Policialización del ejército y tolerancia cero para los movimientos populares en América Latina

Robinson Salazar

Universidad Autónoma de Sinaloa México robinsson@mzt.megared.net.mx

Resumen

La Doctrina de Seguridad Nacional en América Latina (DSN) se instrumentó en el momento en que los movimientos armados y las luchas por la liberación nacional-popular tenían auge, a fin de neutralizar y aniquilar la insurgencia; pocos años después, como parte de la continuidad de la razón hegemónica, se aplicó la Guerra de Baja Intensidad (GBI) para los países que tenían un grado de avance significativo en sus luchas y que habían alcanzado el poder, caso Nicaragua y el área Centroamericana, lo que desarticuló a los movimientos populares y asesinó a cientos de miles de activistas. Hoy en día, como parte de la racionalidad guerrerista y represora desde el Estado, se lleva a cabo el Estado Policial y la Tolerancia Cero como una continuidad de esa política intervencionista norteamericana, cobijada en el Instituto Manhattan y en los sectores conservadores norteamericanos quienes enarbolan la confrontación directa contra el crimen organizado, el terrorismo y el populismo radical, que significa la construcción social del enemigo como égida para aniquilar y criminalizar las protestas populares en Centroamérica, México, Colombia, Perú, Paraguay y Argentina.

Palabras clave: Militarismo, tolerancia cero, movimientos sociales, Estado.

Policialization of the Army and Zero Tolerance for Popular Movements in Latin America

Abstract

The Latin American National Security Doctrine (NSD) was implemented at the boom time for armed movements and national-popular liberation struggles, in order to neutralize and destroy the insurgency; a few years later, as part of the continuity of hegemonic reasoning, low-intensity warfare (LIW) was applied to countries with a significant degree of advance in their struggles and that had reached power, as in the cases of Nicaragua and the Central American area, which dismantled popular movements and killed hundreds of thousands of activists. Today, as part of the war-like, repressive rationality from the State, the Police State and Zero Tolerance are carried out as a continuation of this interventionist U.S. policy, couched in the Manhattan Institute and conservative North American sectors who fly the flag of direct confrontation against organized crime, terrorism and radical populism, which means the social construction of the enemy as a banner for annihilating and criminalizing popular protests in Central America, Mexico, Colombia, Peru, Paraguay and Argentina.

Key words: Militarism, zero tolerance, social movements and State.

Recibido: 16-01-2009 Aceptado: 26-04-2009

1. Introducción

América Latina desde los años sesenta ha soportado los experimentos y aplicaciones de políticas hegemónicas que los Estados Unidos instrumenta para defender sus intereses, blindar sus fronteras para “evitar” que los acontecimientos de nuestros pueblos incidan en su territorio y a su vez imponer una política de sometimiento férrea para domesticar a los gobiernos, privatizar los recursos naturales, apropiarse de las riquezas que producen los países latinoamericanos y desvertebrar las luchas populares de esta parte del continente.

La primera estrategia militar para desestructurar a los movimientos populares entre los años 1960-1970, fue la golpista, apoyados en la organización castrense nacional que dependía de la asistencia económica, la logística e instrucción de los centros de apoyos que se suministraban por organismos internacionales que guardaban un vínculo estrecho con el Departamento de Estado Norteamericano, la Central de Inteligencia –CIA– y el Pentágono; asimismo un zaguán informativo y de inteligencia militar se abrió para que los organismos de Estado de Norteamérica, acopiaran información, elaboraran parte de la política exterior hacia las naciones del sur y sometiera la política de los gobiernos latinoamericanos a las prioridades del coloso del norte.

La revolución cubana en 1959 fue el pretexto que enarbolaron para desatar la militarización creciente en nuestras naciones, bajo la bandera del virus rojo, el castrocomunismo, el interés de la URSS y la proliferación de las guerrillas. Este ramillete de pretextos desató la primera guerra de exterminio por todo el subcontinente, a pesar de que no existía, por las condiciones reales de existencia en la población, las incipientes esferas orgánicas y el trabajo político necesario para una insurrección, la posibilidad de cambio revolucionario, lo que había sucedido en Cuba tenía ingredientes genéricos y muy específicos de la isla, no era una circunstancia repetible ni cabía la clonación para las otras naciones.

