Diego Bautista Urbaneja durante el guzmanato: Un jurisconsulto en el poder (1873-1888)

Diego Bautista Urbaneja during the guzmanato: a jurisconsult in power (1873-1888)

Jean Carlos Brizuela

Doctor en Historia por la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor Asociado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, adscrito a la Extensión Académica Mérida. Coordinador de la Maestría en Historia de Venezuela de la Universidad de Los Andes. E-mail: jeancarlosbrizuela@gmail.com

Resumen: En este artículo se revisa la actuación política de Diego Bautista Urbaneja Alayón, desde 1873 hasta 1888, como jurisconsulto y dirigente liberal al servicio del proyecto impulsado por Antonio Guzmán Blanco. La actuación pública de Diego Bautista Urbaneja durante el guzmanato, incluido en éste el interinato presidencial del general Hermógenes López para culminar el Bienio iniciado por Guzmán Blanco en septiembre de 1886, es examinada, a partir de sus ejecutorias concretas y sobre la base de fuentes documentales, hemerográficas y testimoniales, como reflejo de la relación de un conjunto de letrados con el poder, quienes sirvieron al “caudillo máximo” justificando el orden instaurado tras la revolución de 1870, pero también al desempeñar, dentro de la estructura gubernamental, funciones ministeriales, diplomáticas y legislativas; siendo Urbaneja uno de los más representativos de la pléyade al figurar entre los ministros con mayor influencia durante la hegemonía guzmancista, solo subordinado, en el hecho, al general Guzmán Blanco.

Palabras clave: Diego Bautista Urbaneja Alayón, Guzmanato, Letrados ente el poder, Liberalismo venezolano del siglo XIX.

Abstract: This article reviews the political performance of Diego Bautista Urbaneja Alayón, from 1873 to 1888, as a lawyer and liberal leader at the service of the project promoted by Antonio Guzmán Blanco. The public performance of Diego Bautista Urbaneja during the Guzmanato, included in this the presidential interim of General Hermógenes López to culminate the Biennium initiated by Guzman Blanco in September 1886, is examined, based on its concrete execution and based on documentary sources , hemerográficas and testimonials, as a reflection of the relationship of a group of lawyers with power, who served the “maximum leader” justifying the order established after the revolution of 1870, but also by carrying out ministerial functions within the governmental structure, Diplomatic and legislative; Being Urbaneja one of the most representative of the pleiade to appear among the ministers with greater influence during the Guzmancist hegemony, only subordinated, in fact, to the general Guzmán Blanco.

Keywords: Diego Bautista Urbaneja Alayón, Guzmanato, Lawyers in power, Venezuelan liberalism in the nineteenth century.

Recibido: 15-06-2016

Aprobado: 11-03-2017

Diego Bautista Urbaneja (1817-1892)

El Cojo Ilustrado Nro. 72, del 15 de diciembre de 1894

A modo de introducción

Si bien la relativa estabilidad política alcanzada durante la segunda mitad del Septenio y en el Quinquenio guzmancistas descansó, en buena medida, sobre la sociedad caudillesca o el acuerdo entre caudillos, como advierten Mary Floyd e Inés Quintero, que configuró un sistema de coexistencia y a la vez de sujeción, dominado desde la cúspide del poder por el “caudillo máximo”¹; no es menos cierto que en el marco de aquel proceso de edificación del orden institucional post-revolucionario, también intervino la función legitimadora de una pléyade letrada que contribuyó con la formulación del proyecto liberal impulsado por Antonio Guzmán Blanco, mediante un conjunto de aportes, dada su formación y sus conocimientos en distintas áreas, en diferentes ramos, ámbitos y niveles de la administración pública.

En el presente trabajo, apoyado en fuentes documentales, testimoniales y hemerográficas, nos aproximaremos a la relación de Diego Bautista Urbaneja Alayón con el poder, al revisar sus ejecutorias políticas concretas, como hombre de pensamiento y acción, al servicio del orden instaurado por el Guzmán Blanco tras el triunfo de la revolución de abril de 1870.

Examinaremos, así, la actuación de este jurisconsulto, quien hizo parte del núcleo central e inicial del proyecto liberal guzmancista al cual sirvió en calidad de ministro del más alto nivel, como justificador y uno de los dirigentes liberales de mayor influencia en la vida pública nacional de entonces, solo subordinado, en el hecho, al “gran caudillo”.

Hombre de poder durante los gobiernos guzmancistas

Durante el Septenio y Quinquenio guzmancistas Diego Bautista Urbaneja Alayón (1817- 1892), licenciado y doctor en Derecho Civil egresado de la Universidad de Caracas, ocupó importantes espacios de poder político, al ejercer los roles de ministro de Interior y Justicia, comisionado especial del Ejecutivo Nacional, de congresista, canciller y de encargado de la Presidencia de la República en varias ocasiones. En septiembre de 1872 el presidente Antonio Guzmán Blanco creó una comisión general de códigos en atención a la necesidad, conforme lo dicta el decreto, de arreglar la legislación “en sus diferentes ramos con el fin de uniformarla y adoptarla a nuestras instituciones”². Para ello, Guzmán Blanco se valió de los servicios de un conjunto de individuos que sabía aportarían, por su perfil y formación intelectual, a los trabajos de aquella comisión que debía redactar los Códigos Civil, de Comercio, Penal y Militar³. Guzmán delegó en el ministro Urbaneja la responsabilidad de ejecutar lo relacionado con dicho decreto.

Guzmán nombró, en febrero de 1873, a Martín J. Sanavria ministro de Interior y Justicia⁴, mientras Diego B. Urbaneja, quien venía ejerciendo esa cartera desde 1870, participaba activamente en las “comisiones técnicas de reconocida competencia”⁵ que redactaron los códigos: Urbaneja participó, particularmente, en la redacción del código civil junto con José Reyes Piñal, Luis Sanojo y Ramón F. Feo⁶. Acerca del desempeño de Diego B. Urbaneja en estas labores, el propio Guzmán Blanco expresó: “Urbaneja no solo llenó todos esos deberes, sí que, como jurisconsulto eminente, tomaba parte en los trabajos de las comisiones que elaboraron los Códigos de nuestra legislación civil, criminal, fiscal y militar misma”⁷.

Urbaneja también formó parte, en 1873, del Congreso en calidad de diputado por el Distrito Federal e integró las Comisiones permanentes de Interior, Negocios eclesiásticos y Peticiones de la Cámara de Diputados⁸; representación parlamentaria que repitió durante las sesiones legislativas de 1874, en las cuales se discutieron y aprobaron las reformas constitucionales que Guzmán recomendó como la culminación de “la Revolución de Abril [y de las cuales] depende que la obra que estamos levantando sea inmortal”⁹. En septiembre de 1874, hallamos nuevamente a Diego B. Urbaneja al frente del ministerio de Relaciones Interiores¹⁰.

El 17 de octubre de 1874 se alzó en Coro el general León Colina, a quien luego se sumó el general José Ignacio Pulido en el Oriente del país. La rebelión empezó con una declaración de la Asamblea Legislativa del Estado Falcón que expresaba: “La autoridad que ejerce en el Distrito Federal el ciudadano General Antonio Guzmán Blanco es atentatoria, tiránica y usurpada…El Estado falcón declara la guerra a la usurpada autoridad del General Antonio Guzmán Blanco”¹¹. Aquella proclama falconiana denunciaba que Guzmán Blanco había “usurpado la Presidencia de la Unión, que le confiara el Congreso de Plenipotenciarios reunido en Valencia, pretextando, falsamente, reformas constitucionales que no han tenido lugar sino para perpetuarse en el mando de la República hasta 1877”¹². Según González Guinán, ambos caudillos “se habían resentido porque se creyeron postergados en el año anterior en la elección de Designados”¹³ y agrega que Pulido “por circunstancias, más que políticas, privadas, se distanció personalmente”¹⁴ de Guzmán, mientras que Colina “por intereses locales, relacionados con el Estado Falcón (Coro), se mostró descontento”¹⁵.

Contra aquel movimiento, Guzmán Blanco dispuso “abrir campaña sobre Oriente para evitar que el general Pulido conmoviese aquella región y envió un cuerpo de 600 hombres, a las órdenes del señor general Víctor Rodríguez y del señor Dr. Diego B. Urbaneja”¹⁶. Éste, “como Ministro del Ejecutivo y con carácter de Comisionado Especial, debía ejercer jurisdicción sobre los Estados orientales”¹⁷. En efecto, a comienzos de noviembre de 1874 las fuerzas al mando de Urbaneja y Rodríguez “ocuparon la ciudad de Aragua”¹⁸ y, el 25 del mismo mes, “regresaba a Caracas el Ministro señor doctor Urbaneja, dejando concluida la campaña de Barcelona”¹⁹. Tal como lo hizo en días previos a la Revolución de Abril, Urbaneja apoyó, siendo civil, las operaciones militares en favor de los intereses de su partido ahora en el poder.

Entre finales de noviembre y principios de diciembre de 1874, Guzmán Blanco entró en campaña militar para enfrentar los brotes insurgentes en los estados occidentales del país, por lo que, el 8 de diciembre de ese año, convocó “el Consejo de Ministros para que designase el ciudadano que debía encargarse del Ejecutivo durante su ausencia, y fue elegido el señor doctor Diego Bautista Urbaneja, quien tomó inmediatamente posesión del cargo”²⁰.

Mientras Guzmán Blanco se trasladó de La Guaira hacia Puerto Cabello para, desde ahí, emprender operaciones contra los amotinados en Barquisimeto y Coro; el general José María García Gómez, presidente del estado Bolívar, reprimió, hasta derrotar, a los alzados en su jurisdicción. El 3 de enero de 1875 Guzmán Blanco avisó a Urbaneja, encargado del Ejecutivo Federal, que Barquisimeto “se hallaba en completa paz”²¹ y, tras la ocupación de Coro el 1ero de febrero de 1875 por el Ejército Constitucional, le informó tres días más tarde: “ha terminado la revolución y podemos dar por restablecida la paz de la República. El general Colina vino ayer a mi campamento y en mi casa tuvo una conferencia conmigo”.²² El resultado, agrega Guzmán, “fue convenir en la entrega de todas las armas y municiones y la salida del país de los jefes principales de la revolución. El Estado todo está a favor del Gobierno”²³. Fue aquella la primera vez que Guzmán confió la silla presidencial a su allegado y leal colaborador, lo que repitió en sucesivas ocasiones. Urbaneja estuvo encargado del Poder Ejecutivo Nacional durante tres meses, pues Guzmán Blanco reasumió la conducción formal del gobierno el 16 de marzo de 1875²⁴.

Guzmán partió hacia Macuto, “en viaje de salud”²⁵, el 28 de marzo de 1875 y el Consejo de Ministros designó a Urbaneja, nuevamente, “para reemplazarlo durante su ausencia”²⁶ que se extendió hasta el 26 de abril de 1875²⁷. El 13 de abril Guzmán escribió a Urbaneja, desde Macuto, transmitiéndole noticias de una posible revuelta que no tenía, según lo expresa, posibilidad alguna de avanzar en propósitos, pues “todos los actuales Presidentes son aliados del Gobierno; y como ellos…todos los que tienen mando militar…Todo, todo el país está conmigo, y conmigo defenderá su porvenir”²⁸. Como si se tratara de una advertencia a quien, por muy cercano a su círculo, osara rebelarse, comenta: “Esta es una situación muy sólida; las más sólida que cabe en la República. Toda intentona la espero tranquilo y seguro de escarmentarla”²⁹.

A la par de afirmar que cuenta con “los Gobiernos de los Estados… los parques, las municiones, la marina, el comercio, la agricultura, las industrias, los hombres de ciencia, los capitalistas y el dinero para afrontarlo todo”³⁰, ostentando con ello control absoluto del país; sugiere a su tío, como lo llamó curiosamente en aquella correspondencia, lo que, según él, merece atención por parte del encargado de la silla presidencial: “En mi concepto, el Gobierno lo que debe es persistir en los caminos, puentes y ornato de las poblaciones; en los canales y acueductos; en las escuelas y colegios y Universidades; en la inmigración, etc., por un lado”³¹ y, por otro, “en reducir a prisión a todo el que conspire, sea quien fuere y cueste lo que costare”³². La fórmula era clara: fomentar progreso material y garantizar obediencia absoluta al orden impuesto.

