Política de extensión en la Universidad del Zulia

Boscán, Elizabeth * Pereira de Homes, Lilia ** Suárez Amaya, Wendolin ***

*  Magister en Gerencia Pública. Becaria Académica del Centro de Estudios de la Empresa (CEE), Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES), Universidad del Zulia (LUZ). Acreditada en el Programa de Promoción del Investigador (PPI). E-mail: elizabeth_boscan@yahoo.es 

**  Doctora en Ciencias, Mención Gerencia. Profesora Emerita e Investigadora del CEE/FCES/LUZ. Acreditada en el PPI. E-mail: lpereira14@yahoo.es 

***  Magister en Gerencia Pública. Profesora e Investigadora del CEE/FCES/LUZ. Cursante del Doctorado en Ciencias Sociales, Mención Gerencia. Acreditada en el PPI. E-mail: wendolinsa@yahoo.com 

Reumen

El presente trabajo se propone caracterizar la política de extensión de la Universidad del Zulia (LUZ) durante el período 1995-2006. Se realizó una revisión de la literatura especializada en materia de extensión, así como la búsqueda de información empírica proveniente de documentos normativos oficiales y la realización de entrevistas a informantes clave de la gestión de extensión en LUZ durante el período de estudio. Los resultados dan cuenta de la existencia de congruencia entre la concepción de extensión formalmente manejada por LUZ y la asumida por este trabajo. Durante el período de estudio se han realizado varias iniciativas tendentes a conformar una política de extensión, en las cuales ha privado actividades de fomento de la extensión entre el personal académico. Se concluye que a pesar de que en LUZ se realizan intentos por adecuar su política de extensión a los lineamientos establecidos por el Estado venezolano, persisten acciones institucionales que se encuentran al margen de estos lineamientos.

Palabras clave: Política de Extensión, estado, extensión universitaria, universidad del zulia, consejo central de extensión.

Extension policy at the University of Zulia

Abstract

The purpose of this research is to characterize the extension policy at the University of Zulia (UZ) from 1995 to 2006. To accomplish this, a review of literature specialized in extension was made, as was a search for empirical information from official documents; additionally, a set of interviews was made with key informants from the extension administration at UZ during the period under study. Results show a similitude between the official concept of extension at UZ and the concept assumed in this paper. During the period under study, various initiatives have been taken that tend toward constructing an extension policy, favoring activities to foment extension among academic personnel. Conclusions are that even though there are attempts to adapt the LUZ extension policy to guidelines offered by the Venezuelan state, institutional actions that remain outside these guidelines still persist.

Key words: Extension policy, state, university extension, University of Zulia, Central Extension Council.

Recibido: 09-03-10 · Aceptado: 09-10-25

Introducción

La extensión es una de las tres funciones sustantivas de la universidad junto con la docencia y la investigación, las cuales se vinculan en un proceso interrelacionado con base en la actividad investigativa. Es por ello que en la literatura especializada es más frecuente conocer sobre política científica que sobre política de extensión, la primera ocupada de la producción y difusión del conocimiento y la segunda dirigida al uso del conocimiento, mejor conocida como política tecnológica.

El ente formulador de las políticas sectoriales, entre ellas las referidas a la ciencia y la tecnología es el Estado, y como tal formula lineamientos generales que en cierta medida ejercen influencia en la política de extensión de las universidades oficiales. En este sentido, resulta pertinente caracterizar la política de extensión de la Universidad del Zulia (LUZ) durante el período 1995-2006. Con tal propósito se realizó una revisión de la literatura especializada en materia de extensión, así como la búsqueda de información empírica proveniente de documentos normativos oficiales y la realización de entrevistas a informantes clave de la gestión de extensión en LUZ durante el período de estudio.

1. Extensión universitaria

Según la Real Academia Española (2008) la acción de extender implica “hacer que algo, aumentando su superficie, ocupe más lugar o espacio que el que antes ocupaba”. En el campo educativo tradicional, la extensión es una acción realizada por un sujeto activo que toma un contenido y lo lleva a otros sujetos fuera del espacio universitario, en una relación unidireccional. En algunos ámbitos académicos se legitima esta postura cuando se expresa que “la difusión es donde se concreta la extensión, al transmitir el conocimiento desarrollado en la investigación y docencia” (UCLA, 1999).

