Entrevista

La gran deuda con la humanidad: Estado Unidos, democracia y el riesgo de los derechos humanos*

Franco Gamboa Rocabado

Universidad de Yale Bolivia, la Paz franco.gamboa@gmail.com

* Entrevista elaborada por la Dra. Flor Ávila H. de Pulitanó el 13 de marzo de 2009.

Con la llegada de una nueva gestión presidencial al mando de Barack Obama, los Estados Unidos no tienen solamente desafíos específicos que atender para superar una grave crisis económica de desempleo y caos financiero, sino también presentan la necesidad de reorientar por completo su política exterior. En este caso, la retirada progresiva de las tropas de Irak representa un factor que no requiere demasiadas previsiones porque desde el punto de vista militar, los objetivos parecen haberse alcanzado: en primer lugar, se obtuvo el derrocamiento del dictador Sadam Hussein; en segundo lugar se logró controlar la insurgencia urbana con el propósito de fomentar acuerdos parlamentarios que garanticen las elecciones democráticas con regularidad y, sobre todo, Estados Unidos está comprobando que el restablecimiento del orden interno en Irak radica en la salida de todas las fuerzas militares de ocupación para dejar que autónomamente puedan reconstruirse diferentes coaliciones o pactos estratégicos entre los grupos étnicos y partidos políticos.

Lo que el gobierno de Obama todavía no está en condiciones de responder, es cómo los Estados Unidos van a reconciliarse con el mundo entero a partir del restablecimiento de valores universales como la protección de los derechos humanos, el ejercicio pleno del derecho a las libertades religiosas, así como el compromiso pendiente que tienen, para dejar de lado la tortura como el método para combatir el espionaje y la guerra global contra el terrorismo. La administración que Obama heredó, arrastra un conflicto de escala mundial que se relaciona con el absurdo regreso a aquellos patrones de la Edad Media donde se utilizaba la tortura con el propósito de reclamar soberanía y legitimidad política para reivindicar la defensa de un país contra las agresiones externas. Curiosamente, Estados Unidos destruyó su credibilidad internacional como modelo democrático, al confundir la guerra contra el terrorismo con la abdicación de los valores universales que brotan de la democracia moderna, fortaleciendo únicamente las justificaciones militares para atropellar todo tipo de derechos, inclusive en el interior de su propio país.

En esta entrevista, el sociólogo político Franco Gamboa Rocabado, miembro de Yale World Fellows Program, analiza la coyuntura política de los Estados Unidos planteando que el gobierno de Barack Obama no está dando señales decisivas para cerrar Guantánamo y probablemente continúe malinterpretando las prerrogativas que tiene el uso de la violencia, frente a las amenazas de un ataque terrorista. En el fondo, la doctrina de los derechos humanos y las garantías constitucionales de una democracia liberal, continúan siendo implementadas por la racionalidad política de las élites militares que han decidido vincular directamente la legitimidad del presidente con la lucha en contra de un enemigo internacional como el terrorismo de Al Qaeda. Mientras la sociedad estadounidense siga pensando que se encuentra bajo una amenaza constante y exija una autoridad protectora, el presidencialismo de los Estados Unidos proseguirá con la violación sistemática de los derechos humanos, ganando, simultáneamente, apoyo electoral.

F.A. ¿Cuál es la relación entre democracia y derechos humanos y qué tipo de crisis se ha iniciado en los Estados Unidos?

F.G.: Después de la desaparición del Muro de Berlín en 1989 y el desmoronamiento de la Unión Soviética, junto con los regímenes del socialismo de Europa del Este en 1991, se pensó que la mejor combinación entre las libertades políticas y la capacidad para elegir un gobierno por voluntad popular era el sistema democrático. Además, la democracia incorporaba valores adicionales que los gobiernos socialistas autoritarios no tenían: libertad de cultos como expresión espiritual que permite entender el mundo en una magnitud diferente al materialismo, libertad de asociación para constituir alternativas políticas por medio de diferentes organizaciones y partidos, así como un conjunto de garantías para proclamar libremente todo tipo de manifestaciones éticas, estéticas y científicas. El mundo entero celebraba el nacimiento de una nueva práctica en la década de los años noventa: la experiencia de la libertad que ponía en mutua determinación y correlación a la democracia y los derechos humanos como doctrina universal sin distinción de culturas, países o pasado histórico.

La democracia de los países industriales de Europa occidental, Estados Unidos, Canadá e inclusive Australia, se presentaba como la comprobación irrefutable de estabilidad política, prosperidad económica y, sobre todo, como el escenario por excelencia para la protección de los derechos humanos. Éstos alcanzaban un estatus prestigioso en las cartas constitucionales, escritas o consuetudinarias, que reconocían libertades plenas sin represión y con el aditamento del derecho a no ser oprimido por el propio Estado o por las estructuras convencionales y funcionales de la sociedad.

