Las cooperativas como estrategia de gestión para el fomento de la economía social en el municipio Maracaibo del estado Zulia. Período: 1999-2006

Graterol, Angela* Alizo, María Alexandra** Molero, Norma***

* MgSc en Finanzas y Macroeconomía. Investigador – Profesora FCES/LUZ. Candidata a Doctora en Ingeniería y Administración de las Organizaciones en la Universidad Politécnica de Madrid en convenio con LUZ. Zulia, Venezuela. E-mail: agraterol@hotmail.com y agraterol60@yahoo.com.

** MgSc en Gerencia de Empresas. Investigador - Profesora FCES/LUZ. Coordinadora de Planificación de LUZ. Candidata a Doctora en Ingeniería y Administración de las Organizaciones en la Universidad Politécnica de Madrid en convenio con LUZ. Zulia, Venezuela. E-mail: marialexa4@hotmail.com y marialexa110@yahoo.com

*** Dra. en Ciencias de la Educación. Profesora doctorado área Ciencias de la educación Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE). Zulia, Venezuela. E-mail: nomofi25@hotmail.com

Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo analizar las cooperativas como estrategias de gestión para el fomento de la economía social. Se enmarca en el paradigma positivista, de carácter descriptiva analítica y el diseño es no experimental- transeccional. La muestra estuvo conformada por dos mil doscientos cuarenta y dos socios de cooperativas del municipio Maracaibo, registradas en la superintendencia nacional de cooperativas (SUNACOOP). Se utilizaron fuentes primarias y secundarias para recolectar la información. En relación al instrumento de estudio, se trabajó con un cuestionario configurado por un total de (20) veinte ítems, validadas por cinco expertos con una confiabilidad de 0,84. Los resultados revelan que el apoyo a las organizaciones de la economía social, especialmente para las cooperativas están orientadas a brindar financiamiento, capacitación, adiestramiento, otorgar fianzas y asistencia integral. La mayoría de las cooperativas favorecidas operan en el sector servicio, se clasifican como mixtas, básicamente son pequeñas y medianas. Se concluye señalando que existe una tendencia en la política del gobierno nacional a impulsar las organizaciones de la sociedad civil dirigidas a la economía social como las cooperativas, sin embargo, aún queda muchos espacios por cubrir, afán de lucro, exceso de cooperativas con tintes políticos, desconocimientos de las normativas vigentes, entre otros.

Palabras clave: Cooperativas, economía social, municipio Maracaibo.

Cooperatives as a Management Strategy for Fomenting Social Economy in the Maracaibo Municipality, State of Zulia, 1999-2006

Abstract

This study aimed at analyzing cooperatives as management strategies for promoting social economy. The study is framed in the positivist paradigm, has a descriptive, analytical character and the design is non- experimental and trans-sectional. The sample consisted of two-thousand two-hundred and forty-two cooperative partners in the Maracaibo Municipality, registered in the National Superintendence of Cooperatives (SUNACOOP). Primary and secondary sources were used to collect information. A questionnaire consisting of twenty (20) items was used, validated by five experts, with a reliability coefficient of 0.84. Results revealed that support for social economy organizations, especially cooperatives, is oriented to offering financing, education, training, granting guarantees and integral assistance. Most of the favored cooperatives operate in the service sector, are classified as mixed and basically, are small and medium in size. Conclusions indicate a tendency in national government policies to promote civil society organizations directed to the social economy, such as cooperatives; however, there are still many spaces to cover-desire for profit, an excess of cooperatives with political tendencies, ignorance of the existing regulations, among others.

Key words: Cooperatives, social economy, Maracaibo Municipality.

Recibido: 09-01-13 · Aceptado: 09-11-25

Introducción

La crisis del estado de bienestar y los procesos de reforma del Estado dieron origen a decisiones y acciones de la administración pública de acuerdo con valores y concepciones que llevaron a los gobiernos y sus procesos, hacia un conjunto de estrategias en la búsqueda de la reestructuración neoliberal de la economía. Paralelo a la promoción del Estado bajo una economía de mercado, desde fines de los ochenta se promueve y se lleva a cabo un proceso de descentralización político territorial, en el marco de lo que se denomino reforma del estado para profundizar la democracia. Las gobernaciones como receptoras de competencias del gobierno nacional en este proceso asumen nuevas responsabilidades, como parte de las cuales realizan funciones estrechamente vinculadas a la economía y al bienestar social en cuyo contexto desarrollan políticas de promoción de la economía social, al igual que las Alcaldías y Petróleo de Venezuela (PDVSA).

En el año de 1989 se inicia en Venezuela un proceso de ajuste y reestructuración económica con el VIII Plan de la Nación, que modificó la estrategia de crecimiento económico por sustitución de importaciones aplicada a lo largo de todo el período conocido como Pacto de Punto Fijo. No obstante, la economía social estuvo subsumida en una estrategia de combate a la pobreza extrema sin posibilidades de constituirse en un espacio de desarrollo social. La estrategia organizativa que mas se promovió y de la que se hizo uso fue la microempresa, cuyo rasgo central es el individualismo, sin desmeritar algunos esfuerzos asociativos.

