Las tensiones entre la base y la dirigencia en las filas del chavismo

Steve Ellner

Steve Ellner recibió su título de Ph.D. de la University of New Mexico en historia latinoamericana en 1979, y ha dado clase en historia económica y ciencia política en la Universidad de Oriente, Núcleo-Anzoátegui, desde 1977. Es autor de Rethinking Venezuelan Politics: Class, Polarization and the Chávez Phenomenon (Lynne Rienner, 2008), Neoliberalismo y Anti-Neoliberalismo en América Latina (Editorial Tropykos, 2006), co-editor de Venezuela: Hugo Chávez and the Decline of an ‘Exceptional’ Democracy (Rowman and Littlefield, 2007) y La política venezolana en la época de Chávez: Clase, polarización y conflicto (Nueva Sociedad, 2003). esteve74@cantv.net

Resumen

Los líderes partidistas que apoyan a Hugo Chávez y los independientes que pertenecen al movimiento chavista defienden dos formas distintas de hacer política. Los independientes representan un enfoque “desde abajo” que propone maximizar la participación de la base y los movimientos sociales en la toma de decisiones y critican los partidos por tolerar la corrupción y promover la conducta burocrática que bloquea el desenvolvimiento del proceso revolucionario. Los líderes partidistas favorecen un enfoque “vertical” o estatista que considera al partido como esencial para el proceso revolucionario e insisten en el mantenimiento de la unidad del movimiento a toda costa. El conflicto entre las dos corrientes se manifiesta en una diversidad de frentes y en el debate sobre las políticas. 

Palabras clave: chavismo, corrientes, discrepancias, dirigencia, bases, Venezuela.  

Tensions Between the Grassroots and the Leadership in the Ranks of Chavism

Abstract

The party leaders who support Hugo Chávez and the independents who belong to the Chavista movement defend two distinct forms of politics. The independents represent a focus “from below” that proposes to maximize the participation of the rank and file and social movements in decision making and criticizes the parties for tolerating corruption and promoting bureaucratic behavior that blocks the revolutionary process. Party leaders favor a “vertical” or statist approach which considers the party as essential for the revolutionary process and insist in the maintenance of unity within the movement at all cost. The conflict between the two currents manifests itself in a diversity of fronts as well as policy debate.

Key Words: Chavism, Different Currents, Disputes, Grassroots, Leadership, Venezuela.

Gran parte de la discusión sobre el chavismo en todos los niveles, incluso trabajos publicados por analistas políticos, hace hincapié en Chávez mismo y, en un grado menor, en las posiciones adoptadas por su partido el MVR, y más reciente el PSUV. No obstante, contrario a la afirmación de los adversarios de Chávez, quienes reducen el fenómeno chavista al caudillismo, un gran bloque del movimiento no sigue ninguna línea política y se consideran a sí mismos como la columna vertebral del movimiento. Estos “independientes” son particularmente combativos dentro de la confederación sindical chavista, la UNT (Unión Nacional de Trabajadores), y asumen posiciones que no siempre coinciden con las posiciones oficiales de los políticos del MVR. Los acontecimientos durante el golpe del 11 de abril de 2002 pusieron en evidencia el papel crucial desempeñado por chavistas independientes de los partidos políticos, que representan un “movimiento desde abajo”. Mientras la dirigencia del MVR pasaba a la clandestinidad, cientos de miles de ellos marchaban a las bases militares para exhortar a los oficiales a declararse en abierta rebelión contra el gobierno de Pedro Carmona. Posteriormente, el papel clave de los independientes en la exitosa campaña a favor del “Voto No” para el referendo revocatorio de agosto de 2004 aumentó su sentido de empoderamiento.

Los analistas políticos necesitan ubicar a estos independientes en una posición central dentro del modelo ideado para describir el chavismo. Los “independientes” y los líderes de los partidos políticos abarcan dos formas distintas de hacer política que están constantemente en conflicto. Ambas corrientes señalan ciertas afirmaciones hechas por Chávez para vindicar sus respectivas posiciones. Considerable literatura sobre la teoría izquierdista y los movimientos sociales en las últimas tres décadas ha examinado y defendido estos dos enfoques en contextos que van desde las luchas de los zapatistas en México hasta el Partido de los Trabajadores de Brasil.

Los independientes representan un enfoque “de la base” (o “desde abajo”) que propone maximizar la participación de la base chavista y los movimientos sociales en la toma de decisiones, incluyendo el nombramiento de los candidatos para contiendas electorales. Ellos critican agriamente a los líderes de los partidos por tolerar la corrupción y promover la conducta burocrática que debilita el entusiasmo del movimiento y bloquea el desenvolvimiento del proceso revolucionario. En la Asamblea Constituyente en 1999, el enfoque de las bases estuvo representado por la tesis de que la democracia directa desplazaría eventualmente (más que complementara) a la democracia representativa. Los que se identifican con el enfoque de las bases se sintieron alentados cuando en abril de 2001 Chávez criticó duramente al MVR por no lograr representar y aprovechar el entusiasmo de la base popular del movimiento, y como correctivo solicitó la reactivación de los movimientos sociales. A principios de 2004 Chávez de nuevo invocó la visión de “las bases” al pedir una “revolución dentro de la revolución” para sacudir las estructuras burocráticas y desatar una guerra contra la corrupción.

