Gobierno electrónico: un signo de inclusión digital y poder popular

Ramírez, José* Rincón, Deslisireth** Romero, María Gracia***

* Ingeniero en Sistemas. Magíster en Proyectos Industriales. Profesor Asistente. Coordinador del PSG Informática para la Gestión Social. Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV). Maracaibo, Estado Zulia. Venezuela. Teléfono: 58-4246393608. E-mail: cheoramirez2@yahoo.es

** Comunicadora Social. Magíster en Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología. Profesora Asociado. Departamento de Ciencias Humanas, Facultad Experimental de Ciencias (FEC) de la Universidad del Zulia (LUZ). Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Teléfono: 58-261-7177854. E-mail: derlyta@yahoo.com

*** Comunicadora Social. M.Sc. en Ciencias de la Comunicación. Profesora Titular. Departamento de Ciencias Humanas. Facultad Experimental de Ciencias (FEC) de la Universidad del Zulia (LUZ). Maracaibo, Venezuela. Teléfono: 58-261-7480876. E-mail: mariagraciaromero@hotmail.com

**** Este artículo constituye un avance del Proyecto de Investigación VAC-CONDES CH 0499-08, registrado en el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad del Zulia.

Resumen

Esta revisión teórica intenta plantear las nuevas relaciones que se establecen entre el Estado-ciudadano, a partir del surgimiento del gobierno en línea, producto de la irrupción de las nuevas tecnologías en este contexto. En este sentido, se parte del supuesto que el uso eficiente de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) constituyen mecanismos que permiten minimizar las brechas de gobernabilidad, situación que permite a la larga la inclusión y el poder ciudadano. Para ello, se aplica una metodología descriptiva que aborda diversas posturas en torno a los usos, aplicaciones y soluciones de los gobiernos virtuales como parte de la estrategias de acercamiento entre gobierno y gobernado, así como el ejercicio de la supervisión y control del ciudadano en la gestión pública gubernamental. Se concluye, que el Gobierno Electrónico (GE) es un medio idóneo para maximizar la relación gobernante-gobernado, sólo si se cuenta con una verdadera formación infotecnológica previamente planificada.

Palabras clave: Infotecnologías, poder, gobierno en línea, inclusión.

Electronic Government: A Sign of Digital Inclusion and Popular Power

Abstract

This theoretical review tries to state the new relationships established between the State and its citizens, based on the appearance of on-line government, product of the eruption of new technologies in this context. It begins with the supposition that the efficient use of information and communication technologies (ICTs) constitutes a mechanism that makes it possible to minimize breaches of governability, a situation that, in the long run, permits inclusion and citizen power. A descriptive methodology is applied that approaches diverse positions about the uses, applications and solutions of virtual governments as part of the strategies for bringing government and the governed closer together, as well as the exercise of citizen supervision and control in public governmental management. Conclusions are that electronic government (EG) is a suitable means for maximizing the governor-governed relationship only if it counts on genuine, previously planned information technology training.

Key words: Information technology, power, government on line, inclusion.

Recibido: 09-10-16 · Aceptado: 10-04-15

Introducción

En el siglo que recién comienza han ocurrido algunas de las transformaciones más grandes en la estructura social de la historia de la humanidad. Esta revolución se ha caracterizado por una simbiosis entre las tecnologías y el conocimiento, hecho que ha desencadenado la denominada “era de la información”, “sociedad de la información”, “sociedad del conocimiento” o “economía del capital intelectual”; donde el potencial de este binomio reside en la probabilidad de desatar cambios radicales como consecuencia directa de los conocimientos en aplicaciones tecnológicas, cuyos efectos son perceptibles en las diversas innovaciones hasta ahora desarrolladas.

Es así como, el auge de las TIC´s en hoy día denominadas también “infotecnologías” (1), son las tecnologías del siglo XXI. Éstas han provocado transformaciones y generado varios tipos de retos, modificaciones de conceptos y los comportamientos de los agentes inmersos en el contexto cartográfico social (2).

En el debate sobre el impacto de la revolución tecnológica en el mundo, en general y en América Latina, en particular, el tema del rol del Estado no puede estar ausente; no sólo porque el Estado sigue siendo un actor fundamental de la vida política, económica y social de los pueblos, sino porque al igual que todas las organizaciones de la sociedad actual éste está siendo profundamente transformado por el cambio tecnológico.

En efecto, la relación entre el Estado y la “sociedad de la información” (SI) es multifacética y multidimensional, pues frente a los tremendos cambios tecnológicos que está experimentando la humanidad el Estado es y puede ser actor, espectador, alfarero, crítico, activista, guardián, líder y masa; generando en el este contexto de estas relaciones, por cierto inciertas y en constante cambio, durante los últimos años una discusión sobre el gobierno electrónico.