El interés invisible de la primera acción intervencionista militar a través de los golpes castrenses fue el de aniquilar la organicidad que venía constituyéndose en los sindicatos, descabezar los incipientes movimientos comunitarios y proscribir a los partidos de izquierda, llámese comunista o socialista. La fortaleza industrial de países como Argentina y Brasil fue objetivo a desmantelar, destruyendo las iniciativas que los gobiernos nacionalistas habían heredado a su pueblo; las minas de Chile, Bolivia y Colombia fueron punto de atención para desaparecer los sindicatos mineros y desalojar las ideas nacionalistas que en ellos gravitaban. La cintura centroamericana, repúblicas que surtían el mercado norteamericano y centro de inversión en productos agrícolas, fue presa de “coronelazos” que se sentaron en el poder para garantizar las propiedades de las compañías norteamericanas.

El predominio económico, el fortalecimiento de la dependencia industrial y militar y la apertura de los mercados de manera inmisericorde para la inversión extranjera, principalmente norteamericana, fue el principio básico que orientó la política hegemónica de los Estados Unidos en la región.

Aun así, bajo ese estado de terror, los movimientos populares y las organizaciones de izquierda persistieron en su lucha y de la guerrilla sembrada (1) inducida y sin un trabajo previo de organicidad y logística militar, se pasó a la guerrilla creciente (2) donde esta segunda etapa trazó puentes dialoguistas entre sindicatos-partidos de izquierda, movimientos campesinos-estudiantes.

Ante la recomposición de los movimientos insurgentes y la combinación de todas las formas de lucha, pero con énfasis en dos ejes: la movilización popular y la lucha armada, la estrategia norteamericana mutó y se situó en la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), cuyas coordenadas de la represión giraron en: desestabilizar gobiernos no afines a su política hemisférica, desindustrializar a los países que habían iniciado una tendencia de organización de las economías nacionales, el uso de los medios masivos de comunicación en tareas desinformativas para boicotear gobiernos; las tareas de espionaje tomaron mayor relevancia para secuestrar, eliminar o desaparecer líderes populares, pero ante todo, ir identificando como países problemas a todos aquellos que poseyeran recursos estratégicos que garantizaran la reproducción del sistema imperial capitalista norteamericano: Petróleo, minerales y medios de comunicación.

La DSN coincidió con dos factores importantes: la crisis del petróleo y la configuración de la Trilateral en 1973, donde los países potencia, bajo la égida norteamericana definían el rumbo del capitalismo y la guerra frontal contra la alternativa del campo socialista.

Con la estrategia de DSN se abrió el capitulo de guerra psicológica (psicosocial), cuyo núcleo era sembrar el miedo y terror en la ciudadana; la oposición frontal ante todo indicio de reforma o gobiernos netamente liberales, acotación en todos los espacios de maniobra del Estado, la imposición de la ideología del libre mercado y la extensión de la ideología del terror y grupos paramilitares en varias esferas de la sociedad, para que desempeñaran la labor sucia que el ejercito no quería maniobrar, como eran las desapariciones de líderes comunitarios, sindicales y estudiantiles, profilaxis social, secuestros y atentados. Aunque hay un caso especial en la aplicación de la guerra psicológica, se trata de Colombia, quien se ha convertido en pionera para ejecutar al pie de la letra los planes represivos en Latinoamérica.

La institucionalización de la represión gubernamental, entiéndase premilitar, en Colombia se inició en 1965, con la gestión del presidente Guillermo León Valencia, tras la expedición del decreto legislativo número 3398, “por el cual se organiza la defensa nacional”, que teniendo carácter transitorio después fue adoptado como legislación permanente. En ese decreto fueron creados los “grupos de autodefensas”, que fueron desde entonces el arma gubernamental y de los grandes terratenientes de ese país para desatar la ola de violencia que todavía hoy soporta el pueblo colombiano, a la que se sumó como elemento fundamental la organización de grupos armados de narcotraficantes y contraguerrillas que son parte de la guerra en el país sudamericano (3).

El punto central de la guerra psicológica consistía en detener toda propaganda que viniera de la extinta Unión Soviética, China, Albania, Vietnam y Cuba; fomentar los valores cristianos y religiosos en comunidades pobres y rurales para desterrar la ideología de las clases sociales y la insurrección armada, infiltrar clandestinamente los órganos colegiados de gobierno, universidades, sindicatos y partidos políticos para detectar los agentes antigubernamentales o simpatizantes de ideologías extranjeras contrarias a los intereses norteamericanos; involucrarse en las huelgas, marchas y paros cívicos para provocar desórdenes y tener pretextos para imponer un Estado de excepción o ley marcial y, finalmente, promover un nacionalismo exacerbado para limitar ideológicamente las ideas de izquierda que provenían de otros países, puesto que sembraba el odio y el rencor en la población al señalarse al promotor de la insubordinación como agente antinacionalista que buscaba destruir al país, todo esto dio origen a la política de delación que hoy existe.