Por su parte, Lovera (1998) incluye en su definición además de las actividades de difusión a diferentes públicos, la puesta en práctica de los conocimientos producidos dentro de la universidad para su utilización fuera de ella. El autor en referencia plantea una concepción unidireccional de la extensión universitaria, de adentro hacia afuera, que deja abierta la posibilidad de obviar la atención a las demandas de los usuarios.

El modelo unidireccional de relación para Lanz y Fergusson (2005:3) está colapsado en la universidad, es por ello que se “trata de asumir integralmente el reto de la vinculación social más allá de la vieja idea de extensión universitaria”, entendida generalmente como “servicio” o como presencia dadivosa de la universidad en el medio externo. Para Freire (2004:25) la extensión ha de ser más bien una “tarea de aquellos que saben que poco saben”.

La concepción de Freire refleja que la actitud extensionista es propia de aquellos sujetos abiertos a todo tipo de conocimiento, se trata de una relación dialógica que sobrepasa incluso el término extensión e involucra la interacción o relación del saber del científico así como del saber de otros sujetos sociales. Esto posibilita la interpretación de las necesidades con los afectados y la generación de conocimiento científico-técnico pertinente para la solución de problemas sociales, lo cual se constituye en una prioridad en los países en desarrollo.

Al considerar la visión dialógica de extensión la Universidad está llamada a vincularse con la sociedad -incluyendo los sectores productivo y comunitario- con la finalidad de promover el desarrollo socio-económico y humano. A pesar de la importante contribución de la extensión a la misión universitaria, en la cual se concreta su función crítica y social para el aporte al desarrollo socioeconómico y la construcción de una sociedad más justa y equitativa, la extensión ha tenido un tratamiento marginal en la literatura científica con escasos aportes teóricos. En este sentido, Serna-Alcántara (2007:2) sostiene que “las publicaciones acerca del tema, muestran en su mayoría planes o informes de actividades, oferta de servicios o ponderación de resultados”.

Asimismo, el ejercicio de la extensión fue gradualmente reducido, entre otras razones, por la prevalencia de la visión napoleónica de universidad, concebida como escuelas parceladas que impiden la compresión del contexto y la complejidad de la realidad. En su lugar, han proliferado las visiones culturalistas con énfasis en lo artístico y lo deportivo como parte del autodesarrollo del estudiante, aspectos dirigidos fundamentalmente al individuo.

La tendencia individual de extensión se vincula con el modelo tecnocrático presente en la universidad latinoamericana, caracterizado por Mendoza citado por Díaz-Barriga (1981) por el “cientificismo, la neutralidad y la reducción de los problemas de la universidad al ámbito de lo técnico”; en consecuencia no considera el alcance político de la ciencia, la necesidad de teorización propia y el estudio de factibilidad respecto a la aplicación de técnicas que generalmente provienen de otros contextos.

En esencia, la extensión como actividad dirigida a la comunidad tiende a ser asumida por actores universitarios como una actividad filantrópica y focalizada como parte de una deuda a los sectores no privilegiados, se asume una condición pasiva como ciudadano y se limita la posibilidad de diálogo interactivo para la creación de conocimiento. Por otra parte, en las relaciones con los sectores productivo y de servicios se debe estar atento al riesgo de privilegiar “los intereses inmediatos prevalecientes en el mercado y las fuerzas dominantes que, de triunfar secarían la capacidad de innovación de la educación superior” (Lovera, 1998:42). Se requiere la promoción de prácticas que favorezcan la equidad social y la participación de otros sectores sociales en el uso del conocimiento.

En este sentido, nos inclinamos hacia una visión integrada e integradora de la extensión dirigida a la resolución de problemas prioritarios para los países en desarrollo, esto es posible a través del diálogo de saberes entre la comunidad científica y sectores extra universitarios; el establecimiento de redes de trabajo de manera tal que se supere la fragmentación existente en la práctica extensionista.

Desde la perspectiva propuesta, la visión tradicional u “ofertista” de la extensión, sustentada en la relación lineal o mecánica: ciencia, técnica y sociedad, requiere colocarse “en tensión” con las demandas de la sociedad y con la capacidad reflexiva de los académicos para producir conocimiento con base en la resolución de problemas relevantes para el desarrollo nacional con tendencia a la independencia científica-tecnológica.

