Referendo sobre la propuesta de reforma constitucional: ¿Punto de Inflexión en el proceso bolivariano?

Luis E. Lander; Margarita López Maya 

Ingeniero Mecánico venezolano, con estudios de Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la misma universidad. Desde noviembre de 2004 hasta febrero de 2007 fue director de la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales de FaCES-UCV. Miembro de la Junta Directiva de Ojo Electoral. Ha publicado más de 50 capítulos de libros y artículos en revistas académicas nacionales y extranjeras. Sobre temas electorales venezolanos ha publicado, en coautoría con Margarita López Maya, Referendo revocatorio y elecciones regionales en Venezuela: geografía electoral de la polarización (2005); Venezuela: Las elecciones presidenciales de 2006. ¿Hacia el Socialismo del siglo XXI? (2007). IIanderl@yahoo.com

Historiadora con doctorado en Ciencias Sociales (1996). Profesora-Investigadora titular del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. Fue directora de la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales entre 1999 y 2004. Sus campos de investigación en los años recientes son la protesta popular y los actores políticos emergentes en la Venezuela de las últimas décadas. Entre las publicaciones de los últimos años destacan: Lucha popular, democracia y neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años de ajuste (Margarita López Maya editora, 1999, Caracas, Nueva Sociedad), Venezuela: entre protestas y contraprotestas el gobierno de Chávez se endurece y debilita, (Observatorio Social de América Latina, Clacso, Buenos Aires, Nº 4, 2002); Economics, Violence and Protest: A Preview of the Global Future? (Margarita López Maya, Luis E. Lander y Mark Ungar en Kenton Worcester, Sally Avery Bermanzohn y Mark Ungar (eds.), Violence and Politics. Globalization´s Paradox, New York, Routledge, 2002); Hugo Chávez Frías: His Movement and His Presidency (en Steve Ellner y Daniel Hellinger, Venezuelan Politics in the Chávez Era: Class, Polarization, and Conflict, Lynne Rienner Publishers, 2002); Del viernes negro al referendo revocatorio (Alfadil, Caracas, 2005) y Ideas para debatir el socialismo del siglo XXI (Margarita López Maya (ed.) Alfa, Caracas, 2007). malopez@reacciun.ve

Resumen

El artículo tiene por propósito contribuir al análisis de la siempre cambiante realidad sociopolítica venezolana, adelantando respuestas a interrogantes abiertas con la derrota de la propuesta de reforma constitucional. Para ello está organizado en cinco partes: la primera presenta el contexto político dentro del cual se originó la propuesta de reforma. En la segunda, brevemente, se trata sobre los principales contenidos de dicha propuesta. La tercera está dedicada a evaluar la calidad del debate generado, tanto para el diseño de la propuesta, como durante la campaña previa al referendo. En la cuarta parte se presenta un análisis comparativo de los resultados electorales del referendo de diciembre con resultados electorales anteriores. En la quinta parte, concluye con una exploración tentativa de las tendencias políticas que se avizoran en el país como resultado de la derrota de la propuesta de reforma constitucional.

Palabras clave: Venezuela, reforma constitucional, Chávez, proceso bolivariano.

The Referendum on the Proposal for the Reform of the Constitution: ¿An Inflection Point in the Bolivarian Process?

Abstract

The article attempts to contribute to the analysis of the always-changing Venezuelan social-political reality, advancing answers to questions opened with the defeat of the proposal for the reform of the Constitution. It is organized in five parts: the first one presents the political context from which the proposal of reform originally came from. The second synthesizes the principal contents of the mentioned proposition. The third one is dedicated to evaluate the quality of the generated debate for the proposition design as well as during the campaign before the referendum. The fourth part presents a comparative analysis of the electoral results of the December referendum with previous electoral results. It concludes with a fifth part in which is presented a tentative study of political trends in the country as result of the defeated of the proposal for the reform of the Constitution.

Keyword: Venezuela, Reformo of the Constitution, Chávez, Bolivarian Process.

El 2 de diciembre de 2007 fue sometido a referendo popular una propuesta de reforma de 69 artículos de la Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) que la Asamblea Nacional entregó al Consejo Nacional Electoral a finales del mes de octubre. La reforma fue inicialmente incitada por una propuesta, restringida a 33 artículos, que el 15 de agosto de ese mismo año el presidente Hugo Chávez presentó ante la Asamblea Nacional, de acuerdo con el procedimiento establecido en la CRBV en su artículo 343. Después de nueve años de gobierno y luego de haber pasado, desde las elecciones presidenciales de 1998, por diez procesos electorales en que las fuerzas chavistas resultaron triunfadoras en todas, por vez primera una propuesta promovida por el Presidente no es favorecida por la votación popular. Este hecho sin duda marca un hito trascendente. Cabe entonces  preguntarse: ¿A qué se debió esta derrota? ¿Cuáles son sus características? ¿Estamos al inicio de un declive del proyecto bolivariano?

Este artículo tiene como propósito comenzar a responder las anteriores preguntas y contribuir con ello a la necesaria reflexión y análisis de la siempre cambiante realidad sociopolítica venezolana. Se ha organizado en cinco partes. En la primera presentamos el contexto político dentro del cual se originó la propuesta de reforma. En la segunda parte se presentan los principales contenidos de dicha propuesta. La tercera está dedicada a evaluar la calidad del debate generado, tanto para su diseño como durante la campaña previa al referendo. En la cuarta parte presentamos un análisis comparativo de los resultados electorales del referendo de diciembre pasado con resultados electorales anteriores. En la quinta y última parte, a manera de conclusión, se presenta una exploración tentativa de las tendencias políticas que se avizoran en el país como resultado de la derrota de la propuesta de reforma constitucional.

El contexto político: rumbo al socialismo del siglo xxi

La elección presidencial de diciembre de 2006 significó la más contundente victoria electoral de Chávez, al obtener el mayor caudal de votos, tanto en términos absolutos como porcentuales, de toda elección presidencial realizada en el país desde 1958. Días después de esa avasallante victoria electoral, Chávez proclamó una nueva fase del proceso de cambios que calificó de transición acelerada hacia el “socialismo del siglo xxi”.

La oferta del socialismo del siglo xxi fue uno, no el único, de los ejes temáticos del Presidente durante la campaña electoral de 2006. La primera vez que Chávez proclamó el concepto fue durante su intervención en el V Foro Mundial de Porto Alegre, en enero de 2005. Inicialmente era, sin embargo, un concepto vago asociado a valores generales como “la solidaridad, la fraternidad, el amor, la justicia, la libertad y la igualdad”, es decir, a los ideales de siempre del socialismo. En una reunión en Viena a mediados de 2006, Chávez afirmó que el concepto no estaba predeterminado pues se trataba de “transformar el modo de producción hacia un nuevo socialismo al que hay que construir todos los días” (Wilpert, 2006). En ese sentido calzaba bien con el concepto de “significante vacío” de Ernesto Laclau, propio del discurso populista. Era un concepto “hueco”, que cada quien llenó según sus particulares demandas no satisfechas y/o sus aspiraciones¹.