Con el advenimiento de un nuevo proyecto de sociedad plasmado en la Constitución de 1999, el tema toma impulso, promovido por el estado, lo cual se expresa en diversas estrategias expuestas en un marco institucional y en la dedicación de cuantiosos recursos financieros a la promoción de este sector de la economía, especialmente de las cooperativas, se reactiva así la posibilidad de que se rompan viejas barreras al desarrollo de una economía para el bienestar social y que las cooperativas se constituyan en un espacio económico importante en el país (Lopéz, Ochoa, 2001). A partir del Plan Bolívar 2000 y de los sucesivos 2001–2007, se estableció como política de estado “ampliar y profundizar la democracia económica que enfatice la cultura del trabajo y la producción, y que elimine progresivamente la dependencia del rentismo petrolero. El equilibrio económico y la reactivación del aparato productivo son requisitos para una mejor distribución del ingreso. El ambio estructural de una economía rentista a otra de tipo productivo permitirá mejorar la calidad de vida de todos los venezolanos” (Tovar, 2008:1-5).

Para lograr este propósito, el Gobierno Nacional se comprometió a diversificar la economía no petrolera y estimular la Economía Social, equilibrando la heterogeneidad de los intereses económicos y sociales, con la participación autogestionaria de todos los venezolanos, convergiendo diversas formas de propiedad, relaciones de producción y consumo urbano rural; dándole un gran impulso a la industria, la agricultura, el comercio, el turismo y la construcción de infraestructura. De esta manera, se comienza a apoyar todo un cúmulo de iniciativas autogestionarias mediante un sistema de micro finanzas y de asistencia técnica a las comunidades organizadas. El propósito final sería lograr la tan ansiada diversificación del modelo económico objeto, promoviendo la producción y exportación de otros sectores productivos que contasen con ventajas comparativas o competitivas, para de esta forma lograr la recuperación además de la estabilización del sistema con una consecuente mejor distribución del ingreso.

Para el logro de este objetivo el 12 de Noviembre de 2001, el Gobierno Nacional proclama Decretos con Fuerza de Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el No. 5.552 Extraordinario, de fecha 12 de Noviembre de 2001, el Decreto con Fuerza de Ley para la Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, bajo el No. 37.164 de fecha 22 de Marzo de 2001 y el Decreto con Fuerza de Ley Especial de Asociaciones Cooperativas publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, bajo el No. 37.285 de fecha 18 de Septiembre de 2001.

La adscripción de los órganos públicos de otorgamiento de financiamiento a las pequeñas y medianas empresas y/o iniciativas emergentes de negocios como las cooperativas, que antes dependían del Ministerio de Producción y Comercio (MPC), ahora los rige el nuevo Ministerio de Financiamiento para el Desarrollo Endógeno, el cual está dirigido por el Banco de Desarrollo Económico y Social (BANDES), con este cambio el Ejecutivo Nacional buscabá procurar mayor celeridad en el otorgamiento de recursos y promover el desarrollo de cooperativas. Con ello se ha fomentado el crecimiento de las cooperativas, esto se evidencia en datos de la Superintendencia Nacional de cooperativas, según esta institución de 820 cooperativas registradas en el año 1998, se pasó a 1948 en el 2001, 4.079 en el 2002 y a 10.032 hasta julio de 2003: ya para el año 2006 cierran con un total de 47.336 cooperativas inscritas a nivel nacional, siendo el Estado Zulia una de las regiones del País con mayor número (10.282) y el municipio Maracaibo con 2.966, es decir, desde 1998 se ha incrementado el registro de cooperativas en 5.673%. Este salto evidencia que la economía social constituye una alternativa para el trabajo y para la economía y también revela que es un fenómeno social en el cual se han producido cambios importantes que es necesario estudiar.

En función a lo anterior, este trabajo busca analizar las cooperativas como estrategia de gestión para el fomento de la economia social en el período 1999-2006, ya que a lo largo de la década han ido construyendo espacios de participación. Por ello se consolidan como las organizaciones de economía social de mayor rango institucional y tradición. El estudio se clasificó como observacional- transeccional, pues en la medición de la variable se recabó la información en un solo momento, a través de un registro sistemático, sin que implique la modificación de la realidad circundante. A su vez, el diseño de la investigación es no experimental, debido a que no se ejerció control ni manipulación alguna sobre las variables en estudio y las dimensiones e indicadores que las conforman. La población objeto de estudio, estuvo conformada por 56.050, de 2966 cooperativas que existen activas en el Zulia, específicamente del municipio Maracaibo y que se encuentran registradas en la superintendencia nacional de cooperativas (SUNACOOP), en el período presidencial del gobierno de Chavez 1999-2006. Se calculó la muestra aplicando la fórmula para universos finitos la cual quedó constituida por 2242 socios cooperativistas del universo poblacional. En relación a las fuentes de recolección de información se utilizaron: primarias y secundarias. Con la aplicación de un cuestionario configurado para un total de veinte (20) ítems, que fue elaborado en varias escalas: alternativa fija de repuesta, dicotómicas y de selección múltiples. Los datos obtenidos, fueron analizados, utilizando para ello el tipo de estadística descriptiva, concretamente frecuencias absolutas y relativas.