El desarrollo nacional es un objetivo formal contenido en los lineamientos de política del Estado en el marco de un proyecto económico y social. En este sentido, la política científica-tecnológica como área sectorial de la acción estatal establece orientaciones que influyen en la formulación y ejecución de la política de extensión en las universidades oficiales. No obstante, según Vilas (2001) entre el aparato ejecutivo de Estado -donde se incluyen las universidades oficiales- y los entes definidores de la política estatal ocurren tensiones, dilaciones, resistencias y negociaciones.

De este modo, la política de extensión universitaria puede o no corresponder con la política de Estado, constituyendo en cierta medida una limitante para su accionar en materia de ciencia y tecnología, sobre todo cuando se propone acciones de transformación social y económica. Una vez considerado lo anterior interesa conocer cuáles han sido las políticas de ciencia y tecnología durante el período de estudio y su vinculación con la extensión universitaria.

2. Políticas de Estado hacia la extensión universitaria

En Venezuela, desde finales de los noventa en el marco de los procesos de desregulación y ajuste estructural, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) -ahora FONACIT- crea las agendas de investigación. En 1995 se inicia esta política pública interactiva dirigida a la concertación de varios actores (Estado, empresas, comunidades organizadas, productores agrícolas, gobiernos locales, regionales, entre otros), con la finalidad de generar acuerdos de cooperación y financiamiento; así como concebir respuestas a los problemas sociales (CONICIT, 1999). En atención a esta política, el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CONDES) de LUZ, instancia coordinadora de la investigación en la institución, impulsó durante la gestión 1996-2000 la investigación orientada en función de la resolución de problemas prioritarios de la región zuliana.

De manera formal se asume una política de investigación con una visión amplia que estriba en su potencial desarrollo a través de la formulación de líneas y la definición de orientaciones hacia la investigación aplicada, que al mismo tiempo, pudiesen integrar las acciones extensionistas. La política tuvo escasa influencia en la institución debido fundamentalmente a la ausencia de consenso entre los investigadores. Esta situación es parte de una cultura de investigación que existe según Parra (2002) al interior de pequeñas comunidades de investigadores, en las que sobresalen valores asociados a la actividad individual o de pequeños grupos, concentrados en una disciplina y quienes rinden cuenta básicamente a sus pares.

Los esfuerzos llevados a cabo por el Estado para promover la ciencia y la tecnología continúan con la modificación en 1999 de la Constitución Nacional donde se reconoce el interés público de la ciencia y la tecnología como medios para el desarrollo político, económico y social. En el 2001 se sanciona la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), se organiza el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNTI), se transforma el CONICIT en el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT) y se contempla el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, instrumento para definir lineamientos y políticas en la materia.

Las políticas de Estado se dirigen también a la participación masiva de los ciudadanos en el desarrollo científico-tecnológico de la nación. Las estrategias adoptadas, se inclinan a apoyar financiera y técnicamente a las RIP, a la inventiva popular y a la formación de talento humano en el país, estrategias que se ejecutan mediante proyectos en cada uno de los estados, para integrarse a programas a nivel nacional.

En el estado Zulia la Fundación para el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (FUNDACITE) ha ofrecido apoyo técnico y financiero a iniciativas de divulgación de conocimiento hacia el público general (publicaciones, eventos, entre otros) provenientes de instancias directivas de extensión en las facultades de LUZ. Asimismo, LUZ ha apoyado a través de capacitación a miembros de Redes de Innovación Productiva (RIP) en áreas específicas del conocimiento, tal es el caso de la Red de Ovinos y Caprinos. Adicionalmente, Rivas (2008) señala la participación de profesores de LUZ en la experiencia del Proyecto denominado “Apoyo a la Inventiva Popular” como miembros del jurado evaluador para la selección de proyectos factibles, de lo cual se desprende el apoyo financiero y acompañamiento tecnológico.

El MCT también promueve a través del reglamento parcial de la LOCTI (Presidente de la República, 2006) la inversión por parte del sector productivo en ciencia y tecnología con miras a revertir la tendencia de escasa atención que este sector ha prestado al desarrollo científico-tecnológico. Entre las actividades sujetas a aportes por la LOCTI se encuentra el financiamiento a proyectos de investigación y desarrollo realizados en las universidades o centros especializados. Esta normativa representa una importante alternativa de financiamiento a la divulgación de conocimientos y proyectos de extensión integrados, los cuales generalmente requieren mayores recursos.