Este debate ha comprendido tanto; la inclusión digital; los riesgos en su implementación; la brecha digital; el sistema democrático y el impacto en la construcción y activación del poder popular; como el instrumento para el rol protagónico de los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales.

1. ¿Sociedad de la Información o del Conocimiento?

Como se ha afirmado, se vive en una época de cambios o en lo que algunos llaman un cambio de época, caracterizada por profundas transformaciones que acompañan la acelerada introducción en la sociedad de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s). De este modo, “se trata de una nueva etapa de la sociedad industrial en una nueva era denominada “aldea global”, “era tecnotrónica”, “sociedad de la información”, “sociedad del conocimiento”, entre otras; con éstos sólo son algunos de los términos que se han acuñado en el intento por identificar y entender el alcance de estos cambios; pero mientras el debate prosigue en el ámbito teórico, la realidad corre por delante y los medios de comunicación eligen los nombres que se ha de usar” (Burch, 2004).

Efectivamente, cada término lleva consigo un pasado y un sentido, con su respectivo bagaje ideológico. Entonces, es de esperarse que el término que se quiere emplear para designar la sociedad en la que se vive o a la cual se aspira pueda ser objeto de una disputa de sentidos, tras la cual se enfrentan diferentes proyectos de sociedad. Al respecto, Castells emplea el término “sociedad informacional” previo a “sociedad de la información” (haciendo la comparación con la diferencia entre industria e industrial) y señala que si bien el conocimiento y la información son elementos decisivos en todos los modos de desarrollo, “el término informacional indica el atributo de una forma específica de organización social en la que la generación, el procesamiento y la transmisión de información se convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder; debido a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este período histórico” (Castells, 1999:47).

Según Castells, lo que “caracteriza a la revolución tecnológica actual no es el carácter central del conocimiento y la información, sino la aplicación de ese conocimiento e información a aparatos de generación de conocimiento y procesamiento de la información/comunicación, en un círculo de retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus usos” (Castells, 1999: 48.). En este sentido, el autor acota que “la difusión de la tecnología amplifica infinitamente su poder al apropiársela y al ser redefinida por sus usuarios. Las nuevas tecnologías de la información no son sólo herramientas que aplicar, sino procesos que desarrollar”.

De esta forma por primera vez en la historia, la mente humana es una fuerza productiva y un elemento decisivo del sistema. Castells también afirma en una publicación posterior en relación a la “sociedad del conocimiento”, que se trata de una sociedad en la que las condiciones de generación de conocimiento y procesamiento de información han sido sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica centrada en el procesamiento de información, la generación del conocimiento y las tecnologías de la información (Castells, 2002).

Desde esta última perspectiva, el concepto de SI, nace en el seno de una construcción política e ideológica, que se ha desarrollado de la mano de la globalización neoliberal cuya principal meta ha sido acelerar la instauración de un mercado mundial abierto y “autoregulado”. Esta política ha contado con la estrecha colaboración de organismos multilaterales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, para que los países débiles abandonen las regulaciones nacionales o medidas proteccionistas que desalienten la inversión; todo ello ha provocado la irrupción de la escandalosa profundización de las brechas entre ricos y pobres en el mundo.

Esta postura contrasta con las visiones resultantes de la Cumbre Mundial de la sociedad de la información (2003) y la Declaración de Principios de Ginebra, adoptada por los gobiernos, la cual expresa en su primer artículo: “Nosotros... declaramos nuestro deseo y compromiso comunes de construir una sociedad de la información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en la que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y conocimiento para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, respetando plenamente y defendiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Claro está, que la búsqueda de la paridad pareciera ser una intención declarada por todos los países con la finalidad, de encontrar una salida a las dificultades existentes en los órdenes sociales mediante mecanismos inclusivos. Es por ello, que hay que reconocer que en la sociedad de la información se han eliminado significativamente las fronteras y barreras; no obstante, las exclusiones sociales no sólo se han globalizado, sino que también se han regionalizado.

Así, las dificultades en el acceso a la información se producen por una multiplicidad de factores: conectividad, conocimiento, educación, capacidad económica, participación; entre otros; los cuales hacen emerger la brecha digital generada a su vez por las brechas económicas y sociales como expresión de la sociedad de la información; entonces la brecha digital actúa como una manifestación de la exclusión con elevada potencialidad para ampliar las diferencias económicas, comerciales y sociales que separan a los países y regiones (brecha digital internacional) y a los individuos y organizaciones dentro de los países (brecha digital doméstica). (Andrade y Campo-Redondo, 2006).