La DSN arrojó un saldo de contraguerrilla y ejércitos mercenarios en Centroamérica, paramilitarización en Colombia, golpes de Estado en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia y Perú, cadena de hombres y mujeres desaparecidos, cierre de fábricas, abandono de tierras en el campo por los crímenes del sicariato, críticas a los Estados nacionales por el endeudamiento y exigencias internacionales para que cambiaran su política económica, ajustar el gasto, desregular los mercados e imponer restricciones en la aplicación de las políticas públicas y finanzas.

Para proseguir el exterminio de toda oposición, la Guerra de Baja Intensidad (GBI) fue la prolongación de la represión de la seguridad nacional pero con mayor énfasis en la parte ideológica y en la intromisión norteamericana como factor indispensable para apaciguar la inestabilidad política de un país latinoamericano. Los componentes de esta “nueva “estrategia eran Contrainsurgencia: derrotar movimientos de rebelión popular. Reversión: derrocar gobiernos revolucionarios o los que no se ajustan plenamente a los intereses estadounidenses y Prevención: ayudar a gobiernos aliados de Estados Unidos a evitar su desestabilización.

La GBI liberó de toda atadura jurídica y de trámite en los Congresos la intervención estadounidense en los asuntos internos de América Latina; incluso, se justificó por parte de los gobiernos en turno como necesaria y legal para contener los conflictos internos. Aunque en la letra el significado de baja intensidad alude el uso limitado de la fuerza para someter al adversario, cabe también la posibilidad, que en caso de recrudecimiento del conflicto, se pase a una guerra de mediana intensidad, donde se emplearían mayores recursos logísticos y militares. El escenario de la GBI es amplio, abarcativo y atalayador, buscando con ello que no quedara nada fuera del círculo represivo, de ahí que asociaran con la GBI las situaciones de inestabilidad, contención agresiva, paz armada, conflictos militares perentorios, antiterrorismo, antisubversión, conflictos internos, guerra de guerrillas, insurrecciones, guerras civiles, guerra irregular o no convencional, guerra encubierta, guerra psicológica, operaciones paramilitares, operaciones especiales e invasión con objetivo específico.

El límite de la GBI es cuando se advierte que el conflicto es mayor y rebasa las proporciones del armamento convencional y exige el uso de una fuerza mayor. Se pasa de la GBI a la declaración formal de guerra entre dos naciones y/o cuando se emplean masivamente fuerzas de intervención militar convencionales. Éste fue el caso de la intervención militar estadounidense en Irak, al transformarse la operación Escudo del Desierto en Tormenta del Desierto. En Centroamérica, la GBI sigue funcionando, sólo que bajo reglas distintas a la de los años ochenta, pero con mayor peso en lo ideológico policial.

El éxito parcial de la GBI en Centroamérica se debió a que la complicidad histórica coadyuvó a favor de los intereses norteamericanos, debido al proceso de “cambio” en la URSS con la tristemente, la apertura de los proceso de pacificación y desarme en Nicaragua, El Salvador y Guatemala y más tarde el derrumbe del campo socialista.

2. Control policial en la era de la globalización, neoliberalismo y revolución digital

La globalización y el libre mercado como escenario futuro colmado de oportunidades fue la fantasía que se ofertó en la segunda mitad de la década de los ochenta del Siglo XX, donde la renuncia de la historia como égida de desarrollo humano y la sociedad, así como el fin de las ideologías fue el argumento falaz que predominó en el ambiente intelectual; la opción de la lucha armada fue desdeñada, la democracia procedimental fue elevada en un pedestal de alabanzas y ritos electorales y los discursos de la transición democrática hacia la modernización salió de boca de los actores políticos de cada país que integra el mosaico latinoamericano.

Frente al escenario que parecía demasiado prolongado, la atención norteamericana priorizó las fuentes de abastecimiento de petróleo de Medio Oriente, acotó la unión de Europa y trató de limitar las maniobras de reestructuración al nuevo régimen ruso. América Latina había ganado la confianza de los halcones del pentágono, quienes no veían un asomo de beligerancia antihegemónica, dado el agobio de las crisis de los ochenta la dejó extenuada; además, la prisa por modernizarse, reajustar el Estado, vender sus activos y bienes públicos, ordenar el andamiaje famélico de sus instituciones, reactivar los procesos electorales con órganos “independientes” y con elecciones creíbles ante la ciudadanía, las reformas en los distintos reglamentarismos jurídicos, la entretuvo por una década.