1. Definición y características de la economía social

Cuando se habla de la Economía Social es necesario resaltar dos problemas básicos: la pobreza y la exclusión social. Según el programa “Estrategias y técnicas contra la Exclusión Social y la pobreza de la OIT (1998) “…el análisis de la exclusión social se interesa en las causas de la pobreza, en la especificidad de las necesidades esenciales en las diferentes sociedades, al acceso a los servicios y oportunidades que permiten satisfacer dichas necesidades, a los derechos civiles y políticos fundamentales de los trabajadores”. La economía social se ha convertido en un medio a partir del cual se concreta la lucha contra la exclusión social, canalizando y convocando la participación activa de las personas excluidas creando instancias de diálogo y concertación que posibiliten dicha participación, procurando la organización de los individuos con el fin de llevar a cabo diversas actividades destinadas a mejorar sus ingresos, acceder a los servicios sociales, hacer valer sus puntos de vistas, defender sus intereses y negociar sus relaciones frente a terceros y al Estado, logrando su inclusión en el sistema productivo de los países (Osta et al., 2005).

No se cuenta con una definición única sobre economía social, hay diferentes acepciones que dependen de cada país y tienden a coincidir en algunos elementos. En Venezuela toma los nombres de Economía Social y Participativa y Economía Asociativa en la constitución Nacional (ANC, 1999) y en la Ley Especial de Asociaciones cooperativas (LEAC), (Asamblea Nacional, 2001), y los de Economía Popular Productiva, Economía Solidaria, entre otras, evidenciadas en los diferentes planes, programas y documentos de los organismos gubernamentales y empresas estatales como Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA). La confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) (S/F), define a la economía social “como toda actuación económica que opera en el mercado o en la sociedad, que independientemente de su formula jurídica, comparte los principios de: organización democrática, la persona antes que el capital, propiedad horizontal, reparto de beneficios, resaltados con criterio colectivo, especialmente solidaria con el entorno y provocadora de cohesión social”.

En 1987, Ravima citado por Suárez (2003), como presidente del Instituto de Economía Social para la época, afirmaba: La economía social es el sector de la Economía Privada (por oposición a la economía estatal) dirigido al interés general y que no persigue fines de lucro. Se caracteriza por las relaciones entre sus miembros y entre estos y las órganos sociales, que se determinan conforme con las reglas de la democracia y de la no discriminación, se cree que en una democracia pluralista, en una democracia Social, el sector de la economía que se propicia integra participativamente al hombre en la gestión económica y marca un rumbo definitivo en el camino de su emancipación y dignificación. Su influencia es decisiva para corregir la desviación de los otros sectores. Así mismo, Suárez (2003), planteó que: “El concepto de Economía Social” corresponde a las estructuras económicas que nacen de la clase obrera y artesanal (productores rurales y urbanos), como instrumento de defensa solidaria en el contexto del sistema económico capitalista vigente. La noción de servicio social organizado por la acción de asistencia mutua, con el único objeto del bien común, genera un único verso económico diferenciado del contexto de la economía de mercado que opera en función de la ganancia óptima.

Según la tesis aprobada por la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) en Asamblea Extraordinaria a principios del año 2001, el concepto de economía social comprende cualquier forma empresarial que integre a todas las novedades organizativas y sus correspondientes figuras jurídicas, surgidas como respuesta a las diversas necesidades que plantea la cohesión social. En este sentido, son parte de la Economía Social las cooperativas, sociedades laborales, mutualidades de previsión Social, centros especiales de empleo, fundaciones y asociaciones. Para Vila (2003), la económia social Implica que cada una de sus empresas es una propiedad privada fundamentalmente colectiva. Es una solución alterna del capitalismo que busca ampliar, incluso multiplicar el número de propietarios de los medios de producción con la particularidad que en muchos casos ellos, los mismos son la fuerza de trabajo que utiliza dichos medios. Pero en ningún momento implica, que todos los miembros de la sociedad participen de la propiedad de los medios de producción. Cada caso concreto de Economía Social podría considerarse un tipo de copropiedad colectiva de los medios de producción, pero sin ser extensiva dicha propiedad al resto de la sociedad, que vería a esta empresa o institución como privada, como un ente capitalista o precapitalista social y jurídicamente independiente.