Alcanzada la victoria electoral, el Presidente comenzó a verter contenidos más concretos al hasta entonces ambiguo concepto. En tres discursos clave que dio en las semanas siguientes a su triunfo, precisó ideas, estrategias e instrumentos conducentes a provocar la transformación profunda de la sociedad venezolana (Chávez, 2006 y 2007a). Llamó a crear el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), demandando la disolución de todos los partidos de la alianza, incluido el suyo propio el MVR, y advirtiendo a quienes no atendieran a su llamado que deberían irse de su gobierno. El nuevo partido sería el instrumento político unificador de las fuerzas bolivarianas para esta nueva etapa. Anunció además la renacionalización de industrias estratégicas privatizadas por gobiernos anteriores e informó de cambios en su gabinete ministerial, reemplazando relevantes figuras de su primer gobierno como José Vicente Rangel y Aristóbulo Istúriz por militares y funcionarios que tenían una relación subalterna con él. Pronunció como lema del nuevo mandato: “Patria, socialismo o muerte” (ABN, 8-01-2007). Este lema pasaría a remplazar al que había central de su primer mandato, el llamado a la “Democracia participativa y protagónica”. Se explayó además en la que sería la estrategia conformada por los llamados “cinco motores constituyentes”.

Los motores constituyentes servirían según dijo para prender el carro que conduciría al socialismo. El primer motor estaría constituido por una Ley Habilitante que, de acuerdo con lo contemplado por la Constitución, permite a la Asamblea Nacional delegar en el Ejecutivo, en esta oportunidad por un período de dieciocho meses, la capacidad de elaborar leyes (Artículos 203 y 236). Chávez la consideró la “ley de leyes revolucionaria, madre de leyes”. El segundo motor consistiría en una “integral y profunda” reforma de la CRBV, con la cual el Presidente podría, entre otros aspectos, modificar artículos que en lo económico o en lo político obstruyeran el camino hacia el socialismo. Ya el 12 de agosto de 2006, al presentar su candidatura para la reelección, el presidente Chávez expresó su intención de promover una reforma a la Constitución de resultar victorioso en la contienda electoral de diciembre. Chávez consideró que los dos primeros motores debían marchar juntos y designó a la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, para presidir y coordinar la Comisión Presidencial de la Reforma Constitucional (CPRC). El tercer motor lo llamó “Jornada de moral y luces”, y comprendía una campaña de educación moral, económica, política y social en todos los espacios de la sociedad. Chávez denominó el cuarto motor “la geometría del poder”, donde propondría una nueva manera de distribuir los poderes político, económico, social y militar sobre el espacio nacional, para generar la construcción de sistemas de ciudades y de territorios federales más cónsonos, siempre según él, con las aspiraciones del socialismo y la realidad actual. Chávez planteó como un quinto motor –y en su opinión el más importante de todos– la “explosión revolucionaria del poder comunal”, según la cual se conformaría en el Estado un Poder Popular, el sexto², que cambiaría la naturaleza de éste y lo haría socialista. Habló de no ponerle límites a los consejos comunales por ser los instrumentos del poder popular constituyente. Los Consejos Comunales son una innovación participativa que se viene impulsando desde 2006. Consideró el Presidente que todos estos motores estaban interconectados entre sí y que la explosión creadora del Poder Comunal dependería para su desarrollo, de la expansión y éxito de todos los anteriores (Minci, 2007). El Presidente en varias oportunidades puso de relieve la necesidad de “acelerar el tiempo y trascender los espacios rumbo a esta nueva era que hoy comienza”.

La nueva etapa del proceso significó en un principio, sobre todo por la propuesta del PSUV y más adelante con la propuesta de reforma constitucional, una intensificación de las pugnas y tensiones en la siempre difícil vida interna del movimiento bolivariano. Los partidos Podemos, PPT y el PCV se negaron a decretar su desaparición, lo que se tradujo en agresiones, intranquilidades y conflictos con el Presidente y otros grupos a lo largo de 2007. Podemos terminó llamando a votar en contra de la reforma, contribuyendo ello al revés electoral en el referendo de diciembre.

En los primeros días del nuevo año, el Ejecutivo introdujo a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Habilitante solicitando la facultad de elaborar leyes en diez ámbitos de la administración pública durante año y medio, lo que dos semanas después fue aprobado por unanimidad, incorporando además la Asamblea Nacional un ámbito adicional de delegación, el de hidrocarburos. Por otra parte, el Presidente también nombró a mediados de enero los integrantes de la CPRC y la Comisión Presidencial del Poder Comunal (CPPC), presidida esta última por el nuevo vicepresidente Jorge Rodríguez (El Nacional, 19 y 20-01-2007). Se anunció también en esos discursos del Presidente la renacionalización de empresas estratégicas como la compañía telefónica CANTV que en gobiernos anteriores habían sido privatizadas, o de nacionalizaciones nuevas, como el caso de La Electricidad de Caracas. Fueron en poco después ejecutadas, pudiéndose llevarse a cabo sin necesidad de reformar la Constitución, ya que ella es bastante amplia en lo que atañe a las prerrogativas que tiene el Estado para limitar por razones de interés social el derecho a la propiedad privada.

La solicitud y expedita aprobación de la Ley Habilitante por parte de la Asamblea Nacional levantó mucha polémica. Era la tercera que solicitaba el Presidente y fue por algunos considerada inconstitucional, alegando que el carácter genérico de los ámbitos y el período tan largo que se demandaba violaba la función legislativa misma que corresponde, por excelencia, al Poder Legislativo (ver http://www.juri.ucv.ve/cambioconstitucional/pagina2.htm). Pero, más allá de los aspectos legales, la rápida delegación de la función legislativa al Ejecutivo por parte de la Asamblea profundizó la tendencia a su subordinación frente al Presidente. Resulta además sorprendente que, contando Chávez con una Asamblea integrada en ese momento en su totalidad por diputados afectos al proyecto bolivariano, no permitiese que este espacio funcionara para el debate en torno a estos cambios. Contradiciendo el principio bolivariano de la democracia participativa, el Presidente alegó urgencia, lo que no permitía perder tiempo en debates legislativos.

La misma tendencia a acentuar la subordinación de los poderes públicos al Ejecutivo nacional se expresó en el nombramiento de la CPRC con la integración de la magistrada y posterior presidenta del Tribunal Supremo de Justicia como secretaria ejecutiva, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo como integrantes y la presidenta de la Asamblea Nacional como presidenta. En el decreto de constitución de esta comisión se hizo explícito que debía guardar un mandato de confidencialidad con el Presidente, no divulgando su trabajo sin el permiso de éste. De nuevo la iniciativa pareció ir a contracorriente del principio participativo. Sobre este asunto volveremos más adelante.

