¿De qué democracia estamos hablando?

Reflexiones de un británico colonizado por Venezuela a propósito del libro de

un académico norteamericano que parece entender bastante lo que pasa en

Cuba (o “el mundo al revés”)

Dick Parker

Historiador galés, educado en la Universidad de Oxford, Inglaterra, es actualmente profesor titular del departamento de Estudios Latinoamericanos en la Escuela de Sociología de la Univerdad Central de Venezuela. Hasta 1999 fue director de la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. Entre sus publicaciones más recientes: “El chavismo: populismo radical y potencial revolucionario”, Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, (1-2001) y “Debilidades en la conducción política también facilitaron el golpe”, Observatorio Social de América Latina (7-2002). Caracas-Venezuela dickparker@cantv.net

Resumen

Este artículo constata cómo, en el contexto de polarización política que caracteriza el actual escenario venezolano, los dos bandos en conflicto anuncian su apego a la democracia y sus valores, y tildan de antidemocráticos a sus adversarios. En el contexto de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2005, se evidencian dos idearios “democráticos” claramente diferenciados y el autor intenta explorar la lógica política y las tensiones inherentes en los dos: el de una oposición que pone el énfasis en los problemas formales y procedimentales; y otro pro gubernamental, que asume como bandera una democracia de participación “protagónica”.

Palabras clave: Democracia, democracia participativa, polarización política, elecciones parlamentarias, Venezuela.

What do We Mean When We Talk About Democracy?

Abstract

This article takes as its starting-point the fact that, within the context of a Venezuelan society that is politically polarized, the two groups in conflict proclaim their own democratic credentials and accuse their opponents of being anti-democratic. In the December 2005 election campaign, there are two clearly differentiated ways of understanding what is meant by “democracy” and the author tries to explore the political logic and the inherent tensions of the two: that of an opposition which emphasizes formal and procedural problems; and that of the pro-government forces which defend the notion of a participatory democracy.

Key Words: Democracy, Participatory Democracy, Political Polarization, Parliamentary Elections, Venezuela.

Peter Roman: People’s Power. Cuba´s Experience with Representative Government (Londres/Boulder/Nueva York/Toronto/Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, 2003), 292 pp.¹

En noviembre de 2005 se publicó la más reciente encuesta de Latinbarómetro, empresa chilena que, desde 1995, viene registrando sistemáticamente las actitudes políticas de la población en los distintos países latinoamericanos. Aun cuando suele haber una marcada preferencia por la “democracia” como sistema político en todos los países de la región, los niveles de conformidad con su funcionamiento se han venido deteriorando desde hace bastante tiempo. Muy pocos países habían logrado mantener registros relativamente altos de conformidad, entre ellos Uruguay y Costa Rica que, no por casualidad, son de los países de la región con los servicios sociales y de seguridad social más avanzados.

Lo que resultó sorprendente en esta última encuesta era que Venezuela había reemplazado a Uruguay como el país con mayores niveles de satisfacción respecto al funcionamiento de su democracia. Sobre una escala de 10, los encuestados en Venezuela calificaban a su democracia con 7,6 puntos, comparado con un 7,1 para Uruguay y un promedio regional de 5,5. Mientras que lo registrado en el caso uruguayo corresponde a los niveles de años anteriores, en el caso venezolano el registro resulta sorprendente precisamente porque, frente a la pregunta sobre su satisfacción con el funcionamiento de su democracia, 75% de respuestas positivas del 2005 contrasta con un registro de 30% en 1998 y 55% en 1999-2000.