En relación a lo anterior según Osta, et al. (2005) la economía social presenta características esenciales inherentes a su propia condición, tales como: 1) Promueve el desarrollo integral de la persona como un fin en si mismo, convirtiendo el capital en un instrumento; 2) Persigue objetivos económicos, sociales y de interés general y/o colectivo, por encima de los individuales; 3) Contribuye a la incorporación al mercado de trabajo y colectivos, víctimas de la exclusión social a jóvenes en la búsqueda de su primer empleo, mujeres, desempleados, personas con discapacidad, minorías étnicas e inmigrantes; 4) Promueve la participación activa y voluntaria de las personas en la autogestión y búsqueda de las soluciones a problemas comunes; y 5) Contribuye de manera directa al logro de mayores niveles de cohesión y bienestar social de la comunidad con una visión integral.

A su vez Vila (2003) afirma, la Economía Social a través de las prácticas implicadas que responden a un ideal y a una concepción teórica de la vida socioeconómica–política justa, democrática y equilibrada, pero circunscrita a y limitada por el modo de producción capitalista y el sistema de capital, busca satisfacer simultáneamente los aspectos de la identidad (tanto del grupo de asociados, como del sector al cual giran), así como también las necesidades (de cada socio y del público en general si esta a su alcance). De allí que la identidad y la necesidad sean palabras clave de la economía Social.

La significación sustantiva de la economía social consiste en satisfacer las necesidades de un sector de la población haciendo a todos los procesos económicos implicados lo más racionales, incluyentes, justos, equitativos, solidarios y masivos, en cambio la significación formal de las empresas privadas colectivas de la Economía Social consiste en establecer y satisfacer la identidad de cada una a través de las asociaciones de personas, organizadas institucionalmente de tal manera que sus estructuras internas de poder sean lo más horizontales posible y gestionadas democráticamente. Las empresas liberales de la economía social realizan procesos plurales cuyos agentes detentan igualdad de deberes y derechos.

2. Subsectores que participan en la economía social.

Tomando como referencia a los subsectores que participan en la Economía Social, según el resumen del Informe elaborado para el comité Económico y Social Europeo por el CIRIEC (2007), ésta se define como el conjunto de empresas privadas organizadas, formalmente con autonomía de decisión y libertad de adhesión, creadas para satisfacer las necesidades de sus socios a través del mercado produciendo bienes y servicios, asegurando o financiando, a las organizaciones en que la eventual distribución entre los socios de los beneficios o excedentes, así como la toma de decisiones, no están ligadas directamente con el capital o capitalizaciones aportados por cada socio, sino que es correspondiente a un sólo voto por cada uno de ellos. La Economía Social también agrupa a aquellas entidades privadas organizadas formalmente con autonomía de decisión y libertad de adhesión, que producen servicios de no mercado a favor de las familias, cuyos excedentes, si los hubiera, no pueden ser apropiados por los agentes económicos que los crean, controlan o financian.

En este sentido, se identifican dos subsectores: a) El subsector del mercado o empresarial y b) El subsector de productores no de mercado, existiendo vínculos en la Economía Social entre el mercado y no mercado, que se derivan de una característica común a todas sus organizaciones al tratarse de entidades de personas que desarrollan una actividad con el objetivo prioritario de satisfacer necesidades de personas, antes que de retribuir a inversores capitalistas. En relación a la definición anterior las características que son comunes a los dos subsectores de la Economía Social son: 1) Tienen una personalidad jurídica propia, es decir, están organizadas formalmente; 2) Presentan capacidad para elegir y cesar a sus órganos de gobierno, para controlar y organizar todas sus actividades lo que implica autonomía de decisión; 3) No forman parte del sector público, es decir, son privadas; 4) No son de afiliación obligatoria lo que significa con libertad de adhesión; 5) La distribución de los excedentes entre los socios usuarios se realiza de acuerdo con la actividad que estos realizan con la entidad y no es en proporción a las cotizaciones aportados por los mismos; 6) Las organizaciones son entidades de personas, no de capitales. Trabajan con capital y otros recursos no monetarios, no para el capital; 7) Los socios controlan exclusivamente el poder de decisión de la organización. Se aplica el principio de una persona un voto independientemente de las cotizaciones aportadas por los socios, es decir, son organizaciones democráticas.

3. Misión y propósitos de la economía social

La misión de la totalidad de las actividades de la economía social y de las actividades productivas, financieros y/o comerciales de cada empresa están dirigidas a satisfacer los fines, propósitos y efectos de los asociados y del público en general a quienes se pretenden servir. Siendo los propósitos más importantes de la economía social y sus empresas, según Vila (2003), los siguientes: 1) Ahorrar, para el beneficio colectivo; 2) Acumular riqueza económica y social, como fondo disponible en cualquier momento, para satisfacer necesidades de los asociados; 3) Dar primacía a los sujetos y objetos sociales y laborales sobre el capital y la distribución de beneficios; 4) Ejercer la democracia participativa, desde la libre y voluntaria adhesión inicial, hasta el ejercicio de mando y control por la base de la agrupación; 5) Relacionar intereses de los socios, usuarios-consumidores y público en general en políticos productivos, financieros y/o comerciales viables y sostenibles; 6) Defender y aplicar los principios de solidaridad y co- responsabilidad; 7) Gestionar colectivamente las instituciones formales (autónomas e independientes de los poderes públicos y/o privados accionarios y/o de valores establecidos y por establecer), para satisfacer los objetivos de los promotores asociados de cada empresa.