Los líderes de los partidos en general favorecen un enfoque “vertical” o estatista que considera al MVR y luego el PSUV como esenciales para el proceso revolucionario e insisten en el mantenimiento de la unidad del movimiento a toda costa. Los verticalistas están recelosos de la conducta indisciplinada y ocasionalmente perturbadora de la base chavista. A igual que los que acompañan al enfoque de las bases, quienes apoyan el enfoque vertical apuntan a las experiencias chavistas como también a los comentarios de Chávez mismo. Aun cuando Chávez ocasionalmente critica los partidos políticos que lo apoyan y la burocracia del Estado por estar distanciados del pueblo, él reconoce el importante papel legislativo del MVR, comenzando con la actividad de sus representantes en la Asamblea Constituyente en 1999 (Harnecker, 2005, 161). Además, la insistencia de Chávez sobre la importancia primordial de la unidad de su movimiento va en contra del enfoque de las bases de librar una lucha interna contra las formas verticales de control.

La fricción continua entre un gran número de independientes que apoyan activamente a Chávez, por una parte, y los dirigentes partidistas, por la otra, es una característica sin precedentes del proceso revolucionario que requiere novedosas formulaciones políticas y teóricas. La incapacidad de ambos grupos y sus respectivas estrategias para desplazar el otro durante un período de conflicto político tan intenso y extendido socava el argumento de que uno de los dos enfoques es inviable e improcedente como una estrategia de cambio revolucionario en el contexto político actual. La coexistencia de los dos enfoques sugeriría la necesidad de llegar a una especie de síntesis que una a los dos grupos de actores y supere la desconfianza entre ellos. Este artículo describirá la evolución de las dos estrategias y los actores que las defienden, como también su discurso, la tensión que ha surgido entre ellos y los principales puntos de discusión.

Las dos estrategias durante los primeros años

Uno de los aspectos sobresalientes de la base del movimiento chavista que favorece la estrategia del “movimiento desde abajo” es el resentimiento hacia los funcionarios elegidos en los gobiernos locales y estadales, así como también hacia los líderes de los principales partidos de la coalición de gobierno. Estos chavistas consideran la condición de ser independiente de los partidos políticos una prueba de ser ajenos a los intereses particulares y estar completamente dedicados a la causa revolucionaria. Al mismo tiempo, a veces expresan la convicción de que quienes ocupan posiciones partidistas son por definición oportunistas y en algunos casos corruptos. Insisten también en que sus propuestas sean transmitidas directamente a quienes toman las decisiones del Estado, en vez de que sean canalizadas a través de las organizaciones intermediarias tales como los partidos políticos.

La desconfianza de estos chavistas hacia los partidos políticos se remonta a los primeros años del movimiento. Antes del fallido golpe de 1992, las relaciones entre el MBR-200 de Chávez y varios partidos políticos de la extrema izquierda estuvieron caracterizadas por tensiones mutuas. Partidos tales como el Partido de la Revolución Venezolana (PRV) liderado por Douglas Bravo y Bandera Roja sentían recelos hacia el supuesto militarismo del MBR-200. Igualmente Chávez resentía la estrategia de Bravo de utilizar a los rebeldes militares para promover los intereses de su partido. Después del golpe, Chávez criticó a La Causa R por sacar provecho del prestigio de su grupo, al intentar incluir en las listas de candidatos del partido los nombres de varios rebeldes militares quienes estaban en prisión (Raby, 2006, 149-155; Harnecker, 2005, 38). Chávez abrazó durante la campaña presidencial de 1998 un discurso antipartido, fustigando más que otros candidatos a los cogollos de los partidos políticos y al Congreso Nacional que ellos controlaban. Así, por ejemplo, durante la campaña Chávez declaró “si derrotamos a los partidos políticos, si derrotamos el fraude [electoral] (…) en una situación como esa, un congreso que se oponga al llamado a constituyente (…) debe ser barrido” (Blanco Muñoz, 1998, 545).

La Constitución de 1999 intentó poner freno a la hegemonía de los partidos políticos y transferir poder a los movimientos sociales en concordancia con el enfoque del “movimiento desde abajo”. Como un correctivo al poder desmesurado de las elites partidistas, la Constitución promovió el concepto de “democracia participativa” e insistió en que el Estado actuara para “facilitar” la participación popular en la toma de decisiones (artículo 62). También eliminó los subsidios a los partidos políticos y los obligó a realizar elecciones internas para la selección de sus candidatos y para los puestos de dirección (artículo 67). Finalmente, la democracia participativa cristalizó por el papel que jugaron los movimientos sociales al presentar 624 propuestas a la Asamblea Constituyente, más de la mitad de las cuales fueron incorporadas en la nueva Constitución. La Asamblea Constituyente fue particularmente receptiva a las propuestas formuladas por las organizaciones de derechos humanos (García-Guadilla, 2003, 186-187, 195; McCaugham, 2004, 60).

Aunque los años 1999 a 2001 fueron una etapa moderada, la base chavista más ferviente defendió el concepto de democracia radical, que representaba el enfoque del “movimiento desde abajo” en su forma pura. La democracia radical no solamente promueve los mecanismos para la participación popular directa en concordancia con la estrategia “desde abajo”, sino que asegura que sus decisiones sean obligatorias y que priven sobre las de las instituciones representativas, tales como el Congreso y los partidos políticos, o que las desplacen completamente.

Este estilo de democracia fue defendido por la “Comisión de Participación Ciudadana” de la Asamblea Nacional que se encargó de redactar la legislación sobre las asambleas populares. Además, en el momento de las elecciones de 1998, varios líderes nacionales del MVR, incluyendo al senador William Izarra, estuvieron a favor de conferir a las asambleas del partido a nivel de las parroquias poder básico en la toma de decisiones para la organización. El director general del MVR, Luis Miquilena, se opuso a la propuesta debido a que las tareas apremiantes inmediatas lo hacían impráctico (Izarra, 2001, 130).