A través de la aplicación del reglamento, se incrementó la captación de recursos financieros para investigación y desarrollo en las universidades venezolanas. Según cifras aportadas por el ONCTI (2008), la Universidad del Zulia para los años 2006 y 2007 se ubicó en el noveno y octavo lugar respectivamente. A pesar de este ascenso, LUZ se encontró rezagada respecto a otras universidades oficiales. De algún modo esto puede estar asociado a factores como escaso interés de los investigadores, mecanismos burocráticos ligados a la administración universitaria, entre otros.

La ejecución de actividades de servicio a la sociedad por parte de la comunidad universitaria son impulsadas desde el gobierno nacional mediante la formulación en el 2005 de la Ley del Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior (LSCEES) (Asamblea Nacional, 2005) que incorpora, la prestación de servicio social de los estudiantes a la comunidad con la finalidad de aplicar conocimientos obtenidos en el pregrado mediante la formulación y ejecución de proyectos. Cabe destacar que la normativa representa también una oportunidad de vincular a estudiantes y profesores a las actividades y proyectos de extensión existentes en las Divisiones de Extensión. LUZ creó su reglamento interno de servicio comunitario en el 2006 a partir del cual inició la organización de las actividades para su puesta en práctica en conjunto con instancias coordinadoras creadas en cada facultad.

En esencia, las políticas científicas-tecnológicas del Estado se dirigieron a impulsar un modelo de desarrollo que privilegia el trabajo en redes de actores con atención a áreas prioritarias. En este sentido, en los últimos años se ha formulado un marco normativo (LOCTI y LSCEES) que ha provisto nuevas fuentes de financiamiento a la investigación y extensión, ha fomentado la participación del personal académico y estudiantil en la realización de proyectos de investigación aplicada y en consecuencia la vinculación de los universitarios con el sector externo.

Una vez esbozadas las políticas de Estado en materia científico-tecnológica y su influencia en LUZ, se abordará en el siguiente apartado la política de extensión de esa casa de estudios durante el período 1995-2006.

3. Política de extensión en LUZ

El marco legal establecido en el Reglamento de Extensión Universitaria vigente, establece la política de extensión de la universidad al contemplar: objetivos, responsables de la formulación y coordinación de políticas, organización de las actividades de extensión, acreditación de actividades, entre otras. La extensión es definida en el Reglamento como “un proceso multidireccional de interacción entre la Universidad y la Comunidad sobre la cual se funda su razón de existencia, a través de la cual, la Universidad asume y cumple su compromiso de participación en el proceso de creación social de la cultura y de la transformación de la comunidad nacional” (CU, 1996a:art.1).

Se asume de manera formal la extensión como una relación de la Universidad y la comunidad donde ambas se retroalimentan y son sujetos activos para la creación de la cultura como un proceso social y la transformación en el ámbito nacional. Los objetivos implican según el artículo 4 el desarrollo del “nivel científico y académico” no sólo de LUZ sino de su medio incluyendo todos aquellos grupos sociales del ámbito productivo o no; la ejecución de actividades dirigidas a la reflexión teórico-práctica para el bienestar de la comunidad; la proyección de cambios para la resolución de problemas comunitarios; la revisión crítica de los fundamentos de la universidad para su adecuación a la transformación social como proceso permanente; y finalmente la generación y difusión de una ciencia y tecnología independientes, que responda a las exigencias de las necesidades sociales. De este modo, se observa la prioridad otorgada a los objetivos vinculados al bienestar social y la priorización hacia una ciencia y tecnología independiente adecuada a nuestra realidad, orientaciones que deberán incidir en la política de extensión.

Los mecanismos para la consecución de estas actividades son los programas, aunque su definición no está contemplada en el reglamento. Estos programas son: la defensa de la riqueza cultural y del ambiente, actividades recreativas; así como actividades de difusión del conocimiento y el saber, desarrollo social comunitario, servicios y asistencia técnica, de igual modo actividades docentes de extensión, aunque sin especificar cuáles. De manera explícita se incluye la dimensión divulgación del conocimiento no así las actividades inherentes al uso. Sin embargo, el reglamento señala que corresponde a las Divisiones de Extensión en cada facultad las actividades de evaluación de impacto de los programas, lo cual da cuenta del uso del conocimiento.