La economía social se diferencia del régimen social, ya que esta implica que cada una de sus empresas es una propiedad privada fundamentalmente colectiva. Es una solución alterna del capitalismo que busca ampliar, incluso multiplicar, el número de propietarios de los medios de producción con la particularidad de que en muchos casos ellos mismos, son la fuerza de trabajo que utiliza dichos medios. Pero en ningún momento implica que todos los miembros de la sociedad participen de la propiedad de los medios de producción. Cada caso concreto de economía social podría considerarse, como un tipo de copropiedad colectiva, de los medios de producción, pero sin ser extensiva dicha propiedad al resto de la sociedad que perfecta y certeramente vería a esta empresa o institución como privada, como un ente capitalista o precapitalista social y económico-político, en el que los medios de producción social son propiedad de los que han invertido capital y las empresas de la economía social no escapan de esto. Esta modalidad económica (Economía Social) es un mero paliativo dentro del modo de producción capitalista que, muy probablemente, se encuentra dominado por el modelo accionario-corporativo. Por otro lado, un verdadero régimen socialista debería resolver para toda la población, los males de la explotación, dominación y exclusión que el capitalismo accionario-corporativo crea, es decir, es pretender que la economía social es una economía alternativa y, este error se debe a que no se entiende que ella es tan solo una modalidad dentro de la economía capitalista, la cual no implica un proceso de transformación de la realidad económica.

4. Marco normativo de la economía social en Venezuela

Para comprender el contenido y función de la llamada economía social es conveniente establecer cual es su contexto para el caso venezolano. A continuación se mencionan algunos de los componentes normativos más importantes que enlazan esta acepción con el entorno venezolano. La Constitución Bolivariana en la exposición de motivos Título VI Del sistema socioeconómico, Capítulo I del régimen socioeconómico y de la función del Estado en la economía, plantea: “El régimen socioeconómico no se define de forma rígida, no obstante se consagran principios de justicia social, eficiencia, democracia, libre competencia e iniciativa, defensa del ambiente, productividad y solidaridad, fuera de cualquier dogmatismo ideológico con relación a la ya superada disputa sobre los roles del mercado y el Estado, evitando una visión extrema y excluyente de los contenidos sociales de todo sistema económico, pero sentando las bases de una economía de respeto a la sesión individual”.

El Estado no está ausente, tiene un papel fundamental como regulador de la economía para asegurar el desarrollo humano integral, defender el ambiente, promover la creación de valor agregado nacional y de fuentes de trabajo, garantizando la seguridad jurídica para fomentar, junto a la iniciativa privada, el desarrollo armónico de la economía nacional y la justa distribución de la riqueza. Resumiendo, se plantea un equilibrio entre Estado y mercado, en razón de que el problema no es mas Estado o menos Estado, sino un mejor Estado y el mercado no es un fin en sí mismo, sino un medio para satisfacer las necesidades colectivas; ese equilibrio debe prevalecer entre productividad y solidaridad, entre eficiencia económica y justicia social, dando libertad a la iniciativa privada y preservando el interés colectivo.

El Estado debe orientar las políticas macroeconómicas y sectoriales para promover el crecimiento y el bienestar. Se reconoce como esencial la acción reguladora del Estado para establecer un marco normativo estable que brinde seguridad jurídica a la actividad económica, postulando una economía abierta a las inversiones extranjeras y garantizando que éstas estarán sujetas a las mismas condiciones de la inversión nacional (…) El Estado se compromete a ejercer acciones prioritarias en algunos sectores económicos para darle dinamismo, sustentabilidad y equidad al desarrollo económico, tales como: la actividad agropecuaria, la pequeña y mediana industria, el turismo, el sector de cooperativas y demás formas de economía popular.