Hasta ahora, se han aplicado diversas metodologías y enfoques para determinar la preparación tecnológica de un país o región, catalogados por índices tales como: Digital Access Index (DAI); Digital Opportunity Index (DO); EIU e-readiness index, Index of Knowledge Societies (IKS); Knowledge Economy Index (KEI); Network Readiness Index (NRI); Orbicom, Technology Achievement Index (TAI); UNCTAD Index of ICT Difusión; UNPAN e-Readiness Index, World Bank ICT Index; entre otros. En síntesis, de dichos índices se recoge como información que las brechas pueden estar asociadas a la carencia de acceso a Tecnologías de Información por lo tanto, no basta con la sola incorporación de dispositivos tecnológicos a la población para estrecharla, pues los procesos de exclusión tecnológicos están altamente asociados al bajo nivel de ingreso per cápita que tiene la población y a las propias condiciones de rezago cultural que históricamente los ha marginado a los pueblos.

Sin embargo, a pesar de los bajos niveles de ingreso, la necesidad de pertenecer a una “sociedad de la información” para aproximarse a una “sociedad del conocimiento” ha incentivado individual y colectivamente a los diferentes actores sociales, organizaciones, instituciones educativas, gobiernos, a utilizar las infotecnologías para intentar optimizar los procesos de transferencia de conocimiento, así la denominada brecha existente entre tecnologías de información, desarrollo social y conocimiento se desvanecen ante las aspiraciones del pueblo a favor de alcanzar una sociedad mucho más modernizada donde la exclusión no sea la distinción del desarrollo de ciertos sectores sociales, privilegiados históricamente.

Viéndolo así, puede pensarse que, la diferencia, entre quienes tienen acceso a los bienes que la sociedad produce y los que, no lo tienen, consistirá entonces principalmente en el cómo asuman el desarrollo tecnológico en beneficio colectivo para construir la sociedad deseada. Por lo tanto, entrar en ese “mundo social y tecnológico” requiere de la formación de la población en general, educar colectivamente a los beneficiarios de estas nuevas tecnologías como factores de crecimiento, igualdad e inclusión social.

En resumen, las infotecnologías permiten a los países en transición -en esta sociedad catalogada como del conocimiento- generar y ejecutar políticas conducentes a la masificación del acceso a los medios tecnológicos de información, por consiguiente, estarán más cerca de disminuir la brecha impuesta por la imparable y sostenida SI a la cual se ha hecho referencia en este artículo.

2. El Poder Popular en la virtualidad

Como se ha evidenciado, infotecnologías son un medio y no un fin en si mismas, y éstas requieren necesariamente coexistir en un ambiente interactivo con el usuario demandante de requerimientos de información según sea el caso. Pero, cuando se alude a un usuario no se refiere a un individuo aislado de su contexto social, si no inserto en este, conformando un colectivo social; trasformado en poder (3). Con esta visión, el poder popular es fundamentalmente participación ciudadana y los consejos comunales (4), los cuales se erigen pilares de este poder en manos del pueblo; ellos son la vía.

En la sociedad naciente existe un mayor compromiso de los ciudadanos, de allí que a mayor participación, mejor gobierno y calidad de vida. En tal sentido, se parte de la definición que explica la participación ciudadana como el proceso mediante el cual los ciudadanos establecen contactos en forma directa o mediante sus expresiones asociativas; inciden en ciertos procesos gubernamentales definitorios de políticas públicas; es decir, por medio de la participación de individuos, comunidades y sectores sociales todos organizados que tienen la oportunidad de intervenir de distintas maneras en la resolución de determinados asuntos de interés colectivo.

La participación en la formulación de las políticas públicas implica la obligación por parte de las entidades gubernamentales en definir los actos administrativos que podrán ser sujetos a consulta como leyes, reglamentos, planes, programas o proyectos de inversión, ordenanzas urbanas o urbanísticas; por tan sólo mencionar algunos y por ende fijar las condiciones, los mecanismos, los procedimientos y la duración de cada consulta pública respectiva. Cabe destacar que la complejidad de estos procesos de consulta cívica dependerá del ámbito político-territorial donde se realicen, bien a nivel nacional o regional, estadal, municipal, parroquial y comunal (González, 2005).

El concepto de la participación ciudadana, supone directamente el ejercicio de la contraloría social (5) que no es más que la participación de los ciudadanos, comunidades y sectores sociales organizados en la supervisión, control y seguimiento de las políticas públicas de impacto nacional, regional, local y comunitario; haciendo especial énfasis en aquellos dirigidos al desarrollo humano. La contraloría social es un segmento importante y estratégico de la participación ciudadana que requiere de un amplio y urgente desarrollo técnico y legislativo para hacerlo realidad de una manera eficaz y eficiente.