El desconcierto que la encuesta debe haber provocado entre quienes vienen tildando a la actual administración venezolana de dictatorial, totalitaria o cuando menos autoritaria, es comprensible. Como la empresa que conduce las encuestas no se podría considerar proclive al actual régimen venezolano, la explicación debe buscarse por otra vía. Pero ni tomando en cuenta el carisma (o la demagogia) de Chávez se logra explicar este resultado. Después de todo, hace apenas tres años, se suponía que la capacidad de liderazgo de Chávez ya se había agotado y que el país mayoritariamente clamaba por su salida. Los altos precios del petróleo durante los últimos tres años han proporcionado abundantes recursos y el gobierno ha gastado mucho en promover sus políticas sociales, sobre todo a través de las misiones. Es cierto, pero se viene argumentando que los índices de pobreza son iguales o peores que antes. ¿Será que la gente no se da cuenta?

¿O será que la gente no entiende lo que es la democracia? Personalmente, creo que la explicación tiene que buscarse más bien por allí. Por supuesto, no es que no entienda, sino que la entiende de otra manera. Bueno, pero tampoco se trata de la “gente”. Ni siquiera los adecos que quedan se podrían calar eso. La “gente”, como en el caso de “la gente de petróleo”, es la “gente bien” y desde hace mucho tiempo pertenece a un mundo que no es el del “pueblo”. Eso quedó claro para los adecos a raíz de un concurso municipal de belleza celebrado en 1944. Se trataba de la primera victoria electoral del “partido del pueblo”. Cuando los organizadores del evento propusieron someter el resultado del concurso a una votación popular, la campaña se polarizó entre la negra Yolanda Leal, apoyada por los adecos, y una candidata blanca de la “sociedad caraqueña” cuya consigna era “Oly Clemente, con la gente decente”.

La “gente” entiende la democracia como básicamente procedimental: Respeto por las reglas del juego. Claro, siempre y cuando éstas no pongan en cuestión su condición de “gente”, porque las reglas no están hechas para que pierdan esa condición. El “pueblo”, es decir, la gran mayoría que comparte precisamente la condición de no ser “gente” (o de ser “no-gente”), intuye que, más allá de los procedimientos y los ritos democráticos, una democracia debe responder a los intereses y a las necesidades fundamentales de las grandes mayorías que no es “gente” y que el “pueblo” tiene que participar efectivamente en la definición de las políticas a adoptar para resolver los problemas de la sociedad. En fin, sospechamos que el resultado tan inesperado de la encuesta se debe en gran parte a que la propuesta de una “democracia participativa y protagónica” ha empezado a calar en serio.

En todo caso, las anteriores reflexiones nos obligan a preguntar ¿en qué consiste esta propuesta y por qué parece estar calando? Pero, para responder adecuadamente a la pregunta, hace falta empezar por entender las raíces de la creciente desilusión con la democracia tal como viene funcionando en América Latina durante las últimas décadas. Sintetizando, diríamos que el malestar se basa en el simple hecho de que la vigencia de una democracia procedimental ha ido en paralelo a una incapacidad de resolver los problemas más sentidos de la población. Peor, ha estado asociada con una notoria agravación de estos problemas: Pobreza y desempleo en aumento, marginalidad rampante, una distribución del ingreso cada vez más regresiva, servicios sociales deteriorados, delincuencia, etc.

Se ha hecho cada vez más evidente que el sistema representativo, tal como viene funcionando, no ha logrado traducir los anhelos más profundos de las mayorías en políticas públicas dirigidas a resolver los problemas centrales de la sociedad. De allí el desprestigio de los partidos políticos, institución medular del sistema para canalizar las “preferencias” de los electores.

La democracia representativa siempre ha sido escenario de proyectos disímiles y contrapuestos: Para los privilegiados, una concesión necesaria para que no se desborden las mayorías; y para las mayorías una conquista importante en su lucha por una sociedad más justa. Por supuesto, entre los sectores dominantes de nuestras sociedades, la preocupación por los peligros de un “exceso” de democracia es de larga data. Más recientemente, se ha expresado de distintas formas. En los años 70 encontró expresión en las posturas de la Comisión Trilateral. A partir de los 80, empezó a reflejarse en el creciente interés “académico” por los problemas de “gobernabilidad”. Entre los organismos internacionales, llevó finalmente a subrayar la necesidad de una segunda generación de reformas para complementar los ajustes estructurales impuestos por el neoliberalismo. El nuevo énfasis se reflejaba en la prioridad otorgada a las reformas institucionales: Reforma del Estado, descentralización y también “participación”.

