México: el gobierno derechista de Calderón. “Reforma” sin consenso. La seguridad social de los servidores públicos

Gustavo Leal F.

Profesor-investigador de Tiempo Completo del Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

“Porque no hay verdadero progreso sin libertad y legalidad y sin un respaldo claro para las reformas de una opinión pública convencida de que los sacrificios que ellas exigen son necesarios. La falta de este convencimiento y la pasiva resistencia de la población a los tímidos, o torpes, intentos de modernización explican el fracaso de los llamados ‘gobiernos neo-liberales’” Mario Vargas Llosa

Mientras en el Mundo la mayoría de los gobiernos eficientes fundan en el consenso y la mejor información disponible las iniciativas de reforma de sus respectivos sistemas pensionarios (González Roaro, 2003) para -con crecimiento económico, un proyecto de país y su modelo de salud y seguridad social- afectar lo menos posible los derechos de los trabajadores en activo y, sobre todo, de los jóvenes, en México la clase política¹ ha secuestrado el asunto publico, lo ha “medido”, “diseñado”,“comunicado” y decidido en términos puramente autorreferenciales (ISSSTE, 2005).

En abierta alianza con las dirigencias sindicales caciquiles del SNTE y la FSTSE, el gobierno de Calderón, sus tecnócratas (García Pelayo, 1974) hacendarios y la cúpula decadente del PRI (tercera fuerza política nacional) terminaron por imponer al ISSSTE una “reforma” financiera de salida “única”, técnica y políticamente inviable, que por su propia naturaleza nació muerta.

La anomalía mexicana optó por prescindir de la sociedad en el curso que quiere imprimirle a esa “reforma” que involucra a casi 10 millones de mexicanos que amparan los 2.5 millones de trabajadores al servicio del Estado cubiertos por el ISSSTE (Leal, 2007) (Cuadro 1), curso que corre contra las tendencias, ensayos y evidencias que ya se exploran en el Mundo.

Cuadro 1. Universo de la “Reforma” al ISSSTE

EUA: firmas y pensiones privadas

Parece que la era de las superpensiones ha culminado y que las suculentas pensiones privadas con que los grandes consorcios estadounidenses embelesaban a sus empleados son cosa del pasado. Se congelan los planes corporativos tradicionales, creados tras la II Guerra Mundial, mientras se promueven con entusiasmo los fondos 401 (k), que permiten a las compañías hacer aportaciones más flexibles y trasladan al empleado los riesgos de su gestión. Un 42% de los asalariados tenía uno de esos fondos en 2005 y sólo un 21% estaba cubierto por un plan tradicional de empresa. Se prevé que pronto muchos mayores trabajarán por la fuerza para evitar caer en la pobreza. Es el caso de algunos titanes de Wall Street: IBM, Hewlett-Packard, General Motors (el mayor empleador privado de la Unión) o Verzión.

El sistema de pensiones en Estados Unidos se apoya sobre tres pilares, complementarios entre sí. En un extremo están los pagos que se realizan a través del régimen público de la Seguridad Social, que aporta ingresos medios a los jubilados por 12 mil dólares anuales. En el otro están los planes de pensiones privados a los que recurren las clases más adineradas como complemento en la vejez. Y en medio se encuentran, por un lado, la cobertura que ofrecen las empresas a sus asalariados según los sueldos y años trabajados, y por otro, los planes de ahorro para la jubilación: los 401 (k) en donde el riesgo recae sobre el empleado.

El 401 (k) se diseñó hace un cuarto de siglo como un suplemento a la pensión, al que las empresas pueden hacer sus aportaciones, pero no como un sustituto. Era el producto preferido para las pequeñas empresas. Hoy la tendencia es enterrar los antiguos planes y hay quien sostiene que las firmas no tenían otra opción. Primero fueron las compañías del sector aéreo (United Airlines), siderúrgico y textil, pero ahora siguen IBM, HP, Verzión, con cuentas saneadas y que a manera de justificación argumentan su urgencia por desprenderse de costos que la firmas rivales más modernas no soportan.