Hasta el 15 de agosto, cuando el Presidente finalmente presentó la propuesta de reforma al parlamento, el debate político se fue caldeando. Algunos cambios que se daban como seguros, como la reelección indefinida del Presidente, una reorganización territorial que debilitaría el principio de la descentralización y la consagración de un sexto poder, el Poder Popular basado en los consejos comunales, despertaron apasionadas polémicas. Así mismo corrieron algunas especulaciones, sin mayor fundamento, como una que señalaba que se perdería la patria potestad sobre los hijos o que se verían confiscados bienes de uso particular. Juristas argumentaron que con la propuesta se estaba violando la CRBV, que de manera taxativa exige, en su artículo 347, la convocatoria a una Asamblea Constituyente para producir cambios en la Constitución que afecten principios y estructuras del Estado, denunciando que por esta vía se estaría cometiendo un fraude constitucional. En contraposición otros juristas, apoyándose en la argumentación esgrimida por el propio Presidente, respaldaron la acción presidencial y defendieron tanto el procedimiento empleado, como la legalidad de la confidencialidad con que trabajaba la comisión (El Nacional, junio, 2007). El mismo Presidente, al presentar en acto público el 17 de enero a la CPRC, argumentó que según el artículo 342 de la Constitución, el objeto de la reforma es revisar y sustituir alguna o varias de sus normas siempre que “no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional.” Eso estaría garantizado ya que los nueve primeros artículos, contemplados en el título primero que se denomina “Principios Fundamentales”, no serían tocados y sólo se propondrían modificaciones de algunos artículos, sin introducir nuevos ni eliminar existentes para preservar la estructura.

Contenidos de la propuesta de reforma constitucional

El 15 de agosto de 2007 el presidente Chávez presentó, tomando la iniciativa que el artículo 342 de la constitución le confiere, una propuesta de reforma a la Carta Magna. Fue entonces cuenado la sociedad venezolana se enteró de su contenido. La propuesta contemplaba la reforma de 33 artículos de la constitución y el procedimiento, de acuerdo con la CRBV, consistiría en someter dicha propuesta a tres discusiones en la Asamblea Nacional (AN) en un plazo no mayor a dos años. La primera para su presentación, la segunda para su discusión por títulos o capítulos y la tercera, una discusión más detallada artículo por artículo (art. 342).

Al Presidente y a la AN no les pareció necesario ni pertinente promover un debate parlamentario prolongado y en escasamente unas once semanas lo dieron por concluido, presentando al CNE, a fines del mes de octubre, la versión definitiva. Ésta, según lo que pauta el artículo constitucional 344, debería ser sometida dentro de los 30 días siguientes a referendo. De ese acelerado debate, empero, surgieron numerosos cambios. Si bien el Presidente dijo inicialmente que, si se le cambiaba aunque fuese una coma, él retiraría su propuesta, estuvo luego de acuerdo, y hasta promovió, algunas de las modificaciones. El mayor cambio fue la agregación de 36 artículos adicionales a ser reformados, lo que aumentó a 69 los artículos a reformar³. Pero aún la redacción de los 33 artículos de la propuesta original fue objeto de cambios. Algunos de ellos fueron menores y de formas, pero en otros fueron significativos. Por ejemplo, en la propuesta de reforma al artículo 328 original se decía “La Fuerza Armada Bolivariana constituye un cuerpo esencialmente patriótico, popular y antimperialista…”, eliminando allí la afirmación contenida en el texto vigente que dice “La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política…”. El artículo definitivo aprobado por la AN quedó “La Fuerza Armada Bolivariana constituye un cuerpo esencialmente patriótico, popular y antiimperialista. Sus profesionales activos no tendrán militancia partidista”, con lo que se mantuvo la propuesta de denominar “Bolivariana” a la Fuerza Armada y su condición de “patriótica, popular y antiimperialista”, pero se retomó el rango constitucional de prohibir a los profesionales activos la militancia partidista.

El proyecto de reforma constitucional buscaba introducir modificaciones y cambios muy diversos. Cambios políticos, económicos, sociales, territoriales, militares y culturales. Entre los cambios políticos propuestos por el Presidente quizás el que suscitó mayor atención fue el del artículo 230 que, según su propuesta, ampliaba el período presidencial a siete años y permitía la reelección de manera indefinida. Fue luego sugerida por varios actores políticos que un tratamiento similar se le dispensara a los gobernadores (art. 160) y alcaldes (art. 174), pero la AN no lo recogió. En la modificación del artículo 225 se le otorgaba al Presidente la potestad de nombrar, además del Vicepresidente Ejecutivo o Primer Vicepresidente, tantos vicepresidentes como estimara necesarios. Estos nuevos funcionarios podrían atender tanto asuntos temáticos como regionales. El Consejo Federal de Gobierno contemplado en el artículo 185, fue sustituido por un ente  llamado Consejo Nacional de Gobierno contemplado como instancia no permanente. Se le modificaron sus atribuciones y composición, debilitándolo como instancia de planificación y coordinación entre las distintas instancias del poder público descentralizado.

También fue propuesto modificar el Consejo de Estado (art. 252) que pasaría a estar presidido por el Presidente, y no por el Vicepresidente, modificando además sus integrantes. Es de destacar la propuesta de eliminar como integrante de ese Consejo a un gobernador seleccionado por sus pares. Con la reforma del artículo 141 se procuraba redefinir la administración pública al incorporar, además de “las administraciones públicas burocráticas o tradicionales”, a las misiones como “sistemas excepcionales e incluso experimentales”.

La AN también incorporó propuestas de cambio del sistema político. Entre las más relevantes cabe mencionar la reducción de la edad mínima para alcanzar el derecho al voto al bajarla de 18, como está contemplado en la Constitución de 1999, a 16 años (art. 64). Una de las virtudes más promocionadas de la CRBV fue la incorporación de los referendos como formas más directas de ejercicio democrático. Referendos consultivos de materias de interés nacional, referendo para revocar el mandato de cargos de elección popular, referendos aprobatorios de leyes especialmente importantes y referendos abrogatorios para derogar leyes. Con la modificación de los artículos 71, 72, 73 y 74 la AN propuso elevar todos los requisitos necesarios tanto para la solicitud de cualquiera de ellos, como para la validación de sus resultados. Elevar en demasía los requisitos convierte al derecho en inaplicable y por tanto es contrario a la profundización de la democracia “participativa y protagónica”.