De manera que llevamos tiempo recibiendo propuestas que pretenden fomentar una mayor participación de los ciudadanos en la implementación de políticas públicas. Pero bajo el rótulo de “participación” también se esconden proyectos e intereses muy disímiles. Por ejemplo, la propuesta neoliberal está condicionada por el objetivo fundamental de promover la lógica del mercado y la responsabilidad individual y, a la vez, limitar la injerencia del Estado y reducir al máximo aquellos gastos que no corresponden estrictamente a su función de gendarme. Plantea como fundamental la participación de las organizaciones de la “sociedad civil” (es decir, de la “gente”), concebidas como contrapeso, cuando no alternativa, a los ya desprestigiados partidos. Pero también ha tenido una propuesta de participación popular, dirigida sobre todo a los “marginales”: Ofrece legalizar sus propiedades-inmueble (entiéndase el rancho) para poder pedir prestado con el necesario colateral y así liberar los potenciales dotes empresariales suprimidos por la situación de informalidad (de Soto, 1986). Además, promueve la participación de la comunidad en el mejoramiento de los programas sociales, siempre y cuando resulte compatible con reducir la contribución del Estado, es decir, en el supuesto de que la “comunidad” ponga la mano de obra y algo más. Por razones evidentes, esta propuesta nunca llegó a atacar el problema generalizado de la marginalidad y la exclusión. Tampoco fue capaz de estimular un apreciable entusiasmo popular. En ningún momento, pretendía involucrar a los ciudadanos en la formulación y diseño de políticas.

La propuesta de una “democracia participativa y protagónica” incorporada a la Constitución venezolana de 1999 evidentemente tiene otro signo, que no vamos a detallar porque en líneas generales es bien conocida, por lo menos en Venezuela. Basta señalar que buscaba el empoderamiento de las comunidades locales, y la promoción de las organizaciones populares como complemento a una política estatal diseñada a dar prioridad a la solución de los problemas más sentidos por la población y a revertir el prolongado proceso de disminución de los gastos sociales aportados por el Estado.

Pero entre los principios y los marcos legales incorporados a una Constitución y la práctica cotidiana suele existir una brecha bastante notable. Además, en el caso venezolano durante los primeros cuatro años del gobierno de Chávez, esta brecha seguía siendo enorme en lo que refería a su nueva concepción de la democracia. Es más: A estas alturas hay aspectos de la propuesta que parecen pura aspiración frustrada como, por ejemplo, los Consejos Locales de Planificación Pública.

Sin embargo, a partir de 2003, las “misiones” sociales provocaron una dinámica de organización comunitaria en torno a los problemas más sentidos de los “excluidos” que ha generado una verdadera transformación del escenario político, reflejada precisamente en la notable mejora en la imagen que proyecta la democracia venezolana entre los sectores mayoritarios del país, es decir, entre los pobres. Mientras tanto, la “gente bien” sigue restringiendo su atención preferentemente a los problemas procedimentales e insistiendo que el “régimen” es antidemocrático.

En todo caso, aun cuando sea cierto que las iniciativas del gobierno que apuntan hacia la introducción de una democracia “participativa y protagónica” ayudan a entender el mejoramiento de la imagen de la democracia en el país, no debemos suponer que, por eso, ya se tienen resueltos los múltiples problemas que el planteamiento encierra.