La Economía Social en las líneas generales del Plan de la Nación, 2001-2007: Durante el período constitucional la economía social se impulso a través de dos programas básicos: Uno dirigido a la democratización del capital y la legitimación del mercado a través del desarrollo de actividades productivas autogestionarias donde converjan formas de propiedad distintas, tales como microempresas, empresas comunitarias, nuevas cooperativas, pequeñas y medianas empresas y empresas campesinas. El otro programa, complementario al anterior, se refiere a la organización de un Sistema de Microfinanzas, apoyado en la Ley de Microfinanzas, Ley de Cooperativas, Banco del Pueblo Soberano, Banco de la Mujer y el Sistema Financiero Publico, orientado a facilitar el acceso a los recursos financieros y la asistencia técnica a las comunidades populares y autogestionarias, empresas familiares y microempresas, que facilitará la promoción y desarrollo de los beneficiarios de la economía social. Además, de los servicios técnicos y financieros y de comercialización será necesario organizar programas masivos de capacitación destinados a microempresarios y trabajadores por cuenta propia, reformar diversos mecanismos de regulación que impiden la formación de microempresas, adecuar los servicios sociales, fomentar las organizaciones que contribuyen a la ayuda mutua, lograr la adecuada representación de la población menos favorecida ante los organismos del Estado y aprovechar la potencialidad redistributiva de la política fiscal (Vila, 2003:120).

5. Las cooperativas como apoyo a la economia social

El cooperativismo como un segmento de la economía social es un movimiento socioeconómico de carácter mundial, constituido por asociaciones económicas cooperativas. En la gestión de las cooperativas es fundamental tomar en cuenta la existencia de diferentes tipos, con diferentes intereses. Así, atendiendo a la naturaleza de los socios según Osta et al. (2005), las cooperativas pueden clasificarse en diferentes niveles o grados: 1. Cooperativas de primer grado las cuales agrupan como mínimo a cinco socios que se unen por intereses socio-económicos comunes; y 2. Cooperativas de segundo grado y tercer grado: integran cooperativas de la misma o distinta clase, teniendo como objetivos, promover, coordinar y desarrollar fines económicos comunes a los socios, así como reformar la actividad económica de las mismas. Es lo que se podría llamar la cooperativa de base, la federación de cooperativas que es una cooperativa formada por cooperativas, y la confederación, que es una asociación de federaciones de cooperativas.

Según los resultados de las encuestas el 61% de las cooperativas se clasifican como de segundo y tercer grado; denotando que forman parte de una federación de cooperativas. Esto les permite tal como afirman Osta et al. (2005) fijar objetivos, promover, coordinar y desarrollar actividades con fines económicos comunes a los socios y que refuercen la gestión económica de las mismas. En relación a los mecanismos de integración la nueva Ley Especial de Asociaciones Cooperativas en el artículo 57 señala “….las cooperativas podrán integrarse entre ellas mediante acuerdos, convenios, y contratos para proyectos y acciones determinadas, así como también mediante asociaciones, fusión, incorporaciones y escisiones, pudiendo establecer cooperativas de cooperativas y constituir mecanismos de integración de segundo o más grados locales, regionales o nacionales”.

En relación al tipo de actividad productiva de la cooperativa un 14,6% señaló que prestan servicios a las empresas, un 9,5% en transporte y almacenamiento, 9,2% en comunicaciones, 8,5% en servicios comunales sociales, un 8,1% en comercio, 4,5% restaurantes y hoteles y 7,5% suministro de agua. Lo cual indica que un 61,9% de la muestra se ubica en el sector terciario de la economía. Distribuido en: 8,1% en comercio y un 53,8% en servicios. En función, a como está organizada la cooperativa, el 41,8%, señaló que son mixtas, es decir, los asociados trabajan en común para producir bienes que ofrecen en el mercado, o para prestar servicios al público y, además, en algunos casos adquieren bienes u organizan la prestación de servicios para sus asociados.

La nueva Ley Especial de Asociaciones Cooperativas en su artículo 24 señala: “Las cooperativas decidirán la forma organizativa atendiendo a su propósito económico, social y educativo, propiciando la participación, evaluación y control permanente y el mayor acceso a la información”. En cuanto a las áreas de actuación, el artículo 5 les otorga autonomía para desarrollar cualquier tipo de actividad económica y social de carácter lícito en condiciones de igualdad con las demás empresas, sean públicas o privadas, brindando una apertura total para el desenvolvimiento de las mismas.

Las iniciativas para la conformación de cooperativas en la ciudad de Maracaibo nacen por varias razones. El 29,7% de la muestra encuestada señaló que se decidieron a conformar una cooperativa ya que para este tipo de organización hay mejores oportunidades de comercialización y de gestión de negocios, para el 25,6% porque son preferidas por los institutos financieros y crediticios del Estado, según el 16,5% estas organizaciones son apoyadas por el estado y un 10,3% se inclinó por el subsidió a la producción. Este resultado demuestra que los agentes económicos orientados a la inversión si conocen del apoyo que bridan las políticas públicas para la conformación y gestión de las cooperativas; al consolidarlas como las organizaciones de economía social de mayor rango institucional y tradición.

