Santiago Arconada Rodríguez^a

aLuchador social y promotor comunitario.

El autor define las Mesas Técnicas de Agua como la respuesta organizada de la comunidad a cualquier problema o carencia en lo que al servicio de agua potable y saneamiento se refiere y explica que los Consejos Comunitarios de Aguas son la reunión que agrupa a las comunidades que comparten un determinado sistema hidráulico. Impulsados por el gobierno de Chávez desde el primer año de la administración, estos instrumentos de participación comunitaria ya llevan seis años en funcionamiento y el artículo tiene como propósito narrar la experiencia acumulada, señalando los logros y los desaciertos de su implementación.

Palabras clave: Agua, Mesas Técnica de Agua, Consejos Comunitarios de Aguas, política administrativa, participación comunitaria, Venezuela.

The author defines the Technical Roundtables for Water Problems as the response of the organized community in the face of any problem or deficiency in the services of drinking water and drainage. The Community Councils for Water are simply the point of confluence of TRWPs that share a common hydraulic system. Promoted by the Chávez government since the first year of the administration, these instruments for community participation have now been functioning for six years and the article is dedicated to relating the accumulated experiences, highlighting the successes and indicating the errors committed.

Key Words: Water, Technical Roundtables for Water Problems, Community Councils for Water, Administrative Policy, Community Participation, Venezuela.

Recibido: 01-07-2005 Aceptado: 15-07-2005

Si al aniversario número cincuenta lo llaman las Bodas de Oro y al número veinticinco las Bodas de Plata, el sexto aniversario de algo vendría siendo las bodas de la aleación esa con la que hacían las pullas, aquella moneda fundamental de nuestra infancia. Lo cauto sería no hacer mucha alharaca, cantarle cumpleaños feliz a la modesta torta que celebrase nuestra voluntad de seguir sistemáticos, periódicos, constantes, impulsando más Mesas Técnicas, más Consejos Comunitarios de Agua, colectivizando cada vez más información, colectivizando así el acceso a la toma de decisiones, profundizando en la muy incipiente noción de que todas y todos dependemos de una cuenca cuya preservación nos concierne. Sin embargo, la cantidad y la cualidad del proceso vivido lo que sí amerita es de un meticuloso balance que, como todo buen balance, nos confronte con los errores cometidos, que los hay y muchos; nos enseñe los aciertos, que los hay muy significativos e importantes, y nos despeje el debate en el que nos encontramos.

Las que siguen son las reflexiones de un chichero sobre una chicha que, si bien no es suya, en la medida en que la elaboración de la política de gestión Comunitaria en el ámbito de las empresas hidrológicas es en su esencia un hecho colectivo, sin duda es una chicha en la que él tiene metido su cucharón. Me parece pertinente advertirlo.

No era sólo el hecho de ser el gobierno del presidente Chávez en el área del servicio de agua potable y saneamiento, que ya en sí mismo era algo muy exigente tomando en cuenta el altísimo grado de expectativa que éste había generado, y la aplastante deuda social que se confrontaba. Era además ser el Gobierno nacional en el proceso constituyente. Ser el Gobierno prefigurando en su gestión, en sus ejecutorias, los valores que se querían salvaguardar en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De eso se trataba en aquellos días iniciales del primer semestre de 1999.

El presidente Chávez recibe el mando de manos del presidente Caldera el dos de febrero de 1999. Durante los meses de marzo y abril queda conformado el equipo hidrológico con el ingeniero Alejandro Hitcher Marvaldi en la presidencia de Hidroven, y la ingeniera Jacqueline Faría Pineda junto al ingeniero Cristóbal Francisco Ortiz en la presidencia y vicepresidencia de Hidrocapital respectivamente. En mayo de 1999, el equipo antes mencionado convoca a la realización de un taller de discusión para delinear lo que a partir del 1° de junio de 1999 se conoció como la Gerencia Comunitaria de Hidrocapital.

Dicho taller, realizado entre el 15 y el 30 de mayo de 1999, asumió, entre otras, la tarea de sistematizar la experiencia que algunos de los presentes en el mismo teníamos de lo que había sido la construcción y el impulso de las Mesas Técnicas de Agua y los Gobiernos Parroquiales en Antímano y El Valle durante el gobierno municipal de Aristóbulo Istúriz en la ciudad de Caracas entre 1993 y 1996 (Arconada Rodríguez, 1996). Conducido por el sociólogo Reinaldo Bravo (qpd), este taller significó una de las experiencias personales más completas en lo que a transformar la experiencia en conocimiento se refiere. Esa sistematización que hicimos de la que había sido una experiencia puntual en unas parroquias concretas, para transformarla en la propuesta organizativa del gobierno bolivariano a todas las comunidades en el sentido de resolver los problemas comunitarios referidos al servicio de agua potable y saneamiento, me sigue pareciendo a la distancia un momento clave de mi experiencia como luchador social y promotor comunitario. Dejemos este cabo levantado aquí y llevemos la mirada a la situación nacional.