De hecho, más allá de los articulados de la Constitución de 1999 (que, como corresponde, son más bien de principios y constituyen simplemente un marco general), ni el MVR, ni el gobierno han tenido mucha claridad respecto a la manera de transformar sus aspiraciones en realidad. Las definiciones prácticas se han ido encontrando en el camino al calor de las luchas políticas. Esto es natural. Después de todo, la participación y el protagonismo popular no se pueden improvisar, ni mucho menos imponer. El mismo pueblo los tiene que construir, aunque sea con algo de ayuda de los amigos. Además, a pesar de una larga trayectoria de luchas populares que se acentuaron a partir del Caracazo de 1989, la experiencia de organización popular y comunitaria autónoma en Venezuela había sido relativamente limitada, si la comparamos con la de otros países latinoamericanos. De manera que se trata en muchos casos de construir sobre la base de tradiciones organizativas más bien frágiles.

Es más: Es generalmente aceptado que la cultura popular venezolana estaba (y sigue estando) fuertemente impregnada por una tradición de paternalismo estatal, una estructura corporativa de representación y un clientelismo fuertemente enraizado. Y, como comenta acertadamente Leonardo Vivas, “nos cuesta tanto cambiar que aun cambiando los objetivos y propósitos políticos, nos copiamos los modos, los hábitos y malas mañas de los que estamos dejando atrás” (1999, 15).

De allí el peligro real de que las buenas intenciones de quienes promuevan la democracia “participativa y protagónica” reproduzcan “los modos, los hábitos y las malas mañas” de antaño, es decir, el paternalismo estatal, el burocratismo y el clientelismo.

No es casualidad que los primeros avances hacia la implementación de nuevas formas de promover la participación popular en la definición y gestión de políticas públicas se hayan producido en terrenos ya abonados con experiencias anteriores. Así, las Mesas Técnicas de Aguas que promovió Hidrocapital a partir de 1999 contaron con la experiencia anterior de la comunidad de Antímano durante el período en que Aristóbulo Istúriz era alcalde del municipio Libertador (Arconada, 2005). Los Comités de Tierras Urbanas se levantaron sobre la base de luchas barriales en torno al problema durante la década anterior (Antillano, 2005). Y, como contraejemplo, la incapacidad de hacer efectiva la propuesta de los Consejos Locales de Planificación Pública refleja la ausencia de una tradición anterior de luchas populares dirigidas a incidir de manera organizada en el manejo de los asuntos municipales.

Dentro de este contexto, se destaca la experiencia que se inició con el Plan Barrio Adentro del municipio Libertador, precisamente porque se logró promover una de las propuestas participativas de mayor impacto, contando con bases organizativas previas sumamente frágiles, sobre todo en lo que se refiere al problema de los servicios de salud.

Otro gran mérito del grupo responsable de iniciar el Plan Barrio Adentro es que, paralelamente, adelantó un proceso de reflexión en torno a la experiencia y a sus implicaciones para el proyecto de una “democracia participativa y protagónica” (Alarcón, 2005). Sin embargo, los mismos méritos de esta reflexión nos sirven para señalar que una de sus limitaciones apunta hacia un problema de fondo que afecta a todo el proyecto. La reflexión se hace sobre la marcha, sin sentarse en un cúmulo de reflexiones anteriores y sin nutrirse de las experiencias y de las reflexiones en torno a las luchas populares de otros países, sobre todo de los latinoamericanos. Además, las reflexiones registradas por Alarcón demoraron bastante más de un año en ser publicadas y (sospechamos) no se habían hecho circular adecuadamente, ni siquiera entre los mismos partidarios del proyecto.

Lo que nos lleva a la preocupación de una apreciada amiga (en cuya formación Gramsci evidentemente había dejado huella): “¿Dónde están los intelectuales orgánicos de este proceso?”. En términos más modestos y prácticos, podríamos reformular la pregunta: ¿Dónde está esa revista (impresa o digital o ambos a la vez) que recoge, procesa y divulga las reflexiones y debates en torno al proceso en que estamos inmerso?². Recién, el Ministerio de la Economía Popular tuvo la feliz iniciativa de publicar el primer número de una revista (DesdeDentro) que aspira reflexionar sobre los espinosos problemas que plantean las propuestas de un “desarrollo endógeno” y de una “economía solidaria”. Es meritorio, pero es poco y tarde y abarca solamente un aspecto del problema.