Por su parte, el Consejo Central de Extensión (CCE) “es el órgano permanente de planificación, coordinación y promoción de las actividades de Extensión de las facultades y dependencias de la Universidad”, sus actividades serán definidas mediante programas. Se asume que los planes y programas formulados por las Divisiones de Extensión, deben orientarse a lo establecido por el CCE, sustentado en las áreas mencionadas anteriormente. Si bien es cierto que el reglamento no establece que las Divisiones puedan crear programas de extensión, en la práctica algunas de ellas asumen la responsabilidad.

La orientación de la política de extensión de LUZ, se define en los planes de desarrollo de la Universidad, las prioridades establecidas por la institución, la posibilidad de convenir programas conjuntos con organismos de distintos ámbitos, así como los recursos que se provean para tales fines. Se evidencia en el reglamento que los planes son el primer insumo para la orientación de la política de extensión, sin embargo no incluye los planes nacionales de desarrollo.

En materia de planificación los avances realizados hasta 1997 fueron escasos, señala Hernández (2008) que la “inoperatividad” del CCE como ente formulador de políticas, lo convertía más en una instancia de ejecución integrado por profesores que realizaban actividades de extensión ligadas a su actividad docente. Tampoco contaba con presupuesto propio, lo cual le restaba capacidad de acción.

Para Hernández (2008), la situación anterior tenía connotaciones políticas e ideológicas porque los sujetos de decisión, miembros del Consejo Técnico -con voz y sin voto-, como son los directores de Deportes, Cultura y Consejo de Fomento, mantenían posiciones divergentes en torno a la concepción de extensión universitaria, lo cual generó un débil compromiso hacia acuerdos generados en el CCE.

A partir de 1997, durante la gestión del profesor Nelson Hernández (1996-2000), se iniciaron acciones para dar operatividad al CCE mediante la reducción del número de sujetos de decisión de esta instancia. Se logra formular un Plan de Desarrollo Estratégico (PDE) para el CCE con la asesoría de la Dirección General de Planificación Universitaria (DGPU). En éste se incorpora una política de fortalecimiento y desarrollo de la Extensión “basada en una relación estratégica clave”, fundamentada en la transferencia de conocimientos de la Universidad a la Sociedad, que “orientan la generación, transmisión y aplicación de su conocimiento competitivo” (Rectorado, 2000).

La transformación en materia de extensión se plantea en el contexto de la economía de mercado, se contemplaron las alianzas estratégicas como mecanismos de vinculación con la comunidad y el sector productivo. En el primer caso se establecería un proceso previo de caracterización de las necesidades de la comunidad y en el segundo mediante las relaciones de vinculación o cooperación con entes del sector productivo.

Ahora bien, en el PDE como insumo de la política de extensión, no se evidencian esfuerzos por definir áreas prioritarias de trabajo o alguna estrategia de articulación con las agendas de investigación propuestas por el CONICIT en los noventa. Su carácter genérico tendió a privilegiar las “alianzas estratégicas” sin profundidad sustantiva respecto al contenido y prioridades para esas alianzas, esto responde a que su formulación fue realizada desde el CU, sin la consideración de actores orgánicos miembros del personal académico de LUZ estrechamente vinculados con actividades de investigación y extensión.

La concepción de extensión contemplada en esta gestión es vista como una función universitaria que “debe concretarse en la práctica científica de abordaje de la realidad como base fundamental para la planificación de estrategias que tienden a transformar de manera transdisciplinaria e intersectorial los problemas que afectan a los grupos sociales” (CCE, 2000).

La visión de grupos sociales contenida en la definición contempla también a actores del sector productivo. En este sentido, se intenta incorporarlo a la oferta extensionista mediante una estrategia de integración de las empresas rentales de LUZ. El objetivo fue ofrecer una oferta coherente y multidisciplinaria ante la dispersión existente en el funcionamiento de estas empresas que generaba desconfianza del sector productivo. En consecuencia, para Hernández (2008) se intentó crear una especie de federación de empresas rentales pero éstas fueron “impenetrables”, debido a conflictos de autoridad entre Vicerrectores Académico y Administrativo (a éste último se adscribían las empresas rentales).

A pesar de los acercamientos del CCE a las instancias de LUZ vinculadas con el sector productivo, las empresas rentales se distanciaron del CCE y funcionaron de manera dispersa. En concreto, ello se evidencia en el nulo aporte económico de esas empresas y del Consejo de Fomento hacia el CCE; sin embargo, cuando el personal docente realiza alguna actividad de extensión contratado por terceros que genera ingresos extraordinarios superiores a un límite establecido, debe destinar un porcentaje sobre los beneficios excedentes al Consejo de Fomento. Se evidencia entonces el relegamiento presupuestario a la extensión sobre otras funciones, disminuyendo las posibilidades de recibir mayor financiamiento del CCE.