La participación ciudadana no es una pretensión, es el instrumento indispensable para hacer realidad que el poder popular, que no resida en manos de unos pocos, esté en las manos de todos y se pone de manifiesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) aprobada por la mayoría del pueblo venezolano a través de referendo en el año 1999, la cual claramente se deslinda de las veinticinco constituciones que la preceden (desde 1811 a 1999); por cuanto, a través de la participación ciudadana, se deja atrás la democracia representativa (6) para dar paso a la democracia participativa (7) orientándose a la transformación y no a la reproducción o reforma del sistema capitalista; por ende, los ciudadanos están llamados a ejercer la participación ciudadana de forma crítica y autocrítica; todos conciente que se está rompiendo con la tradicionalmente aceptada democracia representativa.

La participación se constituye en el nuevo arquetipo de funcionamiento democrático y de incidencia dentro de la actividad gubernamental. En efecto, las iniciativas de participación ciudadana pueden ubicarse en seis ámbitos distintos de actividad pública claramente diferenciables, uno de ellos es la participación ciudadana vinculada al sector social. En este aspecto, las iniciativas ciudadanas, estarán impulsadas por las comunidades organizadas y demás sectores específicos de la sociedad que tendrán el derecho de cogestionar las políticas públicas educacionales, sanitarias, culturales, deportivas y aquellas relacionadas con la construcción de viviendas y servicios conexos. Así como la gestión programas públicos referidos a la denominada economía social; tales como el desarrollo de cooperativas agrícolas, mercados populares, cajas de ahorro y microempresas (González, 2005).

También, representa la defensa de los derechos humanos frente al Estado más específicamente frente al sistema judicial y penal-penitenciario, ante los posibles abusos provenientes de parte de entidades de la propia esfera privada de la sociedad; la defensa de género, los derechos de la niñez y la adolescencia, la tercera edad, los presos políticos o de conciencia, la libertad de expresión, y los derechos ambientales; son ámbitos de acción donde el voluntariado social y la organizaciones temáticas han consolidado su presencia y capacidad operativa como bastión de la participación y poder popular.

Ciertamente, para impulsar la participación ciudadana, se requiere de vinculación en la planificación local y/o planificación municipal, el desarrollo urbano, el ordenamiento urbanístico y la incorporación de los ciudadanos y las comunidades organizadas en la discusión de los presupuestos públicos. Una experiencia conocida, es la referida específicamente al presupuesto participativo, realizado en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil. También países del mundo como Australia o Canadá muestran con orgullo a la comunidad internacional sus logros en pro del fortalecer la democracia y construcción de ciudadanía a través del establecimiento de planes y estrategias de orden nacional e internacional.

Otra de las trasformaciones del poder popular es la referida a la posibilidad de elegir a miembros e integrantes de los distintos poderes del Estado. En este caso la participación, la participación se traduce en la construcción de una nueva sociedad, donde lo social esté por encima de lo económico, y los ciudadanos estén por encima del Estado, el cual existe para servir al ciudadano, y no para servirse de él.

Así la primera condición institucional es la indispensable existencia de un marco legal democrático que sustente, promueva y apoye el ejercicio de la participación de los ciudadanos y ciudadanas en forma directa o semidirecta a través de sus asociaciones enmarcadas en un ambiente de igualdad, transparencia, procedimientos sencillos y respuestas oportunas. Una segunda condición estriba en la práctica de principios éticos basados en la honestidad, solidaridad, tolerancia, crítica libre y responsabilidad. Como tercera condición, urge el desarrollo de programas educativos dirigidos a elevar las capacidades cívicas y participativas de los ciudadanos y ciudadanas, comunidades y sectores sociales organizados, establecidos en un marco democrático plural y libre.

Con base a lo antes expuesto, el proceso participativo demanda la puesta en marcha de procesos de capacitación y adiestramiento a los miembros de las burocracias públicas como contrapartida directa a los procesos y eventos técnicos que se derivaran de la nueva condición participativa de la administración.

Por su parte, el Estado y sus instituciones deben entonces facilitar los recursos organizativos, técnicos y tecnológicos, informativos e informáticos y los espacios físicos para el cumplimiento eficaz de los procesos de participación ciudadana. De lograr el Estado, una articulación que combine estrategias de instrucción mediante la implementación de mecanismos de alfabetización científica y tecnológica de los ciudadanos, a fin de alcanzar la participación y promover la amplia e irrestricta inclusión digital, informacional y social en todas las capas de la sociedad; se estaría en presencia de un ambiente electrónico que evidenciaría un enfoque social de la ciencia y la tecnología (CTS) (Ferrerira y Didzack, citado por Rincón y Romero, 2007).

