Estrategias de la izquierda en el gobierno de Berlín: La experiencia de Vivantes

Cornelia Hildebrandt¹

Politóloga alemana militante de la nueva izquierda de la República Federal de Alemania y del Partido del Socialismo Democrático (PDS). Trabaja en la Fundación Rosa de Luxemburgo. hildebrandt@rosalux.de

Resumen

En este artículo se analiza la situación actual del sistema político alemán tras los resultados de las elecciones parlamentarias de septiembre de 2005. Esos resultados pusieron de relieve el debilitamiento de los dos partidos dominantes desde la Segunda Guerra, el socialdemócrata SPD y el democratacristiano CDU. También mostraron el fortalecimiento de un actor de izquierda emergente resultado de la alianza entre el Partido del Socialismo Democrático, PDS y un desprendimiento del SPD, el WASG. Se analizan en este contexto, las consecuencias políticas que pudiera tener para la nueva formación política la experiencia tenida por el PDS por su participación como socio menor en el gobierno de la ciudad de Berlín. A partir de 2001 el SPD contó con el PDS como socio menor en el gobierno de la ciudad y es precisamente del SPD del que se distancia el WASG por diferencias respecto a la acción de gobierno. Se detiene el análisis en evaluar la dimensión de la crisis del sistema público de salud berlines, por ser la defensa de la salud pública medular para cualquier partido de izquierda y por ser esa un área donde el gobierno de Schroeder proponía concentrar sus esfuerzos para superar la crisis fiscal. Además, le correspondió al PSD asumir la cartera de salud. Esa experiencia es fuente de tensiones no resueltas entre los distintos sectores de la nueva agrupación política y de los resultados de su procesamiento dependerá su futuro.

Palabras clave: Alemania, Berlin, Partido del Socialismo Democrático (PDS), salud, Izquierda.

Left Strategies in the Berlin Government: The Vivantes Experience

Abstract

This article analyzes the political situation in Germany after the elections celebrated in September 2005. The election results revealed the fragility of the two parties that have dominated the political scene since the Second World War, the social democratic SPD and the Christian democratic CDU. They also indicated the presence of a new left-wing political actor as a result of an alliance between Party for Democratic Socialism (PDS) and a split-off from the SPD (WASG). Within this context, the article discusses the potential relevance for the new left-wing party, of the PDS experience in Berlin since 2001, as the minor partner in a government coalition dominated by the SPD. Special attention is directed towards the problem of how to confront the problem of the health system because the defense of health rights is fundamental for any left-wing party, while the recent Schroeder government emphasized the need to rationalize health expenditure in view of the overall fiscal crisis. The author examines how PDS responsibility for the Health Ministry in the Berlin government was reflected in the measures adopted.

Key Words: Germany, Berlin, Party for Democratic Socialism (PDS), Health, Left.

Introducción

En las elecciones parlamentarias alemanes celebradas en septiembre de 2005, los dos partidos que han dominado la escena política de ese país desde la Segunda Guerra Mundial, los socialcristianos (CDU) y los socialdemócratas (SPD) perdieron apoyo popular, hasta tal punto que ninguno de los dos fue capaz de formar un gobierno mayoritario con sus tradicionales aliados de los partidos minoritarios (básicamente el pro empresarial FDP, aliado del CDU o los Verdes, aliados del SPD). El resultado fue la formación de un gobierno encabezado por la socialcristiana Angela Merkel, y respaldado por una alianza entre el CDU y el SPD. Esta coalición abre como perspectiva un debilitamiento mayor del respaldo electoral de estos dos partidos, en caso de que no encuentren cómo contrarrestar un creciente voto de protesta que, en estas circunstancias, perjudicaría a los dos partidos. Esta situación, a su vez, puede comprometer su tradicional predominio político y abre la posibilidad de cambios más radicales en el escenario político en el futuro.