Desde el llamado a referendo para consultar la realización de la Asamblea Nacional Constituyente, realizado el mismo 2 de febrero de la recepción del mando de manos del presidente Caldera, hasta el 15 de diciembre de 1999, fecha en la que se realizó el referendo para aprobar o improbar el texto de la que hoy es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el país vivió lo que conocimos como el proceso constituyente. Algunos, entre quienes me cuento, creemos que proceso constituyente es todavía el mejor descriptor de la situación que vivimos, en la medida en que todavía asistimos a la muerte de algo que no termina de morir y al nacimiento de algo que no termina de nacer, como repite el presidente Chávez con cierta insistencia. Otros pudieran creer, y están en su derecho, que el llamado proceso constituyente se cierra con la aprobación de la Constitución que es fruto de ese proceso y de la asamblea que fue electa para ello. Todos coincidimos que ese año que se cierra dramáticamente con el deslave de Vargas y el colapso de la presa de El Guapo en el estado Miranda, 16 y 17 de diciembre de 1999, respectivamente, fue un tiempo inspirado por la idea de promover la participación protagónica de la comunidad en la solución de sus problemas y en la consecución de sus metas y objetivos, y que ese esfuerzo quedó debidamente plasmado en la Constitución como derecho inalienable del pueblo.

Pongamos ahora juntos los dos cabos. La propuesta organizativa de Mesas Técnicas y Consejos Comunitarios de Agua que se desarrolla durante todo ese tiempo constituyente fue una oportuna "navegada de ola". "Fue ese estar en el momento indicado con la propuesta indicada lo que permitió no sólo un desarrollo inusitado de ésta, la propuesta organizativa, sino una serie de importantes conflictos institucionales que desnudaron las contradicciones internas, tanto las que posteriormente se irían agudizando como las que tendieron a resolverse".

Antes de hacer, siguiendo el orden cronológico, la reflexión obligada sobre nuestra experiencia en el enfrentamiento a la contingencia que tuvo lugar entre el 16 de diciembre de 1999 y diciembre de 2000, con ocasión de la tragedia de Vargas y el colapso de la presa de El Guapo en el estado Miranda, me parece conveniente no seguir hablando de las Mesas Técnicas y de los Consejos Comunitarios de Agua sin antes aclarar en qué consisten.

Definimos las Mesas Técnicas de Agua (MTA) como la respuesta organizada de la comunidad a cualquier problema o carencia en lo que al servicio de agua potable y saneamiento se refiere. A seis años de distancia, la antedicha definición se refuerza en la medida en que hay en ella ciertos antídotos contra el burocratismo y la tendencia a sustituir al pueblo, que sigue preservando a las MTA, con una flexibilidad y lozanía muy valiosas pero, por otra parte, con mucha tendencia a ser reactivas y no proactivas. Hoy creo que es ampliamente compartido ver o entender a la Mesa Técnica de Agua como un momento de la vida de la comunidad en la que ésta actúa organizadamente en relación, no sólo ya con el servicio de agua potable y saneamiento, sino con el estado de la cuenca hidrográfica de la que depende.

Su manera de afrontar la situación problemática que la motiva consiste en ir realizando el acopio de información necesaria para diseñar la solución del problema que se enfrenta.

Durante estos seis años hemos abundado y profundizado en la necesidad de que las comunidades desarrollen conocimiento sobre sí mismas. Hemos formulado el censo no como un mero conteo, en sí mismo indispensable para calcular cualquier solución técnica, sino como algo más amplio y profundo, como una radiografía de la comunidad. Como un instrumento que nos aporte la información básica con la que posteriormente diseñaremos la solución del problema. En la realización de esta tarea por parte de la propia comunidad, se produce una ampliación muy significativa de la capacidad para aproximarse al conjunto de factores que inciden en una determinada situación, y entenderla como fase previa y obligatoria a solucionarla. Se concluye que no es igual censarse que ser censados. Hay un dato adicional de reflexión que aparece y reaparece después en las reuniones periódicas que se realizan en el que, inequívocamente, se hace referencia a la experiencia del censo comunitario.

El dibujarse en forma de plano fue para las comunidades el logro de una doble reivindicación. Fue el meterse en la foto de la ciudad servida por redes de la que estaban excluidas. Y fue el modo más concreto de meterse en los planes de la ciudad una vez reconocidos, por lo menos por la empresa hidrológica pública, como parte de ella, no como pegoste de ella.

La recuperación de memoria colectiva que está implicada en la realización de esta tarea es uno de los momentos más jugosos del trabajo comunitario, pues no sólo se obtienen y se colectivizan informaciones básicas del modo y la forma como la comunidad nació y se desarrolló, sino de los atisbos de planificación que pudieron existir, o por el contrario de las agresiones a la planificación de las que se era consecuencia. En la realización del plano aparecían válvulas que nadie sabía cuándo se habían instalado, equipos y tuberías cuya existencia se desconocía. Para la empresa hidrológica pública, o sea para nosotros, aquél era el descubrimiento de la ciudad realmente existente, pero para las comunidades era una forma de darse cuenta de que eran, de que tenían una historia y una memoria de ella.

En muchísimos planos comunitarios, obras maestras de la pintura ingenua, aparecen las casitas de la gente que vive en la comunidad. Quizás sean esos planos con gente uno de los aportes más valiosos que hayan hecho las Mesas Técnicas de Aguas.

Esta tarea resume nuestro enfrentamiento a la cultura de la promesa y su consecuencia más perversa: la pasividad. Tras la realización del censo y del plano o croquis, en conjunto con la empresa hidrológica pública, la comunidad diagnostica su problema y a renglón seguido, tal y como está en el enunciado de la tarea, inicia la elaboración del proyecto de intervención sobre éste, sea mediante obra de construcción, trabajo de mantenimiento, de corrección, de reparación, en fin, lo que esté planteado para la solución del problema que fue comunitaria y colectivamente diagnosticado. La solución a los problemas deja de pedirse y pasa a proyectarse sobre la base de considerar como propios los recursos económicos necesarios, existentes en algún apartado del Tesoro Público, bien sea en la instancia municipal, regional o nacional, para resolver los problemas del servicio público primordial, del que depende la vida humana como de ningún otro, el servicio de agua potable y saneamiento.