Si bien todos tenemos un papel que cumplir y un lugar que ocupar asignado por las estructuras sociales, la democracia y los derechos humanos surgían como la feliz simbiosis para proyectar una individualidad plena de ciudadanía, es decir, el derecho a tener múltiples derechos, así como fortalecer la sociedad civil entendida como la libre organización de iniciativas en diferentes clases sociales y visiones culturales, frente a cualquier abuso proveniente del Estado, concebido como el conjunto de instituciones que gozan del ejercicio monopólico del poder y la violencia con el control de la policía y las fuerzas armadas. Con la democracia, la represión estatal tiene límites y con los derechos humanos, el ejercicio del poder político y la violencia deben siempre estar sujetos a la Constitución para restringir cualquier exceso o tentación autoritaria.

La gran lección democrática de los derechos humanos tiene dos dimensiones. Por un lado se encuentra una ética universal donde todos los hombres y mujeres somos inviolables debido a nuestra cualidad humana; incluso si alguna persona cometiera un delito, el delincuente tiene derecho a un proceso judicial donde se compruebe su culpabilidad y se le dé la oportunidad de rectificar los daños de su conducta delitiva cumpliendo una sentencia y gozando del derecho a reinsertarse en la sociedad. Por otro lado, los derechos humanos recuerdan que las instituciones políticas deben garantizar dichos derechos. La garantía de un derecho queda establecida mediante otra norma que instituye mecanismos destinados a prevenir la violación de los derechos. Una garantía es una protección y las garantías constitucionales equivalen a establecer barreras interpuestas entre el poder estatal y la libertad de los ciudadanos. Esta red de garantías funciona mejor en el interior de una democracia que reconoce precisamente un Estado de derechos.

Estados Unidos desencadenó una crisis que atenta los derechos humanos desde la invasión a Irak el año 2003. La amenaza de un ataque similar al 11 de septiembre en Nueva York y Washington D.C. hizo que el gobierno del ex presidente George W. Bush utilizase la represión indiscriminada para combatir un terrorismo que se convierte en un actor no estatal. Estados Unidos entiende la guerra como el instrumento más eficaz para derrotar al terrorismo pero agrediendo con esto múltiples soberanías estatales. La soberanía estadounidense se coloca en un espacio político donde el Estado de derecho desaparece para reproducir la violencia mientras quede comprobada una guerra internacional en la cual el terrorismo sobrepasa varios Estados del mundo.

Esta red de miedos frente al terrorismo fomenta la defensa militar de los Estados más fuertes, marginalizando los derechos de los Estados más débiles y, por lo tanto, inhabilitando el funcionamiento de los equilibrios democráticos con la participación de organismos internacionales como las Naciones Unidas. Estados Unidos junto a sus aliados en Irak y Afganistán han endurecido la violencia estatal, para lo cual no hay justificación política desde la teoría de los derechos humanos.

F.A. ¿Cómo considera el tratamiento de los Estados Unidos a los derechos humanos en la última década? ¿Hubo progresividad o regresividad?

F.G.: Es importante diferenciar la actitud de los Estados Unidos antes del 11 de septiembre y después de esta trágica fecha. Los Acuerdos de Dayton propiciados por Bill Clinton en 1995 fueron muy importantes para finalizar la brutal guerra en los Balcanes. En aquel entonces, Estados Unidos había declarado por intermedio de su Departamento de Estado que no estaba dispuesto a convertirse en el “policía internacional” que ponga orden ante las agresiones internacionales a los derechos humanos. Esta conducta tuvo que flexibilizarse para intervenir progresivamente en 1999 con motivo de la crisis en Kosovo y la guerra civil en Somalia; sin embargo, Clinton decidió priorizar la bonanza económica al interior de su país. Asimismo, se dejaba pasar como un dato económico de la realidad, la presencia de inmigrantes cuya legalización exigía mayor tiempo y acuerdos bilaterales entre los Estados Unidos y varios países de América Latina.

Los cambios verdaderamente dramáticos comenzaron después de los ataques del 11 de septiembre. Algunas versiones afirman que, tanto la Agencia Central de Inteligencia (CIA), como el Buró Federal de Investigaciones (FBI), conocían las amenazas y el movimiento internacional de Al Qaeda, pero subestimaron la ferocidad con que fueron destruidas las torres gemelas del World Trade Center. A partir de aquí, el grupo palaciego de George W. Bush: su vicepresidente, el director de la CIA, el secretario de defensa y los principales comandantes del Pentágono, tomaron la drástica decisión de apartar cualquier formalidad jurídico-legal para planificar una venganza contra Osama Bin Laden – el artífice de los ataques del 11 de septiembre – así como para invadir Irak y forzar una nueva correlación de fuerzas internacionales en el Medio Oriente.