En las postrimerías del siglo XX, la globalización no alcanzó para todos, el neoliberalismo dejó muchos segmentos sociales en la inopia y la revolución digital no llegó a todos como había prometido. Se levantaron los indígenas, los obreros sin trabajo, los desocupados, los buhoneros, los sin tierra, también los que no tenían techo y la efervescencia nutrió las calles y las cajas de herramientas de la memoria histórica se abrieron para dar paso a las nuevas protestas y formas de lucha que inauguraron el siglo XXI.

Quedaba una asignatura pendiente, Colombia persistía en la insubordinación armada, enarbolando la tesis de lucha armada en la práctica, no obstante, la izquierda en las otras latitudes de América Latina, se encontraba desorganizada por la pérdida de referente empírico e ideológico en la URSS y en los procesos de pacificación que se dieron, casi forzados, en Centroamérica. El poder norteamericano resolvió imponer un orden regional de dominio basado en el pacifismo, la democracia y los derechos humanos. En la nueva estrategia de dominio –sustitutiva del “viejo orden militar”– se impuso la “guerra contraterrorista” como nueva lógica de control político y social en la región (4).

La GBI pasó a otro orden de operatividad y manejo logístico para ejercer el control social, ya no se desarrollarían acciones manifiestas en plano militar, salvo si la ocasión y el nivel de conflictividad era riesgoso; ahora se priorizaría la inteligencia y la manipulación mediática con el “terrorismo” y la “seguridad”.

Las respuestas que los Estados Unidos daban al nuevo escenario latinoamericano era de aplicar los dispositivos de poder para una guerra sutil pero efectiva, donde los medios de comunicación, con mayor énfasis la televisión y el Internet, jugaban un papel importante, desmentalizar a los jóvenes, desestructurar los imaginarios sociales e imponer un nuevo cuadro de subjetividades colectivas, donde el predominio del tiempo instantáneo, la impronta, la resistencia a vivir procesos y la inclinación por desistir a construir el futuro basado en inversión de ideas, tiempo, trabajo colectivo y redes asociativas, configuró un ciudadano mediático, insular, fragmentado de toda red asociativa y con rupturas severas en el eje conectivo del tiempo, donde el pasado no tenía ninguna significancia en su vida y el futuro era un referente lejano, por lo que el presente se perpetuaba y prolongaba.

Paralelamente y como pieza complementaria de la estrategia global, se instrumentó el Plan B de contingencia que consistía en la activación de los conectores del poder que condujeran hacia la constitución de un Estado Policial que vigilara, haciendo uso de la electrónica, los vínculos entre los gobiernos y el incremento de ejércitos privados para eliminar todo intento desestabilizador; ello permitió armar bancos de datos, transferir información, enlazar policías para atender casos de flujos de migrantes, pandillas y movimientos populares e indígenas que van más allá de las fronteras nacionales, dar seguimiento a sucesos delictivos y políticos ajenos a los intereses privados y ante todo, prestar asesoría para desestructurar los movimientos antisistémicos, como lo hace Colombia en Paraguay y el área centroamericana.

Después de Colombia, Centroamérica es la región de experimentación para activar y probar el Plan B o Estado Policial (EP), Naomi Klein le denomina “Democracia Big Brother”, cuyo objetivo central es llevar la GBI hacia la ciudadanía, eliminándole los derechos políticos, recortándole los derechos sociales, anulando las políticas públicas, acotándole los espacios de maniobra para defender sus derechos y conquistas laborales, reformando las leyes, criminalizando las protestas en las calles y confinándola en un rincón en donde tenga un estatus de indefensión absoluta.

El Estado policial cuenta con un holograma que grafica subjetivamente al enemigo: la lucha contra el Terrorismo, El populismo Radical, el Crimen Organizado y Tráfico de drogas y los enemigos del orden global.

El recurso ideológico del EP es el miedo, que busca, y ha logrado hasta ahora, sembrar la incertidumbre como una estrategia que construye escenarios de riesgos insertados en la subjetividad de los colectivos humanos. El objetivo es alterar los estados de ánimo en las personas que conduzcan a desordenarle las coordenadas que dan estabilidad a la vida cotidiana, puesto que la angustia, el temor y la sensación de estar en peligro los lleva a estados depresivos y de angustia colectiva.

El uso del terrorismo como un enemigo impredecible, invisible y súbito lo posiciona en el subconsciente colectivo como algo que desconocemos, que jamás lo vamos a controlar y que está siempre presente en nuestras vidas, provocando un estado persecutorio permanente en nuestras vidas. Ya no controlamos nuestro espacio particular privado, necesitamos de la protección de un salvador, un guerrero o un Estado que sepa usar la fuerza, la autoridad y los recursos necesarios para eliminar al enemigo imaginario, a costa de perder o permitir la invasión en nuestra vida privada.