Los recursos económicos o los fondos que la cooperativa necesita para el cumplimiento de las actividades productivas, de los servicios normales y para su crecimiento, provienen fundamentalmente del aporte de los propios asociados, tal como lo afirma el 32,3% de los encuestados. Para un 29,6% se originan de los créditos de entes de fomento del sector y para un 19,4% los recursos son producto de las reinversiones de parte de los excedentes obtenidos de las operaciones de la cooperativa. Este resultado permite afirmar que las cooperativas encuestadas utilizan, tanto el financiamiento interno como el externo, aprovechando la preferencia que tiene este tipo de organización a la hora de solicitar un financiamiento ante una institución financiera y crediticia del Estado tal como, lo reseña en su artículo 89, numeral 12 la Nueva Ley Especial de Asociaciones Cooperativas que señala “en igualdad de condiciones, las cooperativas serán preferidas por los institutos financieros y crediticios del Estado, de igual manera se preferirán a las cooperativas en la adquisición de prestación de bienes y servicios por parte de los entes públicos”.

En relación a lo indicado anteriormente, cuando la cooperativa requiere algún tipo de crédito, el 54,5% acude a una institución bancaria gubernamental, un 27,6% lo solicita a la banca privada y solamente el 17,85 jamás a solicitado un crédito. Este resultado denota que prevalece una tendencia al uso del crédito del sector público como estrategia fundamental de financiamiento para este tipo de instituciones; indicador característico del apoyo de las políticas públicas al fomento de la economía social donde las cooperativas juegan un papel clave.

De las instituciones gubernamentales que dan apoyo financiero a las cooperativas en el municipio Maracaibo, resaltan en orden de prioridad según los resultados de la encuesta: Petróleos de Venezuela S.A.(PDVSA) (41,5), Corporación de Desarrollo de la región Zuliana (CORPOZULIA) (38,9%) y el Banco Industrial de Venezuela (10.7%) y en menor porcentaje el resto de las instituciones como: Banfoandes (2,5%), Banco del pueblo soberano (4%), Bancrecer (1,3%), Banco Exterior (0,3%), entre otras. Los recursos obtenidos producto del financiamiento externo se han destinado fundamentalmente a financiar proyectos de inversión según la opinión del 73,3% de los encuestados, tan sólo un 10,9% lo utilizaron para ampliar la capacidad instalada, un 8,5% para la actualización tecnológica y solo un 4,4% para capital de trabajo.

En relación a lo anterior, el 40,4% de los encuestados afirmaron que el monto del financiamiento obtenido varía entre Bs. 16.000,00 hasta Bs. 30.000,00 y para un 41,3% más de Bs. 61.000,00; este resultado demuestra que se han otorgado diferentes tipos de financiamiento en relación a los montos financiados: pequeños, medianos y grandes créditos. Estos montos son los que otorgan las instituciones identificadas como las más demandadas por las cooperativas a la hora de optar por un financiamiento.

Los lineamientos para el financiamiento de apoyo a las cooperativas establecen ciertas condiciones, las cuales varían de una institución a otra en lo que respecta a tasa y plazo preferencial, mínimas comisiones bancarias, solicitud de fianzas o de garantías, años muertos, años de gracias, entre otros. El 40,1% indicó que se le solicitó una fianza y a un 40,1% sin cobro de comisiones. Solo un 13,6% manifestó que la tasa de interés es preferencial. Estas son las condiciones que por lo general las instituciones financieras establecen cuando otorgan créditos por montos superiores a Bs. 15.000,00.

El tipo de garantía exigida es la fianza tal como lo indica el 39,9% de los encuestados, así como también la pignoración (31,8%), en menor proporción la hipoteca 7,8% y la otorgada por la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) (13,9%); entidad que tiene como objetivo la emisión de garantías líquidas a sus empresas asociadas, con el fin de facilitarles el acceso al crédito financiero. Este resultado indica que las cooperativas no conocen en su totalidad todos los beneficios que ofrecen las instituciones públicas o mixtas reactivadas y creadas para apoyar la formación y gestión de las cooperativas como por ejemplo la Sociedad de Garantía Recíproca.

Al medir si han recibido fianzas directas por parte de algún organismo público para acceder al financiamiento de la banca o bien para participar en licitaciones, la mayoría de los encuestados (87,7%) indicó que si la han recibido, consideran que el otorgar estas fianzas representa un indicador adicional de los lineamientos en materia de políticas públicas de apoyo a las organizaciones de la economía social. Para el 49,9% de los encuestados las fianzas otorgadas son financieras y para un 41,1% son técnicas. Es necesario resaltar que los organismos gubernamentales que ofrecen fianzas, como parte de sus funciones, por lo general la otorgan financieras y/o técnicas. Al medir cuál de los organismos públicos han otorgado la fianza, aproximadamente, un 80% de los encuestados manifestaron haber utilizado a la Corporación de Desarrollo de la región Zuliana (CORPOZULIA) (38,9%) y a Petroleos de Venezuela S.A.(PDVSA) (41,3%) y solamente un 13,2% al Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME).