En los años 20, bajo el impacto de las revoluciones en México y Rusia, los mejores intelectuales progresistas del continente debatían en revistas como Repertorio Americano o Amauta. La revolución cubana en sus etapas iniciales produjo Pensamiento Crítico. La experiencia neozapatista en México logró, desde sus inicios, generar un debate sustantivo en múltiples escenarios e intelectuales que simpatizan con ellos publican una revista, Chiapas, dedicada a seguir críticamente el proceso provocado por el levantamiento de 1994. Todas estas revistas han tenido la característica de ser producto de profundos cambios sociales y políticos, de reflexionar sobre estos cambios y sus perspectivas mientras que, al mismo tiempo, se nutrían de las experiencias más generales del continente. En este momento, en Venezuela, hace falta algo parecido.

Consideramos que esta ausencia limita seriamente las perspectivas de un debate más fructífero sobre la propuesta y la paulatina construcción de una democracia “participativa y protagónica”. Más allá del necesario intercambio de experiencias entre quienes protagonizan el proceso, hace falta recoger las experiencias de otras latitudes en la medida en que aporten elementos para enriquecer el debate. Y esto es responsabilidad de aquellos “intelectuales orgánicos” que mi amiga echaba de menos. Sorprende que no se haya incorporado a la discusión el rico acervo de experiencias latinoamericanas analizado por el CLAD que, por lo demás, tiene su sede en Caracas. En particular, el aporte de Nuria Cunill que, desde antes de iniciarse la actual administración, había efectuado un profundo análisis de las distintas propuestas que se venían ofreciendo en torno de la participación ciudadana (Cunill, 1997), con una relevancia indudable para el actual proyecto del chavismo.

Sin embargo, esta reseña se va a dedicar más bien a otra notable ausencia: La experiencia cubana. Afortunadamente, Peter Roman, un académico norteamericano de la Universidad de Nueva York, en su excelente y minucioso estudio sobre las instituciones representativas del poder popular en Cuba, nos aporta importantes elementos para nuestro propio debate. Pero, antes de abordar una discusión de la experiencia cubana hace falta un esfuerzo para quitarnos las anteojeras ideológicas que impiden, no solamente a los adversarios sino también a los partidarios de la revolución cubana, una adecuada evaluación de esta experiencia.

Roman inicia su trabajo citando al finado Norberto Bobbio quien argumentaba en 1987 que “sabemos todo, o casi todo, respecto a los sistemas electorales y el funcionamiento de los parlamentos en los Estados capitalistas. No sabemos nada, o prácticamente nada, respecto a los sistemas electorales o al funcionamiento de las instituciones decisorias en los Estados socialistas”. Esta situación se había producido por una variedad de razones entre las cuales quisiéramos destacar dos.

Primero, porque la tradición académica en las ciencias políticas occidentales ha sido dominado (naturalmente) por una preocupación por analizar el funcionamiento de los sistemas políticos occidentales y éstos se han caracterizado desde sus inicios por una separación nítida entre el sistema político y la sociedad civil. Además, entienden la democracia sobre todo en función de cuestiones procedimentales fundamentales: La separación de poderes, un sistema de partidos competitivo, la alternabilidad en el poder, una representatividad anclada en elecciones públicas periódicas, y, finalmente, unos medios de comunicación cuya independencia del Ejecutivo se garantiza sobre la base de la propiedad privada. Como los sistemas políticos socialistas carecían de este conjunto de características, se los tildaban de “totalitarios”, lo que significaba que los problemas asociados con la democracia o la participación ciudadana eran difíciles de tomar en serio.