Así se auto-representa el EP, y con el juego del terrorismo ha encarcelado a la sociedad, limitándola a atrincherarse en su individualismo, a temer de los semejantes, a ver al otro como potencial agresor, a vivir con la incertidumbre pegada a la vida y alejada de toda posibilidad de hacer vida comunitaria, porque cada vez que lo hace, el riesgo aumenta. La fragmentación, el alejamiento de los espacios públicos de deliberación y convivencia, la necesidad de estar ligados a la televisión para recibir la información visual permanente y mantenerse preocupado por contratar un seguro, compañías de seguridad personal, etc., son los síntomas de una sociedad enferma que se dejó impregnar por el virus del terrorismo mítico.

Ahora bien, no sólo por razones políticas y económicas el Estado Policial busca, para legitimar el uso de la fuerza e invadir la privacidad de las personas, encontrar culpables –aunque sean ficticios o ajenos a las acciones que se les imputan–, sino también por un recurso defensivo orientado a reducir la tensión que produce pensar algo terrible, lesivo de nuestra seguridad y nuestras vida; el Estado (5), como agente que intenta demostrar que controla y proporciona certidumbre, en esta contienda antiterrorista, en coyunturas propicias hace visible al enemigo, aunque esa visibilidad no está ligada al control o la destrucción absoluta de enemigo, sino como un elemento distractor que lo habilita como un ente capaz de atacar, imponer leyes, recortar las garantías constitucionales, etc., en favor de la seguridad.

Mostrar a Bin Laden, el rostro de un líder palestino, al líder iraní Mahmud Ahmadineyad, señalar a las FARC de Colombia, al presidente Hugo Chávez, a Rafael Correa o los Cocaleros de Bolivia como agentes perturbadores que se encadenan al terrorismo, es una habilidad recursiva de los Estados Unidos para dar a conocer que hay capacidad estatal para identificar al enemigo, para ubicarlo y perseguirlo, aunque esta maniobra no sea creíble en lo inmediato, la labor de los medios de comunicación de transmitirla varias veces permea la subjetividad y la siembra en el subconsciente colectivo hasta dotar de una dosis significativa de tranquilidad a la colectividad y que a la vez se perciba como un triunfo de la inteligencia policial.

Las imágenes del enemigo, socializadas intencionalmente, lleva el cometido de impregnar el mundo de vida ciudadano con representaciones observables de quien le provoca los males, quien lo intenta aniquilar y quien es el portador del mal, o como expresan los estrategas norteamericanos, el eje del mal está ubicado.

Ese eje del mal tiene vínculos con la política antineoliberal, los reclamos populares, las manifestaciones sociales, las movilizaciones campesinas, la defensa de los derechos secuestrados y los grupos armados mal llamados terroristas.

La dicotomía Dios-la bondad versus el diablo-la maldad ha llevado a una militarización del espíritu. Una sociedad así inevitablemente generará conductas sintomáticas al polarizar también sus efectos y extremar sus posiciones. Y de ella se exigirá una mayor homogeneización para que nadie devenga en un sujeto peligroso. De ahí que la noción de rebelde quede abolida: todo innovador será no ya un provocador creativo, sino alguien bajo sospecha (6)...un terrorista.

3. Centroamérica, laboratorio del Estado Policial

En la región centroamericana se inició la regionalización de las policías; la propuesta regional de seguridad centroamericana, coordinada por El Salvador, se difundió como el esfuerzo regional integral decisivo para la lucha y el combate frontal contra la delincuencia, el crimen organizado, la narcoactividad y las pandillas; en ese sentido, la Declaración de la XXX Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países del Sistema de Integración Centro Américana (SICA) en su Declaración de San Pedro (Cayo Ambergris, Belice, 29 de junio de 2007) instruyó la Comisión de Seguridad de Centroamérica, a los Ministros de Seguridad y Jefes de Policía de Centroamérica, para que lo consolidaran el 9 de julio del presente año en la Ciudad de Guatemala, para su implementación y la búsqueda de los recursos necesarios. Asimismo, exhortar a las fiscalías nacionales a adherirse a dicha iniciativa.

Los países integrantes del acuerdo son Belice, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana y posteriormente dieron paso a un encuentro ampliado con México y un representante de Colombia, reafirmando una tendencia hacia la policialización del ejército para vigilar y controlar los espacios públicos, criminalizar las protestas y evitar, por la vía de la represión y el miedo, una vuelta al pasado de conflictos y confrontaciones que se vivió en la década de los ochenta del siglo XX.