Entre los cambios económicos propuestos, en el artículo 318 el Banco Central de Venezuela pasó de ser “ersona jurídica de derecho público con autonomía para la formulación y el ejercicio de las políticas” a “persona jurídica de derecho público sin autonomía para la formulación y el ejercicio de las políticas” Además, la administración y manejo de las reservas internacionales que ha estado en manos del Banco Central, con la reforma del artículo 321, pasarían a ser administradas por el Jefe del Estado que, en coordinación con el Banco, determinaría los niveles apropiados de las reservas, determinando que las “excedentarias” pasen a fondos de desarrollo manejados por el Ejecutivo Nacional. En el nuevo artículo 115 se asentaron sin mayor claridad conceptual cuatro tipos distintos de propiedad: pública, social (pudiendo ésta ser directa o indirecta), colectiva y privada. Se contempló además que cualquier combinación de las formas de propiedad mencionadas se denominaría como mixta. Cabe señalar la confusión que podría crearse entre la llamada propiedad pública y la social “indirecta”. ¿Quién es el dueño de la propiedad pública? ¿No es la sociedad en su conjunto? Y la propiedad social indirecta que es ejercida por el Estado, ¿no viene siendo igual a la propiedad pública? Se modifica además el texto del artículo para sustituir la afirmación “Se garantiza el derecho de propiedad” por “Se reconocen y garantizan las diferentes formas de propiedad”.

En lo territorial, con la modificación propuesta al artículo 11, se le dio al Presidente la potestad de crear regiones especiales con fines estratégicos y autoridades especiales, dependientes directamente de él, por razones de soberanía, seguridad, defensa, contingencia, desastres o cualquier otra que requiriese la intervención directa del Estado. Estas autoridades designadas por el Presidente seguramente entrarían en conflicto con autoridades regionales o locales electas. La reforma del artículo 16 proponía cambiar la unidad política primaria del municipio, como aparece ahora, a “La ciudad (…) integrada por áreas o extensiones geográficas denominadas comunas”.

La propuesta de crear al Poder Popular como una nueva forma de poder público cabalgó entre lo político y lo social. Este poder pasaría a conformarse a partir de las “comunidades”, que serían el núcleo espacial del Estado socialista (art. 16). Formarían parte del Poder Público que, territorialmente quedaría distribuido en Poder Popular, Poder Municipal, Poder Estadal y Poder Nacional. Se le conceptuó como un nuevo poder que se expresa construyendo las comunidades, comunas y el auto gobierno de los ciudadanos y se señaló que no nace de sufragio o elección alguna (art. 136). Fue ésta también una propuesta conflictiva, ya que su concreción hubiese implicado que las organizaciones y movimientos sociales de base hubiesen constitucionalmente pasado a formar parte del Estado. Con ello perderían su necesaria independencia y autonomía para el diseño e instrumentación de una agenda propia, así como para movilizarse por los que decidan son sus legítimos intereses.

Fue adicionalmente propuesto reducir la jornada laboral (art. 90). La redacción de este artículo fue modificada por la AN, ya que en su versión original, al reducirse la jornada a no más de 6 horas diarias, ni 36 semanales, podía ser interpretado como obligatorio el trabajo 6 días a la semana, siendo que actualmente muchos trabajadores, con jornadas de 40 horas, laboran 5 días. En la reforma al artículo 87 se propuso la creación del llamado “Fondo de Estabilidad Social para Trabajadores y Trabajadoras por Cuenta Propia”. Con este fondo, creado con aportes del Estado y de los trabajadores no dependientes, se prometía garantizar derechos laborales comunes de los trabajadores dependientes como pensiones, jubilaciones, vacaciones, reposo pre y post natal. La principal crítica hecha a estas propuestas fue que no requerían rango constitucional para su instrumentación y hubiesen podido implementarse por vía legislativa.

En lo militar el Presidente también propuso varias reformas. Ya arriba mencionamos algunas reformas que fueron modificadas por la AN. Quedó sin embargo incorporado un nuevo componente de la Fuerza Armada, la llamada Milicia Nacional Bolivariana, se propuso cambiar el nombre de Fuerza Armada Nacional por el de Fuerza Armada Bolivariana y otorgando a los militares, además de sus competencias anteriores de defensa de la soberanía, actividades de seguridad interna (art. 329).

La AN agregó otras dos reformas a la propuesta presidencial que queremos resaltar. La primera fue una modificación del artículo 21 del título correspondiente a los derechos humanos, donde además de actualizar la redacción al hablar de “étnico” en lugar de “raza” y de “genero” en vez de “sexo”, su contenido se hizo más contundente al cambiar el “No se permitirán” por un “Se prohíbe”. Incorporó además, entre las causales de discriminación que deben ser prohibidas, las de “orientación política” y de “orientación sexual”, lo que sin duda habría dado más fuerza al artículo en cuestión. La segunda fue la propuesta de cambio al artículo 109, que se refiere a la autonomía universitaria. En la reforma del artículo propuesto se específica con excesivo detalle la forma en que deben ser electas las autoridades de las universidades nacionales, otorgándole voto paritarios a todos los integrantes de la comunidad universitaria (profesores, estudiantes y trabajadores) y que las elecciones deben hacerse en una sola vuelta.

Los ejemplos comentados en los párrafos anteriores son sólo una muestra de la complejidad de los cambios propuestos y de lo difícil que fue para cualquier ciudadano común hacerse de un juicio firme sobre los alcances e implicaciones de esos cambios para el futuro de la sociedad. En la parte que sigue haremos algunos comentarios y evaluaciones sobra la calidad democrática del debate realizado a propósito de la propuesta de reforma constitucional.

Calidad del debate en torno a la propuesta de reforma constitucional

El 15 de enero de 2007, iniciándose el nuevo período de gobierno, el presidente Chávez promulgó el decreto 5.138 con el que designó la Comisión Presidencial para la Reforma Constitucional, quedando constituida por trece venezolanos, integrantes en su mayoría de los distintos poderes públicos, siendo varios de ellos además cabezas de sus respectivos poderes. En el decreto que la formaliza, los integrantes de la comisión quedan formalmente comprometidos a realizar su trabajo de manera confidencial y entregar sus resultados únicamente al Presidente. La CRBV contempla en su artículo 251 la figura del Consejo de Estado, siendo considerado como “el órgano superior de consulta del Gobierno y la Administración Pública Nacional” para aquellos asuntos que el Presidente considere de especial trascendencia. Es evidente que la profundidad de la reforma propuesta tenía la mayor trascendencia y hubiese podido el Presidente hacer uso de ese instrumento que la Constitución le otorga. Pero ello hubiese implicado algunos cambios importantes en el esquema de trabajo diseñado por él para la elaboración de la propuesta.