Este debilitamiento de los dos partidos tradicionalmente dominantes (más pronunciado en el caso del SPD a consecuencia de haber encabezado el gobierno durante los últimos ocho años) no fue ninguna sorpresa. Tenía como telón de fondo los persistentes problemas de la economía alemana durante los últimos quince años, básicamente desde la unificación del país en 1990. Aparentemente, el problema no ha sido una falta de competitividad en los mercados mundiales. De todos los países desarrollados, Alemania es el más orientado hacia las exportaciones y estas siguen creciendo. El problema es con la economía doméstica, cuya falta de dinamismo ha llevado a que, durante los últimos tres lustros, sus tasas de crecimiento hayan estado muy por debajo de aquellas del conjunto de la Comunidad Europea, mientras que registra tasas de desempleo por encima del promedio. Es más, durante el último quinquenio, Alemania ha sido incapaz de respectar la norma de la Comunidad que prevé que el déficit fiscal no pase de 3% del PIB. Las perspectivas del nuevo gobierno tampoco lucen alentadoras porque, para 2006, las predicciones de un crecimiento económico de 1,7% están entre las más bajas de la Comunidad (solamente Italia y Portugal tienen proyecciones más bajas).

El descontento del electorado no ha sido resultado simplemente del pobre desempeño de la economía. Se ha nutrido, además, de los remedios que el último gobierno del socialdemócrata Gerhard Schroeder aplicó con el propósito de superar los problemas fiscales: se trata de los consabidos remedios neoliberales: el desmantelamiento del sistema público de seguridad social. Las primeras directrices en esta dirección venían de la Comunidad misma con las decisiones adoptadas en el Congreso de Lisboa en 2002. Enfrentado con una recesión económica entre 2001 y 2003, Schroeder lanzó su “Proyecto para el 2010” en 2003, radicalizando la aplicación de estos remedios para Alemania. Se incrementó el número de requisitos para tener acceso a los beneficios que disfrutaban los desempleados (es decir 12% de la fuerza laboral) y se introdujeron reformas del sistema de seguridad social, sobre todo en el área de salud. Evidentemente, los más directamente afectados son las bases sociales tradicionales del SPD, los sindicatos y los asalariados. De manera que resultó lógico que este descontento se expresara políticamente, como en efecto pasó, en la formación, dentro del SPD, de un grupo disidente encabezado por el ex ministro de Finanzas Oskar Lafontaine y denominado la Alternativa Electoral para Empleo y Justicia Social (WASG por sus siglas en alemán).

Este descontento encontró expresión, en las elecciones de septiembre de 2005, a través de un nuevo Partido de Izquierda que ganó 8,7% de los votos, superando a los Verdes y quedando cerca del FDP. (Además, el impacto de estos resultados se acentuó porque muchas encuestas indicaban antes de las elecciones que el Partido de Izquierda contaba con entre 10% y 12% de preferencias). De hecho, el nuevo partido no es tan nuevo. Se trataba del viejo Partido Socialista Unificado de Alemania Oriental que, después de la unificación del país, y bajo el liderazgo de una generación de dirigentes que habían simpatizado con la Perestroika, adoptó el nombre de Partido del Socialismo Democrático (PDS) pero que en las elecciones de los últimos quince años había sido incapaz de extender su apoyo electoral más allá de las mismas provincias de la antigua Alemania Oriental. Para las elecciones de 2005, modificó su nombre otra vez, con el propósito de concertar una alianza con el WASG de Oskar Lafontaine. Conjuntamente, se presentaron como una nueva referencia de izquierda a nivel nacional y, efectivamente, pasaron a enarbolar las consignas de resistencia a las políticas neoliberales del gobierno de Schroeder. Anticipan transformarse en un solo partido durante el curso de 2006 o a más tardar en 2007.

Esta nueva presencia de la izquierda en el escenario político nacional evidentemente plantea una serie de retos relacionados con las políticas del partido. Sin embargo, algunos de los problemas centrales ya se habían planteado en el seno del PDS en el contexto de las provincias de Alemania Oriental donde todavía concentra su apoyo electoral. De hecho, entre 1994 y 2002, el partido se había comprometido a una política de “tolerancia” del gobierno del SPD en la región de Sajonia-Anhalt y, a partir de 1998, por primera vez asumió responsabilidades de gobierno en la pobre región agrícola de Mecklenburg-Pomerania. Finalmente, a partir de 2001, el SPD ha contado con el PDS como socio menor en el gobierno de la cuidad de Berlín y esta experiencia resulta de innegable relevancia para cualquier discusión respecto a su proyección en el escenario político nacional. De hecho, esta alianza “Rojo-Rojo” se justificó en el PDS como una manera de salir de su aislamiento y proyectarse en el escenario nacional (Brie, 2001).

