entre Estado y sociedad civil, y especialmente el sector empresarial, en consonancia con el auge mundial de las ideas liberales y neoliberales.

Este proyecto tuvo una expresión parcial en iniciativas como la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre), intento de comunicación y coordinación entre las élites políticas, económicas e intelectuales que, si bien generó propuestas consensuales que pretendían relegitimar al sistema político, no contó con suficiente apoyo de los partidos. El intento de ajuste estructural y reforma económica profunda del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez se apoyó en el marco general de disminuir el tamaño del Estado y promover el sector privado, lo que se expresaba simbólicamente en el otorgamiento de la dirección de las políticas económicas a tecnócratas independientes de los partidos. Pero el estrecho margen de maniobra producido por la crisis económica y la falta de apoyo del partido de gobierno provocaron la ruptura de la alianza entre los sectores corporativos y el Estado, y especialmente la relación privilegiada entre los trabajadores y las dirigencias sindicales, derrumbando una por una las bases del gobierno de Pérez e implícitamente las de todo el sistema de conciliación.

El vacío de liderazgos y proyectos de los partidos tradicionales estimuló el crecimiento de una actitud antipolítica y antipartidista, que simplificaba la realidad en una polarización entre una sociedad honesta y trabajadora por un lado, y una élite política corrupta por el otro. Proposiciones explícitas como la convocatoria a una Asamblea Constituyente, o implícitas, como los llamados al estamento militar para que se encargaran del poder, son testimonio de la ilusión colectiva de producir un cambio rápido y radical que, al desplazar a los políticos, permitiera a la sociedad gobernarse a sí misma sin intermediarios.

Muchos de los que compartían la actitud antipolítica, decepcionados por el apoyo prestado por AD y COPEI a candidatos originalmente antipolíticos, terminaron por inclinarse a la opción que expresaba más radicalmente tanto el antipartidismo como el militarismo: Hugo Chávez.

A pesar de las evidentes señales de autoritarismo del movimiento chavista, la ilusión del autogobierno de la sociedad propiciada por la exclusión de los partidos llevó a que, en la convocatoria a elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, numerosísimos grupos y organizaciones de la sociedad civil propusieran candidatos, bajo el supuesto de que los ciudadanos elegirían a personas independientes, apolíticas y representantes de un gremio, una profesión o una religión, por encima de militantes políticos ideologizados. El fracaso de casi todas estas iniciativas debió haber hecho reflexionar sobre las limitaciones reales de una sociedad civil dispersa, carente de recursos y dividida por innumerables diferencias ideológicas y sociales.

Sin embargo, ocurrió lo contrario, ya que el debate sobre la nueva Constitución pareció complacer las fantasías de quienes aspiraban a la participación directa de la sociedad civil: dado el cuasi monopolio del chavismo sobre la Asamblea, sus dirigentes pudieron darse el lujo de convocar a amplias consultas a organizaciones de todos los sectores de la sociedad civil, lo que avivó las esperanzas de muchos de ser tomados en cuenta por los nuevos poderes. Aunque en algunos puntos específicos, como lo relativo a los derechos humanos, sí se adoptaron muchas proposiciones de las organizaciones de ese campo, en la mayor parte de los casos la Constitución se fue conformando en forma centralizada por el partido mayoritario y su caudillo.

Ya para ese momento se comenzó a producir la división de la sociedad civil en dos polos antagónicos, a favor o en contra del régimen, que llevaría en ambos polos a la difuminación de las fronteras entre la sociedad civil y el sistema político: en el caso de los oficialistas, al incorporarse en forma subordinada a las directrices del partido y del Estado, y en el de algunos opositores, a considerarse la vanguardia de las luchas.

Algunos grupos sociales opositores parecían percibir a la sociedad civil como un actor con capacidades míticas, en tanto se esperaba que podía participar como igual de los partidos políticos, e incluso con mayor legitimidad que ellos, en las luchas contra el régimen chavista y la definición del proyecto sociopolítico opositor.

Las difíciles circunstancias de la primera década del siglo, que implicaron serias derrotas para los opositores y, sobre todo, para esta visión que sobreestimaba el potencial político de la sociedad civil, fueron propiciando la búsqueda de nuevas formas de relación entre partidos y sociedad civil, que respeten la autonomía de ambas esferas sin instrumentalización de unos actores por otros.

Esto no restringe el papel político que pueda jugar la sociedad civil, sino que puede ampliarlo en la medida en que aproveche su diversidad para atender un campo de reivindicaciones y conflictos distribuidos espacial y sectorialmente a lo largo de la sociedad, sin necesidad de competir con las tareas específicas de los partidos políticos.

NA: Habiendo usted estudiado formas de participación ciudadana como las ferias de consumo familiar en el estado Lara, entre otras ¿cómo evaluaría estas organizaciones en contraste con las instrumentadas por la revolución bolivariana, tales como los Consejos Comunales y las Comunas?