Desde diciembre de 2002 hasta la actualidad, los Estados Unidos han readaptado el uso del Estado de derecho a los requerimientos políticos de la guerra contra el terrorismo. El hecho clave radica en que conscientemente asumieran la imposibilidad de cumplir con las Convenciones de Ginebra, mientras los terroristas sean parte de un actor no estatal convencional. El carácter fluido y movible del terrorismo hizo que la tortura, el espionaje y la violación de la soberanía en otros Estados vinculados con Al Qaeda, obedecieran a un sacrificio para restablecer el orden y la seguridad. De igual manera, hoy se persigue a los inmigrantes indocumentados con el argumento de defender la legalidad y el orden interno pero ocultando el resurgimiento de un Estado gendarme cuyo poder quedó sobredimensionado por la guerra contra el terrorismo islámico.

Los Estados Unidos sacrificaron la teoría de los derechos humanos por temor a sufrir nuevos ataques, mientras que los terroristas islámicos reivindicaron un credo religioso como otro sacrificio todavía más grande para alimentar la resistencia frente a las agresiones estadounidenses. Este círculo vicioso que gira del sacrificio pragmático al fundamentalismo religioso cerró las puertas al entendimiento internacional que descansa en los convenios de las Naciones Unidas y la defensa primordial de los derechos humanos. Se mata, arresta, tortura, secuestra y se suspende todo proceso legal, mientras los Estados Unidos y el terrorismo como actor no estatal persistan en una guerra donde todo acto violento es razonable a favor de una concepción militarista del sacrificio institucional (la razón de Estado) o del sacrificio religioso (Jihad). En ambos casos hubo una regresividad de por lo menos cincuenta años.

F.A. ¿Qué opina sobre las restricciones de los derechos impuestas por el Patriot Act?

F.G.: El Patriot Act representa el intento por legalizar la racionalidad del Estado en guerra: ejercer la violencia dentro de un régimen democrático y en medio de un sistema internacional afiliado a las Naciones Unidas donde, supuestamente, la gran mayoría se autodefine como Estados de derecho. Esto tiene dos implicaciones terribles contra los derechos humanos. Primero, se puede espiar y hacer uso de la violencia dentro de los Estados Unidos como el correlato de la violencia contra otros Estados que en la actualidad son Irak y Afganistán. Segundo, al violar las libertades constitucionales y detener a un sospechoso de terrorismo infligiéndole la tortura para obtener testimonios militarmente estratégicos, los Estados Unidos ha convertido a la política democrática en una hipocresía, desacreditando a la misma democracia como un sistema de gobiernos más superior, tanto institucional como procedimentalmente.

Con las limitaciones a las libertades políticas y constitucionales del Patriot Act, parecen volver a crearse las condiciones de la Guerra Fría cuando entre 1945 y la caída del Muro de Berlín en 1989, el mundo estaba polarizado entre dos mitades, cada una de las cuales reivindicaba su propia supremacía: el capitalismo como el sistema económico más eficiente y democrático, y el socialismo como el régimen más igualitario e identificado con el verdadero pueblo. Ambos sistemas tenían un doble estándar moral: un discurso atractivo de derechos para el concierto internacional y una actitud política intolerante de represión contra la disidencia interna que fue más violenta en la Unión Soviética pero que afectó también a los Estados Unidos durante la época del Macarthismo.

El Patriot Act se rebela en contra de la democracia como valor universal porque condena el terrorismo reinstalando la intransigencia religiosa en contra del Islam, y enardeciendo la descalificación violenta de los valores democráticos occidentales por parte de aquellos que son víctimas del Patriot Act. El resultado es una gran deuda pendiente que los Estados Unidos han contraído con la humanidad, donde los derechos humanos deban priorizarse.

F.A. ¿Qué ha significado Guantánamo?

F.G.: La tortura comprobada hacia los detenidos políticos, acusados de pertenecer a la red internacional Al Qaeda, muestra un hecho muy curioso: el renacimiento de la política teológica de la Edad Media. La tortura fue practicada por los viejos regímenes monárquicos donde se defendía la soberanía del rey quien controlaba y era dueño del cuerpo del sujeto torturado. El rey tenía una presencia sagrada, razón por la que una tortura era vista como ritual de destrucción y posesión del cuerpo de la víctima.