Varias modalidades de la versión radical de la democracia participativa resultaron inoperantes en detrimento de la estrategia del “movimiento desde abajo”. Las propuestas, por ejemplo, para realizar las “asambleas de ciudadanos”, cuyas decisiones eran vinculantes según el artículo 70 de la Constitución, nunca fueron implementadas de manera exitosa. Para entonces, la convocatoria a “asambleas constituyentes” en el movimiento laboral, las universidades y la industria petrolera para discutir la transformación de esas instituciones llegó a ser un clamor persistente de los chavistas, pero el planteamiento no logró materializarse.

En la Universidad Central de Venezuela (UCV), por ejemplo, los estudiantes ocuparon el edificio del rectorado en abril de 2001, y exigieron un “proceso constituyente universitario” como un correctivo a la supuesta resistencia por parte de las autoridades universitarias al cambio. El presidente Chávez expresó simpatía por los objetivos de los estudiantes. No obstante, la hoja de balance del incidente para los chavistas fue negativa ya que los estudiantes no lograron ninguna concesión del rector de la UCV. Se hizo responsable a los estudiantes rebeldes de la violencia y la incursión de grupos izquierdistas de afuera en el recinto universitario.

Otro incidente ocurrió casi simultáneamente en el movimiento sindical y también desacreditó la bandera de la democracia radical. Los “consejos de trabajadores” escogidos en asambleas de la base intentaron manejar las federaciones laborales estadales desde las oficinas sindicales antichavistas de las que se habían apoderado. El liderazgo sindical nacional chavista los criticó por excesiva espontaneidad y falta de disciplina.

Durante los agudos enfrentamientos con la oposición en los años siguientes, los chavistas se abstuvieron de llamar a la participación directa en la forma de asambleas populares, cabildos abiertos o asambleas constituyentes (todos contemplados en el artículo 70 de la Constitución) como una manera de salir de la crisis. En años venideros, el liderazgo chavista consideraría el “poder popular” como un complemento del gobierno representativo, no como la fuente suprema de la toma de decisiones, tal como lo planteaba el concepto de la democracia radical. Así que los diputados electos a la Asamblea Nacional en 2005 promovieron el “parlamentarismo de calle” el cual consistía de asambleas populares y talleres diseñados para hacer recomendaciones a la Asamblea Nacional sobre temas específicos.

La intensa polarización política, producto del proceso de radicalización en 2001, era incompatible con el modelo de participación de la sociedad civil en la toma de decisiones en concordancia con la estrategia del “movimiento desde abajo”. El sistema establecido en la Constitución de 1999 de participación de las organizaciones sociales en las escogencias para ciertos puestos (como los miembros del CNE, el Contralor Nacional, el Defensor del Pueblo, y el Fiscal General) requería la no-adhesión partidista tanto de aquellos que estaban haciendo el nombramiento como de aquellos que estaban siendo nombrados. En el ámbito político, con altos niveles de tensión en el cual la oposición cuestionaba la legitimidad de Chávez y viceversa, tal independencia era bastante improbable. Así, por ejemplo, contrario a lo que estipula la Constitución, antes de la elección revocatoria de 2004 los cinco miembros del CNE estaban políticamente identificados –tres con el chavismo y dos en el bando de la oposición.

Aunque los mecanismos para la participación desde abajo no se solidificaron, los enfrentamientos políticos a partir de 2001 impulsaron a los chavistas de la base al centro del escenario político y les infundió un sentido de empoderamiento. En vista de las movilizaciones masivas de la oposición que exigían la salida de Chávez, el liderazgo chavista tuvo éxito en convocar en las calles igual número de sus partidarios. En verdad, los dirigentes chavistas debieron su supervivencia política a la respuesta favorable de la base a estos llamados.

La reacción de Chávez ante el encarcelamiento de su polémica y agitadora partidaria Lina Ron, por su participación en actos de violencia, ayuda a entender por qué los seguidores de las clases populares respondieron tan positivamente a los llamados de movilización. Los medios privados habían vilipendiado a Ron por su participación en una protesta en las afueras de la embajada de Estados Unidos donde fue quemada una bandera de ese país, y luego en una demostración violenta en la sede del diario El Nacional, el 10 de diciembre de 2001. Ella también chocó con los líderes del MVR, tales como el alcalde de Caracas Freddy Bernal y fue expulsada del partido. No obstante, los chavistas de la base consideraron a Ron una de ellos. En su programa Aló Presidente el 10 de marzo de 2002, Chávez salió en defensa de Ron, y añadió que “dos o tres medios de comunicación le han hecho una campaña a esta mujer. Es una mujer luchadora, una mujer que anda en la calle organizando” (Ron, 2003, 73).

La base chavista jugó un papel central en la derrota del golpe de abril de 2002 y la huelga general que comenzó en diciembre de ese mismo año. Así, inmediatamente después del golpe del 11 de abril de 2002, un gran número de residentes de los barrios, ayudados por redes informales vinculadas a las organizaciones sociales y mediante el uso de los mensajes de texto de los teléfonos celulares, convergieron en el palacio presidencial en Caracas y en los cuarteles militares en varias ciudades para exigir que Chávez regresara al poder. El anuncio por parte del ministro de Educación Aristóbulo Istúriz de que Chávez no había renunciado sino que lo mantenían cautivo, transmitido por una estación de radio comunitaria, incitó a los residentes de bajos ingresos del oeste de Caracas a unirse a las protestas (Francia, 2002, 105).