En vista de lo anterior, la siguiente gestión (2000-2004) liderada por la profesora Fátima Urdaneta, promueve la formulación de una “política de financiamiento de programas y proyectos de investigación”, mediante estrategias como 1) la gestión de un presupuesto justo desde el CU para extensión y 2) la asignación de una partida en el CONDES para el cofinanciamiento de proyectos de investigación y desarrollo, innovación social o publicación de revistas de divulgación de resultados de investigación (CCE, 2003).

En cuanto a la primera estrategia, es histórica la escasa atención al presupuesto destinado a la extensión, a pesar que durante esa gestión rectoral se dio relevancia al “compromiso social” de la universidad. Según González (2007) la reconducción del presupuesto que corresponde a extensión por normas CNU, es una tendencia justificada por los decanos en razón de la capacidad que tienen las Divisiones de Extensión para generar ingresos propios. Tal situación constituye una presión a estas instancias para privilegiar la realización de actividades hacia la búsqueda de recursos económicos. Por su parte, la segunda estrategia no prosperó, debido a que la política de difusión del CONDES no contempla el financiamiento de revistas de divulgación, las cuales no son arbitradas y manejan un lenguaje técnico sencillo dirigido al público en general.

Las políticas de divulgación del CCE y de las facultades se ha orientado a la divulgación de logros y a la sensibilización del personal de LUZ respecto a la importancia de esta labor, más que con un objetivo predeterminado de captación de demandas y de propagar estudios de casos concretos a la sociedad en general. En efecto, la distribución de los órganos informativos de CCE se realiza fundamentalmente a lo interno de la institución, aunque existen experiencias de divulgación extramuros como es el caso de la revista de extensión de la Facultad de Agronomía (Revista Agrotécnico), la cual realiza divulgación técnica dirigida a todo público y es distribuida a nivel nacional.

Durante la gestión 2000-2004 se formulan también otras políticas hasta conformar un conjunto de siete contenidas en un documento denominado “Políticas y Estrategias para el fortalecimiento de la función de extensión”, presentadas ante CU y distribuidas a las Divisiones de Extensión de las Facultades. Las políticas formuladas se articulaban con acciones que previamente se venían realizando como la ejecución de proyectos integrales con las Divisiones y la promoción de la extensión como función “estratégica vital” para la universidad.

En este sentido, la política denominada “Evaluación e impacto social de la labor universitaria”, intenta conocer en palabras de Urdaneta (2007) si las actividades sirvieron a la comunidad y rompieron con la visión ofertista y cortoplacista de la extensión hacia una visión de transformación social que se mida en el largo plazo. La política en cuestión no prosperó, de modo que es escaso el conocimiento sobre la efectividad de las labores de extensión que a su vez ofrezca información para la planificación institucional con base a la atención de las demandas.

En el marco de políticas nacionales dirigidas al bienestar social y la incorporación del sector universitario a las problemáticas sociales, con la sanción de la LSCEES, surgieron iniciativas desde la rectoría de LUZ para viabilizar la aplicación de la Ley. En la siguiente gestión, que se inicia a finales de 2004, se privilegian los procesos de ejecución de actividades de extensión con la conformación de programas a nivel central.

Entre las gestiones más sobresalientes del Secretario-Coordinador de Extensión se encontraron la solicitud de un mayor presupuesto para el CCE lo cual se logró con el apoyo del Rector y el establecimiento de condiciones legales para la creación de un Vicerrectorado Académico de Extensión. En este último caso circula una propuesta de reglamento para la consideración de los Directores de Extensión.

La propuesta de reglamento fue objetada pues según Pirona (2007) si el fin último era la creación del Vicerrectorado Académico de Extensión, requería de mayor fundamentación. Se propusieron correcciones por parte de algunos Directores de Extensión, sin embargo parte de ellas no se realizaron y finalmente fue aprobado en Consejo Técnico de Extensión dada las presiones ejercidas por el Secretario Coordinador. El reglamento propuesto, con carácter centralizador, soslaya a las Divisiones de Extensión como dependencias académico-administrativa formalmente encargadas de coordinar la extensión y formular políticas de extensión en la facultad. En su lugar, coloca a los programas como unidades académico-administrativas que según el CCE (s/f) se articularían con los departamentos para la formulación de subprogramas y proyectos.