Con el advenimiento del Estado moderno, la soberanía ya no descansa en el rey sino en el pueblo y sus derechos democráticos; sin embargo, los Estados Unidos no abandonaron la tortura como método para ejercer el poder. El torturado de Guantánamo sigue bajo la presencia de una autoridad soberana, el Estado, que reconstruye la violencia política con un ropaje democrático e inclusive permitiendo que se organicen campañas dentro de los Estados Unidos para cerrar esta cárcel que se transformó en el símbolo de oprobio para los derechos humanos.

El gobierno de Obama se comprometió a cerrar la prisión en un año pero la intensificación de la guerra contra los talibanes en Afganistán y la persecución a los líderes de Al Qaeda, siembran dudas sobre cómo actuarán con nuevos prisioneros. Estados Unidos debe abandonar la idea medieval de defender su soberanía como si fuera un bien divino, reconociendo sus errores al haber olvidado y despreciado en su pobreza aquellos Estados que se valen del Islam como el último recurso para proteger sus identidades conflictivas y sus derechos a los beneficios materiales de la modernidad.

F.A. ¿Frente a la actual crisis económica, cuáles son las medidas de política económica que podrían defender los derechos humanos en EUU?

F.G.: El panorama está muy ambiguo. La aprobación del paquete de estímulo económico que el presidente Barack Obama logró en el Congreso, sin duda fue un triunfo personal y el primer paso decisivo para solucionar la profunda crisis económica. Se trata de 787 mil millones de dólares, una cifra inimaginable desde el punto de vista de la teoría de libre mercado, pero un monto real que tiene el propósito específico de generar fuentes de empleo, invertir en infraestructura, viabilizar redes de protección social mediante proyectos de salud y educación, así como establecer las señales más fuertes sobre el regreso de un control estatal riguroso que gobierne los destinos de la estructura financiera en Wall Street.

Estas medidas fueron intensamente discutidas durante la campaña electoral y Obama logró convencer a la gran mayoría que el regreso del Estado a los patrones de planificación, regulación y vigilancia política en los sectores estratégicos de la economía y la seguridad social, sintonizaba muy bien con las expectativas de millones de ciudadanos que, no solamente habían perdido sus trabajos, sino que buscaban desesperadamente retomar la confianza en la política. Si bien la sociedad estadounidense siempre defendió la iniciativa privada y la libertad económica para impulsar todo tipo de inversiones, también se dio cuenta de que la economía es el reino de la desigualdad estructural.

El regreso del estatismo, sin embargo, es un proceso todavía ambiguo porque las medidas económicas no responden aún a la otra crisis de valores democráticos con que el Estado tropezó al declarar la guerra contra el terrorismo; esta crisis se expresa en el abuso político y la interpretación arbitraria de la diplomacia preventiva o anticipatoria (preemptive diplomacy), que en el fondo significaba adelantarse a las estrategias del enemigo a costa de diseminar prejuicios y estereotipos sobre las culturas y los países diferentes, a los cuales se identificaba como interlocutores inferiores a la luz de una política exterior dominante y militarmente efectiva.

El ex presidente George W. Bush exasperó el nacionalismo impulsando un Estado demasiado fuerte al concentrar poderes excesivos para el presidencialismo. Obama prefirió otra lógica política: actuar de inmediato en contra de los dogmas económicos de mercado y fiel a las esperanzas de la sociedad civil que exigen mayor protección estatal.

La intervención estatal de Obama fue para evitar una hecatombe social y se convirtió en una decisión crucial con la finalidad de reconstruir el liderazgo presidencial, el cual también pueda recobrar respeto y mayor legitimidad como el eje de una estructura democrática que se preocupe por el bienestar igualitario de todos los ciudadanos.

Un problema persistente radica en que Obama todavía no ha repuesto la confianza de la ciudadanía sobre los valores universales de la democracia como el respeto de las libertades, un proceso judicial abierto y racional para cualquier persona, incluidos los terroristas. La intervención económica con 787 mil millones de dólares debe, necesariamente, complementarse con un agresivo compromiso con la democracia de equilibrio de poderes, la protección de los derechos humanos y el impulso de la igualdad en la distribución de la riqueza.

Reducir la ambigüedad en el regreso del estatismo que ejecutó Obama, simultáneamente implica una determinación para transmitir a la comunidad mundial la imagen de otro Estados Unidos, también interesado por fomentar el comercio justo y una racionalidad donde definitivamente puedan ser derrotados los dogmatismos. Así, probablemente Obama ofrezca soluciones heterodoxas y, ciertamente, más humanas.