3. Gobierno Electrónico (GE): La expectativa de la reciprocidad de la relación Estado-Ciudadano

En el punto anterior se ha intentado dejar claro que, la participación ciudadana se perfila como mecanismo de reciprocidad entre el Estado y el ciudadano donde la utilización de las infotecnologías apalanque el proceso de transformación social de este siglo. Así entonces, el poder popular supera las barreras del espacio físico gracias a la aparición de nuevas aplicaciones tecnológicas dirigidas a promover la relación Estado-Ciudadano en un ambiente denominado gobierno electrónico, el cual abre las posibilidades a un conjunto de procesos tendientes a la inclusión digital (8).

Respecto a esto, las infotecnologías se han constituido en una agenda de gobierno; son un mecanismo para el cambio, forman parte de las iniciativas de modernización estatal y constituyen un medio para comunicarse con otros actores sociales, así como una herramienta para cerrar la brecha digital. Nace en el espacio virtual una visión que resume o sintetiza de alguna manera la capacidad para asegurar a cada comunidad y ciudadano el acceso y participación en red de la información gubernamental (Fountain, 2001). Por ello, se ha observado en los últimos años la aparición de portales gubernamentales en la mayoría de los países, así como en la mayoría de las dependencias gubernamentales, las cuales buscan una cara pública en línea. Se trata entonces, del gobierno electrónico, que no es más que la simple adopción de las infotecnologías por parte de la gestión pública gubernamental como una de las vías a través de la que se conectan e interactúan el gobierno con otras organizaciones y personas, mediante sus páginas Web, correo electrónico y otros equipos portátiles de computación, vídeo conferencia, intranets privadas, extranets. (Criado y Ramilo, 2001). Toda esta plataforma prevé un uso cada vez más integrado de las tecnologías facilitando el acceso al gobierno, las organizaciones y a los ciudadanos mediante el uso de las infotecnologías propiciando el diálogo recíproco e interactivo entre las partes, independientemente de la distancia, espacio territorial y tiempo.

Los ámbitos de acción a los cuales un verdadero gobierno electrónico se acerca, deben estar basados en algunas características; para tal fin, se han tomado las diferentes áreas que permiten ofrecer índices de gobernabilidad en el tercer entorno. Desde este punto de vista, basta mirarse a los diferentes países que profundizan la relación del gobierno en línea con sus ciudadanos de esta manera: a) actividad, b) orientación, c) contexto territorial, d) coordinación interna.

En relación al tipo de actividad, se consideran acciones de regulación, recaudación, fomento, control, custodia y provisión de servicios. Estas acciones deben estar basadas en los principios fundamentales de un gobierno, como son la igualdad de los ciudadanos en relación a sus derechos, deberes y obligaciones, el acceso a servicios básicos, eficiencia y transparencia en el uso de los recursos, acceso a información y control social, entre otras.

En cuanto a la orientación a usuarios, corresponde a las interacciones que debe establecer el gobierno con los diferentes agentes en el cumplimiento de su misión, el ciudadano con el sector privado, organizaciones sin fines de lucro, otras entidades del Estado y otros gobiernos. La relación con cada uno de estos agentes requerirá de total especificidad, tanto en su delimitación como en los mecanismos seleccionados para realizarla.

En referencia al ámbito territorial, las tecnologías de información ofrecen sin lugar a dudas una gran oportunidad, ya que ellas permiten eliminar las barreras físicas, acercando a usuarios y agentes, permitiendo delegar y controlar de mejor manera, y en definitiva, como señala Castells (2002), haciendo posible la disociación de la proximidad espacial y las funciones de la vida diaria.

Finalmente, bajo el concepto de coordinación interna se engloba a las acciones de articulación que debe desarrollar el gobierno para cumplir de manera más eficiente su misión. En este ámbito aparece con gran relevancia la problemática de los cambios organizacionales, desde aquellos orientados a aspectos funcionales hasta otros más polivalentes. En este sentido, TIC´s presentan un gran potencial, desde modificaciones menores en las estructuras del gobierno hasta la posibilidad de cambios mayores (Fountain, 2001).

Así en este orden de ideas, el uso y aplicación de tecnologías de información y comunicaciones (TIC´s) por parte de las administraciones públicas buscan satisfacer las demandas que recaen sobre en nuevo sujeto que interactúa con el estado, es decir, se asume el nacimiento de un nuevo poder en el espacio virtual denominado poder popular (9), el cual que no es mas que la búsqueda de la inserción del sujeto en la reforma y modernización de la gestión pública con el único fin de propiciar el desarrollo económico y social de los pueblos y facilitar el tránsito de la “sociedad de la información” a la denominada “sociedad del conocimiento”.