En primer lugar varios de los integrantes del Consejo de Estado no son nombrados directamente por el Presidente, como los representantes de la AN, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de los gobernadores, quienes deben ser seleccionados por sus pares. Tampoco puede pedírsele confidencialidad al trabajo del Consejo de Estado, ya que varios de sus miembros se deben al poder que los designó y, en última instancia, a la sociedad venezolana en su conjunto y no de manera exclusiva al Presidente. Está él en su legítimo derecho de nombrar cuantas comisiones juzgue convenientes para que lo asesoren en asuntos atinentes al ejercicio de sus atribuciones y funciones. A esas comisiones, si así lo valorara necesario, pudiera pedirles confidencialidad. La vía escogida, sin embargo, es una mala combinación de las dos opciones anteriores. No fue una comisión asesora privada del Presidente, ya que fue integrada por la presidenta de la AN, la presidenta de la Sala Constitucional y que pasaría luego a presidir el TSJ, el Fiscal, el Defensor del Pueblo, además de varios diputados, todos funcionarios públicos electos –en elecciones directas o de segundo grado– que antes que al Presidente deben rendir cuentas de sus actuaciones a la saciedad venezolana en su conjunto. Pedir confidencialidad en un trabajo solicitado por el Presidente a cabezas de poderes públicos tenidos por la CRBV como independientes del Ejecutivo contraviene este importante principio constitucional, subordinando de hecho a varios de los poderes públicos a la Presidencia.

El primer debate en torno a la propuesta de reforma constitucional tuvo que ver con el mecanismo seleccionado para proponerla. La CRBV contempla tres formas para llevar adelante modificaciones en el texto constitucional. La Enmienda (art. 340), la Reforma (art. 342) y la Asamblea Constituyente (art. 347). La diferencia entre una modalidad y otra tiene que ver con la profundidad de los cambios propuestos. La reforma está constitucionalmente prevista como una modalidad que permite revisar parcialmente la constitución, pero que “que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional” Como ya mencionamos en párrafos anteriores, juristas y constitucionalistas que objetaban la reforma alegaron que la propuesta excedía lo permitido por el art. 342, mientras que el Presidente y otros partidarios de la reforma argumentaban que ella estaba ajustada plenamente a derecho. En los hechos, la opinión del Presidente y demás partidarios de la reforma terminó imponiéndose al aceptar la mayoría de los actores políticos y sociales del país participar en el referendo.

La democracia con frecuencia genera tensiones entre el necesario tiempo para madurar posturas, construir los consensos posibles y resolver democráticamente los disensos insuperables, por una parte, y la también necesaria celeridad para alcanzar eficiencia en la acción pública. Conspira contra la democracia tanto el prolongar de manera indefinida los debates, como atropellar los tiempos mínimos necesarios. El Presidente comenzó a mencionar la idea de reformar la constitución durante su campaña de reelección en 2006. El 12 de agosto de ese año, al presentar su candidatura ante el CNE, anunció que, de resultar triunfante en las elecciones de diciembre, promovería una reforma constitucional. Como ya mencionamos, uno de sus primeros actos de su nuevo gobierno fue la conformación, el 15 de enero, de la CPRC núcleo para el arranque del segundo motor constituyente. El 27 de abril, tres meses y doce días después de constituido, ese consejo le entregó al Presidente, sin que la sociedad se enterara de su contenido por el mandato de confidencialidad, el resultado de su trabajo. Siguiendo sin hacerlo público, el Presidente trabajó sobre la propuesta presentada hasta que el 15 de agosto, casi cuatro meses después, entregó a la AN su proyecto de reforma. Siete meses de trabajo formal para elaborar la propuesta, precedido seguramente de discusiones e intercambios menos formales.

Durante todo ese tiempo, salvo la idea general de que la reforma estaría dirigida a remover los obstáculos que frenaban el avance al socialismo del siglo xxi, los contenidos específicos de la reforma no fueron del conocimiento público. Al hacerse pública la propuesta se la presenta con un apretado cronograma de discusión. A la AN se le dan unos dos meses para elaborar la propuesta de reforma definitiva, cuando la Constitución señala un tiempo no mayor a los dos años. Esa discusión en la AN, foro político por excelencia en toda sociedad democrática, era mucho más compleja que la realizada en la CPRC o por el Presidente con sus cercanos colaboradores. Se requería ahora que todos los venezolanos se informaran de los contenidos de la reforma propuesta, analizaran sus alcances, tuviesen la posibilidad de elaborar propuestas que pudiesen ser presentadas ante la AN, quien debería sistematizarlas e incorporarlas al debate. Y los resultados de ese complejo debate debieron alcanzar alguna expresión en la versión definitiva de propuesta de reforma. Ciertamente hubo una amplia difusión de los contenidos de la reforma, tanto durante el debate en la AN como luego de finalizado ese debate y previos al referendo. Pero por lo atropellado del tiempo, entre otras razones, la calidad democrática del debate y de la recolección y sistematización de propuestas dejó bastante que desear. De manera un poco azarosa, dependiendo de la capacidad real de presión, se incorporaron algunas propuestas y otra fueron dejadas de lado. Agrupaciones de jóvenes lograron incorporar la propuesta de disminuir a 16 la edad mínima para votar, otras organizaciones fueron escuchadas en sus reclamos y se añadió la prohibición de discriminar por orientación sexual. Sectores militares fueron exitosos en modificar aspectos de la reforma que directamente los afectaban. Pero fue mucho más la gente que, por las más diversas razones y en ese apretado cronograma, no tuvo posibilidad real de participación.

Los treinta días de campaña para el referendo tampoco mostraron una mejoría en la calidad democrática del debate. Como ha venido ocurriendo en los distintos procesos electorales desde 1998, prevaleció un clima polarizado alrededor de la figura del Presidente, con pobre debate sobre los contenidos de la reforma. La consigna central de la campaña a favor de la reforma se limitó a “Con Chávez Si” que quiso convocar a los más de siete millones de venezolanos a repetir su voto de diciembre de año anterior. Por parte de los opositores de la reforma tampoco hubo mayores esfuerzos por discutir los contenidos, concentrándose en su oposición al Presidente.