El logro del proyecto y la lucha por su realización es lo que lleva a esa determinada comunidad, organizada en Mesa Técnica de Agua, al Consejo Comunitario de Aguas, que no es otra cosa que la reunión que agrupa a las comunidades que comparten un determinado sistema hidráulico, por ejemplo, un tanque de distribución, una estación de bombeo, un embalse, etc. También están acotadas en la jurisdicción de una parroquia, un municipio o un estado, pero, en su esencia, el Consejo Comunitario de Aguas es el encuentro creciente entre las comunidades organizadas y sus instrumentos de gobierno, empezando por las Mesas Técnicas de Agua y la empresa hidrológica pública pero exigiendo inmediatamente la presencia del Gobierno municipal, regional y nacional. No como quien pide un favor sino como quien exige contraloría social sobre sus instituciones, tanto en sus aspectos de representación como en sus aspectos ejecutivos.

El Consejo Comunitario de Aguas tiende a erigirse como la autoridad rectora en lo que al servicio de agua potable y saneamiento (en adelante SAPS) se refiere. Para ello se va consolidando como instancia pública, esto es del pueblo todo, y periódica, esto es, cada cierto lapso fijo, sin necesidad de convocatoria, como compromiso permanente. Asume en concreto las tareas de priorizar los problemas que se confrontan, programar las acciones para resolverlos y hacer seguimiento de lo acordado.

En él se produce un intercambio de información de las Mesas Técnicas de Agua de las diferentes comunidades hacia la empresa hidrológica pública, de ésta hacia las comunidades, y de las comunidades entre sí. Este intercambio de información es un permanente generador de poder. Tanto para las comunidades organizadas en Mesas Técnicas de Agua y Consejos Comunitarios de Aguas, como para la empresa hidrológica pública.

En los lugares en los que el acueducto no es de régimen permanente sino de régimen cíclico, o sea que administra un determinado caudal de agua para muchas comunidades que se turnan en la recepción del mismo, el Consejo Comunitario es un ente controlador de la eficiencia en las operaciones de servicio y un procesador y mediador de los problemas intracomunitarios que se generan. A su manera, el Consejo Comunitario cumple las funciones de un Tribunal de Aguas. Paradójicamente, en este aspecto de instrumento mediador entre las comunidades es donde la propuesta organizativa de los Consejos Comunitarios de Aguas tiene sus mayores demostraciones de fortaleza y, a la vez, sus mayores demostraciones de debilidad.

El Consejo Comunitario de Aguas es, como buen instrumento de gobierno en el proceso constituyente, una permanente aula de clase que se prepara cada vez más para el cumplimiento de una tarea esencial de la presente coyuntura: la definición de los planes rectores o planes maestros.

Durante la segunda semana después de la tragedia ocurrida el 16 de diciembre de 1999, me tocó la tarea de acompañar a un funcionario estadounidense de la agencia de ayuda internacional USAID, a fin de realizar para él tareas de traducción. Este funcionario tuvo oportunidad de un sobrevuelo en helicóptero de las zonas afectadas por el deslave a todo lo largo de la costa varguense, y al terminar el mismo, tratando de establecer una referencia, dijo Three Mitch. Él había estado en Centroamérica tras el huracán Mitch y lo que vio en la costa del estado Vargas era como tres huracanes Mitch. Fue tan desastroso que personalmente pienso que no lo hemos llorado bien todavía.

El caso es que nos repusimos, enfrentamos la tragedia y nos sobrepusimos a ella en una carrera contrarreloj que asumía el hecho de que el estado Vargas se había quedado con 0 lts/seg. Para conjurar el peligro permanente de una severa alteración del orden público teníamos no sólo que resolver el problema de la sed inmediata, de los repartos de dos tobos por familia que llegamos a realizar durante los días inmediatos, con una flota de camiones cisternas permanentemente insuficiente ante el descomunal tamaño de la contingencia, de las áreas pobladas que habían quedado fuera de servicio, sino además ser capaces de reconstruir un sistema que había sido arrasado.

Allí, en el seno de esa tragedia continuada que fueron los días subsiguientes al colapso general del sistema, las Mesas Técnicas de Agua mostraron su capacidad para extraer de la comunidad sus mejores cualidades, su potencia organizativa, y permitieron que los repartos de agua en camiones cisterna, en zonas en las que la vialidad estaba gravemente afectada y disminuida, pudieran realizarse en términos de justicia y equidad durante los meses que transcurrieron hasta el restablecimiento del servicio.

En zonas muy pobres de La Guaira, como Cervecería, Piedra e’ Moler, que desarrollaron un acueducto de emergencia desde el manantial Quenepe, o de clase media y media alta, como Palmar Este en la parroquia de Caraballeda, las Mesas Técnicas de Agua funcionaron con particular creatividad, no sólo para hacer más eficaces los repartos de aquella agua de supervivencia, sino para la recuperación de las redes de distribución que fueron destruidas. Aquella demostración en la adversidad catapultó a estas instancias organizativas tanto en la consideración que de ellas mismas tenían las propias comunidades que las conformaban, como la empresa hidrológica pública que siempre supo que sin el apoyo de la comunidad organizada no habría podido sortear la precariedad total en la que la dejó el deslave.