Las limitaciones a las iniciativas políticas a escala regional

Para entender el reto que enfrentó al PDS cuando se incorporó a la coalición con el SPD en Berlín, hace falta señalar las limitaciones que enfrentan los gobiernos  regionales dentro del marco de la Comunidad Europea y del funcionamiento del sistema federal. También resulta preciso señalar la situación particular de las provincias de Alemania Oriental y de la misma Ciudad de Berlín.

En un informe preparado por el profesor Rolf Reissig en 2004, a solicitud del PDS-Berlín, se señala que: “El margen de acción a nivel de las regiones ha sido severamente restringido durante el curso de la historia de la República Federal, reforzándose el peso del gobierno federal y del Consejo Federal (Bundesrat). Además, la aplicación de políticas regionales se encuentra hoy en día más que nunca sometida al marco legal y financiero de la Comunidad Europeo” (Reissig, 2004, 12).  De manera que el gobierno regional está obligado a implementar las directivas de la Comunidad Europea y del gobierno federal (con márgenes relativamente estrechos para interpretarlas y añadir contenidos novedosos). Dentro de este marco general, el gobierno regional se responsabiliza  por la organización y control de la administración pública y es libre de tomar iniciativas que no contradigan las prerrogativas del gobierno federal (como pudiera ser, por ejemplo, la implementación de esquemas de participación presupuestaria). Tiene cierta autonomía en cuanto a la aplicación de políticas de empleo en el sector público, en materia educativa, seguridad ciudadana y frente a los medios de comunicación, y puede proyectar los intereses regionales en el exterior.

En cuanto a la situación general de las provincias de Alemania Oriental, destaca la importancia de su subdesarrollo económico, el proceso radical de desindustrialización que siguió a la unificación del país, su cada vez más acentuado carácter agrícola, sus condiciones de vida más deprimidas, sus tasas de desempleo que duplican a las de las provincias occidentales, 20% contra 10% (Dale, 2002), y el hecho de que hay una transferencia neta de recursos de occidente a oriente (básicamente a través del presupuesto gubernamental) que se ha calculado en cerca de 4% del PIB anual, gran parte para financiar los servicios sociales. En consecuencia, las provincias de oriente se encuentran aún más expuestas que sus homólogos de occidente a las restricciones financieras que pudiera imponer el gobierno federal.

Berlín, como ciudad, comparte estos rasgos (salvo, por supuesto, que no es predominantemente agrícola). Además, tiene algunas características peculiares, resultado de la herencia de su particular estatus durante la Guerra Fría: tenía un sistema de servicios públicos muy avanzado en el occidente de la ciudad, con empresas públicas de electricidad, de gas, de agua y hospitalarias notablemente bien dotadas. A fin de cuentas, Berlín occidental se había construido como vitrina de Occidente en el seno de una sociedad ajena. Al mismo tiempo, lleva las llagas de una ciudad dividida que todavía no ha superado la brecha cultural profunda que la marcó durante las dos décadas del muro.

La alianza Rojo-Rojo en Berlín a partir de 2001

En 2001, el PDS no tenía como objetivo entrar en coalición con el SPD para asumir las responsabilidades de gobierno en Berlín. Cuando mucho, se lo veía como una posibilidad después de las elecciones locales a celebrarse en 2004. Pero se adelantaron las elecciones a consecuencia del colapso de la alianza entre el SPD y el CDU, cuando altos dirigentes de este último partido estuvieron implicados en el colapso del banco más importante de la ciudad. Los resultados de la elección cambiaron radicalmente la situación política: el voto para el CDU cayó de casi 40% a 24%; el SPD quedó con alrededor de 30%; y el PDS logró 22,6%. De esta manera, el PDS entró al gobierno de la ciudad sin estar preparado, ni política ni técnicamente. Es más, el profesor Reissig, en el referido informe, señala que, a alturas de 2004, “un concepto general manejable de reforma para la ciudad en su conjunto simplemente no existe” (2004, 10). Y que sepamos todavía hace falta.

