Dick Parker^a

aEscuela de Sociología. Universidad Central de Venezuela

A mediados de los años 90, casi todos los gobiernos latinoamericanos buscaban solucionar los problemas económicos y sociales de sus respectivos países siguiendo las recomendaciones del llamado Consenso de Washington. Al mismo tiempo, en la comunidad académica de la región, la hegemonía intelectual del neoliberalismo se encontraba en su apogeo. Sin embargo, hoy en día, diez años después, hasta los más convencidos partidarios de las políticas aplicadas en los 90 reconocen que sus resultados han sido decepcionantes: tasas de crecimiento que escasamente compensaron los retrocesos de la "década perdida" de los años 80; políticas sociales "focalizadas" que, en el mejor de los casos, sirvieron como simples paliativos para contrarrestar los efectos más nocivos de los ajustes económicos; y, finalmente, una acentuación de los índices de desigualdad en una región que ya contaba con la nada envidiable distinción de ser la más desigual del mundo.

En el terreno de las ideas, la última década ha sido testigo del resquebrajamiento de la aplastante hegemonía neoliberal, aunque más a consecuencia de un desgaste provocado por el ostensible contraste entre sus promesas y la realidad, que por la aparición de una alternativa convincente. Esta situación "transicional" se refleja de manera muy clara en Estados Unidos, país que sigue siendo la fuente de inspiración más importante para los asesores de los gobiernos latinoamericanos.

Hace una década, los economistas norteamericanos más prestigiosos participaban en el diseño y en la aplicación de las políticas de la administración Clinton. Joseph Stiglitz era una figura clave de su equipo económico, Jeffrey Sachs seguía diseñando los programas de ajuste para los países sometidos a la disciplina del FMI y Paul Krugman, aunque finalmente no fue nombrado al puesto que buscaba en el equipo económico de Clinton, apoyaba las líneas generales de la política aplicada.

Hoy en día el panorama es radicalmente distinto. Con el régimen de Bush, se ha impuesto un neoliberalismo corporativo a ultranza, repudiado por estas mismas figuras académicas. Pero más significativo que su repudio a las políticas de la actual administración es el cuestionamiento retrospectivo de las políticas aplicadas en los años 90. Stiglitz ha contribuido más que nadie a debilitar la imagen de seriedad académica que se le concedía al FMI; Jeffrey Sachs ahora emplaza al G-8 a enfrentar las consecuencias ecológicas desastrosas de las políticas aplicadas y a asumir su responsabilidad frente a la creciente pobreza provocada por la globalización; y Paul Krugman, considerado el articulista de prensa más influyente de Estados Unidos, reconoce el fracaso del Consenso de Washington y las consecuencias nefastas del Nafta.

Mientras tanto, en América Latina, ni la comunidad académica, ni mucho menos los gobiernos se han liberado del peso del Consenso de Washington. A pesar de los estragos que ha provocado, no se vislumbra una respuesta coherente o convincente por parte de los sectores dominantes del continente. No hay propuesta alternativa. De hecho, la preocupación central de los gobiernos ha pasado a ser la "gobernabilidad" o la gobernanza, es decir, cómo enfrentar el creciente rechazo popular a las políticas impuestas.

Entre las consecuencias de esta generalizada crisis de legitimidad en el continente están los recientes éxitos electorales de candidatos que han ofrecido la esperanza de una alternativa al neoliberalismo: Chávez, Lula, Kirchner, Tabaré Vásquez. Y hemos tomado como Tema Central para este número de la revista lo que entendemos es su desafío central: ¿Cómo combatir la exclusión?