Por tanto, el desarrollo y la consolidación del gobierno electrónico, deben establecer políticas, estrategias y programas de inclusión digital para combatir la infoexclusión, reduciendo la brecha digital y eliminando las barreras existentes para el acceso a los servicios electrónicos. En tal sentido, el Estado debe simultáneamente ampliar el acceso de los sectores populares a las TIC´s y proveer en general de una cultura ciudadana acerca del gobierno electrónico, que conlleve a la plena participación de los gobiernos regionales, locales e intermedios, el sector privado, las comunidades organizadas para crear y mantener espacios públicos que cuenten con medios electrónicos de libre acceso, así como el aprovechamiento de los espacios privados ya existentes en nuestras sociedades para el acceso a las tecnologías. Debe además, planificar y diseñar estrategias de gobierno electrónico aunado a los planes y programas educativos para propiciar sociedades del conocimiento comprometidas con el poder popular, acciones que fortalezcan a las comunidades organizadas, contribuyendo a su capacidad de control y decisión sobre asuntos de interés público.

El hecho es que, el gobierno electrónico se ha constituido en un nuevo promotor y protector de la democracia al generalizar su uso en el mundo, transparentar la información oficial e impulsar la participación ciudadana (10). Por consiguiente, las iniciativas de gobierno electrónico buscan abrir espacio de manera orgánica y sistemática para que las voces del poder popular se escuchen y sus propuestas puedan ser canalizadas en la forma de soluciones apropiadas para la mayoría.

Indudablemente, la participación protagónica del pueblo solo se dará manera efectiva si se apoya en las iniciativas de democracia electrónica que abra canales para la construcción conjunta de condiciones equitativas de: desarrollo, ejercicio la libertad, equidad, inclusión, justicia acciones garantes de los derechos humanos, sociales, políticos y económicos. Claro está, que el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en las instituciones públicas gubernamentales se fundamenta en el uso adecuado de las infotecnologías por parte del Estado y del ciudadano, pues recae en ellos los deberes y derechos de la solicitud de rendición de cuentas y el deber de éste en ofrecerlas.

Finalmente, la aplicación de las infotecnologías, abre oportunidades para una participación ciudadana de forma más activa, propositiva, preparada y participativa en los procesos políticos y de toma de decisión del Estado y de su propia autodeterminación, reforzando así la democracia y generando una cultura distinta que se confronta a la del secreto, la corrupción y al secuestro de información en la esfera pública por grupos de poder.

4. Consideraciones finales

A la luz de las revisiones teóricas realizadas, se ha evidenciado que las transformaciones de este siglo responden a los múltiples cambios impuestos por el uso de las infotecnologías. Ciertamente, dichas las relaciones que nacen en este nuevo contexto que algunos autores la conceptualizan como sociedad de la información tienden a hacer posible pensar en nuevas formas de construcción del conocimiento compartido. Es decir, los hechos descritos permiten evidenciar que se están configurando una nueva forma de organización, participación, movilización y colaboración.

Se considera que en este espacio denominado virtualidad, el Estado como garante de la participación ciudadana establece un mecanismo novedoso capaz de satisfacer las necesidades y deseos de la ciudadanía que se da cita en un entorno que carece de las barreras del espacio y el tiempo. Esta realidad denominada gobierno electrónico; no es más que la plataforma operativa que tiene el Estado para acercarse a sus gobernados y en la forma natural y espontánea que tiene el ciudadano para ejercer su soberanía.

La soberanía virtual, mientras tanto reconfigura el tejido social tangible, producto de la apropiación de las herramientas tecnológicas, situación que desencadena la capacidad de creación en la red y una posterior generación de conocimiento. Así pues, el conocimiento y el poder legitiman la transformación social del poder popular que no es más que el administrador de una democracia participativa que toma sin recelo alguno la equidad y la inclusión como mecanismos para minimizar las denominadas brechas, producto muchas ellas, de las propias trayectorias históricas.

No cabe duda entonces, que referirse al gobierno electrónico es la suma de elementos interactivos de la arquitectura social donde Estado, universidades, organizaciones y ciudadanos se unen en pro de la construcción de una sociedad del conocimiento. En tal sentido, el gobierno electrónico se constituye en el medio para maximizar la relación gobernante-gobernado; propiciar la educación tecnocientífica e infotecnológica; la participación y la consolidación de un sistema social basado en el poder popular y la educación como la pieza fundamental para la trasformación de la cultura.