De la misma manera que la gente pobre jugó un papel protagónico en abril, los trabajadores petroleros fueron esenciales para la recuperación económica que hizo posible la derrota de la huelga general de 2002-2003. Aproximadamente 80 por ciento del personal profesional de Pdvsa apoyó el paro, mientras que casi el mismo porcentaje de trabajadores de la “nómina menor” siguió trabajando y tomó el control de los lugares de trabajo. Sin poder usar las computadoras, las cuales dependían de claves secretas, los trabajadores llenaban y vaciaban manualmente las instalaciones de almacenaje. Los miembros de las comunidades circundantes también contribuyeron con el esfuerzo de romper la huelga al garantizar la seguridad de las instalaciones petroleras.

La aplicación de la estrategia “desde abajo” a la política a partir de 2003

El modelo chavista que comenzó a emerger en 2004 estimuló la participación comunitaria y de los trabajadores en concordancia con el enfoque del movimiento “desde abajo”. La creación de decenas de miles de cooperativas, el fomento de la participación obrera en la toma de decisiones, tanto en las compañías públicas como privadas, y la formación de las organizaciones comunales para vigilar, y en algunos casos emprender, actividades que varían desde obras públicas hasta programas de salud a nivel del vecindario, encarnaron la esencia del nuevo modelo. Además, el MVR estaba comprometido con la política de no interferencia en la vida interna de las organizaciones sociales chavistas.

Estos avances, sin embargo, han enfrentado importantes obstáculos prácticos y no llenaron las expectativas de los puristas del movimiento “desde abajo”, quienes elogian la autonomía absoluta de los movimientos sociales y desconfían del gobierno central. Contrario al pensamiento de esos teóricos, el Estado venezolano ha jugado un papel central en dar forma al enfoque del movimiento “desde abajo”. El Estado ha creado estructuras conducentes a la participación, ha promovido los valores “socialistas”, y financiado actividades que canalizan la energía de gran número de chavistas que tienen una relación débil o ninguna con los tres principales partidos de la coalición gobernante (MVR, PPT y Podemos). En el proceso, el Estado ha jugado un papel fundamental al reforzar el sentido de empoderamiento de la base del movimiento chavista.

Las organizaciones sociales y las estructuras políticas de base pro chavista han sido transitorias. No obstante, la creación continua de nuevas organizaciones demuestra la tenacidad del movimiento “desde abajo”. Chávez frecuentemente ha hecho un llamado a la formación de organizaciones sociales, después de lo cual ellas han nacido en todo el país fuera de las estructuras partidistas chavistas.

Esta secuencia ocurrió en el caso de los círculos bolivarianos, los cuales consistían de 7 a 11 miembros y se encargaban de la educación política y el trabajo comunitario. Sin consultar a la dirigencia política chavista, Chávez dio un discurso el 25 de abril de 2001 en el cual denunció la burocracia y el letargo del MVR y apeló a la base para refundar el viejo MBR-200 como una organización rival, creando movimientos sociales en la forma de los círculos bolivarianos. Los círculos, que eran supuestamente autofinanciados, jugaron un papel importante para el momento del golpe de abril de 2001, y en los meses siguientes proliferaron en todo el país (Raby, 2006, 166). No obstante, ni ellos ni otras organizaciones sociales chavistas se consolidaron o mantuvieron una existencia duradera, ni tampoco desarrollaron un liderazgo nacional para articular las posiciones de la base. Eventualmente los miembros de los círculos fueron absorbidos por actividades promovidas por el Estado que comprendían desde cooperativas hasta las misiones (tanto alumnos como empleados). Además, los políticos chavistas locales comenzaron a jactarse de que ellos controlaban la lealtad de un cierto número de círculos, y ofrecieron activarlos con fines políticos.

Muchos de estos mismos chavistas de base se unieron a las organizaciones que hicieron campaña por Chávez en la elección revocatoria de 2004 (y posteriormente la elección presidencial de 2006 y el referendo de 2007). Originalmente el Comando Ayacucho conducido por los líderes de los partidos políticos oficialistas coordinó la campaña en favor del “Voto No” en el revocatorio, así como también en las elecciones para alcaldes y gobernadores que se iban a realizar dos meses más tarde. El comando fue fuertemente criticado debido a que no logró derrotar los esfuerzos de la oposición para recoger suficientes firmas para efectuar el revocatorio, como también por su cálculo equivocado del número de firmas legítimas en contra del Presidente. La objeción verdadera al Comando Ayacucho, sin embargo, fue por su renuencia a consultar a la base para el nombramiento de los candidatos a gobernadores y alcaldes, algunos de los cuales eran altamente impopulares e inclusive eran acusados de conducta no ética.

La decisión de Chávez de reemplazar el Comando Ayacucho por el Comando Maisanta, cuyo liderazgo nacional consistía principalmente de chavistas independientes que reportaban directamente a él, fue interpretada como un repudio a las elites partidistas. Al mismo tiempo, Chávez hizo un llamado para la formación de unidades conocidas como Unidades de Batalla Electoral (UBE) con el fin de llevar la campaña a las comunidades. Tal como ocurrió con los círculos bolivarianos, la base del movimiento chavista respondió positivamente al llamado de Chávez, ya que las UBE surgieron en toda la nación fuera de la estructura partidista (Hellinger, 2007, 162-163). Los chavistas de la base estaban convencidos de que las UBE serían retenidas como una unidad básica del movimiento chavista y de que tendrían una participación en el nombramiento de los candidatos en las futuras contiendas electorales. Sin embargo, las UBE también resultaron ser transitorias.