Los datos más recientes de la consultora Watson Wyatt revelan que 627 compañías del ranking Fortune 1.000, tenían un régimen de pensiones tradicional. De ellas, se calcula que 115 han cancelado o congelado los beneficios para los nuevos empelados. Los expertos en cuestiones laborales explican que este salto a los fondos 401(k) se justifican porque las aportaciones que hacen las empresas no están tan vinculadas a la longevidad del empleado. Y también advierten las amenazas que representan estos cambios para la clase media. Durante la euforia bursátil, los inconvenientes vinculados a los riesgos de estos de fondos se vieron como una ventaja para el empleado, ya que al subir la Bolsa crecía su futura retribución o se podía hacer menos aportaciones. Pero tras el estallido de la burbuja tecnológica, la imagen cambió radicalmente (El País, 2 de abril, 2006).

Europa: diseños macro y por consenso

Enmarcando el inquietante cuadro que describen las pensiones privadas, algunos gobiernos eficientes europeos ya diseñan y ensayan diversas salidas macro.

Mientras en Alemania la gran coalición entre democristianos y socialdemócratas evalúa la posibilidad de elevar la edad de retiro de 65 a 67 años aunque acompañándola de la Iniciativa 50+ que preservará activos a los mayores de 50 años, Reino Unido retrasa su reforma para seguir buscando fórmulas que disminuyan el impacto sobre la población. La última propuesta contempla establecer un sistema nacional de ahorro por el que cada empleado debería destinar un 5 por ciento de su salario a su futura pensión, del que uno por ciento procedería de desgrabaciones fiscales, al tiempo que la empresa aportaría 3 por ciento adicional. Únicamente el restante 1 por ciento correspondería directamente al trabajador. También se estudia incrementar gradualmente las pensiones del Estado, al tiempo que se retrasa gradualmente la edad de jubilación.

Por su parte, Francia ha detenido el debate sobre la edad de jubilación después de la reforma 2003 -que se alcanzó vía un extendidísimo consenso- que puso fin a las diferencias entre pensiones del sector privado y público. Ahora, sólo a partir de los 65 años una persona puede ser jubilada contra su voluntad. Existen excepciones para quienes hayan comenzado a trabajar entre los 14 y 16 años, pues en su caso los 40 años cotizados pueden alcanzarse antes de los 60 años. Cada año trabajado de menos de los 40 ó 41 exigidos reducirá, a partir de 2013, un 5% la pensión y sube un 3% anual hasta los 65 años.

Y aunque en Italia se prolongó en 2004 la vida laboral (la edad de jubilación para los hombres subirá a 60 años), la reforma que empezará a aplicarse en 2008, mantuvo a las mujeres en el sistema antiguo y quien haya cotizado un mínimo de 40 años podrá jubilarse, sea cual sea su edad. Además, la reforma incluye un estímulo económico a quien trabaje más allá de la edad de jubilación. En 2008, los jubilables que permanezcan en el puesto verán añadido a su salario un tercio de la suma aportada por la empresa a la Seguridad Social (El País, 27 y 29 de noviembre, 2005).

El rasgo común de estas reformas reposa en la defensa estratégica de los potenciales afectados por parte de sus gobiernos eficientes.

Argentina regresa a las pensiones públicas

Con un tenor similar, el gobierno de Kirchner tramita una ley que entierra la privatización obligatoria del sistema de pensiones que diseñara Menem en 1993, para sustituirla por un sistema mixto donde la previsión pública tiene un papel creciente. Con ella, los trabajadores argentinos podrán, 14 años después, optar entre seguir en el sistema privado (de capitalización) o volver al público (de reparto), una posibilidad que les negaba una ley de 1993 (El País, 18 de febrero, 2007).