González Guinán apunta que, en la citada carta, Guzmán Blanco dio por primera vez el trato de pariente a Urbaneja, tío de su esposa Ana Teresa Ibarra, “y se dijo entonces que lo había hecho intencionalmente para significarle que, por el parentesco de afinidad que les unía, estaba impedido por la Constitución para aspirar la Presidencia de la República”³³. Asumiendo como cierta la intención de neutralizar las aspiraciones presidenciales de Urbaneja, el interés de Guzmán Blanco parecía ser el de ungir a un caudillo-sucesor subordinado a su autoridad, en aras de mantener vigente el pacto inter-caudillista sobre el cual se sostenía y de retornar al poder en corto tiempo.

El 29 de abril de 1875 fueron instaladas las sesiones ordinarias de la Legislatura nacional, con la elección de Antonio Leocadio Guzmán y Laureano Villanueva para presidir las Cámaras del Senado y de Diputados, respectivamente; por lo que Guzmán Blanco “compareció ante ellas [el 5 de mayo] para dar lectura al Mensaje anual”³⁴. El día siguiente, 6 de mayo, Guzmán Blanco regresó a Macuto³⁵ y Urbaneja continuó al frente del Poder Ejecutivo Federal: a mediados de mayo de 1875 Urbaneja, en calidad de “Ministro encargado del Ejecutivo…Ministro y Presidente de la República al mismo tiempo”³⁶, asistió a la Cámara de Diputados del Congreso Nacional para presentar, junto con los ministros del despacho, sus respectivas memorias.

Diego Bautista Urbaneja, encargado del Ejecutivo Nacional, al dirigirse a la Cámara, manifestó: “En cumplimiento del precepto que le impone la Constitución viene hoy el Ministerio a cumplir el honroso deber de presentar las Memorias de los respectivos departamentos en que está dividido el Poder Ejecutivo Federal”³⁷. En aquella comparecencia también se entregaron a la Cámara de Diputados, acorde con lo expresado por Urbaneja, “7 volúmenes de la Recopilación de Leyes de Venezuela, conteniendo también los decretos del Poder Ejecutivo, desde 1830 hasta 1873, un volumen de Leyes y decretos Ejecutivos sancionados en 1874”³⁸.

El diputado Laureano Villanueva, presidente de la Cámara, tras la intervención de Urbaneja, en clara adhesión al gobierno, expresó: “la Cámara como el país conoce ya esa cuenta, no porque hayan leído esas Memorias, sino porque…están viendo las grandes obras del Gobierno en todos los ramos de la Administración, porque esa cuenta que hoy rinde el Ministerio…no puede estar en esas Memorias”³⁹, pues ella está, agrega, “en esa popularidad inmensa de que goza el Ministro del Interior, por sus servicios a la patria, por el orden público asegurado, por la entonación que ha sabido dar al gobierno civil”⁴⁰. En aquellas sesiones legislativas, atendiendo a lo acordado por el Congreso de 1873 sobre honores a Guzmán Blanco, quedó integrada la comisión que habría de ejecutar lo relativo a “la erección de la estatua” del mencionado caudillo, con los diputados Villanueva, Terrero Atienza y Francisco Izquierdo⁴¹.

Guzmán Blanco regresó de Macuto el 20 de mayo y se reencargó de la presidencia cuatro días más tarde⁴². El mismo día que Guzmán reasumió sus funciones presidenciales en Caracas, el 24 de mayo de 1875, Diego B. Urbaneja se incorporó a la Legislatura Nacional en calidad de diputado por el Distrito Federal⁴³. En la sesión del 28 de mayo, Urbaneja fue electo presidente de la Cámara de Diputados con 41de los 46 votos posibles, obteniendo Raimundo Andueza Palacio igual votación para ocupar la vicepresidencia de ese órgano parlamentario⁴⁴. Esta circunstancia en la cual Diego B. Urbaneja pasó de encargado del Ejecutivo Federal a Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso, patentiza su condición de hombre del poder cercano a Guzmán, utilizado por éste en los espacios donde la conveniencia política lo reclamara.

Alegando problemas de salud, Guzmán Blanco se separó nuevamente del ejercicio presidencial el 6 de julio de 1875, reemplazándolo en esta ocasión el general Miguel Gil, ministro de Guerra y Marina, “por designación del Consejo de Ministros”⁴⁵. El 1ero de septiembre de 1875 Guzmán reasumió el gobierno y reconstituyó el gabinete, ratificando a Urbaneja como ministro de Relaciones Interiores⁴⁶.

Poco antes de culminar el Septenio, el 8 de enero de 1877, Guzmán Blanco encargó del Ejecutivo a Diego Bautista Urbaneja por ocho días, mientras visitaba sus posesiones agrícolas de Guayabita y Antímano ⁴⁷. El 29 de enero Guzmán Blanco partió hacia Valencia para inaugurar varias obras públicas y asistir además al inicio operativo del tramo ferroviario Tucacas-Minas de Aroa el 7 de febrero, dejando nuevamente encargado de la Presidencia al ministro Diego B. Urbaneja⁴⁸ hasta el 10 de febrero, cuando retornó a Caracas. Al momento de producirse la entrega del Gobierno al Presidente de la Alta Corte Federal, Jacinto Gutiérrez, el 20 de febrero de 1877, como lo ordenaba la Carta magna vigente entonces, se constituyó el gabinete de la transición constitucional con Gutiérrez a la cabeza y con los “mismos señores que habían venido sirviendo los Ministerios”⁴⁹, entre ellos Urbaneja en Relaciones Interiores.

Instalada la Administración del general Francisco Linares Alcántara, el Congreso Nacional organizó, en sus sesiones del 8 y 9 de marzo de 1877, “la primera representación del Poder Judicial de la República, que era la Alta Corte Federal”⁵⁰, siendo elegido Urbaneja entre sus miembros principales, junto con Jacinto Gutiérrez, Juan Pablo Rojas Paúl, el general José María Ortega Martínez y el mismo Guzmán Blanco⁵¹. Para ocupar el cargo de Ministro de Relaciones Interiores en el nuevo Gobierno, el presidente Alcántara designó a Laureano Villanueva.

Urbaneja y la reacción antiguzmancista

Mientras ocupaba la Presidencia del Senado, en abril de 1877, en ocasión de presentar su salutación al presidente Francisco Linares Alcántara en el Palacio Federal, como lo hicieron distintos dignatarios presentes en la recepción oficial, a propósito de la Apoteosis del doctor José María Vargas efectuada el 27 de aquel mes⁵², Urbaneja aludió “las tendencias reaccionarias que se habían comenzado a manifestar”⁵³ en contra del presidente saliente Guzmán Blanco, hacia quien mantuvo apego invariable y de quien había expresado en 1873, justificando sus procedimientos y presentándolo como el reorganizador del país, que su “capacidad…superior a su ambición, ha establecido el orden en una sociedad que todo lo había destruido. Ha reorganizado en dos años lo que hubiera sido tarea de siglos bajo un régimen constitucional”⁵⁴. En aquellas circunstancias iniciaba un proceso que, teniendo como resultado el distanciamiento de Alcántara y Guzmán Blanco, produjo el primer gran cisma en el Partido Liberal Amarillo: en dicho proceso Urbaneja, como se leerá más adelante, tuvo su cuota de participación.

Tal tendencia reaccionaria insinuada por Urbaneja, sugiere un conjunto de expresiones que, manifestadas como impugnación y denuncia a las ejecutorias autocráticas guzmancistas, concluido el Septenio, configuraron un cuadro de confrontación política entre quienes se mantuvieron leales a Guzmán Blanco y quienes, al contrario, optaron por deslindar del “Jefe de la Causa de Abril”. Aquella “tendencia reaccionaria” comenzó a manifestarse, quizás como expresiones aisladas, en las denuncias de José de Jesús Paúl a través de su periódico La Prensa Libre, al opinar que “engañosamente se quieren hacer solidarias las responsabilidades del partido liberal con las de un solo hombre…todo el país lo sabe que el caudillo de la Revolución de Abril no ha dejado de ser caudillo hasta la última hora de su gobierno”⁵⁵; y en el incidente producido en el Congreso el 11 de mayo de 1877, a consecuencia de la destitución de Nicanor Bolet Peraza de la secretaría de la Cámara por mayoría de votos, tras propuesta del diputado general Francisco Vásquez, lo que Bolet atribuyó, en recia arenga, a la influencia de Guzmán Blanco.

Aquel escándalo parlamentario, según González Guinán, tomó grandes proporciones. La Cámara del Senado, reseña el historiador pro-guzmancista, “acababa de cerrar sus sesiones del día, y su Presidente, señor Doctor Diego B. Urbaneja, atravesó el pasillo del edificio, y colocándose en la entrada del Salón de los Diputados, los exhortó con frases fuertes a abandonar sus puestos”⁵⁶, sin embargo la discusión continuó hasta que, aprobada la proposición de Vásquez, el diputado general Francisco Tosta García sustituyó a Bolet Peraza en la secretaría de la Cámara. Días antes, el 23 de abril, Bolet Peraza fue separado del equipo redactor de La Opinión Nacional, diario de línea guzmancista, toda vez que su dirección consideró que había entrado en discordia con Guzmán Blanco: toda aquella situación inició una cadena de eventos que animaron la llamada, por los partidarios de Guzmán Blanco, reacción antiguzmancista.

Otros hechos que estimularon la oposición antiguzmancista, advertida desde un primer momento por Urbaneja, fueron la promulgación del denominado decreto de paz, el 24 de mayo de 1877, que permitió el retorno al país de algunos antagonistas de Guzmán Blanco, entre ellos el general León Colina y el arzobispo Silvestre Guevara y Lira⁵⁷; el impulso, desde mayo de 1878, al plan de reformas constitucionales que invocaba la “revalidación de la Constitución federal de 1864”⁵⁸, cuyo objetivo fundamental era extender el período presidencial de dos a cuatro años; y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente el 12 de septiembre de 1878⁵⁹ que se instaló, finalmente, el 11 de diciembre del mismo año, tras la repentina muerte del presidente Alcántara: el punto crucial de aquella Constituyente, que apenas estrenada ratificó a Jacinto Gutiérrez al frente del Poder Ejecutivo Federal, fue el acuerdo de demoler las estatuas de Guzmán Blanco erigidas en el paseo de El Calvario y en la plaza del Capitolio de Caracas⁶⁰, cuyo acto se consumó el 22 de diciembre de 1878.

En marcha “la reacción periodística contra la Administración del Septenio y su jefe, el general Guzmán Blanco”⁶¹ y ante la agitación política que comenzaba a experimentarse en Caracas donde circuló una hoja suelta titulada Guzmán Blanco, en la que, bajo anonimato, se señaló a éste de “insigne malhechor [quien] corrompió la República para mandarla mejor”⁶²; no faltaron “quienes protestaban contra la reacción, y también contra la que apellidaban indolencia connivente del Poder público”⁶³ y, al conocerse que el presidente Francisco Linares Alcántara se trasladaría junto con su familia hacia El Valle, en las afueras de la capital, un grupo de exaltados a cuya cabeza “figuraban los señores doctor Diego B. Urbaneja y general Nicolás Mariano Gil, llegaron a opinar por la necesidad de un alzamiento en masa contra el Gobierno que defraudaba sus esperanzas y los arrojaba a la voracidad vengativa de sus adversarios políticos”⁶⁴. Según afirma González Guinán, Guzmán Blanco no participó “de tales extremas ideas, y habló a aquellos sus deferentes amigos…para recomendarles la calma”⁶⁵.

Urbaneja encabezó una Manifestación pública, el 3 de mayo de 1877, suscrita por varias personalidades, difundida a través de las páginas de La Opinión Nacional, que expresó “completa adhesión al Ilustre Americano, villanamente atacado”⁶⁶. Días más tarde, el 20 de mayo, al culminar las sesiones legislativas, fueron ratificados el decreto que aprobó “todos los actos de administración y gobierno ejercidos por el señor general Guzmán Blanco durante el Septenio”⁶⁷ y el acuerdo que confirió al presidente Francisco Linares Alcántara “el título oficial de Gran Demócrata de Venezuela”⁶⁸. El 24 de mayo Alcántara, como se dijo, expidió un decreto que permitió “regresar libremente al territorio de la República a todos los venezolanos que se encontrasen fuera de él por causas políticas y mandando a sobreseer en todas las causas pendientes”⁶⁹.