Además, el PDS-Berlín entraba en coalición con un partido que ya había iniciado una política agresiva de privatización de los servicios públicos de la ciudad. En 1997, el Ministro de Finanzas tomó la empresa pública de electricidad Bewag, que servía a 1,8 millones de habitantes de Berlín (84% del mercado) y la vendió a precios de gallina flaca (1.170 millones de euros) a Vettenfall Europe, una empresa privada que se comprometió a no despedir a empleados por razones financieros hasta finales de 2007. Sin embargo, ya a finales de 2003 el número de empleados se había reducido de 4.627 a 3.900 y, por supuesto, las tarifas habían aumentado. En 1998, la empresa pública GASG, con sus 800.000 clientes y siendo la empresa de abastecimiento de gas más grande del país, fue vendida a un consorcio internacional dominado por Gas de France, Vattenfall Europe y Thuga y 53% de los empleos fueron eliminados para “aumentar la competitividad”. Además, en 1999, la empresa municipal de suministro de agua sufrió una privatización parcial que ya comprometía a la nueva coalición Rojo-Rojo cuando asumió responsabilidad por el gobierno de la ciudad.

Para complicar la situación, el PDS entró en esta coalición en circunstancias en que heredaba una deuda fiscal de 57.000 millones de euros (con un ingreso anual de 20.000 millones de euros) (Reissig, 2004, 14), un monto que imponía como preocupación central: ¿cómo reducir los gastos para no entrar en bancarrota?, y ¿cómo hacerlo y al mismo tiempo resistir las presiones crecientes de la Comunidad Europea y del gobierno federal a favor de la privatización de los servicios sociales y limitaciones a los beneficios otorgados?

Una publicación del Comité de Salud, Asuntos Sociales y Protección al Consumidor del Senado de la ciudad señaló algunos de los problemas: primero, Berlín es una ciudad relativamente pobre (generando un producto 20% por debajo del promedio para el país en su conjunto); registra niveles de pobreza por encima del promedio del país (17%); uno de cada trece de los adultos recibe lo que se caracteriza como “el escandaloso Desembolso por Desempleo II (390.000) o ayuda social (26.000); uno de cada cuatro menores de 7 años está afectado por esta situación, como también uno de cada seis niños entre 7 y 15 años” (Ibíd., 9). Además, hay una creciente polarización de la ciudad: mientras que el nivel de desempleo entre los alemanes es de 11,5%, el de los extranjeros (Gastarbeiter) es de 36%.

Frente a esta situación, el desempeño del PDS naturalmente ha sido objeto de controversia en el seno de la izquierda. Entre quienes critican al partido por haber sido cómplice de medidas que contradicen los principios que enarbola el PDS, se encuentra la mayoría de los militantes de la WASG-Berlín que se han negado a aliarse con el PSD-Berlín para las venideras elecciones locales a celebrarse en septiembre de 2006. (De hecho, este enfrentamiento entre las dos organizaciones en Berlín provocó una situación embarazosa para las negociaciones entre las dos organizaciones a escala nacional).

Los críticos del PDS-Berlín destacan, entre otras, algunas cosas que consideran inaceptables: primero, que el PSD-Berlín avalara una decisión de abandonar los acuerdos nacionales sobre salarios en el sector público, para aplicar reducciones (la BVG, la autoridad de transporte de la ciudad, redujo los salarios de sus empleados en 10% e impuso una reducción de 15% para nuevas contrataciones); en segundo lugar, argumentan que, contra la política del PDS nacional (y de la WASG), el partido local avaló la introducción de una política que obliga a los desempleados a aceptar las llamadas “ocupaciones de un euro”. En consecuencia 35.000 desempleados solamente reciben beneficios si aceptan trabajar “barato” por un “bono” de un euro la hora. Además, se le reclama la reducción de la subvención para los kindergarten, para los tickets sociales, para los ciegos, para los materiales de enseñanza y los recortes en el presupuesto para ciencia, cultura y las universidades.

El PDS-Berlín acepta que, debido a la crisis financiera, ha estado obligado a hacer concesiones pero argumenta que su presencia en el gobierno ha servido para poner límites a la introducción de medidas neoliberales. En particular, señala que logró evitar la privatización del sistema hospitalario (aunque en este último caso, que examinamos en detalle a continuación, también fue necesario hacer concesiones).

Las dimensiones de la crisis del sistema público de salud

El desempeño del PDS-Berlín frente al problema de la salud (donde inclusive asumió la responsabilidad de la cartera) evidentemente resulta crucial para cualquier evaluación de su desempeño en el gobierno, por dos razones básicas: primero, porque la defensa del sistema público de salud es medular para cualquier partido de izquierda; y, segundo, porque era precisamente en el área de salud que el gobierno de Schroeder proponía concentrar sus esfuerzos por superar la crisis fiscal. De manera que, antes de examinar el problema dentro del contexto de Berlín, hace falta apreciar la situación que llevó al gobierno socialdemócrata a poner tanto énfasis en la necesidad de reformas en el sector salud.