La anomalía mexicana: el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Preservando la misma política económica de los últimos 20 años que no genera crecimiento ni empleo formal suficiente pero sí abundante pobreza, profundiza la desigualdad y es terreno fértil para el narcotráfico y la migración ¿cómo enfrentó Felipe Calderón y su gobierno la “reforma” del sistema de protección social de los servidores públicos que ampara el ISSSTE y que, por su alcance, constituye el segundo gran instituto nacional apenas superado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)?

Sin atreverse a evaluar el fracaso de la Nueva Ley que, en 1995, el entonces presidente Zedillo impuso al IMSS para privatizar las pensiones de los trabajadores del sector privado (Leal, 2007), y a pesar de que un estudio de la Comisión Federal de Competencia Económica probó que -12 años después de esa reforma regresiva- el nivel de las comisiones de las administradoras de los fondos de retiro (Afore) devoraron por entero los rendimientos netos anuales en las cuentas individuales de los trabajadores durante el período 1997-2006²; despreciando los avances que diversos actores habían identificado para el diseño de reformas posteriores a la del IMSS (SNTISSSTE, 2003), apoyándose sólo en cinco documentos de salida “única”³ y sirviéndose de la cúpula de un PRI para presentar una Iniciativa de “reforma”⁴ que, sin difusión previa, debate adecuado, prácticas parlamentarias cerradas⁵ (Cuadro 2) encontró desde el primer momento la manifiesta inconformidad -en los mismos recintos parlamentarios- de numerosos grupos afectados, Calderón se atrevió a imponer por “mayoría aritmética” una gravosa “reforma” financiera “integral” que -presentada como una urgencia para “salvar” a la institución (La Jornada, 21 de marzo, 2007) - ya votada, de inmediato calificó como “gran triunfo” (La Jornada, 29 de marzo, 2007), junto con algunos grupos patronales y calificadoras de deuda⁶.

Cuadro 2. Nueva Ley del ISSSTE: tiempo récord, 13 días

La “reforma” aprobada (Cuadros 3-4-5) no consultó a la derechohabiencia, impone el sistema de cuentas individuales -administradas durante los primeros 36 meses, con sus respectivas comisiones, por el PENSIONISSSTE (Cuadro 6), incrementa las cuotas para el retiro, disminuye el monto de la pensión jubilatoria, aumenta los requisitos para el retiro, no consideró la desvalorización de los salarios de los servidores públicos, ni el estancamiento en el número de derechohabientes⁷.

Cuadro 3. El bono de reconocimiento

Cuadro 4. Propuesta de Reforma al ISSSTE

Cuadro 5. Pérdidas y “ganancias”

Cuadro 6. Sobre el órgano directivo denominado PENSIONISSSTE

Tampoco fue precedida por una auditoría integral a todos los seguros que administra el ISSSTE (en especial, el de Pensiones, Fovissste y Tiendas y Farmacias), además de que no garantiza mejores servicios. Al contrario. A pesar de la situación del comprometido fondo médico (ISSSTE, 2005), la “reforma” contempla dilatar la participación de proveedores privados, incrementar la subrogación de servicios, fomentar la “competencia” entre los desfinanciados hospitales públicos y compactar el catálogo de prestación y servicios.

Con la nueva Ley, los servicios funerarios -que durante el foxismo reportaron una caída cercana al 24%⁷- quedan condicionados a “las posibilidades financieras del Fondo de Servicios Sociales y culturales”. La Ley abrogada no contemplaba ningún condicionante. Es probable que esta prestación desaparezca en el mediano plazo, toda vez que esa nueva Ley permite que particulares proporcionen el servicio a los asegurados, con cargo al ISSSTE.

Como broche y sin enfrentar de fondo el desafío pensionario mexicano, la “reforma” resulta, además, extraordinariamente cara: según el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) costará más de 2 billones de pesos, y seguirá siendo “insuficiente” (El Financiero, 28 de marzo, 2007).