Los chavistas crearon unidades de base similares a las UBE en la forma de “batallones”, “pelotones”, y “escuadrones” para hacer campaña en los barrios a favor de la reelección de Chávez en diciembre de 2006. Como fue el caso con las UBE, los miembros de estos grupos estaban convencidos de que ellos continuarían jugando un papel central después de las elecciones. Chávez contribuyó a esta expectativa en un discurso dirigido a los activistas de la campaña dos semanas después de las elecciones en el cual él lanzó oficialmente el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El Presidente reelecto insistía en que las unidades electorales fueran retenidas y convertidas en la “estructura básica nacional del PSUV”. También pidió a los activistas actualizar sus datos y crear un registro de “militantes, simpatizantes y amigos” en cada comunidad donde estuvieran ubicados los batallones, pelotones y escuadrones.

La vulnerabilidad de las estructuras de origen popular a la interferencia, en particular de los políticos locales, se puso en evidencia en el caso de las organizaciones vecinales, que fueron diseñadas para profundizar la descentralización más allá de los estados y del nivel municipal. Esta politización ocurrió en el caso de los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP). De acuerdo con la legislación aprobada en mayo de 2002, los CLPP iban a recibir 20 por ciento del presupuesto del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides), el cual desde principios de la década de los 90 había asignado dinero del gobierno central a los gobiernos estadales y municipales para proyectos diseñados por ellos. Los alcaldes, sin embargo, terminaron controlando muchos de los CLPP, y en consecuencia se violó el espíritu de la legislación promovida por los chavistas (Bonilla-Molina y El Troudi, 2005, 232). Cuando una ley aprobada en abril de 2006 básicamente reemplazó a los CLPP con los consejos comunales, Chávez insistió en que estas nuevas organizaciones fueran conducidas por los líderes de la comunidad, libres de compromisos políticos.

Los escritores que glorifican los movimientos sociales subrayan la importancia de las luchas, las consignas y las acciones que dan poder a los sectores excluidos y no privilegiados de la población. El discurso chavista y la actividad de las organizaciones sociales han aumentado la confianza en si mismos, el orgullo y el sentido de eficacia de los movimientos, tales como el de las mujeres y la población indígena y afro-venezolana. El Estado ha jugado un papel importante en este proceso de transformación de la conciencia, lo que a la larga contribuye al cambio de mentalidad y al logro de la autonomía organizacional.

Un ejemplo de esta dinámica es la actividad de las mujeres de los sectores populares que apoyan a Chávez y participan en los programas patrocinados por el Estado en las comunidades como las misiones y los comedores populares. En muchas de estas actividades, las mujeres que están activas superan en número a los hombres. Ellas están estimuladas y animadas por el discurso oficial, que enfatiza la igualdad y cuestiona los papeles tradicionales del género, así como también por las redes comunitarias. En su trabajo diario, estas mujeres modifican los viejos patrones de comportamiento y abrazan unos nuevos, tales como el trabajo colectivo y la división de responsabilidades. La debilidad organizacional que ha sido característica del fenómeno chavista en general se refleja en este frente también. El Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer) fue creado en 1999 para combatir la discriminación contra las mujeres, pero está muy lejos de ser una organización de masas como fue el caso con sus equivalentes en Nicaragua bajo el mando de los sandinistas y de la Cuba revolucionaria (Fernándes, 2007). La falta de una organización de mujeres autónomas, arraigadas en las clases populares, y la ausencia de metas feministas bien definidas, abrazadas por organizaciones de mujeres, han conducido a algunos escritores a negar cualquier convergencia entre la actividad de las mujeres chavistas y el feminismo auténtico (Rakowski, 2003, 400). No obstante, las transformaciones que están en proceso reflejan muchas de las metas del movimiento feminista, aunque en forma menos explícita.

Los chavistas que se adhieren a la perspectiva del movimiento “desde abajo” tienden a formular denuncias fervientes contra algunos políticos chavistas por estar incursos en corrupción. En el escenario venezolano de intensa polarización política y con los medios privados estrechamente identificados con la oposición, las acusaciones formales de corrupción a menudo son recibidas con escepticismo por los chavistas. No obstante, los chavistas de la base señalan los casos de funcionarios gubernamentales locales de origen popular que repentinamente adquieren casas y carros de cierto lujo como prueba de una conducta poco ética.

Las diferencias entre la corriente pro estatista y el movimiento “desde abajo” se manifiestan en las estrategias para combatir la corrupción. Los independientes afirman que la corrupción ha alcanzado proporciones catastróficas y que la situación requiere de una “contraloría social” en la que estructuras ad hoc con participación popular o de la comunidad investiguen las denuncias sobre casos de corrupción. Ellos también advierten que la corrupción puede generar una reacción violenta por parte de la base chavista. En contraste, los líderes partidistas rechazan la visión pesimista de la base de que la corrupción es desenfrenada y están más a favor de medios institucionales para corregir el problema en concordancia con el enfoque estatista. Los éxitos parciales en la lucha contra la corrupción restan fuerza a la afirmación de la base de que la resistencia de la burocracia partidista a los esfuerzos contra la corrupción requiere una estrategia “desde abajo”. Chávez ha manifestado que los medios privados no reportan los éxitos del gobierno en esta área, tales como la reducción en el dinero asignado a las cuentas secretas y el empleo de tramitaciones por internet que minimizan el contacto entre los funcionarios públicos y los individuos que solicitan apoyo financiero del Estado (Harnecker, 2005, 65).

