I. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, la alimentación forma parte de un eje estratégico para los sistemas de salud pública a nivel global, en consecuencia del crecimiento sostenido de enfermedades no transmisibles relacionadas con una dieta inadecuada. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado que una alimentación saludable mejora significativamente la calidad de vida y previene múltiples patologías crónicas ¹. Debido a esto, diversos países han implementado políticas alimentarias integrales que buscan intervenir en el entorno alimentario, garantizar el acceso equitativo a alimentos nutritivos y fomentar una educación nutricional, empleando herramientas como el etiquetado frontal o las guías alimentarias basadas en alimentos (GABA), que son parte de los esfuerzos por abordar la malnutrición en todas sus formas ².

Las políticas públicas relacionadas con la alimentación tienen un rol imprescindible en la promoción de hábitos saludables y en la regulación de la oferta alimentaria desde el individuo hasta la situación de salud alimentaria en un país. En ese sentido, Armiñana y Morales ³ definen la política alimentaria y nutricional como el conjunto de acciones estratégicas implementadas a nivel nacional, regional o local, con el propósito de identificar y abordar los desafíos relacionados con la alimentación y la nutrición, así como de desarrollar medidas preventivas efectivas para su mitigación.

En Ecuador, entre estas políticas, destaca la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA) ⁴, establecida a partir del año 2009, cuyo objeto es definir los procedimientos a través de los cuales el Estado cumple con la obligación y meta estratégica de asegurar a individuos, comunidades y pueblos la autogestión de alimentos saludables, nutritivos y culturalmente adecuados. No obstante, la obesidad constituye un importante desafío para la salud pública que ha alcanzado proporciones preocupantes a nivel global, y Ecuador se encuentra dentro de este contexto. En muchos casos, la obesidad implica un riesgo significativo para el bienestar de la población, ya que se asocia con diferentes enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares, lo que pone a Ecuador frente a un desafío sanitario urgente que requiere atención integral en políticas públicas.

Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), en el país se ha observado que el 63,6% de la población adulta presenta sobrepeso u obesidad, con una prevalencia notablemente superior en mujeres en comparación con hombres. En particular, se destaca que 8 de cada 10 mujeres de entre 45 y 69 años de edad se encuentran en esta categoría de sobrepeso y obesidad ⁵. En lo que respecta a niños y adolescentes, la situación es igualmente alarmante. La prevalencia de la obesidad infantil está en ascenso, condicionada por elementos tales como los patrones de alimentación familiar, la accesibilidad a alimentos elaborados y la insuficiencia de actividad física en la rutina diaria ⁶.

Por tanto, el objetivo de este estudio es realizar una revisión sistemática de la literatura existente sobre el impacto de las políticas alimentarias en Ecuador y su relación con la obesidad, con el fin de identificar enfoques y analizar los índices de salud. A partir de los hallazgos obtenidos en la revisión, se llevará a cabo un análisis de las políticas alimentarias implementadas con los resultados observados en los niveles de obesidad, así como el comportamiento de esta enfermedad en las últimas Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición, realizadas en el período de 2012 a 2018.

En este artículo, se aborda la temática de políticas alimentarias en Ecuador, tales como la LORSA y el Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos Procesados para el Consumo Humano así como la obesidad de manera general. En el desarrollo, se profundiza en el marco normativo y las políticas alimentarias aplicadas en el país. La metodología expone los criterios de selección de los estudios que conforman la revisión, así como el análisis de los índices de salud. En la sección de resultados se presentan los estudios seleccionados, detallando sus metodologías y conclusiones. Finalmente, se discuten los hallazgos obtenidos y su incidencia en la formulación de políticas públicas futuras que puedan contribuir a la lucha contra la obesidad en Ecuador.

II. MARCO TEÓRICO

Las políticas alimentarias son herramientas claves que influyen en la producción, distribución, acceso y consumo de alimentos, y tienen un impacto directo o indirecto en los hábitos alimentarios de la población ⁷.

En América Latina, estas políticas presentan un ámbito de oportunidad significativo para mejoras futuras. De acuerdo con Pérez y Pérez ⁸, el Derecho a una Alimentación Adecuada en la región requiere del establecimiento de marcos legales y políticos sólidos, alineados con estándares internacionales contemporáneos. Además, resulta esencial vincular la promoción de una alimentación saludable con el fortalecimiento de la salud pública, especialmente en lo relacionado con la prevención de enfermedades crónico-degenerativas.