Otro fenómeno coadyuvante que consolida el EP, es la apertura indiscriminada a las empresas privadas de seguridad, cuyo peso en la custodia y co-participación en los asuntos de seguridad pública se notable, a partir de la renuncia paulatina que el Estado ha hecho del uso monopólico de la violencia legítima y la ha cedido a los inversores privados, por lo que hoy día estas empresas cuentan con personal con formación militar y son los encargados de custodiar los bancos, casas de bolsa, representaciones diplomáticas, empresas transnacionales, oficinas de consultorías y seguros; asociados con la policía nacional, la red de policías regional (constituida en junio de 2005) y el ejército han aunado esfuerzo, intercambian información y llevado acciones para criminalizar y reprimir a las pandillas conocidas como Maras, los campesinos que se resisten a la construcción de represas o que intentan bloquear caminos, zonas francas o carreteras.

Las cifras que mostramos nos parecen conservadoras, porque no hay un registro oficial centralizado, pero en Guatemala existen 80,000 hombres armados de policías privados; El Salvador cuenta con 20,000, Nicaragua registra 9,017, Honduras registra formalmente 40,000, pero el Ministerio de Defensa asegura que rebasan los 60,000 y Costa Rica 18,000.

Entre 2003 y 2005, la policía en el área cambió su modelo de actuación, asumiendo un comportamiento de corte militar que le convierte en un cuerpo polimilitarizado; ahora bien, los mecanismos de atención al crimen y al delito se hacen bajo los preceptos del programa Mano Dura, cuya finalidad es criminalizar todo acto que atente contra la idea de gobierno, acentúa la autoridad ante el diálogo, combaten el desempleo, la indigencia, los grupos de jóvenes y trabajadores ambulantes bajo el paraguas de represión y cárcel para todo aquel que aparente ser un peligro para la seguridad ciudadana o competencia desleal contra el comercio formal, violentando los derechos humanos y sembrando el miedo y el terror entre los sectores marginados.

Fuente: Estadísticas de RILDEPAZ (www.insumisos.com)

4. Política mano dura

El programa “antidelictivo” Mano Dura es una réplica de los programas de terrorismo de Estado que prevalecieron en América Latina en años anteriores, con nombre de Mano Negra, Ronderos, Limpieza de Ladrones y que en el caso colombiano se ligaron a las Autodefensa Unidad Armadas, brazo eminentemente paramilitar alimentado por el Estado.

Mano Dura se extiende a toda Centroamérica y sur de México a través del eje vinculante recién inventado, la Policía Regional, que ha montado, para su operatividad, un sistema de información y monitoreo entre los cuerpos policiales de los países que son parte del Plan Puebla Panamá, para exterminar los Maras, indocumentados y los pobres desplazados de sus tierras, lo que se traduce en una profilaxis social del Estado Policial. El caso del exterminio de indigentes es alarmante y se manifiesta con los cadáveres arrojados en veredas, caminos vecinales y barrios marginales, todos ellos con signos de tiro de gracia y envueltos en bolsas de polietileno negra; este fenómeno cotidiano son focos rojos de este proceso depurativo del sistema neoliberal y la política policial.

Los jóvenes es otro segmento que ha sufrido el rigor de la política del Estado Policial, en la medida que desapariciones, secuestros y redadas sobre ellos se han realizado en ciudades de San salvador, Guatemala capital, Tegucigalpa y San Pedro Sula, el estigma que existe en los adolescentes es que si pernoctan en las calles, son Maras, delincuentes o distribuidores de drogas al menudeo.

Costa Rica, a pesar de no contar con un ejército regular, por disposición gubernamental desde 1948, la policía recibe capacitación en el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica (WHINSEC, por sus siglas en inglés), otrora Escuela de las Américas, y el adiestramiento se hace bajo los requisitos y custodia militar, cambiando la naturaleza de la policía en sus operativos de vigilancia.

Fuente: Policial Nacional de El Salvador, 2005

Con el afán de apoyar esta política policial en Centroamérica, en el año 2007 el Departamento de Policía de Los Ángeles organizó la Cumbre Internacional de Jefes de Policía sobre Pandillas Trasnacionales, que ocurrió en la primera semana de febrero. La premisa que mayor fuerza tuvo fue la incorporación de las fuerzas de seguridad y que los fiscales de Justicia de los Estados Unidos se unieran al Departamento Federal de Investigación (FBI) en un esfuerzo para combatir la violencia de las pandillas dentro del país y en Centroamérica. La ciudad de Los Ángeles, donde viven más de 40 mil miembros de pandillas, pasó a conocerse como el “marco cero de la actividad de las pandillas”, según las palabras del director asistente del FBI, J. Stephen Tudwell.