Definitivamente, el gobierno electrónico conjuntamente con el poder popular tienen el papel fundamental de definición de estrategias para reducir las brechas en el acceso a las infotecnologías, iniciativas éstas que apuntan al diseño de mecanismos efectivos para atender las necesidades más apremiantes de las comunidades y a la apertura de espacios de inserción y formación ciudadana en esta materia.

Notas

1. Se entiende por infotecnologías a la microelectrónica, la computación y las telecomunicaciones como tecnologías asociadas, así como la inclusión del ambiente propicio para que dichas tecnologías tengan el éxito e impacto deseado (Lanza, 2002).

2. El término cartografía social se usa en este contexto para aludir a la complejidad de la realidad actual que obliga a construir nuevas estrategias e instrumentos de análisis con los que se puedan interpretar las tendencias que rigen la configuración del mundo. De esta forma, surge la cartografía social como una nueva herramienta de planificación y transformación social, una estrategia fundamentada en la investigación-acción-participativa y sus principios, los que han servido para desarrollar aportaciones provenientes de las diversas escuelas o tendencias del desarrollo comunitario, la teoría general de sistemas, la planificación participativa, el uso alternativo del derecho, la organización de redes, las teorías modernas de gestión empresarial y de formación ciudadana (Herrera, 2008).

3. Gran parte del debate sociológico reciente sobre el poder gira sobre el problema de definir su naturaleza como constrictiva o como permisiva. Así, el poder puede ser visto como un conjunto de formas de constreñir la acción humana, pero también como lo que permite que la acción sea posible, al menos en una cierta medida. Está relacionado con los trabajos de Foucault, ve al poder como “una compleja situación estratégica en una determinada sociedad”. Es puramente estructural, el concepto involucra tanto las características de constricción como de facilitación. El ejercicio del poder es endémico en los humanos, como seres sociales y gregarios que son.

4. En el marco constitucional de la democracia participativa y protagónica son instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales, los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas publicas y proyectos orientados a responder las necesidades y aspiraciones de las comunidades en construcción de una sociedad de equidad y justicia social. (Artículo 2 de la Ley de los Consejos Comunales de la República Bolivariana de Venezuela).

5. Gutiérrez (2005) señala que, la contraloría social ejercida de forma ética-política y humanista es el ejercicio donde el pueblo participa y forma parte de los asuntos públicos. La contraloría social a través de información y conocimiento de causa realiza un conjunto de acciones voluntarias para ejercer el control, la vigilancia, la supervisión y la evaluación para contribuir con la gestión gubernamental, dado que busca la democratización de los servicios, el manejo de los recursos en beneficio de la colectividad, la capacidad de respuesta y pretende evitar que los recursos sean utilizados por intereses particulares de algún grupo.

6. En la democracia representativa el pueblo delega la soberanía en autoridades elegidas de forma periódica mediante elecciones libres. Estas autoridades en teoría deben actuar en representación de los intereses de la ciudadanía que los elige para representarlos.

7. La democracia participativa es una expresión amplia, que se refiere a formas de democracia en las que los ciudadanos tienen una mayor participación en la toma de decisiones políticas. En si misma, es un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas.

8. Referirse a “inclusión digital”, la misma es entendida como un conjunto de esfuerzos que realiza cualquier gobierno para aumentar, las oportunidades de integración de las personas a los procesos sociales que se generan, producto de esta nueva relación con las tecnologías. El sentido objetivo de la inclusión digital es que cada persona conozca y maneje las herramientas o aplicaciones tecnológicas y accedan a estas, de manera que puedan aprovechar las oportunidades de consumo e intercambio de bienes simbólicos o materiales para lograr su integración (Presman, 2007).

Pero, en un sentido más subjetivo es la evaluación y valoración que las personas tienen de las tecnologías como un mecanismo real y práctico del cual disponen para su desarrollo personal o social. El concepto de inclusión digital, aparece justamente como una antítesis a la “exclusión” generada por el acceso desigual y fragmentado a las tecnologías y a los códigos de comunicación digital que limitan una participación activa y el ejercicio ciudadano de las personas. La génesis de la inclusión es la integración del “poder popular” en el ámbito infotecnológico. Es importante señalar, que la “inclusión digital” no es una situación o característica específica y absoluta que las personas adquieren, sino un proceso que les permite integrarse mejor a la “sociedad de la información”.

9. El poder popular como ejercicio efectivo, se fundamenta en la organización y la participación real de la amplia mayoría del pueblo en las decisiones inherentes a los asuntos básicos de convivencia ciudadana.