Según González Guinán, así fue surgiendo la llamada reacción, “tomándose como punto de partida un decreto que no respondía a ninguna necesidad pública”⁷⁰, puesto que, en su opinión, la de un visible guzmancista, “no había ciudadanos proscritos, ni enjuiciados, ni encarcelados”⁷¹, a lo que añade: es cierto que el Septenio “no fue un período de estricta legalidad, ni podía serlo. Nació del estruendo de la guerra y se sostuvo con el arma al brazo…pero los cargos que pudieran pesar sobre aquel Gobierno discrecional no podían afectar únicamente al señor General Guzmán Blanco”⁷². El 27 de mayo de 1877 Guzmán renunció, desde Saint-Thomas, a la Presidencia de los Estados que lo eligieron mandatario y al puesto de Presidente de la Alta Corte Federal⁷³, retirándose a Europa para evitar, según alega, que su presencia pueda “dar al aleve espíritu reaccionario pretexto para atribuirme una injerencia indebida en la Administración”⁷⁴, perjudicando así “la amistad que conmigo une al actual Presidente de la Unión”⁷⁵; lo que al cabo, en su palabras, “ofendería al sentimiento público, humillaría al jefe de la República y comprometería mi gloria”⁷⁶.

El presidente Alcántara decretó, el 12 de septiembre de 1878, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para reconstituir, según lo recoge la alocución presidencial, “el Pacto de Unión bajo las bases establecidas en la inmortal Constitución de 1864”⁷⁷ y avanzar en “el camino del progreso, perfeccionando sus instituciones, sin derramar una gota de sangre”⁷⁸. Entendido el paso dado por Alcántara como pretensión continuista y, por tanto, como la definitiva suspensión del proceso eleccionario, hubo inmediata respuesta por parte de quienes se oponían al nuevo escenario político nacional, considerado inconstitucional por el guzmancismo.

Diego Bautista Urbaneja y el general Joaquín Crespo lanzaron desde Trinidad una proclama, el 20 de septiembre de 1878, titulada Golpe de Estado en la cual condenaron los procedimientos de Alcántara y calificaron de “monstruoso”⁷⁹ el decreto que, según los subscritores, se fundamentaba en “los clamoreos de una prensa asalariada”⁸⁰. Adujeron que la Constitución de 1874 “ha podido reformarse y puede ser reformada, pero por la Legislatura Nacional, a solicitud de la mayoría de las Legislaturas de los Estados”⁸¹. La reforma, expresa el manifiesto de Urbaneja y Crespo, es “un engaño, porque solo es un medio para retener indebidamente el poder después del 20 de febrero de 1879”⁸² y, al declarar ilegítima la autoridad de Alcántara, sentencian: bajo la “farsa… de un reconocimiento y sumisión a la soberanía de un pueblo…lo que ha querido en realidad, y está consumado ya, es el crimen premeditado de usurpación de poder por parte del general Linares para perpetuarse en el mando de la Nación”⁸³.

El manifiesto de Urbaneja y Crespo estimuló, en aquel contexto, nuevas conmociones revolucionarias que se acrecentaron con la inestabilidad política producida por la inesperada muerte del presidente Alcántara el 30 de noviembre de 1878. Todo aquello culminó con el retorno de Guzmán Blanco al poder, en febrero de 1879, como consecuencia del movimiento revolucionario que estalló en la ciudad de Valencia el 28 de diciembre de 1878.

Entre encuentros y desencuentros con su jefe, amigo y sobrino político

Guzmán Blanco fue recibido en Caracas, el 25 de febrero de 1879, como jefe del movimiento revolucionario triunfante y, al día siguiente, tomó posesión del gobierno en calidad de “Supremo Director de la Reivindicación Nacional”; a la vez constituyó su gabinete en el cual figuró Diego Bautista Urbaneja como ministro de Interior y Justicia. El 27 de febrero Guzmán Blanco convocó por decreto a un Congreso de Plenipotenciarios de los Estados de la Unión “para que se reúna en Caracas y proceda a la organización provisional de la República”⁸⁴ y creó un “Consejo de Administración, compuesto de 12 miembros… [cuyo] cuerpo intervendría con su voto deliberativo en la expedición de los Decretos Ejecutivos y en el nombramiento y remoción de todos los empleados civiles que tocara hacer al jefe del Gobierno Nacional”⁸⁵. El ministro de Relaciones Interiores, a la sazón Diego Bautista Urbaneja, “sería el Presidente nato del Consejo y tendría en él voz y voto deliberativo, y los demás Ministros de Estado podían concurrir a las sesiones, pero solo tendrían voz y voto consultivo”⁸⁶. Dicho consejo se instaló, según precisa González Guinán, el 5 de marzo de 1879⁸⁷.

El 27 de abril de 1879 se instaló el Congreso de Plenipotenciarios de los Estados Unidos de Venezuela, cuyas sesiones ordinarias culminaron el 13 de mayo, extendiéndose las extraordinarias hasta el 19 de mayo de aquel año. Dicho Congreso, el 10 de mayo, con el voto favorable de los 20 plenipotenciarios, “declaró en nombre de los Estados Unidos de Venezuela electo Presidente Provisional de la República…al general Antonio Guzmán Blanco”⁸⁸. Asimismo, previa solicitud de Guzmán, el Congreso prestó su “consentimiento para que el Presidente provisional de Venezuela…realice su viaje a Europa después que haya prestado el juramento de ley”⁸⁹ y acordó la suma de “veinticinco mil venezolanos para [sus] gastos de representación en Europa”⁹⁰.

Pese a que hubo quienes se mostraron en desacuerdo con su prolongado viaje, como lo sugiere a su esposa⁹¹, el 30 de mayo de 1879 Guzmán Blanco anunció que con aquiescencia del Congreso de Plenipotenciarios se separaba del Poder Ejecutivo Federal para viajar a Europa, por lo que “reunió en la tarde del mismo día 30 el Gabinete y designó para encargarse de la Presidencia al señor doctor Diego B. Urbaneja…habiendo sido llamado el general Nicolás Mariano Gil a reemplazar al doctor Urbaneja en el Ministerio”⁹². El 6 de junio de 1879 Guzmán Blanco partió de La Guaira, no sin antes recibir un banquete obsequiado por la comitiva que le acompañó al puerto, encabezada por el Presidente encargado: entonces Urbaneja pronunció, según González Guinán, unas palabras en absoluta señal de lealtad, pues dijo “que aquél no era el banquete de la felonía y de la insidia, haciendo alusión al que ofrecieron en 1877 en aquel lugar los gobernantes de la época”⁹³.

En aquella ocasión fueron casi seis los meses que Urbaneja estuvo encargado del Ejecutivo Federal. Durante ese lapso Urbaneja se destacó, conforme con los juicios guzmancistas, por su probada lealtad al “gran caudillo”. Se inició en su interinato presidencial, según dice González Guinán, con el aplauso general del país, pues “a la energía de su carácter aunaba la claridad de su intelecto, la cultura de su espíritu y la moralidad de su conducta pública y privada”⁹⁴. Su primer acto de gobierno fue la expedición de un decreto, el 13 de junio de 1879, que eliminó “los impuestos sobre la sal y el pescado que se cobraban en La Guaira y cualquier otra contribución con que los Distritos Aguado y Vargas concurrían a formar la renta del Estado Bolívar”⁹⁵, porque habiendo “sido anexados al Distrito Federal dichos distritos, el Gobierno Nacional, para resarcir la disminución que había sufrido en su renta el expresado Estado, le había señalado una suma en compensación, pagadera por las rentas municipales de Caracas”⁹⁶.

En aquel interinato al frente del Ejecutivo Nacional también se efectuaron las elecciones presidenciales y parlamentarias, en agosto de 1879, bajo control guzmancista. Al referir la supuesta imparcialidad que las autoridades gubernamentales prescribieron a las dependencias oficiales durante el proceso electoral, González Guinán resalta la respuesta pública que dio Diego B. Urbaneja, presidente encargado de la República, a un ciudadano que pidió lo recomendara “para miembro del futuro Congreso”⁹⁷: en cuanto a la “carta recomendaticia que usted me pide para el General N., le contestaré a usted lo que he contestado a otros en idéntico caso”⁹⁸. Las elecciones deben ser completamente libres, acota, “y a esto se opone toda intervención directa e indirecta que tome, bien el Gobierno General o Seccional”⁹⁹, de manera que “usted…tendría mañana en mi recomendación una prueba de no haber habido libertad eleccionaria…a usted le toca predicar esta doctrina, y éste será uno de los mejores servicios que usted podrá prestar a la causa para el presente y para el porvenir”¹⁰⁰. Valiéndose de este episodio protagonizado por el Encargado de Poder Ejecutivo Nacional, González Guinán se empeña en mostrar, tal cual lo afirma, que entonces “las autoridades garantizaban la libre emisión del voto”¹⁰¹.

El 28 de septiembre de 1879, con un país en relativa calma, se reinstalaron las estatuas de Guzmán Blanco en demostración del triunfo de la revolución reivindicadora, como se llamó entonces al movimiento que regresó el poder al caudillo en febrero de ese año, pero también en cumplimiento de lo acordado por el Congreso de Plenipotenciarios en su conferencia del 8 de mayo de 1879¹⁰².

Cuando se acercaba la llegada de Guzmán Blanco al país, Urbaneja debió encarar divergencias, en cuanto a formas de proceder, con los generales Andrés Simón Ibarra, Comandante de Armas del Distrito Federal, y Joaquín Crespo, Delegado militar del Centro. Ante “serios temores de una inmediata perturbación del orden público”¹⁰³ abrigados por el Comandante de Armas, conociéndose la insatisfacción en torno al Protocolo Rojas-Pereire¹⁰⁴, Ibarra expuso a Urbaneja sus inquietudes, informándolo que había “llamado a la capital al señor general Crespo, quien estaba en marcha con algunos cuerpos de tropa”¹⁰⁵ para auxiliarlo en caso de una eventual alteración y recomendándole que, en tales circunstancias, “era menester tomar activas resoluciones, comenzando por reconstruir el Gabinete Ejecutivo, a fin de restablecer la confianza pública”¹⁰⁶ dada la agitación incipiente y la vacilación, según sugiere, de algunos empleados nacionales quienes con sus posturas favorecían a la oposición política y a sus “periódicos reaccionarios”.

Urbaneja, encargado del gobierno, replicó a Ibarra sorprendido “del movimiento efectuado por el señor general Crespo, sin la orden del Gobierno, [y] se quejó de la violencia en el procedimiento”¹⁰⁷, agregando “que no sólo desaparecería el gabinete actual, sino él mismo, de la escena pública”¹⁰⁸, asomando con ello su renuncia al cargo; opinión con la cual estuvo en desacuerdo el general Ibarra por considerarla inconveniente hasta para el mismo Urbaneja, su tío, pues “si éste rodaba por la pendiente de los desaciertos de otros empleados cargaría de hecho con iguales responsabilidades, lo que era inaceptable por su sincera adhesión al Presidente General Guzmán”¹⁰⁹. Aquella conferencia, efectuada el 17 de noviembre de 1879, finalizó “allanándose el señor doctor Urbaneja, aunque con amargura, a su continuación al frente del Gobierno y conviniendo en la renuncia de los ministros”¹¹⁰, con excepción de los titulares de Relaciones Interiores y Relaciones Exteriores. Un día después de la conferencia, Crespo entró a Caracas con dos batallones de infantería “en apoyo a los procederes de dicho general Ibarra”¹¹¹, declinando la propuesta de asumir el Ministerio de Guerra y Marina bajo el argumento de que su responsabilidad estaba en servir “la Delegación militar del Centro y la Jefatura civil y militar de Maracay”¹¹², por las que debía responder a su jefe Guzmán Blanco.

Superada tal situación y de vuelta Guzmán Blanco al país, éste “elogió la conducta prudente, moderada y acertada con que el señor doctor Urbaneja había desempeñado la interina”¹¹³; aunque años después, refiriéndose González Guinán a esta coyuntura, a la par de reconocer la rectitud y lealtad de Urbaneja, censuró su condescendencia observada entonces “con algunos adversarios y descontentos, [cuya] conducta produjo indudablemente dificultades en la política y en la administración, relajando, además, el principio de autoridad”¹¹⁴. El 1ero de diciembre de 1879 Guzmán Blanco se encargó del Ejecutivo Nacional y constituyó un nuevo gabinete, designando a Diego B. Urbaneja ministro de Relaciones Interiores^115. No obstante, Urbaneja no tomó posesión inmediata, “por lo cual continuó al frente de ella…el general Nicolás Mariano Gil”¹¹⁶. Urbaneja se incorporó al gobierno, como ministro de Relaciones Interiores, en abril de 1880¹¹⁷.