Con amagos de paro y huelga nacional las calles fueron tomadas. La oficina de Joel Ayala (presidente de la FSTSE) fue asaltada y los trabajadores asegurados se ampararon para intentar protegerse de la nueva Ley e intentar derrumbarla, vía un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Saldos para la clase política

Sin lugar a dudas, el asunto público demandaba atención gubernamental, pero no la que se le impuso. La anomalía mexicana patentiza la corrección de las vías que, en otras latitudes, ensayan los gobiernos eficientes y anuncia el camino que deberá seguir el siguiente gobierno mexicano, si es que también quiere serlo. De paso ilumina retrospectivamente la calidad de las credenciales “democráticas” de la actual clase política y sus aficiones por confiscar autoritariamente el curso de los asuntos públicos.

Para tener la legitimidad y fuerza de realmente reformar, la mayoría involucrada debe ganar más con la propuesta de reforma que lo que con ella pierde. La “reforma” calderonista al ISSSTE no cumplen esta máxima: no sólo no resuelve el reto pensionario, también provocó más confrontación que acuerdo, más polaridad que convergencia. El primer paso de cualquier reforma es ganar el proyecto del gobierno con mejor información, persuasión y suficiente tiempo para la deliberación democrática. Sólo eso “gana”: organizando con claridad la naturaleza, tamaño y urgencia del problema público (Habermas, 1999).

Nada de esto hizo Calderón. Aunque producto de un “amarre” cupular arriba (Waldron, 2004), su “reforma” -como antes aconteció en el IMSS- va también al fracaso y reventará abajo.

Referencias

1. GARCÍA PELAYO, M (1974). Burocracia y tecnocracia. Alianza Universidad.        [ Links ]

2. GONZÁLEZ ROARO, B (2003). La Seguridad Social en el Mundo. Siglo Veintiuno Editores.        [ Links ]

3. HABERMAS, J (1999). “Tres modelos normativos de democracia”. En: La Inclusión del Otro, Paidos, pp. 231-246.        [ Links ]

4. ISSSTE (2005). Reforma Integral del ISSSTE. Disponible en: http://www.issste. gob.mx/reforma/sup_ref.html. Citado el 18 de febrero.        [ Links ]

5. ISSSTE (2005). Situación del Fondo Médico. Mimeo, agosto.        [ Links ]

6. LEAL F., Gustavo (2007). El ISSSTE bajo el foxismo, Serie Académicos, UAM-X; ISSSTE (2003) Logros y avances de la gestión institucional 2001-2003; ISSSTE (2004) El ISSSTE en la Historia 1959-2004, septiembre; Colección Editorial del Gobierno del Cambio (2005), La Seguridad Social de los Trabajadores del Estado: Avances y Desafíos, ISSSTE-FCE.        [ Links ]

7. LEAL F., Gustavo (2007). El IMSS bajo el foxismo. Serie Académicos, Núm. 73, UAM-X.        [ Links ]

8. SNTISSSTE (2003). Coloquio Perspectivas de la Seguridad Social en México y Latinoamérica. Memoria; Comisión de Seguridad Social. LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (2004), Sistemas de Pensiones. Desafíos y oportunidades; Comisión de Seguridad Social. LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (2006), Sistemas estatales de Pensiones; SNTISSSTE (2006), El SNTISSSTE convoca a construir una ‘nueva fórmula social en México’, La Jornada, 3 de octubre.        [ Links ]

9. WALDRON, J (2004). “Deliberación, desacuerdo y votación”. En: Hongju, H. y Slye, R. Democracia deliberativa y derechos humanos, Gedisa Editorial, pp. 249-263.        [ Links ]

Notas

1 En este caso, por clase política aludo al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, sistema de partidos, Poder Judicial de la Federación, medios de comunicación (salvo honrosas excepciones), cúpulas patronales, dirigencias sindicales, consultoras nacionales e internacionales y “expertos” académicos.