A pesar de la tensión que existe entre las dos estrategias, los programas asociados con cada una son hasta cierto punto complementarios en vez de contradictorios o mutualmente excluyentes. Así, por ejemplo, aquellos que apoyan la estrategia del movimiento “desde abajo” abrazan el llamado de Chávez para la creación de las “contralorías sociales”, que consisten de comités populares ad hoc en las comunidades y en otros ámbitos para controlar los programas públicos e investigar las denuncias de mal uso de dinero proveniente del Estado. En contraste, la estrategia estatista o vertical propugna el fortalecimiento de mecanismos institucionales, tales como Sunacoop, el cual está encargado de supervisar las cooperativas. Ambas estructuras diseñadas para combatir la corrupción pueden funcionar de forma paralela.

No obstante, las dos estrategias manifiestan objetivos y valores muy diferentes. Aquellos que favorecen el enfoque del movimiento “desde abajo”, por ejemplo, se quejan de que los obstáculos creados por Sunacoop bloquean o disminuyen el registro legal de nuevas cooperativas debido al letargo y la ineficiencia de los burócratas del gobierno. Al mismo tiempo, los que se adhieren a la estrategia estatista argumentan que la campaña para promover las nuevas formas de pensamiento “socialista” en concordancia con el enfoque del movimiento “desde abajo” no puede ser vista como una panacea para el problema de la falta de ética. Ellos insisten en que Sunacoop reciba suficientes recursos para monitorear las cooperativas y sea investida con autoridad para reprimir el mal uso de los créditos asignados por los organismos adscritos al Ministerio de la Economía Popular.

La estrategia económica del movimiento “desde abajo”

En el frente económico, la expresión más generalizada del enfoque del movimiento “desde abajo” es el sistema de las cooperativas. En contraste con las nacionalizaciones de inspiración socialista que crean estructuras verticales, las cooperativas promueven la toma de decisiones horizontal, las unidades de producción a pequeña escala, y el empoderamiento de los no privilegiados. El gobierno chavista promueve explícitamente las cooperativas como parte de un esfuerzo para superar las fallas del socialismo vertical asociadas con la Unión Soviética con la esperanza de que las nuevas formas de producción conducirán gradualmente a un nuevo modelo socialista. Según Chávez, el gobierno inculca los “valores socialistas” en los miembros de las cooperativas y exige que ellos lleven a cabo proyectos en las comunidades donde estén ubicados con el fin de evitar la experiencia de Yugoslavia, donde las agrupaciones experimentales de este tipo terminaban siendo verdaderas empresas capitalistas (Lebowitz, 2006, 85-118).

En la práctica, sin embargo, el crecimiento astronómico de las cooperativas posterior a la fundación del Ministerio de la Economía Popular en 2004 dio poco tiempo para establecer mecanismos efectivos con el fin de supervisarlas, corregir las limitaciones, y garantizar que el capital de inicio asignado por el Estado se le diera un buen uso. Las acusaciones frecuentes contra los presidentes de las cooperativas por parte de los otros integrantes por colocar sus intereses personales antes que los del colectivo han obligado al ministerio a establecer “mesas de diálogo” para resolver las disputas. En muchos casos el gobierno no ha logrado asegurar el cumplimiento de la Ley de Cooperativas (una de las 49 leyes de la Ley Habilitante aprobada en 2001) que permite la contratación de trabajadores asalariados solamente para actividades no fijas. Los funcionarios ministeriales reconocen que la contabilidad de las cooperativas individuales ha sido deficiente y la auditoría conducida por la superintendencia del ministerio (Sunacoop) no ha sido frecuente.

Los líderes sindicales chavistas de la UNT han expresado reservas sobre la proliferación de las cooperativas debido a su temor de que, al eliminar las relaciones patrón-trabajador, los sindicatos desaparezcan. Ellos señalan que un gran número de las nuevas agrupaciones son “cooperativas de maletín” las cuales, en efecto, tienen un solo dueño y contratan la fuerza laboral por menos de seis meses, de acuerdo con lo permitido por la Ley de Cooperativas (Chirino, 2005, 21). Con ello, sacan provecho de la ayuda financiera del Estado, la exención del pago del impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta, tratamiento preferencial en la licitación para los contratos del Estado, y otras medidas gubernamentales que privilegian a las cooperativas (Lucena, 2007, 77-78).

A pesar de estas fallas y limitaciones, el sistema de cooperativas tiene el potencial de convertirse en un sector viable de la economía. Pdvsa, con sus grandes recursos, ha podido exigir un mayor grado de acatamiento de obligaciones por parte de las cooperativas que reciben contratos en la industria petrolera. Muchos líderes chavistas reconocen que un gran número de las cooperativas son manejadas de manera ineficiente e inescrupulosa y eventualmente fracasarán, pero argumentan que aquellas que sobrevivan emergerán sobre una base más sólida, permitiendo que el sistema se consolide y alcance un grado mayor de eficiencia. Además, aun cuando muchas de las agrupaciones que se registran como cooperativas son esencialmente pequeñas empresas, ellas han promovido otra meta compatible con la estrategia del movimiento “desde abajo”, es decir, la “democratización del capital”. La proliferación de pequeñas empresas, aun cuando muchas de ellas pueden ser indignas del nombre de “cooperativas”, representa un desafío potencial para el control oligopolista de la economía. Además, las experiencias como la aplicación para préstamos y contratos de organismos del Estado representan un aprendizaje para los cooperativistas, muchos de los cuales provienen de los sectores marginales, y contribuyen a un sentido de empoderamiento (López Maya, 2007).