El 5 de marzo de 1880 se instalaron las Cámaras legislativas y, dos días después, Guzmán Blanco presentó ante ellas el mensaje presidencial. En su mensaje, Guzmán propuso al Congreso Nacional dedicar buena parte de su trabajo legislativo, en aquel período de sesiones ordinarias, al tema de las reformas que consideraba asunto urgente. En este sentido expresó: “Venís a sellar lo que los Estados Unidos de la Unión [sic] representados en el Congreso de Plenipotenciarios, dejaron establecido como base de la Federación Venezolana”¹¹⁸…El Congreso de Plenipotenciarios de los Estados, añade, “decidió y fijó dos puntos capitales que entraña la reforma constitucional. Con plenos poderes dejó establecida la reducción de los 20 Estados actuales a los 7 grandes Estados del porvenir, y la formación de un Poder Ejecutivo…impersonal, con un Consejo federativo”¹¹⁹.

El Congreso revisó, el 13 de marzo, los registros electorales y declaró que en Guzmán Blanco recayó la votación de los veinte estados. Seguidamente fue proclamado presidente electo de la República y se fijó el 17 de marzo para tomarle juramento constitucional. Otro tema de la agenda legislativa fue el de las reformas constitucionales que los guzmancistas, encabezados por el propio Guzmán, como se leyó, suponían derivarse de los acuerdos del Congreso de Plenipotenciarios del año anterior. Si Guzmán en las conferencias de Guayabita¹²⁰ con los cinco Delegados militares delineó los aspectos que estimaba convenientes para reorganizar el país, en atención a lo planteado en el Congreso de Plenipotenciarios, entre ellos la conformación de los siete grandes Estados y la creación del Consejo Federal¹²¹; el próximo paso, en función de sus planes, era darle carácter legal a lo resuelto por dichos plenipotenciarios: de allí el empeño de avanzar en las reformas constitucionales.

Pese al control que ostentaba Guzmán Blanco, no logró en términos inmediatos la aprobación de las reformas, pues el 11 de marzo el Congreso contestó a su recomendación de reformar el texto constitucional, que era conveniente “que el proyecto de Constitución sea sometido a la consideración de las Legislaturas de los 20 Estados de la Federación”¹²². De modo que el Congreso de 1880 argumentó a Guzmán, precisamente, lo mismo que Diego Bautista Urbaneja y Joaquín Crespo alegaron, en septiembre de 1878, para oponerse al plan reformista de Francisco Linares Alcántara, en cuanto a que la Constitución podía ser reformada por el Parlamento previa “solicitud de la mayoría de las Legislaturas de los Estados”¹²³.

En aquel debate parlamentario no faltaron voces disconformes como la de Eusebio Baptista, senador por Trujillo, quien alegó “que no debe el Congreso de 1880 ceñirse a lo estatuido por el Congreso de Plenipotenciarios”¹²⁴. También se opusieron a las reformas, entre otros, Raimundo Andueza Palacio, senador por Portuguesa, y Rómulo Guardia, diputado por el Distrito Federal, quien calificó de “monstruosa la división territorial”¹²⁵ del proyecto reformista y protestó “las imputaciones personales de que cree han sido objeto los adversarios de la reforma”¹²⁶. Baptista y Guardia fueron tachados de “oposicionistas”¹²⁷ por contrariar las pretensiones guzmancistas. Mientras que de Andueza Palacio, quien expresó entonces que era patriótico “combatir con sinceridad”¹²⁸ dichas reformas, luego dijeron que “sus discursos son más de efecto que de argumentación, pues vibran frecuentemente en ellos la nota del patriotismo y escasean las disertaciones sobre derecho constitucional”¹²⁹.

Al momento de jurar como presidente constitucional, Guzmán Blanco enunció: “es el momento de agradecer al Congreso Nacional que en su contestación al Mensaje me hubiera sugerido la idea de que no se decrete la reforma, sino que solamente se formule un proyecto y se someta a la consideración de los Estados”¹³⁰. De modo que Guzmán, quien al principio mantuvo con firmeza “la opinión de que las reformas constitucionales, aprobadas como habían sido por los Plenipotenciarios…debían ser inmediatamente sancionadas y promulgadas”¹³¹, luego apareció, estratégicamente, “recomendando la reforma, pero no imponiéndola”¹³².

Este viraje en el discurso de Guzmán quizá explica por qué la mayoría parlamentaria optó por inclinarse hacia la idea de formular primero un proyecto de Constitución que posteriormente sería sometido a consideración de las Legislaturas Estadales, controladas por el guzmancismo; postergando su definitiva sanción para el año siguiente, cuidando en lo posible la formalidad procedimental. Tal resolución bicameral, pese a algunas voces disidentes, lejos de contradecir la opinión de Guzmán Blanco, más bien entró en sintonía con los conceptos por él emitidos el día 17 de marzo cuando prestó el juramento de ley en el salón del Senado.

¿Qué papel jugó Diego Bautista Urbaneja en aquel debate de 1880?

En abril de 1880, cuando las Cámaras legislativas, en sesión conjunta, trataban lo concerniente a la designación de “una comisión de seis Senadores y de igual número de Diputados que redactase el proyecto de Constitución”¹³³, fueron anunciados los ministros del Ejecutivo Nacional quienes participarían en representación del Poder Central, hasta donde les estaba permitido, en el proceso de elaboración constitucional.

El ministro Urbaneja manifestó entonces que el Presidente de la República en “su patriótico deseo de propender a la buena marcha y perfecta armonía entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, creía que sería conveniente que al principiar a tratarse la cuestión de las reformas constitucionales, que envolvían el cambiamiento del Pacto fundamental”¹³⁴, según afirma, “asistiese el Ministerio a las sesiones, haciendo uso del derecho de palabra que le concedía la Constitución, con el objeto de explicar los inconvenientes que tenían algunas disposiciones en su ejecución”¹³⁵ para, de esta manera, “ayudar con la luz de la experiencia a la discusión, a fin de obtener mayores probabilidades de acierto”¹³⁶.

Las palabras de Diego B. Urbaneja además de reflejar el empeño de Guzmán Blanco por permanecer en todo momento cerca de aquel debate que sabía iba a resultar en una nueva Constitución, también expresaban el interés del mandatario nacional de que fuese un político y jurisconsulto como Urbaneja, con experiencia desde 1864 en ese tipo de escenarios, quien opinara y aportase con criterio y apego a sus aspiraciones en tal contexto legislativo.

El 3 de junio de 1880 quedaron clausuradas las sesiones ordinarias de la Legislatura Nacional, prorrogándose por unos días más las reuniones extraordinarias. Como resultado, en la materia que se viene tratando, se presentó el acuerdo parlamentario del 10 de mayo que dictaba someter “a la consideración de las Legislaturas de los Estados el proyecto de Constitución Federal”¹³⁷.

Cabe mencionar que el ministro Diego B. Urbaneja renunció a su cargo el 10 de mayo de 1880, porque, según González Guinán, “debiendo discutirse en el Congreso la cuestión de las Delegaciones militares y creyendo el Presidente de la República de necesidad y conveniencia para la conservación de la paz que existiesen por algún tiempo más”¹³⁸, dispuso que el ministro Urbaneja asistiese a las sesiones “y en ellas, a nombre del Gobierno, sostuviese esa conveniencia”¹³⁹ gubernamental.

Urbaneja, quien a finales de 1879, mientras actuó como presidente encargado, tuvo serias desavenencias con el general Joaquín Crespo “por la decisiva parte que [éste] había tomado en los acontecimientos que surgieron con motivo del protocolo Rojas-Pereire”¹⁴⁰, sintiendo entonces desconocida su autoridad, consideró indecoroso “para él sostener las Delegaciones y en carta particular dijo al Presidente que sentía en el alma que las circunstancias lo pusiesen en la penosa necesidad de presentarle la renuncia del Ministerio”¹⁴¹, pues, dado “el procedimiento del señor General Crespo para con él, no tenía organismo para asistir al Congreso a sostener las Delegaciones, siendo uno de los Delegados el referido señor General Crespo”¹⁴².

Al admitir su renuncia, Guzmán Blanco respondió acremente a su deudo y allegado: “como soy yo quien gobierna, y gobierno con mi cabeza mía, creo que hace usted muy bien en apartarse, desde que no puede sacrificar su pasión personal a lo que yo he estimado ser el interés público”¹⁴³. El tema de los Delegados militares empezaba a inquietar la opinión pública y Urbaneja, aunque inspirado por manifiestas razones personales, tocó un punto entonces sensible que, al contrariar las determinaciones de Guzmán, irritó al fachendoso gobernante. Aquello dio lugar a un ruidoso desencuentro entre el Caudillo y Diego B. Urbaneja, considerado por González Guinán, vocero autorizado del guzmancismo, “uno de los brazos más potentes”¹⁴⁴ con que contó Guzmán Blanco durante el Septenio. Tan sensible era el tema de las Delegaciones militares para el gobierno que, mientras se discutía en el Congreso la reorganización de la República, varios diputados protestaron su permanencia, acordándose finalmente “que el Ejecutivo Nacional suspendería las Delegaciones militares cuando a su juicio estuviese asegurada de un modo estable la paz de la República”¹⁴⁵.

A pocos días de renunciar Urbaneja al ministerio de Relaciones Interiores, Guzmán Blanco remitió a aquél una carta “bajo el epígrafe Y tú también Bruto”¹⁴⁶, adjuntando otra procedente de Curazao en la cual se afirmaba que quienes conspiraban contra el gobierno en aquella isla levantaron un acta “confiriendo plenos poderes al jefe que antes habían reconocido, al señor general León Colina, para que ofreciese el concurso de su espada y del partido revolucionario al señor doctor Urbaneja para encabezar la reacción”¹⁴⁷. En palabras de González Guinán, Guzmán dijo entonces que al leer, con asombro y dolor, la carta recibida de Curazao firmada “por un amigo y protegido del señor Doctor, que también lo fue del General…había resuelto ocurrir a él mismo (a Urbaneja) para que con la varonil entereza del caballero le dijese lo que significaba el contenido de la aludida carta”¹⁴⁸.

Urbaneja respondió a Guzmán, afirma González Guinán, diciéndole que “el firmante de la carta no era su amigo íntimo, que tampoco era su protegido; que no lo tuvo nunca por amigo del General, aunque fue protegido suyo”¹⁴⁹, que el escrito “con relación a los revolucionarios residentes en Curazao significaba que querían que se pusiese a la cabeza de la revolución que tenían o que proyectaban, a cuyo efecto le daban pomposos calificativos”¹⁵⁰; y que así mismo luego ofrecían “a otro la jefatura de la revolución, porque en este oficio tenían que vivir, y que la carta significaba, con relación a él, nada”¹⁵¹. Más adelante la contestación de Urbaneja a Guzmán, ya no parafraseada por González Guinán sino citada textualmente del remitente, expresa:

Mi amigo: yo no he tenido ni tengo relaciones ningunas con los de Curazao, ni con ningún revolucionario de aquí ni de allá, ni nadie se atreve a hablarme de eso; ni yo he recibido acta, ni carta, ni recado, ni los he autorizado para que piensen en mí de ninguna manera ni para nada; ni yo puedo ni debo ser jefe ni soldado en una revolución contra usted. Empiece por pensar que desconfiarían de mí por el mismo hecho, y nunca creerían que yo estaba de buena fe, y lo creerían con razón. Cuidémonos de los respectivos enemigos que tenemos cerca, cuyo trabajo es dividirnos; y como yo digo la verdad, sin ocuparme de las consecuencias, me quedo pensando que muchos enemigos míos, que se dicen amigos de usted, si llegan a tener conocimiento de esta carta le van a decir: Una traición más de Urbaneja; pero esto, como usted comprenderá, no soy yo quien lo puede evitar; es usted, haciéndoles entender, con toda la energía de su carácter y sin consideración de ningún género, que esos son cuentos, chismes, enredos, hijos de la ambición, de la envidia o de cualquier otra pasión despreciables¹⁵².