Por supuesto, no pretendemos proporcionar ninguna fórmula mágica para responder a esta interrogante. Lo que hemos querido hacer es ofrecer un conjunto de reflexiones que pudieran señalar caminos. Originalmente, habíamos pensado en enfocar nuestra atención en los problemas de empleo, subempleo, el mercado de trabajo y la cobertura de los sistemas de seguridad social y, de hecho, cuatro de los artículos abordan estos problemas. Ana María Cacciamali y María de Fátima José-Silva ofrecen una visión general del continente durante los años 90, contrastando la experiencia de México y otros países de la cuenca del Caribe estrechamente integrados al mercado norteamericano con la de los demás países del sur del continente. Anita Kon examina de cerca la experiencia brasileña y el fracaso de las políticas de empleo aplicadas en los años 90 para contrarrestar el impacto de las políticas macroeconómicas. Con la misma preocupación, Torres Salcido reflexiona sobre la experiencia mexicana. El cuarto aporte es más testimonial: registra el impacto del la aplicación radical de los fórmulas neoliberales en la Argentina sobre el movimiento cooperativo de ese país y sugiere cómo la recuperación de este poderoso movimiento depende de una modificación del modelo de acumulación, posibilidad considerada factible a partir del colapso del país en 2001-2002. En los cuatro casos, los fracasos de los años 90 llevan a los autores a plantear nuevas perspectivas.

Como sucede a veces con Temas Centrales que se preparan con tanta anticipación, en este caso, el Comité Editorial decidió, a mitad de camino, ampliar nuestra visión, para tocar el problema general de las políticas sociales y para incorporar a la experiencia venezolana. Esta decisión coincidió con el momento en que a Catalina Banko, quién había sugerido y venía organizando el Tema Central (como de costumbre con dos años de antelación), le correspondía su año sabático. De manera que se acordó también que la coordinación fuera asumida por el suscrito, quien presenta los resultados a nombre propio, aunque para ello contó con la colaboración de Catalina.

Para abordar el tema general de las políticas sociales en América Latina, evidentemente nos correspondió buscar no investigaciones pormenorizadas de experiencias particulares, sino más bien una reflexión general sobre el estado del debate al respecto. Teníamos comprometidos dos artículos que respondían a esta búsqueda. El primero, dedicado precisamente a examinar el estado actual del debate, se nos quedó en el camino, a consecuencia del ciberterrorismo donde agentes ajenos se meten en la computadora, dañando archivos y hasta volando el disco duro. En todo caso, aspiramos poder ofrecer este artículo en el próximo número de la revista. El segundo, que encabeza nuestro Tema Central, es una reflexión teórica de Luis Miguel Uharte sobre la relación entre políticas sociales, orden socioeconómico, modelo de desarrollo y modelo de democracia, que señala las restricciones que resulta necesario tomar en cuenta cuando, como en el caso de los demás artículos, se hagan propuestas nuevas frente a los evidentes fracasos de las actuales.

En el caso de Venezuela, que nos toca más de cerca, abandonamos la pretensión inicial de conseguir uno o más análisis que resumieran las políticas sociales adelantadas por el gobierno del presidente Chávez y optamos por ofrecer más bien los análisis testimoniales de participantes en tres de las experiencias más interesantes, experiencias que, por lo demás, podrían considerarse antecedentes para las políticas plasmadas en las ya conocidas "misiones". Deliberadamente, no intentamos evaluar las "misiones" mismas porque son experiencias demasiado recientes y que todavía no ofrecen elementos suficientes de información confiable como para justificar una evaluación con pretensiones de superar las predisposiciones del analista. Entonces, optamos más bien por examinar las tres experiencias anteriores a la campaña de las "misiones" que, de alguna manera, prefiguraban las modalidades que éstas iban a asumir. Así es que Santiago Arconada examina el problema de la descentralización del servicio de agua a partir de su experiencia con las Mesas Técnicas de Agua, concebidas como un mecanismo para promover la participación ciudadana en la administración de este vital recurso (ya en curso desde 1999). Andrés Antillano, a su vez, escribe sobre la experiencia de los Comités de Tierra Urbana, formados con el propósito de involucrar a los directamente afectados en el proceso de legalización de sus propiedades inmueble en los barrios de la ciudad (a partir de comienzos de 2002). Finalmente, Rubén Alayón reflexiona sobre la experiencia en el área de salud del Plan Barrio Adentro, argumentando que constituye una manifestación de los principios de "democracia participativa y protagónica" sancionados en la nueva constitución del país (experiencia que arranca a partir de marzo de 2003). En los tres casos, la experiencia acumulada es suficientemente prolongada como para justificar un intento de evaluación.

Aspiramos a que, en su conjunto, estos artículos constituyan un aporte para acercarnos más a las respuestas que tanta falta nos hacen, frente a la interrogante que nos propusimos: ¿cómo combatir la exclusión?