A pesar de que el reglamento no fue aprobado en CU, en la práctica se formularon nueve programas de extensión a nivel central y de acuerdo a Ramos (2007) se solicitó a las facultades y núcleos la designación de un coordinador para cada programa. Su articulación con los programas de las Divisiones de Extensión se ha dificultado, algunos proyectos banderas de las facultades no se encuentran adscritos a los programas centrales.

En el caso del programa central denominado Investigación Extensiva se ha promovido la vinculación de la política de extensión con proyectos nacionales de desarrollo socioproductivo, el coordinador del programa Elvis Portillo docente investigador de la Facultad de Agronomía lidera en el Estado Zulia el proyecto nacional “La Ruta del Chocolate: Producción y Mejoramiento del Cacao” en alianza con asociaciones civiles de productores, instituciones privadas y públicas entre las cuales se encuentra las Facultades de Arquitectura y Diseño e Ingeniería de LUZ. El proyecto se ha visto beneficiado por los aportes de la empresa petrolera Shell en el marco de la LOCTI.

En síntesis, durante el período de estudio se observan esfuerzos institucionales por organizar y consolidar la función de extensión. A mediados de los noventa se impulsa la constitución del CCE como órgano coordinador de la política de extensión de la institución. En el período 2000-2004 se orientó hacia la promoción de políticas rectoras de extensión y la ejecución de proyectos integrales con las diversas facultades de LUZ. Finalmente, en el período 2004-2006 se crean los programa centrales de extensión y se sientan las bases para la aplicación de la política nacional de servicio comunitario.

4. Conclusiones

La concepción institucional de extensión prevista en el reglamento de LUZ vigente se corresponde con la definición que se maneja en el presente estudio, basada en la interacción del conocimiento de los actores con miras a la detección y solución de necesidades. Sin embargo en el plano real, se manifiestan obstáculos administrativos, teórico-metodológicos, ideológicos; que restringen el concepto de extensión hacia la difusión de conocimientos de manera unidireccional sin la evaluación del impacto correspondiente como actividad retroalimentadora y creativa.

Si bien es cierto que se han formulado a lo largo del período de estudio ciertas iniciativas en la política de extensión de LUZ, generalmente la discontinuidad administrativa entre las gestiones y los escasos incentivos institucionales para promover la actividad, desestimulan la incorporación y permanencia del personal a los programas, proyectos o actividades de extensión.

A pesar de que en LUZ se realizan intentos por adecuar su política de extensión a los lineamientos establecidos por el Estado venezolano, persisten acciones institucionales que se encuentran al margen de estos lineamientos. Las experiencias existentes de vinculación del Estado con otros actores sociales se realizan más por iniciativas particulares de profesores extensionistas y su capacidad de gestión que por una política institucional.

Notas

1. Se trata de una forma de trabajo cooperativo en un ámbito, tiempo y campo específico, constituida por personas naturales y/o jurídicas, de carácter público, privado o mixto, con responsabilidades individuales y compartidas, relaciones definidas y objetivos concertados para la producción de bienes y servicios, generación, asimilación y transferencia de conocimientos y tecnologías en el marco de la conveniencia nacional, soberanía económica, política y estrategia del Estado (FUNDACITE-Zulia, 2008).

2. La cantidad máxima a percibir por el Personal Docente y de Investigación por concepto de distribución de beneficios provenientes de actividades generadoras de ingresos extraordinarios no podrá exceder tres (03) veces el total de salarios devengados en un año. En tal caso, los beneficios excedentes corresponderán a la institución en la proporción siguiente: 10% Consejo de Fomento, 40% para la Facultad y 50% para la Escuela, División. Instituto, Centro o Unidad de Investigación correspondiente (CU, 1996b: art. 8).

3. Los programas denominados: Fortalecimiento de la Función de Extensión, Investigación Extensiva, Tecnología de la Información y la Comunicación, Vinculación con el Sector Productivo de la región zuliana, Extensión Académica, Cátedras Libres, Cooperación con las Alcaldías de la Región Zulia, Desarrollo y Participación Social, Formación Permanente para la Capacitación, Adiestramiento y Habilitación Ocupacional (CCE, s/f).

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