En opinión de González Guinán, no existían conexiones entre Urbaneja y los conspiradores, pero “como éstos lo conceptuaban resfriado en sus relaciones con el señor General Guzmán Blanco por todas las circunstancias anteriores y como carecían de prestigio y de elementos para conmover el país”¹⁵³, optaron por ofrecer la jefatura de una posible revuelta a “un distinguido personaje que acababa de desempeñar puesto prominente en el Gobierno”¹⁵⁴. Termina el periodista y político carabobeño afirmando que quizá hubo uno que otro alrededor de Urbaneja, interesado en ver a éste “encabezando una reacción contra el señor general Guzmán Blanco; pero por encima de tales menguados deseos estaba la rectitud de conciencia y la hidalguía de carácter de aquel honrado ciudadano”¹⁵⁵. El juicio de González Guinán, liberal guzmancista e historiador coetáneo, desligó a Urbaneja, ante la posteridad, de cualquier conjura contra Guzmán Blanco.

Un nuevo impase entre Guzmán y Urbaneja se verificó un año después, en junio de 1881. Instalado el Congreso Nacional el 2 de marzo de ese año, Vicente Amengual, quien había ocupado la vicepresidencia del Congreso de Plenipotenciarios de 1879, dejó vacante el puesto de ministro de Relaciones Interiores que venía ejerciendo desde el 2 de julio de 1880, para incorporarse al Parlamento. Para cubrir la vacante fue llamado Urbaneja, cuya vuelta “a la actividad política fue aplaudida por muchos liberales”¹⁵⁶. Con estas incorporaciones, a decir de González Guinán, “ganaban el Congreso y el Gobierno, porque estos dos hombres de Estado eran en extremo útiles por su intelectualidad y por su consumada experiencia”¹⁵⁷.

La desavenencia se presentó cuando, concluidas las sesiones legislativas el 30 de mayo de 1881, Guzmán Blanco dictó un decreto mediante el cual designó al general Vicente Amengual ministro de Relaciones Interiores, “Ministro de Fomento, al señor doctor Diego B. Urbaneja, y Ministro de Instrucción Pública, al señor doctor Aníbal Dominici”¹⁵⁸. Urbaneja no aceptó la cartera de Fomento, probablemente, según considera González Guinán, “porque se veía pospuesto en el Ministerio de Relaciones Interiores, vulgarmente llamado de la política, por otro ciudadano”¹⁵⁹. Urbaneja, desde 1870, fue el principal titular de este Ministerio, visto entonces como un espacio de poder altamente influyente en la política nacional. Cabe mencionar que el mismo 30 de mayo, a propósito de constituirse los Poderes provisionales de la República, el Congreso eligió a Diego B. Urbaneja entre los miembros principales de la Alta Corte Federal¹⁶⁰.

Urbaneja envió una carta a Guzmán Blanco, el 14 de junio de 1881, comunicándole que declinaba al nombramiento como ministro de Fomento por sentirse enfermo del hígado y debilitado de la vista¹⁶¹; pretextos que “el público comentó maliciosamente…no tomando por verdaderas las causas alegadas”¹⁶². De acuerdo con lo relatado por González Guinán, el 20 de junio Guzmán contestó a Urbaneja que dejó pasar varios días “en tributo de la amistad de ambos, por si hubiera sido la excusa simple genialidad”¹⁶³, pero que siendo una decisión firmemente tomada, “y como después de tantos años de vida pública jamás había exigido a nadie, en circunstancia alguna, que lo acompañase un día más de aquel en que espontáneamente había querido compartir con él las responsabilidades, admitía, desde luego, la renuncia”¹⁶⁴. Finalmente, Guzmán designó ministro de Fomento a Nicanor Borges.

De nuevo en el poder al lado de Guzmán Blanco

La actividad pública de Diego Bautista Urbaneja no culminó con aquel retiro, por poco más de un lustro, de los espacios de poder. De vuelta Antonio Guzmán Blanco a la presidencia de la República el 15 de septiembre de 1886, cuando inició el Bienio o “Aclamación Nacional”, Urbaneja, casi septuagenario, acompañó al nuevo gobierno como ministro de Relaciones Exteriores¹⁶⁵.

El canciller Urbaneja y el conflicto limítrofe con Guayana británica

Correspondió al ministro de Relaciones Exteriores, Diego Bautista Urbaneja, canalizar la protesta diplomática, a principios de 1887, contra el avance que “hacía la autoridad inglesa de la colonia Demerara, usurpándose una parte notable del territorio venezolano en la región guayanesa”¹⁶⁶, la cual siguió a la reacción del presidente Guzmán Blanco manifestada, el 6 de diciembre de 1886, al ministro de Su majestad británica F. H. Saint John, a quien expresó que ante la pretensión de su gobierno de ocupar territorio venezolano, “cuya posesión lo haría condueño del Orinoco, y resolviese de ese modo por sí solo y en su favor…quitándole por la fuerza el dominio exclusivo de tal río…se vería compelido…a cortar relaciones entre los dos países”¹⁶⁷.

Al término de aquella conferencia del 6 de diciembre, Diego B. Urbaneja, ministro de Relaciones Exteriores, continuó los esfuerzos diplomáticos procurando un entendimiento con Gran Bretaña y un arbitraje internacional del diferendo; acciones canalizadas a través del intercambio de notas oficiales y de la designación, el 8 de diciembre de 1886, de una comisión dirigida por el ingeniero Jesús Muñoz Tébar, quien se trasladó hacia Barima y otros puntos geográficos amenazados por la ambición inglesa, con el fin de elaborar un informe sobre la situación.

El informe presentado el 15 de enero de 1887 por Jesús Muñoz Tébar al ministro Urbaneja, tras recorrer con el general Santiago Rodil “el territorio y navegado los ríos Amacuro, Arauca, Guaima y Moroco y algunos caños”¹⁶⁸, enteró a la Cancillería de, entre otras noticias, “que a la margen derecha del Amacuro había vecinos establecidos por los ingleses, dos comisarios y una casa construida por la autoridad inglesa”¹⁶⁹; que a “ambas márgenes del Arauca había otro vecindario o caserío fundado por los ingleses”¹⁷⁰; que en el “Morajuana había otro caserío, ejerciendo en todos estos lugares imperio la autoridad inglesa”¹⁷¹; y de varias actas levantadas por los comisionados “nombrando autoridades y restableciendo el dominio venezolano, y [que] luego marchó hacia Georgetown, capital de la colonia Demerara, a instruir a su Gobernador de los pasos que había dado, inclusive la exploración del terreno donde se había de levantar el faro en Barima”¹⁷², obteniendo de dicho funcionario colonial la siguiente respuesta: “Que el Gobierno de Su Majestad Británica había declarado que el territorio comprendido entre los caprichosos límites trazados por [Robert H.] Shomburgk pertenecía a la Guayana Británica”¹⁷³.

Sobre la base de argumentos fundados “en el derecho convencional, en la historia y en la autoridad de cartas geográficas”¹⁷⁴, pero también en el informe del comisionado Muñoz Tébar, el canciller Diego Bautista Urbaneja presentó varias notas de protesta, fechadas el 26 y 31 de enero, el 7, 11 y 20 de febrero de 1887, aunadas a otra anterior del 8 de enero del mismo año, en las que quedó de manifiesto el interés venezolano de establecer acuerdos en torno al tema, sin aceptar jamás que la Guayana holandesa, de la cual heredó sus derechos Inglaterra, “confinara con el Orinoco”¹⁷⁵; es decir, dejando sentado que “respecto de los Países Bajos, en cuyos derechos ha sucedido la Gran Bretaña, lo único que se dejó en su poder de la mencionada comarca fueron los establecimientos de Esequibo, Demerara, Berbice y Surinam”¹⁷⁶, de los cuales “se habían apoderado los holandeses durante la guerra con su antigua metrópoli, que terminó con el Tratado de Münster de 1648”¹⁷⁷.

De manera que se conozcan los argumentos venezolanos en contra de la usurpación territorial inglesa, presentados por el Gobierno Nacional a través del ministro de Relaciones Exteriores, Diego Bautista Urbaneja; es pertinente reproducir algunos de los alegatos formulados en la nota del 20 de febrero de 1887, con la cual, cabe mencionar, se rompieron entonces relaciones con Gran Bretaña.

Veamos. La República de Venezuela, dice la nota, “sucedió a España en sus derechos sobre la Capitanía General del mismo nombre por el Tratado de reconocimiento firmado en Madrid a 30 de marzo de 1845. De la Capitanía General [de Venezuela] formaba parte la provincia de Guayana”¹⁷⁸, cuyos límites eran por el Oriente, el océano Atlántico y por el Sur, el río Amazonas. Sólo por cesiones de España, sigue la nota oficial, pudieron sufrir mengua aquellos límites. Los holandeses se “habían apoderado de algunos puntos de Guayana durante su carrera de emancipación, y al reconocerlos España como independientes, accedió a legitimar sus usurpaciones en las costas de América por el Tratado concluido en Münster del 30 de enero de 1648”¹⁷⁹; sin que en éste se especificaran los establecimientos que quedaban en posesión neerlandesa. En el Convenio de Aranjuez del 23 de junio de 1791, continúa el comunicado, “se nombraron como españolas las colonias de Puerto Rico, Coro y el Orinoco y como holandeses… las de San Eustaquio, Curazao, Esequibo, Demerara, Berbice y Surinam”¹⁸⁰. Con el Tratado de Londres, fechado el 13 de agosto de 1814, “los Países Bajos traspasaron tres: las de Esequibo, Demerara y Berbice, a la Gran Bretaña”¹⁸¹. Con este marco histórico empieza la nota, suscrita por el ministro Diego B. Urbaneja, en nombre del Gobierno venezolano, del 20 de febrero de 1887.

La defensa venezolana consideró que en 1841 el comisionado inglés, el alemán Robert Shomburgk, “hizo exploraciones en la Guayana venezolana y plantó postes y otras señales de posesión hasta Barima y Amacuro”¹⁸². La opinión pública venezolana, agrega la nota oficial, se exaltó y “el Gobierno reclamó y Su Majestad británica ordenó la remoción de las marcas, explicando no haberse puesto como signos de imperio”¹⁸³. En 1850, continúa el oficio diplomático, se “propagó el rumor de querer la Gran Bretaña reclamar la Guayana venezolana. Lo desmintió…el Encargado de Negocios de aquella nación en Caracas. Afirmó…que su Gobierno no tenía intención de ocupar ni usurpar el territorio en disputa”¹⁸⁴. No se designó entonces, siguen explicándose los antecedentes, “el territorio en disputa; pero Venezuela nunca ha entendido que fuese el comprendido entre el Pomarón [Pomerún] y el Amacuro, sino el circunscrito por el Pomarón y el Esequibo”¹⁸⁵.

Visto que Gran Bretaña no se interesó en abrir una nueva discusión sobre los límites previa desocupación del territorio en cuestión, la protesta diplomática adelantada por Urbaneja, a la par de romper relaciones dado que no hubo señales de revertir la usurpación territorial en marcha, subrayó en sus párrafos finales: 1) “La Gran Bretaña ha violado el territorio de Venezuela introduciéndose en él por lugares prohibidos, nombrando comisarios, estableciendo oficinas de Gobierno en que ondea la bandera inglesa…autorizando el beneficio de minas incluidas en…la República y ejerciendo otros actos de dominio”¹⁸⁶. 2) “La Gran Bretaña se ha declarado condueña del Orinoco…apoderándose del caño Barima, una de sus bocas, y por este medio, del comercio de vastas regiones pertenecientes a varios países”¹⁸⁷. 3) “La Gran Bretaña pretende someter a condiciones el establecimiento de un faro en Punta Barima, sobre lo cual su Encargado de Negocios [Sir Robert Ker Porter] en 26 de mayo de 1836 reconoció espontáneamente la soberanía de Venezuela”¹⁸⁸. 4) “La Gran Bretaña no quiere aplicar a Venezuela el arbitramento que aplicó a los Estados Unidos de América en 1827 y en 1871 para resolver cuestiones de límites; en el último caso, con repetida insistencia suya”¹⁸⁹. 5) “La Gran Bretaña ha venido progresivamente aumentando sus avances desde el Esequibo al Pomarón, al Moroco, al Guaima, al Barima y al Amacuro”¹⁹⁰. 6) “La Gran Bretaña ha vulnerado, por tanto, los derechos de soberanía e independencia de Venezuela, privándola de la más santa e inviolable de las propiedades de una nación, a saber, la de su territorio”¹⁹¹; y protesta, en consecuencia, “ante el Gobierno de Su Majestad británica, ante todas las naciones civilizadas… contra los actos de despojo que en su detrimento ha consumado el Gobierno de la Gran Bretaña”¹⁹², que bajo ningún motivo, agrega el comunicado oficial, “reconocerá como capaces de alterar en lo más mínimo los derechos que ha heredado de España, y sobre los cuales siempre estará pronta a someterse al fallo de una tercera potencia”¹⁹³.