Durante las pocas semanas de debate en la AN, algunos sectores expresaron inconformidad con la idea de someter la propuesta a consulta en un solo bloque. Los temas sometidos a reforma fueron suficientemente variados como para no ser dependientes unos de otros. La reducción de la jornada laboral nada tiene que ver con la reelección indefinida del Presidente, o la creación del “Fondo de Estabilidad Social para Trabajadores y Trabajadoras por Cuenta Propia” tampoco tiene relación alguna con la incorporación de la Milicia Nacional Bolivariana como nuevo componente de la Fuerza Armada. Hacer la consulta sobre la reforma, agrupando los artículos por temas, parecía una modalidad más democrática, ya que permitía a cada elector tener la libertad de votar a favor de algunos temas y en contra de otros⁴. Sin que nunca fuese suficientemente explicado, a última hora la AN optó por presentar la propuesta de reforma en dos bloques, A y B, atendiendo a lo pautado por el artículo 344, que permite votarse separadamente hasta una tercera parte de la reforma sometida a referendo. Nunca se publicitó la razón de esa separación en dos bloques ni los criterios que la guiaron, salvo el hecho de que el Boque B contiene la tercera parte, 23 artículos de 69, y que en el Bloque A están contenidos todos los artículos inicialmente propuestos por el Presidente. La campaña electoral se limitó a llamar, unos por votar para aprobar los dos bloques y otros por rechazar ambos. Los resultados muestran que las diferencias entre ambos bloques fueron muy pequeñas y salvo en el estado Falcón, donde para el Bloque A ganó el Si con 0,25% sobre el No y para el Bloque B los resultados se invirtieron con una diferencia de 0,47%, en el resto del país los resultados para ambos bloques fueron iguales.

Análisis comparativo de resultados del referendo con elecciones previas

En la madrugada del 3 de diciembre el CNE emitió un primer boletín sobre los resultados del referendo realizado en la jornada del día previo. Aunque ese primer boletín no contenía la totalidad de las actas escrutadas, el Poder Electoral afirmó que los resultados presentados eran “irreversibles”. Aunque la aritmética no permitía sostener tal afirmación, ya que la suma de todos los votos faltantes podían invertir el resultado, la consideración de las tendencias ya manifestadas era sostén suficiente. El resultado definitivo de los resultados de ese referendo, con la totalización de todas las actas, todavía para el momento de escribir este trabajo no ha sido emitido por el CNE, pero insisten en que no es posible que con las actas que faltan pueda modificarse el resultado inicialmente divulgado. Pocos minutos después de la presentación de ese primer boletín, el presidente Chávez se dirigió al país aceptando los resultados, lo que condujo a una disminución significativa de las tensiones que en las horas previas habían venido acrecentándose.

Es indudable que esa jornada electoral contribuyó a fortalecer la confianza de la sociedad venezolana en su sistema electoral. El hecho de que los principales actores aceptaran prontamente resultados estrechos y que un proceso vivido con polarización aguda y muchas tensiones terminara en paz, sin hechos de violencia, debe valorarse positivamente. El último boletín hasta ahora emitido por el CNE, con el escrutinio de 94% de las actas, arrojó 4.521.494 votos contrarios a la aprobación de la reforma y 4.404.626 favorables⁵, lo que significa una estrecha diferencia de 116.868 votos, es decir, de apenas 1,3% de los votos válidos. En ese boletín, posterior al emitido horas después del referendo, todavía faltan por contabilizar unas 2.000 actas, correspondiendo aproximadamente la mitad de ellas a mesas manuales. Aunque no hay resultados definitivos, puede estimarse que la abstención fue ligeramente superior de 40% del registro electoral. Este dato indica que, para una elección de este tipo, la participación fue elevada. Esa abstención fue superior a la registrada en las elecciones presidenciales de 2006, cuando alcanzó 25,1%. Pero, si se compara con la obtenida en procesos similares, como el referendo consultivo de abril de 1999 para convocar a la Asamblea Constituyente, cuando se registró una abstención de 62,4% o el referendo aprobatorio de la Constitución en diciembre del mismo año, que fue de 55,6%, podemos apreciar que la participación de los electores en el referendo del pasado diciembre fue elevada.

Se ha convertido en sentido común la interpretación de que la derrota de la propuesta de reforma se produjo debido a la abstención de un número importante de “chavistas”. Aunque las elecciones presidenciales de 2006 y el referendo de 2007 son procesos electorales de naturaleza muy distinta, la polarización política que se vive en el país, y que es estimulada por los principales actores tanto de gobierno como de oposición, hacen que toda jornada electoral sea leída en la clave simplista Chávez sí o Chávez no.  Mientras que en las elecciones presidenciales de 2006 más de siete millones de electores votaron a favor de la reelección del Presidente, por la reforma por él propuesta sólo votaron poco más de cuatro millones. Una caída electoral de casi tres millones de votos. La reforma no fue respaldada ni siquiera por la totalidad de los más de cinco millones de proclamados inscritos en el principal partido de apoyo del gobierno, el PSUV. Los sectores de oposición por su parte no pueden aclamar una clara victoria propia, ya que su caudal electoral se incrementó en poco más de doscientos mil votos. En el primer caso la caída fue de alrededor de –40%, mientras en el segundo la ganancia apenas alcanzó 5%.

Pero, si vemos los resultados por estados, puede hacerse una interpretación más matizada. Al comparar los resultados obtenidos por el Presidente en la elección de 2006 con los favorables a la reforma en el referendo de 2007, puede observarse que, si bien el porcentaje nacional de caída electoral fue de -39,74%, la variación entre los estados fue significativa. Para el referendo en todos los estados hubo disminución en el caudal electoral obtenido, pero los porcentajes variaron desde -34,27% en Mérida, que registró la más baja caída, hasta -53,27% de Sucre, casi 20% de diferencia (v. cuadro Nº 1).

Cuadro Nº 1

Resultados electorales por Estado Votos pro Chávez 2006 – Votos pro reforma 2007

Fuente: CNE [www.cne.gov.ve]

Un ejercicio similar con los resultados electorales para la oposición arroja resultados aun más variados. Aunque la variación porcentual nacional fue, como ya se mencionó, ligeramente positiva al incrementarse la votación por el NO en 5,34% respecto a la votación obtenida por Rosales, los resultados por estado son muy diversos. Desde un crecimiento electoral de 38,49% obtenido en el estado Aragua, hasta una importante caída de -17,53% en el estado Apure (v. cuadro Nº 2).

Cuadro Nº 2

Resultados electorales por EstadoVotos pro Rosales 2006 – Votos contra reforma 2007

Fuente: CNE [www.cne.gov.ve]

Esas marcadas diferencias por estado en el comportamiento electoral tanto de opositores del gobierno como de sus partidarios, tienen explicación por las diversas dinámicas políticas locales. Vale la pena destacar especialmente los estados Aragua y Sucre. Fueron esos dos estados donde se registró un incremento porcentual al comparar los votos por el NO en 2007 con los obtenidos por Rosales en 2006. 38,49% para el primer estado y 26,43% para el segundo. Además, la caída electoral en Sucre fue la más elevada para el chavismo registrada a nivel nacional, el -53,27%. Los gobernadores de esos dos estados, Bolívar en Aragua y Martínez en Sucre, son dirigentes nacionales del partido Podemos. Es un partido que se origina de una división del MAS, cuando este le retira su apoyo a Chávez. Desde enero de 2007 se opone, al igual que otros partidos minoritarios de la alianza chavista, a su disolución para integrarse al naciente PSUV y durante el debate en la AN sobre la propuesta de reforma constitucional termina por manifestar su desacuerdo y llama a votar por NO para ambos bloques. Una deserción que no parece haber sido adecuadamente valorada y que, de no haberse producido y dado lo estrecho de los resultados, pudiese haber significado un resultado electoral distinto.