Alemania, a partir de la Segunda Guerra Mundial, construyó un sistema de seguridad de salud que muchos consideran ejemplar y que casi todos reconocen como de los mejores del mundo. La cobertura era universal (de hecho, existía siempre la posibilidad, para los mejor remunerados y los ricos, de optar por una alternativa privada pero el sistema público cubría efectivamente a 90% de la población). El financiamiento provenía de descuentos a los asalariados y a los empleadores, que se destinaban a un sistema de aseguradores (sin fines de lucro) que funcionaba al margen del presupuesto nacional. El sistema era “solidario” en el sentido de que los aportes se hacían en función de los ingresos de cada contribuyente, mientras que el seguro cubría cualquier gasto médico, por alto que fuera (Hofreuter y Mendoza, 1993).

Las autoridades nacionales y/o regionales se limitaban básicamente a aportar gastos de inversión, es decir, la construcción de la infraestructura hospitalaria y, por supuesto, a la supervisión global del funcionamiento del sistema y, sobre todo, de los hospitales públicos. A la altura de los años 80, el sistema no solamente contaba con altos niveles de aprobación pública sino que, además, no parecía costoso. Los gastos globales del sistema de salud en Alemania daban cuenta de 8% de PNB, mientras que en Estados Unidos, con un servicio notablemente inferior, y sobre todo de menor alcance, ya superaban 11% del PIB (Hofreuter y Mendoza, 1993).

Sin embargo, a partir de finales de los años 80, los gastos del sistema de salud pasaron a ser, con razón, una fuente de preocupación para el gobierno. Estos gastos aumentaban aceleradamente. En parte se trataba de tendencias que Alemania compartía con otros países: se incorporaba tecnología más moderna (y costosa) al sistema hospitalario; las tendencias demográficas significaban más “viejos” (que suelen consumir cuatro veces más “salud” que los menores de sesenta años); además, los altos niveles de desempleo también mermaban los aportes al sistema de financiamiento (el gobierno hacía un aporte que preservara la incorporación de los desempleados pero la tasa era menor). En todo caso, más allá de estas tendencias generales, los gastos del sistema alemán crecían desproporcionadamente, hasta tal punto que tenía que plantearse la posibilidad (por supuesto, cuesta arriba para un alemán) de que el mismo sistema de financiamiento y administración del sistema era ineficiente, de que estaba provocando gastos disfuncionales para la salud global del sistema (de salud).

En efecto,  un informe detallado de la OCDE (1997) sobre el sistema de salud en Alemania indicaba que en el curso de los años 90 los gastos del sistema habían aumentado desproporcionadamente, llegando a representar 12% del PIB (o 14% si se incluían las subvenciones para los enfermos crónicos). Por supuesto, habían incidido los factores ya mencionados comunes a todos los países de la Comunidad Europea. También pesaban, después de la unificación del país en 1990,  los gastos asociados a inversiones destinadas a elevar el nivel del sistema de salud en las provincias orientales para que alcanzaran los niveles de occidente. Sin embargo, el problema de fondo era la manera en que el sistema de financiamiento y de administración estimulaba una estructura de inversiones y de gastos que no solamente no respondía a ningún plan nacional coherente, sino que aumentaba los gastos de manera irracional. El informe presentó varios ejemplos. Los hospitales tenían incentivos para mantener pacientes ocupando las camas más allá de lo necesario. Mientras que en los demás países de la Comunidad Europea una cesárea ameritaba un promedio de siete días de hospitalización, en Alemania el promedio era doce días. Como el sistema de financiamiento de medicamentos no incorporaba incentivos para limitar los gastos o preferir genéricos, el nivel de gastos para productos farmacéuticos era muy elevado. Se encontró que 15% de los casos de hospitalización hubieran podido atenderse en el sistema ambulatorio (a la mitad del costo). Además, las inversiones en infraestructura (sobre todo en hospitales) no dependían del sistema de financiamiento nacional, sino básicamente de las provincias, de manera que las nuevas construcciones (sobre todo pequeñas y medianas) solían responder a presiones políticas locales, sin referencia a su coherencia con una perspectiva relacionada con las necesidades del sistema en términos globales.