Sobre la base de tales reclamos, expresados “ante el mundo en general”¹⁹⁴, el ministro Urbaneja suscribió la nota mediante la cual comunicó la ruptura de relaciones “contra un proceder tan arbitrario como depresivo”¹⁹⁵. En efecto, el presidente Guzmán Blanco, en su mensaje al Congreso Nacional de 1887, sostuvo que seguramente por haberse dicho al gobierno inglés que “nuestro límite era hasta el Esequibo, ha prescindido de la discusión y por decreto se ha apoderado y usurpado el territorio, no sólo hasta el Pomarón, sino hasta Punta Barima y el Amacuro, despojándonos con ello del exclusivo dominio del Orinoco”¹⁹⁶. La pretensión inglesa era, en fin de cuentas, que su colonia guayanesa delimitara directamente con territorio venezolano; es decir, no considerar al río Esequibo como límite entre Venezuela y Guayana británica. Añadió Guzmán Blanco, en aquel marco, “quedarían rotas las relaciones diplomáticas, protestando Venezuela de la manera más solemne contra tan atentatorio despojo”¹⁹⁷.

Últimas noticias acerca de Urbaneja: nuevamente al frente de la Cancillería

Diego Bautista Urbaneja ocupó la misma cartera ministerial cuando, tras separarse Guzmán Blanco del poder el 8 de agosto de 1887, el general Hermógenes López, encargado de la Presidencia desde el 11 de agosto del mismo año¹⁹⁸, lo designó miembro de su gabinete: en aquel tren ministerial sobresalían los nombres de, entre otros, Francisco González Guinán (Relaciones Interiores), Jacinto Regino Pachano (Fomento), Juan Pablo Rojas Paúl (Hacienda) y Diego Bautista Urbaneja (Relaciones Exteriores).

En octubre de 1887 el ministro Urbaneja encaró un nuevo hecho que, visto como “revancha inicua por la ruptura de relaciones”¹⁹⁹, generó fuertes tensiones con el gobierno inglés. Se trata de la amenaza que recibió Venezuela de Gran Bretaña, por conducto de la Casa de Gobierno de Trinidad el 11 de octubre, que exigió “reparación al Gobierno de Venezuela por el…apresamiento de los buques británicos Henrietta y Josephine y la prisión y maltrato de su tripulación, lo que tuvo lugar en Maturín el año 1883”²⁰⁰. La nota del gobernador y comandante en jefe de la Isla de Trinidad y de sus dependencias, fechada el 7 de octubre de 1887, advirtió: “El Gobierno de Su majestad no puede permitir que tales injurias permanezcan sin reparación…y ahora demanda que dentro del término de siete días”²⁰¹, después de recibida la comunicación, el Gobierno venezolano pague al “de Su Majestad una compensación a los propietarios de la Henrietta y Josephine y a las tripulaciones de estos buques, la suma de 6.562 libras, que es el equivalente en esterlinas de 32.810 dollars”²⁰². El último párrafo de la amenazante nota señala que, de no cumplirse con lo exigido, el gobierno británico “se verá obligado, contra su voluntad, a comunicar instrucciones al comandante de las fuerzas navales de Su Majestad en las Indias Occidentales para que tome las medidas que juzgue necesarias para obtener esa reparación”²⁰³.

El Gobierno Nacional, a través del ministro de Relaciones Exteriores Diego Bautista Urbaneja, contestó en tono conciliador y dispuesto a satisfacer la demanda inglesa, aunque rechazó los términos de la comunicación británica por “ofensiva a la dignidad de la nación y a la igualdad que según los principios del derecho de gentes, gozan sin atenderse a su fuerza o debilidad”²⁰⁴, mediante notas del 12, 24 y 26 de octubre de 1887. La Cancillería venezolana a través de protesta oficial del 26 de octubre de 1887, dirigida a los ministros extranjeros acreditados en el país, a la par de ratificar su disposición a “satisfacer la suma reclamada por la Gran Bretaña para evitar ulteriores complicaciones”²⁰⁵, manifestó con firmeza, vista la negativa del gobierno inglés de retirar las amenazas, que se veía en la necesidad de rechazar nuevamente los “conceptos de la nota conminatoria y protestar a nombre de la nación venezolana y ante las naciones del Nuevo y Viejo Mundo contra semejante proceder del Gobierno británico, apoyado sólo en la superioridad de su fuerza”²⁰⁶ y no en la razón y la justicia, continúa el comunicado, “a que debe ajustar sus actos toda nación civilizada, respetando así los derechos de las demás, por débiles que éstas sean”²⁰⁷.

Días antes, el 24 de octubre, el canciller Urbaneja se dirigió al cuerpo diplomático en la persona del Enviado de la República Francesa y decano de la corporación, para gestionar mediación y comunicar a los representantes de los considerados países amigos que “dispuesto el Gobierno de Venezuela a satisfacer la suma reclamada…ha agotado todos los medios aconsejados por la prudencia para obtener del Gobierno de Su Majestad británica el retiro de las amenazas… sin obtener resultado”²⁰⁸ y, señala la misiva, “que si hace el pago, subsistentes los términos coercitivos, es atendiendo a que los hechos que puedan derivarse de ellos no sólo perjudicarían a los intereses venezolanos, sino también a los de los súbditos o nacionales de las potencias amigas”²⁰⁹. El mismo 24 de octubre se reunió el cuerpo diplomático acreditado en la república y emitió una respuesta esquiva que se limitó a sugerir, alegando no inmiscuirse en el asunto, un arreglo entre ambos países, pese a que uno de ellos, la poderosa Inglaterra, amenazaba al otro con el uso de la fuerza.

En tal contexto, el gobierno venezolano decidió pagar la suma exigida, no sin antes levantar la nota de protesta, del 26 de octubre de 1887, arriba referida, despachada a los nuncios extranjeros acreditados en el país. El discurso de la Cancillería venezolana se correspondía, en palabras del presidente Hermógenes López, a una política del Gobierno liberal que puso fin a la “humillante servidumbre diplomática”²¹⁰ de otros momentos. Finalmente, el gobierno venezolano pagó al británico lo exigido, más “B. 20.206,25 por L’Envieuse y B. 6.000 por el inglés Chambers, lanzado legalmente del país por ser un extranjero perjudicial”²¹¹.

Durante la Convención eleccionaria de 1888 y su salida del poder

Diego Bautista Urbaneja, junto con Raimundo Andueza Palacio, representó la candidatura del general y caudillo llanero Ovidio María Abreu durante los preparativos de la Convención electoral del 9 de febrero de 1888, en la cual se escogería al “candidato que debía recomendarse para Presidente de la República, en el período constitucional de 1888 a 1890, a los altos cuerpos electorales de la nación”²¹². Poco antes corrieron noticias, anunciadas por el presidente Hermógenes López, según las cuales se estaba fraguando una revolución armada. Sin embargo, ello en modo alguno perturbó la efectuación, tras el acuerdo establecido por los representantes de las distintas candidaturas, de la denominada Convención eleccionaria del Gran Partido Liberal. Verificado el escrutinio, resultó que cada candidato (Raimundo Fonseca, Juan P. Rojas Paúl, Manuel Antonio Matos, Francisco González Guinán y Ovidio María Abreu) obtuvo dos votos y “repetido el escrutinio, alcanzó el Doctor Rojas Paúl seis votos y cuatro el General Abreu; y en virtud de este resultado se declaró candidato del partido liberal al señor Doctor Juan Pablo Rojas Paúl”²¹³.

Mientras esta era la dinámica de la Convención electoral liberal, el general Joaquín Crespo, señalado de ser el promotor del movimiento revolucionario denunciado por el presidente López el 8 de febrero, “retirado de la actividad política, esperaba en su autoexilio, el llamado a reunión del Congreso de la República para obtener el triunfo de su candidatura”²¹⁴; a la vez que se manifestó contrario a los “candidatos a la presidencia y a la Convención”²¹⁵, pues, como lo expresó a Guzmán Blanco en carta del 21 de diciembre de 1887, “su elección estaría viciada en su origen por las imposiciones del poder y los compromisos reaccionarios”²¹⁶.

En palabras de Francisco González Guinán, involucrado en aquella contienda, tras efectuarse la Convención electoral “se había formado en la Casa Amarilla una especie de Consejo íntimo, que presidía o inspiraba el señor Doctor Diego B. Urbaneja; este Consejo estimaba como inconveniente la candidatura del señor Doctor Rojas Paúl, presentada por la Convención electoral”²¹⁷. El propio general Hermógenes López fue partidario, según González Guinán, de estas “opiniones, en cierto momento nos dijo que había sido mejor escoger al señor general Abreu; y en medio de estas preocupaciones surgió entre los del Consejo la idea del continuismo de dicho general en la Presidencia de la República”²¹⁸, fundando el procedimiento, asegura el político y periodista carabobeño, “en una frase vertida por el señor Doctor Urbaneja: <<si el Congreso es el único que puede echarnos de la Casa Amarilla, haciendo la elección del Consejo Federal, no tenemos precisión en reunir ese Congreso>>”²¹⁹; aseveración que muestra a Diego B. Urbaneja como presunto incitador de una tentativa continuista presidencial que no llegó, si verdaderamente existió, a consumarse.

Las posturas de Urbaneja y López, al parecer sintonizadas, según deja ver entrelíneas González Guinán, explican la inacción del Poder Ejecutivo que inicialmente poco estimuló la instalación de las Cámaras Legislativas que, en última instancia, con la elección del Consejo Federal, instrumentarían lo acordado por la Convención electoral liberal. Por falta de quórum no se instalaron las Cámaras el 20 de febrero de 1888, como ordenaba el marco legal, por lo cual se constituyeron las Comisiones Preparatorias que debían “procurar reunir el mayor número de sus miembros, incorporando a su seno a los…suplentes que con la respectiva convocatoria legal lo soliciten”²²⁰. A la falta de quórum se sumó el enfrentamiento de la Comisión Preparatoria de la Cámara de Diputados, “donde figuraba un número importante de sectarios crespistas”²²¹, y el Ejecutivo Nacional, toda vez que aquella instancia legislativa protestó “en irrespetuoso e inconveniente lenguaje contra providencias de orden público privativas de las funciones ejecutivas”²²²; lo que atizó un conflicto de poderes conocido públicamente mediante nota del Ministerio de Relaciones Interiores, del 23 de febrero de 1888, que consideró el acto parlamentario como “desacato a la ley, una rebeldía contra el mandato de los pueblos y hasta una amenaza a la paz de la República”²²³. La pugna se hizo más patente cuando “el 2 de mayo dijo el Presidente de la Comisión Preparatoria de los Diputados que desde el 27 de abril ejercían inconstitucionalmente el Poder el señor General López y sus Ministros”²²⁴.

Visto el choque de poderes públicos que amenazaba la estabilidad política del país, pero también los intereses de un sector de la elite liberal; Guzmán Blanco, a la sazón en París, sugirió al presidente López “hacer cambios en el personal del Gabinete, llevando a él individualidades de la política que tuviesen interés…en la pronta instalación de las Cámaras Legislativas; que González Guinán, Fonseca, Silva Gandolphi y Coronado debían entrar en el nuevo Gabinete”²²⁵, así como “separarse de él el señor Doctor Diego B. Urbaneja, porque la opinión pública le achacaba que oponía, por lo menos, la fuerza de la inercia a la instalación de las Cámaras”²²⁶. Acorde con las palabras de González Guinán, Guzmán Blanco consideró a Urbaneja un obstáculo para la instalación del Parlamento y, por consiguiente, para elegir al nuevo Presidente; razón por la cual recomendó a Hermógenes López que lo reemplazara en el gabinete ministerial.

Guzmán Blanco, apostando a la preeminencia de la que entonces consideraba su base liberal, planteó a Hermógenes López “que era de todo punto de vista indispensable salvar el principio legal reuniendo el Congreso y eligiendo el nuevo Presidente, y que la designación de candidato hecha por la Convención electoral la conceptuaba…como un dogma de la causa liberal”²²⁷ que, como había indicado, “todos los miembros del partido debían aceptar y cumplir”²²⁸. A principios de abril de 1888 Guzmán Blanco, con la intención de influir, desde Europa, en importantes decisiones nacionales, expresó que para evitar se “fraccione el partido del porvenir, que es el partido liberal, al separarme de Venezuela propuse el reconocimiento de una Convención de partido, a imitación de las grandes convenciones que los republicanos y los demócratas tienen en los Estados Unidos del Norte”²²⁹, y que dicha convención “designe entre los candidatos presentados el que debía recomendarse al Congreso y al Consejo Federal”²³⁰.