El colapso de la presa sobre el río El Guapo dejó fuera de servicio al sistema costanero del estado Miranda, o sea que Barlovento se quedó sin agua potable, y la gente se moría de sed con el agua en las rodillas en aquel diciembre triste y lluvioso de 1999 en el que las inundaciones se sucedían. Salvo el eje turístico de Higuerote, los pueblos de Barlovento no han perdido su carácter rural y campesino. Junto al consabido reparto de agua en camiones cisterna, en el caso de Barlovento era claro que no se tendría presa por algunos años por lo que la reutilización de la gran aducción llamada El Costanero, eje fundamental de suministro a las comunidades barloventeñas, sólo sería posible rehabilitando los viejos sistemas de pozos y las captaciones de montaña, para incorporar los caudales que se lograsen a la mencionada tubería. Esa recuperación de los dique-tomas de Marasmita y Macayapa, los pozos de San Juan y Bajo Grande, en donde estaba habilitado el llenadero de los camiones cisterna, fue posible con el apoyo de las comunidades que trabajaron para hacer eficaces los complicados repartos en camiones cisterna a comunidades apartadas y con severos problemas de vialidad.

De no haber sido por esa compenetración no habría sido posible recibir en Higuerote, hasta donde navegó el buque-tanque Sinamaica, a todo el flujo de temporadistas que en la Semana Santa de 2000, a tres meses de la tragedia, sólo tenían la alternativa barloventeña, ante la imposibilidad de un Litoral Central todavía en estado de devastación.

Desde su inicio en junio de 1999, la gestión comunitaria fue consciente del peligro de la ornamentalidad, de ser vista como una especie de gerencia de relaciones públicas pero a nivel de barrio. El antídoto contra ese mal estuvo fundamentado en la incesante, creciente y cada vez más profunda incidencia que tuvo, por un lado, en las comunidades y, por el otro, al interior de la empresa hidrológica pública, el sistemático flujo de información que nos trazamos como política. Si la empresa era pública, entonces que el pueblo la conociera al derecho y al revés, que conociera sus activos y sus pasivos, sus equipos, sus inmensas estaciones de bombeo, sus sistemas de embalses, los miles de kilómetros de redes de tubería de aguas potables y residuales que conformaban los diferentes sistemas hidráulicos en los que trabajábamos, y que se conocieran los costos integrales de ese bien colectivo, de esa empresa pública que nos presta el servicio del que depende nuestra existencia.

Junto a lo anterior, al enfrentamiento sistemático de las tentaciones ornamentalistas, también tuvimos siempre la percepción de que la empresa hidrológica pública carecía de un dueño colectivo que la asumiese como propia, que se la apropiara. El Estado parecía no poder tener las empresas del modo como éstas son tenidas por los empresarios, y parecía que esa ausencia de pertenencia redundaba en ineficiencia, en dejadez, en desidia. Se percibía también que esa ausencia de pertenencia respecto de la empresa hidrológica pública que se sentía en las diversas comunidades tendía a ser resuelta mediante procesos progresivos de privatización.

Explicar la estructura interna de la empresa hidrológica pública, la relación existente entre ésta y las empresas operadoras privadas de los sistemas de suministro y recolección fue la tarea que permitió de un modo más directo que las comunidades comenzaran a asumir las implicaciones de la información que se transmitía.

La empresa hidrológica pública tenía responsabilidades de inspección sobre las operaciones de las que estaba encargada la empresa operadora privada, y de las reparaciones que constantemente se presentan a lo largo y ancho del acueducto. Así fue como comenzó a plantearse el problema sobre si el know-how desarrollado en la realización de las operaciones que permitían el suministro se transformaba en conocimiento en manos de la empresa hidrológica pública, que era la que pagaba el trabajo, o seguía desarrollándose este know-how como una caja blindada a la que sólo tenía acceso la empresa operadora privada.

Esta tarea de procesamiento de información que realizábamos sistemáticamente nos granjeó con rapidez la antipatía de quienes en la colectivización de la información sólo veían pérdida de poder, y la simpatía de quienes sabían que los cambios que se estaban esperando no se darían sin el motor que significaba la comunidad organizada y articulada al proceso de toma de decisiones sobre la base de haber discutido toda la información disponible.

En el curso de ese permanente procesamiento de información-formación, fue apareciendo cada vez con más fuerza la necesidad de investigar en el pasado inmediato las claves de los procesos que estaban en marcha y que en ese momento entraban en una situación de relativo conflicto con los procesos de democratización de la información.

Era un tanto sospechoso que ese proceso que va desde el colapso del INOS en 1989 hasta la fundación de las empresas hidrológicas públicas regionales (las Hidros) en 1992-1993 no sólo estuviese muy poco documentado, sino que alrededor del tema siempre parecía que se bajaba la voz, como si esa fundación de las empresas operadoras, hechas con los equipos humanos e instrumentales que procedían del INOS, incorporase un pecado original secreto que nunca terminaba de aparecer.

En todo caso creíamos que una empresa que tiene siete años, como era el caso de Hidrocapital cuando la ingeniera Jacqueline Faría Pineda asumió la presidencia, es una jovencísima empresa en la que nada es demasiado viejo como para estar tan arraigado que no se pueda cambiar.