Era tal la magnitud del problema del crecimiento desproporcionado de los gastos del sistema (sobre todo en el sector hospitalario) que, en abril de 2000, el British Medical Journal reportó que un estudio recientemente publicado en Frankfurt (de una empresa de consultores que había buscado la opinión de “expertos”) anticipaba que durante el curso de los quince años siguientes el número de hospitales tendría que reducirse en 25%, de 2.258 a 1.700, con una disminución del número de camas de hasta 40%. Para eso, se impondría estadías promedios de los pacientes de tres a cinco días en lugar del promedio vigente de once días. Señalaba, además, que bajo presiones financieras anticipaban una “tendencia hacia la privatización y el cierre de hospitales públicos –tal como ya se adelanta en Berlín” (Tuffs, 2000).

De hecho, después de las medidas de privatización de los servicios de electricidad y de gas, y las medidas parciales en el mismo sentido aplicadas en torno del suministro del agua, en 2001 la privatización de los hospitales que quedaban bajo la responsabilidad pública de la municipalidad tenía lógica, desde el punto de vista del nuevo ministro de Finanzas del SPD-Berlín, quien enfrentaba un enorme déficit fiscal y deudas de más de 200 millones de euros por cuenta de estos hospitales.

Vivantes y la lucha por preservar el sistema hospitalario público

Con la formación del gobierno Rojo-Rojo en Berlín en el año 2001, el PDS se encargó de la cartera de Salud y, así, asumió una responsabilidad particular en la lucha por preservar el sistema público de salud que, por lo demás, había sido una de sus compromisos electorales centrales. Los nueve hospitales municipales cubrían 25% de los servicios hospitalarios en Berlín y tenían las deudas acumuladas ya mencionadas.

Frente a esta situación, se colocaron a los nueve hospitales bajo el control de una compañía de responsabilidad limitada –Vivantes– cuya única accionista era el Estado Federal de Berlín y se planteó como objetivo una reestructuración del servicio público y su saneamiento financiero como alternativa al proceso de privatización. Las medidas iniciales incluían una reducción del personal (de 18.000 a 14.000), la disminución del número de camas (de 6.200 a 5.000), junto con un aumento del número de pacientes atendidos (lo que, a su vez, implicaba una reducción de la estadía promedio de los pacientes). Como la situación financiera seguía crítica, en 2004 el PDS aceptó la privatización de aquellos servicios no directamente médicos: alimentos, lavandería, gerencia administrativa, etc. Sobre esta base, se aspiraba lograr ahorros para el presupuesto estatal de 170 millones de euros y una reducción de 25% en los gastos gerenciales. También significaba una reducción adicional en el número de empleados directos, inicialmente en unos 500, pero calculada para llegar a 2.000. Como se vendieron los distintos servicios “en bloque” sin fraccionarlos, las empresas pequeñas y medianas locales se encontraban en desventaja y los servicios privatizados cayeron en manos de consorcios internacionales.

Paralelamente, aumentaron las presiones a favor de una privatización total, sobre todo por parte del ministro de Finanzas. Este debate se agudizó cuando el Grupo Rhon-Klinik AG ofreció comprar Vivantes por 200 millones de euros, asumiendo sus deudas (estimadas en otros 200 millones) y dejando a la autoridad estatal con 25% de las acciones y el derecho de vetar decisiones de la directiva. El PDS se opuso, argumentando que la privatización llevaría inexorablemente a la imposición de criterios mercantiles y la pérdida de cualquier capacidad de mantener los criterios “solidarios” que seguían caracterizando el sistema público. De hecho, el presidente del Rhon-Klinik, Eugen Munch, ya había trazado la política a aplicar (Munch, 1997; ver también el periódico Tagesspiegel, 26-5-2005) y, en efecto, apuntaba hacia una racionalización de los servicios basada exclusivamente en criterios mercantiles.

Al mismo tiempo, los empleados, opuestos a la privatización pero conscientes de que la garantía del pago de sus sueldos pasaba por un saneamiento financiero, buscaron asesoría por su cuenta. Tanto los asesores del Senado de Berlín (la compañía MacKinsey) como los de los empleados reconocieron la necesidad de cambios estructurales radicales, inclusive en lo que atañe a los problemas del personal. Sugirieron que el Senado de Berlín asumiera las deudas a largo plazo (por un monto de 230 millones de euros). Proponían una contribución del los empleados mismos de un estimado de 34 millones de euros a través de la renuncia a los bonos vacacionales y de navidad, hasta el año 2008, con el propósito de superar la situación de insolvencia financiera. Finalmente, contra las recomendaciones de MacKinsey, se acordó no despedir personal hasta el año 2010, pero seguir ahorrando, mediante la racionalización de los gastos de personal².