La recomendación de Guzmán Blanco al presidente Hermógenes López se hizo efectiva rápidamente, pues el 30 de mayo de 1888 éste reestructuró su gabinete y en lugar de Urbaneja nombró como ministro de Relaciones Exteriores a Agustín Istúriz. Los generales Raimundo Fonseca y Marco Antonio Silva Gandolphi, así como Vicente Coronado, hicieron parte del nuevo gabinete, al ocupar los Ministerios de Guerra y Marina, de Instrucción Pública y de Fomento, respectivamente. La salida de Diego B. Urbaneja del gabinete del general Hermógenes López, a solicitud de Guzmán Blanco, a la par representó el fin de su presencia, durante casi tres décadas, como ministro altamente influyente en la política nacional. Finalmente, el Congreso Nacional se instaló el 27 de junio de 1888, dos días después López presentó el mensaje presidencial a las Cámaras²³¹ y, elegido el Consejo Federal el mismo 29 de junio, se fijó el 2 de julio como fecha para elegir al nuevo Presidente de la República²³².

Palabras de cierre

Diego Bautista Urbaneja, licenciado y doctor en Derecho Civil egresado de la Universidad de Caracas, fue uno de los civiles con mayor influencia política en el último tercio del siglo XIX venezolano, al ocupar espacios ministeriales, parlamentarios y diplomáticos; jugó un papel destacado, por su condición de jurisconsulto y dirigente liberal, en distintas coyunturas, durante los gobiernos de los generales Antonio Guzmán Blanco y Hermógenes López, en cuyas administraciones, dada su formación, contribuyó con la formulación del proyecto liberal a través de sus conocimientos jurídicos y su capacidad de elaboración intelectual y en el manejo de los asuntos públicos; características que lo hicieron una figura sustancial y representativa, aunque incómoda en ocasiones, para el soporte gubernamental y la instrumentación de importantes definiciones oficiales.

Durante el último tercio del siglo XIX es palmaria la coexistencia del poder político y los letrados, experimentándose una relación de conveniencia mutua en la cual el gobernante, que necesitaba de la inteligentzia, se valió del servicio de estos hombres de ideas quienes por sus conocimientos en diferentes áreas, sabía que contribuirían con el proceso de consolidación del proyecto mediante la conducción de políticas en distintos ramos y niveles de la administración pública. A cambio, obtenían privilegios, estatus, vinculaciones e influencias, que no necesariamente eran alcanzados en la Venezuela liberal por la sola prosapia y posesión de fortuna.

Estos hombres de pensamiento y acción, políticos letrados, en su mayoría egresados universitarios, cuyos nombres abundan en nuestro siglo XIX, tuvieron como espacios cuasi naturales, en términos de desempeño público, el parlamento, los despachos ministeriales, las legaciones y consulados, los bufetes, las oficinas de redacción de periódicos y, pocas veces, las presidencias de los estados, entre otros; a través de los cuales justificaban, con sus ejecutorias prooficiales, al caudillo o jefe de turno. No quiere decir esto que todos los hombres de pensamiento siempre estuvieron plegados al poder o favorecidos por éste. Los hubo también antagonistas al poder, quienes a través de la actividad periodística, fundamentalmente, lo combatieron desde el plano político y doctrinario, difundiendo sus ideas generalmente liberales, aunque matizadas, durante aquella centuria.

En el caso de Urbaneja, si bien en ocasiones tuvo desencuentros, aunque pasajeros, con actores altamente influyentes dentro del aparato estatal, incluyendo contradicciones con su propio jefe Guzmán Blanco; podemos afirmar que su relación con el poder político se dio, esencialmente, bajo la función de legitimador con la pluma, pero también mediante su presencia dentro del mismo tomando decisiones en la propia cúspide, toda vez que formó parte, desde un principio, del núcleo central del proyecto guzmancista. Evidencias de ello son las referencias testimoniales, vistas a lo largo de este trabajo, recogidas por Francisco González Guinán, letrado y justificador del “Ilustre Americano”, y por el mismo Guzmán Blanco en su libro En Defensa de la Causa Liberal, quienes presentan a Urbaneja en calidad de militante liberal, consejero y jurisconsulto al servicio del proyecto, con peso específico dentro de éste como ministro de primera línea.

Notas

1 Categoría utilizada por Diego Urbaneja al referir el “sistema caudillista”, “la red caudillesca” y “la pirámide caudillista” como mecanismos del poder, bajo el dominio de algún caudillo, en función de su estabilidad durante el siglo XIX venezolano. Véase “Caudillismo y pluralismo en el siglo XIX venezolano”, Politeia Nro. 4 (Caracas, 1975), pp. 133-151.

2 Sala de Publicaciones Oficiales, Biblioteca Nacional, Caracas (SPO-BN), Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela Nro. 3. Caracas, 19 de octubre de 1872. Según el decreto, para integrar aquellas Comisiones fueron llamados Diego Bautista Barrios, José Reyes, Ramón F. Feo, Manuel Cadenas Delgado, Juan Pablo Rojas Paúl, Cecilio Acosta, Felipe Esteves e Isaac J. Pardo.

3 Los Códigos Civil, Militar, de Hacienda y de Procedimiento Civil y Criminal fueron firmados por Guzmán Blanco el 20 de febrero de 1873; y sancionados por las Cámaras legislativas el 1ero de marzo de 1873, el mismo día que Guzmán presentó al Congreso Nacional su Mensaje. Cabe referir que por vez primera un Presidente de la República “presentaba personalmente y leía su Mensaje”; en Francisco GONZÁLEZ GUINÁN, Historia Contemporánea de Venezuela. Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República de Venezuela, 1954, Tomo X, p. 151.

4 SPO-BN, Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela Nro. 40. Caracas, 1ero de febrero de 1873.

5 Francisco GONZÁLEZ GUINÁN, Historia Contemporánea de Venezuela…, Tomo X, p. 127.

6 Ídem.

7 Antonio GUZMÁN BLANCO, En defensa de la Causa Liberal. París, Imprenta de Lahure, 1894, p. 129.

8 Hemeroteca de la Academia Nacional de la Historia, Caracas (HANH), Diario de Debates de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos de Venezuela Nro. 2. Caracas, 5 de abril de 1873. Durante el año 1873 hallamos a Diego B. Urbaneja haciendo parte de la comitiva presidencial que asistió al inicio de los trabajos de las carreteras Charallave-Ocumare del Tuy (2 de julio), Puerto Cabello-San Felipe (8 de julio) y Valencia-San Carlos (14 de julio); a la inauguración de la carretera Charallave-Cúa (16 de enero), del puente Curamichate en Caracas (14 de agosto) y de la carretera Valencia-Montalbán (27 de septiembre). Véase Francisco GONZÁLEZ GUINÁN, Historia Contemporánea de Venezuela…, Tomo X, pp. 128, 203, 207, 211-212 y 304.

9 Francisco GONZÁLEZ GUINÁN, Historia Contemporánea de Venezuela…, Tomo X, p. 207.

10 Ibídem, p. 301.

11 Ibídem, p. 312.

12 Ibídem, p. 313.

13 Ibídem, p. 301.

14 Ídem.

15 Ídem.

16 Ibídem, p. 318.

17 Ídem.

18 Ibídem, p. 325.

19 Ibídem, p. 330.

20 Ibídem, p. 333.

21 Ibídem, p. 337.

22 Ibídem, p. 344.

23 Ídem.

24 Ibídem, p. 359.

25 Ibídem, p. 361.

26 Ídem.

27 Ibídem, p. 363.

28 “Carta de Guzmán Blanco al señor doctor Diego Bautista Urbaneja. Macuto, 13 de abril de 1875”, en Rafael Ramón CASTELLANOS, Guzmán Blanco íntimo, Caracas, Ediciones Librería Historia, 1969, p. 380.

29 Ibídem, p. 381.

30 Ídem.

31 Ídem.

32 Ídem.

33 Francisco GONZÁLEZ GUINÁN, Historia Contemporánea de Venezuela…, Tomo X, pp. 361-362.

34 Ibídem, p. 373.

35 Ibídem, p. 378.

36 HANH, Diario de Debates de la Cámara de Diputados Nro. 8. Caracas, 17 de mayo de 1875.

37 Ídem.

38 Ídem.

39 Ídem.

40 Ídem.

41 HANH, Diario de Debates de la Cámara de Diputados Nro. 24. Caracas, 7 de julio de 1875.

42 Francisco GONZÁLEZ GUINÁN, Historia Contemporánea de Venezuela…, Tomo X, p. 387.

43 HANH, Diario de Debates de la Cámara de Diputados Nro. 13. Caracas, 2 de junio de 1875.

44 Ídem.

45 Francisco GONZÁLEZ GUINÁN, Historia Contemporánea de Venezuela…, Tomo X, p. 406.

46 Ibídem, p. 415.

47 Ibídem, Tomo XI, p. 152.

48 Ibídem, p. 162.

49 Ibídem, 223.

50 Ibídem, p. 242.

51 Ídem.

52 Diego B. Urbaneja formó parte de la Junta Directiva de la Apoteosis del Dr. José María Vargas decretada por el presidente Francisco Linares Alcántara, en representación de la Universidad Central. Véase “Nicanor Borges, Vicerrector en funciones rectorales de la Universidad Central, comunica al ciudadano Ministro de Relaciones Interiores el nombramiento de los señores Guzmán Blanco y Diego B. Urbaneja, como Diputados de la Universidad para componer la Junta Directiva de la Apoteosis del Dr. José M. Vargas. Caracas, 20 de marzo de 1877”. Vargas. Apoteosis del siglo XIX, Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República, 1986, pp. 2-3.

53 Francisco GONZÁLEZ GUINÁN, Historia Contemporánea de Venezuela…, Tomo XI, p. 264.

54 Sala de Libros Raros y Manuscritos, Biblioteca Nacional, Caracas (SLRM-BN), Diego Bautista URBANEJA, A propósito del folleto Venezuela y el General Guzmán Blanco, publicado en Bogotá por el General Level de Goda, Caracas, Imprenta de La Opinión Nacional, 1873, p. 12.

55 HANH, La Prensa Libre Nro. 2. Puerto Cabello, 28 de abril de 1877.

56 Francisco GONZÁLEZ GUINÁN, Historia Contemporánea de Venezuela…, Tomo XI, p. 275.

57 Según González Guinán, el Ministro de Relaciones Interiores, Laureano Villanueva, tuvo que ver en ésta y en otras decisiones adoptadas por el presidente Francisco Linares Alcántara pues, al referirse al decreto del 24 de mayo de 1877, apunta que las aclamaciones populares también “se dirigían al Ministro señor doctor Villanueva por creérselo el más esforzado inspirador e intérprete de la nueva política”. Ibídem, p. 287.

58 Tal cual se anunció a la nación, el 28 de mayo de 1878, por parte de un grupo de parlamentarios, argumentándose que “en todas partes se levantan protestas de adhesión a esta idea…porque se quiere que el partido liberal revalide las instituciones que dio a la Patria como fruto de una revolución”. Ibídem, p. 400.

59 Así como Laureano Villanueva fue considerado, por algunos de sus coetáneos, uno de los inspiradores de la política alcantarista, existe documentación que muestra a Villanueva entre los promotores de la Asamblea Nacional Constituyente de 1878 y consejeros, en esta materia, del presidente Alcántara. Véase Archivo de la Academia Nacional de la Historia, Caracas (AANH): “Telegrama de Laureano Villanueva al general Alcántara. Caracas a La Guaira, 31 de julio de 1878”, Colección Francisco Linares Alcántara, Archivador 27, estante 1, caja 4, legajo 3, folios del 166 al 169 vto.