2 Según declaraciones de Eduardo Pérez Mota, presidente de la Comisión, El Financiero, 23 de noviembre, 2006.

3 World Bank (2001). México. A Comprehensive Development Agenda for The New Era, Chapter 10. pp.223-237; World Bank (2002) México-Technical Assistance for Public Sector Reform, ISSSTE, april; Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2003) Una propuesta de Reforma al ISSSTE, DGSV, 17 de julio; Senado de la República (2005) “Iniciativas de Ciudadanos Senadores Del Senador Joel Ayala Almeida, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado”, Gaceta Parlamentaria No. 145, 3 Año de Ejercicio, Primer Período Ordinario, 15 de diciembre; Cámara de Diputados (2007) “Iniciativa de diputados que expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Abroga la Ley del ISSSTE, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios”, Gaceta Parlamentaria, Año X, Núm.2214, 15 de marzo.

4 Este nuevo posicionamiento del PRI ya había sido ensayado en 2004 cuando el entonces diputado priísta Mario Fabio Beltrones, introdujo una Iniciativa que terminó modificando -desde el poder legislativo- el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores del IMSS. En su defensa, el SNTSS se amparó ante la SCJN. Casi dos años después, la Corte rechazó ese amparo negando que el sindicato tuviera “personalidad jurídica”. Ese nuevo posicionamiento del PRI se repitió con la controversial Ley Televisa y, ahora, cuando el diputado priísta Samuel Aguilar presentó la Iniciativa de “reforma” al ISSSTE. Se trata de un nuevo posicionamiento partidario (montado sobre los “diagnósticos” tecnocráticos) que cuestiona de raíz la naturaleza mediadora y de representación de los institutos políticos. Con su cuantioso financiamiento público como soporte, de hecho los ubica en un nuevo estatus de meta poder: el de brazos decisorios complementarios del Poder Ejecutivo. De tal suerte que el ciudadano elector que vota por ellos, recibe a cambio, no representación de sus intereses, sino decisiones ejecutivas que, con creciente frecuencia, están comprometiendo la cohesión profunda del pacto social. Véase al respecto, Norris, P. (2006) Political Protest in Fragile States, Harvard University, John F. Kennedy School of Government.

5 Al aprobar en lo particular la “reforma”, el debate senatorial “desechó todas las propuestas de modificación: un total de 17 artículos y 8 transitorios, impulsadas por las bancadas del PRD y Convergencia”, Reforma, 29 de marzo, 2007.

6 Aunque los “beneficios” se verán hasta el año 2012, Héctor Rangel Domene del BBVA-Bancomer apreció como “positiva” la “reforma”, mientras Mario Rodarte, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), estimó que ella es “una buena medida” y el Consejo Coordinador Empresarial la consideró como “un parteaguas que podría significar un viraje hacia la modernidad que el país necesita”. La calificadora Moody’s observó que la “aprobación es buena”, sostuvo, pero no suficiente para que la calificación de la deuda de México “sea revisada al alza”. Por su parte, Standard & Poor puntualizó: “puede ser útil para la clasificación de deuda soberana BBB, pero la perspectiva sigue sin cambios en estable”. La más entusiasta, Fitch Ratings, revisó al alza la perspectiva de la calificación crediticia del país, después de lo cual Roberto Galván, de la consultora Vanguardia Investment tildó de guerra sucia la opinión de Fitch para “presionar” a que otras calificadoras “hagan lo mismo” y cuestionó que “la calificadora con menor prestigio y número de clientes de las tres más importantes que operan a escala mundial, haya sido la que elevara la calificación para México y que el gobierno haga tanta perorata con ello, cuando con la reforma al ISSSTE sólo los grandes corporativos resultarán beneficiados”.

7 De acuerdo al estudio La Seguridad Social de los Trabajadores del Estado: Avances y Desafíos, op.cit, durante 10 años, la congelación de tarifas provocó que se llegara a subsidiar hasta 81% del servicio. Pero cuando en 2004, la administración institucional a cargo de Benjamín González Roaro actualizó los precios, aumentaron los ingresos de los velatorios en 128.5% (de 6 mil MP captados a más de 13), aunque el ajuste se tradujo en una reducción del 19% en el número de servicios.