Si bien Ecuador cuenta con una base normativa y programática importante en cuanto a política alimentaria, entre las cuales destaca el Plan Intersectorial de Alimentación y Nutrición Ecuador (PIANE 2014-2025) ⁹, el Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos Procesados para el Consumo Humano ¹⁰ y la LORSA ⁴, el verdadero desafío radica en garantizar una implementación efectiva, articulada y sostenida en el tiempo. Solo así será posible reducir los índices de obesidad y promover entornos alimentarios realmente saludables para las futuras generaciones.

Un estudio reciente de UNICEF¹¹ en el que se aplicó el Índice de Políticas de Entornos Alimentarios Saludables (FOOD-EPI) revela que la normativa vigente para promover entornos saludables y prevenir la obesidad infantil y adolescente no se alinea con prácticas internacionales. Esto porque aún se debe fortalecer los sistemas de evaluación de políticas alimentarias para reconocer su impacto, además de regularse eficazmente el precio de alimentos y controlar el marketing digital dirigido a menores, pues influye en los hábitos de consumo. El informe indica, asimismo, que persisten barreras en la implementación de políticas públicas enfocadas en la promoción de entornos alimentarios saludables para la prevención del sobrepeso y obesidad, destacando el conflicto de intereses entre el sector privado, la industria de alimentos y las corporaciones transnacionales, así como el déficit de control y monitoreo e insuficiente evaluación de las políticas públicas.

La Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA) ⁴, implementada a partir del año 2009, en su apartado de Consumo y Nutrición, promueve la erradicación de la desnutrición y malnutrición, incentivando el consumo de alimentos nutritivos. Asimismo, se recomienda evitar la comercialización de productos con bajos valores nutricionales en las instituciones educativas. Esto implica garantizar la calidad y el contenido nutricional de los alimentos ofrecidos, así como restringir aquellos de baja calidad a través de campañas en medios de comunicación.

El Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos Procesados para el Consumo Humano ¹⁰ también representa un instrumento clave. Actúa como regulador en materia de etiquetado de estos alimentos; en ese contexto, los alimentos deben ser etiquetados según parámetros de Alto, Medio y Bajo en relación con la cantidad de azúcar, grasa o sal presentes. Esta medida busca asegurar el derecho constitucional de las personas a recibir información clara, veraz y oportuna sobre el contenido de los productos alimenticios, facilitando así decisiones de consumo más informadas y responsables.

En ese sentido, el PIANE 2018-2025 ⁹ se presenta como un proceso de planificación fundamentado en evidencia científica y análisis riguroso de la realidad nacional. Este plan promueve un enfoque de corresponsabilidad entre el Estado, las diversas entidades involucradas y la sociedad civil, siendo el MSP encargado de ejecutar el seguimiento y monitoreo del cumplimiento del plan a nivel cantonal/distrital.

De esta manera, se observa que la implementación de políticas estatales está encaminada a fomentar y asegurar la seguridad alimentaria, fundamentadas en un amplio marco normativo para la ejecución de programas y proyectos en este ámbito. Según Ayaviri et al. ¹² es notable la colaboración de organismos de cooperación internacional, el sector privado y distintas instituciones públicas, sin embargo, resulta crucial considerar el diseño de políticas de seguridad alimentaria desde una perspectiva de salud, lo que implica una reflexión profunda sobre las modalidades y patrones de consumo de alimentos.

El diseño de políticas debe por esto integrar de manera explícita tanto dimensiones nutricionales como patrones de consumo alimentario, especialmente en un contexto donde problemas como la obesidad y enfermedades asociados están en aumento. La seguridad alimentaria no debe visualizarse solo como el acceso físico a los alimentos, sino que también debe prestar atención a aspectos de alimentación saludable y sostenible.

III. METODOLOGÍA

Este estudio se llevó a cabo bajo un enfoque cualitativo, utilizando una metodología descriptiva. En primer lugar, se realizó una revisión sistemática de literatura para evaluar las políticas alimentarias implementadas en Ecuador y sus efectos sobre los niveles de obesidad en la población.

La investigación se desarrolló a partir de la revisión de bases de datos reconocidas en la comunidad científica nacional e internacional, accediendo a estudios adicionales e información relevante. Se emplearon palabras clave como “políticas alimentarias”, “obesidad”, “nutrición pública”, “Ecuador”, los cuales se combinaron mediante operadores booleanos como “AND” y “OR”, para optimizar la búsqueda de información.

A. Criterios de inclusión y exclusión

Se incluyeron estudios realizados en Ecuador que examinen la relación entre la política alimentaria y sus efectos sobre la obesidad, la nutrición y el consumo de alimentos. Solo se consideraron artículos científicos o de conferencias publicados en los últimos cinco años. En la Figura 1 se presenta una representación gráfica del proceso utilizado para la selección de estos estudios.

Fig. 1 Diagrama de flujo de la selección de artículos. 