Otro sistema que está en una etapa experimental y es compatible con la estrategia del movimiento “desde abajo” es la participación de los trabajadores en la toma de decisión en la administración de empresas (cogestión) mas allá de los acuerdos de participación simbólica que funcionaron en Venezuela a partir de 1966. La huelga general en la industria petrolera en 2002-2003, cuando los trabajadores colectivamente escogieron sus supervisores y se hicieron cargo de las operaciones básicas de la industria, fue un precedente importante. Los trabajadores en la compañía eléctrica estatal Cadafe también tomaron control de las operaciones durante el conflicto de dos meses. Los líderes laborales chavistas constantemente se refieren a estas experiencias como prueba de que la cogestión verdadera en Venezuela es factible. En un intento por lograr la participación auténtica de los trabajadores, la UNT en mayo de 2005 presentó una propuesta de ley que garantizaría a los trabajadores 50 por ciento de las acciones en las compañías sujetas a la cogestión. El ala radical de la UNT (asociada con Orlando Chirino) rechaza la “cogestión estática” y plantea que el sistema se transforme en el control completo ejercido por los trabajadores, al mismo tiempo que hace un llamado al movimiento obrero a dirigir el proceso de las tomas de empresas por parte de los trabajadores (Chirino, 2005, 47-49).

Implicaciones teóricas del enfoque del movimiento desde abajo

La tensión continua entre una perspectiva realista conducente a la construcción de un modelo práctico, por una parte, y las consideraciones humanitarias y sociales junto con el apoyo para la transformación cultural, por la otra, ha caracterizado el movimiento chavista desde la llegada de Chávez al poder. El enfoque “desde abajo” prioriza los segundos objetivos. Está imbuido de idealismo y desconfía de la autoridad. Sus partidarios en la base del movimiento chavista muestran fe en la capacidad de la población en general agrupada en organizaciones rudimentarias (como los consejos comunales) y una desconfianza hacia las instituciones, particularmente los partidos políticos y el gobierno (sobre todo a nivel local y estadal). Quienes se adhieren al enfoque “desde abajo” advierten contra la “institucionalización” del proceso revolucionario, lo cual no permitiría el progreso más allá de los cambios iniciales y retendría la dinámica de transformación continua con base en la experiencia, como propone Chávez.

Estas tendencias divergentes se manifiestan en la discusión sobre el ambicioso programa de cooperativas del gobierno que está diseñado para democratizar el capital y eliminar las estructuras jerárquicas en concordancia con la visión de la estrategia “desde abajo”. Desde la fundación del Ministerio para la Economía Popular en 2004, la promoción estatal de las cooperativas ha tomado la forma de un programa social que genera empleo, más que las semillas de un modelo económicamente productivo y autosostenible que eventualmente formaría una parte integral de la economía de la nación. A nivel de discurso, tanto Chávez como la literatura del Ministerio acentúan la meta de la solidaridad entre los miembros de las cooperativas y hacia la comunidad donde están ubicadas. Esta estrategia está diseñada para evitar someter a las cooperativas a la lógica del sistema capitalista basada en la explotación y la reinversión perpetua de ganancias. La retórica oficialista también denigra de los incentivos materiales para las cooperativas, aun cuando el pensamiento socialista los ha considerado desde hace mucho tiempo como una forma válida de estimulación¹. De acuerdo con estas prioridades, el ministerio requiere que las cooperativas inviertan en los programas de la comunidad. Al mismo tiempo, la expansión de la superintendencia del Ministerio (Sunacoop), que está encargada de supervisar las cooperativas y asegurar que a los fondos del Estado se les dé un uso apropiado, no logró ir al mismo ritmo que el agudo incremento en el número de cooperativas en todo el país. En resumen, la meta de reemplazar los valores “capitalistas” y resolver los problemas sociales eclipsaron las consideraciones prácticas necesarias para asegurar la viabilidad del nuevo modelo económico.

En el frente político, el enfoque “desde abajo” en su forma pura resultó ineficaz y en discordancia con la realidad política venezolana. Durante los primeros años de la presidencia de Chávez, parecían prometedoras las probabilidades de éxito del paradigma que enaltece los movimientos sociales autónomos y contempla la transformación de ellos en la piedra angular de un nuevo tipo de democracia en concordancia con la estrategia “desde abajo”. Las organizaciones sociales no sólo jugaron un papel activo en formular las propuestas que fueron incorporadas en la Constitución de 1999, sino que los círculos bolivarianos proliferaban en todo el país para el momento del golpe de 2002. No obstante, los círculos y otras organizaciones del movimiento chavista resultaron de corta duración ya que sus miembros se alistaron en las misiones, las cooperativas y otras actividades patrocinadas por el Estado que les ofrecen oportunidades para el avance personal. Algunos escritores del movimiento “desde abajo” no han reconocido esta dura realidad y afirman que el crecimiento de los movimientos sociales autónomos en los barrios es “el elemento más poderoso y novedoso en la revolución bolivariana de Venezuela” y no su “postura antiimperialista” (Hardt, 2006, 29).