La segunda razón, por supuesto, es que, en efecto, los Estados socialistas se habían caracterizado cada vez más por un proceso de burocratización y por el debilitamiento progresivo de los procesos participativos de la ciudadanía lo que, como sabemos, llevó finalmente al colapso de los regímenes socialistas de Europa oriental en 1989.

Sin embargo, Roman (como Cunill anteriormente) señala que, desde los inicios del desarrollo de la sociedad “moderna”, existía otra manera de concebir la democracia, de relevancia para entender los mecanismos democráticos y de participación en las sociedades socialistas. Ésta negaba la separación entre sociedad civil y sociedad política establecida en la ideología y práctica liberales y puso el énfasis en la realización de la “voluntad general” a través de mecanismos de búsqueda de consenso enraizados en la elección de delegados (revocables) en lugar de representantes. Desde Rousseau, pasando por Marx y Lenin y las experiencias de la Comuna de París y los soviets, el autor encuentra los elementos para abordar la discusión de la democracia y la participación en una sociedad no-capitalista.

Además, Roman señala cómo estos elementos han encontrado expresión en las constituciones de la Unión Soviética de 1936 y en la cubana de 1976. Si en el caso de la Unión Soviética se trataba básicamente de letra muerta, Roman aborda su propio estudio en el supuesto de que en Cuba no es el caso. Aunque no lo argumenta explícitamente, los resultados de la investigación sugieren que es precisamente la vitalidad del sistema cubano de poder popular, sobre todo en el ámbito local, lo que explica que el régimen hubiera podido mantener un notable grado de legitimidad doméstica en las circunstancias tan adversas que afectaron al país a partir del colapso del bloque soviético.

De todas maneras, antes de sugerir los elementos de la experiencia cubana que podrían ser de relevancia para el debate en torno a la democracia participativa y protagónica en Venezuela, debemos insistir en que se trata de experiencias radicalmente distintas. Como ya comentamos, las experiencias más avanzadas de participación protagónica en Venezuela se han producido en función de la búsqueda de soluciones a los problemas más sentidos por la población, en una sociedad caracterizada por una acentuada desigualdad y la efectiva exclusión de la mayoría de sus miembros de una adecuada cobertura de sus necesidades más básicas: Los problemas de acceso al agua, a la salud, a la educación, etc. Cuando, en Cuba, se empezaron a construir las bases del poder popular (con el experimento en Matanzas de 1974, la Constitución de 1976 y, sobre todo, con las reformas a la Constitución en 1992) se trataba de una de las sociedades más igualitarias del mundo que ya garantizaba un acceso generalizado a los servicios básicos que requería su población (aunque nunca encontró la manera de resolver el problema de la vivienda). De manera que no se trataba de iniciativas de organización popular en torno a problemas puntuales (como en Venezuela actualmente), sino de una estructura general que favoreciera la participación ciudadana en todos los aspectos de los asuntos públicos que le afectaban. En este sentido, los mecanismos introducidos y la experiencia práctica cubana tendrían relevancia más directamente para una discusión de los Consejos Locales de Planificación Pública que en Venezuela, donde apenas existen en el papel. Sin embargo, hay aspectos fundamentales de la experiencia cubana que tienen una vigencia más general.

Roman resume las características centrales de la participación ciudadana cubana a nivel municipal a través de los órganos de poder popular, de la siguiente manera: 1) La representación de la comunidad se efectúa a través de delegados a la Asamblea Municipal, nominados por la comunidad y elegidos en elecciones competitivas, siendo los candidatos miembros de la misma comunidad y compartiendo las características sociales y económicas de la misma. En contadas ocasiones son políticos profesionales; 2) el electorado propone, elige y se identifica estrechamente y mantiene contacto personal con sus delegados municipales; 3) los delegados municipales no tienen funciones legislativas, pero tienen que rendir cuentas a su comunidad, siendo responsables por resolver los problemas de la comunidad y servir de canal para las preocupaciones de la misma; y 4) tienen un papel importante en la formación, el desarrollo y el monitoreo de los planes económicos y presupuestos, tanto locales como nacionales, y en la supervisión de toda la actividad económica en la municipalidad, incluyendo aquella que depende administrativamente de instituciones regionales o nacionales.