Durante los dos primeros años, incorporando el año de contingencia que significó el deslave de Vargas y el colapso de la presa de El Guapo, se consolidó eso que en aquel momento visualizamos como el motor de arranque de otro motor de régimen permanente. La expansión acelerada del trabajo nos permitía analizarlo a la luz de los resultados que iba brindando. Teníamos Mesas Técnicas que ya estaban presionando para incorporar los proyectos a los que habían llegado mientras otras recién comenzaban a trazar las primeras líneas del plano comunitario y, así, en los Consejos Comunitarios de Aguas se producía esa fusión de experiencias que catalizaba el proceso de una manera tan significativa. Las y los que estuvimos en esos meses compartíamos una sensación de vértigo.

Parecía que, lentamente, la dinámica de tener que tener presencia en cada uno de los Consejos Comunitarios de Agua obligaba a Hidrocapital a tener una información sobre su accionar que fuera presentable y eso inducía a una dinámica de trabajo que rápidamente se hizo sentir. En correspondencia con eso, el tener el reclamo comunitario organizado en los Consejos Comunitarios permitía leer con mayor claridad las causas de los problemas planteados y sus hilos comunes. La pedagogía contenida en las tareas que las Mesas Técnicas realizaban también contribuía a difundir al interior de la comunidad los problemas operativos que por diversas razones se confrontaban en la empresa hidrológica pública. Todo ello redundaba en una noción muy sólida de estar ordenando el problema para poder iniciar acciones de solución.

A partir de 2001, Hidroven, la casa matriz de las empresas hidrológicas regionales (salvo cinco que no pertenecen al Gobierno central por la vía de Hidroven-MARN, sino que pertenecen a sus respectivas gobernaciones las cuales son Bolívar, Lara, Mérida, Monagas y Portuguesa), comenzó a impulsar la propuesta organizativa de Mesas Técnicas de Agua y Consejos Comunitarios de Aguas en todo el ámbito de las mismas.

Hasta ese momento las empresas hidrológicas regionales habían tenido algunas experiencias de trabajo con las comunidades, y en algunos casos como en Hidropáez (estado Guárico) con especial énfasis en la relación con el ámbito municipal, algunas tenían propuestas organizativas más que todo referidas a tareas de recaudación. La progresiva expansión de las Mesas Técnicas de Agua y los Consejos Comunitarios de Aguas tuvo que ver, por un lado, con un dato de eficacia que las comunidades percibieron en esta propuesta, y, por el otro, con la difusión que algunas de sus experiencias más relevantes comenzaron a tener. Frecuentes menciones de las Mesas Técnicas de Agua por parte del presidente Chávez en el programa "Aló Presidente" hizo sentirse a mucha gente parte de un equipo que actuaba en muchas partes del país. Hoy las Mesas Técnicas de Agua y los Consejos Comunitarios de Agua conforman la política pública central del gobierno bolivariano en materia del servicio de agua potable y saneamiento, lo que no es tanto un reconocimiento institucional como un eco fidedigno de lo que a lo largo y ancho del país ha ocurrido en torno a esta propuesta organizativa.

En aquellos días iniciales de 2001, la expansión de la propuesta organizativa impulsada desde Hidroven tenía la intencionalidad expresa de reproducir en el resto de las empresas hidrológicas regionales públicas el mismo terremoto que la gestión comunitaria había producido en Hidrocapital. Se trataba de utilizar todos los instrumentos del gobierno, en este caso las empresas hidrológicas públicas, para el logro de los objetivos de participación protagónica del pueblo previstos en la Constitución Bolivariana. Se trataba de generar experiencias concretas de contraloría social, de participación en la toma de decisiones que permitiesen tener ejemplos vivos de lo que significaba administrar recursos por parte de las comunidades.

Durante todo el año 2001 se desarrolla el proceso de elaboración del proyecto y discusión en la Asamblea Nacional de la Lopsaps la cual resulta sancionada el 31 de diciembre de 2001. A tres años y medio de distancia de esa fecha es un consenso unánime en el sector hidrológico el que la ley debe ser modificada y que presenta, por su posible concatenación con acuerdos internacionales suscritos por la nación jurídicamente vinculantes, algunos peligros que los legisladores no consideraron entre otras cosas por desconocimiento.

Este solo hecho, ya de por sí muy elocuente, se suma a un dato de la realidad. El plato fuerte de la Lopsaps es la municipalización. Ahora bien, la transferencia del servicio de agua potable y saneamiento y los sistemas hidráulicos a los municipios prevista en la Lopsaps en un plazo que expira el 31 de diciembre de 2006 es inviable puesto que no sólo no están sino que además distan de estar las condiciones mínimas para ello.

Sin embargo yo creo necesario ir más allá, y extraer mucha experiencia del error que cometimos, pues pienso que esa ley es un grave error neoliberal que cometimos por acción u omisión todos los que trabajamos en el ámbito hidrológico y no sólo supimos que el proyecto de esa ley estaba en discusión por una profusa campaña de información que se desarrolló alrededor de la misma, sino porque parte de esa campaña era para convocarnos a participar activamente en su discusión, cosa que por lo menos yo no hice. Recuerdo que uno de los pendones de esa campaña de propaganda en torno a la ley increpaba al lector diciendo: "En vez de pensar por dónde le entra el agua al coco (…) ¡échale coco a la ley!", o sea que en realidad no hay excusa.

El dato que me parece interesante indagar es la medida en que la dinámica del trabajo comunitario desarrollado en las empresas hidrológicas públicas era contradictoria al espíritu de la Lopsaps. La medida en que el halo mercantilista del que está profundamente impregnada la Lopsaps no tenía nada que ver con la recuperación del servicio de agua potable y saneamiento como un espacio del poder del pueblo, y de las estrategias del pueblo, entre las cuales no está ni puede estar la de transformar este servicio en una mercancía.