10. Esta fue la principal conclusión del “Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el sector público 2003: La Encrucijada del Gobierno Electrónico”, que fue presentado en la capital mexicana por el secretario general adjunto del departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, Dr. José Antonio Ocampo.

Bibliografía citada

1. Andrade, J. y Campo-Redondo, M. (2006). “Tecnologías de Información: Indicadores de la inclusión digital”. En Revista Venezolana de Gerencia. Vol.11, no.33. (Documento en línea).  Disponible en: http://www.serbi.luz.edu.ve/scielo.phpscript=sci_arttext & pid=S131599842006003000004 & lng=es & nrm=iso>>. ISSN 1315-9984. Fecha de consulta: 29 de octubre 2008.         [ Links ]

2. Burch, S. (2004). Sociedad de la Información/ Sociedad del Conocimiento. (Documento en línea -Extracto). Disponible en: http://vecam.org/article518.html. Fecha de consulta: 9 de marzo de 2009.         [ Links ]

3. Castells, M. (1999). La Era de la Información: Economía, Sociedad y Cultura. La sociedad Red. México: Siglo XXI.         [ Links ]

4. Castells, M. (2002). La dimensión cultural de Internet. [Documento en línea]. Universitat Oberta de Catalunya. Disponible en: http://www.uoc.edu/culturaxxi/esp/a. Fecha de consulta: 3 julio de 2008.         [ Links ]

5. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Disponible en: www.constitucion.ve/constitucion.pdf. Fecha de consulta: 18 de septiembre 2008.         [ Links ]

6. Criado, J. y Ramilo, M. (2001). e-Administración: ¿un Reto o una Nueva Moda para las Administraciones del Siglo XXI. Algunos Problemas y Perspectivas de Futuro en torno a Internet y las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las Administraciones Públicas. [Documento en línea]. Disponible en: www.ivap.euskadi.net/r61-2347/es/contenidos/informacion/rev_vasca_adm_publ/es_3822/adjuntos/ramilocriado.pdf. Fecha de consulta: 11 de septiembre 2008.         [ Links ]

7. Fountain, L. (2001). Determinantes del Gobierno Electrónico. (Documento en línea) Disponible en: http://www.etarija.gob.bo/index.phpoption=com_content & view=article & id=12 & Itemid=19. Fecha de consulta: 7 de octubre 2008.         [ Links ]

8. González, M. (2005). La participación ciudadana como paradigma de gobierno. (Documento en línea). Disponible en: http://www.analitica.com/va/politica/opinion/2390287.asp. Fecha de consulta: 8 de octubre 2008.         [ Links ]

9. Gutiérrez, M. (2005). Profundizando la participación ciudadana. [Documento en línea] Disponible en: http://www.aporrea.org/actualidad/a14411.html. Fecha de consulta: 8 de octubre 2008.         [ Links ]

10. Herrera, J. (2008). Cartografía Social. (Documento en línea). Disponible en: www.juanherrera.files.wordpress.com/2008/01/cartografia-social.pdf. Fecha de consulta: 9 de marzo 2009.         [ Links ]

11. Informe mundial de las Naciones Unidas sobre el sector público (2003). La Encrucijada del Gobierno Electrónico. [Documento en línea]. Disponible en: http://www.Cinu.org.mx/prensa/comunicados/2003/PR03108_Inf_e_gov.htm. Fecha de consulta: 16 de octubre 2008.         [ Links ]

12. Lanza, M. (2002). Tecnologías de Información y Comunicación como instrumento para el Desarrollo. Colección Cuadernos del Desarrollo Humano, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (PNUD).Tegucigalpa, Honduras. ISBN 99926-656-2-9. (Documento en línea). Disponible en: www.portaleducativo.hn/pdf./brecha. Fecha de consulta: 9 de marzo 2009.         [ Links ]

13. Ley de los Consejos Comunales de la República Bolivariana de Venezuela (2006). [Documento en línea]. Disponible en: http://www.mipunto.com/venezuelavirtual/leyesdevenezuela/ordinarias/leyordinariadeconsejoscomunales.html. Fecha de consulta: 13 de octubre 2008.         [ Links ]

14. Presman, A. (2007). Brecha digital ¿un nuevo signo de exclusión?. (Documento en línea). Disponible en: www.sunchaleshoy.com.ar/archivo/2007/10/19/brecha-digital-¿un-nuevo-signo-de-exclusion. Fecha de consulta: 14 de octubre 2008.         [ Links ]

15. Rincón y Romero, M. (2007). Las TIC´s Grandes Temas. Edición Universidad del Zulia- CORPOZULIA. Volumen I. Págs. 156.         [ Links ]