Presentación

Flor Ávila Hernández de Pulitanò’

“Es preciso formar ciudadanos útiles, es preciso mejorar la sociedad y esto no se puede conseguir sin abrir el campo de los adelantamientos a la parte mas numerosa de ella”

Andrés Bello.

El número que tengo la complacencia de presentar se inicia con el trabajo “El derecho a la Educación como un Derecho Humano fundamental a la luz de la Constitución de 1999”, de la investigadora Suying Olivares, el cual nos brinda la excelente oportunidad de comparar los textos constitucionales venezolanos de 1961 y el de 1999, en lo particular, con relación al derecho a la educación. Fruto de dicho análisis, concluye que la Constitución de 1999 amplió sustancialmente el catálogo de derechos y principios constitucionales en materia educativa, con el reconocimiento de los derechos educativos de los pueblos indígenas, la educación ambiental y la autonomía universitaria. Destaca igualmente la centralidad de la educación y del trabajo, como procesos fundamentales para los fines del Estado social y Democrático. Sin embargo, resalta la autora que si bien se ha avanzado en materia de políticas educativas inclusivas, articuladoras del Estado docente (a través de las misiones del Gobierno Nacional), se necesita perentoriamente de una ley nacional consóna con los principios educativos y articuladores de los programas en curso.

La búsqueda de soluciones en tiempos de transformaciones en la Venezuela del siglo XXI y la promoción de las nuevas políticas sociales en el país, ha llevado a investigadores como Luz María Martínez y Paúl Aponte y al estudiante Nerio Negrón, en su artículo “Axiología y praxiología en la política educativa venezolana: Caso Misión Ribas”, al análisis de la política educativa venezolana, materializada en el Programa Misión Ribas, como modelo alternativo educativo y dentro del marco legal de la Constitución venezolana, de conformidad con los valores superiores del Estado Social de Derecho y de Justicia. Bajo este modelo, se consagra el acceso universal a la educación, como derecho fundamental y como eje del desarrollo social y económico. Indica a propósito Martínez, que la educación además de ser un derecho fundamental, contribuye al desarrollo sustentable de la Nación, de ahí que “la educación no quita el hambre pero previene la pobreza”.

En su trabajo “Cartografía breve del constructivismo en la sociedad del conocimiento”, de los investigadores Don Rodrigo Martínez, María Inés De Jesús, Raiza Andrade y Raizabel Méndez, describen y explican ampliamente la estructura cartográfica del constructivismo, desde su perspectiva epistémica, en la actual sociedad de la información y del conocimiento, que a partir de la filosofía llega a lo que se conoce como una epistemología o una metateoría de la educación. En este orden de ideas, la ciencia se caracteriza por la desterritorialización de las disciplinas y por la apertura de nuevos horizontes epistemológicos. Bajo este enfoque, el sujeto “aprende a lo largo de toda su vida” y por el otro, es constructor del conocimiento. Los autores aspiran a la promoción de ideas para facilitar la necesaria reflexión ante la imposibilidad de conocer la totalidad de lo real.

En el artículo “La matricentralidad de la familia venezolana desde una perspectiva histórica”, de los profesores María Susana Campo-Redondo, Jesús Andrade y Gabriel Andrade, acometen el estudio del complejo tema de la familia venezolana y siguiendo las tesis de A. Moreno y Vethencourt, destacan “la matricentricidad” de la misma. Como afirma categóricamente Moreno, la madre constituye el eje del mundo emocional del venezolano. Por su parte, los autores recalcan el desequilibrio existente entre la estructura familiar venezolana, prevalentemente “matricentral” en las clases populares y la estructura social patriarcal que sigue dominando las esferas del poder. Si bien la familia matricentral ha conferido a los individuos la necesaria estabilidad emocional, está íntimamente correlacionada con la pobreza. Por ello, insisten en la necesidad impretermitible de superar el círculo vicioso entre pobreza y familia, mediante la conquista de mayores espacios de participación social por la mujer venezolana.

Finalmente, la investigadora Miriam Álvarez se refiere en su interesante y exhaustivo trabajo a la experiencia participativa en el Municipio Mara del estado Zulia, del mecanismo del Apartado FIDES, en la cual detecta un déficit considerable en dicho proceso, devenido por una compleja asociación de factores. En este sentido, la autora propone la necesidad de estimular la participación efectiva de los vecinos para la orientación del gasto social, imperativo de la justicia distributiva en un Estado Democrático, de Derecho y de Justicia como el venezolano.