Uno de los lugares más precisos del debate que está planteado toca lo relativo a las modificaciones en la Lopsaps. Desarrollaré al final más consideraciones sobre este punto.

La expansión nacional de la propuesta organizativa, su puesta en práctica en todas las empresas hidrológicas públicas del país, significó entrar en contacto con problemas de muy vieja data referidos al ámbito rural y a la pelea que ha tenido que dar éste para ser tomado en cuenta.

Los últimos cuatro años, de los seis que llevo trabajando en gestión comunitaria dentro el ámbito de las empresas hidrológicas públicas, han tenido que ver fundamentalmente con severos problemas operativos causados a grandes sistemas hidráulicos a causa de la extracción de agua destinada a consumo humano para ser utilizada con fines agrícolas.

Sólo un criterio de inversión profundamente desequilibrado nos pudo llevar a ser el país en el cual 86% de los habitantes se concentra en las veinte ciudades más habitadas, quedando la tarea de llenar el territorio al valeroso 14% restante de la población, que para poder quedarse en el ámbito rural no tiene más remedio que mantenerse de la producción agrícola y pecuaria y esto tiene como prerrequisito el de tener agua.

El modo en que esa extracción se produce siempre tiene las mismas características. Como no ha estado previsto ni considerado, al campesino no le queda más alternativa que la de alterar el orden establecido que privilegia groseramente a la ciudad sobre el campo, y perforar la tubería para hacer su toma por su cuenta y riesgo en puntos en las que ésta puede estar soportando altas presiones. Como la toma que llamaremos "artesanal" nunca se practica con criterios técnicos formales y con las herramientas necesarias, es lo más probable que ocurran dos cosas; la primera es que el campesino no pueda poner una válvula al final de su manguera porque si pretende cerrarla ésta no soportaría la presión y reventaría, perdiendo así la inversión hecha para la toma. ¿Solución a este problema técnico? Dejar abierta la manguera 24 horas al día 365 días al año. No me cabe duda de que, en términos de litros por segundo, este es uno de los más graves problemas hidrológicos de nuestro país.

La segunda es que la profusión de tomas y la colocación de éstas en puntos bajos de la tubería donde operan como permanentes descargas impiden la adecuada presurización de la aducción y van dejando progresivamente sin agua a las comunidades terminales o "colas" de los diferentes sistemas.

Es bien importante destacar el modo como al interior de este conflicto las Mesas Técnicas de Agua y los Consejos Comunitarios de Aguas han funcionado como instancias de mediación y de aprendizaje. Iracundas comunidades a causa de la escasez de agua en Maracaibo y San Francisco, estado Zulia, tuvieron espacios para debatir con los productores agrícolas de la aducción de Tulé, quienes pudieron exponer en aquel Consejo Comunitario de Aguas que el conglomerado urbano de Maracaibo-San Francisco no podía pretender que el agua pasara diciéndoles adiós a los productores agrícolas y habitantes de las parcelas, siendo que ésa era la fuente de agua del municipio Mara, y que la tubería atravesaba su ámbito, que era donde estaba ubicado el embalse de Tulé. Que además ése era otro de los muchos embalses en el país diseñados en lo fundamental para riego y control de inundaciones, y que la gran urbe en crecimiento se lo apropió, dejando a la población campesina, para la cual fue diseñado en un principio, sin acceso al sistema que administraba el agua de la zona. Que lo que se tenía que resolver era una ingeniería que permitiese compartir el agua y que ésta no se botara en mangueras que no tenían posibilidad de cerrarse. Ingeniería para elaborar sistemas de distribución que pudieran controlarse mediante válvulas bien instaladas que permitieran regulaciones y acuerdos de horario para consumo humano y horario para riego, de modo que la afectación en el sistema se minimizase y se optimizase el uso del agua para uso agrícola.

No se trataba simplemente de quedar bien con Dios y con el diablo. Se trataba de comprender una situación social en la que los productores, para no ir a una guerra frontal con unas autoridades que aparecían únicamente como defensores de los derechos humanos de los humanos y las humanas que viven en las ciudades, pero con total desprecio por el ámbito rural, planteaban un acuerdo: facilitar la información a la empresa hidrológica pública de la ubicación de las tomas que seguiré llamando "artesanales". Sacarlas de la barriga de la tubería donde la afectación sobre ésta era mucho más grave, e instalarse en la cresta de la misma mediante un múltiple de distribución dotado de una válvula que permitiese establecer horarios de uso. A cambio la Asociación de Productores de Tulé sólo exigía el reconocimiento como usuarios del Sistema Tulé-Maracaibo-El Tablazo.

Esa negociación intercomunitaria, por un lado, y con la empresa hidrológica pública regional (en este caso Hidrolago), por el otro, se materializó durante 2001. Para 2002 la recuperación de caudal en la aducción Tulé-Cerro Cochino-Maracaibo, que es el tramo que atraviesa los municipio Mara y Jesús Enrique Losada (donde están los productores agrícolas) era de 800 litros por segundo. Un acuerdo comunitario había sido mucho más eficaz que los operativos anuales de corte de tomas que a costos milmillonarios realizaba la hidrológica sin siquiera tocar el problema. Un acuerdo entre las comunidades y la empresa hidrológica pública resolvía, sin exclusiones, el problema de la escasez crónica de agua.