LGC: El movimiento que gira alrededor de la Central Cooperativa del Estado Lara (Cecosesola) tiene características excepcionales en el panorama de las organizaciones civiles de Venezuela, e incluso en el del sector cooperativo mismo, por lo que es difícil pensarlo como un modelo reproducible a corto o mediano plazo. Su principal logro, a primera vista, ha sido alcanzar la autonomía tanto frente al Estado como a fuentes externas de financiamiento. Esta autonomía se logra por medio de la participación en el mercado como minorista y como enlace entre productores y consumidores. Su éxito económico, debido a un largo proceso de ajuste, rediseño y reflexión permanente sobre sus métodos de organización, le ha permitido convertirse en un polo de referencia para miles de familias que tienen contacto con sus diversas actividades económicas y sociales, sea como simples compradores, como productores agrícolas o artesanales, o como usuarios de sus servicios de salud. Pero el éxito económico y la autonomía organizativa son considerados como medios para un fin más trascendente, la transformación de las relaciones entre los participantes y de ellos mismos. En este sentido, se puede considerar que se adelantó a la tendencia que ahora se conoce como «cambiar el mundo sin tomar el poder», ya que no cree en la efectividad de lograr transformaciones desde posiciones de poder, sino desde las mismas bases.

El contraste con los consejos comunales no podría ser mayor, ya que, como lo han confirmado diversos estudios, ellos se caracterizan por la confusión de límites entre Estado, partido y comunidad, la presión para que se sometan a una estrecha identificación ideológica con el proyecto chavista, la dependencia casi total de recursos del Estado, y la pretensión de absorber y subordinar todas las formas de organización de las comunidades bajo su manto. Todo ello hace que estas organizaciones caigan claramente fuera del campo de cualquier definición, por amplia que ella sea, de sociedad civil.

NA: Usted ha señalado que en un contexto de populismo autoritario como el que vive Venezuela «existir es resistir» ¿Qué significa la resistencia en este caso y cuál puede ser su alcance?

LGC: Es bien sabido que los autoritarismos electorales son regímenes que operan a dos niveles: en uno, cumplen formalmente con los procedimientos que caracterizan a una democracia mínima y un Estado de Derecho, pero en el otro, ponen esos procedimientos y las instituciones democráticas al servicio de un proyecto hegemónico que puede ser simplemente autoritario o, en algunos casos, totalitario. Cuando se trata de este último caso, como creemos ocurre en Venezuela, tolerar la existencia y actividad de las organizaciones autónomas de la sociedad civil es una estrategia limitada en el tiempo, debida a la necesidad de instaurar gradual y casi imperceptiblemente las instituciones, prácticas y discursos del totalitarismo. Pero, dada la incompatibilidad entre ese régimen y el menor asomo de autonomía de los actores de la sociedad civil, la destrucción de esos actores debe comenzar lo más pronto posible. En la mayoría de las experiencias del totalitarismo del siglo XX, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones que las enmarcaban eran destruidas o puestas al servicio del régimen en un plazo corto, que en general no superaba los tres años. La ambigüedad de los regímenes híbridos, que no pueden mostrar ni ejecutar su programa real en forma rápida y abierta, hace que el proceso de destrucción sea mucho más lento y difícil. En el caso de Venezuela, a pesar de todos los esfuerzos del Estado por desarticular, dividir y debilitar a la sociedad civil, muchas de sus organizaciones han sobrevivido, aprovechando el margen de maniobra que deja la necesidad del régimen de no mostrar abiertamente su verdadero proyecto. La estrategia gubernamental consiste en la lenta asfixia en lugar del cierre o la disolución de las organizaciones, por medio de leyes que limitan o impiden la recepción de recursos del extranjero, las someten a mayores tributos y controles burocráticos, o pretenden limitar su campo de acción, bajo la amenaza de considerarlas reas de subversión o hasta de traición a la patria.

Mientras el proyecto autoritario avanzaba y se consolidaba, la estrategia de asedio fue limitando cada vez más las posibilidades de acción autónoma de las organizaciones civiles; pero desde el momento en que el régimen comienza a perder legitimidad y autoridad, se produce una carrera contra el tiempo, en la cual se trata de acelerar la tarea de destruir a la sociedad civil real y sustituirla por organizaciones que ocupen formalmente su lugar y ejerzan sus atribuciones, mientras aquella, al percibir que se ha detenido la marcha inexorable hacia el totalitarismo y que podría incluso revertirse, encuentra una nueva motivación para seguir desempeñando sus tareas a pesar de las dificultades cotidianas.

El haber sido capaces de sobrevivir a pesar de la hostilidad del Estado-partido permite ahora a muchas organizaciones, especialmente las de desarrollo social, cumplir con tareas y responsabilidades que el Estado trató de abarcar y que ya no es capaz de manejar con un mínimo de eficiencia: el apoyo a la pequeña y mediana industria, la educación básica, la atención a la familia, la infancia y la salud. Por otra parte, las organizaciones de Derechos Humanos, también fuertemente estigmatizadas por el régimen, son un polo de resistencia en la medida en que simplemente logren cumplir con sus objetivos mínimos, como la denuncia y seguimiento de las violaciones a los Derechos Humanos.

Es cierto que, ante el poder económico y la capacidad de coerción del Estado, la acción de las organizaciones autónomas de la sociedad civil puede aparecer como cuantitativamente insignificante, pero el hecho de seguir existiendo es, por el momento, un indicio de que el proyecto totalitario no ha logrado su implantación definitiva en el país.

Nota:

1 En entrevista realizada por Gregorio Castro en 1982. Castro, Gregorio y Héctor Silva Michelena. José Agustín Silva Michelena: una sociología sin treguas. Caracas, Tropykos, 1987, pp. 25-26.