Del estudio de Roman, quisiéramos resaltar varios asuntos. Primero que, dentro de una estructura política con un solo partido, se ha empeñado en garantizar que las elecciones a los órganos de poder popular no estén sujetas a la influencia del Partido Comunista Cubano. Nunca fue necesario ser miembro del partido para ser elegido y en la reforma de 1992 se le quitó al partido cualquier participación en la organización de las elecciones. Es más, el estudio minucioso que ofrece Roman del funcionamiento del sistema en cuatro municipios encuentra muy escasos casos en que exista la sospecha de intentos por parte del partido de incidir en los resultados.

El segundo punto a destacar es el empeño en garantizar que los delegados no lleguen a formar una casta política separada de los electores. No disfrutan de ningún ingreso adicional por ser delegado: A veces esta función se combina con la actividad regular del elegido; a veces, cuando el tiempo dedicado a las responsabilidades de delegado resulta incompatible con el desempeño de su actividad regular, se le concede un permiso en el trabajo y sigue recibiendo el mismo sueldo. En todo caso, si no responde adecuadamente a su obligación de rendir cuentas permanentemente, existe un mecanismo para revocarlo –que no se utiliza muy a menudo pero que sí funciona.

Hay un tercer aspecto de la experiencia analizada por Roman que nos parece imprescindible introducir en el debate venezolano: Los mecanismos de monitoreo y control populares y los canales para encauzar las iniciativas populares dentro del proceso de formulación de políticas públicas. Cunill ya había señalado que las propuestas de una participación ciudadana efectiva (a esas alturas no se usaba la palabra “protagónica”) eran imposibles de llevar a cabo sin transformaciones profundas en la administración pública. En toda América Latina, ésta tiene una tradición centralista y autoritaria, complementada por una inercia burocrática acumulada que, aun con la mejor voluntad, la hace un obstáculo fundamental para cualquier proyecto participativo. En Venezuela se palpa la resistencia burocrática a las iniciativas populares (incluso cuando estén respaldadas por el gobierno) y en Cuba ha sido y sigue siendo un problema de proporciones mayores. Con más razón interesa explorar los mecanismos adoptados en Cuba para conjurar (en alguna medida) los demonios burocráticos.

Por razones de espacio, no podemos desarrollar este aspecto del trabajo de Roman. Además, en pleno proceso de redacción y con la fecha de entrega encima, nos sorprendió la decisión de los partidos más importantes de la oposición venezolana de retirar sus candidatos de las elecciones para la Asamblea Nacional, pautadas para el 4 de diciembre y quisiéramos comentar la decisión y su relevancia para lo que venimos argumentando.

Según un autoproclamado vocero de la gente de la sociedad civil, los partidos opositores:

… se han visto obligados por la presión inclemente de una ciudadanía que dijo basta y echó a andar… Ni AD, ni Copei, ni muchísimo menos Primero Justicia –los más cercanos a nuestros corazones– quisieron prestarnos oídos… Incluso la observación internacional se prestó al juego: la OEA y la Unión Europea han hecho presencia activa pretendiendo mediatizar en la caminata al cadalso… ¿Olvidaron que las elecciones son el sagrado ritual de la renovación de la sabia democrática y que no pueden celebrarse en medio de la intimidación, la persecución, la difamación, el asesinato y la muerte? El verdadero héroe de esta memorable jornada que recién comienza es la sociedad civil. Nadie más… (Sánchez García, 2005).