Igualmente significativo como espacio de mediación, y desde el punto de vista institucional más completo pues contó con la participación de los diferentes gobiernos municipales, el Comité de Regantes de Camatagua (estado Guárico), que era el nombre que desde la empresa hidrológica pública regional (en este caso Hidropáez) se le daba a ese Consejo Comunitario de Aguas, logró no sólo una administración heroica de la mayor sequía en la historia del embalse de Camatagua, sino que lo hizo logrando registros históricos de aumento de la producción a causa del mejoramiento de los métodos de riego, concretamente de la aplicación del riego por goteo. El modo en el que se distribuyó entre los productores la disminución de hectáreas a sembrar en razón de la grave sequía, el modo en el que se chequeaban los volúmenes de agua entregados y el modo como eso se articulaba al racionamiento más largo que ha vivido la ciudad de Caracas en toda su historia, hacen de esta experiencia una de las expresiones de mayor madurez alcanzada por la propuesta organizativa de Mesas Técnicas de Agua y Consejos Cpmunitarios de Aguas.

Los días 6 y 7 de junio de 2003 se llevó a cabo el I Encuentro Nacional de Experiencias Comunitarias en Agua Potable y Saneamiento. Lo que ocurrió en ese primer encuentro del trabajo comunitario en el ámbito hidrológico fue un fenómeno tan significativo que es sin duda un hito en la trayectoria que estoy narrando.

No teníamos una idea clara de cuál era el desarrollo del trabajo realizado. No teníamos una idea acabada del modo en el que la participación y la creatividad de las diferentes comunidades en todo el país habían enriquecido nuestra escueta propuesta organizativa. No teníamos una idea precisa de lo que estábamos haciendo hasta que lo juntamos. Fue una explosión de entusiasmo y de fuerza tan grande que los primeros sorprendidos fuimos nosotros.

Tras cuatro años de trabajo, representantes de las Mesas Técnicas de Agua y los Consejos Comunitarios de Aguas de todo el país tuvieron oportunidad de contar de entre muchas experiencias las que en un momento particular, sin ser mejores ni peores que ninguna, se consideraron representativas del estado del trabajo en esa determinada hidrológica.

Salieron a relucir las primeras manifestaciones de un fenómeno que no tardaría en desatarse: las cooperativas. Salió la lucha constante de las comunidades indias. Salió la impronta de la participación de la mujer al interior del desarrollo de las Mesas Técnicas de Agua y los Consejos Comunitarios de Aguas. Además, los números comenzaron a evidenciar cuál era la incidencia de éstos y éstas en la realización de proyectos y la inversión en obras.

Fue verdaderamente impactante el modo en que los elementos básicos del trabajo en las Mesas Técnicas de Agua, pero sobre todo sus frutos más estimados: la noción de estar impulsando un proyecto, y la noción de estar conjuntamente articulando un plan rector, los cuales aparecieron profusamente a lo largo de todas las exposiciones, se identificaban con el hecho de estar participando en una revolución. Como lo demostraría el año siguiente el II Encuentro Nacional de Experiencias en Agua Potable y Saneamiento, la gente salió catapultada.

En el ámbito del trabajo comunitario hidrológico, el salto adelante que está planteado para el proceso bolivariano se llama el salto a la noción de la pertenencia a una cuenca. Muchas y muchos podrán preguntarse por qué esa noción, de orden más que todo geográfico, puede estar revestida de tanta importancia. La respuesta está en el hecho de que las cuencas son los ordenadores territoriales básicos, de cuya armonía y sostenimiento depende la preservación del agua y por ende de la vida en éstas. Sólo si como sociedad nos planteamos la armonía y el equilibrio con la cuenca en la que vivimos, será posible el futuro. Por el contrario la devastación de las cuencas no es sino el preludio de una inminente muerte colectiva, generalizada.

Los imperativos ambientales son componentes centrales y no ornamentales del accionar de cualquier gobierno que defienda mínimamente el derecho a la vida. Pero, si además el gobierno que encabeza el presidente Chávez se declara antineoliberal, entonces los componentes ambientales pasan a ser la esencia misma del proyecto político que se impulsa y se defiende, en la medida en que nada amenaza más al ambiente que el neoliberalismo. Eso explica por qué se pretende un salto nacional, inmenso, definitivo a la convicción de que no estamos de cualquier modo sobre el planeta que habitamos, sobre el país en el que vivimos. Que establecemos con nuestro entorno relaciones armónicas y sostenibles o inarmónicas, depredadoras e inviables. Y que si durante todo el siglo xx se tenía la idea de que ese tema podía ser para después, lo que caracteriza al siglo xxi es la convicción de que ese tema es para ahora o nunca.

En otro orden de ideas, el procesamiento permanente de información en relación con las estructuras operativas de la empresa comenzó a transparentar una situación recurrente. Muchas operadoras eran exclusivamente vendedoras de la fuerza de trabajo de grupos humanos que lo realizaban no sólo íntegramente, sino además con plena conciencia de esa integralidad. Esto es, que había muchas operadoras que no aportaban ninguna otra ingeniería diferente a la de depositar el cheque en la cuenta y procesar una nómina. Como la información produce poder, la experiencia de las primeras cooperativas que se habían presentado en el I Encuentro Nacional de Experiencias en APS rebotó sistemáticamente en las antenas repetidoras de "radio bemba", y en el lapso de un año lo que se desarrolló tenía características de avalancha.