Otro indicador de estímulo para las cooperativas lo constituye la capacitación y adiestramiento. En este sentido, la Constitución Nacional en el art. 308 plantea “….el Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro….”, bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la iniciativa popular. Se le dará capacitación, adiestramiento, la asistencia técnica, legal y/o financiera y el financiamiento oportuno.” El 82,7% de la muestra encuestada indicó que ha recibido cursos de capacitación y adiestramiento gerencial en manejo de cooperativas por parte de un organismo público, un 8,8% en convenio con Universidades de la zona y sólo un 8,5% a través de la empresa privada.

Los organismos gubernamentales que han brindado capacitación y adiestramiento en manejo de cooperativas según opinión del 80% de los encuestados son fundamentalmente Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) (41%) y la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA) (38,9%) y, en menor proporción, las universidades (8,8%), la alcaldía de Maracaibo (5,9%), Asociación civil de apoyo a la microempresa de Maracaibo (ACAMAR) (2,9%) y la asociación civil nuevo amanecer (1,8%).

En relación al área en la cual está enmarcada la capacitación recibida el 58,9% se inclinó por las mejoras de procesos, un 32,4% por el desarrollo personal y tan sólo un 4,6% indicó el área de administración. Este resultado demuestra que las cooperativas tienen grandes vacíos desde el punto de vista administrativo hasta se desconocen los valores y principios cooperativos. Esto explica el porque muchas de ellas desaparecen del mercado o no logran sobrevivir a pesar de todo el apoyo brindado por el Estado Venezolano. También, obtienen asistencia legal, financiera y técnica por parte de algunos organismos públicos. En este sentido, el 100% de los encuestados afirmó haber recibido asistencia integral.

Cuando se les consultó a las cooperativas sobre las instituciones que les han prestado servicios de asistencia financiera y/o técnica, respondieron que la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA) (41,3%), Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) (38,9%), Asociación Civil de Apoyo a la Microempresa de Maracaibo (ACAMAR) (2,9%), Banco de Desarrollo Económico y Social (BANDES) (2,4%), entre otras. Estos valores demuestran la importancia de CORPOZULIA y PDVSA como instituciones gubernamentales ejecutoras de la política nacional para el apoyo del cooperativismo en Venezuela.

En relación al área de asistencia técnica, la mayoría de los entrevistados (58,9%) afirmaron que el tipo de asesoramiento lo recibieron en desarrollo y adecuación de productos y procesos, un 32,4% en mejoramiento de los sistemas de calidad y en menor proporción (4,6%) en administración. Estos resultados revelan que las cooperativas han recibido muy poca asistencia en el área administrativa, es un vacío que indiscutiblemente se requiere cubrir a fin de lograr optimizar su gestión y garantizar su permanencia en el mercado.

6. Conclusiones

Con la aprobación de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, adquieren rango constitucional las organizaciones de la economía social; además se crearon la ley de estímulo, promoción y desarrollo del sistema micro financiero y la ley especial de asociaciones cooperativas (LEAC), las cuales rigen dos tipos de organizaciones que pertenecen al sector de la economía social: las cooperativas y las microempresas. Asimismo, el gobierno presenta un mayor interés en la integración de lo económico y lo social, apoyando estrategias solidarias y creando nuevas instituciones para la promoción de la economía social, entre las cuales se encuentran las siguientes: Instituto Autónomo Fondo único social, Banco del Pueblo Soberano, Fondo de Desarrollo de la Mujer y el Banco de Desarrollo Económico y Social. Adicionalmente, surge una instancia de coordinación, el Ministerio de Estado para el Desarrollo de la Economía Social, sustituido por el Ministerio de Economía Popular, actual ente rector de la economía social en Venezuela. En base a ello, actualmente existe un inusitado crecimiento del movimiento cooperativo, a raíz del nuevo ordenamiento legal, con perspectivas de lograr la ampliación de un marco normativo favorable al fortalecimiento de la economía social a través del cooperativismo.

Sin embargo, aún quedan muchos espacios por cubrir, afán de lucro, desconocimientos de las normativas vigentes, exceso de cooperativas con tintes políticos, falta de capacitación en el área administrativa y financiera para gerencial lo cual limita su permanencia en el mercado, desconocimiento de los principios y valores del cooperativismo. Falta de formación y capacidad para dar repuesta a las necesidades técnicas de las empresas y entes contratantes, así como a las expectativas de los propios asociados. No se han producido cambios en la forma de pensar y actuar de los nuevos grupos de personas incorporados a este segmento de la economía. Lo que indica una marcada distancia entre el modelo teórico del movimiento cooperativista y la realidad actual, por cuanto su utilización está orientada por elementos de orden político.

El papel del Estado debe estar orientado no sólo a ser ente promotor de las cooperativas a través de su contratación preferencial por parte de los distintos entes o del otorgamiento del financiamiento. Se requiere a su vez, que existan las condiciones para que se genere la competencia en igualdad de condiciones entre las empresas de la economía social, la implantación de las nuevas tecnologías de información y comunicación, la formación de los socios, dirigentes y de la comunidad en general y su incorporación a los planes y programas de fomento del empleo productivo.

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