El analista indudablemente exagera el peso de la gente de su “sociedad civil”. Tal vez no se enteró de la angustia con que los estrategas políticos de la oposición revisaban los resultados de las encuestas³. La renuncia de Copei y Acción Democrática tal vez se entiende mejor tomando en cuenta que conjuntamente parecían contar con menos de 5% de las preferencias electorales. El caso de Primero Justicia es más difícil de entender porque se perfilaba claramente como la primera fuerza de la oposición y, con la renuncia de Copei y AD, pudiera haber aumentado a 13,7% de preferencias registrado en las encuestas. Pero PJ ya se ha establecido como la más auténtica expresión política de la “gente bien” (hasta Ramos Allup los califica de “sifrinos”) y, precisamente por eso, y más allá de sus cálculos políticos, está expuesto a la tentación (y la presión) de romper las reglas del juego frente a la aplastante evidencia de la inminente derrota de la oposición en su conjunto.

Observamos con pesar esta confirmación palmaria de nuestro planeamiento respecto al abismo que separa a la “gente” del “pueblo” en su manera de entender la democracia. Pero resulta difícil interpretar de otra manera los resultados de la encuesta de Latinbarómetro y la última opción política de la oposición venezolana frente a las encuestas que recogían las intenciones de voto. En todo caso, 46% de preferencias a favor de los partidos que respaldan a Chávez (contra 24% para los partidos de la oposición) nos sugiere que la ciudadanía ha optado mayoritariamente por el espinoso camino de la construcción de una “democracia participativa y protagónica”.

  Bibliografía

1. Alayón Monserat, Rubén (2005): “Barrio Adentro: combatir la exclusión profundizando la democracia”. Revista Venezolana de Ciencias Económicas y Sociales, vol. 11, nº 3, Caracas, sept.-dic., pp. 219-244.         [ Links ]

2. Angus Reid Consultants (2005): Angus Reid Global Scan (citando los resultados de la encuesta celebrada por el Instituto Venezolana de Análisis de Datos entre el 7 y 18 de octubre), 30 de octubre, tomado de: http://www.angusreid.com/polls/index.cfm/fuseaction/viewItem/itemID/9633.        [ Links ]

3. Antillano, Andrés (2005): “La lucha por el reconocimiento y la inclusión en los barrios populares: las experiencia de los Comités de Tierras Urbanas”. Revista Venezolana de Ciencias Económicas y Sociales, vol. 11, nº 3, Caracas, sept-dic., pp. 205-218.        [ Links ]

4. Arconada Rodríguez, Santiago (2005): “Seis años después: Mesas Técnicas y Consejos Comunitarios de Aguas”. Revista Venezolana de Ciencias Económicas y Sociales, vol. 11, nº 3, Caracas, sept.-dic., pp. 187-204.        [ Links ]

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7. Sánchez García, Antonio (2005): “La atronadora marea”. El Noticiero Digital, 3 de diciembre.        [ Links ]

8. Vivas, Leonardo (1999): Chávez: La última revolución del siglo XX. Caracas, Planeta.        [ Links ]

Notas

1 Quisiera reconocer que la manera poco ortodoxa de reseñar este libro es el resultado de haberlo recomendado (junto con el libro de Nuria Cunill) a Carlos Rivas, como punto de partida para abordar sus inquietudes en torno a la tesis que adelanta sobre la Misión Barrio Adentro y de las discusiones que hemos tenido sobre el tema.

2 Quisiera reconocer que la manera poco ortodoxa de reseñar este libro es el resultado de haberlo recomendado (junto con el libro de Nuria Cunill) a Carlos Rivas, como punto de partida para abordar sus inquietudes en torno a la tesis que adelanta sobre la Misión Barrio Adentro y de las discusiones que hemos tenido sobre el tema.

3 Como no tenemos a mano la encuesta de Consultores 21, que era la última que desconcertaba a la oposición, hemos utilizado los resultados de la encuesta de Datanálisis sobre la intención de voto (de octubre), citados en Angus Reid Consultants, 2005.