Así se pudo evitar la privatización. La reestructuración de Vivantes quedó a cargo de un equipo obligado a informar en forma regular a una instancia supervisora, a los comités de Vivantes y al Senado de Berlín. Sin embargo, el éxito del proyecto de reestructuración de ninguna manera está garantizado. Ya se acercan las elecciones locales a celebrarse en septiembre de 2006 y el balance de fuerzas políticas seguramente cambiará.

Interrogantes finales

¿Hasta qué punto el PDS tendrá que pagar el precio político de sus cinco años como socio menor del PSD en el gobierno de Berlín? ¿Cómo afecta al PDS-Berlín el enfrentamiento con el WASG local, que se niega a aliarse con el PDS bajo el paraguas del Partido de Izquierda para las venideras elecciones locales? ¿Qué perspectivas existen de contar en el futuro con el apoyo de los sindicatos y otras organizaciones populares, sumamente golpeadas por las políticas aplicadas durante los últimos años?

La experiencia de la participación del PDS en el gobierno de Berlín durante los últimos cinco años es inevitablemente un punto de referencia para el debate general dentro del Partido de Izquierda sobre su estrategia política, ahora que se perfila como una fuerza electoral nacional y, sobre todo, frente a la cuestión de qué hacer si se presenta la opción de asumir responsabilidades de gobierno (por ahora a nivel regional). Evidentemente, no hay consenso respecto a las implicaciones de la experiencia en el gobierno de Berlín. Ya hemos señalado que la interpretación crítica de esta experiencia por parte del WASG-Berlín se presentó como escollo para la misma conformación del Partido de Izquierda. De hecho, el debate al interior del PDS sobre su participación en los gobiernos regionales ya había provocado debates acalorados, aunque el énfasis se puso más en el problema de si convenía o no, y no tanto en una discusión sobre bajo qué condiciones.

En el Congreso del PDS, celebrado en octubre de 2004, se planteó una política llamada “construyendo oposición”, basada en un “triángulo estratégico” con tres filos: “protestas de resistencia frente a los recortes presupuestarios”; políticas/propuestas globales de cambios en el modelo de sociedad; y el desarrollo de proyectos alternativos, independientes, diseñados para iniciar un proceso efectivo de transformación. Estos últimos son evidentemente clave, de manera que surge el siguiente interrogante: ¿cómo ponerlos en práctica, sobre todo tomando en cuenta el limitado espacio que ofrece una participación de el gobierno regional para implementar iniciativas “alternativas”?

Otra vez, la experiencia de Berlín pasa a ser un punto de referencia. Aun cuando se hubiera logrado impedir la privatización de Vivantes, ¿hasta qué punto se puede argumentar que este “logro” ha sentado las bases para una alternativa viable? De hecho, el PDS pudo colocar el problema social en la agenda del gobierno de la ciudad y llegó a formular un proyecto global para la ciudad llamado “ciudad social” que proponía involucrar a distintas asociaciones y grupos de interés. Sin embargo, parece haber tenido poco eco.

De allí la conclusión de que cualquier representación de la Izquierda en el gobierno requiere de un mayor acompañamiento. Se plantea la necesidad de una respaldo coherente por parte del conjunto del partido, una exploración seria de las posibilidades de aplicar instrumentos “keynesianos”, un control extraparlamentario de la labor de los representativos y, sobre todo, una capacidad de lanzar ofensivas estratégicas respaldadas por una amplia alianza de fuerzas sociales, capaces de romper el cerco a iniciativas que se plantea exclusivamente dentro del marco institucional existente.

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Notas

1 Traducido y editado por Dick Parker.

2 Se puede encontrar los detalles en: periódico Sheinschlag,  http://www.scheins chlag.de/archiv/2004/05_2004/texte/04.html y en Labournet, http://www.labournet.de/ branchen/dienstleistung/gw/vivantes-bvb.html. Nuestros agradecimientos a Franziska Drescher por la información.