60 Entre los constituyentes que promovieron la supresión de las estatuas de Guzmán Blanco, figuraron Luis Level de Goda, Nicanor Bolet Peraza, Carlos Arvelo y José Manuel Montenegro: los dos últimos fungieron como presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Asamblea Constituyente. Aquella idea de demoler la estatua de El Calvario, había sido expuesta, como solicitud al Concejo Municipal fechada 13/12/1878, por la Gran Convención Liberal de la Paz presidida por el propio Nicanor Bolet Peraza, conforme consta en AGB-FJB: “Comunicación de Nicanor Bolet Peraza al Concejo Municipal del Distrito Federal”, Carpeta Asamblea Nacional Constituyente (1878). Aunque González Guinán afirma que la demolición de las estatuas fue decidida el 12 de diciembre de 1878, conocemos un documento de aquel pleno constituyente según el cual dicho acuerdo fue sancionado el 19 de diciembre de 1878. Véase Archivo Guzmán Blanco, Fundación John Boulton (AGB-FJB), “Decreto de la Asamblea Constituyente que deroga honores conferidos a Guzmán Blanco y acuerda la demolición de las estatuas”, Carpeta Asamblea Nacional Constituyente (1878).

61 Francisco GONZÁLEZ GUINÁN, Historia Contemporánea de Venezuela…, Tomo XI, p. 270.

62 Ibídem, p. 269.

63 Ibídem, p. 271.

64 Ídem.

65 Ídem.

66 Ibídem, p. 272.

67 Ibídem, p. 283.

68 Ibídem, p. 284.

69 Ibídem, p. 286.

70 Ibídem, p. 295.

71 Ídem.

72 Ídem.

73 Ibídem, p. 297.

74 Ídem.

75 Ídem.

76 Ibídem, p. 298.

77 Ibídem, p. 414.

78 Ibídem, p. 416.

79 SLRM-BN, Joaquín CRESPO y Diego B. URBANEJA, Golpe de Estado [hoja suelta], s/n. Septiembre 20 de 1878.

80 Ídem.

81 Ídem.

82 Ídem.

83 Ídem.

84 “Decreto de 27 de febrero de 1879, por el que se convoca un Congreso de Plenipotenciarios de los Estados Unidos de Venezuela…”, Leyes y Decretos de Venezuela 1878-1880, Caracas, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales (Serie República de Venezuela), 1984, Tomo 8, p. 175.

85 Francisco GONZÁLEZ GUINÁN, Historia Contemporánea de Venezuela…, Tomo XIII, p. 33.

86 Ídem.

87 Ibídem, p. 34.

88 SLRM-BN, “Acta del día diez de mayo de 1879”, Protocolo de las Conferencias del Congreso de Plenipotenciarios de los Estados Unidos de Venezuela. Instalado en la ciudad de Caracas el día veintisiete de abril de 1879, Caracas, Imprenta de la Gaceta Oficial, 1879, p. 50.

89 “Acuerdo de 12 de mayo de 1879”. Ibídem, p. 97.

90 Ídem.

91 “Carta de Guzmán Blanco a Ana Teresa Ibarra. Caracas, 23 de mayo de 1879”, en Rafael Ramón CASTELLANOS, Guzmán Blanco íntimo…, p. 440.

92 Francisco GONZÁLEZ GUINÁN, Historia Contemporánea de Venezuela…, Tomo XII, p. 70.

93 Ibídem, p. 72.

94 Ibídem, p. 89.

95 Ídem.

96 Ídem.

97 Ibídem, p. 93.

98 Ídem.

99 Ídem.

100 Ibídem, pp. 93-94.

101 Ibídem, p. 100.

102 SLRM-BN, “Acuerdo de 8 de mayo 1879”, Protocolo de las Conferencias del Congreso de Plenipotenciarios…, p. 88.

103 Francisco GONZÁLEZ GUINÁN, Historia Contemporánea de Venezuela…, Tomo XII, p. 122.

104 El Protocolo Rojas-Pereire fue firmado por José María Rojas, Ministro Plenipotenciario de Venezuela, y el capitalista francés Eugenio Rodríguez Pereire, y hecho público el 27 de septiembre de 1879, lo que generó fuertes críticas desde la prensa que, según González Guinán, “contagió a algunos empleados públicos y miembros del Gobierno”. González Guinán, quien expone resumidamente sus 16 puntos-base o áreas fundamentales de exploración, lo califica como “una nómina de los elementos explotables en Venezuela que pudiesen servir de base a futuras negociaciones, especie de punto de partida para que el país discutiese y decidiese si estaba o no en su conveniencia ajustar un contrato industrial”. Ibídem, p. 107. Dicho de otra manera, lo planteado en el Protocolo consistía en hacer un mapa de “los elementos de industria y de riqueza que pudieran ser motivo de concesiones”. Ibídem, p. 109.

105 Ibídem, p. 123.

106 Ídem.

107 Ídem.

108 Ídem.

109 Ídem.

110 Ídem.

111 Ídem. El general Andrés Simón Ibarra y Urbaneja era cuñado de Guzmán Blanco y sobrino de Diego Bautista Urbaneja.

112 Ibídem, p 125.

113 Ibídem, p. 126.

114 Ibídem, p. 201.

115 Ibídem, p. 128.

116 Ibídem, p. 129.

117 Ibídem, p. 176.

118 Antonio GUZMÁN BLANCO, “Mensaje del General Guzmán Blanco, Presidente Provisional de la República, al Congreso Nacional de 1880”, Mensajes Presidenciales. 1876-1890, Caracas, Presidencia de la República, 1970, Tomo II, p. 119.

119 Ídem.

120 Dichas conferencias se efectuaron los días 19 y 20 de enero de 1880 en Guayabita, lugar donde estaba situada una de las haciendas favoritas de Guzmán Blanco, en las afueras de Turmero, en el estado Aragua. González Guinán aborda brevemente el asunto de las conferencias de Guayabita en el tomo XII de su Historia Contemporánea de Venezuela, pp. 145-147. Las Delegaciones militares nacionales fueron creadas por Guzmán Blanco el 8 de abril de 1879, con el objeto de disponer con mayor efectividad de la estructura militar a lo largo y ancho de la República y de ubicar a los cinco principales “Generales reivindicadores” en puestos de mando relevantes. Como Delegados militares fueron designados: José Eusebio Acosta (Distrito de Oriente: Cumaná, Barcelona, Nueva Esparta y Guayana), Juan Bautista Araujo (Distrito La Cordillera: Trujillo, Táchira y Mérida), Gregorio Cedeño (Distrito Sur Occidente: Carabobo, Cojedes, Portuguesa, Zamora y departamento Nirgua), Joaquín Crespo (Distrito del Centro: Bolívar, Guzmán Blanco, Guárico y Apure) y Jacinto Lara Urrieta (Distrito Norte de Occidente: Yaracuy, Barquisimeto [aún la entidad no se denominaba Lara], Falcón y Zulia).

121 Cabe señalar que ambos aspectos fueron tratados y acordados por el Congreso de Plenipotenciarios, refrendados en sus respectivos acuerdos del 30 de abril y 5 de mayo de 1879. SLRM-BN, Protocolo de las Conferencias del Congreso de Plenipotenciarios…, pp. 74-78.

122 Francisco GONZÁLEZ GUINÁN, Historia Contemporánea de Venezuela…, Tomo XII, p. 161.

123 SLRM-BN, Joaquín CRESPO y Diego B. URBANEJA, Golpe de Estado…s/n.

124 Francisco GONZÁLEZ GUINÁN, Historia Contemporánea de Venezuela…, Tomo XII, p. 161.

125 Ibídem, p. 185.

126 Ibídem, p. 189.

127 Ídem.

128 Ibídem, p. 187.

129 Ídem.

130 Ibídem, p. 173.

131 Ibídem, p. 175.

132 Ídem.

133 Ibídem, p. 177.

134 Ídem.

135 Ídem.

136 Ídem.

137 Ibídem, p. 203.

138 Ibídem, p. 198.

139 Ídem.

140 Ídem.

141 Ídem.

142 Ídem.

143 Ibídem, pp. 198-199.

144 Ibídem, p. 199

145 Ídem.

146 Ibídem, p. 200.

147 Ídem.

148 Ídem.

149 Ídem.

150 Ídem.

151 Ídem.

152 Ibídem, pp. 200-201.

153 Ibídem, p. 201.

154 Ídem.

155 Ídem.

156 Ibídem, p. 264.

157 Ídem.

158 Ibídem, p. 289.

159 Ídem.

160 Ibídem, p. 278.

161 Ibídem, p. 290.

162 Ídem.

163 Ídem.

164 Ídem.

165 Francisco GONZÁLEZ GUINÁN, Historia Contemporánea de Venezuela…, Tomo XIII, p. 320.

166 Ibídem, p. 377.

167 Ibídem, p 379.

168 Ibídem, p. 382.

169 Ídem.

170 Ídem.

171 Ídem.

172 Ibídem, pp. 382-383.

173 Ibídem, p. 383.

174 “Nota diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. Caracas, 20 de febrero de 1887”. Ibídem, p. 391.

175 Francisco GONZÁLEZ GUINÁN, Historia Contemporánea de Venezuela…, Tomo XIII, p. 380.

176 Ibídem, p. 384.

177 Ídem.

178 “Nota diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. Caracas, 20 de febrero de 1887”. Ibídem, pp. 389-390.

179 Ibídem, p. 390.

180 Ídem.

181 Ídem.

182 “Nota diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. Caracas, 20 de febrero de 1887”. Ibídem, pp. 390-391.

183 Ibídem, p. 391.

184 Ídem.

185 Ibídem, p. 391.

186 Ibídem, p. 396.

187 Ídem.

188 Ibídem, pp. 396-397.

189 Ibídem, p. 397.

190 Ídem.

191 Ídem.

192 Ídem.

193 Ídem.

194 Ídem.

195 Ibídem, p. 398.

196 Antonio GUZMÁN BLANCO, “Mensaje del General Antonio Guzmán Blanco, Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, al Congreso de 1887”, Mensajes Presidenciales 1876-1890, Caracas, Presidencia de la República, 1970, Tomo II, p. 318.

197 Ídem.

198 Francisco GONZÁLEZ GUINÁN, Historia Contemporánea de Venezuela…, Tomo XIII, p. 524.

199 Ibídem, Tomo XIV, p. 12.

200 “Nota de William Robinson, Gobernador y Comandante en Jefe de la Isla de Trinidad y de sus dependencias. Casa de Gobierno. Trinidad, 7 de octubre de 1887”. Ibídem, pp. 10-11.

201 Ibídem, p. 11.

202 Ídem.

203 Ídem.

204 “Ministerio de Relaciones Exteriores. D.P.E.- Número 389. Caracas, 12 de octubre de 1887”. Ibídem, p. 12.

205 “Nota del Poder Ejecutivo Federal de Venezuela, suscrita por el Ministro de Relaciones Exteriores, Diego B. Urbaneja, a los Ministros extranjeros acreditados ante la República y a los Gobiernos de las naciones amigas. Caracas, 26 de octubre de 1887”.

Ibídem, p. 17.

206 Ídem.

207 Ídem.

208 “Nota del Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Diego B. Urbaneja, al Excelentísimo señor B. Saint-Chafray, Enviado Extraordinario de la República Francesa y Decano del Cuerpo Diplomático. Caracas, 24 de octubre de 1887”. Ibídem, p. 44.

209 Ibídem, pp. 44- 45.

210 Francisco GONZÁLEZ GUINÁN, Historia Contemporánea de Venezuela…, Tomo XIV, p. 42.

211 Ibídem, p. 17.

212 Ibídem, p. 45.

213 Ibídem, p. 46.

214 Wilmer ÁVILA, La Convención Liberal de 1888 y la caída del Gran Partido Liberal Amarillo, Tesis de grado para optar a la Licenciatura en Historia, Caracas, Universidad Central de Venezuela, s/n, p. 97.

215 Ibídem, p. 98.

216 Ídem.

217 Francisco GONZÁLEZ GUINÁN, Historia Contemporánea de Venezuela…, Tomo XIV, p. 51.

218 Ibídem, p. 52.

219 Ídem.

220 “Ministerio de Relaciones Interiores. Caracas, 23 de febrero de 1888”. Ibídem, p. 50.

221 Ibídem, p. 49.

222 Ídem.

223 Ibídem, p. 50.

224 Francisco GONZÁLEZ GUINÁN, Historia Contemporánea de Venezuela…, Tomo XIV, p. 79.

225 Ibídem, p. 81.

226 Ídem.

227 Ídem.

228 Ídem.

229 “Carta de Guzmán Blanco a Héctor F. Varela. París, 4 de abril de 1888”. Ibídem, p. 80.

230 Ídem.

231 Francisco GONZÁLEZ GUINÁN, Historia Contemporánea de Venezuela…, Tomo XIV, p. 99.

232 Ibídem, pp. 100-101.