Fue así como ese II Encuentro Nacional de Experiencias Comunitarias en APS, que se llevó a cabo los días 1, 2 y 3 de julio de 2004, tuvo en las palabras cuenca y cooperativa sus descriptores fundamentales. Salió el enfrentamiento a la explotación de carbón en las cuencas del Guasare y de la sierra de Perijá. Salieron los biodigestores de la sierra de Falcón. Salió como asunto la sedimentación de los embalses. El carácter ornamental del MARN en lo que al enfrentamiento a la deforestación se refiere. Y salieron, ahora sí masivamente, las cooperativas. El universo laboral hidrológico tuvo el tiempo para producir su proceso organizativo, lo que implicaba formación en filosofía del cooperativismo, administración y, sobre todo, sistematización de los saberes dispersos de los trabajadores en una capacidad colectiva de gestión que apuntara a integrar la voluntad de éstos hacia una mejoría permanente de las operaciones y por ende del servicio.

La cooperativización creciente de todas las áreas del proceso hidrológico ha sido un proceso no exento de contradicciones. Su raíz más profunda no tardará en aparecer. En todo caso el II Encuentro de Experiencias Comunitarias en APS da cuenta también de un incremento significativo en el número de proyectos y recursos invertidos en aguas residuales que era el sector cenicienta en lo que a inversión se refiere. Para el escaso año transcurrido la distancia en madurez respecto del primer encuentro es realmente notoria. El Encuentro Nacional de Experiencias Comunitarias en Agua Potable y Saneamiento era como un muchacho cuando se pone los pantalones largos.

El agua cada día es más escasa y en la medida en que esto ocurre más pesa sobre ella la racionalidad del mercado. Las fuerzas del mercado no son conchas de ajo. Hoy por hoy disponen del ejército norteamericano para garantizar sus dinámicas. Si la constructora Halliburton no tiene proyectos de construcción entonces Estados Unidos declara una guerra contra Iraq, con el cuento de las armas de destrucción masiva, y lo vuelve trizas con los niños dentro para que así sus amigotes de Halliburton puedan cogerse todos los contratos de la reconstrucción. Ése no es algún ejemplo extremo y jalado por los cabellos, ésa es una manifestación paradigmática de lo que es el mercado y de la racionalidad que tiene.

Sobre el servicio de agua potable y saneamiento en el planeta tierra, la receta de las fuerzas del mercado tiene una palabra y es "privatización". Eso cantan a coro en el FMI, el BM, el BID, la CAF y todos los organismos multilaterales que controlan préstamos e inversiones. Y entonces viene la República Bolivariana de Venezuela y se planta con su Constitución en que no. Que el agua es pública y que el Estado no renuncia a su deber de administrarla.

Una línea de modificación a la Lopsaps es sencillamente ésa. Que apoye a la Constitución en la salvaguarda del agua como hecho público, en vez de socavarla y abrirle rendijas como lo hace ahora. Pero en todo caso la fuerza de pueblo que se ha desarrollado a lo largo de estos seis años y que tiene una de sus expresiones en el hecho cooperativo ya tiene la dimensión necesaria para que el Estado, a través de sus empresas hidrológicas, esté en la condición de acordar con el movimiento cooperativo la eliminación de la expectativa de ganancia lícita en el sector de APS. Que en su carácter de servicio público esencial para la vida, los acueductos se planteen producir salud y calidad de vida pero no dinero y que su racionalidad se oriente a la sostenibilidad no tanto de la empresa hidrológica pública como de la cuenca en su conjunto que ésta administra y opera.

Una vez asumida una posición no mercantilista en torno al SAPS es posible plantearse los problemas de la sostenibilidad de los sistemas y la responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas en compartir, en carácter de usuarios, que no de clientes, los costos de esa sostenibilidad. Sin pretender tocarlo ahora, ése es otro de los ejes temáticos del debate que tenemos planteado.

Sería irresponsable terminar estos aportes para un balance que creo debe ser colectivo, sin hacer referencia a nuestra interrelación con otras propuestas organizativas comunitarias formuladas por otras instancias de gobierno y por otras perspectivas comunitarias como son los Comités de Tierras Urbanas, los Comités de Salud de Barrio Adentro, los Fundos Zamoranos, las Misiones Robinson, Rivas, Sucre y Cultura, los Gabinetes de Obras Locales entre otros.

No podemos seguir propiciando pasivamente una dispersión de esfuerzos en lo que a la construcción de la instancia de acceso a la toma de decisiones sobre el presupuesto y los planes rectores se refiere. Los Consejos Locales de Planificación Pública no parecen haber resucitado de la muerte que significó para ellos esas elecciones de consejeros que el terror de los burócratas a la asamblea del pueblo, considerada así, en términos genéricos, metió de contrabando en la Ley que los instituye, contrariando el principio de la participación protagónica del pueblo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La nueva Ley de Participación Ciudadana plantea otros espacios que deben analizarse pues lo que no es admisible es que sigamos sin tener acceso a la contraloría social sobre las ejecuciones de los presupuestos de los diferentes niveles del gobierno simplemente porque no hemos resuelto el problema de la instancia en la que todos confluyamos.

1. Arconada Rodríguez, Santiago (1996): "La experiencia de Antímano. Reflexiones sobre algunos aspectos de la lucha por la constitución de los gobiernos parroquiales en el municipio Libertador de la ciudad de Caracas", Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, nº 4, vol. 2, Caracas, Faces-UCV, octubre/diciembre.        [ Links ]