IV. RESULTADOS

Los estudios seleccionados para su análisis, en términos generales, sugieren la necesidad de ajustar dichas políticas en función de los diagnósticos obtenidos. En ese sentido, es fundamental que el Estado tome en consideración las contribuciones de la academia, promoviendo así un esfuerzo conjunto en la reducción de la obesidad en la población general, seleccionando estudios específicos que destacan los resultados actuales de la presente investigación.

La Tabla 2 incluye artículos evaluados que, por su carácter científico y técnico, aportan significativamente al estudio, reconociendo líneas temáticas clave -conocimiento y uso del etiquetado nutricional, impacto del consumo de ultraprocesados y determinantes sociodemográficos de riesgo- que constituyen las principales áreas de oportunidad para el diseño y evaluación de políticas alimentarias en Ecuador.

Los resultados obtenidos permiten reflexionar sobre la complejidad del fenómeno de la obesidad en Ecuador, particularmente en relación con la efectividad de las políticas alimentarias implementadas. Aunque las normativas de alimentación saludable son clave en el marco legal del país, no han logrado traducirse en mejoras significativas en los indicadores de salud pública. Esto se debe, en gran parte, a problemas en la implementación, como la falta de articulación institucional, la ausencia de monitoreo, un bajo nivel de comprensión del etiquetado por parte de la población y la ausencia de estrategias educativas complementarias.

Por su parte, el PIANE 2014-2025 sostiene que entre los determinantes estructurales que afectan a los problemas de alimentación y nutrición en el país, destacan la evaluación y monitoreo deficiente, limitación de rendición de cuentas, coordinación horizontal y vertical deficiente, lo que aumenta más la brecha en la implementación efectiva de políticas públicas. De tal manera que, aunque estas políticas representan un avance legislativo importante, no han sido suficientes por sí solas para enfrentar el creciente problema de la obesidad en el país.

Efectivamente, la LORSA es responsable de la regulación de la oferta alimentaria; sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, la comercialización de alimentos ultraprocesados continúa representando un desafío relevante. Su enfoque basado en la erradicación de la desnutrición y malnutrición, se basa únicamente en el alcance de la población a productos de origen agroecológicos u orgánicos incentivadas a través de programas de promoción y educación nutricional, a los cuales no se les exige constar de lineamientos respectivos para reconocer el impacto de su implementación.

Otro de los hallazgos clave es la ineficiencia del etiquetado nutricional tipo semáforo, que consta en el Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos Procesados para el Consumo Humano ¹⁰, pues a pesar de que se ha implementado esta política, casi la mitad de los adolescentes no aprovechan la información que se les ofrece ¹⁵. Esto limita su efectividad y pone de manifiesto la necesidad de revisar los factores que están en juego, como el bajo nivel de comprensión del etiquetado y su escaso impacto en los hábitos de consumo. Estos son elementos que influyen directamente en el éxito de las políticas alimentarias.

Fig. 2 Etiquetado de alimentos tipo semáforo en Ecuador. 

Además, se ha observado asociación entre el desconocimiento del etiquetado nutricional y mayores valores de Índice de Masa Corporal (IMC), circunferencia de cintura y porcentaje de masa grasa en adolescentes, aunque no se encontraron diferencias significativas en los patrones de consumo ¹³.

En cuanto a índices de obesidad en un período determinado, Sinchiguano et al. ¹⁹ afirman que en el país se contrasta el porcentaje de sobrepeso en niños de 5 a 11 años en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012 (19%) con la misma encuesta del año 2018 (20,58%), donde se observa un aumento de 1,58% en 6 años. Por su parte, en los adolescentes de 12 a 19 años, el sobrepeso ha subido del 18,8% en 2012 al 22,53% en 2018, lo que representa un aumento de 3,73% en solo 6 años. En el grupo de 19 a menos de 60 años, el sobrepeso pasó de 40,6% en 2012 a 41,3% en 2018, un incremento de 0,7%, que es estadísticamente poco significativo.

A medida que la obesidad en niños de 5 a 11 años disminuye del 14,40% al 6,53% en adolescentes de 11 a 19 años, se observa un cambio en los estilos de vida del 7,87% al llegar a la adolescencia. Sin embargo, en la adultez, la situación se complica, ya que la obesidad aumenta un 14,80%, probablemente debido a las responsabilidades y las condiciones de vida. En adultos de 19 a 59 años, la obesidad pasó del 22,2% en 2012 al 23,38% en 2018, lo que representa un aumento de 1,18%, indicando que no se han logrado avances significativos en su reducción.