Entre las medidas para combatir los crímenes practicados por las pandillas está la creación de una unidad para investigar específicamente homicidios cometidos por miembros de pandillas. Más allá de las fronteras, las Unidades Trasnacionales Antipandillas (TAGs) van a llevar a cabo operaciones coordinadas en cinco países: Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice. Además, las TAGs van a coordinar un programa de intercambio internacional de policías. La idea fue de un oficial del FBI, Robert Loosley, que tiene experiencia en Centroamérica tanto en el entrenamiento como en la ejecución, con el objetivo de desarrollar alianzas entre las agencias de seguridad de la región.

Las medidas mencionadas son parte de la guirnalda que han configurado en la región centroamericana para proseguir la limpieza social, que tiene sus antecedentes en la XXV Asamblea General de la Organización de Estados Americanos -OEA- y la reunión de cónclave en Tegucigalpa, Honduras en junio de 2005. Producto de esos acuerdos en El Salvador se instaló la sede regional de la academia de Aplicación de la Ley-ILEA- en inglés.

El Acuerdo fue suscrito en la sede del Ministerio de Gobernación por el titular René Figueroa, el embajador norteamericano en El Salvador, Douglas Barclay, el director de la Academia de Seguridad Pública (ANSP) de ese país, el primer director de ILEA, Hobert Henson (EE.UU.), esta organización está patrocinada por el gobierno norteamericano e inició operaciones en la última semana de junio de 2005, con 36 oficiales en capacitación por seis semanas, cuyas nacionalidades son de Colombia, República Dominicana y El Salvador. Esta Academia es parte de una política internacional donde existen otras ILEA en Budapest, Hungría, 1995, Bangkok, Tailandia 1999, Gaborone, Botswana 2001 y Roswell, Nuevo México 2001.

La política de Mano Dura no sólo está vigente en Centroamérica, también en Perú con el gobierno de Alan García, en Puerto Rico, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Colombia, en algunas provincias de Argentina (Tucumán, Córdoba, Corrientes) los jóvenes también han sentido el látigo de la represión y el sello de la muerte; en Brasil se hizo evidente previo a los Juegos Panamericanos de 2007 y Chile repunta con los datos de jóvenes apresados a partir de la movilizaciones de los estudiantes de secundaria y Colombia, junto a Perú, estos dos países que son pieza del ajedrez de la política norteamericana en la región, la implantación del Estado Policial es indiscriminada y en todas las esferas de la vida social.

La urdimbre de corporaciones policiales cuenta con el soporte del Manhattan Instituto, que planea expandir su ya sustancial trabajo en Latinoamérica, mediante: 1) La creación de redes de trabajo a través de conferencias y seminarios, 2) La creación en terreno de modelos exitosos, y 3) La diseminación de ideas a través de documentos escritos y otros materiales. El Centro Interamericano de Intercambio de Políticas Públicas (IAPE, por sus siglas en inglés) se construye sobre la base del trabajo realizado previamente por el Manhattan Instituto en Argentina, Brasil y Chile, e incorporando a la red de trabajo a México y Venezuela antes de 2002 este último.

5. Policialización del ejército el zaguán hacia el Estado Policial

Al momento que el ejército se dedica a perseguir el crimen organizado y se le asigna combatir al narcotráfico, se abren las compuertas para que desplace a la policía y asuma las funciones de ella, o sea, que se policializan los militares o militarizan a las policías. El riesgo no es de carácter operativo, sino político con implicaciones sociales, porque, por un lado, el ejército disputa las calles, confronta a la delincuencia, se reducen drásticamente las garantías individuales, las detenciones son indiscriminadas, no están mediadas por un proceso administrativo de la justicia civil, las formas de operación de los militares son castrenses, autoritarias y ajenas a los derechos humanos, siembra miedo y terror en la ciudadanía y actúan militarmente de la misma manera contra los criminales y/o contra las protestas populares o movilizaciones demandantes de derechos, arrojando como resultado un estado de excepción y una apertura frontal de un frente criminalizador de las voces desobedientes u opositoras al gobierno.