Tendencias políticas posteriores a la derrota de la propuesta

Como ya se mencionó, en la madrugada del 3 de diciembre el presidente Chávez se dirigió al país para reconocer los resultados anunciados por el CNE y que daban por rechazada su propuesta de reforma constitucional. El discurso, en general, fue de buen tono y reafirmó el carácter democrático del sistema político venezolano (Últimas Noticias, 3-12-2007, p. 4). Las intervenciones públicas del Presidente en días siguientes fueron más conflictivas y pugnases. Sin desconocer los resultados, sí llegó a calificar la victoria del NO de “pírrica”. Amonestó duramente en público a líderes políticos afectos a él (gobernadores, alcaldes, dirigentes políticos) acusándolos de no haber hecho bien su trabajo. También increpó, tildándolos de “flojos, inconscientes e irresponsables”, a quienes, siendo sus seguidores, habían preferido quedarse en sus casas y no habían cumplido su obligación de votar (Últimas Noticias, 7-12-2007, p. 16).

Con la proximidad de las fiestas de fin de año bajo la intensidad del debate político en el país, y al paso del año el tono del discurso del Presidente parecía más atemperado. El 31 de diciembre firmó un decreto de Ley de Amnistía que beneficiaría a la mayoría de los acusados y procesados por delitos cometidos durante los turbulentos episodios vividos en 2002 y 2003, con lo cual parecía enviarse una importante señal de reconciliación (Últimas Noticias, 2-12-2007, p. 7). Se anunció un cambio en el gabinete ejecutivo que fue promocionado como dirigido a incrementar la eficiencia en la acción de gobierno. Ramón Carrizales, quien venía de ejercer el ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, fue designado para la Vicepresidencia (Últimas Noticias, 4-01-2008, p. 13), con la instrucción precisa de garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas que el gobierno se trace. Se reconoce, entre las causas posibles de la derrota, la ineficiencia en la acción diaria de gobierno. Problemas cotidianos no resueltos que llegan a abrumar a ciudadanos y el Presidente hizo un llamado a su nuevo Vicepresidente, a su tren ejecutivo y a los gobiernos regionales y locales para que en el 2008 se le dé prioridad a la solución de los problemas cotidianos de los ciudadanos (Últimas Noticias, 12-1-2008, p. 12). Se hace público también un reconocimiento de la importancia de los gobiernos locales y regionales, que habían sido desvalorizados y relegados con la promoción de los consejos comunales. El Presidente anuncia ahora que las gobernaciones y alcaldías deben participar activamente en el desarrollo del Poder Popular, compartiendo responsabilidades en la promoción y consolidación de los consejos comunales y sus federaciones. Al nuevo Vicepresidente se le asigna también la tarea de mejorar y fortalecer las relaciones entre el gobierno central y los regionales y locales.

Durante las primeras semanas de 2008 también fue notorio el cambio de tono del discurso presidencial hacia sus aliados. A diferencia de lo muchas veces insistido un año atrás, sobre la necesidad de disolver todas las organizaciones que respaldasen al gobierno para confluir en un sólo partido, ahora se reconoce la existencia de divergencias y tendencias al interior del “chavismo”, situación que es positivamente valorada ya que es terreno fértil para el debate fecundo. El llamado “Polo Patriótico” es formalmente reactivado como dirección política del proceso (Últimas Noticias, 07-1-2008, p. 12), aunque en la práctica ha tropezado con dificultades para alcanzar su funcionamiento pleno.

Diversos vicios son reconocidos, haciendo el Presidente renovados reclamos para luchar por su erradicación. La corrupción y el burocratismo salen de nuevo a ser señalados, ahora acompañados de dos más, el vanguardismo y el sectarismo. Se hace una llamado a convencer, que no a imponer, y a ser tolerantes y respetar a quien opine diferente. Se llama además a afianzar y consolidar los logros alcanzados, especialmente entre las misiones, donde comienzan a proliferar denuncias por el deterioro en sus funcionamientos.

Toda esa nueva estrategia es identificada como la consigna de las tres R: revisar, rectificar y reimpulsar (Chávez, 2007b). Es una consigna que parece destinada a sustituir la de los “cinco motores constituyentes”, ya que el segundo de ellos quedó irreparablemente dañado con los resultados del referendo. El Presidente hizo también un llamado a preparase para la próxima jornada electoral y anunció que en esta oportunidad había que crear mecanismos efectivos para que los candidatos a los distintos cargos fuesen realmente seleccionados por la base y no designados por el dedo de Chávez.

Como ha ocurrido en Venezuela casi todos los años desde 1998, también 2008 será año electoral. Corresponderá en esta oportunidad, el 23 de noviembre, elegir a la casi totalidad de gobernadores y alcaldes de los estados y municipios del país⁹. Será una jornada donde podrá medirse el impacto de la derrota de la propuesta de reforma en el apoyo al proyecto político liderado por el presidente. Pero el discurso presidencial es contradictorio. Los proclamados propósitos de superar el vanguardismo y el sectarismo, que podían haberse percibido como señales hacia mayores niveles de tolerancia y respeto por los adversarios, son relegados al potenciar nuevamente un discurso polarizador agresivo. Las elecciones regionales y locales son reiteradamente presentadas por el Presidente como una batalla entre él y sus enemigos, llegando a declarar que quienes voten por candidatos de oposición estarán votando por la guerra. El triunfo de candidatos opositores en importantes estados del país, de acuerdo a la versión presidencial, propiciará movimientos secesionistas para desmembrar al país, apoyados por la principal potencia mundial, y dirigidos a derrotar el proceso por él liderado (Últimas Noticias, 5-5-2008, p. 12).

Pero seguramente los venezolanos enfrentarán la contienda electoral venidera con menos dramatismo. Estarán atentos, además, de la polarización política nacional, de los candidatos concretos posibles de elegir y sus propuestas electorales. Estas elecciones tendrán también sus particularidades, por lo que no podrán ser plenamente equiparables a las dos anteriores de 2007 y 2006. Si alguna comparación es legítima hacer es con las elecciones regionales que anteceden a las del próximo noviembre. El cuadro Nº 3 que se presenta a continuación es un resumen de los resultados obtenidos en las elecciones regionales de 1998, 2000 y 2004, identificando al candidato ganador por su apoyo u oposición a Chávez.