Estos datos evidencian que los patrones de consumo alimentario en la población ecuatoriana siguen siendo inadecuados, manteniéndose una tendencia creciente en los índices de sobrepeso y obesidad. A pesar de la implementación de políticas públicas como el etiquetado de alimentos en el año 2014, su impacto real en los hábitos alimenticios parece ser limitado, ya que aunque la población cuente con información nutricional visible y accesible, esto no se ha traducido en cambios sostenibles en el comportamiento alimentario, sugiriendo que las estrategias actuales no son suficientes por sí solas.

En consideración con el Índice de Políticas de Entornos Alimentarios Saludables realizado en Ecuador por UNICEF ¹¹, hay retrocesos en cuanto al avance de estas políticas. Solo un indicador, que es el etiquetado nutricional según el Código Alimentario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, logra superar el 60% de cumplimiento. En contraste, los indicadores más bajos se relacionan con la publicidad de alimentos no saludables en medios digitales, que apenas alcanza un 11%, y con el control de precios de alimentos, donde actualmente no existe una norma vigente.

En el análisis también se constató que determinantes sociodemográficos como sexo, estado civil, etnia y entorno geográfico condicionan los niveles de sobrepeso y obesidad, considerando a estos factores como mecanismos intermedios que afectan la efectividad de estas políticas alimentarias en diferentes grupos sociales. Aunque existe un marco normativo que respalda el derecho a una alimentación saludable, persisten brechas significativas en su implementación, particularmente en zonas rurales ¹⁷.

En ese marco, el PIANE 2014-2025 reconoce la desigualdad socioeconómica como un determinante crucial en la malnutrición y la obesidad, por lo que la pobreza sigue siendo un obstáculo debido a que muchas personas no pueden permitirse el acceso a productos frescos y nutritivos. Es clave, por tanto, un seguimiento efectivo a nivel cantonal/distrital que, acompañado de recursos suficientes, permita realizar intervenciones sostenibles en todo el país, especialmente en áreas rurales.

CONCLUSIONES

El análisis realizado sobre las políticas alimentarias y su impacto en la obesidad en Ecuador, revela que, aunque el país cuenta con un marco normativo robusto, las políticas alimentarias implementadas hasta la fecha han tenido un impacto limitado en la reducción de la obesidad, esto debido a que las cifras revisadas en los estudios siguen mostrando una tendencia creciente, incluso en documentos oficiales como la última Encuesta de Salud y Nutrición.

Asimismo, hay deficiencias en la implementación y evaluación de estas políticas, así como la falta de mecanismos de control efectivos. Pese a los esfuerzos como el etiquetado nutricional tipo semáforo, regulación de las grasas trans y planes como el PIANE 2014-2025, los mecanismos intermedios, como la comprensión insuficiente del etiquetado y el consumo elevado de alimentos ultraprocesados, siguen siendo barreras significativas para el éxito de las políticas alimentarias. En ese sentido, es importante que para mejorar la efectividad de las políticas se implementen estrategias robustas de educación nutricional, que demuestren la comprensión del etiquetado y sensibilicen a la población respecto al consumo elevado de alimentos ultraprocesados.

Deben considerarse buenas prácticas alimentarias como aquellas que han demostrado ser efectivas, las cuales han sido implementadas en países de la región o en ámbitos internacionales. Entre ellas, el Informe de FOOD-EPI de la UNICEF señala que en México se aplican impuestos a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, mientras que Chile prohíbe la publicidad de alimentos “altos en” azúcares, grasas y sodio en escuelas y alrededores; en Australia, para limitar los conflictos de intereses en el desarrollo de políticas alimentarias, existe un Comité de Gobernanza de las Pautas Alimentarias que debe promover sus intereses, así como valerse de un panel de expertos para evitar sesgos o conflicto a lo largo de la revisión de estas políticas.

Las políticas alimentarias deben ser, por tanto, ajustadas y fortalecidas en términos de su implementación y monitoreo, con un enfoque inclusivo que tenga en cuenta las diversas realidades socioculturales y geográficas del país. Bajo esta idea, la LORSA debería incluir entre sus líneas aspectos de evaluación y seguimiento constante para programas en torno a la alimentación y malnutrición en el Ecuador en todos los sectores de la población, asegurándose que los alimentos además de estar disponibles, están siendo debidamente consumidos.

Es recomendable que las políticas alimentarias incluyan la evaluación y el ajuste periódico de los programas relacionados con la alimentación, con el fin de influir positivamente en las estadísticas de obesidad y promover mecanismos flexibles que faciliten la adopción de hábitos de consumo saludables en la población. En este sentido, el Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos Procesados para el Consumo Humano debe basarse en lineamientos que permitan una evaluación continua de la interpretación y la facilidad con que la población puede comprender y utilizar la información contenida en las etiquetas, promoviendo así una alimentación informada y responsable.