La organicidad que se ha venido estructurando en los últimos seis años, apunta hacia el Estado Policial, con una dosis significativa de inteligencia, efectividad para intervenir en asuntos del orden policial como es confrontar las protestas en las calles; impedir las barricadas, bloqueos de carreteras y avenidas, patrullar los centros urbanos y cargar de mensajes publicitarios la televisión donde aparecen los militares como protectores de la ciudadanía y más aun, interceptar comunicación telefónica, Internet e invasión de la vida privada, destruyendo así las garantías individuales que la Constitución asigna al ciudadano.

El Estado Policial tiene la naturaleza política de involucrar a la ciudadanía en las tareas complementarias del ejército en la persecución del delito, porque discursiva y mediáticamente lo construyen como un enemigo delictivo inimaginable, poderoso, capaz de destruir los hilos asociativos de la sociedad en general y es aquí donde se asoma el mayor riesgo para la sociedad, debido a que la incorporación de la ciudadanía a la campaña de proporcionar información, delación de infractores, colaborar en rondines comunitarios para defenderse de la construida imaginariamente delincuencia, abre el camino de la paramilitarización.

El prefijo “Para”, explica esta dicotomía: por una parte es representativo de aquellos grupos armados que se constituyen como apoyo o para asistir al Estado, los cuales han sido promovidos directamente por las fuerzas armadas en correspondencia a planes de seguridad específicos. De otra parte los grupos “Para-Estatales”, es decir grupos armados que se formaron y han tenido desarrollos alternos a la política estatal (7).

Conclusiones

Si los gobiernos latinoamericanos llaman a la ciudadanía a sumarse a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, amen de que también se les convoca a luchar contra las pandillas, contra las movilizaciones populares, contra la indigencia, etc., apertura las compuerta para que grupos de empresarios y terratenientes, que cuentan con los recursos logísticos necesarios y económicos, contraten sicarios, militares retirados, organicen grupos antidelictivos que cumplen tareas complementarias del Estado y con el tiempo adquieren autonomía y se constituyen en parcelas de poder dentro del Estado, que se traduce muchos Estados en una nación, el caso de Colombia es ilustrativo.

Hasta ahora, los ejercicios de la Tolerancia Cero en los sectores urbanos y Mano Dura en las áreas marginales y rurales, es resultado de la tendencia de policialización del ejército y la naturaleza que está cuajando en los Estados de varios países de América Latina; en algunos casos ya funciona la relación “paradependiente”, donde individuos y colectivos de la ciudadanía se suman a las tareas de delación y de complementación coadyuvante del Estado y los militares. Las corporaciones policiales federales o nacionales mantienen un flujo de agregados militares en capacitación, incorporación de agentes y uso de tácticas y formas operativas militares, y por último, la tendencia a la “Para Alterna” o autonomía paramilitar, donde estos grupos privados coadyuvantes alcanzan un grado complejo de organicidad, de recursos financieros y de capacidad militar hasta constituirse en un cuerpo autónomo; sin embargo los resultados son costosos, el retrato de Colombia en el 2007 nos da la razón para sembrar en el subconsciente colectivo el riesgo que corremos con el Estado Policial en nuestros pueblos.

Notas

1. Guerrilla sembrada es el término que el autor le asigna a los movimientos armados que se presentaron de 1960-a 1964 hasta que se dio la Conferencia de Partidos Comunistas Latinoamericanos en noviembre de 1964.

2. La Guerrilla creciente son todos aquellos movimientos armados que parten de una circunstancia nacional, con asentamiento en las comunidades y una estrategia congruente con la ideología del movimiento. Estas etapas se describen en La revolución latinoamericana: Política y estrategia desde el Apro-Marxismo hasta el Guevarismo, de Donald C. Hodges. Edit. X Siglos. México, 1974.

3. Díaz Callejas, Apolinar (2007). Irrespeto a Colombia y represión desaforada, en Indymedia. Disponible en: http://colombia.indymedia.org/news/2007/08/71405.php. Ver también, Salazar Robinson (2005). En Colombia si hay Guerra, Insumisos Latinoamericanos, Argentina.

4. Freytas, Manuel (2007). La nueva estrategia de control: El dominio “democrático” y la lógica “antiterrorista” en América Latina, IAR-Noticias, 10-Julio-07. Disponible en: http://iarnoticias.com/secciones_2007/latinoamerica/0053_terrorismo_domin_democrat_09jul07.html

5. Abadi, José E. (2005). Los miedos de siempre, los terrores de hoy. Edit. Sudamericana, Argentina.

6. Ibidem. Pág. 43.

7. Montenegro Ernesto (2007). Los Ejércitos privados del Neoliberalismo. Doctorant à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne/ Disponible en: http://netx.u-paris10.fr/actuelmarx/m4monte.htm

Lista de referencias

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