Cuadro Nº 3

Elecciones a gobernadores 1998 – 2000 – 2004

Las elecciones de noviembre de 1998 fueron realizadas modificando el cronograma electoral originalmente programado para ese año, adelantando las elecciones regionales y locales, que inicialmente iban a realizarse conjuntamente con las presidenciales. Las razones de ese cambio en el cronograma fueron ampliamente debatidos en su momento y resultó bastante evidente que estuvo dirigido a debilitar la ascendente candidatura de Hugo Chávez. Antes del cambio de fechas, la campaña central del candidato Chávez poco se ocupó de las elecciones regionales, dejándolas a la iniciativa de los partidos y grupos que lo apoyaban, sin promover siquiera la presentación de candidaturas unitarias. El cambio de fechas obligó a cambiar estrategia y prestarle alguna atención a esos comicios. De todas formas, la polarización del momento no alcanzaba los niveles que llegó a tener pocos años más tarde y no es ahora evidente cuál de los gobernadores electos eran favorables a Chávez u opuestos a él. Se incluyeron en la lista de “chavistas” a los que estuvieron localmente apoyados por algunos de los partidos que nacionalmente en 1998 apoyaron la candidatura de Chávez. Como puede verse en el cuadro, solamente en 8 de los 23 estados salió victorioso un candidato que puede identificarse para aquel momento como “chavista”. Hubo además cuatro estados donde el candidato “chavista” más votado llegó en tercer lugar*.

En las dos elecciones regionales siguientes el avance de las fuerzas afectas al gobierno fue notable. En las de 2000 las fuerzas bolivarianas, de 8 ganadas en 1998, pasan a ocupar 17 gobernaciones y en las de 2004, 21. El resultado de las elecciones regionales de octubre de 2004 requiere, sin embargo, de un comentario adicional. El 15 de agosto de ese mismo año se realizó el referendo revocatorio presidencial que fue ganado por el Presidente por 58,9% de los votos válidos, contra 40,6% de los votos que le fueron adversos. Esos resultados no fueron reconocidos por los principales actores políticos y sociales de oposición agrupados en aquel momento en la llamada “Coordinadora Democrática”. Denunciaron fraude y desconocieron beligerantemente las actuaciones del Poder Electoral. Dos meses y medio después se realizaron esas elecciones regionales en las que, aunque sectores de oposición presentaron candidatos, no les resultó fácil convencer a sus electores que valía la pena votar. En algunos estados, sobre todo donde los resultados estuvieron reñidos, la abstención de electores opuestos a Chávez debe haber sido causa importante para los resultados favorables a las fuerzas afectas al Presidente.

¿Marca la derrota de la propuesta de reforma un punto de inflexión en el proceso bolivariano? Para no equivocar la lectura de esos venideros resultados hay que tomarlos con cautela. En primer lugar no deberían ser comparados con los resultados de 2004, sino más bien con los de 2000. Decimos esto porque en las elecciones de 2004, además de algún avance de las fuerzas bolivarianas, electoralmente los sectores de oposición debieron pagar el craso error político de desconocer los resultados del referendo del 15 de agosto y denunciar un fraude que nunca pudieron demostrar. Es imposible cuantificar el peso de ambos factores, pero no dudamos en valorar como significativo el peso electoral de lo que evaluamos como un error político. Para las próximas elecciones de noviembre los principales actores parecen dispuestos a participar dentro de las condiciones que el Poder Electoral está preparando para esa jornada. Será crucial para los resultados las dinámicas internas de los distintos actores políticos, y en las alianzas en que ellos participen, que se desarrollará en estos meses previos a la inscripción de candidatos y luego en las campañas,. El referendo de diciembre fortaleció la confianza de los ciudadanos comunes en el sistema electoral y debilitó grupos radicales que durante la campaña para el referendo llegaron a escribir grafitis con la consigna “CNE= Fraude. No votes”. En este proceso, aunque polarizado y con una fuerte presencia de lo nacional, puede que la dinámica regional intervenga de manera decisiva, tanto para la selección de los candidatos y las propuestas de campaña, como en la decisión de los electores al emitir su voto. La calidad de todo este nuevo proceso electoral, su transparencia, la aceptación o no de los resultados por los distintos actores marcarán el futuro de nuestro sistema político.

Bibliografía

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2. __________ (2007a): “Juramentación del Consejo Presidencial para la Reforma Constitucional y del Consejo Presidencial del Poder Comunal”, Caracas, Sala Ríos Reyna, Teatro Teresa Carreño, 17 de enero, consultado en Internet en febrero.        [ Links ]

3. __________ (2007b): “Las tres erres: Chávez llamó a Revisar, Rectificar y Reimpulsar”, Radio YVKE Mundial,  www.RadioMundial.com.ve, Caracas, 31 de diciembre.        [ Links ]

4. CNE (2007): Proyecto de reforma constitucional en www.cne.gov.ve/elecciones/referendo_constitucional2007/ documentos/Proyecto_Reforma_final.pdf        [ Links ]

5. Laclau, Ernesto (2005): La razón populista, México, Fondo de Cultura Económica.        [ Links ]

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7. Ojo Electoral (2007): Ojo Electoral frente a la Reforma Constitucional, Caracas, agosto, [www.ojoelectoral.org]        [ Links ]

8. Wilpert, Gregory (2006): “The Meaning of 21st Century Socialism for Venezuela” en www.venezuelanalysis.com/print.php?artno=1776.        [ Links ]

 Notas

1 Según Laclau, mientras más “hueco” más fuerza de atracción tiene pues puede abarcar los más disímiles significados que la gente motivada por sus penurias y sueños quiera darle (2005).

2 La CRBV contempla al Estado conformado por cinco poderes. Además de los tres clásicos –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– aparecen como poderes independientes y con igual rango a los tres mencionados, el Electoral y el Ciudadano (fiscalía, contraloría y defensoría del pueblo)

3 El texto completo de la propuesta de reforma presentada por la AN al CNE fue ampliamente difundido por el Poder Electoral (CNE, 2007).

4 Ver entre otros Ojo Electoral (2007)

5 Estos resultados corresponden a los del Bloque A que incluyó todos los artículos propuestos por Chávez. En todos los resultados que en adelante presentemos, siempre estarán referidos a ese mismo Bloque.

6 En el cuadro la suma de los votos SÍ por estado no es igual al total nacional, ya que el total nacional fue tomado de una información oficial posterior del CNE, pero que no está discriminada por estado.

7 Aunque en las elecciones presidenciales de 2006 participaron 14 candidatos, la polarización entre Chávez y Manuel Rosales fue casi absoluta, acumulando ellos 99,74% de los votos válidos y no superar los 5.000 votos el candidato que llegó de tercero.

8 En el cuadro la suma de los votos NO por estado no es igual al total nacional, ya que el total nacional fue tomado de una información oficial posterior del CNE, pero que no está discriminada por estado.

9 El gobernador del estado Amazonas será electo en elecciones separadas en 2009. Tampoco corresponde para algunos municipios elegir su alcalde en esta oportunidad.