Otro paradigma político que es compatible con el enfoque “desde abajo”, y que en los primeros años del gobierno de Chávez parecía propicio, es el de “democracia radical,” en el cual la participación directa del pueblo desplaza a las instituciones representativas. La abolición del Congreso Nacional, la máxima institución “representativa” de la nación, impulsada por el referendo de abril de 1999, que creó la Asamblea Nacional Constituyente comprometida con la democracia participativa, señaló en la dirección de este nuevo modelo democrático. No obstante, la intensa polarización política y los enfrentamientos que ocurrieron durante los primeros años de la Presidencia impidieron el desarrollo de organizaciones independientes y estructuras autónomas para la toma de decisiones que eran básicas para la democracia radical. Así, los mecanismos establecidos por la Constitución para nombrar jueces, miembros del Consejo Nacional Electoral y el Poder Ciudadano requirieron la creación de organismos imparciales, un hecho improbable dada la intensidad del ambiente político en el país. Además, las cláusulas de la Constitución que subordinaban las instituciones representativas a la participación directa del pueblo, tales como la convocatoria de las asambleas populares con poder vinculante en la toma de decisiones, no lograron traducirse en procedimientos viables.

No obstante, en el transcurso de los nueve años de la presidencia de Chávez, no han disminuido en intensidad el discurso, la persistencia y la auto-identificación de los chavistas de la base, que no están afiliados en ningún partido político y se adhirieron al enfoque “desde abajo”. Su percepción de “nosotros” versus “ellos” con referencia a sus relaciones con los líderes partidistas chavistas es típica de su resentimiento hacia las estructuras jerárquicas en general, incluso las comprometidas con el cambio revolucionario. Muchos de estos chavistas abandonaron los círculos bolivarianos y otros grupos sociales para unirse a los programas financiados por el Estado tales como las misiones. La participación en los programas gubernamentales dista mucho de la membresía en los movimientos sociales autónomos enaltecidos por los teóricos de los movimientos sociales. No obstante, su actividad en las misiones fue significativa desde un punto de vista político ya que cimentó la identificación con el chavismo, exactamente como la habría hecho su participación en una organización social, un partido o un sindicato chavista. A pesar de su migración de la organización social al programa patrocinado por el Estado, permanecieron inalterables tanto sus actitudes críticas hacia el partido y los gobiernos locales como en su apoyo a la estrategia “desde abajo”.

La corta duración de organizaciones sociales chavistas y programas es en gran parte el resultado de los factores circunstanciales y, por eso, no representa necesariamente una debilidad fatal de la estrategia “desde abajo”. Los precios de petróleo excepcionalmente altos durante la presidencia de Chávez, por ejemplo, han contribuido a la captura de activistas de los movimientos sociales por parte de los gobiernos locales y su transferencia a programas financiados por el Estado. Además, la inestabilidad organizacional es el resultado de los cambios frecuentes de prioridades que han caracterizado al proceso venezolano bajo Chávez. Las tácticas y prioridades cambiantes, por su parte, son naturales dado el camino experimental del socialismo abrazado por Chávez y su movimiento. Entre 2003 y 2005, por ejemplo, el gobierno de Chávez enfocó su atención hacia las cooperativas, pero éstas posteriormente fueron eclipsadas por los consejos comunales, 20.000 de los cuales emergieron en todo el país en 2005 y 2006.

La coexistencia del apoyo tanto a las estrategias de las bases como a la estatista dentro del movimiento chavista por un período tan extenso y el respaldo de elementos de ambas por parte de Chávez sugieren la necesidad de una síntesis. Tal combinación es factible porque quienes se identifican con ambos enfoques no sostienen posiciones rígidas o teóricamente consistentes en todas las dimensiones, como es el caso de muchos teóricos cuya propensión idealista excluye la posibilidad de cruzar las líneas de los paradigmas que ellos han creado. Así, por ejemplo, aun cuando los chavistas de la base sienten desconfianza y resienten de los líderes de los partidos políticos y de las burocracias del Estado, ellos apoyan fervientemente la estrategia anti-imperialista (enfoque estatista) en la cual un Estado tercermundista hace valer una agenda de defensa de la soberanía nacional. Los paradigmas formulados en el último cuarto de siglo juegan un papel valioso en forjar los temas de discusión. La práctica diaria del movimiento y gobierno chavistas, sin embargo, es lo que determinará la dirección final del modelo novedoso de Venezuela, el cual indudablemente llegará a ser un punto importante de referencia para el análisis político en América Latina y otras partes por muchos años.

El punto lógico de inicio para lograr la síntesis propuesta es la democratización del partido chavista con el fin de crear mecanismos para la participación de la base en la toma de decisiones en concordancia con el enfoque “desde abajo”, mientras se mantenga un mando centralizado y se haga respetar la disciplina interna (enfoque vertical o estatista). Las propuestas formuladas después de la elección presidencial de 2006 a favor de la reorganización partidista fueron diseñadas para generar el debate formal en arenas tales como conferencias ideológicas y elecciones internas que abrirían oportunidades a las diferentes corrientes políticas chavistas para definir sus posiciones. En verdad, la democratización interna, en la ausencia del debate y la clarificación ideológica conduce eventualmente al faccionalismo vacío basado en las diferencias de personalidad, como fue demostrado por la experiencia de los partidos venezolanos en la década de los 90 (Ellner, 1996). La fusión de los partidos chavistas y las organizaciones sociales en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) propuesta en diciembre de 2006 ofreció una oportunidad de oro para lograr la renovación organizacional y profundizar la democracia en este sentido, pero al mismo tiempo corrió el riesgo de suprimir la diversidad dentro del movimiento en nombre de metas a largo plazo mal definidas.

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Nota

1 De hecho, Marx definió el socialismo como un sistema en el cual los trabajadores reciben remuneración según su productividad (“a cada uno según su trabajo”).